Una inyección de 45.218 viviendas para el parque público de vivienda en España, repartida en 1.098 municipios. Es el desglose exacto de las decenas de miles de casas propiedad de la Sareb, el conocido como 'banco malo', que el Gobierno está transfiriendo a la nueva empresa pública y que el Ministerio de Vivienda anunció a principios de julio. La incógnita, hasta este momento, era dónde se encontraban esos inmuebles, que el Ejecutivo quiere destinar a alquiler asequible.

El desglose de la ubicación de estas viviendas –unos datos que elDiario.es ha obtenido a través de una solicitud de información a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) amparada por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno–, permite cartografiar el impacto de esta medida ciudad a ciudad y pueblo a pueblo, pero también realizar una radiografía de la evolución del 'banco malo', uno de los vestigios de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera que costó a las arcas públicas más de 50.000 millones de euros, y de los que solo ha repagado el 44%, según las últimas cuentas de la entidad.

La Sareb se creó en 2012 para dar salida a los activos tóxicos de la banca, aquellas viviendas que las entidades rescatadas financiaron con tasaciones sobrevaloradas y que se habían quedado a medio construir o sin vender tras el estallido de la burbuja sin que los promotores hubieran devuelto esos préstamos o en operaciones tras procesos de desahucios. Esto explica, por ejemplo, la gran concentración de casas que la nueva empresa pública recibe en determinadas provincias, como en la costa mediterránea. “Los mayores activos de Sareb provenían de la extinta Bankia, donde acabaron aglutinadas la caja valenciana Bancaja, Cajamurcia o Cajagranada, de ahí que Castellón, Almería, Murcia o València aparezcan en las primeras posiciones se analiza por provincias”, explica el experto en vivienda del Observatorio CODE Manuel Gabarre.

Como muestra el siguiente gráfico, en Castellón se transfieren 2.496 viviendas. Aunque no es la provincia donde la empresa pública se hará con más casas, sí es en la que la tasa por cada 100.000 habitantes es mayor: 413. En las provincias vascas, sin embargo, el número de viviendas transferidas es menor, algo que el experto Gabarre atribuye posiblemente a que en Euskadi las cajas resistieron el envite de la crisis financiera.

El objetivo inicial de Sareb era dar salida a las casas —y suelos— que había ido asumiendo de las entidades bancarias, para devolver una deuda avalada por el Estado antes de 2027. Pero aquellos activos estaban valorados muy por encima de su precio real de mercado, lo que ha hecho prácticamente inviable saldar esa deuda, que acabará teniendo que asumir el Estado, porque, los que han podido colocarse, se han vendido a precios más bajos de los estimados inicialmente. La entidad estima que ha ido deshaciéndose de unos 10.000 inmuebles al año.

Las 45.000 viviendas que ha transferido ahora a la empresa pública son, por tanto, muchas de las que quedan de aquellos paquetes que fue asumiendo a partir de 2012. Pero no todas, porque el Ministerio de Vivienda ha procurado que sean inmuebles que puedan ponerse a disposición y en alquiler asequible, por debajo del 30% de los ingresos de las familias, “lo antes posible”. De hecho, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos estableció una serie de criterios geográficos, económicos y técnicos, como que estén ubicadas en municipios de áreas metropolitanas e islas, con poblaciones superiores a 5.000 habitantes o de más de 1.000 con incrementos de más del 5% en la última década, que tengan entre 85 y 150 metros cuadrados y que no presenten patologías estructurales. En este lote se encuentran también los 9.800 alquileres sociales que tiene firmados la Sareb, a quien el Gobierno confió en 2023 un mandato social.

Con estos criterios, 14.548 viviendas se ubican en ciudades de entre 50.000 y 250.000 habitantes; 10.423 en municipios de entre 20.000 y 50.000; 8.806 con entre 1.000 y 10.000; 5.762 con entre 10.000 y 20.000; y 5.559 en 18 grandes ciudades, de más de 250.000 habitantes.

Para la socióloga urbana, doctora en gestión y valoración urbana y miembro del Col.lectiu punt6, Blanca Valdivia, la distribución de estas viviendas genera algunas dudas, sobre todo en determinadas zonas con problemas de acceso específicos o tensionadas, con declaración o no, al margen de las grandes urbes metropolitanas. “En toda la periferia sur madrileña, en municipios como Móstoles, Alcorcón, Getafe o Leganés, no parece que haya una tasa muy alta de pisos, sin embargo sabemos que fueron zonas en las que sí se ejecutaron un número elevado de desahucios”, explica.

Con los datos desglosados, la pregunta que se plantea es: ¿puede tener este movimiento un efecto en los precios del alquiler? En la respuesta coinciden todas las voces consultadas. “En las grandes ciudades, su impacto sobre el mercado es muy bajo, por lo que no puede generar grandes efectos que acaben con el problema de los precios”, verbaliza Javier Gil, investigador del CSIC experto en vivienda y vinculado a los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, que, sin embargo, se muestra optimista: “Este debe ser solo el primer paso hacia la construcción de una gran empresa pública de vivienda”.

Cuando la ministra Isabel Rodríguez anunció el traspaso de las casas al parque público, desde la PAH celebraron la decisión como propia, tras una década reclamando y con acciones específicas, como el Plan Sareb o la campaña La Sareb es Nuestra, exigiendo la paralización de los desahucios, la ocupación de bloques o reclamando un censo real de viviendas, que nunca llegó a hacerse público. La propia ministra llegó a verbalizar que esta medida perseguía que “lo que sirvió para rescatar a los bancos, hoy sirve para recatar a las familias”.

Para Gabarre, muy crítico con la finalidad inicial del banco malo, esta medida puede leerse desde dos perspectivas, lo que pudo ser y lo que es. “La Sareb pudo ser el germen de un parque de vivienda pública que España no tenía, porque había viviendas y suelo que ha volado. Con 45.000 casas, aunque es número notable, no vamos a conseguir influir en el parque ni asemejarnos a modelos como el francés, donde hay un 18% de alquiler social, pero al menos es una buena noticia en cuanto a un cambio en las políticas de vivienda. Hace 12 años habría sido importante, hoy es una buena noticia”, resume.

Por municipios, Madrid, Murcia y Roquetas de Mar se encuentran a la cabeza por unidades. Aunque si se analizan los datos por población, suponen un mayor impacto las 219 viviendas transferidas en Ramales de la Victoria, un pueblo cántabro de 3.061 habitantes. En el siguiente buscador pueden consultarse los 1.098 pueblos y ciudades uno a uno.

14.000 viviendas para Catalunya

Aunque aún no se conocía el desglose del traspaso de estas viviendas, desde el Ministerio de Vivienda sí habían dado públicamente algunos pasos, mientras el consejo de administración de Sareb trabajaba en la aprobación del perímetro a traspasar. A mediados de octubre, Rodríguez y el president de la Generalitat, Salvador Illa, firmaron un protocolo para que la empresa pública estatal cediera a Catalunya unas 14.000 casas y más de 300 solares que pertenecían a la Sareb. Como puede verse ahora, gracias a los datos recabados por elDiario.es, 8.767 de esas viviendas están en Barcelona, 2.278 se encuentran en Girona, 2.270 se ubican en Tarragona y 930, en Lleida. Precisamente, desde el Ejecutivo han destacado que se priorizarían aquellas regiones que hubieran declarado zonas tensionadas.

Valdivia recuerda que este mecanismo, que contempla la Ley de Vivienda, sirve para “aplicar políticas que equilibren el precio”, pese a que muchas comunidades autónomas, principalmente las gobernadas por el Partido Popular, pero no solo, no las están declarando. En este sentido, la experta insiste en que recuperar las casas de la Sareb “es un paso” pero que, ante la crisis actual, hay que articular “múltiples soluciones”, que van desde “regular el mercado, a los grandes propietarios y limitar los alquileres”.

Pero va un paso más allá, al considerar que “estás acciones en materia de vivienda no pueden estar aisladas, sino que deben ir de la mano de otras políticas urbanas y económicas, ante la tensión en determinados municipios donde la población está forzada a ir, porque hay más servicios, están mejor dotadas o es donde se encuentran los puestos de trabajo”.

Un contrato de 55 millones con “sensibilidad social”

La nueva empresa estatal de vivienda es una de las herramientas sobre las que el Ejecutivo quiere articular sus políticas para hacer de este área el “quinto pilar del Estado del Bienestar”. Esta misma semana, el Consejo de Ministros autorizó la licitación de un contrato de servicios para la gestión integral del arrendamiento de las viviendas del parque de alquiler asequible, en cuatro lotes con un presupuesto total de 55,3 millones de euros.

Según ha avanzado el Ministerio de Vivienda, el contrato incluirá requisitos que “garanticen la excelencia y la sensibilidad social del servicio, tales como la experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social” para que “prevalezca el compromiso social y no solo los criterios económicos”, además de un sistema de penalizaciones y bonificaciones, “orientadas a maximizar la calidad del servicio prestado a las personas inquilinas”, como sanciones si no se arreglan los desperfectos en un tiempo determinado o premios si se saca buena nota en una evaluación anual.

Han ganado tiempo, pero su batalla frente a la Sareb continúa. Quince familias del barrio Oliver de Zaragoza se arriesgan a perder su vivienda porque la Sareb, actual propietaria de las viviendas tras los impagos del promotor, quiere rescindir los contratos de arrendamiento para traspasar las viviendas. La presión social ha hecho que el denominado 'banco malo' –en manos mayoritariamente del Estado– aplace su decisión hasta estudiar cada caso y poder detectar situaciones de vulnerabilidad. Los vecinos, sin embargo, reclaman seguir alquiladas como hasta ahora.

“Esto no es una solución, solo nos dan un respiro. Pedimos que nos renueven los contratos: están rescatando bancos y lo que tienen que hacer es rescatar personas”, lamenta Cristian Checa, uno de los inquilinos. Él y su pareja viven en un estudio de poco más de 32 m² por el que pagan 450 euros, más otros 185 euros de comunidad, con lo que quiere dejar claro que lo suyo “no es ningún chollo”.

Las otras 14 familias tienen cada una distintas casuísticas, con alquileres y facturas de la contribución con distintos precios. Hay núcleos monoparentales, parejas con tres niños, alguno de ellos recién nacido, y vecinos que viven solos. Sus viviendas se distribuyen tres calles del barrio –Pedro Porter, Miguel Artigas y Obispo Paterno–.

Todas ellas fueron impulsadas antes de la crisis del 2008 por la misma promotora, Promociones 2552 SL, pero los sucesivos impagos, que llegaron a superar los siete millones de euros, llevaron a Hacienda a embargar las viviendas. Hace pocos meses pasaron a manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que ahora quiere ejecutar los lanzamientos, y en un plazo muy breve de tiempo: están previstos para el 26 y 28 de marzo y el 2 de abril. 

La repercusión que ha tenido el caso de estas quince familias en los últimos días ha llevado a la Sareb a aplazar la resolución. “Sareb ha tomado esta decisión con el objetivo de analizar la situación socioeconómica de cada familia y conocer así si existen casos de vulnerabilidad entre los vecinos, cuyos contratos de alquiler no han sido reconocidos como válidos por el Juzgado”, explicó el miércoles la entidad en una nota de prensa. 

De encajar en los parámetros de “familias vulnerables”, según la Sareb, se les ofrecerá “un contrato de alquiler social por un plazo de siete años”. De lo contrario, tendrán la posibilidad de “adquirir las viviendas de forma preferente”.

Esta última opción, por ejemplo, no le encaja a Cristian Checa. “Me ha dicho mi abogado que el piso está valorado en 234.000 €. Pero ¡si es un estudio de 32 metros cuadrados con una habitación en el barrio Oliver!”, lamenta sin creérselo aún. En su caso, además, explica que el arrendamiento no vencía hasta 2027 –firmó en 2020– y que lo tiene registrado en el Gobierno de Aragón. “No me echan por no pagar: no he dejado de pagar un solo mes. Estamos un limbo legal”, se queja.

Desde el Sindicato de Inquilinas, que ha acompañado a las familias en este proceso, Paula Gil apunta que los afectados son una treintena de personas y rechaza los criterios de vulnerabilidad planteados. “A la hora de la verdad, consideramos que estas 15 familias son todas vulnerables”, incide, antes de lamentar que “una empresa pública” se comporte “como cualquier banco”. “Solo quieren hacer negocio con la vivienda. No es de recibo en una empresa de capital mayoritariamente público”, denuncia.

