La polémica promoción de las viviendas de protección pública de Alicante “comenzó con una legislación que garantiza el principio de igualdad, transparencia y publicidad, pero cambió con el decreto Mazón”, ha afirmado ante la jueza que investiga la adjudicación el secretario territorial adjunto de Vivienda de la Generalitat, Vicente Caturla. El testigo ha alegado ante la titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante que su departamento no cuenta con “capacidad de verificar si la información que se les entrega es correcta o no”, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la testifical.

“Si alguien tiene una pareja de hecho y no lo dice, no hay forma de verificarlo y comprobar”, ha apostillado.

El promotor, según ha explicado el testigo, adjudicó “personalmente” las viviendas y la Administración “vela” por que se cumplan los requisitos, aunque sin prácticamente medios para ejercer el control.

No existe una normativa para que la Administración exija al promotor que cumpla con los requisitos. “Se está trabajando ahora en que la administración pueda por normativa exigir esos cumplimientos al promotor”, ha afirmado.

Caturla ha señalado a Roberto Palencia, funcionario de la dirección territorial de Alicante, expedientado por la Generalitat y suspendido de empleo y sueldo, “se propuso para visar los contratos”. Palencia revisó por iniciativa propia los 140 expedientes. Los trámites, ha apostillado, se hicieron íntegramente de forma telemática.

La Administración comprueba los ingresos y el hecho de tener únicamente una sola vivienda con la declaración de la renta y el Registro de la Propiedad. “Pero no se comprueba si una persona tiene cinco o seis viviendas a nombre de una empresa donde sea administrador”, ha agregado. Por su parte, los miembros de la unidad familiar se declaran mediante una declaración responsable de los solicitantes.

“La he cagado, asumo las consecuencias”

El funcionario Roberto Palencia reconoció ante su superior, cuando se destapó el escándalo, que su esposa había sido adjudicataria de uno de los pisos de protección pública en la promoción Les Dunes.

Cuando Vicente Caturla se puso en contacto para pedirle explicaciones a Roberto Palencia, éste último habría dicho: “La he cagado, asumo las consecuencias”. El testigo ha asegurado que se le abrió un expediente a Palencia que luego fue archivado, por lo que Palencia sigue en su puesto.

El PSPV critica el “sistema fallido” de adjudicación de VPO

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha afirmado tras la declaración testifical que “cada vez es más evidente que el modelo de vivienda del PP abre la puerta a pelotazos como el de Les Naus”.

Barceló ha destacado que los controles no funcionaron durante la adjudicación de viviendas bajo el mandato del alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala.

“Hoy se ha reconocido abiertamente que no existían medios para comprobar si la documentación aportada por los adjudicatarios era veraz ni si cumplían realmente los requisitos para acceder a una vivienda pública. Estamos ante un sistema fallido que ha permitido un auténtico pelotazo con recursos públicos”, ha afirmado Barceló.

Cinco de los seis técnicos del Ayuntamiento de Alicante citados hoy a la comisión municipal que investiga las posibles irregularidades en la adjudicación de las viviendas de protección pública de la Playa de San Juan se han acogido a su derecho de evitar acudir.

Así lo ha anunciado la secretaría de la comisión a los grupos políticos este martes, cuando estaba previsto que comparecieran la jefa de servicio de Patrimonio y varios técnicos del área en ejercicio, como el arquitecto municipal adjudicatario de uno de los pisos, y otros que están jubilados.

Los grupos municipales de PSPV-PSOE, Compromís y Vox han criticado la situación, ya que previamente no tenían conocimiento de estas ausencias y han reclamado parte de la documentación solicitada para el estudio de las comparecencias que, han afirmado, el equipo de gobierno no les ha facilitado.

“El Partido Popular se ha dedicado durante este tiempo a insistir reiteradamente en el hecho de que la comparecencia podía llevar consigo responsabilidades judiciales y creo que esto ha sido persuasivo”, ha opinado la portavoz del PSPV-PSOE, Ana Barceló.

La socialista ha considerado, respecto a la documentación que han podido consultar, que existen “diferencias” entre la nota inicial, que era “muy beligerante” y con la que se conocieron las supuestas irregularidades en la adjudicación de los pisos, y el informe definitivo utilizado en la denuncia del ayuntamiento ante la fiscalía ya que, a su entender, “le da una lavada de cara” y “termina siendo mucho más amable”.

Desde Compromís, su portavoz municipal, Rafa Mas, ha reiterado la petición de la documentación que solicitaron hace tres meses, a la vez que ha pedido al PP que aparte al vicealcalde, Manuel Villar, de la presidencia de la comisión al contar con “información privilegiada” y no compartir con la oposición la declinación de asistencia a la comisión por parte de los funcionarios que, según ha sostenido, conocía con anterioridad.

La concejala de Vox, Carmen Robledillo, que también ha insistido en la falta de expedientes y en que su grupo ya tenía sus “sospechas” de que estas ausencias iban a ocurrir “en cuanto el procedimiento estaba judicializado”.

A todo ello ha contestado Villar, quien ha afirmado que no va a hacer valoraciones del día a día de la comisión y que la documentación “había sido enviada pero no subida” y que “al verificarlo esta mañana” la han colgado en el portal que están usando para compartirla.

Al Ayuntamiento de Alicante ha asistido al mediodía el único compareciente que sí va a declarar, un técnico jurídico jubilado del área de Patrimonio.

Funcionarios y altos cargos de los departamentos de Patrimonio, Contratación y Urbanismo del ayuntamiento de Alicante serán los primeros en ser citados para prestar declaración en la comisión municipal sobre las posibles irregularidades en las viviendas de protección pública (VPP) de la Playa de San Juan. En cuanto a políticos, en esta primera tanda de comparecencias acudirán tres del anterior Equipo de Gobierno de izquierdas y tres del PP también de anteriores mandatos, salvo uno de ellos que sigue en el actual equipo de Gobierno. El resto de los responsables actuales comparecerán más adelante, tal y como se ha acordado este viernes.

Así lo han decidido los partidos políticos en la segunda reunión celebrada este viernes en la casa consistorial y que ha establecido que la primera sesión se celebrará el próximo lunes 13 de abril, mientras que las siguientes serán el 24 y el 11 y 22 de mayo.

De esta forma, los primeros citados por el ayuntamiento, que no tienen obligación de asistir y declarar, tal y como ha recordado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, del PP, serán los funcionarios y altos cargos de los departamentos de Patrimonio y Contratación.

La segunda sesión será monográfica sobre la Concejalía de Urbanismo, mientras que en la tercera destaca el nombre de la funcionaria María Pérez Hickman, que dimitió como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos después de que se conociera que dos hijos y un sobrino eran adjudicatario de VPO en Les Naus y que actualmente es jefa de Contratación del Ayuntamiento.

La sesión del 11 de mayo será la primera en la que serán citados responsables políticos, entre los que destacan los de la legislatura del tripartito de izquierdas, como el alcalde de Alicante entre 2015 y 2018, Gabriel Echávarri, del PSPV-PSOE; el concejal responsable de Contratación hasta 2017, Natxo Bellido, de Compromís; y la regidora de Hacienda y Acción Social durante esa legislatura, Sofía Morales, también socialista.

Del mismo modo se requerirá la comparecencia de políticos de la anterior legislatura, como el concejal de Urbanismo, Adrián Santos, de Ciudadanos; la concejala de Cultura, María Dolores Padilla, del PP; y la concejala de Urbanismo durante el primer año, Mari Carmen de España.

Discusión sobre cuándo citar a los políticos

Villar ha explicado por qué no se ha podido facilitar la documentación requerida por los grupos municipales hasta este viernes, cuando estaba previsto hacerlo el miércoles, y ha argumentado que era por la protección de datos, al haber información personal de anónimos y que habían consultado la forma en la que hacer accesible la documentación a los representantes políticos.

Asimismo durante el debate, los partidos de izquierda han planteado su propuesta conjunta para citar primero a los perfiles técnicos y, una vez se hayan terminado con sus declaraciones, se empiecen a llamar a los políticos.

“Lo que queremos es preguntar a los técnicos para que los políticos ratifiquen”, ha explicado el portavoz de Compromís, Rafa Mas, a lo que la representante del PSPV-PSOE, Ana Barceló, ha añadido que cree que se debe cerrar la parte completa del expediente con los funcionarios de Contratación, Patrimonio y Urbanismo.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha insistido en citar a los representantes políticos responsables de cada área cuando se terminen las declaraciones de los técnicos, por lo que quería agendar sus declaraciones ya en la segunda sesión.

És molt complicat, si no impossible, conéixer els béns reals i el seu valor vertader dels regidors d'ajuntament. En la informació que es fa pública al començament de la legislatura o quan es produeixen noves preses de possessió, els edils només mostren el valor cadastral dels béns immobles (sense especificar el percentatge de propietat) i el valor total d’altres béns, sense aclarir tampoc la seua naturalesa. Sí que donen dades més detallades al secretari, però aquestes no es fan públiques.

Gràcies a aquesta falta d’informació, habitatges de gran valor queden camuflats en xifres que no es corresponen amb el valor real o de mercat. Aquesta ha sigut una de les principals reclamacions dels defensors de la transparència, però sempre acaba xocant amb la realitat i amb l’escassa voluntat dels legisladors municipals.

Per exemple, en les Corts Valencianes o en el Congrés, les dades que els càrrecs electes proporcionen són molt més detallades i permeten més fiscalització per part de la ciutadania, ja que s’especifica cada bé amb el seu valor concret i l’any d’adquisició.

És el cas de l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, que en la seua declaració de béns publicada en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) fixa el valor cadastral total dels seus immobles en 195.720,55 euros. En concret, i segons ha pogut esbrinar elDiario.es a partir de la informació disponible en el Registre de la Propietat, es tracta de dos pisos confrontants en el centre d’Alacant que sumen 250 metres quadrats i que es van comprar l’any 2000, així com d’un baix comercial a Sant Joan d’Alacant de 115 metres quadrats, adquirit el 2003.

Barcala posseeix el 50% dels tres immobles juntament amb la seua dona, que —com ja va contar aquest diari— també disposa d’un habitatge protegit (HPO) en propietat al 100%, que té llogat des que el va adquirir.

Sens dubte, el pis on resideix l’alcalde d’Alacant és el de més valor, encara que, per la manera com es reflecteix en la seua declaració de béns, és impossible saber-ne el preu real. Sobre els dos pisos adquirits el 2000 —l’un a la dreta i l’altre a l’esquerra, cosa que va permet unificar-los en un únic habitatge— pesa una hipoteca global de 190.000 euros constituïda el 2016 i amb venciment el 2036: uns 95.000 euros per a cada immoble.

Només l’import d’aquesta hipoteca, que podria haver-se utilitzat per a una reforma integral, ja aconseguiria el valor cadastral total declarat en el Butlletí Oficial de la Província per l’alcalde.

Declaració de béns de l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, presentada el 2023. elDiariocv

A aquests dos pisos cal sumar el baix comercial, adquirit el 2003 mitjançant una hipoteca de 80.000 euros que va véncer el 2013. El local, situat en el municipi de Sant Joan d’Alacant, té 115 metres quadrats útils i 144 de construïts. elDiario.es s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament d’Alacant per a obtindre més informació sobre els béns declarats de l’alcalde, però no ha obtingut resposta.

