elDiario.es ha tenido acceso a varios audios de reuniones y conversaciones celebradas en 2013 y 2017 entre el entonces comisario José Manuel Villarejo y la que en ese momento era secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que demuestran cómo la dirigente política estaba al tanto de las operaciones ilegales de la llamada brigada patriótica. Estas pruebas han estado dos años guardadas en un cajón del juzgado que investigaba la única operación de esta policía patriótica que hasta ahora ha llegado a juicio. 

Con José Manuel Romero, director adjunto y jefe de Política de elDiario.es, ponemos contexto y analizamos la relevancia de estas grabaciones. Con Pedro Águeda, periodista especializado en Tribunales, intentamos responder a la pregunta de por qué estas pruebas han estado guardadas tanto tiempo en un cajón y cuál es la situación actual de Villarejo, símbolo de las cloacas del Estado.

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Juan Miguel Villar Mir (Madrid, 1931), exministro del Gobierno de Carlos Arias Navarro, último Ejecutivo de Franco, y fundador de la constructora OHL y del grupo industrial e inmobiliario Villar Mir ha fallecido este sábado a los 92 años, según han informado fuentes cercanas a Servimedia.

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y licenciado en Derecho, Villar Mir ejerció diversos cargos en la administración pública durante el franquismo. En la Transición, fue nombrado vicepresidente tercero del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Hacienda. Era miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y en 1995 quiso presentarse para ser el presidente del Real Madrid, aunque no lo consiguió y ejerció de vicepresidente. Forjó su imperio empresarial a golpe de compras de compañías en dificultades a precios irrisorios.

Gigante de la construcción salpicado por los escándalos

Es fundador del Grupo Villar Mir, que agrupa diferentes empresas. Entre ellas se encuentra la constructora OHL, un gigante salpicado por escándalos de financiación irregular.

Villar Mir fue uno de los 22 responsables de grandes compañías españolas, la mayoría constructoras, que declararon entre la primavera de 2013 y el invierno de 2014 como imputados ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional después de que sus nombres aparecieran en los ‘papeles de Bárcenas’ como donantes de dinero negro al PP cuando este gobernaba y les otorgaba grandes adjudicaciones.

En marzo de 2015, y pese al laborioso trabajo de un grupo de policías de la UDEF, el caso se vio abocado al archivo. Los indicios de que habían ingresado cantidades no permitidas al PP eran sólidos, pero no así el hecho de que cada entrega fuera a cambio de una adjudicación, requisito para poderles atribuir el delito de cohecho. En 2017 el caso fue reabierto después de la declaración de Francisco Correa en el primer gran juicio de Gürtel y, formalmente, los empresarios volvieron a estar imputados. Hasta que en diciembre de 2022, el juez Santiago Pedraz, el tercero que ha tenido el caso de la caja B, resolviera que no había donde sustentar una prolongación de la investigación.

Abandonó su participación en OHLA

En 2023 el Grupo Villar Mir dejó casi a cero su participación en el capital de OHLA -antigua OHL- ahora controlado por los hermanos mexicanos Amodio, con el traspaso a Tyrus, un fondo acreedor vinculado a la deuda de Villar Mir, de su paquete accionarial del 7%. La operación se cerró por 23,5 millones de euros. Villar Mir, que controlaba su participación en OHLA a través de Inmobiliaria Espacio, se ha quedó entonces con una cartera residual de 6.001 acciones, con un precio de mercado de 3.721 euros.  La familia ponía fin así a una trayectoria de 36 años, desde que en 1987 Juan Miguel Villar Mir comprara a Altos Hornos de Vizcaya la constructora Obrascón y que en 1999 se fundase OHL, pasando a llamarse hace dos años OHLA.

El Goya de Aguirre

Villar Mir compró al marido de Esperanza Aguirre el famoso Goya familiar en un momento en que su marido tenía deudas. Casualmente en el mismo momento, la CAM rebajó el grado de protección arquitectónica del complejo Canalejas que había comprado Villar Mir para hacer un megaproyecto hotelero-comercial. El Goya se acabó protegiendo después porque esa venta hubiera tenido que conocerse si era obra protegida, como corresponde en estos casos.

El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido al extesorero del PP Luis Bárcenas el tercer grado penitenciario, que le había sido denegado el 31 de julio del pasado año, según han confirmado fuentes jurídicas a a EFE.

En aquel momento, el juez desestimó la petición de Bárcenas, que ha cumplido más de la mitad de la pena impuesta. El extesorero fue condenado a 29 años de prisión en su primer juicio del 'caso Gürtel', pero con un cumplimiento máximo de 12.

Entonces el juez consideró que no se daban “las características personales y penitenciarias que permitían una vida en semilibertad en atención a la versatilidad delictiva, gravedad de los hechos y lejanía en fechas de cumplimiento”, según el auto.

Hasta ahora, Bárcenas estaba en un régimen de semilibertad que le permitía salir para trabajar y regresar a dormir en el centro de inserción social (CIS) Victoria Kent de Madrid.

El pasado mes de diciembre, Interior aprobó la semilibertad para el extesorero del PP, que ingresó en prisión preventiva a mediados de 2013 y la abandonó bajo fianza en 2015, para regresar posteriormente en mayo de 2018.

El extesorero del PP disfruta de permisos desde marzo de 2021 y ha participado en un programa de reinserción de delincuentes económicos.

Precisamente el mismo día que le fue denegado el tercer grado a Bárcenas, el juez concedió la semilibertad a su esposa, Rosalía Iglesias, condenada a casi trece años por el mismo caso.

Con la aprobación del tercer grado, Bárcenas podrá elevar el número de días de permiso (hasta 48 días al año) y aspirar en septiembre a la libertad condicional, al cumplir las dos terceras partes de su condena a 29 años y un mes por el 'caso Gürtel'.

El tribunal estableció que el tiempo máximo de cumplimiento sería 12 años, que se corresponde con el triple de la pena más alta impuesta, en este caso, la de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

“La libretita... sería mejor poderla parar”. Según ha revelado el diario El País este lunes, esas fueron las palabras que María Dolores de Cospedal dirigió por teléfono a José Manuel Villarejo el 20 de enero de 2013 sin saber que estaba siendo grabada. En ese momento ella era presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular, que gobernaba España con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Hasta la fecha, la Audiencia Nacional ha concluido que diversos mandos del Ministerio del Interior conspiraron para sacar de la circulación grabaciones comprometedoras que Luis Bárcenas tenía sobre líderes del PP. Este nuevo documento amplía el foco a los papeles del tesorero en un caso en el que Cospedal ha conseguido de momento evitar el banquillo.

El juez Manuel García-Castellón zanjó la investigación de la operación Kitchen, un entramado parapolicial que trataba de borrar pruebas de corrupción contra el partido, en julio del año pasado. Un auto en el que daba por demostrado que Sergio Ríos, chófer de la esposa de Luis Bárcenas, fue captado por un grupo de altos mandos del Ministerio del Interior, que por orden del ministro Jorge Fernández Díaz habrían decidido deshacerse de grabaciones que el extesorero guardaba a modo de minas antipersona contra altos cargos del PP, incluido Mariano Rajoy.

Ese auto fue confirmado posteriormente por la sala de lo penal y dejó fuera del juicio a la única representante de la estructura orgánica de Génova 13: la secretaria general María Dolores de Cospedal. Hasta entonces, el juez no había descartado la implicación de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro: cuando llamó a declarar a la exministra de Defensa, lo hizo porque “su intervención, a través de Andrés Gómez Gordo [un agente de la máxima confianza de la número dos del PP que lo llevó al Gobierno de Castilla la Mancha cuando era presidenta], al parecer pudo ser decisiva” para que el chófer Sergio Ríos aceptara espiar al matrimonio Bárcenas para la cloaca y el PP. Estos indicios, para el juez, desaparecieron cuando Cospedal compareció en el verano de 2021 en la Audiencia Nacional para negar una parte y no acordarse de otras.

Fue exonerada poco después, cuando García-Castellón envió a juicio a la facción policial de la operación y dejó fuera la vertiente más política y vinculada al PP. Habló entonces de la “debilidad” de los argumentos de las acusaciones para incriminar a Cospedal y su marido. Según el magistrado, el material intervenido no demuestra que ella estuviera detrás de la operación. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional lo confirmó hace poco y eso, salvo giro de guion, deja a la exsecretaria general del Partido Popular fuera de peligro de cara al juicio, pese a sus comprometedoras charlas con Villarejo.

El juicio de la operación Kitchen, por tanto, tendrá un trasfondo político pero sólo habrá policías y mandos policiales acusados, incluyendo en este segundo grupo a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y amigo personal de Mariano Rajoy y cargo público del PP desde la década de los ochenta, y a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad y diputado del PP por Madrid hasta hace dos años. Se les atribuyen delitos de descubrimiento de secretos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación entre otros.

Las grabaciones que revela El País este lunes se enmarcan en el mismo momento de pánico en el Partido Popular por lo que Luis Bárcenas, extesorero, tuviese guardado en los cajones como munición para defenderse de lo que pudiera depararle la trama Gürtel, entonces todavía en sus primeros años de investigación. La operación Kitchen fue puesta en marcha en 2013 y la documentación de la causa refleja decenas de seguimientos a Luis Bárcenas y su familia entre julio y octubre de ese año.

Las conversaciones reveladas este lunes tienen lugar unos meses antes, en enero. Cuando el diario El Mundo reflejaba en su portada que “Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP”. Apenas 11 días antes de que El País revelase la contabilidad paralela del extesorero, que ha acabado siendo la piedra angular de las acusaciones en varias piezas del caso Gürtel. Y volvieron a hablar el 26 de abril de ese año cuando la Policía ya elaboraba informes sobre los documentos a petición del juez Pablo Ruz: “Me llama [el ministro] ayer por la noche diciéndome que voy a tener un día para verlo [el informe] hasta que se lo dé al juez, y digo, y para qué me llamas”, afirmó Cospedal.

