España cerró 2025 con un déficit (diferencia entre ingresos y gastos públicos) del 2,2% del producto interior bruto (PIB), la menor tasa desde el estallido de la crisis financiera, y por debajo del objetivo fijado por el Gobierno para el ejercicio, que era del 2,5%. La mejora de este saldo se debe al buen ritmo de la recaudación, que se disparó más de un 10% hasta superar los 325.000 millones de euros.

El Gobierno ha publicado este martes los datos de la Ejecución presupuestaria del año 2025, que arrojan una mejora del saldo público de 8.811 millones y siete décimas menos en comparación con la cifra del 2024, que fue del 2,9%, una vez descontados los efectos en las cuentas públicas de la DANA. En total, esto supone que el Estado registró un déficit de 36.780 millones de euros.

Este 2,2% del déficit supone los menores números rojos en 18 años. El Estado acabó el 2007 con un superávit (es decir, más ingresos que gastos) del 1,9%. Pero la crisis financiera golpeó de lleno a las cuentas públicas en 2008, hundiendo el saldo hasta el -4,9% en solo un año.

El déficit tocó suelo en 2012, cuando registró un 11,5%, y de nuevo en 2020, por los efectos de la pandemia, cuando se hundió hasta el 9,9%. Desde entonces, ha mejorado en 7,7 puntos porcentuales, como subrayan desde el Ejecutivo.

Aun contando con los efectos fiscales de la DANA en las cuentas públicas de 2025, el déficit se sitúa en el 2,4%. Igualmente, la menor cifra desde 2007.

A solo 0,1 puntos del objetivo para 2026

Según destaca el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa, esta es la sexta ocasión en la que el saldo presupuestario mejora el objetivo fijado por el Ejecutivo y, también, todas las previsiones de los organismos nacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco de España o la AIReF.

De hecho, la rebaja del déficit es tan acusada que casi cumple con el objetivo para 2026 (2,1%), lo que da un amplio margen fiscal para financiar las medidas de apoyo en respuesta a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

La ex vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero ya avanzó hace unas semanas que el Gobierno había cumplido con el objetivo del 2,5%. Sin embargo, el adelanto electoral en Andaulcía, donde concurre como candidata, impidió que presentara los datos publicados este martes.

Su sustituto, el ministro Arcadi España, ha subrayado que “España es un país fiable y con una política presupuestaria creíble y responsable”. “No solo es importante reducir nuestro déficit, sino también la forma en que lo hemos logrado. España está mejorando su saldo fiscal sin aplicar recortes sociales”, ha defendido.

Las cuentas públicas registraron un superávit primario (es decir, antes de incorporar el gasto en intereses de la deuda) del 0,21% del PIB, algo que tampoco sucedía desde 2007.

La recaudación del IVA roza los 100.000 millones

Los ingresos tributarios se dispararon un 10,4% el año pasado, lo que en el Ministerio de Hacienda vinculan con el buen ritmo de la economía y la creación de empleo el año pasado, con un mercado laboral que, por primera vez en más de una década, dejó la tasa de paro por debajo del 10%. En total fueron 325.356 millones de euros.

El IRPF fue, de nuevo, el gran impuesto recaudador, con 142.466 millones de euros, un 10,1% más que en el ejercicio 2024.

El IVA, después de recuperar la normalidad tras todas las rebajas fiscales que se aprobaron en respuesta a la crisis inflacionaria por la guerra en Ucrania, también despuntó un 9,9%, hasta rozar los 100.000 millones de recaudación (99.532 millones de euros).

El Impuesto de Sociedades superó en 2025 los 40.000 millones por primera vez desde 2007 y segunda ocasión en la historia de este tributo. Avanzó un 8,1%, hasta los 42.266 millones de euros, todavía por debajo del récord que fijó en 2007, antes de la crisis financiera.

Pero desde el Ministerio de Hacienda defienden que la inflación apenas jugó un papel determinante: apenas 1,3 puntos del 10,4% que avanzó la recaudación se explican por ese motivo.

El Gobierno central asumió todo el ajuste

Por subsectores, fue el Gobierno central quien asumió todo el ajuste de las cuentas públicas, al pasar de un déficit del 2,61% en 2024 al 1,86% en 2025. Los Fondos de la Seguridad Social también mejoraron sus números rojos, del 0,51% del PIB al 0,33% a cierre del año pasado.

Pero las comunidades autónomas empeoraron sus cifras, pasando de un déficit del 0,18% al 0,3%. En total, un desfase de 5.099 millones de euros.

Ocho comunidades autónomas registraron superávit (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco) por nueve que incurrieron en déficit (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunitat Valenciana).

En el caso de las corporaciones locales, que están obligadas a registrar superávit fiscal, este también se moderó ligeramente del 0,45% del PIB en 2024 al 0,31% en 2025.

La deuda pública se recorta al 100,7% del PIB

El Banco de España ha publicado este martes los datos de cierre de año y mejoran en una décima, hasta el 100,7% del PIB, su estimación inicial de hace unos meses.

En concreto, las Administraciones Públicas acabaron 2025 con una deuda pública de 1,698 billones de euros. En términos nominales, esto supone un 4,8% más que a cierre de 2024. Pero medido en ratio de PIB, supone su menor registro desde el primer trimestre de 2020, antes del estallido de la pandemia de COVID-19.

La deuda pública alcanzó su máximo en el primer trimestre de 2021, con un 124,2% del PIB. Desde entonces ha caído más de 23 puntos.

El Congreso ha rechazado, por segunda vez consecutiva, los objetivos de estabilidad del Gobierno para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Por otro lado, ha aprobado el retraso de la entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema de facturación para pymes y autónomos, al 1 de enero de 2027.

La vicepresidenta María Jesús Montero ha defendido el “importantísimo respaldo financiero” que suponía la senda de déficit rechazada (2,1% del PIB en 2026, 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028), que permitía a las comunidades autónomas un desvío del 0,1% durante los tres ejercicios, lo que permitía un mayor margen de gasto para las regiones por valor de 5.500 millones de euros.

El debate de este jueves parecía un 'déjà vu', ya que se repitieron los mismos argumentos que hace dos semanas, cuando la Cámara baja consideró por primera vez los objetivos de estabilidad del Ejecutivo.

“Esta senda de déficit va a representar un importantísimo respaldo financiero para las comunidades locales, las entidades locales y, en definitiva, para los servicios públicos garantes del Estado del Bienestar”, ha dicho la 'número dos' del Gobierno.

El Ejecutivo ha asegurado que tumbar esta senda –que ha contado con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN y las abstenciones de Podemos y Compromís–, no bloquea la elaboración de las Cuentas Públicas. Pero sí abre un vacío legal sobre las reglas fiscales a aplicar. Esto es así porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria solo fija que los objetivos tengan que votarse en dos ocasiones, pero no explicita qué sucede si es rechazada en ambas ocasiones.

En el Gobierno argumentan que la decaída de este acuerdo del Consejo de Ministros no puede hurtarle su capacidad presupuestaria ni la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea. Así, sin objetivos en vigor, podría hacer sus Cuentas con lo acordado con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo a finales del año pasado. Estos son los números rojos que marca la senda: 2,1% en 2026, 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028. Y como ahí no se pactó un reparto por subsectores, en Hacienda señalan que es la Carta Magna la que prima, obligando a las comunidades autónomas a presupuestar en equilibrio.

Con todo, Junts ya ha advertido de que la negativa a los objetivos va aparejado al de las Cuentas Públicas. “Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana”, ha remarcado el diputado neoconvergente Josep Maria Cruset.

