El actor Sambou Diaby, conocido por sus papeles en la película y obra de teatro ‘Miñan’ o la película ‘La isla de los faisanes’, ha denunciado a través de sus redes sociales que le han expulsado de un bar en el centro de Bilbao por confundirle con un “mantero” mientras se encontraba con su pareja, la influencer Nahikari Núñez. Según critica la pareja, un camarero se acercó a ellos mientras “tomaban algo” en el establecimiento y le dijo a Diaby que se fuera “que ahí no podía vender”. “Me parece muy grave, porque en este caso él es actor, pero me da igual si fuera barrendero o mantero. ¿Qué pasa, que un mantero no se puede tomar algo?”, lamenta la pareja del actor.

“Yo soy Sabou Diaby y soy actor. Me siento vasco y hago mucho esfuerzo para poder cambiar lo que está pasando hoy en día. Represento a Euskal Herria, hablo euskera casi desde que nací y no creo que por el mero hecho de ser negro tengan derecho a juzgarme o pensar que soy mantero. Pido por favor que la gente recapacite con esos pensamientos. Me siento humillado, me siento decepcionado. Me ha dicho que no puedo vender cosas delante de toda la gente, ha sido una burrada y mi impulso ha sido salir de ahí para no ponerme a discutir. Me esfuerzo mucho para representar que hoy en día existen euskaldunes de mi raza y de otras razas, me esfuerzo para hacer un trabajo, como para que de repente esté tomando algo con mi novia y vengan a decirme que no venda nada”, ha denunciado el actor.

Por el momento, según confirma a este periódico la pareja, no han realizado ninguna denuncia a la Policía, pero sí que han realizado una reclamación en Kontsumobide, un organismo de control del Gobierno vasco, vinculado al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo creado para proteger los derechos de los consumidores.

Desde el restaurante el responsable confiesa a elDiario.es/Euskadi que todo se ha tratado de un “malentendido” y un “error de percepción”. “Todo fue un malentendido y les hemos pedido disculpas. Fue un error de percepción de uno de los camareros, pero por nuestra parte queremos comunicar que estamos muy preocupados y decepcionados con lo ocurrido”, sostiene el responsable del negocio que también ha difundido un mensaje a través de sus redes sociales pidiendo disculpas. “En relación con un incidente ocurrido recientemente en nuestro establecimiento, queremos expresar nuestras más sinceras disculpas. Este comportamiento no refleja nuestros valores y asumimos plena responsabilidad. Hemos pedido disculpas directamente a la persona afectada y estamos implementando medidas obligatorias para todo nuestro equipo, además de revisar nuestros protocolos de atención. Reafirmamos nuestro compromiso con un trato digno, respetuoso e inclusivo para todas las personas”, indica el comunicado.

Hace justo un año, el 29 de diciembre de 2024, Mamouth Bakhoum murió ahogado en el río Gaudalquivir cuando trataba de huir de una patrulla de agentes de la Policía Local. Una fecha marcada en el calendario para su familia y compatriotas que, a lo largo de estos meses, han buscado respuestas por parte de una justicia que se contradice. Mientras la Audiencia de Sevilla conminó la causa definitiva a la “conducta” del varón de 43 años, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había apuntado a la actuación policial como causa del trágico suceso.

Ante esas resoluciones judiciales, Saliou Ndiaye, secretario general de la Asociación de Manteros de Sevilla y presidente de la Asociación de Senegaleses, reitera lo que pidió hace doce meses: una investigación imparcial. “La comunidad tiene una sensación de impotencia e incapacidad, porque se podría haber resuelto todo de otra manera”, señala en atención a este medio. En la ciudad viven sus hermanos, a quienes acompaña en el luto y a los que comprende en esa sensación de incredulidad, casi desencanto, cuando conocieron los autos de la justicia española.

Bakhoum tenía los papeles en regla y era el sostén económico de su esposa, su hija de un año y de sus padres. Vendía 34 camisetas falsas de equipos de fútbol en la Avenida de la Constitución y con dos atillos, apenas vio llegar a la Policía, huyó. Una carrera mortal de poco más de un kilómetro hasta dar con el muelle, donde se tiró al agua y, sin saber nadar y preso de la ofuscación y ansiedad del momento, feneció bajo las aguas. En el vídeo que se difundió, se observa a dos policías que, después de varios minutos, se zambullen para intentar localizarlo mientras los transeúntes que grabaron el momento comentaban “no se ve”, “es que no se ve”.

Denuncia a un parlamentario

La persecución de Bakhoum en aquella tarde de diciembre luego se trasladaría al cuadrilátero político. El pasado 4 de abril, dos agentes de la Policía Judicial entraron de paisano en el Parlamento andaluz y le notificaron al diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, la denuncia por parte de la Fiscalía Superior por un supuesto delito de injurias a la Policía. ¿Por qué se daba tal trámite? El político había participado en una de las concentraciones que se organizaron en la capital hispalense a posteriori del fallecimiento de la víctima, donde cuestionó la actuación policial y agregó que era “un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”.

De esta forma, la muerte de Mamouth llegó al Alto Tribunal de forma colateral. Los jueces no revisaron la actuación policial, sino la denuncia que interpuso la Fiscalía Superior contra el parlamentario. Por una parte, el TSJA avaló la libertad de expresión del diputado y desestimó los argumentos del fiscal, quien acusaba a García de haberse “extralimitado” en su censura a la hora de analizar la actuación los agentes. Al mismo tiempo, el juez ponente, Miguel Pasquau, hizo un relato muy crítico de los hechos y recordó que el senegalés, como otros manteros inmigrantes, falleció como consecuencia de una intervención policial, en un contexto social donde el extranjero sin papeles se encuentra en una situación muy vulnerable.

Se dio por válido el sobreseimiento que el juzgado había dado, no sin antes expresar que se trataba de “un legítimo, aunque a su vez criticable, ejercicio de la libertad de expresión por un diputado dando voz a una reivindicación de carácter político y protestando por una actuación de la policía local sin la que no se habría producido el trágico suceso”, decía textualmente el auto. Por su parte, la Audiencia de Sevilla determinó tres meses más tarde que la actuación de los agentes aquel 29 de diciembre fue “adecuada, prudente y diligente”. Así, se descartaba “indicio alguno” de la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente por parte de los miembros del cuerpo de seguridad, tal y como denunciaba la representación legal de la familia de Mamouth.

En este sentido, cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción 17, en un auto fechado el 15 de abril de este año, logró acceder a las cámaras de seguridad de la zona y describía la intervención de los agentes como “un cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente” desde donde cayó al río y murió. Aun así, se desestimó el recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de 23 de enero por el que se acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones.

“Racismo institucional”

Archivada la causa en agosto de este año, el diputado José Ignacio García reafirmó en declaraciones a este medio que el hombre había fallecido “en el marco de una actuación policial haciendo su trabajo, que era vendedor ambulante”. “Lo importante es que un caso de racismo institucional, violencia policial y represión va a quedar impune y, con este archivo, se le va a lanzar un mensaje muy peligroso a la Policía, que es el mensaje de la impunidad, de que pueden hacer cualquier cosa”, advirtió.

Un año más tarde, Ndiaye solo tiene una demanda: “Pedimos que se aclaren las causas de la muerte, aunque la justicia ha decidido cerrar el asunto y determinar que no lo habían perseguido”. “Se tiró por cuestión de sobrevivir, pero no han querido valorar tampoco las consecuencias de ello”, insiste. El representante de los manteros conoce de primera mano el contexto en el que viven sus compatriotas. Pese a las protestas y a la movilización ciudadana, advierte que viven con “un acoso constante” y continúan sometidos a las mismas trabas administrativas y legales con las que se encontraron una vez pusieron un pie en territorio andaluz.

En 2018 ya sucedió algo similar: el ciudadano senegalés Mame Mbaye Ndiaye, de 34 años, fallecía de un infarto en un calle de Lavapiés perseguido por varios policías municipales. Vendía perfumes en la Plaza Mayor, en el centro de Madrid, y su muerte provocó una respuesta vecinal multitudinaria. Más de 300 personas se concentraron casi al caer la noche en el barrio en protesta por la actuación policial y por la presión, denunciaban, que existían en la zona contra los manteros.

Sin embargo, la migración, como tema mediático candente, presente en cada tertulia política y el dardo más habitual entre los grupos parlamentarios, agrieta cada vez más a la sociedad. Prueba de ello es que, hace tan solo unos días, medio centenar de personas impedían la entrada a la parroquia Verge de Montserrat, como dispositivo gestionado por Cruz Roja, de una quincena de migrantes que habían sido desalojados de un instituto abandonado de Badalona, el B9. Sin saber a dónde ir, con temperaturas frías y sin recursos sociales, estas personas habían sido derivadas al centro que había acordado la Generalitat de Cataluña hasta encontrar una mejor alternativa.

“Hay quien quiere hacer ver que la migración como la causa del problema, y una vez que estás señalado, estás en boca de todo el mundo”, lamenta. Motivo por el que pide un ejercicio crítico por parte de las personas con las que convive en esta metrópoli, cuna de tantas culturas, para que su modus operandi se base en contrastar la información y verificar los datos, en vez de caer en la “manipulación”. Porque, “¿cuál es la voz más escuchada en los medios de comunicación?”, se pregunta, “ellos”, asiente, “aquellos que quieren ganar votos acusando solo a una parte, como los de Vox”.

Con el propósito de encontrar una solución a todo lo sucedido, desde la asociación se han intentado reunir con las instituciones políticas andaluzas. A pesar de los esfuerzos, “no se ha producido ningún efecto, no quieren hacer nada al respecto, a pesar de que está en sus manos”, añade. A la vuelta del período navideño, volverán a organizar otra protesta en recuerdo a la figura de Mamouth Bakhoum y con el fin de señalar y dejar patente la discriminación institucional a la que se enfrenta su colectivo día tras día.

Con el fin de Aste Nagusia, Bilboko Konpartsak, como cada año, ha hecho entrega de su bandera azul, que premia el trabajo a favor de la fiesta, y su bandera marrón que castiga quienes dificultan la realización de las actividades. En esta edición, la bandera azul ha sido para aquellas personas que “refuerzan y sacan adelante el Concurso Gastronómico”, es decir, el jurado, las colaboradoras, las locutoras y, sobre todo, a quienes participan. Por el contrario, la bandera marrón ha sido entregada a la Policía Municipal de Bilbao, como también lo fue tras la Aste Nagusia de 2023.

“Al igual que la bandera azul premia el trabajo realizado a favor de la Aste Nagusia, la bandera marrón se otorga a quienes la obstaculizan, y este año, merecidamente, se la hemos entregado a la Policía Municipal de Bilbao”, han explicado Bilboko Konpartsak en un comunicado. Entre las razones para la concesión de esta bandera, destacan la poca ayuda a la organización de la fiesta y el “acoso al colectivo mantero”. “Nos han puesto trabas a comparseras y trabajadores para entrar y salir de recinto festivo, han acosado al colectivo mantero y, en general, hemos valorado la escasa ayuda que nos han dado. Denunciamos que las personas en situación de calle que dormían en la plaza del Gas fueran desalojadas y enviadas al Arriaga sin ninguna explicación. Esta fue una de las razones para activar por primera vez nuestro protocolo”, han denunciado.

Los hechos que describen desde las comparsas ocurrieron el pasado lunes, cuando un grupo de personas que pertenecen al colectivo de manteros fueron desalojadas de la plaza del Gas del centro de Bilbao, donde han estado durmiendo varios días. Muchas de esas personas viajan hasta la capital vizcaína para vender los productos en fiestas, pero no disponen de una vivienda en la que dormir por lo que pernoctan en las calles durante Aste Nagusia.

A modo de respuesta, el sindicato policial Esan ha acusado a Bilboko Konpartsak de “encubrir y blanquear a los delincuentes que cada año encuentran en su espacio festivo un foco de impunidad donde robar, agredir sexualmente, vender falsificaciones y ofrecer comida en mal estado a la ciudadanía de Bilbao. Todo ello con su connivencia y su apoyo expreso o tácito”, ha mostrado el sindicato en un comunicado en el que ha señalado que “la verdadera labor de la Policía Municipal y la Ertzaintza es la de proteger a las personas y garantizar que las fiestas sean seguras para todos y todas”. “Pretender ridiculizar a quienes trabajan en primera línea frente a esas realidades solo refleja una falta de responsabilidad y un desprecio hacia el conjunto de la sociedad bilbaína”, ha apuntado.

En este sentido, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, preguntado por esta cuestión ha señalado que se trata de “personas que viven en una situación enormemente crítica” pero que “las quejas vecinales han sido relevantes y por eso la Policía ha actuado para levantarles”. “La Policía ha actuado y no ha habido ningún problema; ellos han accedido a levantarse y es verdad que han vuelto y se han vuelto a ir”, ha reconocido, para añadir que, en todo caso, “la Policía va a seguir actuando porque no podemos permitir que se instale un campamento de esa naturaleza en la ciudad”.