Estas conversaciones, por tanto, no hablan sobre el dispositivo policial puesto en marcha desde Interior para sustraer grabaciones a Luis Bárcenas, pero tienen lugar apenas unos meses antes de que empezaran los seguimientos tras el reclutamiento de Sergio Ríos para infiltrarlo en el núcleo familiar del tesorero. En esas conversaciones Villarejo especula con varias posibilidades para amortiguar el impacto de la información sobre la caja B del Partido Popular, como ascender a los responsables policiales de los informes que apuntalaron el poder probatorio de los papeles de Bárcenas.

Los audios inéditos

Estas grabaciones abren nuevos caminos en la investigación de las relaciones entre el comisario Villarejo y el Partido Popular, pero no han pasado por manos del juez. Según explica El País, la grabación de estas conversaciones no está contenida en ninguna carpeta del extenso sumario del 'caso Tándem', formado por más de una veintena de piezas separadas. Cientos de grabaciones fueron incautadas en la detención del comisario jubilado pero mucha de esa información permanece, por ahora, encriptada y no es accesible a los investigadores.

Ni el juez ni la sala de lo penal, por tanto, tuvieron esta grabación encima de la mesa a la hora de decidir el cierre de la investigación sobre Kitchen. Tampoco la Fiscalía y las acusaciones populares, que ya entonces estaban convencidas de que Cospedal y su marido promovieron la sustracción de grabaciones a Bárcenas. Está por ver ahora si alguna de las partes mueve ficha después de la revelación pero, en ausencia del archivo original, todo tendrá que hacerse a través del documento que ha publicado El País.

Por ahora ni el juez ni la sala de lo penal se han mostrado muy por la labor de tomar en serio las grabaciones hechas públicas por la prensa que no han podido encontrar en el archivo de Villarejo. “Son unos audios de origen desconocido y por tanto de dudosa fiabilidad”, dijo el juez instructor sobre las conversaciones que afectaban a Cospedal y que fueron publicados por el digital Moncloa.com. Esa charla, alegó entonces García-Castellón, es sólo un fragmento de un total “cuya duración y contexto se ignoran”.

La sala de lo penal también restó credibilidad y peso probatorio a los audios que llegaban con cuentagotas al juzgado, tanto por su forma como por su contenido. “Presenta dudas que las afirmaciones que se recogen en los audios intervenidos sean ciertas cuando algunos pasajes de lo que dice es negado por el mismo en otras grabaciones o por tercero”, dice sobre Villarejo. Esos audios, para la sala de lo penal, no probaban la intervención de Cospedal en la operación Kitchen. Así que respondió negativamente al recurso de Anticorrupción para investigar en este caso a la número dos del PP.

Está por ver, por tanto, el futuro que estas grabaciones hechas públicas este lunes tengan dentro de la Audiencia Nacional. Todo dependerá de si las acusaciones populares o la propia Fiscalía Anticorrupción, que siempre consideró que el caso Kitchen se cerró en falso, deciden ponerlos en conocimiento del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y si el juez entiende que tiene que ver con la causa, si no aportan indicios sobre nada o si merece la pena abrir una nueva instrucción.

El abogado y exdiputado del PP Jorge Trías Sagnier ha fallecido este miércoles en Barcelona, según han confirmado fuentes familiares a elDiario.es. Trías, nacido en 1948 y padre de tres hijas, había estado hospitalizado recientemente durante semanas debido a complicaciones respiratorias después de haber superado la Covid-19. Tras haber recibido el alta, su situación se complicó de nuevo y fue ingresado otra vez hace dos días.

Iniciado en la abogacía a principios de los 70 en la capital catalana, desempeñó una larga carrera profesional, que destacó por algunos casos mediáticos como la defensa del juez Javier Gómez de Liaño o la representación de Violeta Friedman, víctima del Holocausto, contra el general de las SS y negacionista del genocidio judío León Degrelle. También fue el abogado de Camilo José Cela durante años.

Residente en Madrid desde principios de los 80 (aunque durante los últimos años volvió a vivir en Barcelona), el letrado fue una persona clave en la denuncia de la contabilidad paralela del Partido Popular: fotocopió los llamados 'papeles de Bárcenas' cuando el extesorero del PP Luis Bárcenas se los entregó y posteriormente los transmitió a El País, que los publicó en febrero de 2013.

Trías siempre defendió que había cumplido con el “deber” que tiene tiene todo ciudadano de denunciar “irregularidades manifiestas”. La revelación le costó su hasta entonces exitosa carrera como abogado con despacho propio en Madrid. Posteriormente contaría los detalles de la historia en El baile de la corrupción (Ediciones B).

El fallecido fue uno de los primeros abogados en quien Bárcenas se apoyó tras su imputación en la Gürtel y participó también en su estrategia ante la prensa cuando el tesorero se vio acorralado. Fue Trías quien se ocupó de gestionar una serie de encuentros “off the record” en el hotel Santo Mauro de Madrid entre el extesorero del PP y periodistas de distintos medios de comunicación. La relación entre ambos, sin embargo, se enfrió y durante el juicio de los papeles de Bárcenas mantuvieron versiones contrapuestas.

Nacido en una de las familias ilustres de la burguesía barcelonesa, el letrado catalán fue hijo del abogado y político Carlos Trías Bertrán y hermano del reputado filósofo Eugenio Trías. Fue autor de varios libros jurídicos, de análisis político así como de obras literarias y de poesía. También escribió habitualmente en prensa: durante casi cuatro décadas en ABC y desde 2012 en El País.

Su trayectoria política como diputado por Barcelona en el Congreso fue corta: duró solo cuatro años entre 1996 y 2000 durante el primer mandato de José María Aznar. Su relación con el partido acabó de manera tortuosa después de la publicación de la contabilidad en B de la formación conservadora, que según él le sometió a un “acoso terrible” durante los últimos años.

“Primero empezaron a publicarse artículos y opiniones difamatorias sobre mi persona”, escribió en El País. “Se me acusó de bipolar, arribista, resentido, ambicioso y traidor. Poco a poco el silencio profesional se fue adensando. Los teléfonos dejaron de sonar y muchos de los asuntos que llevaba desaparecieron de mi cartera. Financieramente acorralado tuve que cerrar mi despacho y trasladarlo a mi domicilio”. 

Luis Bárcenas solo sonrió una vez durante las tres horas de declaración que prestó este lunes en el juicio de la caja B del PP. Fue al terminar el segundo bloque las preguntas del fiscal Antonio Romeral cuando éste se refirió a “sus papeles”, en alusión a la contabilidad manuscrita sobre el que se asienta el caso y cuya validez ratificaron sendas sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por la Primera Época de la trama Gürtel. “Los papeles del PP, sí”, corrigió Bárcenas al representante del Ministerio Público en dos ocasiones. 

Romeral dedicó 40 minutos de sus tres horas de interrogatorio a preguntar a Bárcenas por supuestos desajustes entre los papeles que publicó El País y los originales que el propio extesorero y el periodista Pedro J. Ramírez entregaron al juez Pablo Ruz. “O la caja B es verdadera íntegramente o es falsa íntegramente, pero lo que no pueden ser son las dos cosas a la vez porque al final las cantidades van cuadrando y el saldo que hay acaba en el banco”, se adelantó Bárcenas a las preguntas sobre las diferencias entre unos documentos y otros.

Uno de esos desajustes encontrados por el fiscal Romeral afecta al anterior presidente del PP, Mariano Rajoy. Tras el estallido del caso Gürtel, en 2009, Álvaro Lapuerta le pidió documentación para subir a hablar con Rajoy. En ese papel aparece un pago de 10.000 euros al expresidente que no está en las fotocopias de El País. Bárcenas primero dijo desconocer a qué se podía deber y luego admitió que, sin variar las cantidades entregadas en sobresueldos, hizo que constara en esa copia “sin validez alguna” el nombre de Rajoy porque Lapuerta “quería que apareciera como perceptor y se viera retratado en el papel que iba a recibir”.

“Entiendo que pasé un pago de la hoja anterior porque al final el saldo cuadra”, afirmó Bárcenas. Ante lo que el fiscal Antonio Romeral contestó: “Ya veremos después porque [el saldo] a veces tampoco cuadra”. En su escrito de acusación, que data de 2015, Romeral da por hecho las aportaciones de dinero negro por los empresarios, afirma que “no se dejó constancia” de ellas en los informes al Tribunal de Cuentas y precisa que esos ingresos y gastos “se llevaban en unas hojas a modo de contabilidad paralela –contabilidad B– que cumplimentaba Luis Bárcenas y supervisaba Álvaro de Lapuerta”.

Contrariedad en las acusaciones populares por la actitud del fiscal

El interrogatorio del fiscal este lunes provocó contrariedad en las acusaciones populares, que fueron muy críticas con el papel del representante de Anticorrupción durante la fase de instrucción cuando, por ejemplo, evitaba preguntar a investigados y testigos. Además, las acusaciones populares no podrán reorientar el interrogatorio al extesorero porque éste ya ha adelantado que se acogerá a su derecho a no contestar solo en el caso de estas. El anuncio de Bárcenas se produce pese a que el pasado 2 de febrero presentó un escrito en la Fiscalía Anticorrupción con su disposición a colaborar en todas las causas de corrupción abiertas al Partido Popular en las que él pueda aportar información.

En el turno de las preguntas del fiscal a Bárcenas apenas fueron mencionados los donantes de esa caja B, una veintena de grandes empresarios que aportaron más de 8 millones de euros en dinero negro al PP. Solo aparecieron cuando hubo que abordar algunos de esos supuestos desajustes y nunca en el caso de los constructores que más ingresaron a la contabilidad paralela del partido. Romeral no preguntó por esas aportaciones pese a que en ellas está el origen de los fondos utilizados para pagar en negro la reforma de la sede de Génova que, en lo referente al último ejercicio no prescrito, el de 2008, es el objeto del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. 