En el PP se han mostrado exultantes con el resultado de las votaciones de este jueves en el Congreso, especialmente la de la senda de estabilidad. “En Extremadura no tenemos techo y aquí se les ha caído”, ha ironizado Alberto Núñez Feijóo en conversación con los periodistas al finalizar el pleno. Una referencia a las buenas expectativas que señalan las encuestas para María Guardiola ante los comicios del próximo 21 de diciembre. Informa Aitor Riveiro.

Verifactu, retrasado hasta enero de 2027

Por otro lado, el Gobierno también ha conseguido el visto bueno del Congreso al Real Decreto-Ley aprobado la semana pasada para permitir a las entidades locales y comunidades autónomas invertir el superávit de 2024 en inversiones financieramente sostenibles. En esta norma, el Ejecutivo integró el retraso de la entrada en vigor de Verifactu, como se conoce popularmente al nuevo reglamento de sistemas de facturación desarrollado por la Agencia Tributaria, hasta el 1 de enero de 2027 para las pymes y hasta el 1 de julio de ese mismo año para los autónomos.

La nueva obligación suponía adaptar los software de facturación -en el caso de aquellos que no hagan facturas a mano o con procesadores de texto como Word o Excel- para generar ficheros con una especie de 'huella digital' para evitar alteraciones, e incluir un código QR en cada una de ellas a través del cual se pueda acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a principios de mes que el Consejo de Ministros aprobaría un Real Decreto-Ley con varios compromisos pendientes de cumplir con Junts. Entre ellos, el retraso de esta obligación, que había sido un reclamo de las patronales catalanas.

El Gobierno advierte de que el rechazo a la senda de estabilidad en el pleno del Congreso con los votos del PP, Vox, Junts y UPN perjudica a las comunidades autónomas, que tendrán 5.485 millones menos de margen fiscal, de los que 91,5 millones corresponden a Extremadura entre 2026-2028, con Madrid, Cataluña y Andalucía como las regiones más afectadas.

Según el Gobierno, Extremadura pierde 29,3 millones en 2026, 30,5 millones en 2027 y 31,7 millones en 2028.

Fuentes del Gobierno recuerdan que la senda de estabilidad ofrecía un objetivo de déficit del -0,1% para el periodo 2025-2028, con lo que no se exigía ningún ajuste en esos años. Ahora las comunidades pierden esa décima y estarán obligadas a registrar equilibrio presupuestario, subrayan.

Desde del Ejecutivo insisten en que el rechazo de la senda no impide la presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2026.

Balears perdrà 153,4 milions d'euros de marge de despesa després que el Congrés dels Diputats, amb els 178 vots de PP, Vox, Junts i UPN, hagi rebutjat els objectius d'estabilitat marcats pel Govern espanyol entre 2026 i 2028, primer pas per a l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat del proper any.

En conjunt, Hisenda estima que entre 2026 i 2028 les Comunitats Autònomes perdran 5.485 milions de marge fiscal. L'Executiu central, amb la reducció dels nombres vermells de les Administracions, era el que assumia el major ajust, deixant a les autonomies un marge de despesa del 0,1% del PIB durant els tres anys, traduït en un total de 5.485 milions de capacitat de despesa.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, va rebutjar des d'un primer moment la condonació de deute plantejada pel Govern central sota l'al·legat que el que necessiten les illes és “un nou sistema de finançament”. Les regions governades pel PP van fer front comú contra la senda d'estabilitat plantejada, que l'Executiu ha avançat que tornarà a presentar com a pas previ a l'aprovació dels comptes de 2026, previsiblement a principis del proper any.

La líder balear ha expressat en diverses ocasions la necessitat de revisar el model de finançament, fent especial èmfasi en el fet que, si Balears és avui una de les CC.AA. que més diners aporta, no hauria d'acabar rebent menys que altres amb menor capacitat fiscal. També insisteix que aquesta reforma s'ha de debatre en una taula multilateral -no en acords bilaterals-. “Rebutgem de ple el joc de trilerisme de la condonació”, va arribar a afirmar.

Malgrat els marges d'endeutament autoritzat, tant els dos pressupostos autonòmics aprovats sota la presidència de Prohens (2024 i 2025) com l'últim sostre de despesa s'han elaborat sense la previsió de recórrer a dèficit. De fet, Balears va tancar 2024 amb un superàvit de 114 milions d'euros, equivalent al 0,26% del PIB, segons les dades remeses per la comunitat al Ministeri d'Hisenda. Així mateix, a la fi d'aquell mateix any les illes van continuar reduint el seu deute, situant-la en 8.426 milions d'euros (un 18,8% sobre el PIB), la qual cosa, tal com va subratllar el vicepresident primer, Antoni Costa, va suposar la millor xifra absoluta des de 2015 i la dada més baixa en relació amb el PIB en els últims 12 anys.

Des del Govern defensen que no depenen del marge de dèficit per a poder sostenir els seus comptes públics i asseveren que la pèrdua del marge autoritzat no altera el full de ruta pressupostari previst per als pròxims exercicis.

Respecte al marge de despesa, per comunitats, Madrid serà la regió que perdrà un major marge de despesa entre 2026 i 2028, d'uns 1.088 milions, mentre que a Catalunya serà de 1.038,7 milions i a Andalusia, de 731,4 milions, segons els càlculs del Departament que dirigeix María Jesús Montero.

Li segueixen Comunitat Valenciana (509,9 milions); Galicia (280,8 milions); Castella i Lleó (256,7 milions); Canàries (200,5 milions); Castella-la Manxa (193,3 milions); Aragó (169,6 milions); Balears (153,4 milions); Regió de Múrcia (144,2 milions); Astúries (103,3 milions); Extremadura (91,5 milions), Cantàbria (60,7 milions) i La Rioja (38,6 milions).

El Ministeri d'Hisenda tornarà a portar la mateixa senda en properes dates, i si es torna a rebutjar, el Govern central seguirà endavant amb la presentació de Pressupostos de 2026 utilitzant la senda d'estabilitat que va remetre a la Comissió Europea el 2024 en el marc del pla fiscal estructural a mig termini exigit després de l'entrada en vigor de les noves regles fiscals europees.

Així les coses, la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, confia a poder presentar el projecte de Pressupostos de 2026 al Congres a principis o mitjans del primer trimestre de l'any que ve, de manera que els comptes públics poguessin estar aprovats al llarg del mes d'abril o maig.

Balears perderá 153,4 millones de euros de margen de gasto después de que el Congreso de los Diputados, con los 178 votos de PP, Vox, Junts y UPN, haya rechazado los objetivos de estabilidad marcados por el Gobierno entre 2026 y 2028, primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

En conjunto, Hacienda estima que entre 2026 y 2028 las Comunidades Autónomas van a perder 5.485 millones de margen fiscal. El Ejecutivo central, con la reducción de los números rojos de las Administraciones, era el que asumía el mayor ajuste, dejando a las comunidades autónomas un margen de gasto del 0,1% del PIB durante los tres años, traducido en un total de 5.485 millones de capacidad de gasto.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, rechazó desde un primer momento la condonación de deuda planteada por el Gobierno bajo el alegato de que lo que necesitan las islas es “un nuevo sistema de financiación”. Las regiones gobernadas por el PP hicieron frente común contra la senda de estabilidad planteada, que el Ejecutivo central ha avanzado que volverá a presentar como paso previo a la aprobación de las cuentas de 2026, previsiblemente a principios del próximo año.

