Ha sido el momento más mediático del juicio de la Kitchen. El día de la declaración del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. También, de Maria Dolores de Cospedal. Declaran como testigos, no como acusados, por decisión de los jueces que manejaron la investigación previa. Sabíamos que al declarar como testigos y no como imputados el interrogatorio quedaba muy limitado. Así ha sido, pero también ha habido momentos que merece la pena escuchar. 

Repasamos los sonidos más importantes de la declaración de Rajoy y Cospedal en el juicio de la Operación Kitchen y les damos contexto y explicación con el periodista de elDiario.es que ha estado siguiendo el juicio, Pedro Águeda. 

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La Audiencia Nacional juzga estos días el caso Kitchen, una de las operaciones policiales más sucias e ilegales de la reciente etapa democrática. Un grupo de comisarios empoderados a las órdenes del ministerio del Interior durante el mandato del PP organizó el espionaje ilegal al extesorero, Luis Bárcenas, y a su familia. El objetivo declarado de esas maniobras, perpetradas a espaldas del juez que investigaba la financiación ilegal del PP, era robar al extesorero documentos que pudieran comprometer aún más al entonces presidente, Mariano Rajoy, según admitieron varios de los policías que participaron en el dispositivo secreto.

La operación policial se inició en julio de 2013, solo cinco meses después de que El País publicara el contenido de los papeles de Bárcenas, una contabilidad secreta que registró casi 20 años —1990 a 2009— de ingresos (ocho millones de euros en donaciones ilegales de empresarios, muchos de ellos contratistas de la administración) y gastos (pago de sobresueldos trimestrales y semestrales a los principales dirigentes del PP en cada etapa, coste de obras de reforma en la sede de Génova 13…) nunca declarados a Hacienda.

Los papeles recogieron, entre otros, una treintena de apuntes contables —sobresueldos trimestrales o semestrales que sumaron 322.000 euros— a Mariano Rajoy entre 1997 y 2008.

El juez Pablo Ruz, que investigó la caja B del PP, dejó escrito que el autor de aquellos papeles era Bárcenas, según las pruebas caligráficas practicadas. Cada una de las páginas de aquella doble contabilidad tenía unos visés (especie de firma de conformidad) de Álvaro Lapuerta, tesorero del PP entre 1993 y 2008, al que sustituyó Bárcenas en el cargo.

Los informes caligráficos encargados durante la investigación acreditaron que la confección de esa contabilidad no se hizo de una sola vez —lo que descartaba su posible manipulación— sino que se apreciaba una evolución en la letra compatible con el periodo comprendido entre las fechas que figuran en los papeles. Los apuntes referidos a Rajoy tienen distintas denominaciones —Mariano Rajoy, M. Raj., M. R., Mariano o M. Rajoy—, al igual que otros referidos a los distintos vicesecretarios generales. Era el estilo Bárcenas de registrar los pagos a los jefes del partido. Al secretario general Francisco Álvarez Cascos lo denominó en su contabilidad como Paco Álvarez, Cascos, P.A.C, Paco Alv. Cascos y Paco A. Cascos; a Jaime Mayor Oreja le puso Jaime Mayor, Jaime M. y J. Mayor; a Ángel Acebes, Ángel A. y Angel; a Javier Arenas, J. Arenas y Javier; a Rodrigo Rato, R. Rato.

Los apuntes con los pagos de sobresueldos a secretarios generales o vicesecretarios generales del PP están mezclados con otros apuntes que la investigación judicial considera suficientemente acreditados, bien porque distintos registros bancarios así lo demuestran o bien porque los beneficiarios de los pagos lo han confesado. Los exdirigentes del PP Calixto Ayesa, Jaume Matas, Santiago Abascal (padre del actual líder de Vox), Jaime Ignacio del Burgo, Eugenio Nasarre, Cristóbal Paez o Pío García Escudero admitieron que habían recibido dinero de la caja B del PP, como dejó registrado Bárcenas en su “contabilidad extracontable”.

Además, se hicieron ingresos en la sucursal del Banco de Vitoria situada debajo de la sede del PP en la calle de Génova por 1,3 millones de euros en 56 movimientos distintos, todos ellos por menos de 60.000 euros, que era la cantidad máxima anual permitida para los donativos anónimos. Las fechas de los ingresos y las cantidades ingresadas se corresponden con los apuntes de las aportaciones de distintos empresarios a la caja B del PP. Algunas de esas aportaciones superaban los 60.000 euros, por lo que Bárcenas las troceaba para ingresarlas como donativos anónimos en el Banco de Vitoria.

Ninguno de los secretarios y vicesecretarios generales del PP admitieron haber cobrado las cantidades registradas en los papeles de Bárcenas. La investigación judicial consideró que aunque se hubieran acreditado esos ingresos opacos, no habría delito fiscal pues la supuesta cuota defraudada nunca superó los 120.000 euros anuales. Tan sólo llegó a juicio la contabilidad secreta de los últimos años porque los supuestos delitos correspondientes al resto de ejercicios estaba prescrito. La Audiencia Nacional consideró probada la existencia de una caja B en el PP con la que se pagó una parte de las obras de reforma de la sede nacional en la calle de Génova en Madrid, condenó a Bárcenas a dos años de prisión y el Partido Popular como responsable civil subsidiario tuvo que pagar 123.669 euros.

Rajoy ha repetido ante tres tribunales distintos —caso Gürtel, caso Bárcenas y caso Kitchen— que durante sus 40 años de militancia en el PP —13 como vicesecretario general y 15 como presidente del partido— nunca supo nada de estas prácticas que mancharon para siempre la reputación de una formación política que ha gobernado 15 de los 50 años de la reciente etapa democrática en España.

Mariano Rajoy declara hoy en el juicio del caso Kitchen. Hace unos días declaró Luis Bárcenas y habló del ex presidente del Gobierno: aseguró que en sus papeles M.R. era Mariano Rajoy. Esos papeles, los papeles de Bárcenas, ya han sido juzgados. Están probados y sentenciados. Ahora se juzga la destrucción de pruebas, el uso de fondos públicos desde las cloacas para que no se descubriera que el PP tenía esa caja B. Y en el juicio, Bárcenas ha declarado como testigo, como víctima… Y, desde ese rol, le escuchamos señalar más directamente que nunca… a Mariano Rajoy.

¿Pero importa algo lo que digan testigos como Bárcenas, Rajoy o Cospedal en un juicio al que llegan como testigos? ¿Puede sobresalir algún testimonio o alguna prueba diferente que cambie todo lo que no se hizo en la instrucción del caso? ¿Qué dirá el ex presidente del Gobierno en torno a su participación en la destrucción de pruebas que supuestamente probaban la existencia de una caja B en el PP? Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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El extesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y su mujer, Rosalía Iglesias, ambos condenados en una de las causas abiertas del caso Gürtel, señalaron al Ministerio del Interior del Partido Popular y a los mandos policiales de la brigada política por la “auténtica aberración” que supuso la operación Kitchen, según señaló el exdirigente conservador recientemente en una entrevista previa al juicio que comenzó hace dos semanas en la Audiencia Nacional. La operación policial ilegal no hubiera sido posible sin la figura del chófer Sergio Ríos, en el que la familia depositó toda la confianza y que cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados por su trabajo de topo. Además, Ríos se aseguró el ingreso en la Policía a cambio de espiar a la familia del extesorero para la brigada política del PP.

elDiario.es ha tenido acceso a una grabación inédita, incorporada a la pieza 34 del caso Tándem, en la que José Manuel Villarejo se jacta ante el comisario Juan Antonio González, quien había sido comisario general de Policía Judicial durante la investigación del caso Gürtel, de que el chófer de la familia de Bárcenas, Sergio Ríos, trabaja para él. La investigación judicial del caso ha acreditado cómo Villarejo intervino en la operación Kitchen como uno de los comisarios que controlaban a Ríos, quien informaba a este comisario de todos los movimientos de Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero.

