Hasta Isaac Castellano sabe quién es “el jefe”: Dimas Martín

El consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, en el juicio del caso Unión

Alexis González

Las Palmas de Gran Canaria —

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A vueltas con quién es el jefe. Y de dónde salió esa grabadora que inculpa a algunos acusados en el caso Unión, la presunta trama de corrupción que reventó en la isla de Lanzarote hace una década. La segunda de las sesiones que se desarrollan en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a centrarse en el meollo de la cuestión: si el que fuera omnipotente líder político lanzaroteño, Dimas Martín, presidente del PIL, del Cabildo, senador y alcalde, era “el jefe” de todo.

Y que Dimas Martín era “el jefe”, hasta un “pibe” de poco más de 26 años entonces, Isaac Castellano, lo sabía. El actual consejero de Turismo del Gobierno de Canarias antes de eso fue diputado regional del PIL, el partido liderado por Dimas Martín en el que también militaba su padre, José Antonio. La empresa del padre se dedicaba a limpieza y mantenimiento de centros municipales de Arrecife, y después de haber roto con el PIL en las elecciones generales de 2008, se le dejó de pagar. Casi todos apuntan a que fue por órdenes expresas de Dimas Martín. 

Este martes, Isaac Castellano ha vuelto a contar cómo, después de que su padre se negara por activa y por pasiva a pagar una ‘mordida’ para cobrar su deuda de 1,4 millones de euros, recibió una llamada del concejal arrepentido Ubaldo Becerra para reunirse, y advertido por su padre, que ya había denunciado la exigencia de comisiones a la Guardia Civil, Castellano fue provisto de una grabadora suya a Playa Honda a escuchar y registrar lo que venía Ubaldo Becerra a proponerle.

Ratificando en todos sus extremos su denuncia del 9 de marzo de 2009, Castellano explicó que para que su padre cobrara Ubaldo le pedía una comisión de un 8% de la deuda. Fue esa la última de las cifras y esta vez trasladada al hijo, porque en un principio, el concejal José María Rodríguez y la mano derecha de Dimas, Matías Curbelo –ambos ya fallecidos- le habían pedido al padre un 20%, luego un 15% y luego un 12% y así bajando sucesivamente hasta llegar al hijo.

“Y en esa conversación con Ubaldo, ¿le dijo de quién venía la orden de cobrar?”, preguntó este martes el fiscal, Javier Ródenas, al testigo. En un primer momento el consejero de Turismo dijo que lo desconocía, pero al recordar el fiscal una de sus declaraciones: “Esto venía de arriba. Por encima de Dimas no había nadie más. En el partido se hacía lo que decía Dimas en cada momento”, lo admitió. “Cierto. Es más, cuando hacíamos alusiones al ”jefe“, Ubaldo y yo sabíamos que nos referíamos a Dimas”.

También su padre dejó claro que todos apuntaban a Dimas. “La orden de no pagarme venía de Dimas, eso decían” los concejales que le pedían porcentajes de su deuda para poder cobrarla. En su caso, primero fue el también fallecido José María Rodríguez, a quien poco antes de denunciar en febrero se lo tropezó en el ayuntamiento: “Le puse bonito. Le dije que era un sinvergüenza y un golfo”. Y después siguió tratando con la mano derecha de Dimas, Matías Curbelo, al que ya en colaboración con la Guardia Civil ayudó a detener aceptando pagarle un soborno. “Que quede claro que nunca hablé con Dimas” desde su baja del PIL, dijo.

Ha sido esta la cuestión recurrente de esta parte del juicio de Unión. Tanto, que el abogado de Dimas Martín, Ruiz Pasquau, encontraba otro posible candidato a ser “el jefe”. En lugar del alcalde de entonces por ser alcalde, Pérez Parrilla (PSOE) como pretendió en la sesión del viernes, este martes le tocó al que fuera teniente de alcalde Antón Hernández (PIL) en aquellos tiempos de pactos PSOE-PIL.

“¿No le dijo Ubaldo que Antón les exigía cobrar comisión? ¿Por qué piensa que cuando Ubaldo le dice ”esto viene de arriba“ se refiere a Dimas y no a Antón?”, preguntó el letrado al testigo. “Porque tenemos claro que cuando hablamos del ”jefe“ hacemos referencia a Dimas”, replicó Castellano. “Y Antonio Hernández era presidente del PIL, sí, pero en el momento de los hechos ya había dimitido”, aclaró.

El otro elemento recurrente del día ha sido la grabadora. ¿De quién era y quién facilitó las que utilizaron tanto el padre como el hijo para grabar a los implicados en esta trama de comisiones en Arrecife? Especialmente la abogada de otro de los concejales acusados, Antonio Machín, se esforzó en saber quién y cuándo había facilitado las grabadoras a los Castellano. La letrada Juana Fernández de las Heras, hija de otro acusado en otra ramificación del caso, el que fuera secretario del Ayuntamiento de Arrecife Felipe Fernández Camero, incluso fue la única en interrogar a los guardias civiles que se ratificaron en sus diligencias este martes, precisamente preguntando si habían facilitado las grabadoras.

En el caso de Isaac Castellano, el consejero regional aclaró que la grabadora era suya, que nunca antes de su denuncia formal el 9 de marzo, a la que aportó el CD de la grabación y el propio aparato, se había puesto en contacto con la Guardia Civil. Cosa que sí había hecho ya su padre, José Antonio Castellano, que denunció los intentos de soborno el 11 de febrero de 2009. Y advirtió a su hijo de que las intenciones de Ubaldo Becerra queriendo verse con él irían en ese sentido. “Por eso creí prudente grabar la conversación”, explicó Isaac Castellano al tribunal.

La cuestión de la grabadora no es baladí. Tanto, que el juez Carlos Vielba, en el caso de José Antonio Castellano, le preguntó si la Guardia Civil le había entregado alguna grabadora desde que contactó informalmente por primera vez con agentes conocidos del cuerpo para denunciar hasta que realizó formalmente la denuncia.

“No, fue después”, aclaró quien facilitara a la Guardia Civil la detención de la mano derecha de Dimas Martín, Matías Curbelo, accediendo a pagar una ‘mordida’ de 95.000 euros dentro de un operativo policial en el que trincaron al asesor del “jefe” con las manos en la masa. “Llegó un momento en que yo estaba dispuesto a renunciar a cobrar con tal de que esto saliera adelante”, dijo en sala el padre. Y salió adelante con las detenciones ‘in fraganti’ con el maletín de 95.000 euros.

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