Desjudicializar el procés va camino de convertirse en imposible. La Audiencia de Barcelona ha ordenado a la jueza que investiga la promoción en el extranjero del referéndum de 2017 incluir en la causa gastos que había descartado considerar delictivos y que versan sobre la consulta del 9 de noviembre de 2014, pese a que ni Artur Mas ni el resto de exconsellers condenados por esa votación fue acusado siquiera de malversación de fondos públicos.

La causa de los gastos exteriores es uno de los coletazos judiciales del procés pendientes de resolver en los juzgados catalanes. El caso nace a partir de una denuncia de la Fiscalía, a su vez basada en un macroinforme del del Tribunal de Cuentas sobre la actividad exterior de la Generalitat entre los años 2011 y 2018 que PP, PSOE y Ciudadanos encargaron al ente fiscalizador en 2017.

En un primer momento, la jueza instructora acotó la pluralidad de gastos denunciados por la Fiscalía –que afectaban a las dos votaciones soberanistas, la del 2014 y la del 2017– y los limitó a los efectuados por el Govern de Carles Puigdemont. Entendió la instructora que como la investigación judicial a Artur Mas había concluido sin una condena por malversación, no procedía ahora investigar a altos cargos de sus gobiernos por este delito.

Cabe recordar que fue la propia Fiscalía quien, en la causa contra el expresident por el 9-N, descartó acusar a Mas de malversación porque todos los gastos efectuados del Govern para la votación fueron anteriores a su suspensión por parte del Tribunal Constitucional el 4 de noviembre de 2014. El expresident solo fue condenado por desobediencia. Ello no impidió la apertura de un procedimiento en el Tribunal de Cuentas en el que Mas y varios altos cargos fueron condenados a indemnizaciones millonarias.

La Fiscalía, sin embargo, recurrió la decisión de la instructora de la causa de los gastos exteriores del procés de dejar fuera del caso los gastos del 9-N. Según argumentó el Ministerio Público, sí debían investigarse por malversación y prevaricación el viaje pagado a ocho parlamentarios europeos para asistir de observadores de la votación (10.00,74 euros) así como los vídeos por valor de 48.230 euros encargados a una productora para promocionar la votación.

Ambos gastos fueron abonados por el consorcio público–privado Diplocat, en el que participan Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona, patronales, sindicatos y hasta el F.C. Barcelona, y dirigido hasta 2017 por Albert Royo, uno de los imputados del caso y también en la causa por los preparativos del 1-O seguida en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.

Alegó la Fiscalía en su recurso que esta investigación no afectaba a algo ya juzgado como fue el 9-N (algo proscrito por la ley), ya que ahora la causa no investiga el procés sino la “elusión de controles legalmente establecidos” de la contratación pública y los gastos fueron abonados de manera “fraccionada”. Al recurso de la Fiscalía se adhirió la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno.

La Audiencia de Barcelona avala el razonamiento de la Fiscalía y corrige el criterio inicial de la instructora. “Si la tesis bascula en el fraccionamiento para elusión de controles legalmente establecidos sí resulta procedente la incorporación de las facturas”, reza el auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Añaden los jueces que los gastos relativos al 9-N no estarían prescritos. El procés va a seguir en los tribunales, no solo el capítulo de 2017 sino también el de 2014, que hasta ahora parecía cerrado.

Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya juzgó a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la celebración de la consulta del 9-N, condenó al expresidente a dos años de inhabilitación, a Ortega a 21 meses y a Rigau a 18 meses por haber cometido un delito de desobediencia al impulsar la celebración de la votación celebrada en el 2014 pese a la advertencia del Tribunal Constitucional. La Fiscalía había descartado acusarlos por malversación, el único delito que podía conllevar cárcel, porque entendió que los posibles gastos vinculados al 9N fueron comprometidos con anterioridad a la suspensión del Constitucional. El Ministerio Público defendió su postura “desde la imparcialidad y objetividad” con la que debe desempeñar su labor. El Sindicato Profesional de Policía, Unión Federal de Policía, Asociación Arca Ibérica y el sindicato Manos Limpias, que ejercían la acusación popular, insistieron en reclamar que se les acusase de malversación, pero el tribunal lo desestimó por considerar que no existía base jurídica para atribuir gastos ilegales a los altos cargos del Govern que se sentaban en el banquillo. 

Ni la Fiscalía ni los jueces consideraron que se hubiese producido una malversación pero su imparcialidad y objetividad no fue apreciada como tal por Sociedad Civil Catalana y por la entidad Abogados catalanes por la Constitución, que llamaron a la puerta del Tribunal de Cuentas y en el 2018 lograron lo que la Justicia había desestimado un año y medio antes: una condena que obligaba a estos tres exmiembros del Govern así como al exconseller Francesc Homs a reintegrar al Estado un total de 4,9 millones de euros. El mismo tribunal había ya ordenado el embargo de la vivienda de Mas y de otros bienes de los demás implicados para afrontar una fianza de 5,27 millones de euros. Además de los políticos ya juzgados por el TSJC, el Tribunal de Cuentas amplió su condena a algunos de sus subordinados en el Govern: Luis Bertrán, Josefina Valls, Ignasi Genovés, Jordi Vilajoana, Jaume Domingo y Teresa Prohias. 

La autora del informe fue la exministra del PP, Margarita Mariscal de Gante. No solo ella procede de un partido. El Tribunal de Cuentas está plagado de expolíticos y con una clara mayoría conservadora. En otro habitual reparto de cartas, hasta ahora PP y PSOE siempre se han puesto de acuerdo para repartirse los puestos cuando expira cada mandato, con una duración de nueve años. Los nombramientos a dedo van más allá de los que hacen los partidos con los consejeros. Una buena parte del personal está compuesto por familiares de altos cargos. De los alrededor de 700 trabajadores que conforman la plantilla, un centenar tiene lazos familiares con altos cargos del organismo y antiguos consejeros, según desveló El País.

A diferencia de lo que pasó con el 9N, con el referéndum del 1-O no solo Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana han buscado el apoyo del Tribunal de Cuentas. A finales de 2017, la Comisión Mixta (Congreso-Senado), a instancias del PP y con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, reclamó un informe para aclarar si los fondos destinados a la acción exterior catalana se habían utilizado “conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia”. Es el conocido como informe sobre las embajadas catalanas. El Tribunal concluyó que las delegaciones de la Generalitat en el extranjero gastaron al menos 27,2 millones de euros en actividades sin que sea posible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto.

El informe, de 700 páginas, se aprobó con un único voto en contra, el de la consejera María Dolores Genaro, que presentó un voto particular, por considerar que se había aprobado de forma precipitada y que el cálculo hecho carecía del rigor contable necesario. Genaro se quejó de que no se les había dado tiempo para leerlo y poder presentar las observaciones que considerasen. Otros dos consejeros, también elegidos a propuesta del PSOE, Enriqueta Chicano y Felipe García, presentaron un voto concurrente, que es la forma de expresar la discrepancia con la argumentación de un informe aunque se comparte la resolución. 