La conversación grabada que apuntala las pruebas del espionaje ilegal a Bárcenas tuvo lugar el 21 de enero de 2015, justo un día antes de que el extesorero salga en libertad condicional después de pagar una fianza de 200.000 euros.

Villarejo relató en la conversación grabada los progresos que hizo el extesorero, que llevaba 19 meses en prisión provisional, para conseguir el dinero para su libertad, hasta el punto de que anticipó que Bárcenas reuniría los 200.000 euros esa misma tarde y se mofó del director adjunto operativo, Eugenio Pino, además de bromear con su interlocutor sobre la idea de que Bárcenas intentara fugarse cuando saliera de la cárcel. El comisario señaló que si el extesorero intentaba escapar, Ríos le tendría dando vueltas a la Plaza de Cibeles “hasta que lo trinquen”. “¡El conductor es mío!”, se escucha decir a Villarejo.

La conversación se produjo en los siguientes términos.

Villarejo: A las dos de la tarde [Bárcenas] ya tenía 150.000 euros, que le he informado al soplapollas del Pino [director adjunto operativo de la Policía Nacional] a pesar de que es un soplapollas. Yo soy tan tonto (…) A mí me ha informado el cocinero [Sergio Ríos, chófer de la familia Barcenas] que tenía 150.000 euros y la lista de quien había puesto de 20 en 20.000 (...) Esta tarde a última hora tiene los 200.000. Mañana está en la calle.

Juan Antonio González: Oye… como se escape.

Villarejo: No se va a escapar porque, si se escapa, el conductor es mío [risas]. Así que ningún problema. Le pondremos a dar vueltas por la Cibeles hasta que lo trinquen.

Este audio no ha sido valorado por ninguno de los dos jueces que ha tenido el caso Kitchen. Ni el primer instructor, Manuel García Castellón, ni el actual, Antonio Piña, han encargado a la policía analizar estos audios para conocer si sirven como prueba para la imputación de delitos en relación a la guerra sucia que el PP puso en marcha contra sus adversarios políticos y para protegerse de las investigaciones judiciales abiertas contra la formación conservadora por supuesta financiación ilegal.

En el sumario del caso Kitchen se acumulan numerosas pruebas documentales y sonoras sobre el operativo policial que el ministerio del Interior puso en marcha entre 2013 y 2014 a espaldas del juez Pablo Ruz que investigaba la financiación ilegal del PP y también a espaldas del principal policía encargado del caso, el inspector Manuel Morocho. Las pruebas acreditan cómo distintos comisarios de policía trabajaron para intentar destruir pruebas que implicaran al Gobierno de Mariano Rajoy en delitos de financiación ilegal por los que el PP fue condenado muchos años después en la Audiencia Nacional.

elDiario.es ha tenido acceso a varios audios de reuniones y conversaciones celebradas en 2013 y 2017 entre el entonces comisario José Manuel Villarejo y la que en ese momento era secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que demuestran cómo la dirigente política estaba al tanto de las operaciones ilegales de la llamada brigada patriótica. Estas pruebas han estado dos años guardadas en un cajón del juzgado que investigaba la única operación de esta policía patriótica que hasta ahora ha llegado a juicio. 

Con José Manuel Romero, director adjunto y jefe de Política de elDiario.es, ponemos contexto y analizamos la relevancia de estas grabaciones. Con Pedro Águeda, periodista especializado en Tribunales, intentamos responder a la pregunta de por qué estas pruebas han estado guardadas tanto tiempo en un cajón y cuál es la situación actual de Villarejo, símbolo de las cloacas del Estado.

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Juan Miguel Villar Mir (Madrid, 1931), exministro del Gobierno de Carlos Arias Navarro, último Ejecutivo de Franco, y fundador de la constructora OHL y del grupo industrial e inmobiliario Villar Mir ha fallecido este sábado a los 92 años, según han informado fuentes cercanas a Servimedia.

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y licenciado en Derecho, Villar Mir ejerció diversos cargos en la administración pública durante el franquismo. En la Transición, fue nombrado vicepresidente tercero del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Hacienda. Era miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y en 1995 quiso presentarse para ser el presidente del Real Madrid, aunque no lo consiguió y ejerció de vicepresidente. Forjó su imperio empresarial a golpe de compras de compañías en dificultades a precios irrisorios.

Gigante de la construcción salpicado por los escándalos

Es fundador del Grupo Villar Mir, que agrupa diferentes empresas. Entre ellas se encuentra la constructora OHL, un gigante salpicado por escándalos de financiación irregular.

Villar Mir fue uno de los 22 responsables de grandes compañías españolas, la mayoría constructoras, que declararon entre la primavera de 2013 y el invierno de 2014 como imputados ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional después de que sus nombres aparecieran en los ‘papeles de Bárcenas’ como donantes de dinero negro al PP cuando este gobernaba y les otorgaba grandes adjudicaciones.

En marzo de 2015, y pese al laborioso trabajo de un grupo de policías de la UDEF, el caso se vio abocado al archivo. Los indicios de que habían ingresado cantidades no permitidas al PP eran sólidos, pero no así el hecho de que cada entrega fuera a cambio de una adjudicación, requisito para poderles atribuir el delito de cohecho. En 2017 el caso fue reabierto después de la declaración de Francisco Correa en el primer gran juicio de Gürtel y, formalmente, los empresarios volvieron a estar imputados. Hasta que en diciembre de 2022, el juez Santiago Pedraz, el tercero que ha tenido el caso de la caja B, resolviera que no había donde sustentar una prolongación de la investigación.

Abandonó su participación en OHLA

En 2023 el Grupo Villar Mir dejó casi a cero su participación en el capital de OHLA -antigua OHL- ahora controlado por los hermanos mexicanos Amodio, con el traspaso a Tyrus, un fondo acreedor vinculado a la deuda de Villar Mir, de su paquete accionarial del 7%. La operación se cerró por 23,5 millones de euros. Villar Mir, que controlaba su participación en OHLA a través de Inmobiliaria Espacio, se ha quedó entonces con una cartera residual de 6.001 acciones, con un precio de mercado de 3.721 euros.  La familia ponía fin así a una trayectoria de 36 años, desde que en 1987 Juan Miguel Villar Mir comprara a Altos Hornos de Vizcaya la constructora Obrascón y que en 1999 se fundase OHL, pasando a llamarse hace dos años OHLA.

El Goya de Aguirre

Villar Mir compró al marido de Esperanza Aguirre el famoso Goya familiar en un momento en que su marido tenía deudas. Casualmente en el mismo momento, la CAM rebajó el grado de protección arquitectónica del complejo Canalejas que había comprado Villar Mir para hacer un megaproyecto hotelero-comercial. El Goya se acabó protegiendo después porque esa venta hubiera tenido que conocerse si era obra protegida, como corresponde en estos casos.

El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido al extesorero del PP Luis Bárcenas el tercer grado penitenciario, que le había sido denegado el 31 de julio del pasado año, según han confirmado fuentes jurídicas a a EFE.

En aquel momento, el juez desestimó la petición de Bárcenas, que ha cumplido más de la mitad de la pena impuesta. El extesorero fue condenado a 29 años de prisión en su primer juicio del 'caso Gürtel', pero con un cumplimiento máximo de 12.

Entonces el juez consideró que no se daban “las características personales y penitenciarias que permitían una vida en semilibertad en atención a la versatilidad delictiva, gravedad de los hechos y lejanía en fechas de cumplimiento”, según el auto.

Hasta ahora, Bárcenas estaba en un régimen de semilibertad que le permitía salir para trabajar y regresar a dormir en el centro de inserción social (CIS) Victoria Kent de Madrid.

El pasado mes de diciembre, Interior aprobó la semilibertad para el extesorero del PP, que ingresó en prisión preventiva a mediados de 2013 y la abandonó bajo fianza en 2015, para regresar posteriormente en mayo de 2018.

El extesorero del PP disfruta de permisos desde marzo de 2021 y ha participado en un programa de reinserción de delincuentes económicos.