Por su parte, Aburto ha querido reconocer el trabajo de la Policía Municipal y de la Ertzaintza que han trabajado para detener “a más de 160 personas, es decir, más de 160 sinvergüenzas, ladrones y agresores detenidos”. “No hemos tenido gravísimos casos de agresiones machistas, racistas u homófobas, y todas aquellas que han sido denunciadas han terminado con la detención del agresor. Todas”, ha declarado Aburto, que ha precisado que en las fiestas de este año se han producido más detenciones con menos delitos denunciados que en la pasada edición.

Sin embargo, desde Bilboko Konpartsak han asegurado que en varias ocasiones han tenido que activar sus protocolos internos por agresiones. “Se han producido agresiones de diversa índole e intensidad: racistas, sexistas, LGTBIQ+fóbicas, verbales, o de las que incluyen violencia física. El pasado jueves, 21, volvimos a activar el protocolo, precisamente tras un ataque LGTBIQ+fóbico muy grave que tuvo lugar la noche anterior. Como consecuencia de ello, la Comisión Mixta de Fiestas convocó una cadena humana y una concentración muy numerosa. La colaboración que recibimos para poner en marcha el protocolo contra las agresiones nos es muy útil. Queremos que los agresores sepan que nos encontraran de frente, así como que las víctimas tengan presente que estaremos a su lado”, han concluido.

Desde el Ayuntamiento de Bilbao han informado de que en total se han registrado 165 detenciones (frente a las 158 de 2024), a falta en ambos casos de los datos del domingo. “Las y los agentes, tanto de paisano como uniformados, han estado muy presentes en toda la ciudad, incidiendo en tareas preventivas e inhibiendo posibles sucesos de gravedad. Los dispositivos de protección conjuntos desplegados por ambos cuerpos en toda la ciudad han hecho especial hincapié en los recintos festivos y de mayor acumulación de gente como Arenal, Casco Viejo, Parque Europa, Abandoibarra, Parque Etxebarria, Txikigune”, han destacado.

En total,1.046 hechos han sido denunciados durante toda Aste Nagusia (1.179 en 2024). De ellos, el 70,26 % (735) corresponden a hurtos; fundamentalmente móviles y carteras. Los robos con intimidación bajan ligeramente con respecto al año pasado, con 83 denuncias de esta tipología en 2025 por 91 en 2024. Se han registrado, además, 13 delitos contra la libertad sexual; y todos se corresponden con tocamientos. “Cabe destacar que, en esta tipología delictiva, prácticamente todos los autores han sido identificados, detenidos y puestos a disposición judicial”, han asegurado desde el Consistorio.

En el ámbito de la seguridad vial, se han registrado 54 accidentes de tráfico: 41 colisiones con daños materiales, 11 colisiones con heridos de escasa consideración y 2 atropellos. Además, se han realizado un total de 384 pruebas de alcoholemia en 23 controles diferentes, resultando 15 positivas; y 44 pruebas de sustancias estupefacientes, dando 6 de ellas positivas. Fruto de todas ellas, se han inmovilizado un total de 15 vehículos.

Por último, en materia de seguridad alimentaria, y ante el peligro que conlleva el consumo de productos perecederos sin ningún tipo de control sanitario, la Policía Municipal de Bilbao ha llevado a cabo decomisos de este tipo de productos requisando 202 kilos de comida en total -el doble del año pasado-. Además, se han retirado otros 20 puestos de venta ambulante no autorizada en los que se han decomisado elementos tales como tabaco, pirotecnia o artesanía.

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha asegurado que el Ayuntamiento “tiene claro que la defensa del comercio local debe ser [un] quehacer diario” y por ello no se puede “permitir que quienes vienen a Aste Nagusia a ejercer la venta ambulante se instalen en un campamento en la ciudad”. Aburto ha respondido a esta cuestión, a requerimiento de los medios, con motivo de su presencia en el concurso gastrónomico de tortilla del Arenal.

Cuestionado en ese sentido por el hecho de que los manteros cuyo campamento en el entorno de la plaza del Gas fue desmantelado este lunes, habían vuelto a instalarse de nuevo en dicho emplazamiento, el alcalde ha dicho entender que se trata de “personas que viven en una situación enormemente crítica” pero que “las quejas vecinales han sido relevantes y por eso la Policía ha actuado para levantarles”. “La Policía ha actuado y no ha habido ningún problema; ellos han accedido a levantarse y es verdad que han vuelto y se han vuelto a ir”, ha reconocido, para añadir que, en todo caso, “la Policía va a seguir actuando porque no podemos permitir que se instale un campamento de esa naturaleza en la ciudad”, según recoge Europa Press.

Bilboko Konpartsak, mientras tanto, ha activado el protocolo contra las agresiones racistas y se concentrará a las 19:00 horas de este martes frente al teatro Arriaga de Bilbao para denunciar la “violencia policial” contra los manteros. En un comunicado, las comparsas de Bilbao han explicado que han decidido activar el protocolo contra las agresiones racistas por la actuación policial “abusiva contra una persona racializada” y por la expulsión de los manteros que dormían en la plaza del Gas. Por ello, han reclamado al Ayuntamiento que ofrezca soluciones “reales y alternativas dignas”, y que garantice herramientas para resolver la situación y que gestione “adecuadamente” la acogida de los manteros y de todas las personas que llegan a Bilbao.

“Bajada de la delincuencia”

Por otro lado, el alcalde ha destacado que, con respecto a las ediciones de 2023 y 2024, y con los datos acumulados en lo que va de Aste Nagusia, “hay una bajada de la delincuencia” que ha cifrado en torno a un 7% menos de delitos, lo que ha calificado de “importante” pero no les puede llevar a “echar las campanas al vuelo” ya que no se ha llegado al ecuador de la semana y hay que tomar el dato “con toda la prudencia que requiere la situación”.

Preguntado por el perfil de los delitos, Aburto ha detallado que se trata “mayoritariamente” de hurtos de móviles, carteras y demás objetos personales. En este sentido, ha confirmado que se llevan recuperados 133 móviles y que aproximadamente una quinta parte de los objetos recuperados y depositados en la oficina de objetos perdidos ya han sido devueltos a sus dueños. Es por ello, que ha pedido no atribuir todos los objetos desaparecidos a la delincuencia porque, en muchos casos, no ha sido que a alguien le hayan robado el móvil o la cartera, sino que lo ha perdido“.

La entrada de dos agentes de la Policía Nacional al despacho de un diputado del Parlamento andaluz, sin que el presidente de la Cámara ni los servicios jurídicos tuvieran constancia de ello, no se ha saldado como algo anecdótico.

A resultas de una petición de amparo de aquel diputado, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, el letrado mayor de la Cámara, Manuel Carrasco, ha elaborado un informe para aclarar cómo sucedió aquello y qué conclusiones sacar. Lo primero que sugiere el informe es que hubo una brecha de seguridad, a la que resta importancia porque fue el propio García quien citó a los agentes en su “lugar de trabajo”.

Pero, acto seguido, el letrado argumenta que este suceso violenta la “inviolabilidad” de la sede legislativa y concluye que no puede volver a repetirse. “No existe el deber de solicitar autorización por parte de los agentes de policía para acceder a la sede de la Cámara. Sin embargo, especialmente de cara a clarificar el protocolo de actuación de cara al futuro, cabe afirmar la obligación de solicitar autorización por parte de los agentes de policía para el acceso a la sede del Parlamento de Andalucía, que se puede deducir de la propia garantía de inviolabilidad de la Cámara, en su faceta de inmunidad de sede”, reza el informe, al que ha tenido acceso este periódico.

Esta, en síntesis, es la conclusión del informe de los servicios jurídicos del Parlamento elaborado a petición de su máximo órgano de dirección, después de que el portavoz de Adelante Andalucía solicitara amparo al presidente de la institución, Jesús Aguirre, tras la visita de dos agentes a su despacho el pasado abril para entregarle una denuncia de la Fiscalía por sus comentarios políticos, que tildó de “libertinaje de expresión”.

Los agentes que entraron en el Parlamento andaluz llevaban consigo la notificación de una querella criminal del teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra García, acusándole de haberse “extralimitado” en su prerrogativa como parlamentario (y en el ejercicio de su libertad de expresión) por las críticas vertidas contra la actuación policial que desembocó en la muerte de Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que fue perseguido por agentes municipales de Sevilla y murió ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre.

La muerte del inmigrante Mamouth Bakhoum causó una ola de protestas civiles en Sevilla. García se unió a una de las concentraciones de la población africana y, desde allí, censuró con dureza la actuación policial y, por esa crítica pública, fue objeto de una querella criminal por parte del Ministerio Público, que le fue notificada en persona en su lugar de trabajo: el Parlamento andaluz.

El portavoz de Adelante habló de “violencia institucional” y el fiscal le acusó de “incitar al odio y la violencia contra la Policía”, le denunció por “injurias” al cuerpo y llego a afearle que, desde su posición como parlamentario, pudo poner en riesgo a los agentes con sus valoraciones políticas.

Sin entrar en el fondo del asunto, el letrado mayor analizó el recorrido desde que el fiscal ordena a la Policía Judicial que notifique la querella al diputado hasta que dos agentes se plantan en las dependencias del grupo parlamentario Adelante Andalucía. Para sus conclusiones, Carrasco se apoya en el propio Reglamento de la Cámara y en el Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento (sobre medidas de seguridad), pero también en aspectos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, más contundentes sobre la “inmunidad de una sede legislativa”.

La ley dice (artículo 548) que un juez “necesitará para la entrada y registro en el Palacio de cualquiera de los Cuerpos Colegisladores la autorización del Presidente respectivo”, un precepto pensado para las Cámaras estatales -Congreso y Senado- pero que el letrado del Parlamento andaluz hace extensible a las comunidades autónomas.

El Código Penal (artículo 499) establece que “la autoridad o funcionario público que quebrantare la inviolabilidad de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, será castigado con las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, sin perjuicio de las que pudieran corresponderle si el hecho constituyera otro delito más grave”.

Petición de amparo al presidente

José Ignacio García pidió protección al presidente de la Cámara tras serle notificada la querella criminal por sus declaraciones públicas en la misma sede parlamentaria, un hecho sin precedentes en la historia parlamentaria. Aguirre encargó dos informes a los letrados: uno para clarificar cómo habían accedido los dos agentes a la sede de la segunda institución de Andalucía, y otro para analizar el alcance de la inmunidad del diputado ante la querella del fiscal. En ambos informes juega un papel fundamental el concepto de “inviolabilidad”, tanto del diputado como del propio edificio legislativo.

El informe jurídico retrata una especie de vacío legal sobre el acceso de los dos agentes al Parlamento y, aunque fue el propio diputado quien les citó allí, el letrado mayor desliza que hubo una brecha de seguridad que permitió a los policías llegar hasta el mismo despacho del grupo parlamentario acompañados de una ujier, sin conocimiento del presidente de la Cámara ni de los servicios jurídicos, que se enteraron cuando García lo hizo público.

El letrado reafirma la competencia de Aguirre para “autorizar la entrada de agentes de policía a la sede de la Cámara” y, añade, “resultaría conveniente también que este hecho se pusiera previamente en conocimiento de Secretaría General del Parlamento”. Es decir, el informe reconoce que tanto el presidente como el letrado mayor debieron ser informados de la presencia de dos policías en el Parlamento para notificar una denuncia a uno de sus diputados.

El documento recoge, a su vez, dos informes solicitados por el letrado mayor tanto al Jefe de la Unidad de Régimen Interior de la Cámara, responsable de su seguridad, y a la propia Policía Judicial que envió a los agentes. Las versiones discrepan en algo sustancial: el primero sostiene que el diputado salió a recoger la notificación y que los agentes no llegaron a pasar de la puerta, concretamente del Patio de los Leones, donde habrían estado “entre 15 y 20 minutos”.

Pero el informe de la Policía dice que los agentes sí fueron conducidos por una ujier hasta las dependencias el grupo Adelante Andalucía, una versión que coincide con la que dio el propio diputado. Es raro que se mantenga esta contradicción de versiones en un informe jurídico, porque un simple visionado a las cámaras de vigilancia que controlan cada rincón del Parlamento podría corroborar los hechos tal como ocurrieron.

Con todo, el letrado mayor resta importancia a esta discrepancia de relatos, porque cree que el hecho clave y que se repite en ambas versiones es que el diputado y los agentes de Policía acordaron la entrega de la notificación de la querella en la propia sede parlamentaria. Esto, dice el informe, “nos lleva a concluir que la entrada de los agentes y la práctica de la notificación no han afectado al funcionamiento libre y eficaz de la institución, cuya preservación constituye el objeto de la garantía de la inviolabilidad de la Cámara”.