El patrimoni immobiliari de l’alcalde d’Alacant i la seua família adquireix una rellevància especial després que aquest diari revelara que tant la seua dona com la seua excunyada van obtindre sengles habitatges protegits el 2006, en el mateix edifici i la mateixa planta, dins de la promoció Los Lirios de la capital alacantina.

Encara que aquest cas no té relació amb la controvertida promoció Les Naus —on diversos càrrecs vinculats al PP van ser adjudicataris d’habitatges protegits sense complir els requisits—, sí que crida l’atenció que, en el seu moment, les parelles de l’actual alcalde i del seu germà accediren a habitatges de protecció pública que, a més, van destinar al lloguer.

La dona de Barcala manté encara l’habitatge per a llogar i mai hi ha residit, encara que es beneficia de la seua revaloració en cas d’una futura venda. Per part seua, en el cas de la seua excunyada, fonts d’Alcaldia van assegurar en el seu moment que l’immoble sempre ha estat a nom de l’ara exdona del seu germà.

Malgrat això, diverses fonts coneixedores de la situació han assenyalat que era Carlos Barcala qui habitualment s’encarregava de les gestions relacionades amb aquest habitatge protegit, fins i tot després de separar-se.

L’immoble es va posar a la venda el 2020, una vegada transcorreguts els deu anys de protecció durant els quals havia de destinar-se al lloguer amb un preu taxat per la Generalitat i a inquilins que compliren els requisits establits en la normativa autonòmica en matèria de renda i altres limitacions.

Algunes fonts del sector immobiliari asseguren que s’hauria venut per uns 165.000 euros, quasi el triple del preu inicial. Des de l’Alcaldia van insistir que va ser l’exdona de Carlos Barcala, com a propietària del pis, la que el va vendre quan ja estaven divorciats.

Així doncs, en una mateixa promoció d’habitatge protegit i porta amb porta, la dona i la cunyada llavors de l’alcalde d’Alacant van obtindre sengles habitatges en condicions especialment avantatjoses, amb la possibilitat de vendre’ls a preu de mercat transcorreguts deu anys. L’excunyada ja l’ha monetitzat, mentre que la dona de Barcala encara el manté per a llogar, tot i que el seu valor s’ha disparat. Per a vendre’l, necessitaria autorització de la Generalitat que permetria fixar un preu de fins a 250.000 euros.

Crida l’atenció que famílies d’Alacant amb professions liberals i ingressos elevats també pogueren accedir a habitatges protegits i, en el cas de persones vinculades a l’alcalde, fer-ho mitjançant fórmules que han permés l’explotació posterior en el mercat del lloguer.

En la comissió d’investigació sobre els HPO d’Alacant que arranquen dilluns en l’Ajuntament, seria interessant també incloure els habitatges adquirits per l’entorn de l’alcalde. La raó és que la gestió dels habitatges de protecció pública a la ciutat sempre estan embolicats en casualitats curioses.

Es muy complicado, si no imposible, conocer los bienes reales y su valor verdadero de los concejales de los ayuntamientos. En la información que se hace pública a principio de legislatura o cuando se producen nuevas tomas de posesión, los ediles solo muestran el valor catastral de los bienes inmuebles (sin especificar el porcentaje de propiedad) y el valor total de otros bienes, sin aclarar tampoco su naturaleza. Sí que entregan datos más pormenorizados al secretario, pero estos no se hacen públicos.

Gracias a esta falta de información, viviendas de gran valor quedan camufladas en cifras que no se corresponden con su precio real o de mercado. Esta ha sido una de las principales reclamaciones de los defensores de la transparencia, pero siempre acaba chocando con la realidad y con la escasa voluntad de los legisladores.

Por ejemplo, en Les Corts Valencianes o en el Congreso, los datos que los cargos electos proporcionan son mucho más detallados y permiten una mayor fiscalización por parte de la ciudadanía, ya que se especifica cada bien con su valor concreto y el año de adquisición.

Es el caso del alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien en su declaración de bienes publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) fija el valor catastral total de sus inmuebles en 195.720,55 euros. En concreto, y según ha podido averiguar elDiario.es a partir de la información disponible en el Registro de la Propiedad, se trata de dos pisos colindantes en el centro de Alicante que suman 250 metros cuadrados y que fueron comprados en el año 2000, así como de un bajo comercial en Sant Joan d’Alacant de 115 metros cuadrados, adquirido en 2003.

Barcala posee el 50 % de los tres inmuebles junto a su mujer, quien —como ya contó este periódico— también dispone de una vivienda de protección oficial (VPO) en propiedad al 100 %, que tiene alquilada desde su adquisición.

Sin duda, el piso donde reside el alcalde de Alicante es el de mayor valor, aunque, por la forma en que se refleja en su declaración de bienes, es imposible conocer su precio real. Sobre los dos pisos adquiridos en 2000 —uno a la derecha y otro a la izquierda, lo que permite unificarlos en una única vivienda— pesa una hipoteca global de 190.000 euros constituida en 2016 y con vencimiento en 2036: unos 95.000 euros para cada inmueble.

Solo el importe de esta hipoteca, que podría haber sido utilizada para una reforma integral, ya alcanzaría el valor catastral total declarado en el Boletín Oficial de la Provincia por el alcalde.

A estos dos pisos hay que sumar el bajo comercial, adquirido en 2003 mediante una hipoteca de 80.000 euros que venció en 2013. El local, situado en el municipio de Sant Joan d’Alacant, cuenta con 115 metros cuadrados útiles y 144 construidos. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alicante para obtener más información sobre los bienes declarados del alcalde, pero no ha obtenido respuesta.

El patrimonio inmobiliario del alcalde de Alicante y su familia cobra especial relevancia después de que este periódico revelara que tanto su mujer como su excuñada obtuvieron sendas viviendas de protección oficial en 2006, en el mismo edificio y planta, dentro de la promoción Los Lirios de la capital alicantina.

Aunque este caso no guarda relación con la controvertida promoción Les Naus —donde varios cargos vinculados al PP fueron adjudicatarios de viviendas protegidas sin cumplir los requisitos—, sí llama la atención que, en su momento, las parejas del actual alcalde y de su hermano accedieran a viviendas de protección pública que, además, destinaron al alquiler.

La mujer de Barcala mantiene todavía la vivienda en alquiler y nunca ha residido en ella, aunque se beneficia de su revalorización en caso de una futura venta. Por su parte, en el caso de su excuñada, fuentes de Alcaldía aseguraron en su día que el inmueble siempre ha estado a nombre de la ahora exmujer de su hermano.

Pese a ello, diversas fuentes conocedoras de la situación han señalado que era Carlos Barcala quien habitualmente se encargaba de las gestiones relacionadas con esta vivienda protegida, incluso después de su separación.

El inmueble se puso en venta en 2020, una vez transcurridos los diez años de protección durante los cuales debía destinarse al alquiler con un precio tasado por la Generalitat y a inquilinos que cumplieran los requisitos establecidos en la normativa autonómica en materia de renta y otras limitaciones.

Algunas fuentes del sector inmobiliario aseguran que se habría vendido por unos 165.000 euros, casi el triple de su precio inicial. Desde Alcaldía insistieron en que fue la exmujer de Carlos Barcala, como propietaria del piso, quien lo vendió cuando ya estaban divorciados.

Así, en una misma promoción de vivienda protegida y puerta con puerta, la mujer y la entonces cuñada del alcalde de Alicante obtuvieron sendas viviendas en condiciones especialmente ventajosas, con la posibilidad de venderlas a precio de mercado transcurridos diez años. La excuñada ya la ha monetizado, mientras que la mujer de Barcala todavía la mantiene en alquiler, aunque su valor se ha disparado. Para venderla, necesitaría autorización de la Generalitat que permitiría fijar un precio de hasta 250.000 euros.

Llama la atención que familias de Alicante con profesiones liberales y elevados ingresos también pudieran acceder a viviendas de protección oficial y, en el caso de personas vinculadas al alcalde, hacerlo mediante fórmulas que han permitido su posterior explotación en el mercado del alquiler.

En la comisión de investigación sobre las VPO de Alicante que arrancan este lunes en el ayuntamiento sería interesante también incluir las viviendas adquiridas por el entorno del alcalde. Y es que la gestión de las viviendas de protección pública en la ciudad siempre están envueltas en curiosas casualidades.

Más que unas viviendas de protección pública para personas con dificultades económicas de acceso al mercado de renta libre, el bloque de pisos Les Naus de Alicante parece una promoción hecha a medida de personas vinculadas al PP, funcionarios del Ayuntamiento o hijos de profesionales liberales.

Como ejemplo, entre los 140 agraciados se encuentran los vástagos de altos cargos del Consistorio, arquitectos, notarios o hasta dentistas del hospital de Sant Joan con clínica privada. Según ha podido confirmar elDiario.es y ha constatado el propio Ayuntamiento de Alicante en el informe interno elaborado por la Policía Local, cinco miembros de una misma familia se habrían hecho con otras tantas viviendas protegidas del residencial que cuenta con pistas de pádel y piscina y que está ubicado en la playa de San Juan.

A tenor de la documentación recabada por elDiario.es, se trata de los hijos de los hermanos Vicente A.S. y Conrado A.S. propietarios de una clínica privada de odontología. En concreto, tres hijos de Vicente y dos de Conrado se han adjudicado una casa cada uno. Contactada la mencionada clínica por este diario para recabar la versión de ambos, solo ha habido una respuesta: “se están diciendo muchas mentiras”.

La clínica facturó en 2024 un total de 309.000 euros y ganó 50.000 euros después de impuestos. Además, Vicente tiene un puesto en el hopital Sant Joant de Alicante.

El Ayuntamiento de Alicante hizo públicos recientemente los datos recabados por la Policía Local tras las inspecciones realizadas durante el mes pasado. Según informó la portavoz municipal, Cristina Cutanda (PP), resulta “verdaderamente llamativo” la situación de tres hermanos y dos primos de una misma familia con edades entre 18 y 24 años que han recibido respectivamente una de estas viviendas VPP pese a que los primeros trámites de la cooperativa se remontan a 2018, lo que habría obligado a su inscripción con 14 ó 15 años. Sin embargo, desde la Cooperativa insisten en que todo está dentro del marco legal.

Loa agentes detectaron 89 viviendas monoparentales, aunque en 20 de ellas los policías tienen constancia de que pernoctan más personas, y más de una decena de casos en los que varios miembros de una misma familia son adjudicatarios, entre ellos el referido de los tres hermanos y dos primos de entre 18 y 24 años, aunque Cutanda avisó “que podrían ser más”.

“Éste es un rasgo muy particular de Les Naus, la abundancia de familias registradas como monoparentales, y esperamos que la cooperativa explique cómo fue el proceso de selección de los cooperativistas”, dijo Cutanda, quien incidió en que el Ayuntamiento sólo vende el solar y licita la obra mientras que es la cooperativa quien decide los adjudicatarios y a la conselleria visar el proceso.