Precisamente el mismo día que le fue denegado el tercer grado a Bárcenas, el juez concedió la semilibertad a su esposa, Rosalía Iglesias, condenada a casi trece años por el mismo caso.

Con la aprobación del tercer grado, Bárcenas podrá elevar el número de días de permiso (hasta 48 días al año) y aspirar en septiembre a la libertad condicional, al cumplir las dos terceras partes de su condena a 29 años y un mes por el 'caso Gürtel'.

El tribunal estableció que el tiempo máximo de cumplimiento sería 12 años, que se corresponde con el triple de la pena más alta impuesta, en este caso, la de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

“La libretita... sería mejor poderla parar”. Según ha revelado el diario El País este lunes, esas fueron las palabras que María Dolores de Cospedal dirigió por teléfono a José Manuel Villarejo el 20 de enero de 2013 sin saber que estaba siendo grabada. En ese momento ella era presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular, que gobernaba España con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Hasta la fecha, la Audiencia Nacional ha concluido que diversos mandos del Ministerio del Interior conspiraron para sacar de la circulación grabaciones comprometedoras que Luis Bárcenas tenía sobre líderes del PP. Este nuevo documento amplía el foco a los papeles del tesorero en un caso en el que Cospedal ha conseguido de momento evitar el banquillo.

El juez Manuel García-Castellón zanjó la investigación de la operación Kitchen, un entramado parapolicial que trataba de borrar pruebas de corrupción contra el partido, en julio del año pasado. Un auto en el que daba por demostrado que Sergio Ríos, chófer de la esposa de Luis Bárcenas, fue captado por un grupo de altos mandos del Ministerio del Interior, que por orden del ministro Jorge Fernández Díaz habrían decidido deshacerse de grabaciones que el extesorero guardaba a modo de minas antipersona contra altos cargos del PP, incluido Mariano Rajoy.

Ese auto fue confirmado posteriormente por la sala de lo penal y dejó fuera del juicio a la única representante de la estructura orgánica de Génova 13: la secretaria general María Dolores de Cospedal. Hasta entonces, el juez no había descartado la implicación de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro: cuando llamó a declarar a la exministra de Defensa, lo hizo porque “su intervención, a través de Andrés Gómez Gordo [un agente de la máxima confianza de la número dos del PP que lo llevó al Gobierno de Castilla la Mancha cuando era presidenta], al parecer pudo ser decisiva” para que el chófer Sergio Ríos aceptara espiar al matrimonio Bárcenas para la cloaca y el PP. Estos indicios, para el juez, desaparecieron cuando Cospedal compareció en el verano de 2021 en la Audiencia Nacional para negar una parte y no acordarse de otras.

Fue exonerada poco después, cuando García-Castellón envió a juicio a la facción policial de la operación y dejó fuera la vertiente más política y vinculada al PP. Habló entonces de la “debilidad” de los argumentos de las acusaciones para incriminar a Cospedal y su marido. Según el magistrado, el material intervenido no demuestra que ella estuviera detrás de la operación. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional lo confirmó hace poco y eso, salvo giro de guion, deja a la exsecretaria general del Partido Popular fuera de peligro de cara al juicio, pese a sus comprometedoras charlas con Villarejo.

El juicio de la operación Kitchen, por tanto, tendrá un trasfondo político pero sólo habrá policías y mandos policiales acusados, incluyendo en este segundo grupo a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y amigo personal de Mariano Rajoy y cargo público del PP desde la década de los ochenta, y a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad y diputado del PP por Madrid hasta hace dos años. Se les atribuyen delitos de descubrimiento de secretos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación entre otros.

Las grabaciones que revela El País este lunes se enmarcan en el mismo momento de pánico en el Partido Popular por lo que Luis Bárcenas, extesorero, tuviese guardado en los cajones como munición para defenderse de lo que pudiera depararle la trama Gürtel, entonces todavía en sus primeros años de investigación. La operación Kitchen fue puesta en marcha en 2013 y la documentación de la causa refleja decenas de seguimientos a Luis Bárcenas y su familia entre julio y octubre de ese año.

Las conversaciones reveladas este lunes tienen lugar unos meses antes, en enero. Cuando el diario El Mundo reflejaba en su portada que “Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP”. Apenas 11 días antes de que El País revelase la contabilidad paralela del extesorero, que ha acabado siendo la piedra angular de las acusaciones en varias piezas del caso Gürtel. Y volvieron a hablar el 26 de abril de ese año cuando la Policía ya elaboraba informes sobre los documentos a petición del juez Pablo Ruz: “Me llama [el ministro] ayer por la noche diciéndome que voy a tener un día para verlo [el informe] hasta que se lo dé al juez, y digo, y para qué me llamas”, afirmó Cospedal.

Estas conversaciones, por tanto, no hablan sobre el dispositivo policial puesto en marcha desde Interior para sustraer grabaciones a Luis Bárcenas, pero tienen lugar apenas unos meses antes de que empezaran los seguimientos tras el reclutamiento de Sergio Ríos para infiltrarlo en el núcleo familiar del tesorero. En esas conversaciones Villarejo especula con varias posibilidades para amortiguar el impacto de la información sobre la caja B del Partido Popular, como ascender a los responsables policiales de los informes que apuntalaron el poder probatorio de los papeles de Bárcenas.

Los audios inéditos

Estas grabaciones abren nuevos caminos en la investigación de las relaciones entre el comisario Villarejo y el Partido Popular, pero no han pasado por manos del juez. Según explica El País, la grabación de estas conversaciones no está contenida en ninguna carpeta del extenso sumario del 'caso Tándem', formado por más de una veintena de piezas separadas. Cientos de grabaciones fueron incautadas en la detención del comisario jubilado pero mucha de esa información permanece, por ahora, encriptada y no es accesible a los investigadores.

Ni el juez ni la sala de lo penal, por tanto, tuvieron esta grabación encima de la mesa a la hora de decidir el cierre de la investigación sobre Kitchen. Tampoco la Fiscalía y las acusaciones populares, que ya entonces estaban convencidas de que Cospedal y su marido promovieron la sustracción de grabaciones a Bárcenas. Está por ver ahora si alguna de las partes mueve ficha después de la revelación pero, en ausencia del archivo original, todo tendrá que hacerse a través del documento que ha publicado El País.

Por ahora ni el juez ni la sala de lo penal se han mostrado muy por la labor de tomar en serio las grabaciones hechas públicas por la prensa que no han podido encontrar en el archivo de Villarejo. “Son unos audios de origen desconocido y por tanto de dudosa fiabilidad”, dijo el juez instructor sobre las conversaciones que afectaban a Cospedal y que fueron publicados por el digital Moncloa.com. Esa charla, alegó entonces García-Castellón, es sólo un fragmento de un total “cuya duración y contexto se ignoran”.

La sala de lo penal también restó credibilidad y peso probatorio a los audios que llegaban con cuentagotas al juzgado, tanto por su forma como por su contenido. “Presenta dudas que las afirmaciones que se recogen en los audios intervenidos sean ciertas cuando algunos pasajes de lo que dice es negado por el mismo en otras grabaciones o por tercero”, dice sobre Villarejo. Esos audios, para la sala de lo penal, no probaban la intervención de Cospedal en la operación Kitchen. Así que respondió negativamente al recurso de Anticorrupción para investigar en este caso a la número dos del PP.

Está por ver, por tanto, el futuro que estas grabaciones hechas públicas este lunes tengan dentro de la Audiencia Nacional. Todo dependerá de si las acusaciones populares o la propia Fiscalía Anticorrupción, que siempre consideró que el caso Kitchen se cerró en falso, deciden ponerlos en conocimiento del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y si el juez entiende que tiene que ver con la causa, si no aportan indicios sobre nada o si merece la pena abrir una nueva instrucción.

El abogado y exdiputado del PP Jorge Trías Sagnier ha fallecido este miércoles en Barcelona, según han confirmado fuentes familiares a elDiario.es. Trías, nacido en 1948 y padre de tres hijas, había estado hospitalizado recientemente durante semanas debido a complicaciones respiratorias después de haber superado la Covid-19. Tras haber recibido el alta, su situación se complicó de nuevo y fue ingresado otra vez hace dos días.