Disputa partidista

La amenaza de desahucio para estas quince familias tampoco ha sido ajena a la disputa partidista. Días atrás, el grupo de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza pidió al Ayuntamiento, en poder del PP, que se interesara por la situación, obtuviera toda la información necesaria y se posicionara como mediador en el conflicto. Gran parte de la situación, según ZEC, es producto de la “desidia” del Gobierno municipal, que “sistemáticamente en las gerencias de urbanismo está mucho más interesado en la venta de suelo público para movimientos especulativos de vivienda libre, en muchos casos de lujo, que en la protección de la vivienda social como un derecho ciudadano básico”.

Desde el equipo de gobierno llegó la respuesta ese mismo día. Así, el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, instó a ZEC a que se dirigiera “a sus compañeros de Sumar que dirigen algunos ministerios del Gobierno de España para que la Sareb paralice los desahucios”, porque, según añadió Serrano, el Ayuntamiento de Zaragoza “es completamente ajeno” a esta situación.

Hace poco más de un año, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como Sareb o banco malo, seleccionó a tres compañías controladas por gigantes de la inversión, Blackstone y KKR, para que gestionasen y vendiesen sus activos.

Desde entonces, la comercialización de sus inmuebles y préstamos impagados está en manos de Anticipa-Aliseda (Blackstone) e Hipoges (KKR), que podrán vender esos activos -valorados en más de 25.000 millones de euros- hasta el mismo día del teórico cierre de Sareb, según explican estas firmas de gestión inmobiliaria en sus últimas cuentas anuales. Cabe recordar que el banco malo nació con fecha de caducidad y debe echar el cierre antes de que acabe 2027. 

Estas entidades explican en sus memorias de 2022 algunos detalles de sus contratos. Estos se cerraron por tres años, pero son ampliables. Por ejemplo, Anticipa detalla en su informe anual que “con fecha 1 de abril de 2022” suscribió el contrato con el banco malo para la “gestión y comercialización de parte de los activos de Sareb” y que “dicho contrato tiene una vigencia inicial de tres años, siendo prorrogable hasta el 28 de noviembre de 2027”. 

Y Aliseda va un paso más allá porque indica que se podrán prorrogar bajo criterio de Sareb. Este servicer -el término que emplea el sector cuando habla de las firmas a las que se encarga comercializar activos- desglosa en su informe de 2022 que, un año antes, el banco malo “sacó a concurso, mediante un proceso competitivo, la gestión y comercialización de parte de sus activos, denominado Proyecto SMO Contrato de Servicios de Gestión”.

“La sociedad [Aliseda], junto con Anticipa, se presentaron a este concurso conjuntamente, resultando adjudicatarias” y sellaron el contrato con fecha 1 de abril de 2022, “comenzando la prestación de los servicios gradualmente desde el 1 de julio”, de ese mismo año. También explica que “el Contrato SMO tiene una duración inicial prevista hasta el 30 de junio de 2025, con posibilidad de dos prórrogas a voluntad de Sareb, siendo de obligado cumplimiento las prórrogas para la sociedad y anticipa, si Sareb decide prorrogarlo”. 

Hipoges también apunta que en 2022 firmó un contrato de tres años prorrogable por dos más “a voluntad” del banco malo. En su caso, gestiona activos por valor de 14.000 millones, según indica en sus cuentas. 

Sareb explica a elDiario.es que decidirá si prorroga estos contratos en función de los resultados, de cómo evolucione la actividad encargada a las firmas controladas por los dos gigantes de la inversión. 

Un contrato que no es público

El contrato se cerró antes de que la sociedad estuviera controlada por el Estado, por lo que no se rigió por la normativa de contratación del sector público. Sareb pasó formalmente a manos estatales en enero de 2022. Entonces, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para tomar su control, al eliminar una norma que le impedía superar el 50% del accionariado. Una decisión que llegó después de que Europa obligase a España a asumir la deuda de 35.000 millones de la sociedad que se quedó con los activos tóxicos que generó la banca en la última burbuja del ladrillo. 

Como no estaba controlada por el Estado, esos contratos pactados antes de enero de 2022 no son públicos, según explica Sareb, pero las firmas controladas por los gigantes de la inversión sí dan alguna pista.

“En el marco del contrato con Sareb, la sociedad factura al cliente la totalidad de los servicios ejecutados que han sido prestados tanto por la propia sociedad como por Aliseda Servicios de Gestión Inmobiliaria por importe de 7,59 millones de euros en el ejercicio 2022”, asegura Anticipa en su informe anual. Como se ha mencionado anteriormente, esos servicios corresponden casi a medio año, porque comenzaron a prestarse en julio de 2022.

“Asimismo, la sociedad mantiene un contrato de prestación de servicios con Aliseda [...]  por la prestación del contrato con Sareb por importe de 3,79 millones de euros”, afirma Anticipa sobre su contraparte. Ni Aliseda ni Hipoges mencionan cifras concretas.

Una sociedad con fecha de caducidad

Sareb nació con fecha de caducidad: 15 años. Fue ideada como una pata del rescate bancario, con la que aglutinar los activos improductivos (viviendas, crédito a promotores, suelo sin construir, etc.) de la banca rescatada con dinero público. Era la forma de limpiar los balances. Y para adquirir esos activos bancos se endeudó en 50.000 millones, de los que 35.000 acabaron siendo deuda pública. 

En sus propios estatutos, Sareb recoge que “la sociedad se constituye por un plazo determinado, hasta el 28 de noviembre de 2027”, pero no está tan claro que sea esta fecha en la que baje la persiana.

El pasado verano, fuentes de la entidad reconocían que ese día es el calendario con el que trabajan, pero que todo dependerá de la decisión que tome el Gobierno. Desglosaron que de los más de 50.000 millones en activos que recibieron, el 80% eran préstamos a promotores inmobiliarios y, el resto, inmuebles. De ellos, al cierre del último año se habían vendido 170.000. En total, la sociedad había devuelto deuda por valor de 20.300 millones, pero le quedaban otros 30.000.

Estas fuentes también indicaron que hay parte de esos activos que no es fácilmente vendible, sobre todo, suelo, porque no está en las zonas por las que hay un interés inmobiliario. Desde hace unos meses, la entidad forma parte del plan para crear un parque de viviendas públicas en alquiler social o asequible, donde puede aportar hasta 46.000 viviendas. En esta información detallamos el mapa de sus pisos. 

Sareb comunicó hace unos días sus resultados del primer semestre, que cerró con números rojos por valor de 824 millones de euros. Un año antes perdió 715 millones. Un paso atrás que explica por el aumento de los costes de financiación por la subida de los tipos de interés. Esto ha tenido un impacto en sus cuentas de 350 millones cuando un año antes fueron 158.

Sin embargo, también destaca aspectos positivos. Apunta que ha incrementado la venta de viviendas en un 8%, hasta más de 5.300 unidades y que la generación de ingresos por la venta de activos inmobiliarios ha repuntado un 5% en el semestre, por la mayor actividad de promoción inmobiliaria. 

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) cuenta en Cantabria con casi un millar de viviendas, según el desglose que efectúa la entidad pública en su web. El conocido como 'banco malo' se ha convertido en protagonista político y mediático en los últimos días a raíz de la iniciativa anunciada por el Gobierno de España de movilizar 50.000 viviendas a precios asequibles.

El efecto de esta medida, que se aprueba este martes en el Consejo de Ministros, chocaría en Cantabria con la distribución de los inmuebles, en su mayoría alejados de las zonas especialmente tensionadas. Se trata de municipios con alquileres elevados, como son Santander o Castro Urdiales, que apenas cuentan con una veintena de viviendas propiedad del 'banco malo'.

Y es que según el mapa elaborado por elDiario.es, la entidad que aglutina activos tóxicos de la banca tan solo tiene 20 inmuebles en la capital cántabra y apenas cinco más en Castro Urdiales. Por su parte, en otras localidades más pequeñas pero con alquileres también especialmente altos, como Laredo, Comillas o Ribamontán al Mar, tampoco dispone la Sareb de un parque de vivienda relevante: una en Laredo, 22 en Comillas y ninguna en Ribamontán al Mar.

En lo que respecta a Torrelavega, sin embargo, segundo municipio de la comunidad considerado también como área tensionada, los inmuebles de la entidad alcanzan una cifra más notoria: 62. No obstante, otras localidades menos afectadas por el precio disparado de los alquileres cuentan con un número incluso mayor. Se trata de Piélagos, Miengo, Santa Cruz de Bezana o Hazas de Cesto, con 89, 84, 77 y 70 respectivamente.

La iniciativa del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que busca convertir los activos tóxicos en vivienda asequible fue anunciada este fin de semana por el presidente, Pedro Sánchez, dos días después de alcanzar un acuerdo con ERC y EH Bildu para aprobar la ley de vivienda.

A la espera de conocer los detalles de la medida y su aplicación efectiva, con intervención de las autonomías o no, tanto el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla (PRC), como el vicepresidente, Pablo Zuloaga (PSOE), han manifestado su apoyo a la medida, donde el papel de los Gobierno autonómicos tendrá especial relevancia ya que disponen de las competencias en materia de vivienda y es una promesa habitual la de aumentar el parque público de vivienda social en alquiler.

Mapear los inmuebles

Por su parte, este martes, Podemos e Izquierda Unida (IU) han exigido al Gobierno autonómico y a los ayuntamientos que mapeen y detallen los inmuebles propiedad de la Sareb, y sus planes para ellos. Según el cálculo de la coalición electoral, un 2,3% de las viviendas del 'banco malo' están en Cantabria, casi 4.000 inmuebles, garajes, naves y suelos, tanto habitados como no.

En un comunicado, las candidatas Mónica Rodero y Carmen Martín han reclamado conocer “tan pronto como sea posible” qué inmuebles de la Sareb están en suelo cántabro, desglosados por ayuntamientos, y cuándo y cómo se va a solicitar su cesión, en qué condiciones se van a alquilar y a quién se va a priorizar para beneficiarse de ellos. Según Rodero y Martín, “para que las promesas no se queden en agua de borrajas, el camino está claro: transparencia, diálogo, planificación”.

“Está bien que el PSOE llegue a medidas que se vienen proponiendo desde la izquierda al menos desde 2012. Celebramos que hayan llegado, aunque sea tan tarde, en período electoral y pudiendo haber evitado tanto sufrimiento”, ha ironizado Rodero, candidata de la coalición a la Presidencia de Cantabria. Por su parte, Martín, número dos de la coalición, ha reprochado al PP que defendiera que la Sareb sería “un gran negocio” y ha recordado que el pasado febrero, la candidata de este partido a la presidencia de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, defendiera que la solución “es construir más vivienda en un país con tres millones y medio de viviendas vacías”. “El mismo PP y las mismas recetas caducadas: poca imaginación, poca voluntad para ayudar y mucho negocio para los amiguetes”, ha censurado.

Durante varios años viví en un apartamento en Madrid cuyo propietario era un gran tenedor (al que llamaremos Patrimonio, por poner nombre en clave). En concreto, Patrimonio poseía un 60% de los apartamentos del edificio, junto a un porcentaje similar de las plazas de garaje. Casi todos los apartamentos eran iguales: una habitación sin armario, una pequeña cocina con una puerta corredera que daba al salón y un baño bastante decente, de baldosas azules. Por las características de los pisos, prácticamente todos los que vivíamos de alquiler teníamos entre 20 y 30 años. Así que nos fuimos conociendo y terminamos creando un grupo de Whatsapp comunitario, algo que parece sacado de un guion de Aquí no hay quién viva. En realidad, resultó bastante útil. Por ejemplo, a través del grupo descubrimos que cada inquilino pagaba una cifra distinta por el mismo piso, cifras que aumentaban cada año sin ningún tipo de criterio unitario. En nuestro caso, cuando entramos a vivir pagábamos 650 euros al mes que al cabo de unos años se terminaron convirtiendo en 800. Pero los había con alquileres superiores a los 900 euros mensuales.