Comisión de investigación

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Alicante, del PP, prevé que la próxima semana se constituya la comisión municipal de investigación sobre las irregularidades en la adjudicación de las 140 viviendas de protección pública de la Playa de San Juan.

Así lo trasladó este martes el vicealcalde de la ciudad, el popular Manuel Villar, quien dijo que todavía no ha sido posible crearla porque se está a la espera de que los técnicos municipales terminen los expedientes de averiguación de hechos sobre lo sucedido, los cuales fueron solicitados por el alcalde, Luis Barcala, del PP, a quien la oposición sigue exigiendo la dimisión.

Villar ha señalado que la finalización de esos expedientes por parte del funcionario instructor y del secretario es “inminente” y que sólo una vez terminados arrancará la comisión la próxima semana presidida por él mismo en su condición de vicealcalde y según lo que se estableció en el decreto de convocatoria.

En la comparecencia semanal para dar cuenta de los acuerdos de la junta de gobierno local, Villar ha aclarado que desconoce la conclusiones de esos expedientes que se están instruyendo porque hasta que no sean culminados son “reservados” y sólo los conocen los funcionarios encargados.

Sobre la opción que ejercitará el ayuntamiento de tanteo y retracto sobre las viviendas irregularmente adjudicadas, no ha sabido aclarar qué mecanismo se seguirá y ha opinado que se va a cambiar la normativa para que este tipo de situaciones “no vuelvan a ocurrir en el futuro”.

“Cacería” de la oposición

Por su parte, preguntada por la dimitida concejal de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, y desde cuándo el gobierno municipal sabía que era beneficiaria de una de las viviendas de Les Naus, la portavoz municipal, Cristina Cutanda, indicó que Barcala ya contestó a esa cuestión y acusó a la oposición de ejercer “una cacería” contra el alcalde ejecutada por “la sincronizada”, en referencia a los tres partidos de la izquierda (PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem), para “desviar la atención y remontar las encuestas, donde caen en picado y no les votan ni los therian”, y en este punto se ha referido a la investigación al hermano del president socialista Ximo Puig por ayudas públicas y al futuro enjuiciamiento de la expresidenta de Compromís, Mónica Oltra, por encubrimiento.

Posteriormente, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha dicho que “no hay sincronización” en los partidos de izquierda sino un deseo de “control” de lo ocurrido en Les Naus, por ser “un escándalo del PP” sobre el que el alcalde aún debe dar explicaciones.

Para Barceló, “los apellidos van coincidiendo” en esta presunta trama donde “ha habido tráfico de influencias” y ha acusado a Vox de “salvar al soldado Ryan”, en referencia al alcalde del PP al oponerse a su reprobación en el último pleno, y de conformarse con ser “jarrones chinos” por limitarse a actuar en función de lo que les ordenen desde la central del partido, en Madrid.

Desde Compromís, Rafa Mas ha vuelto a exigir la dimisión del alcalde, igual que Manolo Copé (EU-Podem), quien ha asegurado que entre los 140 beneficiarios de Les Naus no hay nadie relacionado con su formación sino que son del PP.

Més que uns habitatges de protecció pública (HPP) per a persones amb dificultats econòmiques d'accés al mercat de renda lliure, el bloc de pisos Les Naus d'Alacant sembla una promoció feta a mida de persones vinculades al PP, funcionaris de l'Ajuntament o fills de professionals liberals.

Com a exemple, entre els 140 agraciats es troben els descendents d'alts càrrecs del Consistori, arquitectes, notaris o fins i tot dentistes de l'hospital de Sant Joan amb clínica privada. Segons ha pogut confirmar elDiario.es i ha constatat el mateix Ajuntament d'Alacant en l'informe intern elaborat per la Policia Local, cinc membres d'una mateixa família s'haurien fet amb altres tants habitatges protegits del residencial que compta amb pistes de pàdel i piscina i que està ubicat a la platja de Sant Joan.

A tenor de la documentació recaptada per elDiario.es, es tracta dels fills dels germans Vicente A.S. i Conrado A.S., propietaris d'una clínica privada d'odontologia. En concret, tres fills de Vicent i dos de Conrado se n'han adjudicat una casa cadascun. Contactada l'esmentada clínica per aquest diari per recaptar la versió de tots dos, només hi ha hagut una resposta: “S'estan dient moltes mentides”.

La clínica va facturar en 2024 un total de 309.000 euros i va guanyar 50.000 euros després d'impostos. A més, Vicent té un lloc de treball a l'hospital Sant Joant d'Alacant.

L'Ajuntament d'Alacant va fer públics recentment les dades recollides per la Policia Local després de les inspeccions realitzades durant el mes passat. Segons va informar la portaveu municipal, Cristina Cutanda (PP), resulta “veritablement cridanera” la situació de tres germans i dos cosins d'una mateixa família amb edats entre 18 i 24 anys que han rebut respectivament un d'aquests Habitatges de Promoció Pública (HPP) tot i que els primers tràmits de la cooperativa es remunten al 2018, fet que hauria obligat a la seua inscripció amb 14 o 15 anys. No obstant aixó, des de la Cooperativa insisteixen que tot està dins del marc legal.

Els agents van detectar 89 habitatges monoparentals, encara que en 20 d'ells els policies tenen constància que pernocten més persones, i més d'una desena de casos en què diversos membres d'una mateixa família són adjudicataris, entre ells el referit dels tres germans i dos cosins d'entre 18 i 24 anys, encara que Cutanda va avisar “que podrien ser més”.

“Aquest és un tret molt particular de Les Naus, l'abundància de famílies registrades com a monoparentals, i esperem que la cooperativa explique com va ser el procés de selecció dels cooperativistes”, va dir Cutanda, que va incidir en que l'Ajuntament només ven el solar i licita l'obra mentre que és la cooperativa la que decideix els adjudicataris i a la conselleria li correspon visar el procés.

Comissió d'investigació

L'equip de Govern en l'Ajuntament d'Alacant, del PP, preveu que la setmana vinent es constituïsca la comissió municipal d'investigació sobre les irregularitats en l'adjudicació dels 140 habitatges de protecció pública de la Platja de Sant Joan.

Així ho va traslladar aquest dimarts el vicealcalde de la ciutat, el popular Manuel Villar, quel va dir que encara no ha sigut possible crear-la perquè s'està a l'espera que els tècnics municipals acaben els expedients d'indagació de fets sobre allò que ha succeït, els quals van ser sol·licitats per l'alcalde, Luis Barcala, del PP, a qui l'oposició segueix exigint la dimissió.

Villar ha assenyalat que la finalització d'aquests expedients per part del funcionari instructor i del secretari és “imminent” i que només una vegada acabats arrencarà la comissió la setmana vinent presidida per ell mateix en la seua condició de vicealcalde i segons el que es va establir en el decret de convocatòria.

En la compareixença setmanal per donar compte dels acords de la junta de govern local, Villar ha aclarit que desconeixen les conclusions d'aquests expedients que s'estan instruint perquè fins que no siguen culminats són “reservats” i només els coneixen els funcionaris encarregats.

Sobre l'opció de tanteig i retracte sobre els habitatges irregularment adjudicats que exercitarà l'ajuntament, no ha sabut aclarir quin mecanisme se seguirà i ha opinat que es canviarà la normativa perquè aquest tipus de situacions “no tornen a passar en el futur”.

“Cacera” de l'oposició

D'altra banda, preguntada per la dimitida regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez, i des de quan el govern municipal sabia que era beneficiària d'un dels habitatges de Les Naus, la portaveu municipal, Cristina Cutanda, va indicar que Barcala ja va contestar a aquesta qüestió i va acusar l'oposició d'exercir “una cacera” contra l'alcalde executada per “la sincronitzada”, en referència als tres partits de l'esquerra (PSPV, Compromís i EU-Podem), per “desviar l'atenció i remuntar en les enquestes, on cauen en picat i no els voten ni els therian”, i en aquest punt s'ha referit a la investigació al germà del president socialista Ximo Puig per ajudes públiques i al futur enjudiciament de l'expresidenta de Compromís, Mònica Oltra, per encobriment.

Posteriorment, la portaveu socialista, Ana Barceló, ha dit que “no hi ha sincronització” en els partits d'esquerra sinó un desig de “control” del que ha ocorregut a Les Naus, ja que és “un escàndol del PP” sobre el qual l'alcalde encara ha de donar explicacions.

Per a Barceló, “els cognoms van coincidint” en aquesta presumpta trama on “hi ha hagut tràfic d'influències” i ha acusat Vox de “salvar el soldat Ryan”, en referència a l'alcalde del PP en oposar-se a la seua reprobació en l'ultim ple, i de conformar-se amb ser “pitxers xinesos” per limitar-se a actuar en funció del que els ordenen des de la central del partit a Madrid.

Des de Compromís, Rafa Mas ha tornat a exigir la dimissió de l'alcalde, igual que Manolo Copé (EU-Podem), que ha assegurat que entre els 140 beneficiaris de Les Naus no hi ha ningú relacionat amb la seua formació sinó que són del PP.

Los votos de PP y Vox en el ayuntamiento de Alicante han rechazado este jueves la reprobación del alcalde de la ciudad, el popular Luis Barcala, solicitada por los partidos de izquierda, el PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem, por considerarle responsable político de las irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan.

Antes del pleno municipal ha habido una concentración de protesta en la plaza del Ayuntamiento en la que decenas de personas han mostrado carteles con la imagen de Barcala bajo el lema 'Vivenda pública y social. Ni concesiones ni privilegios'.

Los tres partidos de la izquierda han defendido en el pleno ordinario una declaración institucional en la que coinciden en que la gestión del popular Barcala es “incompatible con los principios de integridad, imparcialidad y buen gobierno” por su gestión en torno a las viviendas públicas de la promoción Les Naus, que se ha saldado con varias dimisiones, entre ellas la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), y la apertura de una investigación en un juzgado.

La propuesta estaba pendiente del voto de Vox, que desde que saltó el escándalo ha pedido la dimisión del alcalde del PP, y hoy su portavoz, Carmen Robledillo, ha manifestado que, aunque siguen pidiendo la marcha de Barcala porque creen que el caso arroja la “sospecha de corrupción” en la vivienda pública, no apoyan la reprobación porque quieren evitar “participar en el teatro político de la izquierda” que, en su opinión, pretende “una farsa” como “arma electoral”: “No les vamos a facilitar la estrategia”, ha recalcado.

En la defensa de la iniciativa, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha calificado el reparto de las viviendas públicas de “obsceno y repugnante”, ha sostenido que el alcalde “no es la víctima” y le urgido a aclarar “si lo sabía o no” aunque cree que en ambos casos la única solución es que abandone el cargo, mientras que Rafa Mas (Compromís) ha afirmado que Barcala “lo sabía todo y lo ocultó” y “está metido en la corrupción hasta las cejas” y Manolo Copé (EU-Podem) ha justificado la dimisión en “devolver la dignidad a la ciudad y al ayuntamiento” por unas actuaciones que “asaltan lo público para su interés particular”.

En defensa de Barcala, la portavoz del PP, Mari Carmen España, ha acusado a la oposición de intentar “el desgaste personal” del alcalde mediante la construcción de un “relato” que busca dañar su “honorabilidad” pese el popular “a que se deja la piel” por esta ciudad.