Los dos informes del Parlamento se emitieron a principios de junio, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya había dado carpetazo a la querella contra el portavoz de Adelante con un durísimo auto.

Los jueces inadmitieron la querella de la Fiscalía contra García por un supuesto delito de injurias a la Policía Local de Sevilla, un caso que convulsionó el Parlamento autonómico al poner en cuestión la libertad de expresión y la inviolabilidad de la que gozan sus señorías para trasladar sus opiniones políticas fuera de la Cámara. “No hay injurias graves, no hay calumnia, no hay incitación al odio, sino ejercicio de la libertad de expresión que pretende cambios de políticas, legislación o prácticas”, concluyó el auto del juez ponente del TSJA, Miquel Pasquau.

Mientras deliberaban los magistrados, el mismo tema motivó un debate entre los distintos grupos políticos. Las izquierdas defendieron el derecho constitucional del diputado de Adelante para expresar sus opiniones políticas, el PP andaluz, en cambio, se alineó con la tesis del fiscal en defensa del derecho al honor de la Policía, aunque luego el TSJA echó por tierra sus argumentos.

Sobre este mismo asunto también versa el segundo informe encargado a los servicios jurídicos del Parlamento andaluz que, en este caso, elaboró la letrada Cristina Romero. El documento, alineado con el auto que dictaron los jueces del Alto Tribunal andaluz en defensa del portavoz de Adelante, recopila la extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la “inviolabilidad” del parlamentario a expresar sus ideas políticas -“declaraciones de juicio y voluntad”-, dentro y fuera de la Cámara.

“La inviolabilidad, se configura como un límite a la jurisdicción que tiene carácter absoluto, en la medida en que impide la apertura de cualquier clase de proceso o procedimiento que tenga por objeto exigir responsabilidad a los miembros de la Cámara por las opiniones manifestadas y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones”, concluye el informe.

Acostumbrada a los cortes de calles dominicales con motivo de maratones u otros compromisos atléticos, este domingo Barcelona ha vivido una carrera donde el podio era casi lo de menos. La capital catalana ha albergado la primera carrera antirracista de la ciudad, organizada por el colectivo Top Manta. Miles de personas se han calzado las zapatillas para denunciar los “discursos de odio” y la “deriva xenófoba global”.

Según el Sindicato de Manteros, 1.500 personas inscritas y unas 6.000 más sin dorsal han corrido los cinco kilómetros de carrera, un circuito con inicio y final en el centro cívico Cotxeres de Sants, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN). Con consignas antirracistas y propalestinas, participantes y público han llamado a acabar con la guerra en Gaza.

En declaraciones a la prensa en la meta, el portavoz del Top Manta Aziz Faye ha advertido de que el discurso xenófobo de la extrema derecha se está “esparciendo por todas partes” y ha lamentado que el resto de partidos políticos lo estén “comprando”.

Faye ha reivindicado la contribución que han hecho los migrantes al país, especialmente a la hora de proporcionar “servicios básicos” a la sociedad. “Si no fuera por la migración, sencillamente España y Cataluña no funcionarían”, ha remarcado. Los organizadores aseguran que la carrera del Top Manta ha sido la “mayor movilización contra el racismo que se ha hecho en los últimos años en Barcelona”.

El colectivo de manteros había denunciado trabas por parte de las administraciones por organizar la carrera y la limitación a mil de los inscritos. Unos obstáculos que el Sindicato de Manteros ve como “racismo institucional”. Para dar espacio a las personas que se quedaron sin dorsal, los organizadores han abierto una “grada de animación antirracista” con el apoyo del Club Esportiu Europa y la Unió Esportiva Sant Andreu.

El evento coincide con los diez años del Sindicato de Manteros de Barcelona, una asociación que lucha contra las injusticias del sistema de extranjería y que promueve la regularización de personas migrantes y la mejora de las condiciones de vida y trabajo del colectivo.

Según la entidad, más de 200 manteros han podido regularizar su situación administrativa y unos quince trabajan actualmente en sus talleres de costura y serigrafía, que han aprovechado para vender camisetas durante el evento. 

Con el apoyo de varios colectivos y entidades sociales, la carrera ha contado también con la participación de actores, comunicadores, políticos y otras personalidades catalanas. Oleguer Presas, Carlos Cuevas, Miki Esparbé, Marc Giró, Yolanda Sey, Frank T, Wiz Problema, Asaari Bibang, Amada Bokesa, Monina Soumare, David Fernández, Joel Díaz, Magí García, Laura Grau y Alba Riera eran algunos de los presentes en el acto, que ha terminado con actuaciones musicales de Svetlana y Boye

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha inadmitido la querella criminal interpuesta por la Fiscalía contra el diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, por un supuesto delito de injurias a la Policía Local de Sevilla, un caso que ha sacudido el Parlamento autonómico al poner en cuestión la libertad de expresión y la inviolabilidad de la que gozan sus señorías para trasladar sus opiniones políticas fuera de la Cámara.

En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, los jueces desmontan los duros argumentos que esgrime el teniente fiscal del TSJA, José Rogelio Muñoz Oya, para acusar al diputado de Adelante de ejercer una suerte de “libertinaje de opinión”, “un derecho al insulto” y “un exceso verbal” por haber cuestionado la actuación de los agentes que persiguieron en moto durante un kilómetro y “hasta su muerte” a Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que se ahogó en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre.

El portavoz de Adelante Andalucía acudió a la manifestación de protesta que convocó la comunidad senegalesa y africana en Sevilla el pasado 2 de enero para apoyar su reivindicación de abrir una investigación más a fondo de lo ocurrido. García se grabó un vídeo, que más tarde difundió en sus redes sociales, denunciando “un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”. Esas expresiones motivaron una querella de dos sindicatos policiales, a la que se sumó después la Fiscalía Superior del TSJA, que envió a dos agentes de paisano al Parlamento andaluz para notificar en mano la denuncia al aludido. Un hecho sin precedentes en la historia autonómica.

La conclusión de los jueces es diametralmente opuesta a la del Ministerio Público: “No hay injurias graves a la policía, no hay calumnia, no hay incitación al odio, sino ejercicio de la libertad de expresión constitucionalmente protegido”, replican en su auto, notificado al letrado mayor del Parlamento el pasado 6 de mayo.

Pero el escrito de los magistrados, que firma el propio presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y del que es ponente el jurista Miguel Pasquau Liaño, va mucho más allá de la defensa férrea de la libertad de expresión, “principio básico de la democracia”.

Los jueces entran de lleno en el debate abierto por el diputado -“racismo institucional, violencia policial, represión”-, y legitiman cada expresión, vislumbrando, de paso, un profundo conocimiento y una clara empatía respecto a la situación de desprotección que padecen y denuncian los inmigrantes en este país, y los manteros en particular.

“Nada impide a un español opinar”

En el auto, los jueces replican al fiscal, con rotundidad, que “nada impide, desde el punto de vista penal, a un ciudadano español sostener en público, con razón o sin ella, que perseguir policialmente a inmigrantes manteros es expresión de un racismo institucional, si lo que se pretende es defender que deberían suprimirse o cambiarse las leyes y políticas que lo permiten. Y si puede hacerlo un ciudadano cualquiera, también, o aún con mayor razón, un diputado en su cometido de dar visibilidad a cualesquiera reivindicaciones políticas”. 

En consecuencia, “la decisión no puede ser otra que la inadmisión a trámite de la querella, a fin de impedir la incoación en vano de un procedimiento penal”, avisa desde el primer instante el documento.

En su querella, el teniente fiscal endurecía aún más los argumentos de la denuncia interpuesta por los sindicatos policiales contra el parlamentario, llegando a calificar las opiniones de García como un delito “de odio”, aunque se trataba de una querella por injurias al “prestigio” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, otro delito que tiene una tipificación menor en el Código Penal.

Muñoz Oya acusaba al portavoz de Adelante Andalucía de motivar “un hostigamiento verbal contra los Cuerpos Policiales”, hablaba de “concretos actos de apoyo explícito a la violencia contra ellos” y señaló al diputado por “incitar a actuar violentamente contra” los agentes. “No es libertad de expresión. Es odio y ataques al honor”, concluía en su escrito.

El TSJA defiende la actuación de los agentes que persiguieron a Mamouth, admite el malestar que pudo generarles la crítica del diputado de Adelante, pero invalida por completo los argumentos del fiscal al querellarse contra sus opiniones, porque le asiste, por encima de su inviolabilidad como parlamentario, la libertad de expresión, consagrada en la Constitución.

“El cauce exento de sanción penal de la libertad de expresión ha de ser ”lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez y sin temor“, sin correr el riesgo de ”hacer del Derecho penal un factor de disuación del ejercicio de la libertad de expresión“, reza el auto, citando jurisprudencia ”contundente“ del Tribunal Constitucional.

Sacudida al Parlamento andaluz

El escrito de la Fiscalía contra un diputado causó estupor en el Parlamento andaluz, donde todos los partidos han coincidido en pedir a los servicios jurídicos que encarguen un informe sobre el caso de García y los límites de la inviolabilidad de los diputados -derecho blindado en el Estatuto de Autonomía- ante posibles “delitos de opinión”.

Más allá del contenido de sus palabras, el Ministerio Público llega a censurar la potestad del parlamentario por ejercer la crítica política contra una institución pública, como la Policía Local, fuera de la Cámara que le otorga esa inviolabilidad como diputado. Muñoz Oya arremete contra García por “extender la responsabilidad de lo ocurrido al ámbito político” y “por contribuir a generar un estado de opinión capaz de cuestionar la legitimidad democrática de una institución o la legalidad de su actuación, y con ello a fisurar su prestigio”.

Sin embargo, la Sala de lo Penal del TSJA defiende que el trabajo de García es precisamente ese: “el debate político”. Los jueces argumentan que la expresión “racismo institucional”, pronunciada por el diputado andalucista, “no es en absoluto un insulto ni una ofensa ni una injuria, sino un concepto político de muy larga tradición acuñado en la lucha contra las desigualdades por razón de raza, etnia u origen (...) utilizado reiteradamente como lema por los movimientos de apoyo al colectivo de inmigrantes que se dedican a la venta ambulante no autorizada (coloquialmente ”manteros“) para criticar la consideración de tal actividad como delito y la política de represión de la misma. Es, digamos, equiparable a expresiones como ”Justicia machista“ o patriarcal”.

En aquella manifestación convocada por la comunidad africana en Sevilla, el diputado de Adelante, según el auto, “está expresando una opinión y pretende cambios de políticas, legislación o prácticas”.

Es, pues, “un ejercicio del derecho a la libertad de expresión, cuyo control penal jamás puede rozar consideraciones simplemente éticas, o de estilo, y ni siquiera de verdad o falsedad, pues la libertad de expresión ampara la defensa y difusión de opiniones o valoraciones que parezcan indefendibles para la mayoría social, incluso si resultan excesivas, desagradables, molestas u ofensivas para una persona, un colectivo o una institución, siempre que la finalidad de zaherir no prevalezca y se anteponga a la de expresar una opinión sobre una cuestión de alcance político”, concluyen los magistrados.

“La función policial comporta violencia y represión (legítimas)”

Los jueces también defienden que la expresión “violencia policial” “no puede considerarse injuria” porque “entra dentro del debate político” -“la función policial comporta violencia y represión (legítimas)”, subrayan-; y recuerdan antecedentes similares a la muerte del mantero senegalés en Sevilla, como los casos de Mbolo Moye Doole (Bilbao) o Mame Mbayé (Lavapiés; Madrid), que también fallecieron perseguidos por la Policía.

En todos los casos, la actuación de los agentes provocó “actos de protesta, concentraciones y manifestaciones organizadas por asociaciones y organizaciones de lucha contra el racismo, que ”denuncian sistemáticamente el binomio “racismo institucional” y “violencia policial”, lemas que aglutinan a una no insignificante diáspora de organizaciones y movimientos, por sustentar la opinión de que el hecho de perseguir para incautar mercancías y detener a los manteros es un exceso de represión contra el que protestan“, subraya el auto.

Los magistrados defienden la función policial y da por válido el sobreseimiento del caso que abrió un juzgado para investigar la muerte de Mamouth y la actuación de los agentes (ahora recurrido por su familia ante la Audiencia de Sevilla). Pero el auto resume el caso en una frase rotunda, donde concluye que sin la persecución policial la muerte del mantero senegalés no se habría producido: Se trata de “un legítimo, aunque a su vez criticable, ejercicio de la libertad de expresión por un diputado dando voz a una reivindicación de carácter político y protestando por una actuación de la policía local sin la que no se habría producido el trágico suceso”, concluye.