Durante el confinamiento enviamos un escrito común preguntando si, dado que nuestro arrendador era un gran tenedor, tendríamos alguna posibilidad de rebaja temporal o algún tipo de mejora en las condiciones. Algunos de mis vecinos se habían quedado sin trabajo. Otros estaban en ERTE. La inmobiliaria respondió que no. El resultado: durante los meses siguientes prácticamente todos los inquilinos que llevábamos años en el edificio lo terminamos dejando. Y el grupo de Whatsapp pasó a mejor vida, a ese báratro tecnológico al que se van a morir las notificaciones.

Hace unas semanas me llegó un paquete a ese antiguo edificio y recibí una llamada de mi exportero, un acontecimiento similar a que te llame una expareja. Se produce entonces una conversación nostálgica, salpicada con generalidades. Cuando fui a recoger el paquete, mi ex (portero) me mostró su insatisfacción con estado del edificio: “Os fuisteis mucha gente responsable, que pagaba religiosamente y cuidaba los apartamentos. Ahora entran y salen cada año diferentes inquilinos dejando los pisos hechos un desastre”, me dijo. “Todo por la codicia”, añadió. Posible título de una película de Almodóvar.

Me he preguntado desde el viernes qué opinará Patrimonio de la nueva ley de vivienda. Probablemente se haya sumado a las advertencias de otros grandes propietarios de que los alquileres subirán para hacer frente a nuevos gastos como el de las inmobiliarias. Advertencia o amenaza, llámalo como quieras. La ley contempla algunos avances importantes, pero en la regulación de los precios de alquiler la propuesta ofrece varias vías de escape. La más obvia es que las propias comunidades autónomas decidirán si aplicar los topes de alquiler en las zonas tensionadas. Y, por tanto, a priori no se aplicará allí donde gobierne el PP. También está la dificultad de los nuevos inquilinos para comprobar los precios de los anteriores contratos o la inclusión de gastos adicionales.

Pero lo cierto es que los grandes tenedores no necesitan una nueva ley de vivienda para subir los precios de los alquileres. Lo llevan haciendo ininterrumpidamente los últimos años. Lo cierto es que no necesitan una nueva ley de vivienda para seleccionar a los inquilinos sobre la base de criterios inciertos, algunos potencialmente discriminatorios; también lo llevan haciendo los últimos años. Lo cierto es que tampoco necesitan una nueva ley de vivienda para empeorar la calidad de los pisos, también lo llevan haciendo ininterrumpidamente los últimos años. Un simple dato: en el momento en el que escribo esta columna, en Idealista en Madrid (lamento la referencia centrista pero es la ciudad en la que vivo), se ofertan 9.587 casas y pisos en alquiler, de los cuales 719 son bajos. De esos 719 bajos, solo 36 tienen un precio inferior a los 700 euros mensuales. De la ley es esperable que se consigan taponar todos esos abusos y todas esas vías de escape.

Y mientras tanto, ahí sigue el verdadero problema de fondo en España: el ínfimo porcentaje de vivienda social existente, apenas un 2%. Una de las claves para controlar eficazmente el problema de los alquileres es que exista una oferta pública capaz de arrastrar a la privada. En este sentido es celebrable el anuncio que conocimos ayer. O como asegura el dicho: nunca es tarde si la movilización de viviendas de la Sareb es buena.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida ha condenado a la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a indemnizar a una madre y a un hijo con 3.000 euros por intromisión ilegítima en su derecho al honor, después de que se les hubiera denunciado por okupar una vivienda de su propiedad, cuando los demandados eran los legítimos propietarios.

Según la sentencia, la familia vive en esta vivienda de Mérida desde 2007, mientras que en 2019 una mujer, quien “afirmaba actuar en nombre y representación de la Sareb, de la cual era trabajadora”, presentó denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Montijo (Badajoz) por la comisión de un presunto delito por la okupación del inmueble, al alegar que era propiedad de la sociedad.

Pese a la entrega de los documentos necesarios aportados por la familia siguió el procedimiento, en el cual la denuncia por okupación expresaba además que la vivienda no reunía los requisitos de habitabilidad, proceso penal que sin embargo acabó con sentencia absolutoria. La familia se vio agraviada por la denuncia que se había presentado, de ahí que decidiesen emprender acciones legales contra la Sareb, en este caso por la vía civil.

Ahora, el juzgado considera que “ha quedado contrastado que Sareb interpuso la denuncia de manera temeraria, sin contrastar mínimamente la documentación que disponía” pues esta documentación presentada acredita “plenamente la propiedad”. “Ello sirve para afirmar que la denuncia presentada estaba abocada al fracaso ab initio, y el resarcimiento por la tramitación del procedimiento lo tuvo en cuenta el juzgado, al imponer las costas a la acusación”, afirma la sentencia.

Por este motivo, el Juzgado considera que se debe estimar “parcialmente” la demanda presentada por la familia, y considera “razonable y proporcionado la fijación de un importe indemnizatorio de 1.500 euros para cada demandante”. 

El movimiento Plan Sareb ha puesto en marcha este lunes una protesta en la sede madrileña del fondo de rescate bancario (FROB) que desde esta primavera controla más de la mitad de las acciones del denominado banco malo.

La plataforma, a las puertas de las oficinas del FROB, ha colocado un gigante carné de pobre, en protesta por el modelo de actuación de Sareb en la gestión de viviendas de personas en situación de vulnerabilidad.

“¿Pero por qué un carnet de pobre? Porque para Sareb hay que POBRE-POBRE para que muevan algo. Pero pobre en plan pobre del que a ellos les parece bien, de ese que no sabes ni por qué lo consideran como tal”, explica el movimiento a través de Twitter.

“Esto se plasma en criterios arbitrarios y tremendamente opacos con los que marean a quienes vivimos en sus casas”, añaden. “Llegamos a situaciones ridículas tales como que a ojos de servicios seas vulnerable pero a ojos de Sareb no”.

“Pero no solo eso, es que directamente no atienden a quienes no entran en ese saco. Da igual que vivas de alquiler, que estés en una situación o en otra”, argumenta el movimiento. “Da igual. Es totalmente arbitrario y opaco”. Sareb, indican, “Propone negociaciones individuales, estancadas, oscuras… Nosotras, una negociación colectiva con garantías. Y tenemos un Plan y mucha, mucha gente para conseguirlo”.

Y recuerdan otros casos de actuación de Sareb, donde no se están renegociando contratos de alquiler

El pasado año, Sareb registró 1.626 millones de euros en 2021, un 51,5% superiores a las de 2020. La empresa explicó en marzo que las pérdidas correspondían a que la compañía, con dos tercios de su cartera con minusvalías contables (8.627 millones de euros, un 5% menos que un año antes), priorizó la venta ordenada de activos sin recorrido de valor al alza.

En las calles y comercios de la zona nueva de Santiago de Compostela, carteles con el lema 'Peleteiro, solución ya!' recuerdan que sigue de plena actualidad, pero sin ejecutarse, una gran operación urbanística proyectada hace 20 años. Tiene todos los ingredientes de la crisis que arrasó la economía y sociedad españolas en los tres primeros lustros de este siglo: burbuja inmobiliaria, quiebra de entidades financieras enfrascadas en desmesuradas promociones y afán por hacer negocio con un enorme y bien situado solar urbano al conseguir de los poderes públicos que aumente su edificabilidad.

La historia de la 'Operación Peleteiro' comenzó con el siglo, cuando los dueños de un colegio privado del Ensanche de la capital gallega, una institución laica y de élite abierta desde 1951, idearon un plan para trasladar sus instalaciones a las afueras y, en alianza con la desaparecida Caixa Galicia, reconvertir su céntrica propiedad (un terreno de más de 5.000 metros cuadrados) en un gigantesco centro comercial y complejo hotelero. Pero nunca se hizo.

“Han pasado cinco alcaldes, casi 20 años y la parcela sigue así, paralizada”, se lamentaba hace unos meses el actual regidor de Santiago, el socialista Xosé Sánchez Bugallo. Conoce de primera mano el accidentado expediente, reformulado múltiples veces mientras se sucedían gobiernos locales, demandas y sentencias judiciales, crisis del ladrillo y de la banca, cambiaban las normas urbanísticas y se redimensionaban los modelos de ciudad. La 'Operación Peleteiro' marcó los tres primeros mandatos de Bugallo en la alcaldía (1999–2011), así como las de sus sucesores, tres del PP (2011–2015) y uno de Compostela Aberta (2015–2019). Cuando el edil socialista retomó en 2019 el bastón de mando confiaba en resolver en meses el caso Peleteiro. Pero han pasado ya otros tres años, y el imponente edificio que albergaba el antiguo Colegio Manuel Peleteiro languidece tapiado, en estado de abandono total.

Había, sin embargo, hace tan solo un mes esperanzas de sacar adelante por fin y pronto un nuevo y reformulado plan especial para esa parcela, llamada ahora a restringir al mínimo la superficie comercial y primar la construcción de viviendas (el 20% de promoción oficial) así como de espacios para el uso y disfrute ciudadano, entre otros, una gran plaza pública de 1.400 metros cuadrados y un centro de día para mayores. La Xunta dio luz verde en febrero al proyecto cuyos detalles llevan años tratando de consensuar grupos municipales, vecinos y comerciantes, además de asegurarse el visto bueno de los actuales dueños del terreno, la Sareb –el llamado banco malo, que se hizo con bienes inmobiliarios tóxicos de entidades financieras como la extinta Caixa Galicia– y un fondo de inversión.

Incertidumbre

Pero una sentencia del Tribunal Supremo, la semana pasada, vuelve a teñir el plan de incertidumbre. El fallo da la razón a Abanca, la sucesora de la caja de ahorros gallega, y le permite recuperar el dinero perdido en aquella fallida operación urbanística (la construcción de un macrocomplejo comercial y hotelero) al declarar resueltos el contrato de compraventa de 2006 y el posterior acuerdo de 2010 que lo desarrolló.

La familia Peleteiro, considerada en gran parte por el Supremo responsable de que el proyecto no saliese adelante, deberá reintegrar a Abanca los 37,2 millones de euros que le pagó la antigua caja por la parcela. Y la entidad tendrá que transferirle los 12,49 millones que la Sareb abonó por hacerse con la propiedad, cuando Caixa Galicia, para sanear sus cuentas, se vio forzada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a deshacerse de bienes inmobiliarios ruinosos. El banco quedaría así con el saldo a cero, mientras que los Peleteiro sólo obtendrían por su antigua propiedad cuatro veces menos del precio (54 millones) pactado con la desaparecida caja de ahorros en pleno auge del ladrillo y de proyectos urbanísticos desmesurados.

Fue hace 20 años, cuando los herederos de Manuel Peleteiro pidieron y lograron del Ayuntamiento que mejorase la situación urbanística del solar ocupado por el colegio que lleva su apellido. En 2003, la administración local modificó en el plan urbanístico de la ciudad la calificación de la parcela de uso docente para que pudiese acoger actividades múltiples del sector terciario y duplicase su edificabilidad hasta el máximo legal (23.500 metros cuadrados).

Dos años después, se aprobó el necesario Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que garantizaba a Caixa Galicia llevar a buen puerto su plan: derribar el edificio del antiguo colegio y construir en su lugar un gran complejo comercial y hotelero (de hasta 19.000 metros cuadrados), con un mínimo de viviendas (4.500 metros cuadrados) y 400 plazas de aparcamiento. El 29 de diciembre de 2006, con los trámites administrativos listos o en marcha, la caja de ahorros y la familia Peleteiro firmaron el contrato de compraventa del céntrico solar. En la escritura quedó detallado el proyecto de la entidad, que se daba unos dos años para construirlo. En la prensa local aplaudían la iniciativa presentada como una “locomotora económica” para Santiago.

Oposición vecinal y quiebra bancaria

La situación urbanística de la finca parecía asegurada. Pero había oposición vecinal y discrepancias en la familia propietaria. Cuando se firmó la compraventa del Peleteiro, en los tribunales estaban planteados nada menos que cinco contenciosos contra las decisiones urbanísticas adoptadas por el Ayuntamiento para ese macroproyecto inmobiliario de la antigua Caixa Galicia. Tres eran de vecinos de la zona y dos de una hermana Peleteiro.