Iniciado en la abogacía a principios de los 70 en la capital catalana, desempeñó una larga carrera profesional, que destacó por algunos casos mediáticos como la defensa del juez Javier Gómez de Liaño o la representación de Violeta Friedman, víctima del Holocausto, contra el general de las SS y negacionista del genocidio judío León Degrelle. También fue el abogado de Camilo José Cela durante años.

Residente en Madrid desde principios de los 80 (aunque durante los últimos años volvió a vivir en Barcelona), el letrado fue una persona clave en la denuncia de la contabilidad paralela del Partido Popular: fotocopió los llamados 'papeles de Bárcenas' cuando el extesorero del PP Luis Bárcenas se los entregó y posteriormente los transmitió a El País, que los publicó en febrero de 2013.

Trías siempre defendió que había cumplido con el “deber” que tiene tiene todo ciudadano de denunciar “irregularidades manifiestas”. La revelación le costó su hasta entonces exitosa carrera como abogado con despacho propio en Madrid. Posteriormente contaría los detalles de la historia en El baile de la corrupción (Ediciones B).

El fallecido fue uno de los primeros abogados en quien Bárcenas se apoyó tras su imputación en la Gürtel y participó también en su estrategia ante la prensa cuando el tesorero se vio acorralado. Fue Trías quien se ocupó de gestionar una serie de encuentros “off the record” en el hotel Santo Mauro de Madrid entre el extesorero del PP y periodistas de distintos medios de comunicación. La relación entre ambos, sin embargo, se enfrió y durante el juicio de los papeles de Bárcenas mantuvieron versiones contrapuestas.

Nacido en una de las familias ilustres de la burguesía barcelonesa, el letrado catalán fue hijo del abogado y político Carlos Trías Bertrán y hermano del reputado filósofo Eugenio Trías. Fue autor de varios libros jurídicos, de análisis político así como de obras literarias y de poesía. También escribió habitualmente en prensa: durante casi cuatro décadas en ABC y desde 2012 en El País.

Su trayectoria política como diputado por Barcelona en el Congreso fue corta: duró solo cuatro años entre 1996 y 2000 durante el primer mandato de José María Aznar. Su relación con el partido acabó de manera tortuosa después de la publicación de la contabilidad en B de la formación conservadora, que según él le sometió a un “acoso terrible” durante los últimos años.

“Primero empezaron a publicarse artículos y opiniones difamatorias sobre mi persona”, escribió en El País. “Se me acusó de bipolar, arribista, resentido, ambicioso y traidor. Poco a poco el silencio profesional se fue adensando. Los teléfonos dejaron de sonar y muchos de los asuntos que llevaba desaparecieron de mi cartera. Financieramente acorralado tuve que cerrar mi despacho y trasladarlo a mi domicilio”. 

Luis Bárcenas solo sonrió una vez durante las tres horas de declaración que prestó este lunes en el juicio de la caja B del PP. Fue al terminar el segundo bloque las preguntas del fiscal Antonio Romeral cuando éste se refirió a “sus papeles”, en alusión a la contabilidad manuscrita sobre el que se asienta el caso y cuya validez ratificaron sendas sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por la Primera Época de la trama Gürtel. “Los papeles del PP, sí”, corrigió Bárcenas al representante del Ministerio Público en dos ocasiones. 

Romeral dedicó 40 minutos de sus tres horas de interrogatorio a preguntar a Bárcenas por supuestos desajustes entre los papeles que publicó El País y los originales que el propio extesorero y el periodista Pedro J. Ramírez entregaron al juez Pablo Ruz. “O la caja B es verdadera íntegramente o es falsa íntegramente, pero lo que no pueden ser son las dos cosas a la vez porque al final las cantidades van cuadrando y el saldo que hay acaba en el banco”, se adelantó Bárcenas a las preguntas sobre las diferencias entre unos documentos y otros.

Uno de esos desajustes encontrados por el fiscal Romeral afecta al anterior presidente del PP, Mariano Rajoy. Tras el estallido del caso Gürtel, en 2009, Álvaro Lapuerta le pidió documentación para subir a hablar con Rajoy. En ese papel aparece un pago de 10.000 euros al expresidente que no está en las fotocopias de El País. Bárcenas primero dijo desconocer a qué se podía deber y luego admitió que, sin variar las cantidades entregadas en sobresueldos, hizo que constara en esa copia “sin validez alguna” el nombre de Rajoy porque Lapuerta “quería que apareciera como perceptor y se viera retratado en el papel que iba a recibir”.

“Entiendo que pasé un pago de la hoja anterior porque al final el saldo cuadra”, afirmó Bárcenas. Ante lo que el fiscal Antonio Romeral contestó: “Ya veremos después porque [el saldo] a veces tampoco cuadra”. En su escrito de acusación, que data de 2015, Romeral da por hecho las aportaciones de dinero negro por los empresarios, afirma que “no se dejó constancia” de ellas en los informes al Tribunal de Cuentas y precisa que esos ingresos y gastos “se llevaban en unas hojas a modo de contabilidad paralela –contabilidad B– que cumplimentaba Luis Bárcenas y supervisaba Álvaro de Lapuerta”.

Contrariedad en las acusaciones populares por la actitud del fiscal

El interrogatorio del fiscal este lunes provocó contrariedad en las acusaciones populares, que fueron muy críticas con el papel del representante de Anticorrupción durante la fase de instrucción cuando, por ejemplo, evitaba preguntar a investigados y testigos. Además, las acusaciones populares no podrán reorientar el interrogatorio al extesorero porque éste ya ha adelantado que se acogerá a su derecho a no contestar solo en el caso de estas. El anuncio de Bárcenas se produce pese a que el pasado 2 de febrero presentó un escrito en la Fiscalía Anticorrupción con su disposición a colaborar en todas las causas de corrupción abiertas al Partido Popular en las que él pueda aportar información.

En el turno de las preguntas del fiscal a Bárcenas apenas fueron mencionados los donantes de esa caja B, una veintena de grandes empresarios que aportaron más de 8 millones de euros en dinero negro al PP. Solo aparecieron cuando hubo que abordar algunos de esos supuestos desajustes y nunca en el caso de los constructores que más ingresaron a la contabilidad paralela del partido. Romeral no preguntó por esas aportaciones pese a que en ellas está el origen de los fondos utilizados para pagar en negro la reforma de la sede de Génova que, en lo referente al último ejercicio no prescrito, el de 2008, es el objeto del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. 

El fiscal Romeral se llegó a interesar por las diferencias de formato de las páginas en unos papeles y otros. Bárcenas explicó que hay documentos “antiguos, de cuando la contabilidad y la caja se llevaban manualmente” y que cuando cambia el formato es su abogada la que por un tiempo lo reproduce en un ordenador “con los mismos conceptos para seguir arrastrando el saldo de las hojas iniciales”

“¿Por qué no le entregó a su letrado todos los documentos en lugar de lo que se hace llegar a Pedro J?”, preguntó en otro momento Romeral. “Porque no tengo facilidad de acceso, porque lo tiene otra persona en su poder y es ella la que le entrega a mi abogado”, respondió Bárcenas. El extesorero repitió en varias ocasiones que las fotocopias publicadas por El País son de los documentos originales que él previamente había entregado a Jorge Trias Sagnier, quien a su vez los hizo llegar al periódico. 

La caja B que recogen los papeles de Bárcenas quedó acreditada en la sentencia de la Audiencia Nacional de la Primera Época de Gürtel que dio pie a la moción de censura que puso fin al Gobierno de Rajoy en 2018. El Partido Popular puso entonces sus esperanzas en el recurso ante el Tribunal Supremo, pero el fallo de este, hecho público el pasado año, recoge: “El Tribunal contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una 'Caja B', o contabilidad 'extracontable', del PP —sobre la que el recurrente (Bárcenas) ostentaba plena capacidad de control y disponibilidad—, como los distintos actos de apoderamiento verificados por este, incluido el uso de 149.600 euros, procedentes de dicho fondo, para adquirir unas acciones de la entidad Libertad Digital”. 