Respeto a las instituciones

Por último, lo jueces cierran el auto haciendo un análisis sobre el alcance del artículo 504.2 del Código Penal, que invocaron los querellantes al denunciar las “graves injurias” a la Policía. El auto subraya la importancia de esa sobreprotección jurídica a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero añade: “no lo están más que otras instituciones como el Gobierno de la Nación, el Consejo General del Poder Judicial, el Constitucional, el Supremo, o el Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma”.

“No hace falta hacer una relación o recordatorio de contundentes críticas habitualmente proferidas en medios de comunicación contra representantes de tales instituciones, o contra la institución misma, en asuntos delicados (confinamiento, vacunación, muertes en residencias, compraventa de armas, presentación de proyectos de ley, dictado de sentencias en asuntos controvertidos, etc.)”, recuerdan los jueces.

En efecto, en esta legislatura de polarización extrema, los partidos de la derecha han cuestionado -dentro y fuera de los parlamentos- prácticamente a todas las instituciones del Estado, acusando a Pedro Sánchez de “colonizarlas”. Empezando por el propio presidente del Gobierno, a quien dirigentes de PP y Vox le niegan toda legitimidad democrática, y le califican de “autócrata”, “tirano”, “felón”, “sinvergüenza”, “psicópata” o directamente “hijo de puta”.

Y los dirigentes de izquierdas han roto el tabú que hacía intocables a los jueces, sus instrucciones y sus sentencias, hablando de “lawfare o cacería política”, tildando de “vergonzosas” sus fallos o llamándoles “corruptos” y “prevaricadores”, como hizo la líder de Podemos, Ione Belarra, en referencia al exjuez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, lo cual motivó una protesta unánime del Consejo General del Poder Judicial.

El portavoz de Adelante Andalucía ha comparecido este martes para valorar el auto del TSJA: “Hoy se acaba este esperpento que nunca debió producirse, pero el caso de Mamouth sigue abierto, con muchas cosas por resolver, muchas preguntas, y desde Adelantes nos ponemos al servicio de la familia y de la comunidad senegalesa”, ha asegurado.

García se ha mostrado contento con la decisión de los jueces, pero espera que el informe jurídico del Parlamento andaluz clarifique aún más hasta dónde llega la inviolabilidad de los diputados ante supuestos “delitos de opinión”. “Hablar de racismo institucional, de violencia policial y de represión es perfectamente legítimo. Los policías son instituciones y las instituciones son criticables, se tienen que acostumbrar a que son criticables. El trabajo de un diputado es hacerse eco de reivindicaciones políticas. Lo que yo hice fue ir a una manifestación y hacerme eco de una situación muy triste”, concluye.

Un juzgado de Barcelona ha denegado la admisión a trámite de un atestado de Asuntos Internos de la Guàrdia Urbana que denunciaba a cuatro agentes por haberse quedado objetos decomisados a unos vendedores de top manta en agosto. El magistrado considera que no se trata de un delito y que, como mucho, debería ser un hecho a investigar por las vías internas del cuerpo policial.

Según el atestado de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos, el 5 de agosto cuatro agentes intervinieron en la Rambla de Barcelona diversos objetos, posiblemente piezas de ropa y calzado, que tenían expuestos a la venta unos manteros. Estos huyeron al ver llegar a la policía y abandonaron la mercancía.

Los agentes, en lugar de hacer los trámites administrativos pertinentes antes de destruir la ropa -que se supone que era falsificada- presuntamente se la quedaron y no comunicaron el decomiso.

A finales de agosto, el Ayuntamiento tuvo constancia de esta supuesta manipulación negligente en la custodia del material y abrió un expediente disciplinario de los cuatro agentes, a los que se aplicaron medidas cautelares desde mediados de septiembre. Se les suspendió de sueldo y empleo y se llevó el expediente a fiscalía, que quedó suspendido hasta que el juez decidiera.

La interlocutoria señala que se desconoce exactamente qué objetos fueron decomisados y si se los repartieron entre todos los agentes o sólo se los quedó uno de ellos. También recuerda que los hechos se descubrieron en septiembre, cosa que impide hacer una cronología de los hechos y, además, considera que los hechos no son delictivos.

De hecho, el magistrado apunta que, ni siquiera, son malversación, porque los objetos que se habrían quedado no eran patrimonio público. Tampoco considera que sea un delito contra el patrimonio porque no hay un perjudicado concreto y tampoco tienen un valor concreto, ya que son piezas falsificadas que deberían haber sido destruidas.

El desconocimiento del valor de los productos decomisados ha jugado en favor de los agentes, pero en otros momentos también ha sido clave para la absolución de vendedores ambulantes. De hecho, en 2019, la Audiencia Provincial ya descartó que el top manta causara graves perjuicios a las marcas de lujo.

Por su parte, el Sindicato Mantero de Barcelona ha denunciado que se trata de una práctica habitual entre los agentes, sobre todo en épocas estivales y festivas como Navidad.

La Justicia ha decidido confirmar la absolución de Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros, por sus declaraciones contra la Policía Municipal de Madrid tras la muerte del mantero Mame Mbaye en las calles de Lavapiés en 2018. Los jueces confirman que la intención de Gueye no era atribuirle directamente a los agentes la muerte de su compatriota senegalés, sino protestar contra el racismo institucional dentro de la libertad de expresión. Los jueces también confirman la multa impuesta al usuario de Twitter Alfonso 'Fonsi' Loaiza al entender que su afirmación de que Mbaye fue “asesinado por la Policía de Madrid” es un delito de injurias contra el cuerpo policial.

Mame Mbaye falleció en la calle madrileña del Oso en marzo de 2018 por una afección cardíaca mientras huía de una redada de la Policía Municipal contra los manteros en el centro de la capital. Las protestas por la muerte del joven y por la acción policial contra el colectivo de manteros se concentraron en el barrio de Lavapiés, con duros enfrentamientos con la Policía que se prolongaron varios días.

Sindicatos del cuerpo policial denunciaron a varias personas al entender que habían atribuido la muerte del joven senegalés de manera directa a la actuación de los agentes que le perseguían por las calles de Madrid, cuando había sido víctima de un infarto. Uno de ellos fue Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros defendido en este proceso por el despacho Red Jurídica, que al día siguiente concedió una entrevista al digital 20 Minutos en la que cargó contra la Policía Municipal y las autoridades municipales de la entonces alcaldesa, Manuela Carmena.

En esa entrevista, Gueye denunció que “había una persecución” y que, en ese momento, la víctima estaba con un amigo y que cuando esté intentó “ayudarle para meter los dedos en la boca para no morderse la lengua”, la policía lo empujó y le apartó. “Los mismos policías se bajaron de la moto y lo empujaron y ahí se murió”, detalló el activista.

Un juzgado de lo penal decidió absolver a Gueye al entender que no imputó la muerte de Mbaye de forma directa a los agentes de Policía Municipal que le perseguían y que su denuncia sobre el racismo que sufren los manteros estaba ampliamente amparada por la libertad de expresión. Tuvo en cuenta esa primera sentencia tanto su condición de portavoz del Sindicato de Manteros como el hecho de que su dominio del español a la hora de hablar y expresarse no era total.

Tal y como explicó elDiario.es, fueron los sindicatos de Policía Municipal los que recurrieron esta absolución y pidieron, con el apoyo de la Fiscalía, que Gueye fuera condenado por un delito de injurias contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Una opción que acaba de rechazar la Audiencia Provincial de Madrid en una sentencia dictada a principios de este mes de septiembre. El portavoz del Sindicato de Manteros, destaca la Audiencia, hizo “una crítica hacia la actuación administrativa en materia de extranjería y policial, admisible en un Estado democrático, respetuoso con el derecho fundamental a la libertad de expresión”.

Malick Gueye, dice la Justicia en una sentencia que todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo, simplemente “denunciaba la situación en que se encuentra el colectivo de inmigrantes en situación irregular del barrio y la represión del llamado Top Manta, por parte de las fuerzas policiales”, al mismo tiempo que “lamentaba la muerte de un amigo”. Los jueces explican que los recursos de los sindicatos policiales no contienen “ni una sola razón” para condenarle.

Los jueces destacan que, además, en ese momento todavía no estaba claro lo que había pasado. “No se infiere del contenido de la entrevista que se declarara probado que la intención del acusado fuera la de injuriar a la Policía Local de Madrid, responsabilizándola de la muerte de Mame Mbaye, sino la de denunciar la situación del colectivo de manteros y de la persecución policial a la que consideraba que estaban sometidos”, dicen los jueces. También confirman la absolución de una empresaria del barrio de Lavapiés, acusada de escribir comentarios igualmente injuriosos contra la Policía en un perfil de Facebook.

Confirman la condena de Fonsi Loaiza

La sentencia todavía no es firme y puede ser llevada ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. La resolución sí confirma la condena de multa de 2.100 euros de uno de los tres acusados: el comunicador Alfonso Loaiza, conocido en Twitter como 'Fonsi Loaiza', red social en la que acumula más de 170.000 seguidores. Loaiza escribió en su cuenta de Twitter mensajes como: “Hoy ha muerto Mmame Mbage cuando era perseguido por la policía. Su único delito: carecer de unos papeles. No se ha muerto solo ni es una muerte natural, en un asesinato y es culpable el Estado policial español”. También dijo en otro mensaje que Mbaye fue “asesinado por la Policía de Madrid”.

El juzgado entendió que debía ser condenado y ahora la Audiencia Provincial confirma esa decisión. Loaiza denunciaba que la sentencia le había condenado al entender que su libertad de expresión debía ser analizada como la de un periodista de profesión, cuando él no ejerce como tal. La Audiencia admite esa posibilidad pero explica que “objetivamente” estos mensajes “constituyen la imputación a la policial local de Madrid del asesinato de Mmame Mbaye, lo cual es constitutivo de un delito de injurias graves”.

Este usuario de Twitter argumentaba que el término “asesinado” no se usaba en alusión al hecho de que un agente hubiera sido el autor material de la muerte, sino que no había sido una muerte natural: “Asesinar es matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa, y ese y no otro era el comportamientos que el recurrente imputaba a la policía local de Madrid, haber asesinado a un mantero sin papeles, pudiendo haber alcanzado la finalidad que se dice pretendida sin necesidad tan gravísima imputación”.

La sentencia de la Audiencia de Madrid se apoya en otra dictada este año por el Tribunal Constitucional en la que dio la razón al periodista Máximo Pradera ante la acusación falsa de otro periodista, Antonio Naranjo, de haber sido agredido por él. Una sentencia que afirmaba que “el uso de las herramientas digitales convierte a sus usuarios en creadores de contenidos, emisores, difusores y reproductores de esos contenidos”, en este caso Twitter.

Malick Gueye fue juzgado el pasado 1 de octubre por un delito de injurias a la Policía Municipal de la capital, del que ha sido absuelto por el juez de lo Penal número 20 de Madrid, según recoge una sentencia de la que se ha hecho eco Europa Press.

Tras la muerte en 2018 del mantero senegalés Mame Mbayé en la calle del Oso, después de una actuación policial contra la venta ilegal de objetos en la vía pública, Gueye, por aquel entonces portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, realizó unas declaraciones al periódico 20Minutos en las que denunciaba el “racismo institucional” existente en España, al cual achacaba el fallecimiento de su compatriota que, según la autopsia, fue provocado por un infarto.

Tanto la Fiscalía de Madrid como los sindicatos de policía sentaron a Gueye en el banquillo por aquellas declaraciones pero el juez las considera legítimas, avalando su crítica a “la situación en la que se encuentra el colectivo de inmigrantes en situación irregular en el barrio de Lavapiés” y su denuncia del “racismo institucional” que dijo soportan en forma de “persecuciones policiales” en las calles.

El juez concluye en la sentencia que “no puede afirmarse su intencionalidad vejatoria hacia la Policía Municipal, prevalente sobre la de criticar la política de extranjería en la medida en la que da lugar o permite situaciones de marginalidad, generadora de violencia social, cuando no de actividades delictivas”.

Según Europa Press, el magistrado recalca que Malick Gueye dio la entrevista al citado diario en calidad de portavoz de “un colectivo que entiende conducido a la marginalidad” y que “denuncia dicha situación”.

El juez encaja las palabras de Gueye en su ejercicio de libertad de expresión y considera admisible su crítica de que se prive “a tales personas de los derechos que les son inherentes a su dignidad, especialmente de la posibilidad de obtener medios para su subsistencia, lo que les condena a la marginalidad, a la explotación de terceras personas y, en algunas ocasiones, a la actividad delictiva”.

En el mismo juicio y por idénticos cargos también fueron juzgados Asunción G. R. y Alfonso L. P. Mientras que la primera resultó absuelta de injurias por una publicación en Facebook que también fue considerada como legítima opinión, el segundo, periodista de profesión, ha sido condenado como responsable del delito de injurias graves, por lo que deberá pagar una multa por unos mensajes escritos en Twitter. El magistrado entiende que Alfonso L. P. no expresó una opinión en la citada red social sino un hecho, “al informarse, supuestamente, de un asesinato y de su autoría”.