La líder balear ha expresado en varias ocasiones la necesidad de revisar el modelo de financiación, haciendo hincapié especialmente en que, si Balears es hoy una de las CCAA que más dinero aporta, no debería acabar recibiendo menos que otras con menor capacidad fiscal. También insiste en que esta reforma debe debatirse en una mesa multilateral -no en acuerdos bilaterales-. “Rechazamos de plano el juego de trilerismo de la condonación”, llegó a afirmar.

Pese a los márgenes de endeudamiento autorizado, tanto los dos presupuestos autonómicos aprobados bajo la presidencia de Prohens (2024 y 2025) como el último techo de gasto se han elaborado sin la previsión de recurrir a déficit. No en vano, Balears cerró 2024 con un superávit de 114 millones de euros, equivalente al 0,26 % del PIB, según los datos remitidos por la comunidad al Ministerio de Hacienda. Asimismo, a finales de ese mismo año las islas continuaron reduciendo su deuda, situándola en 8.426 millones de euros (un 18,8 % sobre el PIB), lo que, tal como subrayó el vicepresidente primero, Antoni Costa, supuso la mejor cifra absoluta desde 2015 y el dato más bajo en relación con el PIB en los últimos 12 años.

Desde el Govern defienden que no dependen del margen de déficit para poder sostener sus cuentas públicas y aseveran que la pérdida del margen autorizado no altera la hoja de ruta presupuestaria prevista para los próximos ejercicios.

Respecto al margen de gasto, Madrid será la región que perderá un mayor margen de gasto entre 2026 y 2028, de unos 1.088 millones, mientras que en Catalunya será de 1.038,7 millones y en Andalucía, de 731,4 millones, según los cálculos del Departamento que dirige María Jesús Montero.

Le siguen Comunidad Valenciana (509,9 millones); Galicia (280,8 millones); Castilla y León (256,7 millones); Canarias (200,5 millones); Castilla-La Mancha 193,3 millones); Aragón (169,6 millones); Balears (153,4 millones); Región de Murcia (144,2 millones); Asturias (103,3 millones); Extremadura (91,5 millones); Cantabria (60,7 millones) y La Rioja (38,6 millones).

El Ministerio de Hacienda volverá a llevar la misma senda en próximas fechas, y si se vuelve a rechazar, el Gobierno seguirá adelante con la presentación de Presupuestos de 2026 utilizando la senda de estabilidad que remitió a la Comisión Europea en 2024 en el marco del plan fiscal estructural a medio plazo exigido tras la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas.

Así las cosas, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en poder presentar el proyecto de Presupuestos de 2026 en el Congreso a principios o mediados del primer trimestre del año que viene, de manera que las cuentas públicas pudieran estar aprobadas a lo largo del mes de abril o mayo.

El Congreso ha rechazado los objetivos de estabilidad diseñados por el Ministerio de Hacienda para los años 2026, 2027 y 2028 con los 178 votos de PP, Vox, Junts y UPN, un golpe que el Gobierno ya daba por descontado. El Ejecutivo ha avanzado que volverá a presentar la misma senda como paso previo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a principios del próximo año.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido ante el Pleno del Congreso el acuerdo que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros, el primer paso para elaborar los PGE, que contemplaba unos objetivos de déficit del 2,1% del producto interior bruto (PIB) en 2026, del 1,8% en 2027 y del 1,6% en 2028. En esta reducción de los números rojos de las Administraciones, es el Gobierno quien asumía el mayor ajuste, dejando a las comunidades autónomas un margen de gasto del 0,1% del PIB durante los tres años, en total 5.485 millones de mayor capacidad fiscal.

“Las comunidades autónomas no van a tener que hacer ningún esfuerzo en la reducción del déficit. Lo que plantea el Gobierno de España con esta senda que algunos grupos van a rechazar no es, ni más ni menos, que sean las comunidades autónomas las que no hagan reducción del déficit, que recaiga en su totalidad en la Administración General del Estado”, ha asegurado la titular de Hacienda.

En concreto, las más perjudicadas por la decaída de esta senda serán la Comunidad de Madrid, que perderá 1.088 millones de margen de gasto en los tres años de duración de la senda; Catalunya, con 1.038 millones menos; o Andalucía, con 731 millones menos.

El PP: “Votaremos 'no' a más deuda y más impuestos”

Las explicaciones de la vicepresidenta Montero han caído en saco roto. Al rechazo anunciado del PP y Vox, se suma la negativa de Junts a aprobar una senda idéntica a la presentada el año pasado. Otros socios habituales del Gobierno, como Podemos o Àgueda Micó, de Compromís pero en el Grupo Mixto, también anunciaron su abstención.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha dado la réplica a la ministra en representación de su partido, con una dura intervención en la que ha acusado al Ejecutivo de querer crear “más ciudadanos dependientes del Estado”.

“Hoy nos ha traído a debatir un objetivo de estabilidad de un Gobierno que no es estable. Pretende que vengamos a darle normalidad a un Gobierno que no es normal. Votaremos que no a más deuda y más impuestos, porque nosotros sí creemos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los españoles, no en el suyo ni en el del señor Sánchez”, ha dicho desde la tribuna del Congreso.

Más desatado ha estado el portavoz de Vox, José María Figaredo, que ha acusado al Gobierno de destinar dinero a “infinitas mierdas” y de “robar” a los ciudadanos mediante los impuestos, para después insistir en que el Ejecutivo ha intervenido el INE para inflar las cifras del PIB. Todo ello para argumentar su rechazo al primer paso necesario para elaborar los Presupuestos.

Junts: “Ni Montoro se atrevió a tanto”

Junts, que ha cortado relaciones con la coalición, ha recordado a la vicepresidenta que solo ha aprobado unas Cuentas públicas en tres años de los ocho que lleva en el Ministerio, algo que, ha afirmado, en el sector privado habría supuesto una dimisión. Además, ha reprochado que la propuesta de margen para las comunidades autónomas sea la misma que rechazaron en 2024. “¿Sabe usted en qué situación de bloqueo se encuentra su Gobierno como para venir hoy aquí y hacer exactamente la misma propuesta que el año pasado le tumbamos?”, ha preguntado el diputado neoconvergente Josep Maria Cruset.

En este sentido, ha insistido en su exigencia del año pasado de que las comunidades reciban un tercio del déficit autorizado (en este caso, sería un 0,7% del PIB), algo que el Ministerio ha rechazado de plano, situando el suelo en los 1.700 millones que permite la senda actual. “Ni tan solo el ministro Montoro, de nefasto recuerdo en Catalunya, se atrevió a hacer una propuesta tan baja”, ha dicho, para argumentar su voto en contra.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reprochado a Montero su “desgana” para justificar su abstención en la senda. “No parecen tener ninguna intención de aprobar Presupuestos, señora Montero. Da la impresión de que estos Presupuestos no son otra cosa que la campaña electoral del PSOE. Vienen ustedes aquí desganados, sin negociar absolutamente nada”. “Da la impresión de que ustedes no tienen ninguna intención de aprobar unos Presupuestos, sino de empezar ya su precampaña”, ha asegurado.

ERC, EH Bildu y PNV apoyan al Gobierno

A favor de la senda han votado, además de los grupos PSOE y Sumar que sustentan el Gobierno, socios habituales como ERC, EH Bildu y PNV, priorizando dar estabilidad y permitir la elaboración de las Cuentas Públicas, aunque entre reproches por el reparto desigual de los objetivos de déficit, una crítica habitual en las intervenciones de todos los grupos parlamentarios.