Enrique López era un desconocido para el gran público, un nombre que solo sonaba en los ambientes judiciales, políticos y periodísticos de la capital. Hasta que en la madrugada del 1 de junio de 2014 el alcoholímetro que le pusieron delante dos agentes de policía cuando conducía su moto por el paseo de la Castellana arrojó una tasa de 1,20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera medición; 0,99 en la segunda.

La cifra alcanzada por López triplicaba la permitida –0,25 miligramos– y suponía un delito –al rebasar los 0,60–. Fue condenado a 1.440 euros de multa y a ocho meses de retirada del carné de conducir. Pero lo peor para el juez fueron las consecuencias profesionales. Se había incorporado al Tribunal Constitucional un año antes tras un esfuerzo titánico del PP para colocarlo. Tuvo que dimitir. Duró menos en el cargo que el tiempo que habían invertido los populares en auparlo durante los años de mayoría absoluta de Mariano Rajoy.

El incidente lo colocó en los titulares de los grandes medios, aunque el juez ya arrastraba una carrera de polémicas siempre a la sombra del PP. Durante el Gobierno de José María Aznar, se había colocado en 2001 como portavoz del Consejo General del Poder Judicial. En 2004, con el cambio de Gobierno, decidió erigirse en un pilar más de oposición al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Con el altavoz que le daba ese puesto, el juez hizo campaña activa contra el matrimonio homosexual, contra el Estatut de Catalunya, contra la ley de Violencia de Género o contra la Memoria Histórica. El magistrado complementaba desde el CGPJ los ataques del PP contra las principales iniciativas del Gobierno del PSOE en aquellos meses de manifestaciones con pancartas por el centro de Madrid.

Salió del órgano de Gobierno del Poder Judicial tras la renovación de 2008, pero el PP tenía reservado para él otro importante encargo. En 2010, todas las comunidades autónomas gobernadas por los populares se unieron para presentarlo como candidato al Constitucional. Solo había un problema: no reunía los 10 años de actividad judicial que se exigía a los aspirantes.

El Senado elaboró un informe para vetarlo tras una campaña de presión del PP. “Tengo la plena convicción de que reúno los requisitos” argumentó López, que tuvo que esperar de nuevo su oportunidad. En 2013, el PP consiguió su objetivo pero la peripecia de López en su moto lo frustró un año después, cuando los agentes dieron el alto de madrugada a ese motorista que conducía sin casco y saltándose semáforos en rojo.

Tras la dimisión se replegó a su puesto de magistrado en la Audiencia Nacional. Allí las polémicas a las que ya se había abonado continuaron, ahora con Gürtel como protagonista. Pese a todos sus antecedentes, López formaba inicialmente parte del tribunal que iba a encargarse de juzgar la pieza más importante del caso, la conocida como 'primera época' y por la que el PP acabó condenado a título lucrativo en 2018. Sus propios compañeros lo impidieron.

En octubre de 2015, 18 magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal votaron que López no podía estar en el tribunal de Gürtel. Entendieron que sus vínculos con el PP eran suficientes como para poner en duda su imparcialidad. Lo mismo había dicho la Fiscalía. No solo pesaban los puestos en el CGPJ y el Constitucional a los que le había aupado ese partido; sobre la mesa estaban también sus participaciones en cursos de FAES, la fundación que financiaba el PP y que utilizaba para difundir su ideología y atacar a sus adversarios políticos. En enero de 2016 el Pleno también le apartó del tribunal de la caja B.

Mientras se producían esos movimientos en la Audiencia Nacional sobre Gürtel, López departía habitualmente con el principal implicado en Púnica, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, según el relato de este último. En conversaciones grabadas por la Guardia Civil, González cuenta que comía de vez en cuando con el juez, al que le mostraba su preocupación, por ejemplo, por futuros nombramientos de fiscales. González incluyó a López entre los contactos de los que tirar para tratar de librarse de las investigaciones por corrupción que lo mandaron finalmente a la cárcel.

Antes de dar el salto formal a la política, López tuvo tiempo de protagonizar una nueva polémica como juez. El Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, lo elevó a la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, pero el Supremo tumbó su nombramiento y el de Eloy Velasco porque, nuevamente, no cumplían los requisitos y no eran los candidatos con mejores méritos. El CGPJ se negó a apartarlos y los mantuvo como adscritos a esa Sala, en un conflicto sin precedentes con el Alto Tribunal.

De juez afín al PP a fichar por el PP

Las polémicas contra Zapatero, la pelea del PP por ascenderlo al Constitucional o el consenso entre la mayoría de sus compañeros sobre que no podía juzgar la Gürtel ya le habían colgado la etiqueta de magistrado de cabecera del PP. El partido se encargó de ratificarlo entre agosto de 2019 y enero de 2020. Primero, Isabel Díaz Ayuso lo nombró consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de su nuevo Gobierno; cinco meses después, Pablo Casado lo eligió como secretario de Justicia e Interior del PP.

De aquel puesto desplazó a Rafael Catalá, el exministro de Justicia que había logrado ponerse en contra a todas las asociaciones judiciales, se había enfrentado públicamente a fiscales del caso Púnica, y había sido reprobado por el Congreso. Como responsable de Justicia en el PP, Catalá dejó tras de sí el fiasco de las negociaciones para renovar el CGPJ. Cuando López le sustituyó, dio el salto a Codere, una compañía dedicada al juego y las apuestas.

La “buena relación” que, según fuentes de la dirección del PP, une a López con el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, compañero suyo en el Consejo General del Poder Judicial, llevó a Casado a designarlo como su interlocutor para afrontar la nueva ronda de negociaciones para renovar el CGPJ, que los populares bloquean desde hace años, informa Iñigo Aduriz. López, por parte del PP, y el ministro Campo, por el PSOE, mantienen conversaciones frecuentes y este último dice que ambos han llegado a un acuerdo en el reparto de puestos, aunque el PP mantiene bloqueada esa renovación, cada semana con un argumento distinto.

Como consejero de Justicia de Madrid ha contribuido a la batalla que durante la pandemia libra Ayuso contra el Gobierno central. Ha ejercido de portavoz de las decisiones sanitarias desde el departamento de Justicia de la Comunidad y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de atacar a Madrid para “tapar” sus problemas en Catalunya. También ha criticado la “deslealtad” de Salvador Illa. “El estado de alarma es un atropello constitucional contra la Comunidad y un ataque a los madrileños”, dijo cuando el Gobierno tuvo que intervenir la región ante el descontrol de los casos de coronavirus.

Es una muestra de que Enrique López es hoy uno de los hombres fuertes del Gobierno de Ayuso y sus funciones exceden las de un consejero de Justicia, ejerciendo en la práctica de portavoz del Ejecutivo madrileño en medios de comunicación en los que es habitual verle concediendo entrevistas sobre todo tipo de cuestiones de la administración regional. 

Algunos en el partido han llegado a verle como el posible sucesor de Ayuso, aunque para eso tendría que ser candidato a las próximas elecciones ya que es condición indispensable ser diputado, informa Fátima Caballero. De momento, la presidenta madrileña tiene para López otros planes, que pasan por entregarle más poder dentro del Gobierno regional, en la reducción de consejerías que prepara para cumplir con las exigencias de Vox en la negociación de presupuestos. Ayuso estaría pensando en suprimir la Consejería de Presidencia que dirige en la actualidad María Eugenia Carballedo y sus competencias pasarían a manos del magistrado.

Bárcenas, su última polémica

La última polémica del nuevo hombre fuerte de Ayuso, al cierre de esta edición, ha llegado de la mano, otra vez, por el caso Gürtel. López ha admitido, después de que lo publicase El Mundo, que actuó de intermediario al “poner en contacto” al empresario Agustin de Diego, amigo y emisario del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, y al abogado del PP, Jesús Santos, en 2017. López era entonces juez de la Audiencia Nacional y en aquel momento ese tribunal juzgaba la pieza principal de Gürtel, de la que él había sido apartado.