La muerte de Mame Mbayé dio lugar a fuertes protestas y algunos disturbios en Lavapiés, lugar en el que vivía y donde anualmente se le recuerda el día de su fallecimiento.

Están hartos de decirlo, las personas que sobreviven con la venta ilegal de productos en las calles de Madrid quieren poder dejar de hacerlo. “Los manteros no quieren ser manteros”, afirma Malick Gueye, actual portavoz del singular sindicato que los aúna. Desde esta organización, formada por manteros, ex manteros y activistas, llevan tiempo buscando una fórmula para que quienes se ven en la necesidad de recurrir a la venta de productos en la calle sin permiso para sobrevivir puedan obtener ingresos por otras vías.

El resultado más inmediato de esa búsqueda se llama Pantera, un proyecto y una marca que arranca materializándose en forma de tienda en el número 54 de la calle Mesón de Paredes, en Lavapiés, a partir de este viernes.

“Se trata de una iniciativa de economía comunitaria que ayudará a los manteros a generar su propia forma de ganarse la vida”, asegura Gueye. “La tienda y su gestión, el diseño de los productos que se venderán en ella, su confección... Todo parte de los propios manteros, a los que un grupo de voluntarios está formando en diferentes labores de este negocio, además de aprovechar los propios oficios que tenían antes de llegar a España”, señala el portavoz del sindicato, que destaca, por ejemplo, la importante cantidad de costureros que hay entre ellos.

Los productos que estarán disponibles en Pantera irán en aumento a media que la experiencia e ideas de las personas responsables de esta marca crezcan. “La evolución va a depender de lo que los manteros decidan que quieren hacer. Comenzaremos confeccionando camisetas y bolsas y, luego, iremos viendo”.

La crisis provocada por la Covid-19, con el confinamiento obligado y las consiguientes medidas preventivas, golpeó con dureza al colectivo de manteros privándoles de poder vender en la calle, su única fuente de ingresos, y aceleró la idea que venían rumiando desde tiempo atrás en el sindicato de la necesidad que tenían de hallar medios alternativos de subsistencia.

A principios del pasado abril, el ex portavoz del sindicato Serigne Mbayé, hoy diputado de la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos, dejaba intuir en conversación con este periódico lo que a partir de hoy es ya una realidad gracias a Pantera: “Estamos pensando en otras formas de superar esta crisis y de sacar a los compañeros de la manta porque no estamos deseando que se acabe todo esto para volver a ella, sino que buscamos fórmulas para que cuando pase la pandemia, y aunque se nos espere en las calles, no nos vean ahí. Buscamos ideas y formas de generar trabajo y papeles para los compañeros y que puedan buscarse la vida de otra forma”.

Como no podía ser de otra forma, Pantera es también un espacio y un proyecto reivindicativo y de lucha contra el racismo. La denuncia de una Ley de Extranjería que no permite que migrantes en situación administrativa irregular trabajen legalmente en España y evidenciar la discriminación institucional y la criminalización que aseguran sufre este colectivo están, entre otras causas, en el ADN de Pantera y se harán evidentes, por ejemplo, en los mensajes y motivos que aparezcan en los productos que tengan a la venta.

Pantera echa a andar con colaboradores, constituida como asociación. Entre sus prioridades, contratar a migrantes sin papeles para regularizar su situación en el país, según Malick Gueye.

Frente a la puerta del gimnasio Sant Pau media docena de personas espera para ducharse. Dentro, Santi González, vecino y comerciante del Raval, reparte turnos y prendas de ropa para aquellos que necesitan cambiársela. A diario pasan unas 150 personas sin recursos por este equipamiento deportivo que desde hace años es mucho más que un gimnasio, más bien un centro social y, durante la pandemia, incluso un banco de alimentos para decenas de familias. Pero puede que tenga los días contados: el juzgado les ha notificado una orden de desahucio para el 20 de enero. 

La prohibición de los desahucios prorrogada por el Gobierno no ha evitado que se hayan reactivado los lanzamientos señalados desde antes de marzo. Solo en la primera semana de septiembre, el Sindicato de Inquilinos de Barcelona contó 150. La reactivación de los desalojos puede llevarse por delante dos espacios en el barrio del Raval que se han convertido en auténticos centros de emergencia social, más aún durante la pandemia.

Además del Sant Pau, pesa también una orden de desalojo desde el pasado jueves –y con fecha abierta– para La Caracola, una nave ocupada en 2019 por varios colectivos, entre ellos el Espacio del Inmigrante, para dar techo a mujeres mayores sin hogar. Desde este recinto el Sindicato de Manteros cosió las 14.000 mascarillas que donó a distintos hospitales cuando todavía escaseaban. 

“La situación en el barrio es muy dura, la mayoría de vecinos se dedican a la economía informal, desde el cuidado de gente mayor a la venta ambulante, y ahora se han quedado sin trabajo y sin ayudas”, expone Santi desde la puerta del gimnasio. Desde abril hasta julio, la cooperativa del Sant Pau repartió a diario 150 comidas a través de un contrato con el Ayuntamiento, que luego les rescindió. 

Desde entonces, han mantenido solamente el servicio de duchas para el mismo número de gente. El consistorio cubre los gastos, que incluyen el personal y la limpieza de la ropa, mientras que el gimnasio pone la infraestructura y hace una colecta de comida para dársela a los usuarios. El viernes consiguieron solo agua y galletas. 

Con las instalaciones del gimnasio todavía cerradas porque no pueden aplicar un protocolo sanitario con garantías, el gimnasio se enfrenta a un futuro incierto. Pero no sería la primera vez que logran esquivar un desahucio. Su historia está repleta de giros de guion que han permitido conservar para el barrio un equipamiento que casi siempre tuvo un carácter social, ya desde su fundación en 1940 como unos baños populares para el vecindario.  

La actual cooperativa tiene su origen en 2012, cuando los trabajadores asumieron la gestión de una empresa que iba a cerrar. “Desde entonces asumimos que tenemos una responsabilidad con el barrio, que también estamos para aquellos que quieren hacer deporte y no tienen dinero”, argumenta su portavoz Ernest Morera. Hasta tal punto ha sido así que han llegado a tener 1.400 socios de los que solo puede pagar la cuota un tercio.

En 2017 estuvieron a punto de ser desahuciados, pero lograron un pacto con la propiedad para prorrogar el alquiler tres años más, hasta julio de 2020, y que incluía la compra por parte del Ayuntamiento de una finca adyacente para levantar vivienda social. Un año después, en 2018, el pleno del consistorio aprobó por unanimidad adquirir el recinto del Sant Pau para preservarlo, pero esta operación nunca se ha llevado a cabo. “Pueden aprobar lo que quieran que luego no lo cumplen, esto va muy bien para crear relato pero no para crear ciudad”, se queja Morera. 

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, defiende que mantienen un compromiso con el Sant Pau desde el mandato pasado para “salvarlo del desahucio”, pero reconoce que, tras la epidemia, no pueden asegurar la compra del edificio. “La situación financiera tras el confinamiento es complicada”, justifica, aunque añade que tienen margen todavía para negociar con la propiedad: “Estamos mediando para salvar aquello que consideramos positivo para la ciudad, que es su acción social”.

El hogar de mujeres migrantes mayores, en peligro

A menos de 10 minutos andando del gimnasio, en la calle Peu de la Creu del Raval, otro espacio que se ha dedicado a la asistencia social durante los últimos meses podría enfrentarse a sus últimas horas. Son unos bajos con distintos locales que fueron ocupados en mayo de 2019 por varios colectivos del Raval, después de que la policía desalojase de allí a un grupo de narcotraficantes.

La nave ha sido desde entonces el hogar de más de una decena de mujeres migrantes que estaban solas y sin techo –ahora quedan tres–, así como la sede del Espacio del Inmigrante y del taller del Sindicato de Manteros, que tiene su tienda muy cerca. Bajo su techo se creó también el Sindicato de Cuidadoras del Hogar, pero desde hace unos meses se han trasladado al Ateneu del Raval.  

“Ahora nos quedan ya solo cinco máquinas de coser, la mayoría las hemos ido sacando por si desalojan”, comenta Aziz Faye. En la sala en la que habla el portavoz del Sindicato de Manteros llegó a haber hasta 32 máquinas para fabricar miles de mascarillas que en lo peor de la crisis donaron a los hospitales de Granollers y Sant Celoni.

“Las que hacemos en estos momentos ya son solo para vender, para nuestra marca”, precisa. Mientras tres compañeros suyos cosen, al otro lado de la estancia, un grupo de una decena de personas, la mayoría de ellos migrantes subsaharianos, preparan la comida. El local también ha sido banco de alimentos durante la crisis, repartiendo productos que los vecinos les traían a un total de 400 personas, según los cálculos de Aziz. 

El desalojo ordenado por el juez a instancias de la propiedad, InmoCaixa, que ha preferido no hacer declaraciones, afecta a todos los locales. Al lado del taller de los manteros, el espacio La Caracola sirve de casa a tres mujeres víctimas de desahucio, un perfil a “invisibilizado y marginalizado” no solo por las instituciones, sino a menudo por los colectivos de vivienda. Así lo explican Adrián y Saraí, del Espacio del Inmigrante. “Las mujeres mayores que están solas suelen estar siempre desprotegidas”, argumentan. 

Ambos activistas se quejan también al consistorio de que no ha respondido a sus peticiones de ayuda. El concejal Rabassa responde por su parte que sí están tratando de mediar con la propiedad, sobre quien consideran que debería recaer la responsabilidad de ofrecer una alternativa de vivienda a las mujeres ocupantes. “Confío que lo resolveremos, pero vamos a contrarreloj”, valora. Desde el Espacio del Inmigrante organizaron también este sábado conciertos y talleres para defender La Caracola. 

“¡Boza!” es lo que gritan en wolof los senegaleses cuando, tras jugarse la vida en el mar, atisban por fin un trozo de tierra que supone el inicio de una vida prometida en Europa. El júbilo, sin embargo, suele durar poco y en apenas unas horas se dan cuenta de que la realidad es mucho más agria de lo que les habían contado. “Me frustré tanto cuando llegué”, rememora Lamine Bathily (Thiadiaye, Senegal, 1989). “No era lo que imaginaba. Me tiré 45 días durmiendo debajo de un coche en un parking de l’Hospitalet”. Tenía 16 años.

La historia de Lamine es una de las que se cuentan en la obra P.A.U: Paisatges Als Ulls, un interesante híbrido entre obra teatral y documental o, como le llama su codirector Martí Costa, un “documental en vivo”. Ni Lamine ni Yacine Diop (Thies, Senegal, 1994) ni Malamine Soly (Casamance, Senegal, 1984), los tres protagonistas, son actores profesionales. Tampoco interpretan un guión de ficción para abordar una problemática real. Simplemente cuentan su historia: cómo estuvieron a punto de morir para llegar a Europa, cómo se tuvieron que espabilar con la venta ambulante para poder comer, cómo descubrieron el racismo europeo y cómo el desarraigo se fue instalando en su conciencia: “En Europa me tratan de migrante y cuando vuelvo al Senegal también me miran mal”, señala Yacine. “¿En qué bando debo situarme?”.

Con un austero decorado y con los tres actores sin abandonar la escena, la crudeza del relato consigue remover la conciencia del espectador. Lo que cuentan podría leerse en un reportaje periodístico o verse en un documental, pero el hecho de tener a los tres protagonistas a pocos metros, contando a corazón abierto sus inseguridades, frustraciones y dificultades logra que muchas personas escuchen cómo se siente un colectivo al que rara vez se le dedica el tiempo suficiente para atender sus historias personales.

“Sacamos de dentro todo lo que llevamos años sin contar”, añade Yacine sobre la catarsis que les supone subir al escenario. “Cada noche es distinto y muchos días hemos acabado explicando cosas que ni tan solo saben nuestros amigos”.

“El hecho de que no sean actores es una decisión que tomamos conscientemente”, apunta Costa, el codirector. “Lo que le da valor a la obra es precisamente esto, que los intérpretes han vivido en sus carnes todo lo que cuentan”. Junto con Carolina Llacer, ideóloga y también directora de la obra, bastieron el relato después de decenas de entrevistas con sus protagonistas. “Confrontamos al espectador directamente con la situación de los migrantes sin que haya un papel de periódico o una pantalla entre medio”, remacha Costa.

Los protagonistas incluso recuerdan al espectador algunas cifras que ponen la piel de gallina: más de 20.000 migrantes muertos en el Mediterráneo desde 2014. Un viaje a cara o cruz que les cuesta una media de 2.000 euros a cada uno en contraste con el poco dinero que pagan los europeos por un billete de avión para hacer el mismo trayecto.