Tras el rechazo a la senda, se abre ahora un plazo de 30 días en los que el Consejo de Ministros tendrá que aprobar una nueva senda de estabilidad. El Ejecutivo ya ha avanzado que será la misma y lo hará con la máxima celeridad, para tratar de votarla en el último Pleno antes de que acabe el año. En el caso de ser rechazada, el Gobierno defiende que las comunidades tendrán que presupuestar en equilibrio, es decir, iguales gastos e ingresos, mientras que la Administración Central gozará de mayor margen.

“Si ustedes deciden el voto contrario, volveremos a traerla. Y serán los perjudicados los Gobiernos autonómicos, que no podrán disfrutar de ese margen y el Gobierno seguirá adelante con los objetivos del Plan Fiscal. Y con la estabilidad presupuestaria, a lo sujeto en la Constitución, que establece equilibrio para entidades locales y las propias comunidades autónomas”, ha advertido Montero.

El Gobierno ha dado el paso definitivo en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se ha comprometido a apretarse el cinturón para darle más oxígeno a las comunidades autónomas. El gesto se traduce en un ajuste de más de 14.000 millones por parte de la Administración General del Estado en tres años, permitiendo a los ejecutivos regionales destinar 5.500 millones de euros a financiar los servicios públicos.

La nueva senda de estabilidad que este martes aprobará el Consejo de Ministros fija un objetivo de déficit (diferencia entre ingresos y gasto público) del 2,1% del producto interior bruto (PIB) para el conjunto de las Administraciones Públicas. Si bien el detalle por subsectores no se conoce al completo, las comunidades autónomas podrán incurrir en números rojos por valor del 0,1% del PIB el próximo año, mientras que el Gobierno se reserva el 1,8%, según detalló la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes.

El Ejecutivo ofrece a las comunidades autónomas un desvío de una décima del PIB, unos 1.755 millones de euros solo en 2026, a lo largo del siguiente trienio, hasta sumar un total de 5.485 millones de euros de gasto adicional. A esto hay que sumar las entregas a cuenta récord (los recursos principales de las autonomías) por valor de 157.731 millones para el año próximo.

A cambio, el Ministerio de Hacienda se compromete a asumir el grueso de la consolidación fiscal en el periodo. El objetivo que el Gobierno aprobó para 2025, que no se refrendó en las Cortes, fijó un déficit para la Administración General del Estado del 2,2% en 2025. Los nuevos que dará luz verde este martes el Consejo de Ministros serán del 1,8% en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028.

Es decir, las cifras diseñadas por la vicepresidenta Montero se traducen en un ajuste de ocho décimas de PIB, o 14.000 millones de euros, que permitirán ese mayor margen para las comunidades autónomas en el próximo trienio, dentro de la senda de reducción del déficit, como establecen las reglas fiscales europeas.

Los argumentos de Montero para tener más déficit

La estrategia es la del palo y la zanahoria, a pesar de que estos objetivos tienen pocos visos de prosperar en el Congreso de los Diputados. Ya el año pasado el Ministerio de Hacienda ofreció ese déficit del 0,1% para las comunidades autónomas y desde Junts lo tumbaron, exigiendo un reparto en tercios del objetivo global para cada uno de los subsectores.

Ahora, además de la promesa de un mayor gasto público, la vicepresidenta Montero añadió nuevos argumentos para justificar esa división en tres partes.

El primero, que del 1,8% de déficit en el que incurrirá el Ejecutivo central en 2026, 1,4 puntos están comprometidos en traspasos del Estado a la Seguridad Social para garantizar gastos impropios y parte de la financiación de las pensiones. “Son transferencias a la Seguridad Social procedentes del Pacto de Toledo sobre las que el Ministerio de Hacienda no tiene capacidad de actuación”, justificó la ministra.

Montero también señaló al ministro que diseñó el modelo, el popular Cristóbal Montoro. “Ese debate [sobre el reparto del déficit] hubiera sido interesante cuando empezaron las sendas de consolidación y se decidió la distribución del esfuerzo que tenía que hacer cada administración”, apuntó la vicepresidenta, en otro 'palo' al PP.

Y un tercer argumento parte de una novedad de este año. La reforma del impuesto a la banca fijó que su recaudación se repartiría entre las comunidades autónomas en función de su peso en la economía. Esto implica recursos adicionales por valor de una décima del PIB que, si bien se computa dentro del margen del Gobierno central, beneficia con mayor margen a los Ejecutivos regionales.

Así, explicó Montero, de ese 1,8% que se ha reservado para el año próximo, el Gobierno 'solo' podrá disfrutar del 0,3%.

La futura financiación, “muy alineada con lo que quiere Catalunya”

Pero todas estas cifras quedan en papel mojado si el Congreso de los Diputados no avala la senda de déficit. La ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno ha de aprobar unos objetivos para las Administraciones Públicas y que estos han de recibir el aval de las Cortes. Si son rechazados, debe aprobar otros nuevos en el plazo de un mes. Y si tampoco son respaldados, se abre un limbo legal que, dicen en Hacienda, daría discrecionalidad al Gobierno para su reparto, mientras que las comunidades y los ayuntamientos tendrían que presupuestar en equilibrio. Es decir, no gastar más de lo que ingresan.

“Si los territorios o los partidos que sustentan los gobiernos autonómicos no la quieren, en la Administración central estamos encantados de que esa décima pase a engrosar algún otro subsector, que es imprescindible para que volvamos a cumplir”, advirtió la vicepresidenta.

Aunque la reunión de este lunes estaba centrada en los objetivos de estabilidad para darle un impulso a los Presupuestos de 2026, la expectación estaba puesta en otro punto del orden del día: el estado de la reforma del modelo de financiación autonómica. Montero se comprometió a presentar uno nuevo en dos meses, como tarde en febrero. Y su objetivo, dijo la ministra, es que entre en vigor antes de que termine la legislatura. Un hito que, de alcanzarse, llegaría con la vicepresidenta ya de vuelta en Andalucía.

La propuesta, aun sin definir, contó con el rechazo en pleno de los consejeros del PP, que cuestionaron que no se cuente con ellos para su diseño y tacharon la oferta de “cuento de la lechera”. Por su parte, Catalunya, a través de la consellera de Economía, Alicia Romero, defendió las bondades de esta futura financiación, cuyos principios estarán “muy alineados con lo que quiere Catalunya”.

La austeridad era para los otros. Aunque Alemania siempre ha dado lecciones a los demás países de ortodoxia presupuestaria, en 2025 va a cerrar el año con un déficit por encima de España. Todavía resuenan las llamadas de atención de la entonces canciller alemana, Angela Merkel, cuando durante la gran crisis advertía a España de que “debería hacer más” para reducir sus números rojos o cuando amenazaba con que “aquellos que no hagan sus deberes no recibirán nuestro apoyo”.

La Comisión Europea ha hecho públicas este lunes sus previsiones económicas de otoño en las que señala que España acabará 2025 con un déficit del 2,5%, por debajo de Alemania, que terminará el año con unos números rojos del 3,1%. Además, nuestro país también sale mejor parado que Francia, con el 5,5%, o Italia, que cerrará este ejercicio con un 3% de déficit. Ya nadie se acuerda de que España era colocada entre el grupo de los PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) por los problemas de deuda y déficit que sufrió durante la crisis financiera.