El hombre fuerte de Casado para los temas judiciales, consejero de Ayuso y con una carrera como juez vinculada siempre al PP, defiende que en esa ocasión no actuaba en nombre del partido, alega que solo presentó a dos amigos suyos y que nunca más supo.

Nuevos papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas apuntan a presuntas irregularidades en el PP de Madrid desde 2003. Los documentos, publicados este domingo por El País, aparecen tres días después de que la Audiencia Nacional rechazara la petición de libertad provisional de Bárcenas, condenado a 33 años y 4 meses de cárcel por su implicación en el caso Gürtel.

Los documentos, que hasta ahora no habían salido a la luz, señalan presuntas irregularidades en la financiación del PP de Esperanza Aguirre durante la campaña electoral de 2003. La expresidenta madrileña llegó al poder de la comunidad ese año gracias a la traición de dos diputados del PSOE, Eduardo Tamayo y Teresa Sáez –conocida como 'tamayazo'–, que impidieron que Rafael Simancas se hiciera con el poder regional.

Hasta ahora, la investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP madrileño se remontaba a la campaña de 2007, investigada en el marco del caso Púnica. Los nuevos papeles publicados este domingo señalan delitos de falsedad electoral y pagos ilegales de mítines a través de las fundaciones Fundescam y FAES, además de pruebas documentales de una caja B del partido en esa primera etapa de Aguirre a la cabeza en la capital.

De acuerdo con la información en poder del extesorero del PP, el partido ocultó más de un millón de euros de gasto en las cuentas facilitadas al Tribunal de Cuentas. En el documento interno sobre el presupuesto de las elecciones autonómicas de 2003, figuran casi 3,5 millones de euros de gasto. En cambio, en el informe entregado a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, los gastos no llegan a los 2,2 millones de euros. Tampoco fueron declaradas al Tribunal de Cuentas, según esta información, donaciones de empresarios al partido regional en 2004.

La vinculación de Fundescam con una supuesta caja B del PP de Madrid reaparece en estos documentos. El uso de esta fundación como instrumento para una financiación irregular del partido ya ha sido señalada por la Guardia Civil en el marco de la trama Púnica. Tanto esta fundación como FAES, de acuerdo con la nueva información, costearon actos de la campaña de 2003.

Sin embargo, ninguno de estos hechos podrá ser llevado a tribunales, ya que los delitos ya habrían prescrito. Por su parte, Esperanza Aguirre ha negado en declaraciones a El País tener conocimiento de que hubiera irregularidades durante esa campaña electoral.

“España suma pero la corrupción resta”. La frase es de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, y ha servido para cerrar la puerta a la propuesta del PP de una coalición para unas posibles nuevas elecciones. Y los hechos parecían darle la razón horas después: el juez de la Púnica imputaba a Aguirre y a Cifuentes en la investigación sobre la financiación ilegal del PP madrileño. No empezaba bien la vuelta al curso político para los populares.

Sin embargo, la situación se enderezó para los intereses del partido apenas dos días después. La sentencia por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas absolvía al partido y a los tres responsables de la formación acusados. El juez atendía así el criterio de la Fiscalía, favorable a no juzgar al PP en aplicación de la doctrina Botín y, si no fuera así, a absolverle. El partido de Casado también se vio asistido por el Ministerio Público al negarse éste a que la vista fuera retransmitida.

Tras el fallo, diferentes dirigentes del partido no tardaron en salir en los medios reivindicando el argumento que habían repetido el día anterior sobre la imputación de las expresidentas madrileñas: la presunción de inocencia de los citados a declarar. Para el secretario general, Teodoro García Egea, la sentencia demostraba que el PP es “honesto”. Su presidente, Pablo Casado, llegó a lamentar el “daño causado” a Alberto Durán, su asesor jurídico; a la extesorera Carmen Flores, aún con responsabilidades en la formación; y al que fuera jefe de sistemas informáticos de la formación, José Manuel Moreno.

De pronto, los dirigentes del PP tenían en su mano la herramienta para intentar amortiguar el impacto de las imputaciones en una causa judicial que investiga la financiación irregular del partido en los años en los que acaparaban todo el poder en Madrid. De ello se sirvió Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz en el Congreso. “Es fundamental esperar a conocer los hechos probados que están en las sentencias antes de prejuzgar en este caso al PP o a las personas cuando se las implica en procedimientos judiciales”, aseguró aludiendo a la vez a la sentencia y a la situación de Aguirre y Cifuentes.

La sentencia, que van a recurrir las acusaciones populares, ha supuesto de este modo un balón de oxígeno argumental para el PP. El martes se reunió por primera vez la nueva dirección del partido y, tras el encuentro, García Egea salió con un guion escrito –España Suma, malos datos del paro, inestabilidad política, etc.– que se vio superado por las imputaciones. El secretario general enarboló un listado con 100 cargos públicos del PP que habían sido imputados y posteriormente absueltos.

Sin embargo, el PP, cuya actual dirección ha intentado sacudirse las acusaciones de corrupción del pasado, cuenta con un calendario que no va a dejar de recordárselo. A ellos, y a sus socios de Gobierno, Ciudadanos. Todo el poder territorial, salvo en Galicia, lo comparte actualmente con el partido de Albert Rivera que puede ver cómo las causas judiciales que tiene abiertas golpean a sus recién formados gobiernos.

Gürtel, Púnica, Lezo, Máster...

Uno de los principales casos es el de la Gürtel, el mayor caso de corrupción que ha afectado al PP en varias comunidades y a nivel nacional. Aunque hay algunas piezas que ya están juzgadas, otras esperan la celebración del juicio. Entre ellas, la que juzgará la caja B del partido.

En el horizonte hay además dos casos puramente madrileños, el ya citado Púnica, pero también Lezo. Las diferentes piezas de estas dos tramas, que estudian la supuesta financiación irregular del PP, se encuentran todavía en la fase de instrucción y seguirán acaparando titulares. Tres expresidentes autonómicos que gobernaron la Comunidad durante quince años se enfrentan ahora a posibles consecuencias penales.

Una de estas expresidentas, Cristina Cifuentes, también tiene pendiente el juicio por el Caso Máster, destapado por eldiario.es el pasado año. La que fuera gran esperanza del PP madrileño tuvo que dimitir del cargo tras las revelaciones sobre las irregularidades de sus estudios en la Universidad Rey Juan Carlos. Se enfrenta a una acusación por falsedad de documento oficial. La Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de prisión.

Sin salir de Madrid, otro de los casos abiertos es el que investiga el agujero en las cuentas públicas de 100 millones de euros para la construcción de la Ciudad de la Justicia, de la que solo se levantó un edificio hoy abandonado. Además, hay otros casos en otras Comunidades como Castilla y León, con Eólica o Enredadera.

Y, de fondo, un tema que, sin estar judicializado, ha abierto el primer cisma en el recién estrenado Gobierno de coalición madrileño: Avalmadrid. Ciudadanos ha apoyado la iniciativa de la izquierda de crear una comisión de investigación sobre las irregularidades en la compañía que apuntan directamente a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que ha criticado la decisión de su socio.

Además, el juez del caso Villarejo mantiene abierta una pieza secreta que investiga el espionaje a Luis Bárcenas en beneficio presuntamente de “dirigentes del Partido Popular”. El próximo martes declarará un testigo clave en el manejo de los fondos reservados durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, los cuatro años que estuvo operativa la brigada política, y es más que previsible la próxima imputación del que fuera número dos de aquel Ministerio del Interior, Francisco Martínez.

El Partido Popular no puede ser condenado por destruir información de su caja B contenida en los ordenadores que había utilizado Luis Bárcenas porque no hay ninguna constancia de que esos discos duros guardaran esa o cualquier otra documentación. Esta es la tesis principal de la sentencia dictada por el juez Eduardo Muñoz de Baena en la que resulta absuelto el PP y los otros tres acusados. El magistrado se explaya para explicar lo que considera incoherencias y falta de fiabilidad del testimonio del extesorero, quien compareció como testigo en la vista porque durante la fase de instrucción ya había renunciado a acusar a su antiguo partido.