El cálculo hecho por el Tribunal de Cuentas abarca la gestión de los gobiernos catalanes entre el 2011 y 2017 y el presunto desvío de fondos para destinarlos a impulsar la independencia. 40 ex altos cargos se enfrentan ahora al embargo de sus bienes y a multas millonarias. El próximo martes se les aclarará cuál es la cuantía que se les reclama por supuesta responsabilidad contable por gastos indebidos. Entre los investigados figuran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Andreu Mas-Colell, en tanto que exconsejeros de Economía, o Raül Romeva por haber sido el titular de Exteriores. Además hay otros exconsellers, incluidos los indultados por el Gobierno, y ex altos cargos de la Generalitat. 

Alexandre, uno de los hijos de Andreu Mas-Colell, economista como él y profesor de la Universidad de Princeton, denunció hace unos días en Twitter la situación de su padre. “En dos semanas, la casa de mis padres, su pensión y su cuenta bancaria podrían pasar a manos de las autoridades”, escribió en inglés. Su padre dejó de ser conseller en el 2015. Se le acusa por haber sido el máximo responsable del presupuesto de la Generalitat en el Govern de Artur Mas. Su hijo recordaba en las redes que su padre no tuvo nada que ver en la organización del 1-O. Su mensaje despertó una ola de apoyos en el mundo académico, donde el exconseller Mas-Colell es una figura muy respetada a nivel internacional. 33 premios Nobel y una veintena de economistas firmaron esta semana un artículo en 'El País' en el que se solidarizaban con él.

“Aquellos de nosotros que hemos tratado al profesor Mas-Colell durante muchos años como colegas, estudiantes y coautores, sabemos que es una persona de la máxima integridad. También es reconocido por ser una persona dedicada al bien público, como lo demuestra su marcha de Harvard para regresar a casa y fundar una nueva institución educativa española, así como su disposición a desempeñar responsabilidades de gobierno en España y en Europa. España fue muy afortunada de que un economista de la capacidad y la talla del profesor Mas-Colell estuviera dispuesto a dedicarse al servicio público”. La carta estaba firmada entre otros por Joseph Stiglitz, Daniel Kahneman, George Akerlof o Paul Milgrom.

Mas-Colell tiene 76 años. El martes, el día que debe comparecer junto al resto de investigados ante el Tribunal de Cuentas, cumplirá los 77. Las fianzas que se les impongan pueden implicar que se les embargue todo su patrimonio y que no haya cajas de solidaridad suficientes para hacer frente a las cuantías que les exigirá este organismo, que no forma parte del poder judicial, aunque esta vez lo parece.

La exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega ha alegado ante la juez que en el cargo de asesora del Departamento de Empresa para el que fue contratada el año pasado no ejercía funciones de gobierno, por lo que no burló la condena de inhabilitación que se le impuso por organizar la consulta soberanista del 9-N.

Ortega ha declarado como investigada por un delito de quebrantamiento de condena ante la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, tras ser denunciada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por ejercer de asesora del Govern pese a que su inhabilitación para empleo y cargo público derivada de la sentencia del 9-N no había expirado aún.

El TSJC denunció a Ortega ante los juzgados, al entender que había “burlado” la pena de nueve meses de inhabilitación con su contrato de asesora del Departamento de Empresa, un empleo “generosamente retribuido”, según el alto tribunal, por el que cobró 32.110 euros brutos entre mayo y octubre del año pasado.

Por la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, el TSJC condenó por un delito de desobediencia a Ortega, así como al expresidente catalán Artur Mas y a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, a penas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito autonómico y del Estado.

Como consecuencia inmediata de su nombramiento como asesora del Govern, el TSJC dejó sin efecto la liquidación de la condena de inhabilitación de Ortega, que expiraba el pasado 19 de octubre, y que sí ha cumplido Rigau, mientras que la del expresidente Artur Mas finaliza el próximo domingo 23 febrero.

La jueza instructora indaga además si Ortega eludió la condena de inhabilitación cuando el pasado mes de octubre fue elegida secretaria general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), tal y como mantiene la Fiscalía, que abrió esa otra línea de investigación a raíz de una denuncia anónima. En su declaración ante la jueza, la exvicepresidenta de la Generalitat ha mantenido que el cargo de asesora del Govern no entraría dentro de los supuestos que veta la pena de inhabilitación para empleo y cargo público, dado que no incluye funciones de gobierno.

Ortega ha blandido ante la magistrada sendos informes jurídicos confeccionados por el Gabinete Jurídico y por el área de Función Pública de la Generalitat, cuya defensa aportará al juzgado, que avalaban que su contratación como asesora no suponía un quebrantamiento de la condena de inhabilitación.

La exvicepresidenta ha aducido también que su contratación era de dominio público, dado que la prensa informó de ella y fue oportunamente publicada en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), sin recibir ningún requerimiento judicial que le advirtiera de que estaba incumpliendo la condena que se le impuso por organizar la consulta del 9–N.

Respecto a su nombramiento como secretaria general de la ACM -entidad municipalista que agrupa a ayuntamientos del entorno nacionalista-, ha argumentado que este no es un organismo público y que, en cualquier caso, sus funciones se circunscriben al ámbito local, fuera por tanto del alcance de la pena de inhabilitación para cargo público autonómico y estatal que le impuso el TSJC.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha enviado a los juzgados de Barcelona a la exvicepresidenta del Govern por Unió Democràtica y actual tertuliana en medios catalanes, Joana Ortega, por quebrantar su condena a nueve meses de inhabilitación por desobediencia en la consulta del 9-N. Según el alto tribunal catalán, Ortega rompió el cumplimiento de la pena de inhabilitación al ser contratada como asesora por el departamento de Empresa de la Generalitat entre mayo y octubre de 2019.

Ortega, al igual que el expresident Artur Mas y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, fue condena definitivamente por el Tribunal Supremo el 23 de enero de 2019, fecha a partir de la que empezaron a contar los nueve meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos a los que fue condenada. En consecuencia, tenía vetado cualquier cargo público hasta octubre de este año, pero en julio fue fichada como asesora de la conselleria de Empres. Permaneció en el cargo hasta octubre, con un sueldo de 32.110,84 euros mensuales.

El TSJC, al contrario que Ortega, argumenta que el cargo de asesora es análogo al de diputada, concejala o cualquier cargo fruto de una elección popular, por lo que entiende que la exvicepresidenta de Unió eludió su condena al fichar como asesora de la conselleria de Empresa.