Pero, además, esta situación se va a repetir en los próximos dos años. Mientras que España va a rebajar el déficit al 2,1% del PIB en 2026 y 2027, Alemania lo va a incrementar al 4% y el 3,8% en esos dos ejercicios mientras que en Francia aumenta hasta el 4,9% y el 5,3%, respectivamente. Entre otras cosas, porque España se va a mantener a la cabeza del crecimiento del PIB entre las cuatro principales economías de la zona euro en el periodo 2025-2027.

A la hora de buscar las razones para esta caída del endeudamiento en España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, subrayó este lunes en la comisión mixta para la Unión Europea en el Congreso, que la buena marcha de la economía española impulsada por los fondos europeos “se está haciendo de manera equilibrada porque el Plan [de recuperación] está permitiendo cuadrar el círculo, es decir, ser capaces de crecer, de hacerlo de manera fuerte, robusta, sostenida y además hacerlo con un elemento de responsabilidad fiscal. Es decir, con una reducción de nuestra ratio de déficit sobre PIB, una reducción de nuestra ratio de deuda sobre PIB, también diferencialmente mayor que la de nuestros principales socios”.

De hecho, Bruselas explicó sobre España que “tras un fuerte crecimiento en la primera mitad de 2025, la expansión económica continuó en el tercer trimestre” debido a “la fuerte contribución del consumo privado y la inversión”. La Comisión añadió que “se espera que la actividad económica se mantenga robusta” hasta 2027, donde “la demanda interna será el principal motor de crecimiento, impulsada principalmente por el consumo privado y el buen desempeño de la inversión” y que “el gasto de los consumidores se beneficie de mayores ganancias en el poder adquisitivo y un crecimiento adicional del empleo en un contexto de migración interna sostenida”.

Los principales riesgos para España vienen del exterior, es decir, del escaso desarrollo económico de socios comerciales como Alemania o Francia, que suelen ser nuestros mercados principales de exportaciones: están relacionados con “la actividad económica más débil de lo esperado por parte de los principales socios comerciales de España” y por “una desaceleración de los flujos migratorios más pronunciada”, que podría reducir el dinamismo del mercado laboral.

Con estos mimbres, el Gobierno anunció este lunes que mantendrá la flexibilidad para las Comunidades Autónomas y permitirá que incurran en un déficit del 0,1% del PIB en los próximos tres ejercicios, de acuerdo con la senda de estabilidad que propondrá la vicepresidenta María Jesús Montero durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este martes.

Cuerpo añadió que “el objetivo para el año 2025 es llegar a ese 2,5% de déficit sobre PIB, que supone un superávit en términos primarios, es decir una vez que quitamos los gastos asociados a los intereses de la deuda. Esto es importantísimo porque genera un efecto bola de nieve positivo en cuanto a la sostenibilidad de la deuda, ya no solo por un mayor crecimiento, sino también por este elemento de responsabilidad fiscal”.

Aunque la situación de crisis en la que estaba sumergida la Unión Europea en 2011 no es comparable a la actual, entonces España cambió el artículo 135 de la Constitución para incluir que el Estado y las Comunidades Autónomas no podrían incurrir en un déficit estructural por encima de los límites de la Unión Europea, cuyo listón está en el 3%. Sin embargo, Alemania ha respondido a su crisis económica con un cambio constitucional, pero en sentido contrario con la excusa de los gastos en defensa y las infraestructuras: se acaba con el “freno de la deuda”, una disposición de la Constitución que imponía un endeudamiento máximo del 0,35% del PIB al Gobierno federal y prohibía el déficit a los estados federados.

La Comisión Europea ha señalado en sus previsiones que “Alemania ha pasado por un prolongado período de estancamiento económico”, ya que desde la pandemia de covid-19, “ha registrado una de las recuperaciones más débiles entre las economías avanzadas” con “una continua pérdida de cuotas de mercado de exportación, notablemente frente a China”. Aunque “se espera que los aranceles y la alta incertidumbre global sigan pesando sobre la inversión y las exportaciones” de Alemania, en Bruselas se confía en que “estos efectos se vean contrarrestados por un mayor gasto público, que apoyará el consumo y la inversión en general, especialmente en 2026 y 2027”. Es decir, combatir la crisis con más gasto en lugar de más austeridad.

En el caso de Francia, donde al bajo crecimiento económico se suma la crisis institucional y política que atraviesa, la Comisión apunta que “la incertidumbre económica y política interna afectará el crecimiento del PIB real, que se espera que alcance el 0,9%” en 2026. Mientras que en 2027 “se proyecta que la actividad económica ganará impulso”, con un crecimiento del PIB real al 1,1%, “respaldado por una disminución de la incertidumbre y una postura fiscal ligeramente expansiva”. Es decir, se va a aumentar también el gasto público para lograr un mayor incremento del PIB.

Reducción de deuda frente a subida en Alemania y Francia

Respecto a la deuda, mientras que Alemania y Francia la aumentan entre 2025 y 2027, España la reduce. La Comisión Europea destaca que en España “se espera que la deuda siga disminuyendo, ayudada por un crecimiento económico sostenido”, de manera se quede “en el 100% en 2025, gracias al crecimiento del PIB nominal que supera el costo del servicio de la deuda”, mientras que “impulsada por la reducción del déficit, se espera que la ratio siga disminuyendo en 2026 y baje del 100% por primera vez desde 2019”, hasta el 98,2% en 2026 y 97,1% en 2027.

Mientras, en Alemania ya se pasó el trauma de rebasar el 60% del PIB de deuda, limite que impone la UE, Bruselas apunta que “se espera que aumente al 63,5% en 2025, al 65,2% en 2026 y al 67,0% del PIB en 2027”. El caso de Francia es más preocupante. La Comisión Europea avisa de que “después de aumentar hasta el 113,2% del PIB en 2024, se proyecta que la ratio de deuda pública siga aumentando a lo largo del horizonte de previsión, alcanzando el 120% del PIB para 2027”. Según Bruselas, “este aumento se debe principalmente a los altos déficits primarios y al aumento de los pagos de intereses, que compensarán con creces el efecto reductor de la deuda del crecimiento nominal”.

La reducción del déficit y de la deuda también va a tumbar uno de los principales argumentos del Partido Popular para atacar el Gobierno de Pedro Sánchez. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, llegó a decir este lunes que “estamos además mucho peor que hace siete años, cuando el Partido Popular dejó de gobernar”. Atendiendo a los datos, en 2018 el PIB creció un 2,4%, cinco décimas menos que la previsión para este año; se cerró con un déficit del 2,5%, que es el mismo con el que se espera acabar en 2025; la deuda pública fue del 99,8% del PIB, frente al 100% del PIB que se prevé que termine este ejercicio, mientras que la tasa de paro en 2018 fue del 14,4% y la de 2025 terminará en el 10,4%.

El Ministerio de Hacienda ha convocado a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo lunes 17, después de semanas deshojando la margarita sobre una convocatoria en la que la vicepresidenta María Jesús Montero trasladará a los Gobiernos regionales el techo de gasto y la senda de estabilidad que prevé aprobar en el Consejo de Ministros.

Fuentes de Hacienda han confirmado la convocatoria, que se tiene que comunicar a los consejeros autonómicos con 72 horas de antelación, en la que el Ejecutivo trasladará cuál es el techo de gasto de gasto que tiene previsto aprobar para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, así como el reparto de los objetivos de déficit entre las diferentes administraciones.