En la primavera de 2009, dos meses antes de que el colegio cerrase y desalojase la finca, llegaron las dos primeras sentencias del Tribunal Superior Xustiza de Galicia y fueron demoledoras: anulaban, a demanda de vecinos, la modificación del plan de ordenación de la ciudad por no respectar en ese solar “los parámetros que debían destinar a uso residencial y espacios libres”. En otoño de ese mismo año, llega una tercera sentencia que anula el PERI por idénticos motivos. Caixa Galicia se escude en la crisis financiera para aplazar a 2011 su ambicioso proyecto en Santiago. Pero no tira la toalla. Mientras la Policía Nacional instala temporalmente su comisaría en el antiguo colegio durante la construcción en 2010 de una nueva sede, la caja de ahorros y la familia Peleteiro suscriben un nuevo acuerdo transaccional para hacer viable el proyecto inmobiliario inicial. Ambos se comprometen a colaborar para pedir al Ayuntamiento que resuelva los escollos urbanísticos abiertos por las primeras sentencias.

Pero en el convulso año 2012 todo volvió a paralizarse en los despachos municipales después de recibir otros dos fallos judiciales. Son esta vez del Supremo que, a instancias de una hermana Peleteiro, ordena cambiar la calificación de la finca: debe ser suelo urbano consolidado en contra de lo estipulado por el Ayuntamiento, que lo había catalogado como no consolidado. Ese cambio no afectaba al proyecto de Caixa Galicia pero sí a las arcas municipales que, en compensación por ese lucrativo proyecto urbanístico de iniciativa privada, había ingresado de la familia propietaria, antes de la compraventa, 2,6 millones de euros. El Ayuntamiento paraliza el expediente administrativo. La Xunta también le pide una reformulación del proyecto para cumplir con las exigencias de la ley del suelo. Estaba planificada demasiada superficie comercial y poca para usos residenciales y públicos.

Entonces se cruzó en el camino la reestructuración de la banca. Caixa Galicia, fusionada con Caixanova y transformada en banco la entidad resultante, que se bautizó NCG banco, pasó a manos del FROB. No abandonó la idea del centro comercial y en octubre 2012 pidió de nuevo al Ayuntamiento una modificación del plan de ordenación de la ciudad para legalizar su proyecto. Pero dos meses después fue obligada a transferir la finca a la Sareb por 12.495.924 euros, un precio cuatro veces inferior a lo pactado seis años antes. Para el FROB, estaba claro que ese solar era unos de los “activos tóxicos” de la maltrecha caja de ahorros porque había escasa probabilidad de ejecutar su promoción inmobiliaria.

Largo 'vía crucis' judicial

El enjambre de demandas y recursos judiciales siguió sucediéndose, lastrando hasta hoy la operación. Las sucesivas sentencias crearon mucha incertidumbre –algunas fueron revocadas, otras no. En su última sentencia, el Supremo considera “incuestionable” que la multitud de litigios planteados en los tribunales acabó por obligar al Ayuntamiento a paralizar el expediente urbanístico durante años, a la espera de sentencias judiciales en firme. El contencioso que dio la puntilla al lucrativo plan de la caja de ahorros, según el alto tribunal, fue el promovido por una hermana Peleteiro, quien no cejó entre 2005 y 2014 en su empeño de que los jueces cambiaran la clasificación de la finca familiar. Perdió al final.

El Supremo, en la sentencia de hace unos días que libera a Abanca de esta fracasada promoción urbanística, responsabiliza a la familia Peleteiro. Considera probado que ocultó a la antigua entidad la delicada situación judicial del proyecto cuando le vendió la finca en 2006, y que le mintió, ya que no desistió, como había prometido en la escritura del acuerdo alcanzado en 2010, de seguir adelante con las demandas judiciales. Los Peleteiro, dice el Supremo, “dilataron durante años la determinación de usos y aprovechamientos de la finca, haciéndola inhábil para finalidad de promoción inmobiliaria”.

Compleja situación actual 

La última sentencia del alto tribunal no afecta a la propiedad actual del solar, ni “altera la hoja de ruta” para obrar en ella, opina el alcalde. Pero, admite, “da la vuelta a la situación, produce una situación compleja”. Está también encallada por falta de acuerdo político y social. Los socialistas carecen, como sus antecesores de Compostela Aberta, de la mayoría absoluta (13 concejales) que les permitiría sacar adelante el nuevo proyecto consensuado, pero aún no del todo, con los habitantes de la zona, una de las más densificadas de la capital gallega. 

Vecinos y comerciantes siguen batallando, como rezan los carteles que pueblan el Ensanche compostelano, por abrir la gran plaza pública que sustituirá los ahora cerrados patios del viejo colegio hacia una calle estrecha y falta de luz (la de Républica Argentina) mientras el gobierno de Bugallo defiende orientarla hacia otra (San Pedro Mezonzo). Es la opción preferida también, por resultar más lucrativa, por los dueños actuales del terreno. Nadie se aventura a poner plazos al proyecto.     

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el Real Decreto Ley que permite al Estado asumir una posición de control en la Sareb, conocida popularmente como banco malo. La norma, que entra en vigor este jueves, incluye más detalles sobre el cambio de estatus de esta sociedad que absorbió el ladrillo tóxico de la banca rescatada en 2012 y que ha provocado, casi una década después, que el Estado haya tenido que engrosar su deuda pública en 35.000 millones de euros. La principal cuestión que figura en la norma aprobada esta semana en el Consejo de Ministros es que, como ocurriera con Bankia, la Sareb seguirá siendo privada y no formará parte del patrimonio del Estado aunque este tenga el control del accionariado.

Lo que hace la nueva norma es corregir la de 2012 que creó la Sareb para permitir que el Estado, a través del fondo del rescate bancario (FROB), pueda superar el 50% de las acciones, algo que no era posible hasta la fecha. El Gobierno toma esta decisión después de que en marzo del año pasado se constatara, tras la obligación por parte de Eurostat, que la deuda que queda pendiente en el banco malo —35.000 millones de los 50.000 millones iniciales— es pública, ya que estaba respaldada por el Tesoro. También afecta el fiasco de esta herramienta llamada a limpiar los balances de los bancos afectados al déficit del Estado.

El FROB, accionista también del 16% de CaixaBank tras la absorción de Bankia, tiene el 45,9% de las acciones de Sareb, mientras que el resto está en manos del sector privado, tanto bancos (salvo BBVA) como aseguradoras. Con la nueva norma, se podrá superar el 50%, en una operación que el Gobierno defiende que no conllevará nuevos desembolsos ya que se hará con precios testimoniales. Pese a que esto supone, de facto, que el Estado controlará la sociedad, quiere evitar convertir a la Sareb en una empresa pública. “Se prevé que el FROB pueda llegar a una posición mayoritaria en el capital de Sareb sin que ésta adquiere la condición de sociedad mercantil estatal”, señala el preámbulo del Real Decreto aprobado el martes. “La sociedad se mantendrá sometida al ordenamiento jurídico privado”, subraya.

Esta situación recuerda a la de Bankia. También en 2012, el FROB desembarcó en el capital de la entidad bancaria y se hizo con la mayor parte del capital. Esta participación se redujo hasta el entorno de un 62% del banco, que nunca operó como una entidad pública. Sus propios gestores, con José Ignacio Goirigolzarri —hoy presidente de CaixaBank— a la cabeza, eludían esa posibilidad y funcionaron con independencia. El FROB, de hecho, ni formaba parte del consejo de administración.

La justificación que da el Gobierno para que la Sareb siga en el ámbito privado y no se convierta en una sociedad mercantil del Estado se basa en que se busca “garantizar que la potencial toma de control no suponga un cambio en su capacidad de actuación como instrumento de resolución”. Considera el Ejecutivo que es la mejor manera de que cumpla con sus objetivos de desinversión paulatina de los activos que tiene en su cartera procedentes de la crisis financiera.

El Real Decreto, sin embargo, sí habilita al Estado a controlar los salarios de la cúpula de la Sareb. Este tema ha sido en el pasado polémico en el seno de la sociedad que, aunque no era pública, sí que tenía al FROB como principal accionista. El asunto llegó al Congreso en preguntas parlamentarias, aunque el Gobierno, entonces del PP, las despachó justificando que los altos salarios de la sociedad —una media de 105.000 euros— correspondía a las remuneraciones del sector financiero e inmobiliario. Esa media entre costes de personal y número de empleados se ha moderado hasta los 94.000 euros. En el último ejercicio con las cuentas publicadas, 2020, el entonces presidente de la sociedad, Jaime Echegoyen, cobró 375.375 euros, aunque en algunos ejercicios su salario se acercó a los 500.000 euros. Echegoyen fue relevado en 2021 por Javier García del Río.

El Gobierno, de este modo, asimilará la remuneración de los altos cargos de la compañía a la de otras empresas estatales, inferiores a las que venían cobrando hasta la fecha. “Se considera necesaria y urgente la sujeción de las políticas remuneratorias de la compañía al principio de eficiencia presupuestaria”, señala el Real Decreto. Aunque se da tres meses a la Sareb para que se adapte a su nueva realidad societaria, el Ejecutivo hace que este apartado sea una realidad desde el mismo día en que entra en vigor la reforma de la norma, este jueves.

Cuestión de semanas

Por el momento no hay un plazo fijado para que el Gobierno comience a ejecutar la operación para asumir el control de la entidad. El Gobierno no busca hacerse con el 100% de las acciones, sino que el objetivo es superar el 50% para controlar la toma de decisiones. Actualmente tiene el 45,9%, por lo que precisa poco más del 4% para superar esa barrera. Fuentes del sector señalan que, aunque no existe urgencia por acometer estos traspasos, es cuestión de las próximas semanas.

El Ejecutivo pretende que esta operación no suponga un mayor coste para las arcas públicas, de ahí que se hable del precio “testimonial” de un euro. Al tiempo, las citadas fuentes del sector confían en que se puedan compensar fiscalmente la mayor parte posible de las pérdidas que han sufrido, y así amortiguar el impacto de estas operaciones. Este sería, apuntan, el asunto a negociar entre el Gobierno y los accionistas. Además del FROB, son accionistas de Sareb Banco Santander (22,3%), CaixaBank (12,24%), o Sabadell (6,6%). El resto de accionistas quedan por debajo del 3%. Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos descartan que se vaya a intentar alcanzar el 100% en esta toma de control.

El cambio de status para la Sareb llega más allá de la propiedad o del control de los salarios. El Gobierno explica en el Real Decreto que se habilita al banco malo para ceder viviendas a entidades públicas o entidades no lucrativas, “incorporando así la utilidad social dentro del objetivo de optimización de valor”. De este modo, se pretende “reforzar” una serie de cesiones que se habían producido en el pasado dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Sareb, convirtiéndola en una línea dentro de la estrategia. Organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o partidos como Unidas Podemos han reclamado en el pasado que las viviendas propiedad de la Sareb pasasen al parque público de viviendas y sirvieran para alquileres sociales.

El decreto también modifica algunos aspectos formales de la Sareb. Por ejemplo, desaparece la comisión de seguimiento de la entidad. Esta comisión estaba formada por representantes de Asuntos Económicos, Hacienda, la CNMV o el Banco de España y controlaba que se cumplieran los objetivos estratégicos de la sociedad. “El seguimiento de la actividad de la sociedad y la comprobación del cumplimiento de sus objetivos se realizará directamente a través de los órganos de control de la sociedad” tras la toma de control por parte del FROB, apunta el Real Decreto.

Además, las decisiones del FROB sobre la gestión de las acciones, participaciones, etc. las tomará su comisión rectora en una composición reducida —sin el Banco de España y la CNMV—, con el objetivo de evitar “la participación de los supervisores en las decisiones estratégicas y corporativas de una entidad supervisada”. Estas decisiones serán tomadas por una comisión compuesta por la presidenta del FROB, Paula Conthe, tres representantes de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y dos del Ministerio de Hacienda.

Viernes 31 de agosto de 2012, primeras horas de la tarde. Palacio de La Moncloa. “La reestructuración bancaria se hace con un objetivo básico y fundamental: que no cueste un euro al contribuyente”. “Que esta sociedad —Sareb— no genere pérdidas es muy importante desde el punto de vista de minimizar el impacto del contribuyente”. Estas frases corresponden, respectivamente, a la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Economía Luis de Guindos.

El Consejo de Ministros acababa de aprobar las normas de reestructuración del sistema bancario español que incluían la creación de un “mal llamado” banco malo, como aseguraron entonces. Se convertiría a la postre en la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) y asumiría el ladrillo tóxico de la banca rescatada.