El fiscal Romeral se llegó a interesar por las diferencias de formato de las páginas en unos papeles y otros. Bárcenas explicó que hay documentos “antiguos, de cuando la contabilidad y la caja se llevaban manualmente” y que cuando cambia el formato es su abogada la que por un tiempo lo reproduce en un ordenador “con los mismos conceptos para seguir arrastrando el saldo de las hojas iniciales”

“¿Por qué no le entregó a su letrado todos los documentos en lugar de lo que se hace llegar a Pedro J?”, preguntó en otro momento Romeral. “Porque no tengo facilidad de acceso, porque lo tiene otra persona en su poder y es ella la que le entrega a mi abogado”, respondió Bárcenas. El extesorero repitió en varias ocasiones que las fotocopias publicadas por El País son de los documentos originales que él previamente había entregado a Jorge Trias Sagnier, quien a su vez los hizo llegar al periódico. 

La caja B que recogen los papeles de Bárcenas quedó acreditada en la sentencia de la Audiencia Nacional de la Primera Época de Gürtel que dio pie a la moción de censura que puso fin al Gobierno de Rajoy en 2018. El Partido Popular puso entonces sus esperanzas en el recurso ante el Tribunal Supremo, pero el fallo de este, hecho público el pasado año, recoge: “El Tribunal contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una 'Caja B', o contabilidad 'extracontable', del PP —sobre la que el recurrente (Bárcenas) ostentaba plena capacidad de control y disponibilidad—, como los distintos actos de apoderamiento verificados por este, incluido el uso de 149.600 euros, procedentes de dicho fondo, para adquirir unas acciones de la entidad Libertad Digital”. 

Enrique López era un desconocido para el gran público, un nombre que solo sonaba en los ambientes judiciales, políticos y periodísticos de la capital. Hasta que en la madrugada del 1 de junio de 2014 el alcoholímetro que le pusieron delante dos agentes de policía cuando conducía su moto por el paseo de la Castellana arrojó una tasa de 1,20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera medición; 0,99 en la segunda.

La cifra alcanzada por López triplicaba la permitida –0,25 miligramos– y suponía un delito –al rebasar los 0,60–. Fue condenado a 1.440 euros de multa y a ocho meses de retirada del carné de conducir. Pero lo peor para el juez fueron las consecuencias profesionales. Se había incorporado al Tribunal Constitucional un año antes tras un esfuerzo titánico del PP para colocarlo. Tuvo que dimitir. Duró menos en el cargo que el tiempo que habían invertido los populares en auparlo durante los años de mayoría absoluta de Mariano Rajoy.

El incidente lo colocó en los titulares de los grandes medios, aunque el juez ya arrastraba una carrera de polémicas siempre a la sombra del PP. Durante el Gobierno de José María Aznar, se había colocado en 2001 como portavoz del Consejo General del Poder Judicial. En 2004, con el cambio de Gobierno, decidió erigirse en un pilar más de oposición al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Con el altavoz que le daba ese puesto, el juez hizo campaña activa contra el matrimonio homosexual, contra el Estatut de Catalunya, contra la ley de Violencia de Género o contra la Memoria Histórica. El magistrado complementaba desde el CGPJ los ataques del PP contra las principales iniciativas del Gobierno del PSOE en aquellos meses de manifestaciones con pancartas por el centro de Madrid.

Salió del órgano de Gobierno del Poder Judicial tras la renovación de 2008, pero el PP tenía reservado para él otro importante encargo. En 2010, todas las comunidades autónomas gobernadas por los populares se unieron para presentarlo como candidato al Constitucional. Solo había un problema: no reunía los 10 años de actividad judicial que se exigía a los aspirantes.

El Senado elaboró un informe para vetarlo tras una campaña de presión del PP. “Tengo la plena convicción de que reúno los requisitos” argumentó López, que tuvo que esperar de nuevo su oportunidad. En 2013, el PP consiguió su objetivo pero la peripecia de López en su moto lo frustró un año después, cuando los agentes dieron el alto de madrugada a ese motorista que conducía sin casco y saltándose semáforos en rojo.

Tras la dimisión se replegó a su puesto de magistrado en la Audiencia Nacional. Allí las polémicas a las que ya se había abonado continuaron, ahora con Gürtel como protagonista. Pese a todos sus antecedentes, López formaba inicialmente parte del tribunal que iba a encargarse de juzgar la pieza más importante del caso, la conocida como 'primera época' y por la que el PP acabó condenado a título lucrativo en 2018. Sus propios compañeros lo impidieron.

En octubre de 2015, 18 magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal votaron que López no podía estar en el tribunal de Gürtel. Entendieron que sus vínculos con el PP eran suficientes como para poner en duda su imparcialidad. Lo mismo había dicho la Fiscalía. No solo pesaban los puestos en el CGPJ y el Constitucional a los que le había aupado ese partido; sobre la mesa estaban también sus participaciones en cursos de FAES, la fundación que financiaba el PP y que utilizaba para difundir su ideología y atacar a sus adversarios políticos. En enero de 2016 el Pleno también le apartó del tribunal de la caja B.

Mientras se producían esos movimientos en la Audiencia Nacional sobre Gürtel, López departía habitualmente con el principal implicado en Púnica, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, según el relato de este último. En conversaciones grabadas por la Guardia Civil, González cuenta que comía de vez en cuando con el juez, al que le mostraba su preocupación, por ejemplo, por futuros nombramientos de fiscales. González incluyó a López entre los contactos de los que tirar para tratar de librarse de las investigaciones por corrupción que lo mandaron finalmente a la cárcel.

Antes de dar el salto formal a la política, López tuvo tiempo de protagonizar una nueva polémica como juez. El Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, lo elevó a la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, pero el Supremo tumbó su nombramiento y el de Eloy Velasco porque, nuevamente, no cumplían los requisitos y no eran los candidatos con mejores méritos. El CGPJ se negó a apartarlos y los mantuvo como adscritos a esa Sala, en un conflicto sin precedentes con el Alto Tribunal.

De juez afín al PP a fichar por el PP

Las polémicas contra Zapatero, la pelea del PP por ascenderlo al Constitucional o el consenso entre la mayoría de sus compañeros sobre que no podía juzgar la Gürtel ya le habían colgado la etiqueta de magistrado de cabecera del PP. El partido se encargó de ratificarlo entre agosto de 2019 y enero de 2020. Primero, Isabel Díaz Ayuso lo nombró consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de su nuevo Gobierno; cinco meses después, Pablo Casado lo eligió como secretario de Justicia e Interior del PP.

De aquel puesto desplazó a Rafael Catalá, el exministro de Justicia que había logrado ponerse en contra a todas las asociaciones judiciales, se había enfrentado públicamente a fiscales del caso Púnica, y había sido reprobado por el Congreso. Como responsable de Justicia en el PP, Catalá dejó tras de sí el fiasco de las negociaciones para renovar el CGPJ. Cuando López le sustituyó, dio el salto a Codere, una compañía dedicada al juego y las apuestas.

La “buena relación” que, según fuentes de la dirección del PP, une a López con el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, compañero suyo en el Consejo General del Poder Judicial, llevó a Casado a designarlo como su interlocutor para afrontar la nueva ronda de negociaciones para renovar el CGPJ, que los populares bloquean desde hace años, informa Iñigo Aduriz. López, por parte del PP, y el ministro Campo, por el PSOE, mantienen conversaciones frecuentes y este último dice que ambos han llegado a un acuerdo en el reparto de puestos, aunque el PP mantiene bloqueada esa renovación, cada semana con un argumento distinto.

Como consejero de Justicia de Madrid ha contribuido a la batalla que durante la pandemia libra Ayuso contra el Gobierno central. Ha ejercido de portavoz de las decisiones sanitarias desde el departamento de Justicia de la Comunidad y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de atacar a Madrid para “tapar” sus problemas en Catalunya. También ha criticado la “deslealtad” de Salvador Illa. “El estado de alarma es un atropello constitucional contra la Comunidad y un ataque a los madrileños”, dijo cuando el Gobierno tuvo que intervenir la región ante el descontrol de los casos de coronavirus.

Es una muestra de que Enrique López es hoy uno de los hombres fuertes del Gobierno de Ayuso y sus funciones exceden las de un consejero de Justicia, ejerciendo en la práctica de portavoz del Ejecutivo madrileño en medios de comunicación en los que es habitual verle concediendo entrevistas sobre todo tipo de cuestiones de la administración regional. 

Algunos en el partido han llegado a verle como el posible sucesor de Ayuso, aunque para eso tendría que ser candidato a las próximas elecciones ya que es condición indispensable ser diputado, informa Fátima Caballero. De momento, la presidenta madrileña tiene para López otros planes, que pasan por entregarle más poder dentro del Gobierno regional, en la reducción de consejerías que prepara para cumplir con las exigencias de Vox en la negociación de presupuestos. Ayuso estaría pensando en suprimir la Consejería de Presidencia que dirige en la actualidad María Eugenia Carballedo y sus competencias pasarían a manos del magistrado.

Bárcenas, su última polémica

La última polémica del nuevo hombre fuerte de Ayuso, al cierre de esta edición, ha llegado de la mano, otra vez, por el caso Gürtel. López ha admitido, después de que lo publicase El Mundo, que actuó de intermediario al “poner en contacto” al empresario Agustin de Diego, amigo y emisario del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, y al abogado del PP, Jesús Santos, en 2017. López era entonces juez de la Audiencia Nacional y en aquel momento ese tribunal juzgaba la pieza principal de Gürtel, de la que él había sido apartado.

El hombre fuerte de Casado para los temas judiciales, consejero de Ayuso y con una carrera como juez vinculada siempre al PP, defiende que en esa ocasión no actuaba en nombre del partido, alega que solo presentó a dos amigos suyos y que nunca más supo.