En el orden del día la vicepresidenta Montero ha incluido un punto específico sobre el estado de situación de la reforma del Sistema de Financiación Autonómica, caducado desde 2014 y que el Gobierno se había propuesto modificar en esta legislatura.

El Ministerio de Hacienda no cita a las comunidades desde febrero de este año, cuando Montero llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera la metodología pactada con ERC para proceder a la condonación de parte de la deuda pública autónomica, una reunión en la que los consejeros de los Gobiernos dirigidos por el PP se levantaron de la mesa.

Entonces la propuesta de quita y el reparto de la recaudación del nuevo impuesto a la banca soliviantaron a las comunidades del PP, lo cual no impidió que saliera adelante el acuerdo del CPFF, aunque posteriormente gobiernos regionales como el de Madrid lo recurrieron por entender que no existía quórum.

La cita llega pocos días después de que ERC pactase con el Gobierno aplazar el debate sobre la recaudación del 100% del IRPF por parte de la Agència Tributària de Catalunya, una de las piezas clave de la llamada financiación singular que el PSC prometió a los recambios a cambio de permitir la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat.

Antes del fin curso político, en julio, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, firmó junto al conseller de Presidencia catalán, Albert Dalmau, un acuerdo para impulsar esa financiación singular, comprometiéndose a presentar un nuevo modelo de reparto a las comunidades en la cita del CPFF tras el verano.

De hecho, lo habitual es que el Gobierno convoque a los consejeros de Hacienda en julio para trasladarles el reparto de los objetivos de déficit y las cuantías de las entregas a cuenta (el grueso de los recursos con los que cuentan para sus Presupuestos). Sin embargo, Montero decidió trasladarle a las comunidades estas cuantías mediante una carta, ante el retraso en la tramitación del borrador de Cuentas públicas.

La reforma del sistema de reparto es una vieja reivindicación de todas las comunidades, especialmente de aquellas que están infrafinanciadas por el sistema que elaboró el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, también acordado con ERC. Desde entonces, la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Castilla-La Mancha reciben unos recursos por habitante ajustado que han abocado a un sobreendeudamiento de estas regiones.

Pero los diferentes intereses de las comunidades autónomas a la hora de definir la población ajustada, una de las variables clave del modelo en el que se tienen en cuenta aspectos como la despoblación o el envejecimiento, impidieron que se reformara el sistema incluso durante la legislatura en la que Mariano Rajoy gobernó con mayoría absoluta (2011-2015).

La reunión de la vicepresidenta Montero con los responsables de Hacienda autonómicos también supone un paso clave de cara a los Presupuestos, ya que confirma que el Consejo de Ministros aprobará una nueva senda de estabilidad para elaborar las Cuentas, aunque es posible que naufrague en el Congreso por la ruptura de los siete diputados de Junts con el Gobierno.

El Gobierno volvió del verano con la determinación de presentar unas Cuentas para 2026 aunque no se aprueben en la Cámara baja. El Ministerio de Hacienda publicó a principios de septiembre la orden con la que daba el pistoletazo de salida a su elaboración y Economía actualizó el cuadro macroeconómico con una subida de las previsiones de crecimiento. Pero, desde entonces, no se habían dado más pasos.

Si la senda de estabilidad es rechazada en el Congreso en dos ocasiones, el Gobierno elaborará el Presupuesto con la que está ahora mismo vigente y que en Hacienda defienden que es más beneficiosa para sus propios intereses, ya que le da más margen de gasto en detrimento de las comunidades autónomas. Ya el año pasado Junts se negó a apoyarla porque no reservaba un tercio del déficit a los Ejecutivos regionales. Este año, las conversaciones tendrán lugar en un contexto aún más complejo.

“Los autónomos ya cotizamos bastante. Cotizamos por un Ferrari y recibimos prestaciones de un Panda”, afirmó hace unos días Lorenzo Amor, presidente del colectivo conservador de autónomos ATA (integrado en la patronal CEOE) para justificar su negativa a seguir aproximando las cuotas de los autónomos a lo que ganan, como se pactó en 2022.

En realidad, los autónomos generan un importante agujero a las cuentas de la Seguridad Social. Sus cuotas cubren solo la mitad de lo que el sistema gasta en sus pensiones contributivas, una brecha que no existe en el caso de los asalariados. Y casi un tercio de sus pensiones reciben complementos a mínimos, pagadas por impuestos, mientras que entre los empleados la proporción es de una de cada cinco.

Hay varias cifras que reflejan el déficit que generan los autónomos a la Seguridad Social fruto de su infracotización, ya que los trabajadores por cuenta propia solo cotizan por una parte de sus ingresos netos. Especialmente, la brecha se agranda para los que más ganan. A día de hoy, los autónomos que ganan más de 6.000 euros pueden cotizar como un asalariado con un sueldo de 1.500 euros.

Si miramos uno de los gastos más cuantiosos de la Seguridad Social, las pensiones contributivas, el sistema gastó unos 24.100 millones de euros en prestaciones de autónomos el año pasado, mientras que los ingresos por cuotas de los trabajadores por cuenta propia rozaron los 12.200 millones.

Es decir, hubo un déficit de casi 12.000 millones entre ambas variables. Las cuotas de autónomos solo cubrieron la mitad (50%) del gasto en pensiones de los trabajadores por cuenta propia.

La situación es muy distinta entre los asalariados. En 2024, el Régimen General ingresó casi 127.700 millones en cotizaciones sociales y el gasto en sus pensiones contributivas se situó en casi 145.200 millones. Aunque el déficit en términos absolutos es superior, de 17.500 millones, las cotizaciones sociales de los asalariados cubren una parte muy superior de su gasto en pensiones: un 88% en 2024.

Las pensiones del presente se pagan con las cotizaciones sociales de los trabajadores en activo y también con impuestos, ya que en la actualidad los ingresos por cuotas a la Seguridad Social no llegan a cubrir del todo los gastos. En el caso de los autónomos, sus pensiones requieren especialmente de la financiación de cuotas por parte de otros trabajadores y de los impuestos que pagamos todos, al existir esa gran diferencia entre sus ingresos y gastos.

En 2022, cuando se pactó la reforma para que los autónomos cotizaran por sus ganancias reales, este agujero era menor: de 9.200 millones de euros. Las cuotas de los trabajadores por cuenta propia cubrían el 56% del gasto en pensiones contributivas.

Pero, además, el sistema de la Seguridad Social es más amplio. No solo abarca las pensiones, también garantiza las bajas por enfermedad y los permisos por nacimiento de hijo (antes, maternidad y paternidad), por ejemplo. Con esta perspectiva más general es con la que, en 2022, el Ministerio de la Seguridad Social cifró en unos 10.000 millones el déficit del Régimen de autónomos, con unos gastos en prestaciones que doblaban los ingresos, de unos 22.000 y 11.000 millones, respectivamente.

Este agujero de unos 10.000 millones es el que reflejaban los Presupuestos de la Seguridad Social para ese año –restando los ingresos en cotizaciones y el gasto total en prestaciones contributivas de los autónomos–. En 2024, el déficit aumentó y se situó en los 13.000 millones, según las cuentas del organismo del año pasado, prorrogadas del año anterior y que se han quedado algo desfasadas (en ingresos, pero sobre todo en el gasto en prestaciones). En este caso, las cuotas de los autónomos no llegan a cubrir ni la mitad de la previsión de gasto total en prestaciones contributivas (48%).

Entre los asalariados el déficit es superior, de casi 31.800 millones de euros, pero de nuevo el dato de cobertura de sus ingresos y gastos es mucho mayor: de casi el 79%.