Martes 18 de enero de 2022, primeras horas de la tarde. Palacio de La Moncloa. El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto para que el Estado pueda tomar el control de la Sareb y superar el 50% de las acciones de la sociedad. La reforma no se menciona en la posterior rueda de prensa y se despacha con una nota de prensa. La decisión busca “adecuar la gobernanza a la nueva realidad contable e institucional”. Diez meses antes, Europa había obligado a España a asumir como propia la deuda de 35.000 millones de euros de la Sareb, lo que engrosó el dato de la deuda pública.

Entre ambas citas han pasado algo más de nueve años. Casi una década de uno de los instrumentos más polémicos utilizados durante la crisis financiera iniciada en 2008, que en España se tradujo en el reventón de una colosal burbuja inmobiliaria. La Sareb se creó para limpiar el balance de los bancos rescatados de los activos tóxicos, como préstamos impagados o inmuebles adjudicados. El Estado, a través del FROB, asumió el 45,9% de las acciones de esta sociedad. El resto lo asumieron la mayoría de las grandes entidades bancarias, algunas aseguradoras y, posteriormente, la filial inmobiliaria de Iberdrola, con una participación testimonial.

Se creó con 50.000 millones de euros en activos y con el objetivo de llegar a 2027 con una desinversión completa de la misma, sin generar pérdidas y sin incrementar el coste del rescate bancario.

Su filosofía, según planteó entonces Guindos, era obligar a aquellas entidades que recibían un rescate por parte del FROB a que derivaran a la Sareb sus activos tóxicos, aquellos que eran incapaces de producir para el banco: préstamos impagados, créditos a promotores, suelo sin construir, viviendas adjudicadas, etc. El banco malo se encargaría de dar valor a estos activos y, finalmente, venderlos para recuperar la inversión. El objetivo, apuntaban, era que este proceso no dejara pérdidas ni para la entidad que traspasaba los activos ni para la Sareb.

El banco malo fue uno de los compromisos que asumía España con el rescate europeo, anunciado unas semanas antes. “El préstamo –como conoce perfectamente– se da en condiciones muy ventajosas y no se va a generar ningún coste para la sociedad, sino todo lo contrario”, había defendido previamente Guindos. Unas palabras compartidas por su superior, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. “El crédito es a la banca y lo va a pagar la banca”, señaló en el Congreso.

Sobre el papel, y a falta de conocer el destino final de esta sociedad, la conversión de Sareb en una sociedad pública ha aumentado la factura del rescate bancario en España. Según los registros del Banco de España, el sector bancario español recibió 64.000 millones, de los que unos 22.000 millones fueron cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos y el resto, 42.000 millones, a través del fondo del rescate bancario (FROB). La última estimación del organismo daba por perdidos más de 54.000 millones. A ello se suman, por el momento, los 35.000 millones de deuda que asume el Estado con la Sareb.

La sociedad todavía tiene un mandato de cinco años, por lo que el coste final de esta operación está todavía por verse. Además, se ha planteado la posibilidad de retrasar esa fecha con el fin de maximizar la recuperación de fondos, como ya ha ocurrido en tres ocasiones con la inversión del Estado en Bankia, ahora CaixaBank.

Aval del Estado

El banco malo nació como una entidad privada y, por tanto, quedaba fuera del perímetro de las cuentas públicas, que ese año cerraron con un déficit público (sin contar las ayudas a la banca) del 6,7%. Tenía naturaleza privada, pero la deuda que se emitió para cubrir la adquisición de los activos tóxicos de la banca estaba respaldada por el Estado. Así ha sido hasta marzo de 2021. Eurostat, el organismo europeo de estadística, obligó entonces al Gobierno a asumir como deuda del Estado los 35.000 millones de euros que quedan en el pasivo de la sociedad, al ser su responsable último pese a no tener el control de la sociedad.

Pese a que el Ejecutivo mostró a Bruselas su disconformidad con esta decisión, tuvo que asumir esta operación que no solo afectaba a la deuda sino también al déficit, al tener que sumar 9.000 millones del patrimonio negativo de la sociedad.

Puesto que las deudas y las pérdidas de la Sareb comenzaron a formar parte de las cuentas públicas, el Gobierno comenzó a gestar el movimiento de toma de control de la sociedad, para así tomar las riendas por completo de la misma. Según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos, esta operación se hará con un coste testimonial y no precisará de nuevos desembolsos. “La reclasificación de Sareb como unidad perteneciente al sector de las Administraciones Públicas, así como su situación patrimonial, hacen imprescindible modificar su régimen jurídico para adaptarla a la situación actual. Esta modificación tiene como objetivo adecuar de forma ágil la gobernanza a la nueva realidad contable e institucional”, ha señalado el departamento de Nadia Calviño.

Problemas con la valoración de los activos

La Sareb nació a finales de 2012. Arrancó ya con una deuda de 50.000 millones de euros, avalada por el Tesoro. Con este dinero se financió la adquisición de esos activos tóxicos pertenecientes a nueve entidades rescatadas (Bankia, Catalunya Banc o Banco de Valencia, entre otras). Este punto de arranque ya generó suspicacias posteriormente, ya que en repetidas ocasiones se ha dudado sobre si se dio una valoración excesiva a aquellos activos, algo que fuentes del actual Gobierno comparten.

Desde entonces se han ido realizando desinversiones, que era el objetivo principal de esta sociedad. A cierre de 2020, últimos resultados presentados, el nivel de la deuda —ya convertida en pública— se situaba ligeramente por debajo de los 35.000 millones.

La sobrevaloración inicial de los activos ha sido una de las principales rémoras que ha tenido el banco malo desde su arranque. El propio expresidente de la entidad Jaime Echegoyen, sustituido el año pasado, reconoció esta realidad en repetidas ocasiones. “Hubo un sobreprecio pagado en el momento de la adquisición de activos”, explicaba Echegoyen en una presentación de resultados de la compañía. “Sareb compró al precio que se le dijo y nada puede hacer para cambiarlo”.

Quienes determinaron estos valores fueron las auditoras Oliver Wyman y Roland Berger y el Banco de España. La gestión de los contratos con terceros —conocidos como servicers, que gestionan la cartera— o la contratación de determinados derivados financieros fueron otras decisiones tomadas por la sociedad que han sido ampliamente criticadas.

Pese a los avances que sí se han producido en las desinversiones, la sociedad no ha podido dejar nunca atrás las pérdidas, pese al compromiso que dio Guindos de que la sociedad “fuera viable” y “no generase pérdidas en su horizonte temporal”. Entre 2012 y 2020, según las cuentas publicadas por la propia Sareb, ha perdido más de 5.000 millones de euros. Los números rojos no solo no se han atenuado con el paso de los años sino que se han acelerado en los últimos ejercicios. El exministro y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) ha seguido defendiendo la creación del banco malo todos estos años. “Por mi experiencia, es un instrumento poderoso”, aseguraba hace unos meses.

Por el momento, la toma de control del Estado en el accionariado de la Sareb no se ha producido. Lo que ha aprobado el Ejecutivo es dar cobertura legal a que el banco malo pueda tener una participación mayoritaria del Estado. Este segundo paso se iniciará ahora, aunque fuentes del Ministerio ya adelantan que alcanzar el 100% de las acciones no es el objetivo del Gobierno. Con esta capacidad para superar la barrera del 50% el Ejecutivo seguirá sondeando al resto de accionistas para que traspasen su participación a cambio de una cantidad “testimonial”.

El Ejecutivo tendrá así pleno control sobre una entidad que todavía guarda en su balance 15.300 millones de euros en inmuebles y otros tantos en préstamos, especialmente de promotores que ha ido convirtiendo en nuevos edificios. Actualmente tiene un mandato hasta 2027 para poder desinvertir en estos activos y reducir los 35.000 millones de euros de deuda.

Además, el Ministerio asegura que el hecho de alcanzar el control de la sociedad permitirá “reforzar su capacidad de colaboración con organismos públicos y entidades no lucrativas con experiencia y competencias en el ámbito de la vivienda social”. Está por ver si esto se traduce a futuro en el uso del catálogo de viviendas de Sareb dentro del parque público, como han defendido distintos colectivos habitualmente.

Uno de los riesgos de la actual crisis sanitaria, social y económica, en la medida en que se prolonga, es el aumento de la deuda privada y su traslación en préstamos de dudoso cobro. De momento, según el Banco Central Europeo, hay más advertencias que alertas; más riesgos que realidades. Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE, ha llamado la atención en diversas ocasiones sobre la debilidad del sector bancario europeo. “Los préstamos dudosos en los bancos de la zona del euro podrían alcanzar los 1,4 billones de euros, muy por encima de los niveles de la crisis financiera y de la deuda soberana”, ha dicho Enria en alguna ocasión: “Doce años después de la quiebra de Lehman Brothers y nueve años después de la primera participación del sector privado durante la crisis de la deuda soberana griega, la calidad de los activos en los bancos de la zona del euro aún no ha alcanzado los niveles previos a la crisis. La experiencia del pasado muestra que siempre que se utilizaron empresas de gestión de activos, la limpieza de los balances bancarios fue mucho más rápida y eficaz para restaurar la capacidad de los bancos para conceder préstamos”.

Ante esta posibilidad, Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, ha sido preguntado en la comisión de Economía de la Eurocámara, donde ha presentado el informe anual del BCE, sobre la conveniencia de los bancos malos en la Unión Europea, que ha defendido vehementemente sin mencionar que la situación del banco malo en España ha resultado, finalmente, más negativa de lo que se previó en un primer momento para el erario. En 2012 el entonces ministro Luis de Guindos trasladó al equipo económico del PP que esta operación “nunca” tendría un impacto en los costes para el contribuyente.

A 31 de diciembre de 2020, ocho años después, se han incorporado 35.000 millones a la deuda pública española.

“Yo tengo la experiencia del banco malo que se incorporó en España, la Sareb”, ha respondido De Guindos: “A mi modo de ver, el banco malo es el instrumento más poderoso para limpiar la situación de algunos bancos, esos activos tóxicos se transfieren directamente al banco malo. Y no es una cuestión solo de limpiar, por así decirlo, sino de gestión del banco, porque así el banco se puede centrar plenamente en los negocios bancarios y olvidarse de cómo gestionar esos créditos tóxicos y esos activos tóxicos que tienen”.

El vicepresidente del BCE ha continuado: “Así, se desempeña una función doble. La operación y el funcionamiento de un banco malo no es nada fácil. Hay miles de activos. Y mi recomendación a cualquier país desde mi experiencia anterior es que el banco malo podría ser una institución muy potente para reestructurar el balance contable de unos bancos, empezar otra vez desde cero y eliminar los activos tóxicos. Pero a la vez se tienen que establecer una serie de hitos para deshacerse de esos activos. Y esto se tiene que hacer con la luz verde de la Comisión Europea, de las autoridades de la competencia, porque hay un componente de ayuda de Estado que tiene que analizar la Comisión”.

Sin embargo, en España, la Sareb está generando un nuevo quebradero de cabeza al Estado del que no ha hablado su creador y actual vicepresidente del BCE. El conocido como banco malo guarda buena parte de los activos tóxicos de las entidades rescatadas en la anterior crisis financia y, aunque el Estado era el principal accionista, funcionaba como una sociedad privada, fuera del ámbito de las cuentas del Estado. Esta concepción cambia ahora y la deuda de esta compañía, nacida en 2012, pasará a formar parte de la deuda pública. En concreto, 35.000 millones de euros que eran deuda de Sareb serán interpretados desde el 31 de diciembre de 2020 como deuda pública.

Se trata de un cambio contable algo complejo. Es Eurostat, el organismo estadístico de la Unión Europea, el que ha obligado al Gobierno a incorporar dentro del perímetro de las cuentas públicas esta sociedad. Esto obedece a que cuando se creó, en 2012, existía una normativa contable dentro del organismo que permitía a los Gobierno que crearon instrumentos de este tipo no tener que considerarlo dentro de sus cuentas (deuda y déficit, fundamentalmente). Esta norma cambió años más tarde y desde entonces el Eurostat y el Gobierno español negociaban una alternativa para evitar que esto impactara de forma significativa en las cuentas del Estado, según señalan fuentes del Ejecutivo, pero la doctrina del Eurostat ha terminado por imponerse.