Nuevos papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas apuntan a presuntas irregularidades en el PP de Madrid desde 2003. Los documentos, publicados este domingo por El País, aparecen tres días después de que la Audiencia Nacional rechazara la petición de libertad provisional de Bárcenas, condenado a 33 años y 4 meses de cárcel por su implicación en el caso Gürtel.

Los documentos, que hasta ahora no habían salido a la luz, señalan presuntas irregularidades en la financiación del PP de Esperanza Aguirre durante la campaña electoral de 2003. La expresidenta madrileña llegó al poder de la comunidad ese año gracias a la traición de dos diputados del PSOE, Eduardo Tamayo y Teresa Sáez –conocida como 'tamayazo'–, que impidieron que Rafael Simancas se hiciera con el poder regional.

Hasta ahora, la investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP madrileño se remontaba a la campaña de 2007, investigada en el marco del caso Púnica. Los nuevos papeles publicados este domingo señalan delitos de falsedad electoral y pagos ilegales de mítines a través de las fundaciones Fundescam y FAES, además de pruebas documentales de una caja B del partido en esa primera etapa de Aguirre a la cabeza en la capital.

De acuerdo con la información en poder del extesorero del PP, el partido ocultó más de un millón de euros de gasto en las cuentas facilitadas al Tribunal de Cuentas. En el documento interno sobre el presupuesto de las elecciones autonómicas de 2003, figuran casi 3,5 millones de euros de gasto. En cambio, en el informe entregado a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, los gastos no llegan a los 2,2 millones de euros. Tampoco fueron declaradas al Tribunal de Cuentas, según esta información, donaciones de empresarios al partido regional en 2004.

La vinculación de Fundescam con una supuesta caja B del PP de Madrid reaparece en estos documentos. El uso de esta fundación como instrumento para una financiación irregular del partido ya ha sido señalada por la Guardia Civil en el marco de la trama Púnica. Tanto esta fundación como FAES, de acuerdo con la nueva información, costearon actos de la campaña de 2003.

Sin embargo, ninguno de estos hechos podrá ser llevado a tribunales, ya que los delitos ya habrían prescrito. Por su parte, Esperanza Aguirre ha negado en declaraciones a El País tener conocimiento de que hubiera irregularidades durante esa campaña electoral.

“España suma pero la corrupción resta”. La frase es de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, y ha servido para cerrar la puerta a la propuesta del PP de una coalición para unas posibles nuevas elecciones. Y los hechos parecían darle la razón horas después: el juez de la Púnica imputaba a Aguirre y a Cifuentes en la investigación sobre la financiación ilegal del PP madrileño. No empezaba bien la vuelta al curso político para los populares.

Sin embargo, la situación se enderezó para los intereses del partido apenas dos días después. La sentencia por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas absolvía al partido y a los tres responsables de la formación acusados. El juez atendía así el criterio de la Fiscalía, favorable a no juzgar al PP en aplicación de la doctrina Botín y, si no fuera así, a absolverle. El partido de Casado también se vio asistido por el Ministerio Público al negarse éste a que la vista fuera retransmitida.

Tras el fallo, diferentes dirigentes del partido no tardaron en salir en los medios reivindicando el argumento que habían repetido el día anterior sobre la imputación de las expresidentas madrileñas: la presunción de inocencia de los citados a declarar. Para el secretario general, Teodoro García Egea, la sentencia demostraba que el PP es “honesto”. Su presidente, Pablo Casado, llegó a lamentar el “daño causado” a Alberto Durán, su asesor jurídico; a la extesorera Carmen Flores, aún con responsabilidades en la formación; y al que fuera jefe de sistemas informáticos de la formación, José Manuel Moreno.

De pronto, los dirigentes del PP tenían en su mano la herramienta para intentar amortiguar el impacto de las imputaciones en una causa judicial que investiga la financiación irregular del partido en los años en los que acaparaban todo el poder en Madrid. De ello se sirvió Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz en el Congreso. “Es fundamental esperar a conocer los hechos probados que están en las sentencias antes de prejuzgar en este caso al PP o a las personas cuando se las implica en procedimientos judiciales”, aseguró aludiendo a la vez a la sentencia y a la situación de Aguirre y Cifuentes.

La sentencia, que van a recurrir las acusaciones populares, ha supuesto de este modo un balón de oxígeno argumental para el PP. El martes se reunió por primera vez la nueva dirección del partido y, tras el encuentro, García Egea salió con un guion escrito –España Suma, malos datos del paro, inestabilidad política, etc.– que se vio superado por las imputaciones. El secretario general enarboló un listado con 100 cargos públicos del PP que habían sido imputados y posteriormente absueltos.

Sin embargo, el PP, cuya actual dirección ha intentado sacudirse las acusaciones de corrupción del pasado, cuenta con un calendario que no va a dejar de recordárselo. A ellos, y a sus socios de Gobierno, Ciudadanos. Todo el poder territorial, salvo en Galicia, lo comparte actualmente con el partido de Albert Rivera que puede ver cómo las causas judiciales que tiene abiertas golpean a sus recién formados gobiernos.

Gürtel, Púnica, Lezo, Máster...

Uno de los principales casos es el de la Gürtel, el mayor caso de corrupción que ha afectado al PP en varias comunidades y a nivel nacional. Aunque hay algunas piezas que ya están juzgadas, otras esperan la celebración del juicio. Entre ellas, la que juzgará la caja B del partido.

En el horizonte hay además dos casos puramente madrileños, el ya citado Púnica, pero también Lezo. Las diferentes piezas de estas dos tramas, que estudian la supuesta financiación irregular del PP, se encuentran todavía en la fase de instrucción y seguirán acaparando titulares. Tres expresidentes autonómicos que gobernaron la Comunidad durante quince años se enfrentan ahora a posibles consecuencias penales.

Una de estas expresidentas, Cristina Cifuentes, también tiene pendiente el juicio por el Caso Máster, destapado por eldiario.es el pasado año. La que fuera gran esperanza del PP madrileño tuvo que dimitir del cargo tras las revelaciones sobre las irregularidades de sus estudios en la Universidad Rey Juan Carlos. Se enfrenta a una acusación por falsedad de documento oficial. La Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de prisión.

Sin salir de Madrid, otro de los casos abiertos es el que investiga el agujero en las cuentas públicas de 100 millones de euros para la construcción de la Ciudad de la Justicia, de la que solo se levantó un edificio hoy abandonado. Además, hay otros casos en otras Comunidades como Castilla y León, con Eólica o Enredadera.

Y, de fondo, un tema que, sin estar judicializado, ha abierto el primer cisma en el recién estrenado Gobierno de coalición madrileño: Avalmadrid. Ciudadanos ha apoyado la iniciativa de la izquierda de crear una comisión de investigación sobre las irregularidades en la compañía que apuntan directamente a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que ha criticado la decisión de su socio.

Además, el juez del caso Villarejo mantiene abierta una pieza secreta que investiga el espionaje a Luis Bárcenas en beneficio presuntamente de “dirigentes del Partido Popular”. El próximo martes declarará un testigo clave en el manejo de los fondos reservados durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, los cuatro años que estuvo operativa la brigada política, y es más que previsible la próxima imputación del que fuera número dos de aquel Ministerio del Interior, Francisco Martínez.

El Partido Popular no puede ser condenado por destruir información de su caja B contenida en los ordenadores que había utilizado Luis Bárcenas porque no hay ninguna constancia de que esos discos duros guardaran esa o cualquier otra documentación. Esta es la tesis principal de la sentencia dictada por el juez Eduardo Muñoz de Baena en la que resulta absuelto el PP y los otros tres acusados. El magistrado se explaya para explicar lo que considera incoherencias y falta de fiabilidad del testimonio del extesorero, quien compareció como testigo en la vista porque durante la fase de instrucción ya había renunciado a acusar a su antiguo partido.

“No es coherente que el señor Bárcenas dijera el 15 de julio de 2013 que el pendrive contenía la totalidad de lo almacenado en el Toshiba y que, sin embargo, en las intevenciones en esta causa haya afirmado que quedaron datos en el ordenador; especialmente si se repara en la extrema imprecisión de la respuesta del testigo en el juicio”, escribe en su fallo el titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid. Muñoz de Baena se refiere a la extensa declaración en la que Bárcenas confesó la financiación irregular del PP durante dos décadas ante el juez Pablo Ruz y al pendrive que contenía las anotaciones que la plasman.

“Podría llegar a aceptarse, por más que resulte extraño, que el grado de exactitud del recuerdo se incremente progresivamente con el transcurso de tiempo si, de forma paralela se ha aumentado el esfuerzo memorístico. Lo que ya no puede aceptarse es que el cambio en el relato afecte a aspectos esenciales de una vivencia personal que han tenido que quedar sólidamente fijados en la memoria”, recoge el juez.

El Partido Popular estaba acusado de destruir a conciencia las memorias de dos ordenadores que Bárcenas dejó en la sala que se habilitó tras su “despido en diferido”. Las acusaciones populares, que han anunciado recurso, le atribuyen un delito de daños informáticos porque una persona jurídica no puede responder de encubrimiento, aunque alegan que el fin último del borrado fue obstruir la investigación de la caja B del PP, con lo que rebaten la aplicación de la doctrina Botín.

La Fiscalía, por el contrario, considera que el PP no debía ni ser juzgado porque la acusación popular no está legitimada, de acuerdo con la citada jurisprudencia que el Tribunal Supremo inauguró con el banquero, para acusar en solitario. El juez da la razón al Ministerio Público, pero defiende la celebración del juicio para que la Audiencia Provincial, que resolverá los recursos, pueda pronunciarse en su conjunto.