Críticas a Vox desde la izquierda

Tras la votación, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha acusado a Vox de convertirse en su sostén político al votar contra de la reprobación y petición de dimisión del regidor: “La impunidad de Barcala lleva hoy la firma de Vox, que blanquea la gestión de Barcala. Sin su voto, hoy habría consecuencias políticas, pero Abascal ha decidido mantener en la alcaldía al máximo responsable político de la trama que ha acabado con la adjudicación de pisos de lujo a los amigachos del PP”.

La portavoz socialista ha sido contundente: “Usted no puede seguir siendo alcalde. Dimita. Cuando tenía que controlar, no controló. Y cuando tenía que impedirlo, no lo impidió. Eso es responsabilidad por acción u omisión”, ha señalado. Y ha recordado que “las verdaderas víctimas del escándalo son las familias que llevan años esperando una vivienda pública mientras los pisos acababan en manos de allegados del Partido Popular con información privilegiada”.

El portavoz municipal de Compromís ha denunciado que “Vox se ha convertido en cómplice político de la trama de las viviendas de protección pública” puesto que “ha salvado a Barcala, demostrando que nada le importa la ética, la verdad y la transparencia”. Según Mas, tanto PP compo Vox son “lo mismo” y ha criticado que vienen salvando a Barcala “durante estos casi ocho años, bloqueando investigaciones e impulsando políticas que han destrozado nuestra ciudad, empobreciendo los servicios públicos y generando desigualdad”.

Para el portavoz de Compromís “quien calla otorga”, se ha preguntado “qué esconden” y ha advertido de que seguirán pidiendo “la dimisión de Barcala” por que “es indigno que siga de alcalde”.

Desde Esquerra Unida Podem han lamentado “la enésima muestra de incoherencia política de Vox que para sorpresa de nadie, vuelven a hacer lo que ya es su marca de la casa: en Les Corts Valencianes piden la dimisión de Luis Barcala con grandes titulares, mientras que en el Ayuntamiento de Alicante lo sostienen con sus votos”.

Según la formación, “una cosa es la sobreactuación cuando hay cámaras y otra muy distinta la realidad de las decisiones” y ha añadido: “Aquí no hay voluntad de cambio, hay un apoyo político claro al PP para que todo siga igual. Al final ha bastado el toque de silbato desde Madrid: ahora pesan más sus negociaciones en otras ciudades que lo que decían en Alicante hace apenas unas semanas. Mucho hablar de que no iban a dejarse domesticar, pero a la hora de la verdad respaldan a quienes señalaban y después intentan taparlo con declaraciones institucionales vacías contra la corrupción. No se puede pedir responsabilidades por la mañana en València y garantizar la estabilidad de quien debería asumirlas por la tarde en Alicante. Eso no es coherencia; es puro tacticismo”.

La comisión de investigación de las Corts Valencianes sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas en Alicante se constituirá el jueves de la próxima semana, una vez finalizado el pleno ordinario.

Así se ha acordado en la Junta de Síndics, reunida este miércoles, tras la cual se ha recordado que los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta el lunes, 2 de marzo, para presentar a los diputados que formarán parte de esta comisión.

El jueves 5 de marzo, una vez finalizado el pleno, se celebrará la sesión constitutiva de la comisión de investigación, en la que se elegirá a los miembros de la mesa, entre ellos su presidente o presidenta.

El síndic del PP en Les Corts, Fernando Pastor, ha destacado que su partido quiere que se constituya esta comisión porque no tiene “nada que ocultar” y sí “mucho por lo que sacar pecho en materia de vivienda”, como las 4.800 viviendas públicas construidas o los 2.350 avales dados a jóvenes.

“Somos nosotros los que queremos investigar”, ha dicho Pastor, quien ha manifestado que algunos “problemas puntuales no pueden ensuciar y manchar la exitosa política de vivienda de gobierno del PP”.

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro ha considerado “urgente” que este órgano empiece su trabajo pues “el modelo de asignación de viviendas públicas del PP hace aguas”, y ha pedido volver al modelo aprobado por el gobierno de izquierdas anterior y aplicar medidas para controlar los precios.

La Generalitat Valenciana ha comunicado al juzgado de Alicante que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan que hay ocupantes empadronados que no resultaron beneficiados con esas VPP.

Así lo ha informado este lunes la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, quien ha señalado que el viernes se remitió a la magistrada que lleva el caso esa información “nueva” y obtenida de “casar los visados con las personas que, según el ayuntamiento, se han empadronado” en los domicilios de la promoción de viviendas públicas (VPP) Les Naus.

“Esa información ya está disposición de la Justicia para que investigue por qué hay otras personas”, ha asegurado Camarero, quien ha comentado que su departamento está remitiendo al juzgado “aquellas cuestiones que descubrimos que no casan”.

Ha añadido que ahora la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la ciudad podrá pedir “la información que necesita para saber si efectivamente las viviendas están siendo ocupadas por las personas que han pedido el visado y han comprado la vivienda”.

La consellera, que ha participado este lunes en València en un acto por el día de la igualdad salarial, ha señalado que ha escuchado la intención de las dos primeras renuncias de las viviendas expresada por parte de sendos adjudicatarios pero no de dos más que puedan haberse producido en las últimas horas. En todo caso, ha sostenido que ninguna de ellas ha sido formalizada aún mediante la presentación de los trámites y la documentación pertinente.

En este punto ha señalado que si se materializara una propuesta de venta con una oferta por parte de un tercero que cumpla los requisitos legales para obtener una vivienda pública, “la consellería podrá ejercer el derecho de tanteo” tanto directamente “o a través del ayuntamiento de Alicante”.

De momento, ha comentado que se siguen revisando todos los expedientes y que todavía se está “en plazo” para que las personas a las que les falta documentación por entregar puedan hacerlo.

“Lo que tenemos claro es que no vamos a permitir que se especule con las viviendas de protección pública, que vamos a estar vigilantes para que nadie intente especular o hacer trampas” y que se trasladarán “todas las irregularidades al juzgado para que revisen, investiguen y tomen las medidas desde el punto de vista legal”.

La promotora de la promoció d’HPO Los Lirios d’Alacant, on té un HPO la dona de l’alcalde de la ciutat, Sagrario Martín, va ser Antares Inmoinvest SA, una coneguda empresa alacantina que en l’actualitat continua presentant-se a la gestió d’habitatges protegits. Antares Inmoinvest SA va vendre a Sagrario Martín un pis de 90 metres, una plaça de garatge i un traster, a més de la part proporcional de les zones comunes, on hi ha una piscina, mitjançant la subrogació d’un préstec amb Caja Madrid per valor de 68.489,73 euros.

A canvi d’aquest preu avantatjós el 2006, quan la bambolla immobiliària estava a punt d’esclatar, i segons el decret en què s’emparaven aquests habitatges, Sagrario Martín havia de mantindre l’habitatge per a lloguer durant deu anys a un preu taxat. Després, i segons la mateixa norma, “en el cas que l’inquilí no comprara l’habitatge, l’arrendador podrà optar per continuar amb l’explotació d’aquest en règim d’arrendament o vendre’l, amb autorització prèvia del canvi d’ús per part dels Serveis Territorials d’Arquitectura i Habitatge, coincidint amb la finalització del termini del contracte d’arrendament o d’alguna de les seues pròrrogues». Sagrario Martín va poder acollir-se al termini de 10 anys de limitació del preu del lloguer i no al de 25, que també preveu el decret.

Segons ha pogut confirmar elDiario.es, Sagrario Martín no ha venut l’habitatge i ha continuat llogant el pis fins hui, amb el préstec amortitzat des del 27 de juny de 2016. És a dir, des de fa quasi deu anys més ha pogut cobrar un lloguer a preu de mercat, i no taxat com entre el 2005 —data en què es va qualificar l’habitatge— i el 2015, encara que fonts de l’Ajuntament d’Alacant asseguren que sempre ha cobrat «per davall del preu màxim“. En la promoció hi havia 11 immobles més d’HPO per a lloguer, com el de Sagrario Martín.

Per què va accedir Sagrario Martín, i no una altra persona d’Alacant, a aquest HPO convertit en un vehicle d’inversió gràcies al Decret 92/02, del 30 de maig, de la Generalitat Valenciana? Perquè així ho va decidir la promotora. elDiario.es ha preguntat a l’Ajuntament d’Alacant que explique si la dona de Luis Barcala es va apuntar en alguna llista pública o si va participar en algun sorteig per a aconseguir aquest habitatge per a llogar, però no ha obtingut resposta. L’única explicació sobre l’assumpte la van oferir divendres: «La compradora se n’assabenta perquè el pla parcial de Benisaudet va ser una actuació en què l’Institut Valencià d’Habitatge llavors va promoure sòl per a diversos edificis d’habitatges protegits i va ser molt conegut en tot Alacant».

Segons la norma del 2002 per la qual es regeixen aquests HPO, «en cas de venda per qualsevol dels supòsits indicats, el preu màxim de l’habitatge, que figurarà en el visat del contracte de compravenda expedit pels Serveis Territorials d’Arquitectura i Habitatge, no podrà superar, per metre quadrat de superfície útil, 1,25 vegades el preu bàsic a escala nacional vigent en el moment de la transacció. Si l’habitatge tinguera garatge o traster, serà aplicable el percentatge establit en el paràgraf b) de l’article 14 del Reial decret 1/2002, de l’11 de gener, a l’efecte del càlcul del preu d’aquests».

Així doncs, si Sagrario Martín volguera vendre l’habitatge, hui podria aspirar a 1,25 vegades el preu bàsic a escala nacional vigent en el moment de la transacció, que actualment és de 2.230 euros per metre quadrat, segons l’Institut Nacional d’Estadística. Si es multiplica per 90 metres, en aquests moments el pis HPO de la dona de l’alcalde podria traspassar-se per fins a 250.875 euros, sempre que el canvi fora autoritzat per la Conselleria d’Habitatge.

L’HPO que va adquirir Sagrario Martín el 2006 subrogant-se a un préstec de 68.489,73 euros, i que ja està 20 anys llogat amb els ingressos corresponents, tindria ara un valor màxim de més de 250.000 euros: quasi quatre vegades més que el valor inicial. Una revaloració important per a tractar-se d’un HPO, però així són les lleis urbanístiques aprovades pel Consell d’Eduardo Zaplana i que, en alguns casos, es volen replicar en l’actualitat.

Barcala dà explicacions i parla de “cacera”

L'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, va defensar la legalitat de l'operació aquest divendres en una compareixença sense preguntes en la qual va venir a comentar el mateix que va traslladar a aquesta redacció quan un dia abans, el dijous 19 de febrer, se li va traslladar a l'equip la informació de la qual disposava la redacció perquè aportaren les explicacions que consideraren oportunes.

Barcala va considerar que aquesta informació forma part d'una “cacera” a la qual està sotmés: “Absolutament tot val amb tal de difamar, embrutar i enverinar” i va afegir que sembla que “l'important no és que les coses siguen d'una manera o d'una altra sinó d'atacar-me per terra mar i aire a mi, i a la meva família”.