Al ser el Estado el responsable último de esa deuda, como avalista, el cambio en la normativa contable obligaba a que esos 35.000 millones de deuda que todavía tiene Sareb, pasasen a ser considerados como deuda del Estado. Es decir, lo que hasta ahora era considerada la deuda de una sociedad privada pasa a ser considerada como pasivo del Estado. Fuentes del Gobierno señalan que el Ejecutivo discrepa con esta decisión, al entender que se han cambiado las reglas a mitad de partido y que supone funcionar ahora con una normativa distinta a aquella con la que nació Sareb. Tras años de negociaciones, se ha tenido que acabar incorporando a las cuentas públicas. Con este cambio, la deuda de 2020 pasará de ser del 117,1% al 120%. Al fuerte impacto que ha tenido la crisis sanitaria se debe incluir ahora el de la reconsideración de Sareb.

Prisa por los fondos de recuperación

“El tiempo es oro”, ha dicho Guindos sobre la llegada de los fondos de recuperación: “Hay pasos concretos que dar, como presentar los planes, hay que desembolsar el dinero correctamente, las reformas tienen que ser evaluadas por la Comisión Europea, y eso lleva tiempo. Pero tenemos que evitar cualquier tipo de retraso innecesaria que pueda tener un impacto en la confanza de los mercados y acabar con la percepción positiva lograda cuando fue aprobado en julio pasado”.

El vicepresidente del BCE ha afirmado que los retrasos “no son deseables” y que es de “gran importancia” que los fondos de recuperación de 750.000 millones “estén operativos sin más dilación”.

Según ha confirmado este miércoles la Comisión Europea, quedan 10 de 27 Estados miembros por ratificar en sus parlamentos nacionales la norma que permite a la Comisión Europea emitir en los mercados la deuda con la que financiará el plan, con el problema añadido del Tribunal Constitucional alemán que ha detenido el proceso cautelarmente en su país.

Y hasta que los 27 no hayan ratificado la orden de recursos propios, Bruselas no podrá acudir a los mercados y no habrá fondos de recuperación.

“No debemos subestimar el impacto que la aprobación del fondo tuvo en los mercados, la percepción es mucho más relevante que las medidas en sí”, ha defendido el vicepresidente del BCE, quien ha señalado que “la pandemia ha amplificado los desequilibrios preexistentes y creado desafíos nuevos. En este momento los riesgos de una retirada prematura de las políticas son mayores que los riesgos de mantener las medidas de apoyo, pero cualquier efecto negativo a largo plazo de mantener las medidas de apoyo tiene que ser vigilado cuidadosa y continuamente.

La Sareb genera un nuevo quebradero de cabeza al Estado. El conocido como banco malo guarda buena parte de los activos tóxicos de las entidades rescatadas en la anterior crisis financia y, aunque el Estado era el principal accionista, funcionaba como una sociedad privada, fuera del ámbito de las cuentas del Estado. Esta concepción cambia ahora y la deuda de esta compañía, nacida en 2012, pasará a formar parte de la deuda pública. En concreto, 35.000 millones de euros que eran deuda de Sareb serán interpretados desde el 31 de diciembre de 2020 como deuda pública.

Se trata de un cambio contable algo complejo. Es Eurostat, el organismo estadístico de la Unión Europea, el que ha obligado al Gobierno a incorporar dentro del perímetro de las cuentas públicas esta sociedad. Esto obedece a que cuando se creó, en 2012, existía una normativa contable dentro del organismo que permitía a los Gobierno que crearon instrumentos de este tipo no tener que considerarlo dentro de sus cuentas (deuda y déficit, fundamentalmente). Esta norma cambió años más tarde y desde entonces el Eurostat y el Gobierno español negociaban una alternativa para evitar que esto impactara de forma significativa en las cuentas del Estado, según señalan fuentes del Ejecutivo, pero la doctrina del Eurostat ha terminado por imponerse.

Para comprender bien esta situación hay que remontarse hasta el año 2012. En pleno rescate financiero, con el hundimiento de las antiguas cajas de ahorros y un sector financiero en el abismo, el Gobierno de Mariano Rajoy, con Luis de Guindos como Ministro de Economía, opta por la creación de la Sareb, una sociedad en la que incorporar los activos tóxicos de la banca española. De este modo, los bancos rescatados lograban limpiar sus balances y afrontar sus problemas con ese desahogo. Aquella sociedad nacía con una participación mayoritaria del sector privado, aunque el Estado se quedaba con el 45,9% del capital.

Para adquirir aquellos activos la Sareb emitió deuda que, a la postre, estaba avalada por el Estado. En aquel momento se entendía que se trataba de una empresa privada, sujeta a las normas contables privadas, y con una influencia del Estado limitada exclusivamente al peso que tenía en su accionariado. Era el primer accionista pero no tenía el control. De este modo, la contabilidad nacional no incorporaba en sus cuentas el impacto de esta operación, que, de haberlo hecho, se debería haber sumado a los más de 60.000 millones destinados a rescatar a las entidades en crisis tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Ahora el criterio de Eurostat es distinto. Al ser el Estado el responsable último de esa deuda, como avalista, el cambio en la normativa contable obligaba a que esos 35.000 millones de deuda que todavía tiene Sareb, pasasen a ser considerados como deuda del Estado. Es decir, lo que hasta ahora era considerada la deuda de una sociedad privada pasa a ser considerada como pasivo del Estado. Fuentes del Gobierno señalan que el Ejecutivo discrepa con esta decisión, al entender que se han cambiado las reglas a mitad de partido y que supone funcionar ahora con una normativa distinta a aquella con la que nació Sareb. Tras años de negociaciones, se ha tenido que acabar incorporando a las cuentas públicas. Con este cambio, la deuda de 2020 pasará de ser del 117,1% al 120%. Al fuerte impacto que ha tenido la crisis sanitaria se debe incluir ahora el de la reconsideración de Sareb.

Sareb nacía en 2012 con un mandato que llegaba hasta 2027. Para entonces, la empresa tendría que haber vendido todos sus activos. Las citadas fuentes señalan que el Gobierno abogaba por esperar a conocer la situación de la sociedad para aquella fecha, con el fin de abordar entonces los cambios contables necesarios. Señalan, por tanto, que este cambio de consideración de la sociedad no es algo repentino sino que se viene fraguando en los últimos años, aunque se haya hecho efectivo con fecha a 31 de diciembre de 2020.

Eurostat tuvo en cuenta en 2012, cuando se creó Sareb, una serie de condiciones para no considerarlo dentro del déficit y la deuda pública. En primer lugar, que tuviera capacidad de decisión autónoma del Estado, algo que se ha llevado a cambio en su forma de funcionar estos años. En segundo lugar, que no fuera participado mayoritariamente por el Estado, algo que también se ha seguido cumpliendo. El resto de condiciones, como que estuviera dedicada específicamente a la desinversión o que no generase pérdidas significativas, estaba contemplado en un inicio pero no ha terminado por cumplirse.

Más de 9.000 millones al déficit

Las pérdidas de la Sareb es el gran problema en la sociedad que ha derivado en este cambio de consideración. El banco malo nació con un proyecto de generar rentabilidad a futuro. Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta y las pérdidas año tras año han ido erosionando el capital con el que se creó la compañía. Esta situación hace que el Estado no solo tenga que asumir la deuda de Sareb sino también sus pérdidas, lo que se corresponderá a un aumento del déficit. Los ajustes contables tras las elevadas pérdidas han llevado a la sociedad a tener un patrimonio negativo que a cierre de 2019 era de 9.000 millones de euros.

Fuentes del Gobierno señalan que no está claro todavía cuál es el impacto de absorber esta situación en el déficit pero avanzan que será la suma de esos 9.000 millones con las pérdidas que haya tenido la Sareb en 2020, dato que se conocerá la próxima semana. En cualquier caso apuntan que tendrá la misma valoración para las autoridades europeas que el rescate financiero, por lo que confían en que no tenga un impacto en los procedimientos de déficit excesivos con los que las autoridades comunitarias controlan las cuentas de los Estados.

De este modo, ocho años después del rescate bancario, el Estado se ve obligado de nuevo a absorber en sus cuentas el resultado de aquella inyección de capital y de la creación del banco malo. En lo que respecta a la deuda y el déficit públicos procedentes de Sareb, su evolución dependerá fundamentalmente del valor en el que se puedan vender los activos que todavía mantiene en balance. En base a esas ventas se podrá reducir la deuda y los resultados negativos de la entidad. Las citadas fuentes evitan valorar cuánto podrá finalmente cubrirse y señalan que todavía queda hasta 2027 para realizar estas operaciones.

Sin embargo, ante el gran volumen de activos que quedan en el balance de Sareb y la importante cantidad de deuda pendiente de pago, en el Gobierno comienzan a reconocer que una posible alternativa será ampliar el periodo de vida del banco malo, para lo que se tendrá que negociar con Bruselas y con el resto de accionistas.

Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra Nadia Calviño han evitado criticar públicamente este mecanismo, fuentes del Ejecutivo reconocen su incomprensión de algunas de las decisiones que se han tomado en el seno de Sareb. Así, apuntan que desde el comienzo se infraestimó las dificultades de que un instrumento de este tipo se iba a encontrar con el tiempo. Por ejemplo, señalan que la contratación de determinados derivados financieros, el uso de terceros para gestionar los activos (servicers) o los precios con los que se transfirieron los activos en un primer momento han agravado los problemas que tenía el banco malo.

La situación del banco malo ha resultado, finalmente, más negativa de lo que se previó en un primer momento para el erario público. Cabe recordar que en 2012 el entonces ministro Luis de Guindos trasladó al equipo económico del PP que esta operación “nunca” tendría un impacto en los costes para el contribuyente. A 31 de diciembre de 2020, ocho años después, se han incorporado 35.000 millones a la deuda pública española.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como “el banco malo” está buscando un consejero delegado que se ocupe de la transición de la entidad al negocio inmobiliario.

Según confirman eldiario.es fuentes de la organización, en estos momentos hay contactos, pero no candidatos finales sobre la mesa. El puesto que buscan es el de un “segundo” con perfil inmobiliario del actual presidente, Jaime Echegoyen, que seguirá desempeñando el trabajo de presidente de la entidad. Este modelo es el que funcionaba en Sareb cuando el propio Echegoyen fue consejero delegado con Belén Romana como presidenta. Posteriormente el ex ejecutivo de Bankinter asumió todas las competencias.

La propuesta de hacer este fichaje, explican las fuentes consultadas, partió del propio Echegoyen y fue aprobada por el Consejo de Administración.

El pasado junio, Sareb presentó su nueva estrategia, que pasa por la promoción de 17.000 nuevas viviendas a través de la promotora inmobiliaria Árqura Home hasta el año 2027. Aseguraban entonces que el tipo de inmueble y un precio entre 200.000 y 220.000 euros garantizarían la demanda pese a un eventual cambio de ciclo (las compraventas de viviendas han caído un 1% en octubre, aún con una ligera subida de precios, según los notarios). Fuentes de la entidad explican que en las provincias y zonas donde se concentran las propiedades no ha habido una subida de precios muy destacada en los últimos años, por lo que tampoco se esperan caídas muy pronunciadas en caso de darse.

La entidad semipública (un 45% pertenece al FROB) que preside Jaime Echegoyen tuvo que asumir por mandato del Gobierno en 2012 créditos a promotores del ladrillo quebrados, que habían sido concedidos en plena burbuja inmobiliaria por bancos que tuvieron que ser rescatados con dinero público.

La entidad pagó 50.781 millones por una cartera de préstamos al promotor e inmuebles adquirida a nueve bancos. Desde entonces, ha conseguido reducir esa cartera en 16.541 millones, el 32,6%. En el caso de los préstamos a promotores, dicha cartera se ha reducido un 44% desde entonces. Su gestión aportó en 2018 unos ingresos de 2.208 millones, un 16% menos.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria aumentó sus pérdidas en 2018 un 55%, hasta 878 millones de euros, encadenando su sexto año consecutivo de pérdidas.

Aunque el negocio puramente inmobiliario registró unas ventas récord de 21.152 inmuebles (casi 58 al día), por importe de 1.400 millones (un 19% más), la cifra de negocios se redujo un 5%, hasta 3.650 millones, lastrada por la gestión de sus activos financieros, que básicamente consisten en la cartera de préstamos a promotores que asumió la entidad de la banca rescatada y que suponen el 80% de los activos que asumió en el momento de crearse.