Una de cada tres pensiones complementadas con impuestos

Otra muestra de la infracotización de los autónomos son las pensiones con complementos a mínimos. Se trata de una cantidad complementaria que se añade al importe de la pensión, en su modalidad contributiva, cuando no alcanza el mínimo fijado legalmente. Esta cuantía añadida no se paga con cotizaciones, sino con impuestos, el dinero recaudado de todos los contribuyentes.

Entre los autónomos, casi una de cada tres pensiones recibe complementos a mínimos, el 32% en 2024. De media, estos complementos alcanzaban los 274 euros al mes a finales de 2024.

En cambio, entre los asalariados este complemento alcanza a menos de una de cada cinco pensiones (19%), con un importe medio de 258 euros mensuales.

Se da la paradoja además de que, como señala en este artículo el catedrático Jesús Cruz Villalón, estos complementos a mínimos los pueden estar percibiendo autónomos con un elevado patrimonio, porque tenían una elevada capacidad de ahorro, pero que han cotizado por la mínima.

Si miramos qué supone esta partida de complementos mínimos dentro del gasto total en pensiones de cada régimen, de nuevo se observa el mayor peso entre los autónomos. En los asalariados, estos complementos ascendieron a 5.276 millones en 2024, lo que representa el 3,6% del total en el Régimen General. Entre los autónomos, los complementos a mínimos sumaron 2.425 millones, pero estos representan el 10% del gasto en pensiones de su régimen (RETA).

La escasa cotización del colectivo de autónomos durante años se visualiza también de manera clara en la gran brecha entre la pensión media de los autónomos y la de los asalariados, de 866 euros al mes y 1.370 euros mensuales en 2024, respectivamente. Esta diferencia se explica principalmente por ese sistema voluntario para escoger las cuotas de los autónomos, que ha supuesto que el 85% cotizara por la mínima.

Esta limitada protección social, que sienten los trabajadores por cuenta propia cuando llega la jubilación, en caso de una incapacidad permanente o con el permiso de maternidad, por ejemplo, es la que ha impulsado históricamente la reivindicación de la cotización por ingresos reales de los autónomos, sobre todo por los colectivos progresistas UPTA y UATAE.

“Dejen de pensar tanto en nuestras pensiones –la mayoría de los autónomos no lo hacemos– cuando a nosotros, a los autónomos, lo que nos da quebraderos de cabeza es cómo este viernes vamos a pagar las cotizaciones”, dijo también hace unos días Lorenzo Amor, el líder de ATA. El también vicepresidente de la patronal CEOE defendió que “aquellos que piensan que el déficit de la Seguridad Social se solventa con que los autónomos coticen más se equivocan”, y señaló dos focos de verdadera preocupación: el aumento del gasto en las pensiones públicas y el incremento del “absentismo”, las bajas médicas de los trabajadores.

Los autónomos no pagan “la mitad de todas las cuotas”

El presidente de ATA ha empezado además a utilizar un nuevo argumentario para rechazar la infracotización de los trabajadores por cuenta propia: “Más de la mitad de lo que recauda cada año la Seguridad Social sale del bolsillo de los autónomos”.

¿De dónde saca Lorenzo Amor este dato? “Los autónomos no solo pagan cada mes sus cotizaciones, sino también la cuota empresarial de sus trabajadores. Que no la paga el Espíritu Santo, sale del bolsillo de los autónomos”, afirmó hace unos días.

elDiario.es ha preguntado a ATA cómo han calculado este dato de “la mitad” de las cotizaciones, pero no han justificado la cuenta. En la organización se remiten a las declaraciones de Amor y añaden que “detrás del 95% de las empresas hay un autónomo, que tiene dos, cinco, 12 y algunos hasta 48 trabajadores. La cuota empresarial, que es el 80% de las cotizaciones de los trabajadores, sale del bolsillo de un autónomo”.

Es cierto que la mayor parte de las cuotas de los asalariados las paga la empresa. Son consideradas tradicionalmente un “salario diferido”, que las compañías tienen en cuenta a la hora de ofrecer un determinado sueldo a sus empleados. Pero las cuotas salen de las cuentas de la empresa, que tiene costes ligados a esos trabajadores y generalmente también recibe ingresos –y beneficios– fruto de su trabajo.

Me sorprende cómo cada vez hay más gente preocupada por la sostenibilidad fiscal de España —es decir, por la evolución de la deuda pública— sin mencionar las pensiones, como si ambos temas no tuvieran nada que ver. Pero es imposible hablar de cuentas públicas sin hablar del principal gasto del Estado. No olvidemos que a día de hoy cerca del 30% de las pensiones contributivas se financian con los Presupuestos Generales del Estado. 

Para entender hasta qué punto una mala política de pensiones puede comprometer la sostenibilidad fiscal, basta con recordar lo ocurrido hace muy poco. Recién aprobada la primera fase de la reforma de pensiones —que garantizaba por ley el poder adquisitivo de las prestaciones— estalló el mayor episodio inflacionario en décadas, consecuencia de la guerra de Ucrania. La inflación alcanzó el 8,5% en 2023 y el 3,8% en 2024. En aquel momento, desde Fedea propusimos una alternativa mucho más razonable: en el año 2023 haber subido las pensiones más bajas un 11% (por encima de la inflación), mientras que las más altas subieran al ritmo de los salarios de los empleados públicos (aquí la propuesta). Para hacer las simulaciones hemos supuesto que las pensiones más altas suben como lo hicieron los funcionarios públicos: un 2,5% en 2023 y un 2% en 2024. Esta medida, mucho más razonable desde nuestro punto de vista, habría permitido un ahorro de 6.225 millones de euros en 2023 y de 2.200 millones en 2024 

La pregunta que debemos hacernos es cómo habría evolucionado la deuda pública española si se hubiera aplicado esa propuesta. Los efectos serían mucho mayores de lo que podría parecer a simple vista.

El impacto de la subida generalizada de todas las pensiones con el IPC se transmite a la deuda pública a través de tres canales. Primero, por el aumento inmediato del gasto el año en que se aplica la revalorización. Segundo, porque esa subida es acumulativa: cada nueva actualización parte de un nivel de pensiones más alto que el anterior. Y tercero, porque al financiarse con más deuda, también crece el gasto destinado a pagar intereses.

Así, aunque en 2023 la medida representó un coste adicional de 6.225 millones de euros respecto a la propuesta alternativa de Fedea, en 2024 el impacto acumulado ascendió a 15.228 millones y este año alcanzará los 24.648 millones. O, dicho de otro modo: si se hubiera aplicado la propuesta de Fedea, en 2025 terminaríamos el ejercicio con 24.648 millones de euros menos de deuda pública.

Pero aquí no acaba la historia. Para analizar el impacto final sobre las finanzas públicas —y, en particular, sobre la deuda— conviene mirar la senda prevista en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo que el Gobierno ha remitido a Bruselas.

Esta proyección de la deuda pública se elabora bajo supuestos macroeconómicos asumidos por el Gobierno de España en su plan fiscal (2025-2041): un crecimiento potencial del PIB del 1,4%, un deflactor medio del PIB del 2,3% y un tipo de interés medio del 3,2%. Hemos considerado que todas las pensiones se actualizan con el deflactor del PIB de cada año.  