Luis Bárcenas ha venido defendido que en los discos duros había información relevante sobre la contabilidad de la caja B que no está en poder de la Audiencia Nacional. Llegó a denunciar al Partido Popular por irrumpir en la sala que se le había destinado de la sede de Génova, pero la denuncia fue archivada y el extesorero, tal y como se encarga de recordar el juez, no recurrió ese archivo. “Lo cierto es que, si su interés estaba principal o únicamente volcado en la información digital, no lo exteriorizó ni lo dejó traslucir en modo alguno. No ya en la denuncia policial, sino siquiera en su declaración judicial del 13 de marzo de 2013”, dice ahora el magistrado que ha juzgado el caso de los ordenadores de Bárcenas.

El juez Muñoz de Baena se encarga de recalcar que el hecho de que Bárcenas no resulte creíble sobre lo que guardaban los ordenadores no afecta a la existencia o no de una contabilidad B en el Partido Popular, pendiente de juzgar en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. “El contenido de los equipos durante la primera mitad de 2013, de un lado, y la supuesta contabilidad oculta en el partido, de otro, son hechos independientes entre sí, material y procedimentalmente, del mismo modo que son independientes las valoraciones que puedan hacerse en una y otra causa de las declaraciones del sr. Bárcenas. Por ello, que aquí se estime que su testimonio sobre el contenido de los discos duros no es fiable, es compatible con la eventual credibilidad que se le pudiere otorgar sobre el funcionamiento contable y financiero del Partido Popular”, escribe en su sentencia de absolución al PP.

Bárcenas se sumó a la querella contra el PP en los juzgados de Plaza de Castilla por la destrucción de los ordenadores, pero a dos meses del arranque del juicio de Gürtel decidió retirarse y lo explicó con dos versiones diferentes. Primero, alegó que era una cuestión económica, que su abogado negó, y después que lo hacía para facilitar la gobernabilidad de España. “No sería prudente descartar la posibilidad de que en caso de colisión o de interferencias entre su deber de mostrarse veraz en este procedimiento y su estrategia de defensa en la causa en que ya ha sido acusado [la caja B, pendiente de juicio], hubiera optado por dar prioridad a ésta última. No en vano, en la testifical del señor Bárcenas en el plenario declaró asistido de abogado”, apunta el juez en el fallo.

Esas incoherencias en los dos testimonios de Bárcenas se extienden, según la sentencia, a la titularidad de los ordenadores. El magistrado considera acreditado que uno de los dos terminales pertenecía al Partido Popular y no a Bárcenas y que es imposible determinar con rotundidad a quien pertenece el otro.

La acusación popular no da por buena la sentencia del juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, en la que se absuelve, entre otros, al PP. Por ello, ya se han anunciado recursos contra las conclusiones del magistrado, planteando dudas sobre la argumentación y la valoración de la prueba.

Es el caso de Izquierda Unida, personada en la causa. Desde la formación se critican las “numerosas incongruencias” en las conclusiones de la sentencia. Añaden que el magistrado ha pasado por alto la declaración de varios testigos y de “potentes indicios”. Entienden que si el juez hubiese estimado todos estos hechos la sentencia habría sido condenatoria.

IU critica además la lectura que se hace en este caso de la conocida como doctrina Botín, ya que entiende que la jurisprudencia señala que en casos de relevancia pública no se puede restringir “la participación y la capacidad de acusación” de la acusación popular.

Por último, desde el partido se muestran críticos con la actuación del magistrado durante la vista oral del juicio, cuando se impidió que éste fuera retransmitido. A ello se suman, explican, distintas actuaciones que han probado la “innegable desigualdad de armas” entre la defensa y la acusación. “El PP es el principal beneficiario de esta patente desigualdad en la que se desarrolló el juicio”, apuntan.

Otra de las acusaciones, la realizada por el Observatorio DESC, también ha anunciado que recurrirá la sentencia. “Entendemos que la apreciación de la prueba, por parte del juez no es todo lo racional que cabía esperar”, ha asegurado la abogada Isabel Elbal a través de Twitter.

Elbal critica en especial que se haya “descontextualizado” el momento en el que se produjo la destrucción de los discos duros, justo cuando el juez estaba investigando los graves delitos que afectaban al PP. “Según el juez, los absueltos desconocían el detalle de la investigación de los papeles de Bárcenas”, critica.

La abogada apunta también a que se recurrirá la aplicación de la doctrina Botín en la causa. En este sentido, lamenta que las acusaciones populares, “en solitario”, hayan tenido que recurrir esta solución, en referencia al hecho de que la Fiscalía no apoyase la acusación contra el PP.

La tercera de las acusaciones populares, la ejercida por Adade, todavía no se ha pronunciado sobre un posible recurso a la sentencia.

El Partido Popular y los otros tres procesados en el juicio por los ordenadores de Bárcenas han sido absueltos. El juez exonera al partido por falta de pruebas del delito de daños informáticos que le atribuía la acusación popular porque, escribe en la sentencia, ha quedado probado que uno de los ordenadores pertenecía a la formación política y sobre el otro se desconoce si era del PP o de Luis Bárcenas ni que en los discos duros destruidos hubiera almacenado algún dato o archivo en el momento del borrado. Este es el motivo por el que descarta el delito de daños informáticos.

El juez Eduardo Muñoz de Baena tampoco considera probado que cuando se produjo el proceso de borrado se haya demostrado que los acusados conocía que, de haber existido archivos relevantes en el disco duro, éstos tuvieran un valor económico significativo y no estuvieran a salvo en el pendrive entregado en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 o en otro soporte de almacenamiento, bien conservado por Luis Bárcenas, bien incluido en los servidores de correo corporativo del PP. Por este motivo, en cuanto al delito de encubrimiento, el juzgador aplica el principio ‘in dubio pro reo’.

El juzgador aplica la doctrina Botín únicamente por el delito de daños informáticos y no por el de encubrimiento, pero ha celebrado todo el juicio para que la Audiencia Provincial resuelva en un único acto todo el procedimiento penal si lo estima oportuno, asegura en la resolución. La Audiencia Provincial es la instancia ante la que es recurrible la sentencia del juez Muñoz de Baena.

La Fiscalía reiteró en la vista su oposición a que el Partido Popular sea juzgado por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas en aplicación de la doctrina Botín. En la primera sesión de la vista, la fiscal Carmen Luciáñez aseguró que las acusaciones populares no están legitimadas para acusar al PP porque el delito de daños informáticos no afecta al interés general. Luciáñez defendió la aplicación de la doctrina Botín porque el perjudicado, Luis Bárcenas, retiró la acusación y según la citada jurisprudencia no cabe sentar en el banquillo con solo la acción popular.

Contra ello, las acusaciones populares alegaron que el delito de daños informáticos que se atribuía al PP se cometió en concurso medial con el de encubrimiento, o lo que es lo mismo, que se destruyeron los discos duros para sabotear la investigación judicial de Pablo Ruz. Y ese encubrimiento supone una obstrucción de la acción de la justicia que sí afecta al interés general, por lo que la acusación popular estaba legitimada en el proceso. El delito de encubrimiento no se puede atribuir a una persona jurídica, como es el PP, pero sí a las físicas, caso de los otros tres acusados, quienes también responden por el de daños informáticos.

Además se sentaron en el banquillo el asesor jurídico del partido, Alberto Durán;la que fuera su tesorera Carmen Navarro –ambos personas de la confianza de María Dolores de Cospedal y todavía con puestos de responsabilidad en el partido–; y del que fuera responsable de informática, José Manuel Muñoz de.

Durante el juicio, Bárcenas enmarcó la destrucción de los ordenadores en la operación de la policía política del PP para abortar el caso de la caja B. El extesorero del PP argumentó que destruir dos memorias informáticas es “muy sencillo” si se compara con enviar un falso cura para secuestrar a su familia, que un comisario allane el taller de su esposa, que su chófer fuera captado, que éste clonara sus teléfonos y que unas grabaciones acrediten que la número dos del PP entonces, María Dolores de Cospedal, pidió al policía Villarejo que saboteara el caso Gürtel.

El juicio se abrió con la polémica que suscitó la decisión del juez Muñoz de Baena de impedir la retransmisión de la vista que sentaba por primera vez en la historia a un partido en el banquillo de los acusados. La Fiscalía también se puso ahí del lado de los intereses del PP y rechazó tal posibilidad. [[Aquí puede ver el vídeo con los momentos más destacados de la vista]]

García Egea defiende la “honradez” del PP

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado tras la sentencia que “lo único destruido” es la credibilidad de PSOE y Podemos. “Es lo único que está destruido por completo”, ha dicho García Egea en declaraciones tras conocerse el fallo. El dirigente 'popular' ha añadido que ni esos dos partidos “ni la izquierda” pueden acusar “de nada al PP” y les ha exigido que pidan perdón “si tienen algo de vergüenza” por haber insultado a su partido.

“La Justicia ha dicho que el PP es honrado, sus trabajadores son personas honestas y que mentían y calumniaban aquellos que acusaron falsamente al PP”, ha defendido el número dos de este partido. García Egea ha insistido una vez más en que se debe esperar a la sentencia judicial para opinar y en que se tiene que respetar la presunción de inocencia.

El juicio al Partido Popular por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas ha quedado visto para sentencia. Por primera vez en la historia de España, una formación política se ha sentado en el banquillo de los acusados. El partido de Pablo Casado responde solo por un delito de daños informáticos porque, como persona jurídica, no se le puede atribuir un delito como el de encubrimiento. De éste sí responden los otros tres acusados, altos responsables de la gestión del partido que habrían destruido las pruebas de la financiación irregular del PP que contendrían los discos duros utilizados por el exgerente y antiguo tesorero.

Durante la vista, los acusados y De Cospedal defendieron que en las memorias no había nada. Bárcenas defendió que allí se encontraba documentación que daba continuidad a lo que se ha denominado sus “papeles”, esto es, la contabilidad manuscrita sobre el dinero negro recibido por el partido de empresarios durante más de 20 años. 