Unidas Podemos proponía en su programa electoral incorporar a los planes de vivienda pública las pertenecientes a Sareb, aunque el PSOE no parece ser proclive a esta medida.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el también conocido como 'banco malo', acudirá a la feria inmobiliaria Mediterráneo Urbe en Valencia con una selección de 385 inmuebles residenciales.

Durante los días 18 y 20 de octubre, Sareb presentará en la feria valenciana 18 promociones de vivienda residencial, compuesta por 385 inmuebles situados en las provincias de València, Alicante y Castelló. La entidad pública ofrece descuentos de hasta un 15%, que puede suponer una rebaja de entorno a unos 17.000 euros.

En la ciudad de València, la oferta de Sareb para la feria inmobiliaria se amplía a viviendas desde 108.000 euros. El inmueble más barato, de 44.650 euros -descuento incluido-, se encuentra en la zona metropolitana.

También destaca un complejo residencial situado en l'Eliana, con amplias zonas comunes y piscina, donde comercializa 15 unifamiliaries de tres plantas con buhardilla y a estrenar, desde 218.000 euros.

Sareb ha inaugurado recientemente una oficina territorial en Valencia, que dará seguimiento a las operaciones de la Comunidad y de Murcia. Su dirección corre a cargo de Óscar Hernández.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como “banco malo”, aumentó sus pérdidas en 2018 un 55%, hasta 878 millones de euros, encadenando su sexto año consecutivo de pérdidas.

Aunque el negocio puramente inmobiliario registró unas ventas récord de 21.152 inmuebles (casi 58 al día), por importe de 1.400 millones (un 19% más), la cifra de negocios se redujo un 5%, hasta 3.650 millones, lastrada por la gestión de sus activos financieros, que básicamente consisten en la cartera de préstamos a promotores que asumió la entidad de la banca rescatada y que suponen el 80% de los activos que asumió en el momento de crearse.

La entidad semipública (un 45% pertenece al FROB) que preside Jaime Echegoyen tuvo que asumir por mandato del Gobierno en 2012 estos créditos a promotores del ladrillo quebrados, que habían sido concedidos en plena burbuja inmobiliaria por bancos que tuvieron que ser rescatados con dinero público. “Hubo un sobreprecio pagado en el momento de la adquisición de activos”, ha explicado Echegoyen este jueves en la presentación de resultados de la compañía el año pasado. “Sareb compró al precio que se le dijo y nada puede hacer para cambiarlo”. Ha recordado que quienes determinaron estos valores fueron las auditoras Oliver Wyman y Roland Berger y el Banco de España. En todo caso, ha matizado que los precios entonces eran “justos”. “Creo que los españoles hicimos buen negocio, porque de otro modo el sistema financiero habría entrado en crisis”, ha defendido. 

En concreto, la entidad pagó 50.781 millones por una cartera de préstamos al promotor e inmuebles adquirida a nueve bancos. Desde entonces, ha conseguido reducir esa cartera en 16.541 millones, el 32,6%. En el caso de los préstamos a promotores, dicha cartera se ha reducido un 44% desde entonces. Su gestión aportó en 2018 unos ingresos de 2.208 millones, un 16% menos.

El precio de los inmuebles se ha recuperado de media hasta lo que se pagaba en 2012 (aunque en 21 provincias sigue bajando). Pero en lo que se refiere a los paquetes de préstamos y su compraventa el panorama es de “elevada competencia”, con descuentos de hasta el 70%. Unos niveles de descuento que Sareb “ni quiere ni debe asumir”, ha advertido su presidente.

“Si vendemos mal, ingresamos poco y nos cargamos la compañía”, ha dicho Echegoyen, que ha reconocido que estaba haciendo un retrato “triste” de una entidad que se puede “defender regular” y aún así está “cumpliendo su mandato”. “2018 fue un ejercicio de gran exigencia por la fuerte concurrencia que se ha registrado en el mercado mayorista no solo en términos de volumen sino de precio”, según el ejecutivo.

De cara al futuro, Echegoyen cree que deben seguir transformando los préstamos y en general los activos financieros en inmuebles e ir reduciendo, al menos hasta que cambie la tendencia del mercado, la actividad relacionada con la cartera de préstamos.

En 2019, la entidad prevé avanzar en dos proyectos: la venta de su socimi, Tempore Properties, que según avanza este jueves Cinco Días tiene al fondo TPG como favorito y que, según Echegoyen, podría estar cerrada en mayo tras un proceso de due diligence que debería estar concluido en abril, y la creación de una alianza para la promoción inmobiliaria, a la que destinará 800 millones de euros.

“Trabajamos para ganar dinero, será difícil que lo ganemos”, ha recalcado Echegoyen. Sobre la venta de su socimi, ha añadido que “no tenemos vocación de ser patrimonialistas” y que puede que en el futuro creen otros vehículos de inversión que les ayuden a deshacerse de los activos que tuvieron que asumir.

La sección primera de la Audiencia provincial de Las Palmas ha absuelto a una persona que ocupaba en Arrecife (Lanzarote) una casa propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), también conocida como el banco malo, creado por el Gobierno en 2012 para asumir las viviendas que estaban en manos de las entidades bancarias que quebraron. La SAREB denunció al ocupante por la vía penal por un delito de usurpación inmobiliaria. El acusado llevaba tres años viviendo en una casa que estaba en situación de abandono y no contaba con los suministros de agua y luz. Fue absuelto en primera instancia y la SAREB recurrió alegando “error en la valoración de la prueba”.

En la sentencia, la Sala recuerda que ese delito se incorporó al Código penal en 1995 “para dar respuesta al fenómeno social de los llamados okupas, movimiento que, al margen de sus connotaciones ideológicas, se venía caracterizando por la ocupación de inmuebles, generalmente en grandes ciudades, que no venían siendo utilizados por sus dueños, para servirse de ellos como residencia o lugar de encuentro, con una estructura comunal que trataba de desligar propiedad de posesión, incidiendo en la función social de aquella”.

Sin embargo, destaca el fallo que, para poder acudir a la vía penal por este delito, se hace preciso que el propietario de la vivienda “no haya hecho dejación de sus facultades, lo cual no debe entenderse como mera pasividad o transcurso de un periodo más o menos largo de tiempo en que no se efectúan actos de tenencia o goce de la cosa, sino que haya dejado la misma en tal situación que haga presumible su abandono”. Argumenta que “el bien jurídico que tutela la norma penal, la propiedad inmobiliaria, no puede alcanzar a quien ni adopta las mínimas cautelas exigibles para evitar la desposesión, ni a quien muestre completo desinterés en la cosa”. “Se trata -añade- de verificar si la propiedad, en el caso concreto, merece la protección que dispensa el derecho penal o la completa desidia o desinterés del perjudicado determina que sea a la vía civil a la que deba acudir para amparar su propiedad”.

En este caso, dice que la SAREB no tiene la intención directa “de darle el uso consustancial a este tipo de edificaciones, por más que, obviamente, sea legítimo el interés económico que pueda tener en su arrendamiento o su venta”. No se le puede aplicar el tipo penal del que se le acusa porque “la conducta del acusado no supone una lesión del interés tutelado por la norma penal”. Señala el fallo que la SAREB no ha acreditado de forma efectiva haber detentado el inmueble “más allá de esa titularidad derivada de cesiones jurídicas por incumplimiento de obligaciones dinerarias”, así que “no puede pretender tres años después a la ocupación invocar el desalojo editado de forma efectiva haber detentado el inmueble ”más allá de esa titularidad derivada de cesiones jurídicas por incumplimiento de obligaciones dinerarias“, así que ”no puede pretender tres años después a la ocupación invocar el desalojo en vía penal considerando que se da una usurpación inmobiliaria, aludiendo a una visita para evaluar la situación del inmueble denunciado, pues su conducta refleja una absoluta dejación en relación a su patrimonio inmobiliario que, correlativamente con el tipo de detentación que lleva a cabo el acusado desde hace tres años como su lugar de residencia, determina que la parte apelante deba acudir a la vía civil a fin de salvaguardar su derecho, que obviamente no se niega, con la sin duda legítima pretensión de obtener la posesión del mismo para darle el uso que libremente entienda procedente“.

En definitiva, la sentencia dice que no se trata de la ocupación de un inmueble que perteneciera antes a una persona física o jurídica que tuviera vocación de darle uso, tanto para vivir como para alquilarla, “sino ante un inmueble cuyo estado de habitabilidad se ignora”.

Valores

En la página web de la SAREB, en el apartado de los valores de la sociedad, se puede leer: “Nuestros valores son la integridad, la transparencia y el compromiso cívico”. “La integridad supone asumir que las actuaciones y comportamientos preservarán la norma y los estándares éticos de la cultura empresarial de nuestra organización. La transparencia implica que asumimos un compromiso de apertura en la comunicación de nuestras políticas y procedimientos, conscientes de que actuamos bajo la mirada atenta de la sociedad. El compromiso cívico nos lleva a trabajar bajo estándares éticos y con criterios socialmente responsables”.

Continúan los desahucios y los problemas de acceso a la vivienda

El problema de la vivienda no ha pasado de largo en la Isla. La escasez y los altos precios continúan. En Playa Blanca, el mes pasado, Leslie, Andrés y sus dos hijas menores de edad tuvieron que abandonar la vivienda que habían alquilado y por la que habían sido víctimas de una estafa. No pudieron encontrar una alternativa. El Ayuntamiento de Yaiza les pagó un alojamiento durante algo más de una semana, pero los problemas continúan para ellos y no han podido encontrar aún un alquiler a un precio razonable.

En la web de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se pueden leer las bondades de los programas sociales de esta empresa semipública. Una entidad que fue creada para absorber los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos por valor de más de 60.000 millones de euros. Sin embargo, los datos anunciados por la sociedad sólo reflejan la parte más amable de estas iniciativas dirigidas a “los colectivos más desfavorecidos”. Así sucede en el caso de su parque social de viviendas. La Sareb, participada en un 45% por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y en un 55% por accionistas privados, asegura que ya ha cedido más de 2.350 pisos para que se destinen a alquiler social. Lo que no dice esta empresa, más conocida como el banco malo, es que las administraciones beneficiarias, 11 Comunidades Autónomas (CCAA) y seis ayuntamientos, han rechazado una de cada cuatro de estas viviendas.

El mal estado de los pisos, sobre todo, pero también su ocupación irregular han sido los principales motivos de rechazo. En menor medida, la imposibilidad de transformar las viviendas en espacios habitables y la oferta en ubicaciones donde no hay demanda social también han determinado su exclusión.

Todas las administraciones receptoras (menos Galicia, el País Vasco, Cantabria y Málaga, con el 100% de las viviendas comprometidas) esgrimen que las reformas necesarias para poner a punto estos pisos superaban el máximo estipulado por convenio. La cifra, de entre 5.000 y 7.500 euros, se debe abonar a partes iguales entre las administraciones beneficiarias y la Sareb. De hecho, las entidades usufructuarias han gastado en conjunto más de 1,2 millones de euros para actualizar aquellos pisos cuya intervención sí se ajustaba a estos criterios económicos.

“Se trataba de hacer una reforma integral”

“Ya sabíamos que las viviendas eran malas, pero estaban peor de lo que esperábamos”, aseguran desde el Servicio de Vivienda de Navarra respecto de los pisos rechazados. En la misma línea se expresa Vanesa Valiño, jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, para quien no sólo se trataba de actualizarlos, de arreglar la cocina, el baño y pintar, sino “de hacer una reforma integral”.

Las CCAA y los ayuntamientos consideran que ni tiene sentido, ni pueden asumir gastos superiores a los pactados, sobre todo porque se trata de cesiones en régimen de usufructo de una duración media de cuatro años. “No es una inversión inteligente de los recursos, [a partir de cierta cifra] es invertir dinero público para arreglar el problema de un privado” porque los pisos, explican desde Visocan, la empresa pública canaria de promoción de la vivienda, no son del gobierno.

La Sareb alega que “no eligió los inmuebles que le fueron transferidos, ni el estado en el que se encontraban” y que “una vez se ofrece un paquete de viviendas a una administración, se inspeccionan, se revisan, y se descartan las que no cumplen las condiciones”. Además, la sociedad semipública defiende que su programa social debe acompañar el cumplimiento de la misión de la Sareb, es decir, su obligación de vender todos los activos que adquirió de los bancos antes de noviembre de 2027.