La obra estuvo en noviembre pasado en el teatro Eòlia y, durante las últimas tres semanas, ha llenado casi todas las noches las butacas disponibles en la sala Atrium de Barcelona. Tras el éxito de la función, la compañía La Fam de la Fera, productora del espectáculo, iniciará ahora un periplo por distintos teatros de Catalunya para acercar a otras localidades las historias de estos tres migrantes. El pasado febrero, antes de que el mundo cambiara por la pandemia, también llevaron la función a una barriada de Dakar (Senegal).

“A nuestra gente nadie les había contado antes los riesgos del viaje”, señala Soly, que en su periplo estuvo a punto de morir en varias ocasiones: cuando caminaba desnutrido por el desierto, cuando un traficante le apuntó con un arma o cuando su barco se quedó en el mar a la deriva hasta que otra embarcación les rescató. “La mayoría de los que llegamos a Europa nunca contamos en público cómo es el viaje”. 

Las falsas expectativas tanto de los migrantes como de sus familias sobrevuelan la función en todo momento. Todos explican cómo les sorprendió ver la persecución a la que están sometidos los vendedores ambulantes, una práctica que en su país todo el mundo considera respetable. “Dejé Senegal siendo el mejor alumno de mi escuela y me ví en España de vendedor ambulante, en unas condiciones mucho peores que en mi país”, apunta Lamine. “No entendía por qué nos perseguían y, sobre todo, recuerdo ese miedo constante de acabar en un CIE”.

A pesar de las dificultades que ha pasado cada uno, los casos de Soly, Yacine y Lamine se podrían considerar de éxito. Yacine trabaja de cocinera en un hotel -actualmente está de ERTE-, Soly lidera una asociación y diversos proyectos de cooperación así como una empresa de catering y Lamine trabaja en una heladería en el centro de Barcelona. A parte, es uno de los fundadores y portavoces del Sindicato Mantero y combina su empleo con la marca de ropa Top Manta que también cofundó. Cuando acaban sus obligaciones laborales, por la noche se acercan al teatro para contar cómo han llegado hasta aquí.

La intención no es hacer creer al público que a todos les irá igual de bien, sino defender la posibilidad de que cualquiera pueda desplazarse para tener una segunda oportunidad sin tener que jugarse la vida. “El problema no es venir, sino todo lo que tenemos que hacer para llegar hasta aquí”, resume Soly. “Si los pájaros pueden viajar, ¿por qué nosotros no?”.

Nur Mohamed tiene marcada la última tarde que pudo salir a trabajar. “El día de la mujer”, apunta el hombre bangladesí, dedicado a la venta ambulante. Desde aquel 8 de marzo, poco antes de la declaración del estado de alarma, no ha vuelto a la calle cargado de latas de cerveza, flores artificiales o sombreros de estridentes colores. Moussa también intenta buscar alguna hora en la que merezca la pena extender de nuevo la manta en las plazas de Madrid, pero el aumento de la vigilancia policial, la falta de turistas y el “miedo” al coronavirus impide que apenas pueda volver a casa con algo de dinero.

La “nueva normalidad” nunca llegó para muchos migrantes sin papeles dedicados a la venta ambulante. Manteros y lateros acumulan más de cinco meses sin ingresos, sin apenas poder trabajar, y sin acceso a ayudas públicas debido a su situación administrativa irregular. “No tengo papeles, no tengo nada. No tengo trabajo. Antes trabajaba en la calle y, poco a poco, podía salir adelante. Luego, vino el confinamiento. Ahora, la policía molesta mucho por el día y, por la noche, no hay gente”, describe Nur Mohamed, de 28 años. 

El bangladesí, como muchos lateros, solía aprovechar las horas nocturnas de los fines de semana para vender cerveza por las calles de Madrid. Sobre la medianoche empezaba su jornada hasta las 6 de la mañana, cuando ofrecía la última cerveza a quienes ‘cerraban’ bares o discotecas. “Tras el estado de alarma no sale mucha gente por la noche. Y ahora que los bares cierran a la 1… ”, se lamenta el hombre en la sede de la asociación Valiente Bangla, en el barrio madrileño de Lavapiés. Algunos compañeros sí vuelven a vender sus productos por algunos parques de Madrid, pero no hay espacio para todos.

Durante este tiempo sin empleo, Nur Mohamed y sus compañeros salen adelante gracias al banco de alimentos de esta histórica organización, de la que también participan como voluntarios en repartos de comida a domicilio. “Ahora que no trabajo, estoy en casa o aquí, en Valiente Bangla, ayudando en lo que pueda”, añade el bangladesí, quien llegó a España hace algo más de un año, después de trabajar un tiempo en la construcción en Singapur. Gracias a la solidaridad de sus compatriotas puede comer, pero ya acumula cinco meses sin pagar el alquiler. 

“¿Cómo voy a pagarlo si no puedo trabajar?”, pregunta Nur. “Puedo comer, con productos básicos, pero nada más. Para gastos personales, como el saldo del móvil, tengo problema. Y ya llevo cinco meses sin pagar el alquiler”, lamenta el hombre, quien vive junto a siete personas más. A las complicaciones económicas se suma el miedo al contagio, debido a las condiciones en las que residen muchos migrantes en situación irregular. El bangladesí duerme en una habitación compartida con cuatro compañeros. Cada uno debería abonar 200 euros mensuales por persona. De momento, el casero, también originario de su país, es comprensivo, aunque su deuda se incrementa: “Sabe cuál es nuestra situación y dice que podemos dárselo más adelante”.

No todos tienen la misma “suerte”. “Sabemos que muchos lateros no han podido pagar el alquiler en estos meses y ahora viven en la calle. Algunos acuden a nosotros, e intermediamos con el Samur Social. Otros, con vergüenza, se quedan en parques y apenas podemos ayudarlos”, sostiene Mohammad Fazle Elahi, presidente de Valiente Bangla, quien exige al Gobierno el impulso de un proceso de regularización masivo que permita el acceso a empleos y viviendas dignas a quienes ahora viven en la clandestinidad. La exigencia, apoyada por mil organizaciones y la formación Unidas Podemos, ha sido rechazada por el Ejecutivo.

A Moussa su casero le llama “tres veces cada semana” para preguntar si ya puede pagar el alquiler. La respuesta sigue siendo negativa. Su situación, como la de varios manteros contactados por elDiario.es, ha empeorado con respecto a los meses de confinamiento. Entonces, el Sindicato de Manteros de Madrid aún tenía dinero en su “caja de resistencia”, con la que entregaba una “renta básica” -como ellos le llamaban- de 200 euros a cerca de 60 manteros cada mes. A medida que han pasado los meses, el dinero recaudado se ha agotado mientras que la solidaridad ciudadana que caracterizó a la época de cuarentena obligatoria ha caído durante los meses de verano. “Nos ayudaron durante mucho tiempo, pero ahora ya no pueden”, dice el senegalés, quien ahora acude a un banco de alimentos de su barrio.

Serigne era encargado de organizar la “renta básica” en el Sindicato. Su casa, donde viven siete manteros, se convirtió en el punto de reparto de dinero para los compañeros más necesitados durante el confinamiento. “Ahora es más duro. Antes, en el estado de alarma, el sindicato estaba ayudando a mucha gente. Pero ya han pasado muchos meses con la gente parada y ahora está vacío, no hay nada en la caja de resistencia”, sostiene el vendedor ambulante. “Mi hermano mayor, llama a un banco de alimentos. Cogemos arroz, pasta, aceite, leche… y con eso estamos. Con eso y organización no pasamos hambre, pero ya no tenemos más”, detalla. De los más de cinco meses transcurridos desde la declaración de la cuarentena obligatoria, solo ha podido pagar un mes de alquiler. 

“El dueño de la casa está llamando todo el día a mi hermano mayor… Le decimos que solo tenemos algo de dinero para comer o pagar la luz, pero no para el alquiler”, cuenta Serigne resignado. Ya acumula cuatro facturas de la luz sin pagar. “El mes que viene si no pagamos, se va a cortar la luz. Pero, ¿qué vamos a hacer? Sin trabajar, sin ayudas…”, dice.

Pasan las  22 horas y Serigne junto algunos compañeros se dirigen a la Puerta del Sol. Van a intentar desplegar la manta para ver si pueden vender alguno de sus productos. “Suelo ir a partir de las 22:30, porque la policía no deja antes. Pero la gente casi no compra, sigue teniendo miedo. Sobre esa hora, estamos unos 45 minutos, por si conseguimos algo, pero es muy difícil. A las 23:30 horas ya aparecen los coches de la policía para echarnos”, se queja el mantero. 

Hace cuatro meses, Serigne ya imaginaba que lo peor estaba por llegar. Evitaba pensar mucho en el futuro, pero temía que sus dificultades económicas no acabarían con la “nueva normalidad”. “No sé cuándo podremos volver a venderlas”, decía a elDiario.es en su pequeña habitación, junto a un saco cargado de camisetas de fútbol. “No solo tengo miedo por el confinamiento, también por los meses que vienen. Creo que la gente no va a querer tocarlas, no nos van a comprar”, auguraba el senegalés en el mes de abril.

Los inmigrantes en situación administrativa irregular no estarán incluidos en el Ingreso Mínimo Vital que planea aprobar el Ejecutivo a mediados de mayo. Su plan social en respuesta a la crisis del coronavirus tampoco incluye ayudas de emergencia para quienes no tienen papeles. Incluso cuando los gobiernos regionales tienen la intención de incluirles, muchos migrantes no acceden a las rentas mínimas debido a distintas barreras, entre ellas, los requisitos exigidos por las entidades bancarias para abrir una cuenta corriente.

Aunque varios ejecutivos autonómicos no establecen como condición tener los papeles en regla (como Euskadi o la Comunidad Valenciana, entre otras) en la tramitación de sus rentas mínimas, otras de las obligaciones impuestas sí excluyen en la práctica a los inmigrantes sin papeles de este tipo de ayudas: algunas de ellas son la exigencia de largos periodos de empadronamiento, tener una cuenta corriente, documentación difícil de conseguir en sus países de origen o estar inscritos como demandantes de empleo, entre otras barreras.

Los migrantes en situación irregular no tienen permiso para trabajar, la mayoría se encuentra dificultades para abrir una cuenta corriente y, en ocasiones, tienen problemas para empadronarse. A ello se unen los obstáculos de acceso a la información ligadas a la complejidad burocrática del proceso y a la barrera idiomática.

Ante esta acumulación de obstáculos, Baleares y Canarias han creado sistemas para que sus planes sociales destinados a los afectados por la COVID-19 lleguen también a las personas sin papeles.

Baleares les entrega la renta mínima a través de ONG

En Islas Baleares, el Govern ha ampliado de forma extraordinaria su Renta Social Garantizada a quienes residen de manera irregular en las islas, con un sistema concreto ideado para aquellas personas que no consiguen abrir una cuenta corriente, una de las principales trabas que, según la Consellería de Asuntos Sociales, enfrentan los migrantes sin papeles para acceder a estas ayudas.

La semana pasada, 2.284 personas sin residencia regular han recibido la ayuda económica, que asciende 459 euros por titular familiar ( a lo que se suma una cantidad extra en función del número de miembros), según la Consellería de Asuntos Sociales.

A principios de abril, el Consejo de Gobierno balear aprobó una serie de medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la emergencia social, entre las que se incluyó una ampliación extraordinaria del perfil de beneficiario de su Renta Social Garantizada. La modificación de los requisitos pretende dar cobertura a “todos los mayores de 18 años que viven una situación de emergencia social provocada por las consecuencias de la COVID-19”, independientemente de su situación administrativa.

No obstante, hasta el momento, los posibles beneficiarios deben tener una cuenta bancaria para percibir la ayuda, un trámite complicado para las personas en situación irregular debido a los requisitos establecidos por los bancos. El Real Decreto-ley 19/2017 de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones obliga a las entidades bancarias a ofrecer cuentas de pago básicas a aquellos potenciales clientes que quienes residan legalmente o a aquellas personas “que no tengan permiso de residencia pero su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho”. Por otro lado, la Ley de prevención de blanqueo de capitales establece que, para abrir una cuenta, debe identificar a los clientes a través de documentos “fehacientes”.

En la práctica, numerosas entidades bancarias impiden la apertura de cuentas corrientes a personas en situación irregular, pues imponen de forma arbitraria distintas obligaciones como contar con el Número de Identificación de Extranjero (NIE), un contrato de trabajo o detallar la fuente de ingresos, algo de lo que carecen las personas sin papeles. Conscientes de este obstáculo que deja a mucha gente atrás, varias comunidades autónomas, como Islas Baleares o la Comunidad Valenciana llevan años solicitando al Gobierno que emita una instrucción para ordenar a los bancos que cumplan la normativa de cuentas bancarias básicas.