“No es coherente que el señor Bárcenas dijera el 15 de julio de 2013 que el pendrive contenía la totalidad de lo almacenado en el Toshiba y que, sin embargo, en las intevenciones en esta causa haya afirmado que quedaron datos en el ordenador; especialmente si se repara en la extrema imprecisión de la respuesta del testigo en el juicio”, escribe en su fallo el titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid. Muñoz de Baena se refiere a la extensa declaración en la que Bárcenas confesó la financiación irregular del PP durante dos décadas ante el juez Pablo Ruz y al pendrive que contenía las anotaciones que la plasman.

“Podría llegar a aceptarse, por más que resulte extraño, que el grado de exactitud del recuerdo se incremente progresivamente con el transcurso de tiempo si, de forma paralela se ha aumentado el esfuerzo memorístico. Lo que ya no puede aceptarse es que el cambio en el relato afecte a aspectos esenciales de una vivencia personal que han tenido que quedar sólidamente fijados en la memoria”, recoge el juez.

El Partido Popular estaba acusado de destruir a conciencia las memorias de dos ordenadores que Bárcenas dejó en la sala que se habilitó tras su “despido en diferido”. Las acusaciones populares, que han anunciado recurso, le atribuyen un delito de daños informáticos porque una persona jurídica no puede responder de encubrimiento, aunque alegan que el fin último del borrado fue obstruir la investigación de la caja B del PP, con lo que rebaten la aplicación de la doctrina Botín.

La Fiscalía, por el contrario, considera que el PP no debía ni ser juzgado porque la acusación popular no está legitimada, de acuerdo con la citada jurisprudencia que el Tribunal Supremo inauguró con el banquero, para acusar en solitario. El juez da la razón al Ministerio Público, pero defiende la celebración del juicio para que la Audiencia Provincial, que resolverá los recursos, pueda pronunciarse en su conjunto.

Luis Bárcenas ha venido defendido que en los discos duros había información relevante sobre la contabilidad de la caja B que no está en poder de la Audiencia Nacional. Llegó a denunciar al Partido Popular por irrumpir en la sala que se le había destinado de la sede de Génova, pero la denuncia fue archivada y el extesorero, tal y como se encarga de recordar el juez, no recurrió ese archivo. “Lo cierto es que, si su interés estaba principal o únicamente volcado en la información digital, no lo exteriorizó ni lo dejó traslucir en modo alguno. No ya en la denuncia policial, sino siquiera en su declaración judicial del 13 de marzo de 2013”, dice ahora el magistrado que ha juzgado el caso de los ordenadores de Bárcenas.

El juez Muñoz de Baena se encarga de recalcar que el hecho de que Bárcenas no resulte creíble sobre lo que guardaban los ordenadores no afecta a la existencia o no de una contabilidad B en el Partido Popular, pendiente de juzgar en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. “El contenido de los equipos durante la primera mitad de 2013, de un lado, y la supuesta contabilidad oculta en el partido, de otro, son hechos independientes entre sí, material y procedimentalmente, del mismo modo que son independientes las valoraciones que puedan hacerse en una y otra causa de las declaraciones del sr. Bárcenas. Por ello, que aquí se estime que su testimonio sobre el contenido de los discos duros no es fiable, es compatible con la eventual credibilidad que se le pudiere otorgar sobre el funcionamiento contable y financiero del Partido Popular”, escribe en su sentencia de absolución al PP.

Bárcenas se sumó a la querella contra el PP en los juzgados de Plaza de Castilla por la destrucción de los ordenadores, pero a dos meses del arranque del juicio de Gürtel decidió retirarse y lo explicó con dos versiones diferentes. Primero, alegó que era una cuestión económica, que su abogado negó, y después que lo hacía para facilitar la gobernabilidad de España. “No sería prudente descartar la posibilidad de que en caso de colisión o de interferencias entre su deber de mostrarse veraz en este procedimiento y su estrategia de defensa en la causa en que ya ha sido acusado [la caja B, pendiente de juicio], hubiera optado por dar prioridad a ésta última. No en vano, en la testifical del señor Bárcenas en el plenario declaró asistido de abogado”, apunta el juez en el fallo.

Esas incoherencias en los dos testimonios de Bárcenas se extienden, según la sentencia, a la titularidad de los ordenadores. El magistrado considera acreditado que uno de los dos terminales pertenecía al Partido Popular y no a Bárcenas y que es imposible determinar con rotundidad a quien pertenece el otro.

La acusación popular no da por buena la sentencia del juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, en la que se absuelve, entre otros, al PP. Por ello, ya se han anunciado recursos contra las conclusiones del magistrado, planteando dudas sobre la argumentación y la valoración de la prueba.

Es el caso de Izquierda Unida, personada en la causa. Desde la formación se critican las “numerosas incongruencias” en las conclusiones de la sentencia. Añaden que el magistrado ha pasado por alto la declaración de varios testigos y de “potentes indicios”. Entienden que si el juez hubiese estimado todos estos hechos la sentencia habría sido condenatoria.

IU critica además la lectura que se hace en este caso de la conocida como doctrina Botín, ya que entiende que la jurisprudencia señala que en casos de relevancia pública no se puede restringir “la participación y la capacidad de acusación” de la acusación popular.

Por último, desde el partido se muestran críticos con la actuación del magistrado durante la vista oral del juicio, cuando se impidió que éste fuera retransmitido. A ello se suman, explican, distintas actuaciones que han probado la “innegable desigualdad de armas” entre la defensa y la acusación. “El PP es el principal beneficiario de esta patente desigualdad en la que se desarrolló el juicio”, apuntan.

Otra de las acusaciones, la realizada por el Observatorio DESC, también ha anunciado que recurrirá la sentencia. “Entendemos que la apreciación de la prueba, por parte del juez no es todo lo racional que cabía esperar”, ha asegurado la abogada Isabel Elbal a través de Twitter.

Elbal critica en especial que se haya “descontextualizado” el momento en el que se produjo la destrucción de los discos duros, justo cuando el juez estaba investigando los graves delitos que afectaban al PP. “Según el juez, los absueltos desconocían el detalle de la investigación de los papeles de Bárcenas”, critica.

La abogada apunta también a que se recurrirá la aplicación de la doctrina Botín en la causa. En este sentido, lamenta que las acusaciones populares, “en solitario”, hayan tenido que recurrir esta solución, en referencia al hecho de que la Fiscalía no apoyase la acusación contra el PP.

La tercera de las acusaciones populares, la ejercida por Adade, todavía no se ha pronunciado sobre un posible recurso a la sentencia.

El Partido Popular y los otros tres procesados en el juicio por los ordenadores de Bárcenas han sido absueltos. El juez exonera al partido por falta de pruebas del delito de daños informáticos que le atribuía la acusación popular porque, escribe en la sentencia, ha quedado probado que uno de los ordenadores pertenecía a la formación política y sobre el otro se desconoce si era del PP o de Luis Bárcenas ni que en los discos duros destruidos hubiera almacenado algún dato o archivo en el momento del borrado. Este es el motivo por el que descarta el delito de daños informáticos.

El juez Eduardo Muñoz de Baena tampoco considera probado que cuando se produjo el proceso de borrado se haya demostrado que los acusados conocía que, de haber existido archivos relevantes en el disco duro, éstos tuvieran un valor económico significativo y no estuvieran a salvo en el pendrive entregado en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 o en otro soporte de almacenamiento, bien conservado por Luis Bárcenas, bien incluido en los servidores de correo corporativo del PP. Por este motivo, en cuanto al delito de encubrimiento, el juzgador aplica el principio ‘in dubio pro reo’.