Segons va explicar, la VPO adquirida per la seva dona en 2006 era de nova construcció i formava part d'un grup de 12 de l'edifici dirigides exclusivament a lloguer i “no per a ús propi dels compradors”. El primer edil popular va afegir que el beneficiari o beneficiària podien tenir alhora diversos habitatges i que el requisit que tenien era llogar-la dins d'un termini estipulat i amb una renda màxima fixada oficialment, que és el que ha complert la seva dona atenent l'autorització de venda amb data de 24 de maig de 2006 concedida per l'aleshores conselleria valenciana de Territori i Habitatge.

“I això és el que s'ha fet des de l'inici fins a l'actualitat amb arrendaments per sota del preu màxim en tots els casos”, va recalcar l'alcalde sobre aquest habitatge situat en el pla parcial de Benisaudet, del qual va afegir que formava part d'una promoció de l'aleshores Institut Valencià de l'Habitatge que era “molt coneguda a tot Alacant”. L'alcalde va insistir que la transacció de la seva dona “ha complert escrupolosament des del primer minut tota la normativa”.

La promotora de la promoción de VPO Los Lirios de Alicante, donde tiene una VPO la mujer del alcalde de la ciudad, Sagrario Martín, fue Antares Inmoinvest SA, una conocida empresa alicantina que en la actualidad sigue presentándose a la gestión de viviendas protegidas. La empresa le vendió en 2006 a Sagrario Martín un piso de 90 metros, una plaza de garaje y un trastero, además de la parte proporcional de las zonas comunes, donde hay una piscina, mediante la subrogación de un préstamo con Caja Madrid por valor de 68.489,73 euros.

A cambio de este precio ventajoso, cuando la burbuja inmobiliaria estaba a punto de estallar, y según el decreto en el que se amparaban estas viviendas, Sagrario Martín debía mantener la vivienda en alquiler durante diez años a un precio tasado. Después, y según la misma norma, «en el supuesto de que el inquilino no comprase la vivienda, el arrendador podrá optar por continuar con la explotación de la misma en régimen de arrendamiento o venderla, previa autorización del cambio de uso por parte de los servicios territoriales de Arquitectura y Vivienda, coincidiendo con la terminación del plazo del contrato de arrendamiento o de alguna de sus prórrogas». Sagrario Martín pudo acogerse al plazo de 10 años de limitación del precio del alquiler y no al de 25, que también contempla el decreto.

Según ha podido confirmar elDiario.es, Sagrario Martín no ha vendido la vivienda y continuó alquilando el piso hasta hoy, con el préstamo amortizado desde el 27 de junio de 2016. Es decir, desde hace casi otros diez años ha podido cobrar un alquiler a precio de mercado, y no tasado como entre 2005 —fecha en que se calificó la vivienda— y 2015, aunque fuentes del Ayuntamiento de Alicante aseguran que siempre ha cobrado «por debajo del precio máximo». En la promoción había otros 11 inmuebles de VPO para alquiler, como el de Sagrario Martín.

¿Por qué accedió Sagrario Martín, y no otra persona de Alicante, a esta VPO convertida en un vehículo de inversión gracias al decreto 92/02, de 30 de mayo, de la Generalitat Valenciana? Porque así lo decidió la promotora. elDiario.es ha preguntado al Ayuntamiento de Alicante que explique si la esposa de Luis Barcala se apuntó en alguna lista pública o si participó en algún sorteo para conseguir esta vivienda para alquilar, pero no ha obtenido respuesta. La única explicación sobre el asunto la ofrecieron el jueves: «La compradora se entera porque el plan parcial de Benisaudet fue una actuación en la que el entonces Instituto Valenciano de Vivienda promovió suelo para varios edificios de viviendas protegidas y fue muy conocido en todo Alicante».

Según la norma de 2002 por la que se rigen estas VPO, «en caso de venta por cualquiera de los supuestos indicados, el precio máximo de la vivienda, que figurará en el visado del contrato de compraventa expedido por los servicios territoriales de Arquitectura y Vivienda, no podrá superar, por metro cuadrado de superficie útil, 1,25 veces el precio básico a nivel nacional vigente en el momento de la transacción. Si la vivienda tuviera garaje o trastero, será de aplicación el porcentaje establecido en el párrafo b) del artículo 14 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, a efectos del cálculo del precio de los mismos».

Así, si Sagrario Martín quisiera vender la vivienda hoy podría aspirar a 1,25 veces el precio básico a nivel nacional vigente en el momento de la transacción, que actualmente es de 2.230 euros por metro cuadrado, según el Instituto Nacional de Estadística. Si se multiplica por 90 metros, en estos momentos el piso VPO de la esposa del alcalde podría ser traspasado por hasta 250.875 euros, siempre que el cambio fuese autorizado por la Conselleria de Vivienda.

La VPO que adquirió Sagrario Martín en 2006 subrogándose a un préstamo de 68.489,73 euros, y que ya lleva 20 años alquilada con sus correspondientes ingresos, tendría ahora un valor máximo de más de 250.000 euros: casi cuatro veces más que su valor inicial. Una revalorización importante para tratarse de una VPO, pero así son las leyes urbanísticas aprobadas por el Consell de Eduardo Zaplana y que, en algunos casos, se quieren replicar en la actualidad.

Barcala da explicaciones y habla de “cacería”

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, defendió la legalidad de la operación este viernes en una comparecencia sin preguntas en la que vino a comentar lo mismo que trasladó a esta redacción cuando un día antes, el jueves 19 de febrero, se le trasladó a su equipo la información de la que disponía la redacción para que aportaran las explicaciones que consideraran oportunas.

Barcala consideró que esta información forma parte de una “cacería” a la que está sometido: “Absolutamente todo vale con tal de difamar, ensuciar y emponzoñar” y agregó que parece que “lo importante no es que las cosas sean de una manera o de otra sino de atacarme por tierra mar y aire a mí, y a mi familia”.

Según explicó, la VPO adquirida por su esposa en 2006 era nueva construcción y formaba parte de un grupo de 12 del edificio dirigidas exclusivamente a alquiler y “no para uso propio de los compradores”. El primer edil popular añadió que el beneficiario o beneficiaria podían tener a la vez varias viviendas y que el requisito que tenían era alquilarla dentro de un plazo estipulado y con una renta máxima fijada oficialmente, que es lo que ha cumplido su mujer atendiendo la autorización de venta con fecha de 24 de mayo de 2006 concedida por la entonces conselleria valenciana de Territorio y Vivienda.

“Y eso es lo que se ha hecho desde el inicio hasta la actualidad con arrendamientos por debajo del precio máximo en todos los casos”, recalcó el alcalde sobre esa vivienda situada en el plan parcial de Benisaudet, de la que añadió que formaba parte de una promoción del entonces Instituto Valenciano de la Vivienda que era “muy conocida en todo Alicante”. El alcalde insistió en que la transacción de su esposa “ha cumplido escrupulosamente desde el primer minuto toda la normativa”.

El Ayuntamiento de Alicante ha detectado que nueve de sus funcionarios, además de la dimitida concejala de Urbanismo Rocío Gómez, accedieron a un piso en la promoción de vivienda protegida Les Naus, en la playa de San Juan, en Alicante. Se trata de viviendas que, a precio de mercado, habrían superado los 400.000 euros y que se adquirieron por alrededor de 225.000 euros.

Familiares y personas vinculadas a cargos del Partido Popular, así como hijos de notarios, arquitectos, altos funcionarios de la Generalitat Valenciana o individuos relacionados con la promotora, también resultaron adjudicatarios de estos pisos, que cuentan con piscina, pistas de pádel y salón social comunitario.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se comprometió a cruzar los datos de todo el personal municipal con los de los beneficiarios de alguna de las viviendas de esta promoción, compuesta por 140 inmuebles de tres y cuatro dormitorios. Tras la investigación, el concejal del PP Mario Villar comunicó el viernes a los sindicatos que había abierto expediente a dos de los nueve funcionarios con vivienda adjudicada en Les Naus, según adelantó el diario Información de Alicante y ha podido confirmar elDiario.es.

Los dos empleados públicos investigados por el consistorio son los únicos que habrían intervenido en algún momento del proceso de adjudicación de las viviendas. En concreto, el arquitecto Francisco Nieto y su compañera en el departamento de Urbanismo, Elsa Lloret, casada con el técnico de la Generalitat que validó su solicitud.

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Alicante envió un comunicado en el que pidió a la ciudadanía que diferencie entre los trabajadores públicos que han accedido legalmente a los pisos y aquellos que hayan tenido una «conducta individual que debe ser investigada». «Rechazamos cualquier generalización que pueda dañar injustamente la imagen y el prestigio del personal municipal», añadieron.

Otra de las posibles irregularidades que ya se están investigando es el hecho de que un tercio de los adjudicatarios no estaba empadronado en Alicante cuando se le adjudicó la vivienda. A este incumplimiento se suman otros, como la superación de los límites de renta o la ocultación de información relevante, por ejemplo, la pertenencia al mismo núcleo familiar.

Por el momento, hay investigaciones abiertas en un juzgado de instrucción y por parte de la Fiscalía, y se han comprometido comisiones de investigación tanto en el Ayuntamiento de Alicante como en Les Corts. La polémica no solo afecta al consistorio, sino que se extiende también a la Generalitat.

Un funcionario que participó en los visados ha sido suspendido de empleo y sueldo y, como ha informado elDiario.es, una exinterventora de la Generalitat con un salario superior a los 70.000 euros anuales ha podido acceder a una de estas viviendas protegidas. Esta habilitada nacional, actualmente en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, dispone además de otra vivienda en nuda propiedad, de la que el 75% está escriturado a su nombre.

La Conselleria de Vivienda ha requerido información a diez propietarios de la promoción para que presenten documentación que acredite que cumplen con todos los requisitos después de que sus casos hayan levantado sospecha.

Sira Pérez Ortuño, ara tresorera de l’Ajuntament de Sant Joan, va treballar com a interventora delegada en els Serveis Territorials d’Hisenda d’Alacant amb els consells de Ximo Puig i Carlos Mazón des de setembre del 2019 fins a octubre de l’any passat i va comprar l’habitatge protegit el setembre del 2025

Dimiteix la regidora d'Urbanisme d'Alacant després de desvetllar-se que va rebre un dels pisos de l'escàndol dels habitatges protegits

Una interventora de la Generalitat Valenciana también es va fer amb un dels polèmics pisos de protecció pública d'Alacant que van adquirir càrrecs del Partit Popular i que ha provocat la dimissió de la regidora d'Urbanisme d'Alacant, d'una alt càrrec del consistori nomenada per l'alcalde Luis Barcala i del cap de gabinet de la Conselleria de Turisme.

Es tracta de la fins a setembre del 2025 delegada en els Serveis Territorials de la Conselleria d’Hisenda a Alacant i actual tresorera de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, Sira Pérez Ortuño, que, quan va sol·licitar la possibilitat d’accedir a l’habitatge, percebia un sou superior a 70.000 euros. De fet, aquests habilitats nacionals són els funcionaris amb més retribució de l’Administració autonòmica, ja que tenen el màxim nivell tant de salari base com de complement de destinació i específic.