De momento, las administraciones cuentan con 1.779 de los 2.390 pisos conveniados. Una cifra que toma mayor significado si tenemos en cuenta que Jaime Echegoyen, presidente de la Sareb, amplió, en 2015, a un total de 4.000 los inmuebles que esta empresa quería destinar al alquiler social. Así, tres años después de su anuncio, sólo el 44% de estas 4.000 viviendas son o están en disposición de convertirse en alquileres sociales en un país que tiene uno de los parques de vivienda social más pobres de Europa y que se gastó 64.900 millones de euros en rescatar a los bancos.

“Hay muchos temas como el estado de los pisos cedidos, el coste de las reformas o la ubicación de los mismos en los que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo con la Sareb y eso ha retrasado un proceso ya de por sí muy lento” reconocen fuentes de Visocan. Algo que ha sucedido en buena parte del resto de gobiernos municipales y autonómicos. De hecho, de las 1.779 viviendas conveniadas y aceptadas por las administraciones sólo cerca de 900 ya funcionan como alquileres sociales (sin contar con los casos de Cantabria y el municipio de Hospitalet del Llobregat, en Catalunya, que al cierre de este reportaje no han facilitado datos claros al respecto).

Navarra y Aragón no han aceptado ningún piso

El gobierno de Navarra, que no ha aceptado ninguno de los 30 pisos acordados, resume así la situación: “Algunas viviendas no cumplían con las condiciones de habitabilidad, algunas estaban ocupadas, en una había una plaga de cucarachas…”. Con todo, el detonante de la renuncia fue, aseguran las mismas fuentes, el error por parte de la Sareb de la dirección de uno de los domicilios. “Casi se entra por la fuerza en una vivienda propiedad de ciudadanos particulares; pensamos que aquello no era serio y le dimos fin”, explican.

Aragón, como Navarra, ha rechazado todos los pisos de la Sareb. De acuerdo con el actual gobierno socialista “revisando los términos del convenio [firmado en febrero de 2015 por el anterior ejecutivo popular], el estado y la ubicación de las viviendas ofertadas, se estimó que no podía ser ratificado”. Fuentes del departamento de Vivienda afirman que los pisos cedidos, 25 de los 80 acordados, precisaban inversiones de entre 6.000 y 9.000 euros y que esto “resultaba inadmisible” teniendo en cuenta que, en el acuerdo suscrito en el caso aragonés y a diferencia del resto de convenios, Sareb sólo estaba obligada a abonar 600 euros por piso.

Otras muchas comunidades solamente han podido incorporar una parte de los pisos comprometidos a su parque social. Andalucía, por ejemplo, cuenta con 219, el 55% de los pactados y Extremadura, con 25 de los 45. En ambos casos, la Sareb ofreció menos viviendas de las acordadas, algo que difiere de la tendencia general. En términos globales, la empresa semipública ha cedido más pisos de los conveniados aunque buena parte de ellos no cumplieran con los requisitos estipulados. En este sentido, el caso de Islas Baleares es más paradigmático: la Sareb ofreció 83 viviendas de las 75 pactadas y el gobierno balear se quedó con 45.

Tanto en el caso de Andalucía y la comunidad balear, como en el de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Sevilla, a la casuística del mal estado de las viviendas hay que sumar la de las ocupaciones sin posibilidad de regularización. La Sareb justifica que estas viviendas deben cederse porque es la administración pública quien tiene la potestad de regularizar la situación de los inquilinos. Con todo y pese que algunos convenios recomendaban un cupo máximo de viviendas ocupadas irregularmente, la cifra prefijada en estos contratos, como ha sucedido en la capital andaluza, se ha superado en diversas ocasiones. Sevilla ha aceptado 6 de los 15 pisos que marcaba el acuerdo y Madrid sólo ha incorporado un 36% del total.

Vanesa Valiño, jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda Ayuntamiento de Barcelona, asegura que, en las negociaciones con la Sareb, el gobierno municipal estableció que no aceptaría pisos ocupados si las familias no se encontraban en una situación vulnerable y, por consiguiente, su situación en el piso no podía ser regularizada. La regularización in situ, sin embargo, no funciona en todas las administraciones, muchas de las cuales exigen a los ocupantes que abandonen el domicilio para luego evaluar si pueden beneficiarse de un piso social.

“Si los inquilinos de la Sareb generan problemas con la comunidad o tienen suficiente capacidad económica para pagar el alquiler [y no lo están haciendo], la Sareb es la que debe gestionar el procedimiento de desahucio”, considera Valiño. La jefa del gabinete municipal afirma que algunos de los pisos rechazados por el Ayuntamiento de Barcelona, que cuenta con 173 de los 200 conveniados, eran inhabitables. “Se trata de pisos que no pueden cumplir con las condiciones de la cédula de habitabilidad ni invirtiendo todo el dinero del mundo. Rechazamos un sótano que, por ejemplo, no tenía ventilación”, precisa Valiño. No se trata de un caso aislado, el ayuntamiento de Madrid, las Islas Baleares y Cantabria, pero también Catalunya y Castilla y León, dos comunidades donde el balance del acuerdo ha sido muy satisfactorio, se han encontrado con el mismo problema.

Casi un centenar de vecinos de la localidad de Mompía, en Santa Cruz de Bezana, viven sumidos en el “desconcierto” y la “angustia” ante el riesgo de perder sus viviendas por la gestión que pueda llevar a cabo sobre las mismas el 'banco malo', después de que se le adjudicara el inmueble, situado en la Avenida Libertad, el pasado mes de julio.

Se trata de un edificio de 98 viviendas y 40 oficinas cuyos contratos de arrendamiento los gestionaba desde comienzos de 2014 una empresa que “no tenía acreditada la titularidad o apoderamiento de la propiedad para poder ejercer legalmente como arrendadora”.

Ante esta situación, el inmueble le fue embargado y pasó a manos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo, la Sareb, quien tiene en su poder el futuro de sus 80 inquilinos, que llevan cuatro años pagando el alquiler y que ahora ven como pueden quedar extinguidos sus contratos y ellos en la calle sin vivienda.

Juan José Lopera, representante de este grupo de vecinos, cuenta a eldiario.es que “se le ha ocultado al juez que lleva el caso que el inmueble está habitado”. “En el informe se define al edificio como un solar con un conjunto de viviendas en construcción con okupas”, asegura.

Como consecuencia de ello, este miércoles, tal y como estaba previsto, se han personado un cerrajero y una procuradora para ejecutar el lanzamiento, que finalmente no han podido llevar a cabo porque ni estaba vacío ni con supuestos okupas. “Cuando han llegado se han encontrado una realidad muy diferente”, sostiene Lopera.

A partir de ahora, la Justicia exigirá a la Sareb que se manifieste y que tome una decisión sobre estas viviendas, que podrá ir encaminada hacia presentar a los vecinos nuevos contratos de alquiler legales a través de Solvia, su sociedad gestora, o seguir adelante con los desahucios.

Los vecinos piden al banco malo que se siente a negociar y que les facilite una subrogación de los alquileres, aunque lo hagan con opción a compra. “No pueden poner en la calle a toda este gente, que llevamos más de cuatro años viviendo aquí”, subraya este inquilino.

“Concesión irregular”

El origen del problema, según explica Lopera, está en la concesión “totalmente irregular e ilegal de una licencia de ocupación por parte del Ayuntamiento de Bezana en la pasada legislatura, cuyo expediente no aparece”. “Previamente se depositó en el BOC la resolución negativa a concederla, ya que fue imposible localizar a la promotora que estaba desaparecida y no había aportado la documentación necesaria para ello”, afirma. Ante esta situación, tal y como asegura este afectado, el Defensor del Pueblo señaló el “presunto delito de prevaricación” por parte del Consistorio.

El actual concejal de Obras del municipio, Luis del Piñal (Podemos), reconoce a este medio la situación “delicada” que viven estos vecinos y asegura que se han reunido con ellos para transmitirles su apoyo y para redactar un escrito a la Sareb informándole del estado de sus contratos.

“Les hemos trasladado que íbamos a ayudarlos en todo lo que pudiéramos, pero que tenían que entender que tampoco les podemos dar una solución real porque es un asunto de la Sareb en el que no tenemos todo el alcance que nos gustaría”, sentencia el edil.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha cerrado la venta a Axactor de una cartera de préstamos sin garantía hipotecaria por un valor nominal de 2.335 millones de euros, informaron el 'banco malo' y la firma noruega.

La operación, bautizada como Navia, se ha cerrado tras un proceso competitivo que ha permitido a Sareb desinvertir las diferentes posiciones de deuda minoritarias que habían quedado sin garantía hipotecaria tras la ejecución de los préstamos. La cartera incluía cerca de 4.000 expedientes. La compañía que preside Jaime Echegoyen ha contado en esta operación con el asesoramiento financiero de KPMG y de la firma Herbert Smith Freehills, en la parte legal.

Se trata de la adquisición de mayor volumen que Axactor ha realizado en España, pasando a gestionar más de 5.000 millones de deuda comprada en el mercado español. La empresa cotizada en la bolsa noruega prosigue de este modo su consolidación en el sector, diversificando las inversiones en todos los segmentos NPLs (non performing loans) o créditos morosos, indica en un comunicado.

Axactor explica que la diversificación que está llevando a cabo no solo se realiza en la tipología de las carteras adquiridas, sino que también combina la compra de carteras con el servicio a terceros, superando los 20.000 millones de euros en gestión.

David Martín y Andrés López, directores generales de Axactor España, han calificado de “gran hito” para la firma, la compra de la primera cartera unsecured que Sareb vende en España, ya que además incrementa “notablemente” su volumen de gestión de deuda adquirida.

Actualmente, Axactor gestiona en España más de un millón de expedientes y una deuda superior a 20.000 millones de euros, con cerca de 600 trabajadores y 8 delegaciones repartidas por todo el país.

En el último año, la firma cotizada en la Bolsa de Oslo ha adquirido carteras de crédito fallido procedentes de diversas entidades financieras españolas.

Axactor impulsó su implantación en España mediante la adquisición de ALD Abogados en diciembre de 2015 y de Geslico en mayo de 2016. En el resto de Europa, entre 2016 y principios de 2017, adquirió las compañías Ikas (Noruega), CS Unión (Italia), Altor (Alemania) y Profact (Suecia).

La Sociedad de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) ha amortizado de forma extraordinaria bonos senior por 857,5 millones de euros, con lo que el volumen total de deuda cancelada desde su creación en 2012 asciende al 25,4%, según ha informado el conocido como banco malo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La sociedad presidida por Jaime Echegoyen se constituyó en 2012 con la compra de 50.781 millones de euros en activos procedentes de las cajas de ahorro, que eran fundamentalmente préstamos al promotor. Para llevar a cabo esta actuación, la Sareb emitió deuda senior avalada por el Tesoro.

Del total, el banco malo ha cancelado, en términos absolutos, unos 12.835 millones de euros en casi seis años, con lo que aún queda por amortizar los 37.906 millones de euros. La Sareb se constituyó en 2012 con un  plazo máximo de 15 años de vigencia, durante el cual debería acometer las desinversiones en todos sus activos. Tendría todavía algo más de nueve años para amortizar casi el 75% de la deuda.

El Estado es el primer accionista de Sareb, a través del fondo de rescate bancario, el FROB, que mantiene en torno al 45% de las acciones. Recientemente este organismo anunció que se anotó en 2017 un deterioro de 947 millones en su inversión en el banco malo. El resto de los accionistas de la entidad son las principales entidades financieras.

Concretamente, la Sareb ha amortizado en esta ocasión un total de 8.575 títulos de bonos senior 2016-4, 2015-4, 2017-2 y 2016-2, equivalentes los dos primeros a un importe nominal global de 605,3 millones y el resto de 252,2 millones de euros, con lo que el valor total asciende a 857,5 millones de euros.

Fuentes financieras han aclarado a Europa Press que los intereses de la deuda vencen anualmente en diciembre y en febrero, y se vuelven a renovar, mientras que, dado el caso de que no pudieran cancelarse dichos títulos por no haber generado el suficiente efectivo, se tendría que activar el aval del Estado.

Los ingresos de la Sareb provienen de la venta de los inmuebles y carteras de créditos adquiridos, que son utilizados para financiar la propia actividad de la sociedad y las cancelaciones de deuda.