Este vídeo aporta las imágenes de la sala de vistas que son incorporadas a la causa. No hay otras. El juez Eduardo Muñoz de Baena, con apoyo de la Fiscalía, negó a los medios de comunicación ejercer el derecho a la información y reproducir las sesiones del juicio. Los ciudadanos no han podido ver a Bárcenas ni a María Dolores de Cospedal declarar como testigos. Ni a la abogada que paga el PP intervenir en representación del partido. Tampoco al responsable legal del PP, Alberto Durán. Ni a la extesorera Carmen Navarro. Ni al jefe de informática, José Manuel Moreno.

El único caso de pagos a la caja B central del Partido Popular a cambio de contratos públicos que sobrevivía en un juzgado ha sido archivado. El juez de la caja B Pablo Ruz envió a un juzgado de Toledo los indicios acerca de una mordida de 200.000 euros destinados a la campaña autonómica de 2007 de María Dolores de Cospedal a cambio de la concesión del contrato de basuras en la ciudad a Sacyr. El juez de instrucción archivó provisionalmente la causa hace dos años y ahora tres jueces de la Audiencia Provincial de Toledo cierran definitivamente la causa en un auto en el que eluden citar a la supuesta receptora final de la mordida, la que fuera presidenta de esa comunidad autónoma y secretaria general del Partido Popular.

“La teoría especulativa que alegan los apelantes para unir a los manejos supuestos del señor Bárcenas y del señor Cañas (el exgerente local) con la mejora del contrato de recogida de residuos sólidos firmado entre el Ayuntamiento de Toledo y SUFI S.A son meras conjeturas aventuradas al socaire de la rivalidad política que carecen de reflejo probatgorio alguno según las diligencias de investigación practicadas”, recoge el auto de la Sección Segunda, al que ha tenido acceso eldiario.es.

A todos los protagonistas de la trama denunciada se les menciona excepto a Cospedal. En el auto, de diez páginas, se dice en un pasaje que los apelantes, las acusaciones populares del caso Bárcenas, alegan que la modificación del contrato de basuras “estuvo motivada en la financiación ilegal de la campaña electoral de la candida del PP a las elecciones municipales convocadas el 2 de abril 2007 (sic)”.

La veintena de empresarios que estuvieron imputados en el caso de la caja B vieron su causa archivada porque la Policía y la Fiscalía nunca pudieron acreditar que el dinero negro que entregaron al PP tuviera como destino la adjudicación de un contrato concreto, esto es, que fueran donaciones finalistas, lo que descarta el delito de cohecho, según el Código Penal. Según Bárcenas, siempre fue así, excepto en un caso, el de las basuras de Toledo y la mordida, ahora descartada por la justicia, de un 3% para la campaña de Cospedal.

Cuando Ruz remitió la causa a Castilla-La Mancha no pasó de aludir a un presunto delito de prevaricación administrativa. Sus indagaciones en la concesión así lo apuntaban. Del posible soborno tenía la declaración de Bárcenas, el recibí de Cañas, 11 citas en su agenda con Luis del Rivero y una más con Cospedal el día antes de que se aprobara la adjudicación. Además de varias contradicciones entre ellos. Del Rivero mintió primero y dijo no haberse reunido con Bárcenas de gerente del PP. Hasta que se publicaron las anotaciones y rectificó. Por su parte, Cañas declaró en la Audiencia Nacional que firmó el recibí, pero nunca recibió el dinero. Lo hizo, adujo, porque Bárcenas le daba miedo. En contra está el testimonio de Cospedal, también ante el juez, al hablar de los 200.000 euros como una transferencia de la tesorería nacional a la local para gastos electorales.

Los tres jueces de Toledo, sin embargo, consideran que “no se da en el presente caso la resolución ilegal, injusta, arbitraria, patente, flagrante y clamorosa o groseramente ilegal que requiere la jurisprudencia”.

Luis Bárcenas ha comparecido este jueves como testigo en el juicio de los ordenadores del PP y ha dibujado la línea de puntos que une el caso de la destrucción de los discos duros y la operación de espionaje contra él que investiga la Audiencia Nacional. El extesorero del PP ha argumentado que destruir dos memorias informáticas es “muy sencillo” si se compara con enviar un falso cura para secuestrar a su familia, que un comisario allane el taller de su esposa, que su chófer fuera captado, que éste clonara sus teléfonos y que unas grabaciones acrediten que la número dos del PP pidió al policía Villarejo que saboteara el caso Gürtel.

Todo ello, y la destrucción de los ordenadores, son parte de lo mismo, según Bárcenas: una operación parapolicial para reventar la investigación a la formación para la que trabajó por su financiación irregular durante más de veinte años. “Se suceden un montón de acciones que confluyen en el mismo sentido: hacerse con documentación que me pertenece y amedrentarme”, declaró Bárcenas en la vista. “¿Los ministros del Interior eran del PP, verdad?”, le replicó el abogado Juan Moreno, de Izquierda Unida. “Si”, respondió Bárcenas.

Antes que Bárcenas, declararon los cuatro acusados. Sin cámaras, por decisión del juez Eduardo Muñoz de Baena, había acaecido un hecho histórico: un partido de Gobierno comparecía como acusado ante un tribunal. Los matices de la ley y los requiebros del Partido Popular, sin embargo, descafeinaron la escena. La formación de Pablo Casado es una persona jurídica, a la que no se puede acusar, por tanto, de encubrimiento y solo responde de daños informáticos. Y como persona jurídica debe sentar a un representante en el banquillo. El PP ha optado por que nadie de la formación cumpla con esa función y ha sido la abogada María Masso, del despacho al que paga el partido, la que da la cara por él.

Masso, la gerente Carmen Navarro, el jefe jurídico Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno, todos ellos acusados, han coincidido en la tesis de que los ordenadores se borraron porque eran propiedad del PP y además estaban vacíos. El responsable de informática del partido se expresó así: “Lo que hacemos es mirar si el dispositivo haya contenido o información de un usuario, da igual que sea un directivo o un becario. Realizo búsquedas de ficheros de usuario, una búsqueda ciega. Y los equipos no tienen absolutamente nada, ninguno de los tres (dos portátiles y uno de sobremesa)”.

Según explicó Moreno, el borrado de 35 pasadas que se le aplicó es “un procedimiento estándar” que aplica cualquier empresa nacional o nacional, así como la administración de justicia. Se trata, añadió, de una obligación legal cuyo incumplimiento puede llevar a la apertura de un procedimiento de la Agencia de Protección de Datos, y tiene como fin que otro trabajador pudiera utilizar los ordenadores. El protocolo instaurado en el partido en ese momento así obligaba, señaló igualmente.

Alberto Durán, el asesor legal que había elegido María Dolores de Cospedal, explicó que había esperado a que el Juzgado número 21 de Madrid desestimara la denuncia contra él que había presentado Bárcenas al saber que el partido había entrado en el salón Andalucía, a donde había trasladado sus enseres una vez se produjo el “despido en diferido”, según lo bautizó la entonces secretaria general. En aquel auto se decía que los ordenadores eran del PP. Sin embargo, el informático Moreno afirmó que los ordenadores se borraron en mayo de 2013 cuando la Policía acreditó ante la Audiencia Nacional que el borrado se produjo en julio, seis días después de que Bárcenas ingresara en prisión por primera vez.

En cualquier caso, el PP borró los ordenadores en plena investigación de su caja B, el sistema de financiación con dinero negro de empresarios que luego eran beneficiados por concesiones de las administraciones que controlaba el partido. Esa práctica, según recoge la sentencia de Gürtel que a la postre costó el puesto al presidente del Gobierno Mariano Rajoy, se prolongó durante al menos veinte años.

Bárcenas dijo que la información contenida en una de esas memorias, la del ordenador Toshiba modelo Libretto, contenía documentos que “daban continuidad” a los conocidos como papeles de Bárcenas, los manuscritos que dieron lugar al caso de la caja B. El otro, un Apple, tenía escaneados recibís de donaciones de esos empresarios que cebaban la contabilidad paralela del Partido Popular, según el extesorero. “Si los ordenadores no tenían nada, ¿para qué voy a pedir a la Audiencia Nacional que los entregue?, ¿para hacer el ridículo?”, añadió, en respuesta a la abogada de la acusación popular Isabel Elbal.

Los abogados de la defensa y la Fiscalía se han centrado en lo que consideran “contradicciones” de Bárcenas en sus distintas declaraciones en los juzgados, como por ejemplo cuando dijo que los ordenadores tenían contraseña –el informático lo ha negado en el caso del Toshiba por su sistema operativo– o en las fechas en las que pasaba la información de un soporte a otro. Bárcenas ha alegado problemas para recordar algunas cuestiones y ha insistido en que “no hay ninguna alteración” en los documentos que supuestamente almacenó en esos ordenadores.

La fiscal Carmen Luciáñez dejó otra de las anomalías que ha sufrido la causa de la destrucción de los ordenadores desde su inicio. Luciáñez evitó las repreguntas o el tono inquisitivo habitual en el Ministerio Público en los interrogatorios a los acusados. Especialmente significativo fue el practicado al PP en la figura de María Masso. Fueron apenas cinco minutos que dieron pie a Masso a explicarse sobre la supuesta aplicación rigurosa del protocolo informático del PP. Contrastó con las preguntas a Luis Bárcenas, pese a que éste acudió de testigo, insistentes en obtener contradicciones en su testimonio.

La Fiscalía no acusa al PP y se ha posicionado en contra de que se siente en el banquillo. Considera, como su defensa, que debe aplicársele la doctrina Botín porque las acusaciones populares no están legitimadas, según ella, para acusar por un delito de daños informáticos, por mucho que aleguen que ese es un delito medial de encubrimiento y, por tanto, de obstaculización de la acción de la justicia. La fiscal también ha apoyado al juez Muñoz de Baena en su decisión de que no se pudiera filmar la vista.