Segons la informació depositada en el Registre de la Propietat, l’habilitada nacional va adquirir per adjudicació un pis d’HPP en el residencial Les Naus, en el número 36 del carrer de les Xarxes d’Alacant, el 9 de setembre de 2025. L’habitatge es va escripturar a nom seu el 28 d’octubre del mateix any. Per a l’adquisició, Sira Pérez va constituir un préstec de 164.000 euros en una entitat bancària.

L’habitatge té una superfície útil de 80,66 metres quadrats; una superfície construïda pròpia computable de 92,20 metres quadrats, i una superfície construïda, amb la seua part proporcional d’elements comuns, de 104,57 metres quadrats. Cal recordar que aquests elements comuns incloïen una piscina, pistes de pàdel i un club social. A més, la interventora també va adquirir una plaça d’aparcament i un traster.

Sira Pérez Ortuño va estar sis anys en la Generalitat com a interventora delegada en els Serveis Territorials d’Hisenda i Model Econòmic a Alacant. Hi va arribar el setembre del 2019, quan governava l’esquerra, i va abandonar el càrrec el setembre del 2025, amb el PP en el Govern autonòmic. L’octubre del 2025 es va reincorporar al seu lloc de tresorera a l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, just un mes després d’adquirir l’habitatge protegit. L’alcalde del municipi, Santiago Román, del PP, va anunciar en xarxes socials el retorn de l’habilitada nacional al seu lloc de treball «després de sis anys fent la seua tasca en la Generalitat».

ElDiario.es s’ha posat en contacte amb Sira Pérez Ortuño, que s’ha negat a fer declaracions. No obstant això, a través d’un representant de l’ajuntament on ocupa la plaça de tresorera ha manifestat que «no és un càrrec públic» i que «valorarà el que es publique per a exercir la seua defensa».

El sou que percebia aquesta funcionària pública quan es va inscriure per a accedir al pis de protecció pública, així com quan el va adquirir, superava els 70.000 euros anuals, per la qual cosa no hauria pogut figurar en la llista d’aspirants ni, encara menys, resultar adjudicatària d’un d’aquests habitatges, destinats a rendes inferiors a 54.600 euros, incrementables fins a 66.000 si es compleixen determinats requisits, com tindre a càrrec a una persona amb gran dependència.

La Conselleria d’Habitatge ha suspés de sou i de faena el funcionari de la delegació territorial d’Alacant que va visar els habitatges. Aquesta persona, actualment investigada, hauria validat també la compra del pis per part de Sira Pérez.

Amb la revelació d’aquesta nova propietària, s’evidencia, una vegada més, que la promoció d’habitatge protegit Les Naus, situada en una de les millors zones d’Alacant i molt prop de la platja de Sant Joan, ha acabat en mans de persones procedents de famílies amb alt poder adquisitiu com ara notaris o arquitectes, nombroses persones vinculades al PP o directament persones amb ingressos que els haurien impedit legalment aspirar a aquests HPO, ni tan sols amb el canvi legislatiu impulsat per Carlos Mazón, que va elevar el llindar d’ingressos per a poder ser adjudicatari d’aquesta mena de promocions.

L’escàndol ha generat tal indignació que s’ha aprovat una comissió d’investigació en l’Ajuntament d’Alacant i una altra en les Corts Valencianes, mentre que un jutjat d’instrucció ja ha obert diligències. La Fiscalia també ha iniciat perquisicions arran de les denúncies de l’Ajuntament i de l’oposició a Alacant.

Una interventora de la Generalitat Valenciana también se hizo con uno de los polémicos pisos de protección pública de Alicante que adquirieron cargos del Partido Popular y que ha provocado la dimisión de la concejal de Urbanismo de Alicante, de una alto cargo del consistorio nombrada por el alcalde Luis Barcala y del jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo.

Se trata de la hasta septiembre de 2025 delegada en servicios territoriales de la Conselleria de Hacienda en Alicante y actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, Sira Pérez Ortuño, quien, cuando solicitó la posibilidad de acceder a la vivienda, percibía un sueldo superior a los 70.000 euros. De hecho, estos habilitados nacionales son los funcionarios con mayor retribución de la administración autonómica, ya que cuentan con el máximo nivel tanto de salario base como de complemento de destino y específico.

Según la información depositada en el Registro de la Propiedad, la habilitada nacional adquirió por adjudicación un piso de VPP en el residencial Les Naus, en el número 36 de la calle Las Redes de Alicante, el 9 de septiembre de 2025. La vivienda fue escriturada a su nombre el 28 de octubre de ese mismo año. Para su adquisición, Sira Pérez constituyó un préstamo de 164.000 euros en una entidad bancaria.

La vivienda tiene una superficie útil de 80,66 metros cuadrados; una superficie construida propia computable de 92,20 metros cuadrados, y una superficie construida, con su parte proporcional de elementos comunes, de 104,57 metros cuadrados. Cabe recordar que dichos elementos comunes incluían una piscina, pistas de pádel y un club social. Además, la interventora también adquirió una plaza de aparcamiento y un trastero.

Sira Pérez Ortuño estuvo seis años en la Generalitat como interventora delegada en servicios territoriales de Hacienda y Modelo Económico en Alicante. Llegó en septiembre de 2019, cuando gobernaba la izquierda, y abandonó el cargo en septiembre de 2025, con el PP en el Gobierno autonómico. En octubre de 2025 se reincorporó a su puesto de tesorera en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, justo un mes después de adquirir la vivienda protegida. El alcalde del municipio, Santiago Román, del PP, anunció en redes sociales la vuelta de la habilitada nacional a su puesto de trabajo «tras seis años realizando su labor en la Generalitat».

elDiario.es se ha puesto en contacto con Sira Pérez Ortuño, quien se ha negado a hacer declaraciones. No obstante, a través de un representante del ayuntamiento donde ocupa la plaza de tesorera ha manifestado que “no es un cargo público” y que “valorará lo que se publique para ejercer su defensa”.

El sueldo que percibía esta funcionaria pública cuando se inscribió para acceder al piso de protección pública, así como cuando lo adquirió, superaba los 70.000 euros anuales, por lo que habría sido casi imposible figurar en la lista de aspirantes y menos aún resultar adjudicataria de una de estas viviendas, destinadas a rentas inferiores a 54.600 euros, incrementables hasta 66.000 si se cumplen determinados requisitos, como tener a cargo a una persona con gran dependencia.

La Conselleria de Vivienda ha suspendido de empleo y sueldo al funcionario de la delegación territorial de Alicante que visó las viviendas. Esta persona, actualmente investigada, habría validado también la compra del piso por parte de Sira Pérez.

Con la revelación de esta nueva propietaria se evidencia, una vez más, que la promoción de vivienda protegida Les Naus, ubicada en una de las mejores zonas de Alicante y muy cerca de la playa de San Juan, ha acabado en manos de personas procedentes de familias con alto poder adquisitivo como notarios o arquitectos, numerosas personas vinculadas al PP o directamente de personas con ingresos que les habrían impedido legalmente aspirar a estas VPO, ni siquiera con el cambio legislativo impulsado por Carlos Mazón, que elevó el umbral de ingresos para poder ser adjudicatario de este tipo de promociones.

El escándalo ha generado tal indignación que se ha aprobado una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Alicante y otra en las Corts Valencianes, mientras que un juzgado de instrucción ya ha abierto diligencias. La Fiscalía también ha iniciado pesquisas tras las denuncias del ayuntamiento y de la oposición en Alicante.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha exigido este jueves al Ayuntamiento de Alicante que abra expediente para que se devuelvan las viviendas públicas adjudicadas a cargados del Partido Popular y ha advertido que “han corrompido el sistema”.

Así se ha pronunciado este jueves Diana Morant en declaraciones a los medios de comunicación refiriéndose al escándalo de adjudicación de vivienda pública en Alicante y antes de reunirse con representantes de asociaciones de vecinos de la ciudad de Alicante para analizar la situación de la vivienda pública en la ciudad y trasladarle su compromiso con dar respuesta a la crisis habitacional que sufre la Comunitat Valenciana.

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha afirmado que “estamos hablando de personas que han resultado adjudicatarias y que en un proceso limpio no habrían recibido una vivienda de protección pública nunca” y ha afeado a Pérez Llorca que “hable de honorabilidad de las administraciones cuando con el dinero de todos los alicantinos se han quedado con una vivienda”.

Además, ha apuntado que “ante este escándalo debería de responder el alcalde Barcala con su dimisión, pero también las personas implicadas devolviendo la vivienda” y ha insistido en que “se creen que lo fácil es apuntarse a política, estar dos años y medios de concejal y llevarse tres pisos, pero no, deben dimitir y devolver las viviendas”.

Asimismo, Morant ha señalado la hipocresía de VOX “poniéndose de lado de la defensa de lo público cuando fueron ellos con sus cambios normativos los que permitieron la perversión” y ha subrayado que “no engañan a nadie”: “VOX ha llegado a la Comunitat Valenciana a facilitar de nuevo el pelotazo urbanístico”.

“Pérez Llorca debe dar la cara, comparecer en Les Corts y explicarle a los alicantinos y alicantinas porque mientras hay 5.400 familias esperando una vivienda pública ellos se la reparten entre cargos del Partido Popular”, ha concluido la líder socialista.

Dos personas que mantienen relación personal con la concejala de Hacienda y de Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali, habrían resultado también adjudicatarias de viviendas protegidas del polémico residencial de 140 pisos con piscina y pistas de pádel construido en la playa de San Juan.

Además, otras 11 viviendas estarían adjudicadas a individuos con algún tipo de conexión con el Consistorio, como por ejemplo un policía local o la hermana de una funcionaria del gabinete de prensa, tal y como ha avanzado el diario Información. Fuentes municipales no han contestado a las preguntas de elDiario.es para contrastar estos datos.

En el caso del personal vinculado a la concejala Beldjilali, se trataría de la hermana de su secretaria a quien la Conselleria de Vivienda ya habría requerido documentación para acreditar que no ha habido irregularidades en el cumplimiento de los requisitos exigidos.

La otra persona del entorno de la edil beneficiaria de una casa habría sido una funcionaria interina que ejerce como administrativa en el servicio de Intervención, con quien mantiene una buena relación personal desde que coincidieran como candidatas a Bellea del Foc de Alicante en el año 2017.

Estos casos se suman a los ya conocidos de pisos adjudicados a la ya dimitida concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, a las de dos de los hijos y un sobrino de la también dimitida directora general Ana Pérez-Hickman, y a la adjudicada al arquitecto municipal, Francisco Nieto, y a una técnico casada con el funcionario suspendido de empleo y sueldo de la Generalitat. En el caso de la exconcejala de Urbanismo, se suman otros dos inmuebles adjudicados a su excuñada y a su suegro. La última de las al menos 13 viviendas en manos de personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante es en la que residen las hijas del exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, y que durante el pasado mandato ocupó el mismo cargo junto a la vicealcaldesa de Alicante de Ciudadanos.

Por otra parte, la Conselleria de Vivienda habría solicitado información adicional a una decena de adjudicatarios para cotejar si cumplen los requisitos y la Fiscalía Anticorrupción ultima un escrito de denuncia en el juzgado sobre el asunto.