“Se trata de una actividad que, ciertamente, no es cargo público electivo ni supone ejercicio personal directo de gobierno, pero presenta todas las trazas requeridas para ser tenida como actividad o cargo análogo al desempeño de funciones de gobierno autonómico, impedidas por la pena de inhabilitación impuesta”, argumenta el TSJC en un auto redactado por el presidente del alto tribunal catalán, Jesús María Barrientos, y los magistrados Carlos Ramos y Mercedes Armas.

Ortega, concluye el tribunal, “ha burlado” los efectos de la pena impuesta [por el 9-N] al asumir un cargo de libre designación en el Govern similar a las funciones de gobierno que tenía prohibidas. A criterio del TSJC, el cargo de asesora es análogo al de consellera porque es discrecional, se mantiene dentro de la administración pública, no requiere de título funcionarial y está “generosamente retribuido con cargo sobre el erario público”.

Añade el TSJC que Ortega fue nombrada asesora “en el mismo gobierno autonómico aprovechado para la comisión del delito” de desobediencia en el 9-N, por lo que considera “indudable” que la exvicepresidenta, en su nuevo cargo en Empresa, “se colocó nuevamente en posición de potencial contribución” a delinquir. El delito de quebranto de condena está castigado en el Código Penal con una pena de multa.

23 de febrero de 2020. Es la fecha en la que el expresident de la Generalitat Artur Mas podrá volver a ocupar cargos públicos, una vez haya cumplido la pena de inhabilitación a la que fue condenado por impulsar la consulta del 9-N. Se cerrará así definitivamente el capítulo judicial que siguió la votación, por la que también fueron condenados por desobediencia los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), tribunal que condenó a Mas en primera instancia y encargado de ejecutar el fallo, ha ordenado este martes ejecutar la sentencia del Supremo que rebajó en once meses la pena de inhabilitación al expresident. Esto implica que Mas, Rigau y Ortega deben pagar ya las multas y cumplir con la prohibición para ocupar cargos públicos durante varios meses a la que fueron condenados.

En concreto, Mas fue condenado a trece meses de inahbilitación para ejercer cargos públicos electivos locales, autonómicos o estatales o realizar funciones de gobierno en todas las administraciones. Como la condena en firme del Supremo se formalizó el pasado 23 de enero, Mas terminará de cumplir la pena trece meses después de dicha fecha, esto es, el 23 de febrero de 2020.

El Supremo condenó a Homs (juzgado por el Altro Tribunal y no por el TSJC por su condición de Diputado en el Congreso) a un año y un mes de inhabilitación, la misma pena que fijó para Mas una vez examinado el recurso de casación del expresident al fallo del TSJC. Pese a ser su subordinado, el Supremo impuso el mismo castigo a expresident y exconseller de Presidencia.

En la misma línea, el Supremo redujo el tiempo por el que Ortega y Rigau, ya retiradas de la política, no podrán ocupar cargos públicos. Así, el Alto Tribunal les impuso una condena por desobediencia de nueve y seis meses de inhabilitación respectivamente, frente al año y nueve meses y al año y medio que había sentenciado el TSJC.

El máximo tribunal catalán también impuso multas de 36.500, 30.000 y 24.000 euros a Mas, Ortega y Rigau que el Supremo sí ha mantenido y que los condenados pagarán ahora.

Salvo esta pequeña reducción de las penas, el Supremo confirmó en esencia los hechos que contempló la sentencia del TSJC. Cabe recordar que el tribunal catalán no condenó por prevaricación a Mas y a sus exconselleres, el otro delito del que les acusaba la Fiscalía y que podría haber aumentado la pena de inhabilitación. De esta forma, el reproche penal para los cuatro políticos se basó en que “ignoraron e impusieron su voluntad” al auto del Tribunal Constitucional que el 4 de noviembre suspendió el proceso participativo del 9-N.

Punto y final de la causa penal contra el expresident de la Generalitat Artur Mas por la consulta del 9-N. El Tribunal Supremo ha reducido a un año y un mes de inhabilitación la condena a Mas por un delito de desobediencia, once meses menos que los dos años que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La rebaja se explica porque el Supremo ha equiparado la condena a Mas con la de su exconseller de Presidencia Francesc Homs, que fue juzgado por el Alto Tribunal y no por el TSJC porque era diputado en el Congreso. El Supremo condenó a Homs a un año y un mes de inhabilitación, la misma pena que fija ahora para Mas una vez examinado el recurso de casación del expresident al fallo del TSJC. Pese a ser su subordinado, el Supremo impone el mismo castigo a expresident y exconseller de Presidencia.

En la misma línea, el Supremo ha reducido el tiempo por el que la exvicepresidenta Joana Ortega y la extitular de Ensañanza Irene Rigau, ya retiradas de la política, no podrán ocupar cargos públicos. Así, el Alto Tribunal les ha impuesto una condena por desobediencia de nueve y seis meses de inhabilitación respectivamente, frente al año y nueve meses y al año y medio que había sentenciado el TSJC. El máximo tribunal catalán también impuso multas de 36.500, 30.000 y 24.000 euros a Mas, Ortega y Rigau que el Supremo sí ha mantenido.

Salvo esta pequeña reducción de las penas, el Supremo confirma en esencia los hechos que contempló la sentencia del TSJC. Cabe recordar que el tribunal catalán no condenó por prevaricación a Mas y a sus exconselleres, el otro delito del que les acusaba la Fiscalía y que podría haber aumentado la pena de inhabilitación. De esta forma, el reproche penal para los cuatro políticos se basa en que “ignoraron e impusieron su voluntad” al auto del Tribunal Constitucional que el 4 de noviembre suspendió el proceso participativo del 9-N.

La Fiscalía del Supremo pidió confirmar la pena impuesta por el TSJC, si bien en un primer momento la Fiscalía Superior de Catalunya había planteado que el Supremo también se pronunciara sobre el delito de prevaricación del que fueron absueltos los tres políticos.

Al haber costeado los gastos de la consulta antes de su suspensión por parte del Constitucional, Mas y los exconsellers se salvaron del delito de malversación de fondos públicos en su causa penal. No obstante, el Tribunal de Cuentas les ha condenado en otro procedimiento a pagar 4,9 millones de euros. Los políticos han recurrido la sanción.

El Tribunal de Cuentas ha cifrado en 4,95 millones de euros el coste para las arcas de la Generalitat que supuso la consulta del 9-N de 2014, y ha condenado al expresident Artur Mas a reintegrar de forma íntegra este importe. Asimismo, el ente fiscalizador también ha condenado a tres exconsellers –Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau– y a seis exaltos cargos a reembolsar varios gastos relacionados con la consulta.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el Govern que presidía Mas acordó los gastos para el 9-N a sabiendas de que estaban “desconectados de cualquier finalidad pública que pudiera perseguir la Generalidad de Cataluña”. “La única conclusión posible es que los gastos carecieron de justificación”, abunda la jueza del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar.