Las lagunas de Cospedal

Cerró la jornada la declaración de María Dolores de Cospedal, quien mantuvo que no partió de ella la orden de borrar los discos duros y lo encuadró dentro de un procedimiento habitual en el partido. Además, dijo desconocer quién decidió que Bárcenas podía “dejar sus efectos personales” en la Sala Andalucía. “Sé que no partió de mí, pero no sé de quién partió”, aseguró De Cospedal, aquejada de una lesión que le obliga a llevar una ortopedia en la pierna y apoyarse en una muleta. Sí fue ella la persona que le prohibió la entrada en la sede, mientras que la decisión de desalojar el despacho es conjunta con el director de la asesoría. Ambas cosas se deciden cuando “se conoce que esta persona tenía una cuenta en Suiza y cuando ya se ve que esa presunción de inocencia no va a ninguna parte”.

El abogado de Adade, Juan de Justo, preguntó a Cospedal si conoció del borrado de los ordenadores y si lo puso en conocimiento en su momento. La exsecretaria general respondió: “Con todo el respeto, este tema se ha hecho de trascendencia pública con posterioridad a que aquello se realizara, eso [el borrado] se realizó de manera ordinaria y corriente”. La exdirigente calificó a Bárcenas como “esta persona que tiene la mala costumbre de mentir” y sostuvo que los “enfrentamientos” judiciales con él han causado un coste personal y profesional “muy grande”.

Cospedal recurrió en varias ocasiones a su desconocimiento de los detalles, en la línea de otras declaraciones anteriores, y así llegó a afirmar que desconocía si Sergio Ríos, el chófer que Bárcenas utilizó en Génova y después de trabajar para el partido, prestaba servicio al extesorero. Ríos fue captado por la brigada política de la Policía cuando Bárcenas entró en prisión en el verano de 2013 con el fin de que sustrajera documentación al extesorero y su familia “en beneficio de dirigentes del PP”, según afirma indiciariamente el juez del caso Villarejo.

El juez Eduardo Muñoz de Baena ha decidido resolver la aplicación de la doctrina Botín al Partido Popular en la sentencia del caso de los ordenadores de Bárcenas. Esto supone que el PP se siente en el banquillo de los acusados durante toda la vista, algo que su abogado ha intentado evitar en el trámite de las cuestiones previas, que ocupa la primera sesión del juicio.

El Partido Popular ha solicitado que se le aplique la doctrina Botín y no ser siquiera juzgado de un delito de daños informáticos por destruir las memorias informáticas que reclama el extesorero. Alega que el perjudicado, Bárcenas, no acusa, y que tampoco lo hace la Fiscalía. Las acusaciones populares, por tanto, carecerían de legitimidad para ejercer la acusación contra el PP por un delito que no daña el interés general.

El abogado del PP, Jesús Santos, ha pedido al juez que resuelva de inmediato, pero la complejidad del asunto ha motivado que el magistrado decida hacerlo en sentencia. Por tanto, la abogada del despacho Baker & McKenzie María Masso deberá estar sentada toda la vista, representando al PP, al lado de los otros tres acusados. El PP ha resuelto que sea ella y no un miembro del partido quien se siente en el banquillo. La Fiscalía se ha alineado con el PP y considera que no hay motivos para juzgarle en este caso. También pide la absolución para el resto de los acusados.

Estos otros tres acusados lo son por daños informáticos y otro delito de de encubrimiento, que no se puede atribuir al PP por tratarse de una persona jurídica. El encubrimiento si es un delito contra la acción de la justicia, daña al interés general y por eso no es aplicable la doctrina Botín a ellos. Se trata del responsable de su estrategia legal, Alberto Durán; de la que fuera su tesorera Carmen Navarro -ambos personas de la confianza de María Dolores de Cospedal y todavía con puestos de responsabilidad en el partido-; y del que fuera responsable de informática, José Manuel Moreno.

Izquierda Unida, Observatori Desc y Adade, las acusaciones populares, alegan que el delito de daños informáticos se cometió en concurso medial con el de encubrimiento, o lo que es lo mismo, que se destruyeron los discos duros para sabotear la investigación judicial de Pablo Ruz. Y ese encubrimiento supone una obstrucción de la acción de la justicia que sí afecta al interés general.

El abogado del PP, Jesús Santos, ha acusado a las acusaciones populares de tener como “objetivo principal” llegar al juicio con el PP en el banquillo y que los otros tres acusados son “daños colaterales”.

Un juicio sin cámaras

De otro lado, el PP sí ha conseguido su objetivo de que no haya imágenes del juicio más allá de una foto lateral de los acusados. Los ciudadanos, por tanto, no podrán ver en televisión o escuchar en la radio las explicaciones del partido de por qué destruyó con un programa de borrado de 35 pasadas las memorias en las que Bárcenas asegura tenía pruebas de la caja B del PP.

Muñoz de Baena ha vuelto a hacer prevalecer la imagen de lo que él considera “tres personas físicas desconocidas” (entre ellas la tesorera del PP Carmen Navarro) y que los testigos no se contaminen al conocer lo declarado antes en la sala, a pesar de la profusión de medios que van contando lo que ocurre dentro en tiempo real.

“A mi me alivia ver medios de comunicación aquí. Eso es muy positivo. El ciudadano puede comprender mejor el trabajo de los que estamos aquí. Los ciudadanos vienen después a los juicios con menos reparo”, ha comenzado asegurando Muñoz de Baena. A continuación, sin embargo, ha recalcado que la retransmisión o difusión de imágenes “tiene costes para el acusado que no desea que su imagen sea difundida”.

También ha dicho que si el PP fuera el único acusado quizá hubiera tomado otra decisión. Ante su negativa a que los ciudadanos puedan ver declarando a la representante del PP, por ejemplo, sobre el borrado masivo de la memoria de los ordenadores de Bárcenas, las acusaciones populares han recurrido a la Audiencia Provincial e Izquierda Unida ha presentado un escrito de última hora, mientras se resuelve el anterior, para obtener al menos imágenes de la última sesión del juicio. Muñoz de Baena dice que ese día será el turno de última palabra y que los acusados aparecerían nítidamente, con lo que ha reforzado su negativa.

El Partido Popular se convertirá este viernes en la primera formación política en la historia de España que se siente en el banquillo de los acusados. Lo hará por destruir presuntamente pruebas de la financiación irregular que mantuvo durante al menos dos décadas cuando la Audiencia Nacional ya acreditaba indicios de ello. La formación peleará por saltar de ese banquillo 'in extremis' acudiendo a la doctrina Botín, la última maniobra contra una causa de la que intentó expulsar a su magistrada instructora.

Una reforma legal que entró en vigor en 2015 permite que los partidos políticos sean acusados en un proceso penal, pero no por todos los delitos. El Partido Popular será juzgado por daños informáticos, los infligidos a dos discos duros que su extesorero Luis Bárcenas dejó en la sede de Génova y de los que reclama su propiedad y contenido. Esas memorias, según él, albergaban más pruebas de la caja B de la formación.

Los otros tres acusados lo serán por ese delito y otro de encubrimiento, que no se puede atribuir al PP por tratarse de una persona jurídica. Se trata del responsable de su estrategia legal, Alberto Durán; de la que fuera su tesorera Carmen Navarro –ambos personas de la confianza de María Dolores de Cospedal y todavía con puestos de responsabilidad en el partido–; y del que fuera responsable de informática, José Manuel Moreno. Durán ha representado al partido durante todo el proceso, por lo que será la persona que represente a la formación físicamente en el banquillo de los acusados.

En la causa han adquirido una relevancia vital las acusaciones populares, toda vez que la Fiscalía no presenta cargos y el perjudicado, Luis Bárcenas, tampoco, con lo que el PP pretende que se le aplique la doctrina Botín. Según ésta, la acusación popular no puede sostener el proceso por sí sola si el delito que se ha cometido no afecta al común de la sociedad. Contra ello, las acusaciones populares alegan que el delito de daños informáticos se cometió en concurso medial con el de encubrimiento, o lo que es lo mismo, que se destruyeron los discos duros para sabotear la investigación judicial de Pablo Ruz. Y ese encubrimiento supone una obstrucción de la acción de la Justicia que sí afecta al interés general.

La actual responsable de la Fiscalía de Madrid, María Pilar Rodríguez, nombrada con el Gobierno socialista, ha optado por mantener la postura de su predecesor y no acusar al PP. De hecho, el Ministerio Público es proactivo en la causa y ha solicitado la declaración de testigos para demostrar la inocencia del PP. Bárcenas, por su parte, decidió retirar su acusación apenas dos meses antes de que comenzara el juicio del caso Gürtel alegando unas razones que fueron excusas para su abogado. Ejercen la acusación, por tanto, Izquierda Unida, Observatori Desc y Adade.

El abogado del PP, Jesús Santos, el mismo que le representó en el caso Gürtel, planteará la aplicación de la doctrina Botín en la primera sesión del juicio, dedicada a las cuestiones previas. La segunda sesión está prevista para el siguiente jueves, momento en el que se espera que el magistrado Eduardo Muñoz de Baena comunique su decisión al respecto, aunque también podría hacerlo al final de la vista.

Izquierda Unida solicita las penas más duras para los acusados. Al PP le pide 10,9 millones de euros por dos delitos de daños informáticos. A los otros tres acusados les solicita cuatro años y seis meses de prisión por esos dos delitos más otro de encubrimiento. Observatori Desc pide penas de hasta dos años para las personas físicas y que el PP sea suspendido de sus funciones durante seis meses y no pueda recibir donaciones en los siguientes cinco años. Por último, Adade solicita una multa de 109.500 euros para el PP y hasta dos años de cárcel para el resto.

Indicios de sabotaje en la Audiencia Nacional

Ante los indicios del sabotaje a su investigación de la caja B, el juez Pablo Ruz envió la causa a los juzgados de Plaza de Castilla por no ser la Audiencia Nacional competente para investigar ese presunto delito. La jueza de Madrid archivó a petición de la Fiscalía, pero Izquierda Unida y otras acusaciones presentaron una querella, igualmente archivada y recurrida ante la Audiencia de Madrid.