El juzgador aplica la doctrina Botín únicamente por el delito de daños informáticos y no por el de encubrimiento, pero ha celebrado todo el juicio para que la Audiencia Provincial resuelva en un único acto todo el procedimiento penal si lo estima oportuno, asegura en la resolución. La Audiencia Provincial es la instancia ante la que es recurrible la sentencia del juez Muñoz de Baena.

La Fiscalía reiteró en la vista su oposición a que el Partido Popular sea juzgado por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas en aplicación de la doctrina Botín. En la primera sesión de la vista, la fiscal Carmen Luciáñez aseguró que las acusaciones populares no están legitimadas para acusar al PP porque el delito de daños informáticos no afecta al interés general. Luciáñez defendió la aplicación de la doctrina Botín porque el perjudicado, Luis Bárcenas, retiró la acusación y según la citada jurisprudencia no cabe sentar en el banquillo con solo la acción popular.

Contra ello, las acusaciones populares alegaron que el delito de daños informáticos que se atribuía al PP se cometió en concurso medial con el de encubrimiento, o lo que es lo mismo, que se destruyeron los discos duros para sabotear la investigación judicial de Pablo Ruz. Y ese encubrimiento supone una obstrucción de la acción de la justicia que sí afecta al interés general, por lo que la acusación popular estaba legitimada en el proceso. El delito de encubrimiento no se puede atribuir a una persona jurídica, como es el PP, pero sí a las físicas, caso de los otros tres acusados, quienes también responden por el de daños informáticos.

Además se sentaron en el banquillo el asesor jurídico del partido, Alberto Durán;la que fuera su tesorera Carmen Navarro –ambos personas de la confianza de María Dolores de Cospedal y todavía con puestos de responsabilidad en el partido–; y del que fuera responsable de informática, José Manuel Muñoz de.

Durante el juicio, Bárcenas enmarcó la destrucción de los ordenadores en la operación de la policía política del PP para abortar el caso de la caja B. El extesorero del PP argumentó que destruir dos memorias informáticas es “muy sencillo” si se compara con enviar un falso cura para secuestrar a su familia, que un comisario allane el taller de su esposa, que su chófer fuera captado, que éste clonara sus teléfonos y que unas grabaciones acrediten que la número dos del PP entonces, María Dolores de Cospedal, pidió al policía Villarejo que saboteara el caso Gürtel.

El juicio se abrió con la polémica que suscitó la decisión del juez Muñoz de Baena de impedir la retransmisión de la vista que sentaba por primera vez en la historia a un partido en el banquillo de los acusados. La Fiscalía también se puso ahí del lado de los intereses del PP y rechazó tal posibilidad. [[Aquí puede ver el vídeo con los momentos más destacados de la vista]]

García Egea defiende la “honradez” del PP

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado tras la sentencia que “lo único destruido” es la credibilidad de PSOE y Podemos. “Es lo único que está destruido por completo”, ha dicho García Egea en declaraciones tras conocerse el fallo. El dirigente 'popular' ha añadido que ni esos dos partidos “ni la izquierda” pueden acusar “de nada al PP” y les ha exigido que pidan perdón “si tienen algo de vergüenza” por haber insultado a su partido.

“La Justicia ha dicho que el PP es honrado, sus trabajadores son personas honestas y que mentían y calumniaban aquellos que acusaron falsamente al PP”, ha defendido el número dos de este partido. García Egea ha insistido una vez más en que se debe esperar a la sentencia judicial para opinar y en que se tiene que respetar la presunción de inocencia.

El juicio al Partido Popular por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas ha quedado visto para sentencia. Por primera vez en la historia de España, una formación política se ha sentado en el banquillo de los acusados. El partido de Pablo Casado responde solo por un delito de daños informáticos porque, como persona jurídica, no se le puede atribuir un delito como el de encubrimiento. De éste sí responden los otros tres acusados, altos responsables de la gestión del partido que habrían destruido las pruebas de la financiación irregular del PP que contendrían los discos duros utilizados por el exgerente y antiguo tesorero.

Durante la vista, los acusados y De Cospedal defendieron que en las memorias no había nada. Bárcenas defendió que allí se encontraba documentación que daba continuidad a lo que se ha denominado sus “papeles”, esto es, la contabilidad manuscrita sobre el dinero negro recibido por el partido de empresarios durante más de 20 años. 

Este vídeo aporta las imágenes de la sala de vistas que son incorporadas a la causa. No hay otras. El juez Eduardo Muñoz de Baena, con apoyo de la Fiscalía, negó a los medios de comunicación ejercer el derecho a la información y reproducir las sesiones del juicio. Los ciudadanos no han podido ver a Bárcenas ni a María Dolores de Cospedal declarar como testigos. Ni a la abogada que paga el PP intervenir en representación del partido. Tampoco al responsable legal del PP, Alberto Durán. Ni a la extesorera Carmen Navarro. Ni al jefe de informática, José Manuel Moreno.

El único caso de pagos a la caja B central del Partido Popular a cambio de contratos públicos que sobrevivía en un juzgado ha sido archivado. El juez de la caja B Pablo Ruz envió a un juzgado de Toledo los indicios acerca de una mordida de 200.000 euros destinados a la campaña autonómica de 2007 de María Dolores de Cospedal a cambio de la concesión del contrato de basuras en la ciudad a Sacyr. El juez de instrucción archivó provisionalmente la causa hace dos años y ahora tres jueces de la Audiencia Provincial de Toledo cierran definitivamente la causa en un auto en el que eluden citar a la supuesta receptora final de la mordida, la que fuera presidenta de esa comunidad autónoma y secretaria general del Partido Popular.

“La teoría especulativa que alegan los apelantes para unir a los manejos supuestos del señor Bárcenas y del señor Cañas (el exgerente local) con la mejora del contrato de recogida de residuos sólidos firmado entre el Ayuntamiento de Toledo y SUFI S.A son meras conjeturas aventuradas al socaire de la rivalidad política que carecen de reflejo probatgorio alguno según las diligencias de investigación practicadas”, recoge el auto de la Sección Segunda, al que ha tenido acceso eldiario.es.

A todos los protagonistas de la trama denunciada se les menciona excepto a Cospedal. En el auto, de diez páginas, se dice en un pasaje que los apelantes, las acusaciones populares del caso Bárcenas, alegan que la modificación del contrato de basuras “estuvo motivada en la financiación ilegal de la campaña electoral de la candida del PP a las elecciones municipales convocadas el 2 de abril 2007 (sic)”.

La veintena de empresarios que estuvieron imputados en el caso de la caja B vieron su causa archivada porque la Policía y la Fiscalía nunca pudieron acreditar que el dinero negro que entregaron al PP tuviera como destino la adjudicación de un contrato concreto, esto es, que fueran donaciones finalistas, lo que descarta el delito de cohecho, según el Código Penal. Según Bárcenas, siempre fue así, excepto en un caso, el de las basuras de Toledo y la mordida, ahora descartada por la justicia, de un 3% para la campaña de Cospedal.

Cuando Ruz remitió la causa a Castilla-La Mancha no pasó de aludir a un presunto delito de prevaricación administrativa. Sus indagaciones en la concesión así lo apuntaban. Del posible soborno tenía la declaración de Bárcenas, el recibí de Cañas, 11 citas en su agenda con Luis del Rivero y una más con Cospedal el día antes de que se aprobara la adjudicación. Además de varias contradicciones entre ellos. Del Rivero mintió primero y dijo no haberse reunido con Bárcenas de gerente del PP. Hasta que se publicaron las anotaciones y rectificó. Por su parte, Cañas declaró en la Audiencia Nacional que firmó el recibí, pero nunca recibió el dinero. Lo hizo, adujo, porque Bárcenas le daba miedo. En contra está el testimonio de Cospedal, también ante el juez, al hablar de los 200.000 euros como una transferencia de la tesorería nacional a la local para gastos electorales.

Los tres jueces de Toledo, sin embargo, consideran que “no se da en el presente caso la resolución ilegal, injusta, arbitraria, patente, flagrante y clamorosa o groseramente ilegal que requiere la jurisprudencia”.