Además de Mas, condenado a pagar el coste total del 9-N, han sido condenados los siguientes exresponsables de la Generalitat por varias tareas relacionadas con la logística de la votación: el exconseller de Presidència Francesc Homs tendrá que abonar 1,98 millones; la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau 2,8 millones por los ordenadores del 9-N; la exvicepresidenta Joana Ortega 865.674,9 euros por el material electoral.

Por su lado, los exaltos cargos Ignasi Genovès, Jordi Vilajoana han sido condenados a pagar 806.403 euros cada uno por la publicidad del 9-N; mientras que los excargos del Govern Lluis Bertran, Jaume Domingo, Josefina Valls, y Teresa Prohias tendrán que reembolsar 698.685, 307.962, 81.143 y 21.767 euros respectivamente.

Con este fallo, el Tribunal de Cuentas estima las demandas presentadas por las asociaciones Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana, así como por la Fiscalía. La magistrada Mariscal de Grande cifra en concreto el coste del 9-N en 4.946.788,16 euros. Los exdirigentes habían depositado como fianza 5,2 millones de euros obtenidos mediante la puesta a disposición del Tribunal de Cuentas de sus casas particulares, así como dinero en efectivo obtenido de cajas de resistencia.

Mas lo tilda de “aberración jurídica”

En un comunicado, el expresident de la Generalitat Artur Mas ha tildado de “aberración jurídica” la sentencia y ha anunciado que la recurrirá porque no la acepta. “No se ha producido ningún gasto irregular que comporte una responsabilidad contable”, ha sostenido el expresident, que ha recordado que la Generalitat de Catalunya no se siente perjudicada por los gastos del 9-N porque no se personó en la causa.

“La decisión del Tribunal de Cuentas se encuentra muy lejos de la imparcialidad y pretende ser, por un lado, un escarmiento para todos aquellos que llevamos a cabo el proceso participativo del 9-N y, por otro, un aviso para navegantes”, ha aseverado el expresident, que ha anunciado que recurrirá la sentencia ante la sala de apelaciones del Tribunal de Cuentas.

La magistrada Mariscal de Gante no ha aceptado ninguno de los argumentos de defensa expuestos por Mas y sus excolaboradores. Alegaron los políticos que no llegaron ni a ir a juicio por el delito de malversación de fondos públicos –sólo fueron condenados por desobediencia–, y que en cualquier caso los gastos se acordaron antes de la suspensión del 9-N por parte del Constitucional, por lo que eran legales.

Por contra, la sentencia concluye que aunque el procedimiento para la realización del gasto fuera “formalmente irreprochable”, como sucedió con las partidas del 9-N, se produce un perjuicio contable a la administración “si el destino dado a los fondos públicos es distinto que el legalmente previsto”, por lo que procede obligar a los dirigentes que lo acordaron a devolver el dinero. En este sentido, la sentencia zanja que como la “finalidad pretendida [el 9-N]” no era “conforme al ordenamiento jurídico, la única conclusión posible es que los gastos carecieron de justificación y dieron lugar a un saldo deudor injustificado en los fondos públicos de la Generalidad”.

El 9-N ha vuelto a juicio este miércoles. El Tribunal de Cuentas ha celebrado la vista contra el expresident de la Generalitat, Artur Mas; la exvicepresidenta Irene Rigau; la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau; y otros siete exaltos cargos por su presunta responsabilidad contable en la consulta soberanista del año 2014. Se enfrentan a una multa de 5,3 millones de euros.

Durante su declaración, Mas se ha referido a la compra de 7.000 ordenadores portátiles, el capítulo de gasto más importante del 9-N, que asciende a casi tres millones, según la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. El expresident ha desvinculado los ordenadores de la votación, pese a que se usaron el 9-N, y ha dicho que su adquisición fue “para mejorar el sistema educativo catalán”.

Tal y como avanzó este diario, Mas intentó que la propia Generalitat le pagara el gasto correspondiente a la compra de los ordenadores de la fianza que le impuso antes del juicio el Tribunal de Cuentas, algo que no consiguió. El expresident acabaría depositándo los 5,3 millones de fianza, en parte gracias a la caja de solidaridad de la ANC y en parte de su propio bolsillo.

El expresident también ha afeado al letrado de la acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana que cuestione una partida de 2,8 millones para 7.000 ordenadores cuando en todo el ejercicio de 2014 “se hicieron 1.414 modificaciones presupuestarias por valor de 1.250 millones de euros”. También ha criticado que “si tan grave” fue el delito por la convocatoria de la consulta soberanista el 9-N por qué “ni un solo juez o fiscal actuó para pararla”. En este sentido, cabe recordar que Mas, Rigau y Ortega fueron condenados por desobediencia por el TSJC, pero que el delito de malversación de fondos públicos en el 9-N se descartó en la fase de instrucción.

Este miércoles Mas ha defendido que no había nada “malo” en el 9-N desde el momento en que se convocó en rueda de prensa, su organización se dejó en manos de voluntarios y “durante tres semanas largas el Tribunal Constitucional no dijo nada y el Gobierno español se mofaba” del tipo de consulta que se había convocado. “No me daba miedo nada, como después se demostró”, ha asegurado.

“En esas tres semanas sí gastamos un dinero y comprometimos recursos pero en un marco en el que no hay ninguna resolución del Tribunal Constitucional”, ha defendido Mas, para incidir en que si el Ejecutivo central no pidió que se paralizase y el Alto Tribunal no tomó medidas en aquel momento es porque “políticamente era lo mismo, pero jurídicamente era completamente distinto” lo que se había convocado.

De hecho, ha argumentado que la convocatoria de un “proceso de participación popular” fue para apagar una “crisis política dentro del movimiento soberanista” tras la anulación de la consulta inicial. Por su lado, Ortega ha expresado su “convicción absoluta” de que el 9-N se actuó de acuerdo a la legalidad.

En esa consulta, ha dicho, no hubo censo y sólo intervinieron voluntarios, “no hubo participación de funcionarios públicos”. Ortega ha insistido en que las decisiones que se adoptaron de cara al 9 de noviembre se adoptaron dentro de las competencias asignadas en el Estatut y ha asegurado que todos los expedientes administrativos implicados en este proceso fueron “impecables” y “pasaron todos los filtros de intervención”.

La noticia fue poco más que un rayo en medio de la tormenta, pero la semana que acabó con el referéndum del 1 de octubre comenzó con el Tribunal de Cuentas reclamando a Artur Mas y a otros altos cargos de su Govern una fianza de 5,25 millones. La cantidad es el coste público de la consulta 9 de noviembre del 2014. El expresident acabaría depositándolos, en parte gracias a la caja de solidaridad de la ANC y en parte de su bolsillo. Pero antes, Mas intentó que fuera la Generalitat quien se hiciera cargo de tres millones de la fianza, reclamándolo formalmente al departamento de Enseñanza.