Como la Administración no puede transferir de manera directa la renta social mínima a quienes no tienen cuenta bancaria, Baleares ha buscado una solución “de emergencia”. El Gobierno regional ha otorgado subvenciones directas a seis entidades del tercer sector para que puedan abonar “una cuantía económica igual a la renta social a las personas que no pueden tener una cuenta corriente”. La medida está ideada para cubrir a inmigrantes en situación irregular que trabajaban en la economía sumergida -no pueden hacerlo de otra manera- y se han quedado sin ingresos durante el estado de alarma.

Tarjetas de débito prepago en Canarias

Por su parte, el Gobierno de Canarias ha explicado a eldiario.es que las personas migrantes en situación irregular podrán acogerse en al ingreso de emergencia, siempre y cuando estén empadronadas, sin establecer un periodo de tiempo mínimo de empadronamiento. En caso de no disponer de número de cuenta, aseguran, el real decreto canario establece la posibilidad de hacer llegar el ingreso “por medio de una tarjeta prepago”. Si no es posible esta opción, desde la Consejería de Derechos Sociales han detallado que prevén alcanzar convenios entidades del tercer sector para que estas puedan tramitar el pago a quienes lo soliciten. La solicitud de este ingreso mínimo ha arrancado este lunes y puede tramitarse de forma electrónica o en el teléfono 012.

“Veíamos que el Estado está protegiendo a través de los ERTE a los trabajadores de la economía formal, pero en Islas Baleares la economía sumergida supone hasta un 20% del PIB”, explica a eldiario.es Fina Santiago, la consellera de Asuntos Sociales de la región. “Las mujeres de limpieza, vendedores ambulantes, o trabajadores sin contrato de otros sectores económicos se quedaban desprotegidos, por lo que decidimos modificarla para que durante estos meses de estado de alarma estuviesen amparados”, desarrolla la responsable de las políticas sociales de las islas, quien ha solicitado al ministro José Luis Escrivá que el futuro ingreso mínimo vital estatal pueda “complementarse” con las ayudas regionales para “llegar adonde no puede llegar el Gobierno central”. La ampliación de la renta social balear es una medida extraordinaria ante la pandemia y ha sido aprobada para cubrir dos mensualidades, pero está sujeta a posibles prórrogas, apuntan fuentes del Govern balear.

Las entidades encargadas de realizar un listado de los posibles beneficiarios para ser valorado por la Administración balear son Cruz Roja, Médicos del Mundo, Casal Petit, y Cáritas de Mallorca, de Menorca y de Eivissa. “La semana pasada empezamos a realizar los primeros pagos de abril”, detalla Belén Matesanz, de Médicos del Mundo Baleares. “Los únicos requisitos consisten en valorar su nivel de necesidad y que cuente con un documento que le identifique: un pasaporte o el DNI de su país de origen”, añaden desde la ONG, que asegura que además de las personas que suelen participar de sus proyectos, se han puesto en contacto con ellos otros inmigrantes en situación irregular para informarse sobre esta prestación.

Ante las trabas con las que se ha chocado aquellos gobiernos que han intentado cubrir con la renta mínima a las personas en situación irregular, la consellera balear solicita al Gobierno central que intervenga para asegurar que quienes cumplen con los requisitos de recibir una renta mínima, independientemente de su situación administrativa, puedan abrir una cuenta bancaria para obtener una ayuda económica de la Administración, sin la intermediación de una ONG.

“La Ley de Extranjería establece que estas personas tienen derecho a prestaciones técnicas y económicas, pero en la práctica, las comunidades autónomas que queremos hacerlo no lo podemos practicar”, indica la consellera. “Le hemos pedido a varios gobiernos que facilite la apertura de una cuenta corriente a través de una resolución administrativa por la que se identifique a los beneficiarios sin papeles a través de otros documentos”, reitera Santiago. “Si no, nos encontramos con este problema. Aunque queramos, no se les puede ayudar”, insiste.

La regularización: la vía “más eficaz” para protegerles

Ante las dificultades burocráticas ligadas a la dotación del ingreso mínimo vital que contemple a personas en situación irregular afectadas por la crisis de la COVID-19, la Red Europea contra la Pobreza (EAPN) considera que la vía más eficaz para proteger todas las personas vulnerables ante la emergencia es impulsar un proceso regularización de inmigrantes sin papeles, reclamado por más de 200 organizaciones.

No obstante, el ministro Escrivá ha descartado que se esté estudiando una regularización general en el contexto de la emergencia del coronavirus. El titular del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social se mostró partidario de “conseguir que todos los inmigrantes” que residen en España estén en una situación regular, pero a su juicio este objetivo debe trabajarse en “condiciones de mucha más serenidad y consenso” que las actuales, según recoge la agencia Efe.

“La regularización es necesaria para controlar la eficacia de las políticas sociales y sus necesidades… Si una familia no sabe cuántos miembros van a estar en casa, no puede valorar las necesidades de la compra: aquí pasa lo mismo. Necesitamos este proceso para que un futuro ingreso mínimo vital de verdad cubra a todas las personas que lo necesiten”, sostiene Graciela Malgesini, investigadora de incidencia política de la EAPN.

“El anuncio de un ingreso mínimo vital puede nacer lastrado por una seria injusticia: dedicado a evitar situaciones de pobreza extrema, dejará fuera sin embargo a miles de personas por una cuestión puramente burocrática”, reclaman también desde la Asociación de Abogados Extranjeristas, quienes solicitan la regularización como mejor solución.

Otras de las propuestas planteadas por algunos expertos consiste en la elaboración de una respuesta específica de emergencia para cubrir las necesidades económicas de las personas más afectadas por la crisis del coronavirus, dado que el ingreso mínimo vital en el que trabaja el Gobierno central no será aprobado hasta mínimo la segunda quincena de mayo.

Como medida de emergencia, Malgesini apuesta por la agilización de los trámites de empadronamiento por parte de todos los Ayuntamientos de España y la creación de un convenio con entidades bancarias para favorecer la dotación de las rentas mínimas de inserción ya existentes en las distintas comunidades autónomas también para aquellas que se hayan quedado sin ingresos durante el estado de alarma.

En el salón de Serigne no amanece hasta las cuatro de la tarde. Las siete personas que comparten este pequeño piso de Lavapiés (Madrid) se sientan entonces sobre el sofá naranja, donde intentan retrasar la hora de la primera comida. Los sacos que solían cargar sobre sus hombros reposan ahora dispersos por varios rincones de la casa. Las camisetas de fútbol que ningún turista ha comprado abarrotan la esquina de uno de los cuartos. Los bolsos que debían haber expuesto hace semanas en la Puerta del Sol permanecen en el recibidor.

Durante las primeras tardes de confinamiento, el timbre de esta casa, donde residen siete manteros, no dejaba de sonar. Esta vivienda se ha convertido en uno de los puntos de recogida de la ayuda con la que sobreviven decenas de vendedores ambulantes en la capital. Por aquí han pasado muchas de las personas apoyadas por el Sindicato de Manteros de Madrid para recibir su parte de la caja de resistencia en la que acumulan desde hace años donaciones para casos de emergencia.

Ante la falta de ayudas gubernamentales para las personas sin papeles, la organización ha repartido una “renta básica”, así la llaman, de 200 euros a un total de 60 personas durante el último mes. En estos momentos se encuentran recaudando más dinero para poder aportar a más gente la próxima semana.

Serigne es el encargado de distribuir las entregas de dinero a aquellos compañeros que lo necesitan. “El sindicato ha lanzado una campaña para ayudarnos. Es muy importante para nosotros. Sin esta campaña no podríamos comer”, lamenta el vendedor ambulante en el interior de la estrecha habitación que comparte con su hermano.

Dos camas cubiertas con sábanas de coloridos dibujos y separadas por medio metro de distancia ocupan la mayor parte del espacio de su cuarto. A los pies de una de ellas, junto a un pequeño mueble, su herramienta de trabajo: dos grandes sacos cargados de camisetas de los principales equipos de fútbol. Esas que antes vendían frente a un estadio Santiago Bernabéu convertido ahora en un enorme almacén de productos sanitarios en la respuesta contra la pandemia.

El senegalés sujeta las cuerdas de las que solía tirar con destreza cuando se acercaba la Policía, abre la gran sábana blanca y muestra montones de camisetas aún envueltas. Observarlas le empuja a pensar de nuevo en esos temores intensificados desde el inicio de la cuarentena obligatoria. “No sé cuándo podremos volver a venderlas. No solo tengo miedo por el confinamiento, también por los meses que vienen. Creo que la gente no va a querer tocarlas, no nos van a comprar”, confiesa Serigne, sentado en una pequeño taburete azul.

Detrás de él, una foto impresa en blanco y negro rompe la monotonía de su armario. En ella, un hombre posa con un cartel entre sus manos: “Sobrevivir no es delito”. Es Mame Mbaye, mantero fallecido en el barrio madrileño de Lavapiés en 2018, cuando regresaba a su casa tras una persecución policial.

Llevaba 12 años en España, pero murió sin haber conseguido regularizarse. Serigne se acuerda de “su hermano” para describir su propia situación. “Llevo aquí desde 2008. Como Mame y como tantos otros, aún no he podido sacarme los papeles”, lamenta el mantero. Ha intentado obtener la documentación en dos ocasiones. La primera se la denegaron. La segunda se encontraba en trámite cuando se declaró el estado de alarma. “Y ahora todo está parado”.

Pasadas las 17 horas, uno de los manteros con los que vive, escondido bajo su capucha amarilla, se sienta en una pequeña mesa del salón. No habla mucho, lleva días preocupado: le han comunicado que un familiar de Senegal tiene fiebre, cuenta uno de sus amigos. Come en silencio, frente a la televisión, un plato de arroz con pollo y verduras. “Lo de siempre”, añade Serigne entre risas. Él suele preparar la comida a sus compañeros. “Hice un curso de cocinero”, señala con cierto orgullo.

No hay mucho que hacer y hay poco que comer. Por eso buscan posponer la hora de despertarse y del almuerzo todo lo posible. En época de confinamiento, han generado una nueva rutina diaria para estirar su ajustado presupuesto, ante la imposibilidad de salir a la calle a desplegar sus mantas en el centro de Madrid. “Ahora nos levantamos muy tarde, hago arroz con pollo y luego comemos. Así ya aguantamos hasta las 11 o doce de la noche. Comemos dos veces al día”, describe el senegalés. Es su estrategia para aminorar la sensación de hambre en tiempos de coronavirus.

El hermano de Serigne, quien no pertenece al sindicato y solo recibe el apoyo de sus compañeros de piso, suele comer solo una vez al día: “Dentro de poco viene el Ramadán, pienso que ya he empezado y no me cuesta mucho comer menos”, sostiene el hombre, quien, aunque tiene papeles, aún no ha podido abandonar la venta ambulante. Mientras lo explica, el resto de compañeros permanecen sentados en el sofá, con los pies descalzos sobre una gran alfombra roja, pendientes de sus teléfonos móviles.

Pasan los días de encierro “tranquilos”, insisten, sin pensar mucho en las deudas acumuladas por el retraso del pago del alquiler y del material guardado entre las mantas. “El casero nos dijo que podíamos pagar el alquiler el mes que viene. También debo todo esto”, dice señalando las camisetas, su fuente de empleo. “Cuando nos dejen salir, también va a ser muy difícil”, sospecha Serigne. El senegalés saca de debajo de la cama una carpeta azul donde guarda los recibos de todas aquellas personas que han recogido la “renta mínima” creada por el Sindicato. Por aquí pasan a recogerlo a las horas marcadas por el mantero. Siempre de manera individual, aclara, para respetar las restricciones de movimiento ligadas al brote.

Entre ese fajo de recibos, donde especifican el nombre y el pasaporte del beneficiario, se encuentra Moussa. “El Sindicato es el único colectivo que me ayuda”, repite por teléfono desde el barrio madrileño de Delicias. Durante los primeros días de confinamiento, se desplazó desde su lugar de residencia hasta la casa de Serigne para recoger los 200 euros de ayuda.

Lo primero que hizo con ese dinero fue separar 70 euros y enviárselos a sus padres, quienes aún viven en su país. Para distribuir bien esos 130 euros restantes, suele comer solo una vez al día. Vive en otro punto de Madrid, pero su rutina es muy similar a la instalada en el hogar de Serigne. Moussa se levanta a as 16 horas, toma un café y no ingiere un plato fuerte hasta alrededor de las nueve de la noche, sostiene. Para él, lo más importante es poder mandar algo de dinero a sus familiares, quienes también están sufriendo los efectos económicos del confinamiento.

La preocupación dividida entre España y Senegal

“Si vine aquí, era para ayudarles. Mientras siga recibiendo algo de dinero, continuaré mandándoles, aunque sea un poquito. No me importa comer menos”, argumenta el senegalés, quien llegó a España hace tres años y medio.