Como informó elDiario.es, un informe realizado por el Ayuntamiento de Alicante a finales de la semana pasada apuntaba a que más funcionarios municipales de los que hasta ahora se tenía constancia, o familiares directos de estos, podrían haberse adjudicado viviendas protegidas.

El informe elaborado por el área de Patrimonio del Consistorio que se trasladó al alcalde, Luis Barcala, el pasado 27 de enero, ya alertó de que personal municipal “posiblemente interviniente en la gestión del contrato resultó adjudicatario (directa o indirectamente) una vivienda protegida en el complejo construido”. Fue la jefa de servicio de la concejala ahora también se ha visto salpicada la que redactó el documento.

El informe de Patrimonio forma parte de la denuncia presentada hace una semana por el Consistorio ante la Fiscalía Provincial de Alicante para que se investigue si el procedimiento de adjudicación ha sido constitutivo de infracción penal y, de ser así, se depuren las responsabilidades.

En el escrito al que ha tenido acceso esta redacción, se informa de que concluida la construcción de las viviendas de La Condomina 'Les Naus', la cooperativa remitió al Consistorio una lista de los inmuebles VPP entregados junto con los nombres y apellidos de los beneficiarios y la acreditación de que cada uno cumplía los requisitos legales. Al estudiar el documento, el Servicio de Gestión Patrimonial municipal constató que entre los compradores adjudicatarios había algunas personas que mantenían relaciones de parentesco u otro vínculo con empleados o cargos del ayuntamiento que pudieron participar en fases relevantes del expediente.

Y pese a que todos ellos cumplen los requisitos exigidos por la normativa, esa concurrencia de los vínculos personales “levantó señales de alerta por posible conflicto de interés y eventuales incumplimientos del deber de abstención de dichos empleados o autoridades en el procedimiento administrativo”, según la denuncia.

Además, el informe de Patrimonio también señaló “posible incumplimiento de las condiciones legales de acceso a las VPP construidas, bien por no cumplirlas directamente, bien por haber faltado a la verdad u omitido ésta a la hora de declararlas, ya que hay supuestos en los que la mera condición, nivel y categoría de los adquirentes harían previsiblemente imposible la compatibilidad con los requisitos de capacidad económica exigibles”.

La Conselleria d’Habitatge analitza més dades procedents de l’últim informe fet per l’Ajuntament d’Alacant que apunta que més funcionaris municipals dels que fins ara es tenia constància, o familiars directes d’aquests, podrien haver-se adjudicat habitatges protegits de la polèmica promoció de 140 pisos amb pistes de pàdel i piscina construïts per una cooperativa a la platja de Sant Joan.

Així ho va revelar dimarts el portaveu municipal en el consistori, Andrés Villar (PP), que va explicar que de l’encreuament de dades entre adjudicataris i funcionaris que es va practicar la setmana passada han sorgit “cognoms comuns” i que el resultat d’aquest treball es va remetre a la Conselleria d’Habitatge perquè verifique si s’ha donat realment aquesta situació i s’hi ha hagut alguna mena d’irregularitat.

“Estan encreuades les dades i està remés a conselleria perquè ens verifiquen alguna dada concreta. No puc dir més, perquè no diré si hi ha més funcionaris o no, perquè no sabem si són els mateixos. Jo crec que hi ha noms molt comuns i pot haver-n’hi de repetits i que, per prudència, estan fiscalitzant d’un en un els pocs noms que coincideixen. Si són comuns, pot ser un funcionari o qualsevol familiar. Ho vam remetre al final de la setmana passada i entre hui i demà ens enviaran el resultat, segurament”, ha explicat.

No obstant això, a preguntes d'este diari, des de la Conselleria de Vivenda han explicat que des del primer moment s'està revisant la part que competix al departament que dirigix la vicepresidenta, Susana Camarero, que no és una altra que comprovar si algun dels 140 adjudicataris ha comés alguna irregularitat o manipulació en la documentació presentada per a acreditar que complixen les condicions per a poder accedir a estes vivendes. Sobre el document que els ha remés l'Ajuntament han explicat que es tracta de gestions de verificació mitjançant encreuament de dades que han realitzat diferents servicis municipals.

Com ha anat informant elDiario.es, la regidora d’Urbanisme, Rocío Gómez, els dos fills i un nebot de la funcionària i directora general d’Organització Interna, Contractació Pública i Gestió de Fons, María Pérez-Hickman, i Francisco Nieto, arquitecte municipal d’Urbanisme, haurien adquirit quatre immobles d’aquest residencial. Després del terratrémol polític que ha suposat l’assumpte, tant l’edil com la directora general han anunciat ja la dimissió.

Així doncs, a aquests tres càrrecs públics podrien sumar-se nous casos en funció del resultat de l’anàlisi que ultima la conselleria. A més d’aquestes dues dimissions, la Generalitat ha suspés de sou i de faena a un funcionari de la Direcció Territorial d’Alacant després de descobrir que va validar el visat d’un habitatge sol·licitat per la seua dona mateixa, arquitecta de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alacant. També ha dimitit Miguel Ángel Sánchez, cap de gabinet de la Conselleria de Turisme després d’eixir a la llum que la mare de les seues filles també és propietària d’un dels habitatges protegits de la promoció.

L’informe elaborat per l’Àrea de Patrimoni del consistori que es va traslladar a l’alcalde, Luis Barcala, el 27 de gener passat, ja va alertar que personal municipal “possiblement intervinent en la gestió del contracte va resultar adjudicatari (directament o indirectament) un habitatge protegit en el complex construït”.

L’informe de Patrimoni forma part de la denúncia presentada fa una setmana pel consistori davant la Fiscalia Provincial d’Alacant perquè s’investigue si el procediment d’adjudicació ha sigut constitutiu d’infracció penal i, en aquest cas, es depuren les responsabilitats.

En l’escrit, a què ha tingut accés aquesta redacció, s’informa que, conclosa la construcció dels habitatges de La Condomina ‘Les Naus’, la cooperativa va remetre al consistori un llistat dels immobles HPP lliurats juntament amb els noms i els cognoms dels beneficiaris i l’acreditació que cadascun complia els requisits legals. En estudiar el document, el Servei de Gestió Patrimonial municipal va constatar que, entre els compradors adjudicataris, hi havia algunes persones que mantenien relacions de parentiu o un altre vincle amb empleats o càrrecs de l’Ajuntament que van poder participar en fases rellevants de l’expedient.

I malgrat que tots ells compleixen els requisits exigits per la normativa, aquesta concurrència dels vincles personals “va alçar senyals d’alerta per possible conflicte d’interés i eventuals incompliments del deure d’abstenció d’aquests empleats o autoritats en el procediment administratiu”, segons la denúncia.

A més, l’informe de Patrimoni també va assenyalar “possible incompliment de les condicions legals d’accés als HPP construïts, bé per no complir-les directament, bé per haver faltat a la veritat o haver-la omesa a l’hora de declarar-les, ja que hi ha supòsits en què la mera condició, nivell i categoria dels adquirents farien previsiblement impossible la compatibilitat amb els requisits de capacitat econòmica exigibles”.

La Conselleria de Vivienda analiza nuevos datos procedentes del último informe realizado por el Ayuntamiento de Alicante que apunta a que más funcionarios municipales de los que hasta ahora se tenía constancia, o familiares directos de estos, podrían haberse adjudicado viviendas protegidas de la polémica promoción de 140 pisos con pistas de pádel y piscina construidas por una cooperativa en la playa de San Juan.

Así lo reveló este martes el portavoz municipal en el Consistorio, Manuel Villar (PP), quien explicó que del cruce de datos entre adjudicatarios y funcionarios que se practicó la semana pasada han surgido “apellidos comunes” y que el resultado de este trabajo se remitió a la Conselleria de Vivienda para que proceda a verificar si se ha dado realmente esa situación y se ha habido algún tipo de irregularidad.

“Están cruzados los datos y está remitido a conselleria para que nos verifiquen algún dato concreto. No puedo decir más porque no voy a decir si hay más funcionarios o no porque no sabemos si son los mismos. Yo creo que hay nombres muy comunes que puede haber repetidos y que por prudencia están fiscalizando uno por uno los pocos nombres que coinciden. Si son comunes puede ser un funcionario o cualquier familiar. Lo remitimos a finales de la semana pasada y entre hoy y mañana nos mandarán el resultado seguramente”, ha explicado.

Sin embargo, a preguntas de este diario, desde la Conselleria de Vivienda han explicado que desde el primer momento se está revisando la parte que compete al departamento que dirige la vicepresidenta, Susana Camarero, que no es otra que comprobar si alguno de los 140 adjudicatarios ha cometido alguna irregularidad o manipulación en la documentación presentada para acreditar que cumplen las condiciones para poder acceder a estas viviendas. Sobre el documento que les ha remitido el Ayuntamiento han explicado que se trata de gestiones de verificación mediante cruce de datos que han realizado diferentes servicios municipales.

Como ha venido informando elDiario.es, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, los dos hijos y un sobrino de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cuatro inmuebles de este residencial. Tras el terremoto político que ha supuesto el asunto, tanto la edil como la directora general han anunciado ya su dimisión.

Así pues, a estos tres cargos públicos podrían sumarse nuevos casos en función del resultado del análisis que última la conselleria. Además de estas dos dimisiones, la Generalitat ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario de la dirección territorial de Alicante tras descubrir que validó el visado de una vivienda solicitada su propia esposa, arquitecta del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. También ha dimitido Miguel Ángel Sánchez, jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo tras salir a la luz que la madre de sus hijas también es propietaria de una de las viviendas protegidas de la promoción.

El informe elaborado por el área de Patrimonio del Consistorio que se trasladó al alcalde, Luis Barcala, el pasado 27 de enero, ya alertó de que personal municipal “posiblemente interviniente en la gestión del contrato resultó adjudicatario (directa o indirectamente) una vivienda protegida en el complejo construido”.

El informe de Patrimonio forma parte de la denuncia presentada hace una semana por el Consistorio ante la Fiscalía Provincial de Alicante para que se investigue si el procedimiento de adjudicación ha sido constitutivo de infracción penal y, de ser así, se depuren las responsabilidades.

En el escrito al que ha tenido acceso esta redacción, se informa de que concluida la construcción de las viviendas de La Condomina 'Les Naus', la cooperativa remitió al Consistorio un listado de los inmuebles VPP entregados junto con los nombres y apellidos de los beneficiarios y la acreditación de que cada uno cumplía los requisitos legales. Al estudiar el documento, el Servicio de Gestión Patrimonial municipal constató que entre los compradores adjudicatarios había algunas personas que mantenían relaciones de parentesco u otro vínculo con empleados o cargos del ayuntamiento que pudieron participar en fases relevantes del expediente.

Y pese a que todos ellos cumplen los requisitos exigidos por la normativa, esa concurrencia de los vínculos personales “levantó señales de alerta por posible conflicto de interés y eventuales incumplimientos del deber de abstención de dichos empleados o autoridades en el procedimiento administrativo”, según la denuncia.