Ocurrió el 13 de octubre, mientras el Govern estaba enfrascado en cómo responder al requerimiento previo al 155 tras la extraña declaración de independencia suspendida en el Parlament. El expresident de la Generalitat y la exconsellera Irene Rigau, encausada por los mismos hechos, presentaron una solicitud ante el registro del Departament d'Esenyament a la que, un año después, este diario ha tenido acceso. En aquel momento, Mas era aún presidente del PDeCAT.

En ella Mas y Rigau solicitan que fuera la Generalitat la que depositase unos equipos informáticos de su propiedad para saldar la parte de la fianza que les reclamaba el Tribunal de Cuentas por los mismos. El razonamiento de los políticos es que el dinero que se les requería a ellos personalmente fue en gran medida destinado a los ordenadores que se usaron el 9-N, pero que la administración sigue utilizando ahora para fines educativos.

“Esos ordenadores fueron adquiridos para ser utilizados en los centros docentes de la Generalitat”, asegura la solicitud, argumentando que “por tanto, forman parte del patrimonio de la Generalitat, y se utilizan para la prestación de un servicio público”. Los solicitantes llegan más lejos al asegurar que, en el supuesto de que el Tribunal de Cuentas acabe condenándoles a pagar la cantidad que les reclama, “nos encontraríamos ante una clara situación de enriquecimiento injusto de la Generalitat de Catalunya y, por tanto, se nos debería reintegrar el coste de aquellos ordenadores”.

Según explica Artur Mas a este diario, la solicitud se registró por recomendación de los abogados. “Estábamos presentando las alegaciones y nos explicaron que era un escándalo que depositáramos una fianza por unos bienes de los que la Generalitat disponía y que tenía en uso”, asegura el expresident, quien resalta la paradoja de que la administración les reclamase pagar por unos equipos que eran de la administración. “Los ordenadores no se tenían que mover de donde estaban ni siquiera en el caso de que nos acabasen condenando, ya que el destino final siempre es la Generalitat”, abunda Mas.

Pero la pretensión de los expolíticos no convenció, de entrada, a la entonces consellera de Ensenyament, Clara Ponsatí, nombrada por el PDeCAT como independiente para pilotar una de las áreas más sensibles durante el referéndum. En un correo electrónico enviado dos días después de que llegase la solicitud, Ponsatí escribe a Elsa Artadi, entonces coordinadora interdepartamental, diciéndole: “He recibido esto. No lo acabo de entender pero me temo que no estaré de acuerdo, y no lo haré”.

La consellera pide además que Artadi ponga la cuestión en conocimiento del president Carles Puigdemont. Unas horas después, Artadi le responde: “Consellera, mañana lo hablamos”. Finalmente Ponsatí llegó a encargar un informe jurídico sobre la cuestión, según explica ella misma a este diario, para conocer cuáles eran las obligaciones del Departament sobre los ordenadores. Pero su destitución unos pocos días después tras la intervención de la Generalitat con el 155 de la Constitución no le permitió llegar a recibir respuesta, por lo que ni siquiera acabó tomando una decisión. “Ya no tuve de hacer nada más”, apostilla Ponsatí. 

Finalmente la Generalitat acabó rechazando depositar la parte de la fianza que el expresidente y la consellera reclamaban. Según explican fuentes de Ensenyament, en el informe jurídico encargado se dictaminó que los equipos pertenecían al Centro de Telecomunicaciones (CTTI), que se los prestaba a la conselleria. Además el Tribunal de Cuentas también se mostró contrario a aceptar los equipos como parte de la fianza.

Finalmente, el monto reclamado a los políticos fue pagado en parte con cerca de 3 millones de la caja de resistencia de la ANC, otra parte fue puesta en metálico por los propios encausados y, una última suma, mediante embargos del domicilio de Artur Mas y otros inmuebles y propiedades de otros cuatro de los acusados, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs.

Cabe recordar que el procedimiento contable en el Tribunal de Cuentas se abrió después del juicio por el que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó a los tres políticos por desobediencia en el 9-N. El delito de malversación de fondos públicos ni llegó a juicio, pues se descartó al inicio de la instrucción.

Mas y otros diez miembros de su Govern volverán ante el Tribunal de Cuentas el próximo 10 de octubre, cuando serán finalmente juzgados por los gastos del 9-N. Si finalmente se cumple la petición de la acusación, iniciada por Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, los encausados podrían perder las propiedades depositadas, entre otras, la casa familiar del expresident. La Generalitat finalmente no acusará a Mas. Torra tumbó la personación en la causa ordenada por el Gobierno de Rajoy bajo el 155.

El expresident se muestra optimista, al menos respecto a la parte de los ordenadores, de 3.044.399 euros en total. “No contemplo que acabe mal. Los ordenadores existen y están en uso, y ni siquiera se compraron para el 9-N, sino que se aprovecharon. Como mucho tenemos responsabilidad sobre el uso de los equipos un día de entre los varios años que han dado servicio a la Generalitat”, explica.

La Generalitat, intervenida por el Gobierno central en aplicación del artículo 155, se ha sumado a la demanda contra el expresident Artur Mas por destinar fondos públicos al 9-N y ha pedido al Tribunal de Cuentas que le condene a devolver los 5,2 millones de euros que costó la consulta, junto a los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau.

En un escrito, el gabinete jurídico de la Generalitat, ahora en manos del Gobierno, varia su criterio –hasta ahora en línea con las defensas de los exdirigentes– y formula demanda de reclamación ante el Tribunal de Cuentas. El Govern rectifica así la posición que mantuvo al inicio del proceso, cuando no apreció responsabilidad contable de Mas en el 9-N.

El Tribunal de Cuentas tiene abierto un proceso por los gastos públicos del 9N -a raíz de las demandas que presentaron el año pasado Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución-, en el que el pasado diciembre ordenó el embargo preventivo de la vivienda de Mas y de los exconsellers para cubrir la fianza de los 5,2 millones de euros destinados supuestamente a la consulta.

Los servicios jurídicos de la Generalitat reclaman en su demanda la devolución de esos 5,2 millones de euros a Mas, Ortega, Rigau y Homs como responsables directos y solidarios, así como a otros cargos de la Generalitat que posibilitaron la salida de fondos de los presupuestos del Govern para el 9N por formar parte de órganos de contratación o estar a cargo de la fiscalización de los contratos.