Ahí comenzaron las peripecias del caso. Catorce meses después, en el juzgado se dieron cuenta de que la causa había desaparecido. Gracias a la documentación de la Audiencia Nacional y de las propias acusaciones pudo ser reconstruida. La Audiencia de Madrid ordenó reabrir el caso que ha concluido en el procesamiento del PP y de tres de sus responsables.

Pero entre tanto, el Partido Popular se fijó en la magistrada instructora, Rosa María Freire. Solo lo hizo cuando había finalizado la instrucción y Freire había dictado el auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para delitos castigados con menos de nueve años de cárcel.

Con la recusación de Freire, a la que el PP consideraba próxima al PSOE, los conservadores lograron retrasar el caso nueve meses y ponerlo, durante todo ese tiempo, en manos de la magistrada Carmen Valcarce, la jueza que empantanó durante siete años el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y a la que Francisco Granados plantaba dos besos cuando iba a declarar como investigado en esa causa. Valcarce no adoptó ninguna decisión en esos nueve meses.

La jueza rechazó su propia recusación y deslizó que la argumentación del PP, vinculándola con el exdirigente socialista Álvaro Cuesta, rezumaba machismo. Aseguraba que no tenía con él relación alguna y añadía: “Desconozco si esto significa a ojos del recusante que soy extraordinariamente inteligente o que, por el contrario, soy un instrumento en manos de mentes privilegiadas, seguramente masculinas”.

La Audiencia de Madrid respaldó a Freire. “Ninguna de las circunstancias alegadas, por sí solas ni en conjunto, proyecta desde un punto de vista objetivo y aséptico, la impresión de pérdida de imparcialidad de la Magistrada recusada que tuviese como consecuencia el apartarla del ejercicio de su función constitucional en el caso concreto”, aseguraba el auto de la Sección 23 de la Audiencia de Madrid. El PP basaba su recusación en una información de okdiario.com.

A pocos días del inicio del juicio, una nueva polémica se ha añadido a las anteriores. El magistrado que va a juzgar el caso ha accedido a la pretensión del PP de que no se grabe en vídeo y los medios no puedan tener imágenes. Alega que los acusados no son personajes públicos. La Fiscalía también se ha alineado en esto con el Partido Popular y las acusaciones han recurrido. IU ha presentado un escrito, al que se ha adherido Observatori Desc, para que el juez acceda al menos a retransmitir la primera y última sesión mientras se pronuncia la Audiencia Provincial.

De no modificarse, la decisión implica que los ciudadanos no podrán ver a ninguno de los acusados o testigos narrando la aplicación del sistema informático que incluye 35 borrados de las memorias y la destrucción física posterior de las mismas, sin permiso del extesorero que las había estado utilizando mientras trabajaba en el PP y gestionaba presuntamente su caja B. Para la Fiscalía no ha quedado acreditado cuál era la información que contenía los ordenadores ni que dicha información fuera “relevante” para los hechos que se investigaban. El PP sostiene que los discos duros eran de su propiedad.

El magistado Eduardo Muñoz de Baena ha resuelto que no haya imágenes del primer juicio que sienta en el banquillo a una formación política en la historia de España. El Partido Popular ve así satisfecha su pretensión, apoyada por la Fiscalía, de que los ciudadanos no tengan acceso al contenido íntegro de la vista por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas, donde su extesorero guardaba presuntamente información acerca de la financiación irregular de la formación. No habrá así testimonio audiovisual de los acusados reconociendo que borraron 35 veces las memorias informáticas y que después las destruyeron.

El argumento esgrimido por el juez Muñoz de Baena es que “los tres acusados distintos del Partido Popular, al igual que la mayoría de los testigos y peritos que habrán de intervenir, no son personajes públicos ni de notoriedad pública”. Se enfrenta así el magistrado a innumerables vistas celebradas en Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y, otra vez, el Tribunal Supremo, en las que testigos de notoriedad pública comparten banquillo con otros totalmente desconocidos.

Entre “los tres acusados distintos del Partido Popular” que se sientan en el banquillo está su antigua tesorera, todavía en altas responsabilidades en la formación, María del Carmen Navarro. Tampoco considera el juez que tenga “notoriedad pública” Alberto Durán, director de los servicios jurídicos del partido y, como tal, responsable de la estrategia en todos los relevantes casos que afectan al partido. Durán fue nombrado por María Dolores de Cospedal y habría estado al frente, según las acusaciones, de la decisión de destruir los discos duros que Bárcenas guardaba en la sede de Génova cuando dejó de acudir a la misma. El tercer acusado dirigía el área de informática.

Los tres mencionados están acusados de un delito de daños informáticos y de otro de encubrimiento. De este segundo delito, la Ley no permite acusar a una persona jurídica, pero sí del de daños informáticos, por lo que el Partido Popular se convierte en la primera formación política desde ese cambio en la legislación que se sienta en el banquillo de los acusados. En representación del PP se sentará en el banquillo el responsable jurídico, acusado también como persona física, Alberto Durán.

“Puede haber trascendido su identidad -dice el juez de las tres personas físicas acusadas-, pero no su imagen, por lo que la retransmisión del juicio les puede suponer una exposición pública desproporcionada en relación con la naturaleza de los delitos y la entidad de las penas que son objeto de acusación”. El magistrado podía haber optado por limitar los planos o distorsionar los rostros, pero ha optado por “grabaciones mudas captadas en los momentos previos al inicio de las sesiones, con planos de los acusados posteriores o laterales”.

La prohibición de que entraran cámaras a los juicios acabó en 2004 gracias al impulso de los periodistas de tribunales y de la sentencia del Constitucional que estimó en parte sus recursos contra un fallo del Tribunal Supremo y el acuerdo en la materia del Consejo General del Poder Judicial. El máximo intérprete de la Norma Fundamental estableció que “la prohibición general con reserva de autorización en cada caso” que regía hasta entonces no era “compatible con la legislación reguladora del ejercicio de la libertad de información”, esto es, el artículo 20.4 de la Constitución Española.

Al tiempo, el Constitucional acudía al ejercicio de la “proporcionalidad y de la ponderación” para hacer compatibles los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar, incluso al de la vida y la integridad física y moral, con el derecho a la información que debe regir en la publicidad de la fase oral. En su fallo, el Constitucional hacía afirmaciones tales como que “la imagen enriquece notablemente el contenido del mensaje que se dirige a la formación de una opinión pública”.

Para hacer efectivos esos criterios de “proporcionalidad” y “ponderación”, el Constitucional ya proponía la difusión de imágenes “sólo antes, después y en las pausas de un juicio oral, según las circunstancias del caso; o aplicarse la solución que se conoce como pool (un solo medio, habitualmente público, graba y difunde desinteresadamente al resto); o imponerse la obligación de tratar a posteriori las imágenes obtenidas para digitalizar determinados ámbitos de las mismas, de tal forma que no sean reconocibles determinados rostros…”

En cualquier caso, y esto jusitifica el auto del juez Muñoz de Baena, el Tribunal Constitucional establecía obligatoriamente que “la eventual limitación o prohibición, inicialmente permitida, ha de realizarse de forma expresa en cada caso por el órgano judicial conforme a las exgiencias a las que acaba de hacerse referencia”.

La doctrina del Tribunal Constitucional marca el protocolo de comunicación del Consejo General del Poder Judicial, fechado en 2018. En el mismo, se dice que, “según doctrina constitucional, la regla es el libre acceso de los medios audiovisuales a las salas de vistas” y se recuerda que será el juez quien deba motivar las excepciones y que su decisión será trasladada por los gabinete de comunicación a los medios, tal y como ha hecho el del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Muñoz de Baena alega que ofrecer señal íntegra de lo que ofrece en la sala de vistas, los testigos pueden quedar contaminados por lo que han dicho otros antes delante del juez. La sala del Tribunal Supremo que juzga la causa del 1 de octubre se posicionó en sentido contrario al juez de Madrid y ha permitido la retransmisión de la vista, pese a que el juicio se ha prolongado cuatro meses y por él han pasado cientos de testigos.

Esto ha provocado situaciones como la ocurrida con la declaración del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, al que una de sus respuestas motivó que el tribunal le preguntara si había presenciado el testimonio de la que fuera su número dos en el Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. Rajoy explicó que consulta los diarios digitales. Una fuente jurídica acostumbrar a lidiar con esta polémica resume la colisión entre la ley y la realidad en este caso: “La sociedad digital del siglo XXI ha desbordado la Ley de Enjuiciamiento Criminal del XIX”. La profusión de medios y la inmediatez que el cauce digital ha establecido hacen imposible que un testigo no conozca qué ha ocurrido en la sala casi en tiempo real.

En cuanto a los testigos, a los que alude Muñoz Baena también para prohibir la entrada de cámaras al juicio de los ordenadores de Bárcenas, el Tribunal Supremo ha accedido, en el juicio del procés, a no ofrecer la imagen de aquellos que lo han solicitado en función de su condición, caso de los miembros de las Fuerzas de Seguridad que han declarado en la vista.

Las acusaciones populares recurren

La decisión del juez va a ser recurrida por una de las tres acusaciones populares, Observatori Desc, ante la Audiencia Provincial. A este recurso se va a adherir otra de las acusaciones, Izquierda Unida, que además va a presentar un escrito al juez para que, al menos, autorice a filmar la primera y la última sesión del juicio, han señalado a eldiario.es fuentes de la acción popular. La resolución de la Audiencia de Madrid se demorará más allá del arranque del juicio, establecido para el próximo viernes, toda vez que antes deben pronunciarse las partes. Con la iniciativa del escrito se pretende evitar que el recurso resulte inútil por esta demora.

Los razonamientos del juez dando la razón a las defensas reproducen los que había expuesto en su escrito la Fiscalía de Madrid, que también considera que la causa contra el Partido Popular por la destrucción de los discos duros de Bárcenas debe ser archivada.