La preocupación por el avance del virus en su país es compartida por cada uno de los manteros entrevistados. Su ansiedad se divide entre los números de contagiados en España y la cifra de positivos registrada en su país de origen. A los nervios ligados a la imposibilidad de trabajar se suman aquellos relacionados al empeoramiento de la situación económica de sus allegados, sin que puedan cumplir la promesa de apoyarles.

Reconocen intentar no pensar mucho en el futuro. “Hay que vivir día a día, como siempre solemos hacer. Aunque claro que asusta pensar en todo lo que esto puede durar”, dice Serigne. Son expertos en salir adelante en la incertidumbre, en ganar lo justo para sobrevivir y desconocer cuánto dinero ganarán mañana. Por eso, desde hace años, el Sindicato de Manteros creó la caja de resistencia que ahora les permite tener algo que comer.

El Gobierno que preside el socialista Juan Espadas en Sevilla está dando pasos que apuntan hacia un avance significativo para tratar de dar soluciones a la situación del colectivo de senegaleses que ejerce la venta ambulante en la capital andaluza. El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha mantenido este jueves un encuentro con el colectivo y se ha comprometido a la creación de una mesa de trabajo en la que se integrarían las áreas municipales relacionadas con el problema que afecta a este grupo de personas.

De este modo, estarían en esta mesa de trabajo el delegado del Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, Juan Manuel Flores; y el titular de Economía, Comercio y Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana, Francisco Páez (PSOE), además del responsable de Gobernación. Se espera que el arranque de los trabajos de este grupo de trabajo transversal tenga lugar a la vuelta del periodo navideño.

Unión y Acuerdo

Verónica Ambriz, que asesora jurídicamente a Jappo ak Deggo --denominación de la asociación que forman estas personas pero que aún no se ha constituido legalmente y que significa Unión y Acuerdo-- se ha mostrado esperanzada con el resultado de esta última reunión, ya que “parece que hay una voluntad y un compromiso de trabajar para buscar una solución laboral y social para el colectivo”, formado en Sevilla por unas 80 personas.

Esta abogada, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y Máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, cree que la solución debe venir del trabajo de técnicos y expertos, ya que se trata de un problema muy compleja en la que confluyen factores administrativos, legales, laborales y sociales. Ambriz pide una hoja de ruta y plazos para que puedan ir materializándose cuestiones y este punto de partida no quede en un brindis al sol.

“No quieren que se les regale nada, no son delincuentes y la mayoría son personas que vienen de sus países con una formación”, comenta Ambriz, que subraya las dificultades a las que se enfrentan: “Cuando van a la Seguridad Social, les piden los papeles de inmigración, y en inmigración, les piden el contrato de trabajo. Así que es la pescadilla que se muerde la cola”, explica.

Nueva generación con formación y aspiraciones

La asesora jurídica apunta que actualmente el colectivo está ultimando los trámites para que la asociación quede definitivamente registrada de forma legal. Después de un trabajo de años, esta abogada ve a este grupo “más empoderado” y además destaca que se trata de una nueva generación de jóvenes que no ve en la venta ambulante su opción de vida, “que no se ha adaptado o acomodado” a esa forma de ganarse la vida, sino que aspira a tener otras oportunidades.

En este sentido, se trataría, por un lado, de facilitar una formación complementaria a aquellas personas que ya vienen con una formación, de manera que puedan ganarse la vida de una manera alternativa a la venta ambulante; mientras que a los que quieren continuar con la venta, fundamentalmente de artesanía, se les dé ubicación en los mercadillos que legalmente se asientan en la ciudad, según ha precisado esta letrada.

Por su parte, la concejal de Adelante Sevilla, Sandra Heredia, también presente en la reunión, ha valorado muy positivamente el encuentro de este jueves entre el Gobierno municipal y los manteros, ya que considera que ha habido un “viraje” en el sentido de entender el asunto de forma más integral, no únicamente como cuestión del ámbito de la seguridad, sino como un problema que abarca también la perspectiva sociolaboral y comercial.

“Vigilantes frente a discursos de odio”

Heredia ha reconocido la “buena disposición” del equipo de Gobierno y ha recordado que hasta llegar a este punto, en el que parece que se avanza en la buena dirección, “ha habido un trabajo previo de Participa Sevilla en el mandato anterior y de los movimientos sociales”. Además, ante la “actual proliferación de discursos de odio”, la edil ha subrayado la necesidad de estar “vigilantes” con la situación de colectivos vulnerables como el que forman estas personas.

Fuentes del Ejecutivo local, por su parte, confirman el buen entendimiento en la reunión mantenida esta semana con el colectivo, así como su disposición a trabajar de forma colaborativa desde las áreas municipales implicadas para intentar ofrecer a estas personas alternativas para integrarse socialmente y ganarse la vida de manera legal.

Desde el Gobierno municipal, que reconoce las dificultades de la situación de este colectivo, la intención es promover medidas destinadas a la regularización de la situación administrativa de estas personas, así como estudiar la posible integración de su actividad en los mercadillos legalmente constituidos, para que abandonen la venta de productos falsificados y apuesten por otras mercancías. Además, pretende propiciar el acceso de estas personas a planes y talleres de empleo, habida cuenta de que muchas de ellas cuentan con formación específica para desempeñar distintos oficios.

Rifirrafe político

La reunión celebrada este jueves entre los manteros y el Gobierno local tiene su precedente más inmediato en otro encuentro celebrado el 31 de mayo pasado, donde ya comenzaron a darse pasos para abordar esta cuestión desde una perspectiva transversal, no sólo desde el punto de vista de la seguridad.

La venta ambulante ilegal sigue siendo un tema de rifirrafe político en la Corporación local. De hecho, en el último Pleno municipal, celebrado el 21 de noviembre, salió adelante una propuesta presentada por el Grupo Popular sobre un plan de control policial de las calles afectadas por la venta ambulante ilegal y un operativo para ofrecerle recursos sociales a los manteros.

Durante dicho debate, en el que el PP denunció la proliferación de la venta ambulante ilegal en zonas como la calle Tetuán, Plaza de España, Luis de Morales o Su Eminencia, el concejal de Gobernación explicó el voto afirmativo del PSOE aludiendo a que muchas de las medidas ya se llevan a cabo, como el control policial y la apuesta por ampliar plazas de agentes de la Policía Local, así como la ayuda para reorientar laboralmente a estas personas. Adelante Sevilla, por su parte, votó en contra de la iniciativa al no aceptarse su propuesta de votación separada de los distintos puntos que la componían.

Han pasado ya dos meses desde que el Ayuntamiento de Barcelona desplegó un operativo sin precedentes para combatir la venta ambulante. Desde entonces, los manteros denuncian que se han quedado sin la única actividad que les permitía subsistir económicamente. “Estamos en casa sin trabajo, y esto genera un sufrimiento y una frustración que no importa al poder”, se lamentaba este viernes Aziz Faye, portavoz del Sindicato de Manteros, en un acto de protesta para exigir al consistorio que les ofrezca programas de inserción laboral.

“En estos dos meses no hay ningún compañero al que se haya dado salida con un trabajo, era todo mentira”, ha expresado Faye en referencia al compromiso expresado por el consistorio de compensar la persecución policial de la venta no autorizada con la búsqueda de alternativas laborales para este colectivo, en su mayoría de origen subsahariano y sin permisos de residencia y trabajo. Una vez más, los vendedores han argumentado que su única opción al no tener papeles es la venta en la calle, y que si no pueden llevarla a cabo se ven abocados a la miseria.

El Sindicato de Manteros ha escogido el barrio de la Barceloneta para llevar a cabo su acción de protesta. En este barrio, medio millar de vendedores solía ocupar parte del paseo Joan de Borbó para vender su mercancía a los turistas. Ahora no hay ni un mantero en toda la avenida, puesto que no pueden arriesgarse a poner la manta no solo por la multa que les podrían imponer, sino porque les pueden requisar el material. Así las cosas, desde el consistorio estimaron al final del verano que se ha pasado de más de 700 vendedores a unos 140.

Una quincena de manteros han participado en el acto de este viernes tras la pancarta Organizaciones de respeto a los migrantes y refugiados y con carteles en los que se podían leer los oficios que podrían desempeñar si tuvieran papeles. “Somos mecánicos, carpinteros, soldadores, arquitectos... Pedimos a los políticos que respondan a nuestra llamada”, proclamaba Lamine Bathily.

Desde que se inició el operativo contra los manteros, en el que participan la Guardia Urbana, los Mossos d'Esquadra y la Policia Portuaria, el consistorio ha mantenido dos reuniones con el colectivo, en el marco de la mesa de diálogo abierta el pasado mandato. En el Ayuntamiento aseguran que en los últimos días han estado trabajando en “medidas para ampliar y mejorar los mecanismos que impulsen alternativas sociolaborales a la venta ambulante no autorizada”, y que lo trasladarán al Sindicato en una próxima reunión a finales de mes.

El consistorio recuerda que ya tiene planes de inserción vigentes a los que se han podido acoger un total de 83 personas, 17 de ellos a través de una cooperativa y 66 con programas de ocupación. También han puesto en marcha la Oficina de Irregulares, que prevé atender a unas 150 personas en un “acompañamiento”tanto en materia laboral como de asesoramiento para conseguir papeles.

Los manteros, sin embargo, desconfían y han aprovechado su acto este viernes para denunciar que se les haya asociado al debate sobre la creciente inseguridad en Barcelona. “Detrás de esta persecución hay racismo, pretenden asociarnos a la inseguridad pero no tiene razón, el ejemplo es que desde que nos han quitado del espacio público no han bajado la violencia ni los robos”, razonaba Faye.

El conseller del Interior, Miquel Buch, ha asegurado este jueves que los manteros generan “sensación de inseguridad” debido a que la gente “se distrae” mirando las mercancías del comercio ambulante, lo que según su opinión facilita que se produzcan hurtos. Buch se ha expresado así en declaraciones a la Cadena Ser donde, a preguntas del entrevistador, ha asegurado que si se compra dentro de las tiendas “estás más seguro que comprando fuera”.

El conseller de Interior ha anunciado además que trasladará al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska una petición para que el Gobierno promueva un endurecimiento del Código Penal contra los ladrones reincidentes. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona consideran que este es uno de los principales factores del aumento de robos con violencia o intimidación en las calles de Barcelona, que han crecido un 30% en el último año.

Según ha expresado Buch, deben endurecerse “las penas y el castigo a los delincuentes reincidentes” porque “si el coste de hurtar es mínimo, lo seguirán haciendo”. El conseller se ha referido además al balance hecho público por la plana mayor del cuerpo de Mossos este miércoles sobre seguridad ciudadana, de la que ha destacado que, pese al aumento de delitos, las detenciones han crecido un 80% respecto al mismo periodo del año pasado.

El objetivo del departament de Interior es que ese aumento de las detenciones por encima del crecimiento de robos con violencia, se traduzca en un mayor índice de más ingresos en prisión. Después de que los Mossos asegurasen que el índice de prisiones preventivas dictadas por los jueces para los autores de robos con violencia y hurtos es del 10%, el conseller ha asegurado además que, además, las condenas para este tipo de delitos suelen resolverse con multas. “Las hay ridículas”, lamentó Buch, considerando que las penas son demasiado bajas.

La petición de la Generalitat de endurecer las penas se suma al llamamiento que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha realizado reiteradamente en el mismo sentido. Ahora bien, el conseller se ha desmarcado de la posición del Ajuntament a la hora de categorizar el aumento de criminalidad en la capital catalana. “No hay una crisis de seguridad”, ha indicado Buch, haciendo suyas las palabras de los Mossos y contradiciendo lo expresado por el concejal de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle.

Los Mossos d'Esquadra ofrecieron este miércoles los datos actualizados sobre la actividad criminal en Barcelona. Según sus registros, en lo que va de 2019 ha habido 5.310 robos con fuerza y 12 homicidios. Unas cifras que superan todas ellas a la del año pasado, pero que la policía autonómica subrayó que no consideran “alarmantes ni excepcionales” comparadas con una serie temporal más larga.

La Policía Municipal detuvo ayer a dos hombres, uno de ellos menor de edad, tras una trifulca entre la policía y “manteros” durante la Aste Nagusia de Bilbao. Los policías se replegaron hasta la plaza Circular y pidieron refuerzos a la Ertzaintza. Como consecuencia, medio centenar de agentes de los dos cuerpos acordonaron la zona hasta que se restableció la calma.

El incidente ocurrió pasadas las once de la noche, cuando la Policía Municipal intentó despejar a los manteros del puente del Arenal, que estaba colapsado de gente, para dejar espacio. Cuando comenzaron a retirarlos algunas personas comenzaron a increparlos, según han informado fuentes municipales. Entre los detenidos se encuentra un menor de edad que ya ha sido entregado a sus padres y otro individuo, que aún permanece en dependencias policiales.