Entre esos cargos a los que el Tribunal de Cuentas considera responsables del dinero público gastado en la consulta a Jordi Vilajoana, secretario general de Presidencia; Lluís Bertran, secretario general del Govern; Josefina Valls, directora de servicios de Gobernación, Ignasi Genovés, director general de Atención Ciudadana; y Jaume Domingo, director general del Diari Oficial de la Generalitat.

Las defensas de los exconsellers cuestionaban que las asociaciones que presentaron la demanda ante el Tribunal tuvieran legitimación para reclamar a Mas el reintegro del dinero que el Govern gastó en el 9N si la Generalitat, que es la institución perjudicada, no se sumaba a las acciones. No obstante, la demanda presentada por la Generalitat, intervenida con el artículo 155 de la Constitución, despejaría esas dudas jurídicas sobre el devenir del procedimiento en curso en el Tribunal de Cuentas.

El expresident de la Generalitat, Artur Mas, y los exconsellers condenados por el 9-N darán este viernes por garantizada la fianza de 5,2 millones de euros que les impuso el Tribunal de Cuentas por el gasto público en la consulta del 9-N de 2014. Lo harán poniendo a disposición del Tribunal, de forma voluntaria, varios inmuebles como garantía.

Mas y los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs y el exsecretario general de Presidencia Jordi Vilajoana presentarán este viernes un escrito al Tribunal de Cuentas acreditando que ya han depositado 2,9 millones de euros y han puesto como garantía varios inmuebles de su propiedad, con los que entienden que cubren la totalidad de la fianza impuesta.

Con esta operación, Mas, Ortega, Homs, Rigau y Vilajoana han querido preservar el patrimonio de los otros seis exaltos cargos y asesores de la Generalitat afectados por la multa del Tribunal de Cuentas, que se impuso tras una denuncia de la entidad contraria a la independencia Sociedad Civil Catalana (SCC).

Los exaltos cargos han ingresado este mismo jueves en la caja de depósitos del Tribunal de Cuentas otros 144.588 euros en efectivo, que se suman a los 2,8 millones ya presentados hasta ahora.

Con todo, las defensas de Mas, Ortega y Rigau seguirán manteniendo que en ningún caso se produjo infracción contable alguna ni perjuicio para la Generalitat de Catalunya y ya han advertido en varias ocasiones que lo defenderán en los diversos procedimientos e instancias que se desarrollen en el futuro.

De los 5,2 millones de multa, casi tres millones corresponden a 7.000 ordenadores que la Generalitat adquirió para las escuelas catalanas y que una vez usados en la votación se distribuyeron en decenas de centros educativos para los alumnos.

Mas, Rigau y Ortega –y Homs por el Supremo– fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por desobediencia por la consulta del 9-N. Sin embargo, fueron absueltos del delito de prevaricación del que estaban acusados, y no llegaron ni a ser juzgados por malversación de fondos públicos al descartarse este delito durante la fase de instrucción.

El expresident de la Generalitat Artur Mas ha depositado 2,2 millones de euros de fianza de los 5,25 que el Tribunal de Cuentas le reclama por organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y ha solicitado ampliar el plazo fijado, que cumple esta semana, para poder depositar los tres millones restantes.

El Tribunal de Cuentas impuso el pasado 25 de septiembre una fianza solidaria de 5,25 millones de euros a Mas, al considerarle el máximo responsable del referéndum ilegal de 2014, y por ello, debía asumir con la cantidad correspondiente que no ingresen los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, y a otros cinco funcionarios del Gobierno catalán, que también habían sido denunciados por la entidad contraria a la independencia Societat Civil Catalana.

El objetivo de la fianza provisional es que se reintegren a las arcas públicas del dinero gastado, en caso de que sean finalmente condenados. El Tribunal de Cuentas fijó esta semana para que los denunciados afiancen las cantidades impuestas, y si esto no ocurre, procederán al embargo de los bienes de los responsables del 9N. Si bien, Mas ha solicitado que se amplíe el plazo para poder pagar la cantidad restante.

“El Estado ha emprendido una estrategia desesperada del miedo para tratar de detener lo que no se puede detener”. Con estas palabras, de un tono especialmente duro, ha calificado el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la decisión del Tribunal de Cuentas de exigir a Artur Mas y a otros nueve altos cargos una fianza de 5,2 millones por la consulta del 9-N.

Tras serles comunicada la decisión, diversos miembros del Govern se han reunido con el expresident Mas y los representantes de las entidades soberanistas para abordar la cuestión. Puigdemont ha explicado en una rueda de prensa tras este encuentro que su Ejecutivo encuadra la decisión en una “campaña del miedo” y no ha dudado en calificar la exigencia del Tribunal como “confiscación de patrimonio personal”.

Precisamente el temor de los altos cargos de la Generalitat a tener que responder con patrimonio propio fue una de las razones que precipitó la crisis de Gobierno del pasado verano, comenzada cuando el conseller Jordi Baiget expresó este miedo, y por la que se acabó cesando a diversos consellers del PDECat.

“Se han saltado las garantías fundamentales del derecho de defensa y procesales, y lo ha hecho de forma claramente contraria al Estado de derecho”, ha denunciado Puigdemont. En el mismo sentido, Junqueras ha considerado que este es un asunto que atañe también a “todos los demócratas españoles” pues a su juicio no tienen ninguna garantía de “no sufrir el mismo abuso que los ciudadanos catalanes”.

El Govern ha querido lanzar un mensaje de contundencia “en una semana que todos sabemos que es fundamental”, anunciando que el referéndum del 1-O es irrenunciable y seguirá adelante “pese a las amenazas”. “Toda la determinación”, ha reforzado Puigdemont. “La mejor respuesta es una respuesta democrática”.

La decisión del Tribunal de Cuentas, conocida este martes, amplía a otros seis cargos políticos y técnicos las responsabilidades sobre los gastos derivados de la consulta del 9-N, que hasta ahora pesaban sobre Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, los únicos condenados por ello. El órgano fiscalizador ha convocado a estas 10 personas para el 25 de septiembre para comunicarles que deben abonar los 5,2 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas rechazó en julio las alegaciones de la Generalitat, que pidió no investigar a los cuatro procesados por el 9-N al considerar que fue un gasto legítimo a petición del Parlament. Ahora, a menos de un mes del referéndum, la acción del organismo toca también a cargos del Govern de 2014 que no habían sido acusados ni tienen responsabilidades penales sobre el 9-N.

La denuncia ante el Tribunal de Cuentas fue interpuesta por dos entidades contra la independencia, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, y la apertura de diligencias contó con el respaldo de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Artur Mas i els altres tres condemnats pel 9-N podrien acabar pagant la factura de la consulta sobiranista. El Tribunal de Comptes ha obert aquest dimecres el procediment que podria concloure amb l'exigència a l'expresident, les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega i l'exconseller Francesc Homs perquè assumeixin de la seva butxaca -o amb el seu patrimoni- els 5,1 milions d'euros públics que va costar el 9-N.