Además, el informe de Patrimonio también señaló “posible incumplimiento de las condiciones legales de acceso a las VPP construidas, bien por no cumplirlas directamente, bien por haber faltado a la verdad u omitido ésta a la hora de declararlas, ya que hay supuestos en los que la mera condición, nivel y categoría de los adquirentes harían previsiblemente imposible la compatibilidad con los requisitos de capacidad económica exigibles”.

En la década de los años 80, la cooperativa Rosa Luxemburgo levantó más de 600 viviendas unifamiliares en Aravaca, la que es hoy una de las zonas más caras de Madrid. Se anunciaban como chalets de protección oficial, con garaje y jardín privado, y su nombre, el de la pensadora socialista y defensora de la clase obrera, ya indicaba que estaban pensadas para familias de clase trabajadora. Los diferentes modelos de vivienda de protección oficial (VPO) sirvieron durante largos periodos de tiempo para dar acomodo a miles de hogares de ingresos medios o bajos, pero la escasa producción de los últimos lustros ha dificultado cada vez más el acceso y ha estrechado una entrada por la que tienen más fácil colarse aquellos que se acercan, por arriba, al límite de renta.

El último escándalo en el Ayuntamiento de Alicante, tras la adjudicación de viviendas de este tipo a la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, al arquitecto municipal Francisco Nieto y a los dos hijos y un sobrino de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, en un contexto de crisis residencial y con una producción de VPO a la baja, pone de relieve la necesidad de mecanismos para garantizar que estas casas, que cuentan con apoyo público, cumplan la función social para la que fueron concebidas.

La normativa estatal define la vivienda protegida como aquella “sometida a un régimen especial para destinarla a residencia habitual de personas con dificultades de acceso al mercado de la vivienda”. Establece dos tipos: la social, de titularidad pública destinada a alquiler, cesión o cualquier otra fórmula de tenencia temporal sujeta a limitaciones de renta o de venta; y la de precio limitado, de titularidad pública o privada, y también sujeta a limitaciones, en este caso más laxas, “destinadas a satisfacer la necesidad de vivienda permanente”.

Pese a este paraguas general, son las comunidades autónomas las encargadas de definir sus propias VPO y establecer los precios máximos por metro cuadrado —los módulos— a los que se pueden vender o alquilar y los requisitos de acceso. Algunos son generales, como que no se tenga otra vivienda en propiedad, que esta vaya a destinarse a residencia habitual, que los solicitantes estén inscritos en un registro y que estén empadronados o tengan vinculación con el territorio.

Para los límites de renta, las comunidades autónomas aplican el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se utiliza para el cálculo de prestaciones y subsidios. En 2026, este es de 8.400 euros anuales, al que se le aplican multiplicadores y coeficientes en función del tipo de protección y las ayudas públicas que reciben. En general, estos topes de renta de los solicitantes van desde los 21.000 euros de las de régimen especial hasta los más de 40.000 de las de precio limitado por unidad familiar estándar, sin coeficientes correctores.

La mayoría de administraciones autonómicas sitúan este límite en los 46.200 euros, 5,5 veces el IPREM, aunque cuatro de ellas —Madrid, Catalunya, Navarra, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana— son las que más elevan el tope de renta, por encima de los 50.000 y los 60.000 euros, como puede verse en la siguiente tabla, con datos de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), sin Euskadi.

“Puede parecer que 60.000 euros es muchísimo dinero, pero con el precio de la vivienda, los requisitos se han tenido que ir ajustando, porque si no, no se puede acceder”, considera el director gerente de APCE, Alfredo Díaz-Araque. Según la última encuesta de estructura salarial del INE, con datos de 2023, el sueldo medio en Madrid era de más de 32.200 euros; en Catalunya, de 30.000; en Valencia, de 25.600; en Navarra, de 31.200; y en Castilla-La Mancha, de casi 25.000. Pero las condiciones de acceso tienen en cuenta los ingresos de la unidad familiar, por lo que en un hogar estándar en el que entren dos sueldos, estos se sumarían, lo que dejaría fuera a dos nóminas medias en Madrid, Catalunya y Navarra, sin contar con los coeficientes correctores, que tienen en cuenta cuestiones como el número de hijos.

“Lo que estamos viendo en los últimos años es que la VPO que se está haciendo, si bien sigue siendo residual, va cada vez más orientada a hogares de ingresos más elevados”, explica el investigador del Instituto Idra, Jaime Palomera, que lo atribuye a que las “administraciones han ido aumentando el precio del módulo para responder a las demandas de las promotoras”. Esto, indica, “se ha acompañado del relato de que las VPO son 'para las clases medias' como respuesta al hecho de que la crisis ya no está afectando solo a los más empobrecidos”.

No siempre ha sido así. “Si nos remontamos a las proto-viviendas protegidas, las primeras son las 'casas baratas' de la república y las 'viviendas de renta limitada' que luego hará el franquismo, con el objetivo de generar vivienda para una parte muy amplia de la población trabajadora”, desarrolla Palomera, que indica que “la vivienda protegida de posguerra en Europa tenía la aspiración de ser universal”. “Después hay una fase en la que la creación de VPO se va reduciendo drásticamente y se piensa cada vez más en la población de menos recursos, como producto del marco neoliberal post-80, que la relega a un papel residual”.

La producción y las adjudicaciones de VPO no siempre han estado exentas de polémicas. Desde promociones en Sevilla con viviendas a 350.000 euros o anuncios en Las Rozas por más de medio millón, hasta uno de los mayores escándalos relacionados con las cooperativas de vivienda. Hay que remontarse a principios de los 90, cuando la cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV), avalada por UGT, dejó a unas 20.000 familias con la duda de si se habían quedado sin dinero y sin casa, en un escándalo que tardó años en resolverse y en el que sus principales directivos fueron acusados de estafa y apropiación indebida. El sindicato hipotecó su patrimonio para asumir la deuda y los afectados lograron recuperar gran parte del dinero o acceder a una vivienda.

La forma de acceder a una vivienda de VPO en propiedad se articula a través de las listas de las que disponen las administraciones competentes o a través de cooperativas, en las que suele predominar el orden de llegada. Pero, en todos los casos, deben cumplirse los requisitos de acceso. Y las condiciones que impongan los bancos para conceder las hipotecas, en caso de que sean necesarias. “Es fácil discriminar quién puede comprar y quien no, porque es el banco quien hace el scoring para la hipoteca”, explica Díaz-Araque.

El investigador en derecho público en la Universidad de Compostela Andrei Quintiá señala que la VPO es “un sistema complejo”, donde conviven diferentes formas de protección y usos, pero hay mecanismos comunes para garantizar la limpieza en el proceso de adjudicaciones. “Normalmente, hay un procedimiento en el que se establecen unos requisitos que habrá que acreditar, verificar y dictar una resolución”, desarrolla. “A partir de ahí, si hay conocimiento de alguna irregularidad, se tendría que poner en conocimiento de la Administración, que deberá corregirlo o, incluso, salirse de la vía administrativa si es manifiestamente penal”.

En el caso de Alicante, el propio Servicio de Gestión Patrimonial municipal habría alertado de un “conflicto de interés” en la adjudicación de las viviendas de protección pública y de un “posible incumplimiento de las condiciones legales de acceso”, bien “por no cumplirlas” o por “haber faltado a la verdad”. Este informe, que fue ignorado, forma parte de la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial, para que esta investigue si el procedimiento de adjudicación ha sido constitutivo de infracción penal.

“La vivienda protegida sigue siendo un instrumento muy bueno”, considera la codirectora de Provivienda, Gema Gallardo, que incide en que “lo malo son determinadas prácticas” o el hecho de que muchas de esas casas hayan acabado perdiendo su protección y hayan servido para echar leña al incendio de precios en el mercado privado. Porque estas casas, con precios de venta limitados, terminaban descalificándose al cabo de los años.

El Ministerio de Vivienda trabaja en su nuevo Plan Estatal bajo la premisa de que toda vivienda construida con recursos públicos esté blindada para siempre. Es algo que en Euskadi ya ocurre desde 2003 y que otras administraciones trataron de imitar. El Gobierno valenciano del Botánic apostó en 2023 por este carácter “permanente”, pero el Consell del expresidente Carlos Mazón tumbó la medida, estableciendo un plazo “máximo” de protección para las de gestión privada de entre 15 y 30 años.

El debate llegó hasta el Constitucional, a través del recurso a la Ley de Vivienda. Pese a que el tribunal avaló la mayor parte de la normativa estatal, el pleno echó atrás el artículo que regulaba la vivienda protegida, manteniendo la prevalencia de la normativa autonómica sobre la vigencia de la protección de estos inmuebles. El recurso lo había presentado la Junta de Andalucía.

Desde APCE indican que es “admisible que el carácter protegido de la vivienda sea permanente en el caso de que haya ayudas públicas”. “Como promotor, nadie te obliga a acogerte a las ayudas, así que, si las hay, entendemos que (el blindaje) pueda ser permanente”, concede Díaz-Araque. Un análisis en el que coincide la codirectora de Provivienda, que señala que el “problema” es que todas esas casas que se produjeron durante décadas acabaron desprotegiéndose o, incluso, “se vendían escriturándolo al precio legal y el resto se pagaba en B”, ante la expectativa de que al cabo de los años terminaría revalorizándose. “Por eso a veces la vivienda protegida está mal vista”, señala Gallardo.

Una mirada atrás permite echar cuentas. Entre 1991 y el año 2011, comenzaron a construirse más de un millón y medio de VPO. Solo en 1995, el año más prolífico de la serie, se concedieron 122.000 calificaciones provisionales y visados de obra, más que todos los que se han dado entre 2017 y el tercer trimestre de 2025. Esta producción en mínimos estrecha el cerco sobre las familias de menos ingresos y el traspaso de la calificación protegida al mercado libre ha terminado por impactar en los precios.

“El gran error de este país ha sido descalificar la vivienda protegida que, si siguiera regulada, podría incidir en los precios finales de la vivienda libre”, considera Gallardo. Si tan solo se hubiera mantenido la protección de las 1,7 millones de viviendas protegidas que se levantaron en España desde 1991, estas supondrían un 6,3% del parque total, casi el doble de las actuales.

¿Por qué ha dejado de producirse vivienda protegida? El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera a partir de 2008 hubo la curva, pero actualmente los promotores señalan dos causas del parón: el precio de los módulos y la falta de suelo desarrollado para VPO.

“Tras la crisis financiera se para de producir VPO y, cuando se empieza a recuperar el mercado, los costes de construcción han ido subiendo, pero los precios de los módulos no se han ido actualizando al mismo ritmo”, indica Díaz-Araque, que señala que en los últimos años la mayoría de comunidades se han ido poniendo al día estas tablas, que determinan el precio al que se puede vender una vivienda protegida, que suelen tener las superficies tasadas en torno a los 70, los 90 y los 110 o 120 metros cuadrados útiles, según el régimen de protección.

Por ejemplo, en Catalunya, que modificó en febrero de 2025 los precios de venta, una vivienda en régimen general está limitada a 2.836,59 euros el metro cuadrado. Por una vivienda de 90 metros, la factura supera los 255.000 euros. Una casa similar en la ciudad de Madrid ronda el mismo precio, al que se le pueden sumar garages, porches, trasteros o locales, que pueden elevar la cuenta.