En les dues interlocutòries, el Tribunal de Comptes ha rebutjat les al·legacions de la Generalitat, que va demanar no investigar els expolítics pel 9-N, i ha ordenat obrir la causa, el primer pas de la qual serà el nomenament d'un delegat instructor que practiqui les diligències necessàries.

La denúncia a Mas, Rigau, Ortega i Homs davant del Tribunal de Comptes la van interposar dues entitats contràries a la independència -Societat Civil Catalana, i Advocats Catalans per la Constitució-, i l'obertura de diligències va comptar amb el suport de l'Advocacia de l'Estat i de la Fiscalia del Tribunal de Comptes.

En la seva interlocutòria, la consellera de comptes Margarita Mariscal de Gante (ministra de Justícia en el primer Govern de José María Aznar), considera que la denúncia de Societat Civil Catalana contra Mas, Rigau, Ortega i Homs “identifica de manera prou precisa uns fets dels quals podria haver derivat un dany a fons públics generador de responsabilitat comptable”. En conseqüència, proposa a la Comissió de Govern del Tribunal de Comptes que nomeni a un instructor.

Cap dels quatre expolítics van ser condemnats per malversació de fons públics. De fet, no van arribar ni a anar a judici per aquest delicte. El magistrat que va instruir la causa penal al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va considerar que les compres de la Generalitat per al 9-N es van fer abans de desobeir al Constitucional, fet pel qual no corresponia processar els expolítics per malversació.

Mas, Rigau, Ortega i Homs, finalment, només van ser condemnats per un delicte de desobediència, i no el de prevaricació que també reclamava la Fiscalia. Amb tot, Societat Civil Catalana va denunciar als expolítics davant del Tribunal de Comptes perquè assumissin les despeses del 9-N.

En concret, l'entitat contrària a la independència assenyala com a responsabilitat comptable dels expolítics, que ascendeix a un total de 5,1 milions d'euros, les despeses següents: el web del 9-N (14.837,6 euros), les paperetes i els sobres (70.532,08 euros), els ordinadors portàtils de la votació (2,8 milions), la campanya de publicitat institucional (828.171,42 euros), l'assegurança per als voluntaris (1.409,26 euros), el suport informàtic al 9-N (1,1 milions) i l'enviament d'informació (307.962,71 euros).

Artur Mas y los otros tres condenados por el 9-N podrían terminar pagando la factura de la consulta soberanista. El Tribunal de Cuentas ha abierto este miércoles el procedimiento que podría concluir con la exigencia al expresident, las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega y al exconseller Francesc Homs para que asuman de su bolsillo –o con su patrimonio– los 5,1 millones de euros públicos que costó el 9-N.

En sendos autos, el Tribunal de Cuentas ha rechazado las alegaciones de la Generalitat, que pidió no investigar a los expolíticos por el 9-N, y ha ordenado abrir la causa, cuyo primer paso será el nombramiento de un delegado instructor que practique las diligencias necesarias.

La denuncia a Mas, Rigau, Ortega y Homs ante el Tribunal de Cuentas la interpusieron dos entidades contrarias a la independencia –Sociedad Civil Catalana, y Abogados Catalanes por la Constitución–, y la apertura de diligencias contó con el respaldo de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

En su auto, la consejera de cuentas Margarita Mariscal de Gante (ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar), considera que la denuncia de Societat Civil Catalana contra Mas, Rigau, Ortega y Homs “identifica de manera suficientemente precisa unos hechos de los que pudiera haber derivado un daño a fondos públicos generador de responsabilidad contable”. En consecuencia, propone a la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas que nombre a un instructor.

Ninguno de los cuatro expolíticos fueron condenados por malversación de fondos públicos. De hecho, no llegaron ni a ir a juicio por este delito. El magistrado que instruyó la causa penal en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) consideró que las compras de la Generalitat para el 9-N se hicieron antes de desobedecer al Constitucional, por lo que no cabía procesar a los expolíticos por malversación.

Mas, Rigau, Ortega y Homs, finalmente, solo fueron condenados por un delito de desobediencia, y no al de prevaricación que también reclamaba la Fiscalía. Con todo, Sociedad Civil Catalana denunció a los expolíticos ante el Tribunal de Cuentas para que asumiesen los gastos del 9-N.

En concreto, la entidad contraria a la independencia señala como responsabilidad contable de los expolíticos, que asciende a un total de 5,1 millones de euros, los siguientes gastos: la web del 9-N (14.837,6 euros), las papeletas y los sobres (70.532,08 euros), los ordenadores portátiles de la votación (2,8 millones), la campaña de publicidad institucional (828.171,42 euros), el seguro para los voluntarios (1.409,26 euros), el apoyo informático al 9-N (1,1 millones) y el envío de información (307.962,71 euros).

La Fiscalía ha presentado un informe este viernes ante el Tribunal de Cuentas en el que apoya la apertura de una investigación contra el expresidente del Generalitat de Catalunya Artur Mas, el exconsejero de la Presidencia, Francesc Homs, y las también exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau “para determinar sus responsabilidades por el gasto de más de 5 millones de euros en las votaciones del 9N” de 2014.

En una nota remitida por la Fiscalía General del Estado, se informa que el Tribunal de Cuentas cuenta con un escrito remitido por diversas asociaciones que solicita la apertura de una investigación contable en este órgano por el posible uso irregular de dinero público en la citada consulta popular. Entre las entidades denunciantes se encuentran Societat Civil Catalana y la asociación de Abogados Catalanes por la Constitución.

En su informe, el fiscal del Tribunal de Cuentas pide a la Comisión de Gobierno de este órgano el nombramiento de un delegado instructor.

Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs ya fueron condenados por su participación en el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014. Sobre los cuatro pesan penas de inhabilitación para cargo público además de multas entre los 24.000 y los 36.500 euros.

Emilio Sánchez Ulled, el fiscal anticorrupció que ha dirigit l'acusació al cas Palau i al judici per la consulta del 9-N, deixarà temporalment la Fiscalia per traslladar-se a Brussel·les. Tal i com apareix aquest dijous al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), Sánchez Ulled ha estat designat conseller de Justícia a la Representació Permanent d'Espanya davant la Unió Europea (UE).

La convocatòria pública i oberta per a la plaça que ocuparà Sánchez Ulled es va realitzar el mes de febrer passat. El fiscal s'hi va presentar juntament amb set candidats, la majoria advocats de l'Estat. Finalment, l'escollit ha estat Sánchez Ulled, que compta amb una àmplia experiència en l'àmbit de la justícia penal internacional: ha treballat per l'Oficina Europea de la Lluita contra el Frau (OLAF) i escriu informes per la Comissió Europea en matèria d'anticorrupció .

Sánchez Ulled va néixer fa 51 anys a Lleida i des del 2005 és el fiscal delegat d'Anticorrupció a Barcelona. La seva notorietat ha crescut en els últims mesos, especialment per l'acusació que ha dirigit al cas del 9-N i el cas Palau. Sánchez Ulled no s'incorporarà a la seva nova plaça fins que s'acabi el judici per l'espoli de l'auditori, previst pel mes de juny.

Aquest dilluns, Sánchez Ulled pronunciarà el seu informe final al judici del Palau, en què acusarà Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de rebre 6,6 milions d'euros en comissions de Ferrovial a canvi d'obra pública a través de l'auditori.

El Govern publicó el pasado miércoles un anuncio de concurso público que ha llamado la atención. Se trata de un acuerdo marco para homologar empresas que puedan abastecer a la Generalitat de material electoral ante la convocatoria de unos comicios. Preguntado este jueves por este diario, fuentes de departament de Governació, de quien depende la licitación, han desvinculado oficialemente este concurso de los planes de celebrar un referéndum, aunque también niegan una posible convocatoria inminente de elecciones al Parlament.

Según la respuesta del departament, el concurso busca disponer de un catálogo de empresas homologadas que puedan prestar estos servicios electorales si la Generalitat lo necesita pero, según afirman, no está relacionado con ningún horizonte concreto. “Homologar estas empresas puede tardar unos meses”, recuerdan desde el Govern, que asegura querer tener las empresas a punto para que, “cuando se convoquen elecciones” se puedan adjudicar los servicios a cualquiera de estas empresas.

Un acuerdo marco sirve precisamente para evitar nuevos concursos públicos. Una vez firmado este tipo de acuerdo con una o varias empresas, las adjudicaciones pueden hacerse sin concurso ordinario, directamente reclamando presupuestos y aceptando el más ventajoso. Unas condiciones óptimas en caso de necesitar de forma inminente material de votación sin anunciarlo públicamente, como por ejemplo, en un referéndum.

Desde el departament de Governació, en cuya cabeza está la consellera Meritxell Borrás, se niega de forma oficial que este sea el objetivo del contrato. “Se trata de material para elecciones, como indica el pliego”, resumen tajantes. Sin embargo, el diario Ara cita fuentes de la Generalitat para asegurar que el concurso publicado este miércoles camufla, precisamente, la futura licitación de material para el referéndum.

El rotativo va más allá y asegura que en las próximas semanas habrá más licitaciones del mismo tipo, con el objetivo de preparar el referéndum, aunque oficialmente se afirme que son para unas eventuales elecciones.

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, recorrerà davant del Tribunal Suprem la sentència del 9-N invocant la Constitució. En concret, Mas creu que la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el va condemnar a dos anys d'inhabilitació per desobediència va vulnerar els drets constitucionals a la participació i a la llibertat ideològica i d'expressió.

Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau –condemnades a un any i nou i mesos, i a un i mig, respectivament, pel 9-N– han anunciat formalment aquest dilluns davant del TSJC que recorreran al Suprem la sentència. El seu objectiu és que l'Alt Tribunal els absolgui del delicte de desobediència al Constitucional pel qual van ser condemnats.

Els recursos dels encausats se sumen al que la Fiscalia Superior de Catalunya va anunciar divendres passat. En aquest cas, però, el ministeri públic busca que el Suprem condemni a Mas, Ortega i Rigau també pel delicte de prevaricació del qual van ser absolts, pel qual el ministeri públic demanava fins a vuit anys d'inhabilitació.

En els seus escrits per anunciar els seus recursos, Mas, Rigau i Ortega al·leguen que en les seves condemnes pel 9-N s'han vulnerat fins a cinc preceptes constitucionals, entre ells els de llibertat ideològica i d'expressió i el que reconeix el dret de participació dels ciutadans en els assumptes públics. Així mateix, Mas considera que el TSJC li va denegar una prova “de manera indeguda” i que el tribunal va errar en la valoració de proves documentals.

Els tres excàrrecs també al·leguen vulneració de l'article 14 de la Constitució, el que resa que tots els espanyols són iguals davant la llei “sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”.

El Suprem també està pendent de dictar la seva sentència del 9-N sobre l'exconseller de Presidència i ara líder del PDECat al Congrés, Francesc Homs. Mentre el Suprem no resolgui el recurs, Irene Rigau –l'única dels tres condemnats que manté un càrrec públic– podrà conservar el seu escó al Parlament. No obstant això, la sentència del TSJC sí que va tancar la porta al fet que Mas es presenti a la reelecció en unes eventuals eleccions al Parlament la propera tardor, ja que l'expresident és inelegible durant els dos anys de la condemna encara que la sentència no sigui ferma.

El expresident de la Generalitat, Artur Mas, recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del 9-N invocando la Constitución. En concreto, Mas cree que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que le condenó a dos años de inhabilitación por desobediencia vulneró los derechos constitucionales a la participación y a la libertad ideológica y de expresión.

Mas y las exconselleres Joana Ortega e Irene Rigau –condenadas a un año y nueve y meses, y a uno y medio, respectivamente, por el 9-N– han anunciado formalmente este lunes ante el TSJC que recurrirán al Supremo la sentencia. Su objetivo es que el Alto Tribunal les absuelva del delito de desobediencia al Constitucional por el que fueron condenados.

Los recursos de los encausados se suman al que la Fiscalía Superior de Catalunya anunció el pasado viernes. En este caso, sin embargo, el ministerio público busca que el Supremo condene a Mas, Ortega y Rigau también por el delito de prevaricación del que fueron absueltos, por el que el ministerio público pedía hasta ocho años de inhabilitación.

En sus escritos para anunciar sus recursos, Mas, Rigau y Ortega alegan que en sus condenas por el 9-N se han vulnerado hasta cinco preceptos constitucionales, entre ellos los de libertad ideológica y de expresión y el que reconoce el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Asimismo, Mas considera que el TSJC le denegó una prueba “de forma indebida” y que el tribunal erró en la valoración de pruebas documentales.

Los tres excargos también alegan vulneración del artículo 14 de la Constitución, el que reza que todos los españoles son iguales ante la ley “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

El Supremo también está pendiente de dictar su sentencia del 9-N sobre el exconseller de Presidència y ahora líder del PDECat en el Congreso, Francesc Homs. Mientras el Supremo no resuelva el recurso, Irene Rigau –la única de los tres condenados que mantiene un cargo público– podrá conservar su escaño en el Parlament. Sin embargo, la sentencia del TSJC sí cerró la puerta a que Mas se presente a la reelección en unas eventuales elecciones al Parlament el próximo otoño, pues el expresident es inelegible durante los dos años de la condena aunque la sentencia no sea firme.