Es importante tener en cuenta que hay dos aspectos que no hemos incorporado en el escenario alternativo, aquel en el que las pensiones más altas hubieran crecido al ritmo de los salarios en lugar de hacerlo con la inflación en 2023 y 2024. Por un lado, la recaudación por IRPF habría sido menor, ya que las pensiones más altas serían inferiores. Pero, por otro, la pensión máxima, cuyos perceptores van a aumentar significativamente las próximas décadas, también habría aumentado menos, de modo que los nuevos jubilados con derecho a la pensión máxima habrían accedido a una prestación más baja. El primer efecto reduciría el ahorro estimado, mientras que el segundo lo ampliaría. En esta simulación suponemos que se neutralizan ambos efectos.

El documento contempla varios escenarios, de los cuales vamos a destacar dos.

En el escenario de ajuste, en mi opinión poco realista, se asume que el déficit estructural primario se corrige completamente en 2026 y se mantiene un superávit estructural primario del 2,3% entre 2031 y 2041. Los resultados pueden verse en el siguiente gráfico: la deuda pública, que en el escenario oficial alcanzaría el 76,8% del PIB en 2041, pero sería del 67,7% si se hubiera aplicado la propuesta alternativa de Fedea. En otras palabras, la revalorización generalizada de las pensiones tras la guerra de Ucrania tendrá un impacto acumulado de 9,1 puntos de PIB sobre la deuda a largo plazo.

En el otro escenario considerado por el Gobierno -a mi juicio el más realista-, uno menos exigente en el ajuste fiscal, en el que el déficit primario se mantiene en el 0,6% del PIB en todo el periodo (2025-2041), los resultados son también elocuentes. Según nuestras estimaciones, la deuda pública se situaría en el 110,1% del PIB si se hubiera aplicado la propuesta de Fedea, frente al 119,2 % del PIB proyectado en el documento oficial remitido a Bruselas.

En definitiva, no es posible garantizar la sostenibilidad de la deuda pública ignorando el papel de las pensiones. Una decisión aparentemente limitada en el tiempo —subir todas las pensiones por igual en lugar de vincular las más altas al crecimiento de los salarios— ha supuesto un incremento potencial de casi 10 puntos del PIB en la deuda pública. 

Por último, para realizar la simulación hemos supuesto que todas las pensiones altas que se revalorizaron permanecen activas durante todo el periodo. Este supuesto afecta al resultado del gasto en ambas direcciones. Por un lado, puede haber pensionistas con pensiones elevadas que, tras una revalorización, fallezcan poco después; en esos casos, estaríamos contabilizando un gasto como si esa pensión se siguiera abonando indefinidamente, cuando en realidad se extingue al año siguiente. Pero, por otro lado, esa misma revalorización eleva el nivel de la pensión máxima, de modo que los nuevos jubilados que alcancen ese tope en los años posteriores accederán a una prestación inicial más alta. En otras palabras, el efecto de la subida no solo se acumula sobre los pensionistas actuales, sino también sobre los futuros que entran en el sistema con una pensión máxima más elevada.

No podemos saber a priori cuál de los dos efectos predomina, ya que para ello sería necesario un modelo dinámico que tuviera en cuenta la mortalidad por nivel de pensión y la renovación del colectivo de jubilados. En cualquier caso, si consideramos que la esperanza de vida a partir de los 63 años es de unos 24 años y suponemos una mortalidad uniforme a lo largo de ese periodo, el cálculo realizado hasta los 12 años posteriores a la medida (hasta 2035) puede interpretarse como una cota inferior del impacto real. Incluso bajo esta hipótesis conservadora, puede afirmarse que una política inadecuada en materia de pensiones durante tan solo dos años tiene un efecto considerable sobre la deuda pública española. En concreto, en 2035 esta decisión supondrá al menos 150.000 millones de euros más de deuda pública, o 6,4% adicionales de PIB, de la que tendríamos si hubiéramos limitado el crecimiento de las pensiones más altas en tan solo dos años.

En definitiva, con este sencillo ejemplo hemos visto que la sostenibilidad fiscal y las pensiones no son dos debates distintos, sino el mismo. Ignorar esa conexión conduce a decisiones cortoplacistas que acaban comprometiendo la estabilidad futura de las nuevas generaciones. La lección es simple: sin una política de pensiones sensata, no hay senda fiscal creíble.

“Los costos de financiación soberana de Francia dentro de la Unión Europea han seguido deteriorándose. Durante la gran crisis en Europa, los países con mayor tensión financiera —Portugal, Italia, Grecia y España— fueron etiquetados con el infame acrónimo 'PIGS'. Hoy, los costos de financiación a 10 años de estos países están por debajo de los de Francia”. Con este informe de los analistas de Muzinich&Co muestran cómo la crisis política que tiene a Francia acogotada tiene también una complicada derivada económica que cada vez preocupa más a los países miembros de la Unión Europea, ya que es la segunda economía de la UE y hay miedo a un contagio sistémico por sus problemas de deuda.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, lanzó una hoja de ruta como inicio de su mandato en el que anunció la suspensión de la polémica reforma de las pensiones “hasta las elecciones presidenciales”, previstas para 2027. Esta renuncia le permitió solventar dos mociones de censura presentadas por Francia Insumisa (LFI) y por Agrupación Nacional (RN), el partido de Marine Le Pen, gracias a que los socialistas se desmarcaron del resto de la izquierda para salvar al primer ministro de Emmanuel Macron.

Sin embargo, tumbar la reforma de las pensiones va a suponer un coste de 2.200 millones de euros en total durante los próximos dos años, según publica Bloomberg, lo que va a añadir más presión a un país al que los analistas han puesto en vigilancia por su excesiva deuda.

Lecornu presentó un presupuesto para 2026 con el objetivo de reducir el déficit público al 4,7% el próximo año, frente al 5,4% de 2025, y volver a situarse por debajo del 3% en 2029. Francia es uno de los nueve Estados miembros de la Unión sujetos a un procedimiento de déficit excesivo. El objetivo del Gobierno francés es “iniciar una reducción de la deuda a partir de 2028”, aunque se prevé que la deuda llegue al 115,9 % del PIB al final de 2025 (+2,7 puntos con respecto a 2024). Es el tercer Estado miembro más endeudado de la UE, por detrás de Grecia e Italia y el quinto país en el que la deuda ha aumentado más (+3,5 puntos) en el primer trimestre de 2025. Francia ahora paga 67.000 millones de euros anuales solo en pagos de intereses de su deuda.

El problema para el Gobierno francés es que hay poca confianza en que las medidas propuestas sean suficientes para rebajar la deuda. Ulrike Kastens, economista para Europa de DWS, explica que “Francia parece estar en camino de tener el mayor déficit presupuestario de todos los miembros de la zona del euro, independientemente de las maniobras políticas y parlamentarias que puedan producirse en los próximos días y semanas”.

¿Qué le pasa a la economía de Francia?

Philippe Waechter, economista jefe de Ostrum (Natixis) explica que “la economía francesa está en crisis porque carece de los recursos que le permitirían converger hacia un crecimiento sin desequilibrios a medio plazo”. Las previsiones son que Francia crezca entre un 0,6% y un 0,8% en 2025.

Los desequilibrios de la economía francesa “son evidentes”, a juicio del economista jefe de Ostrum. Por un lado, “el perfil del PIB potencial es demasiado limitado para poder eliminar el déficit público a largo plazo. En las proyecciones a medio plazo de Bercy [Ministerio de Economía francés], el déficit se mantiene en el 3%, lo cual no es natural”, mientras que por otro lado, “la deuda pública ha estado aumentando casi continuamente desde su punto más bajo en 1975. Esto refleja el desajuste entre las necesidades del modelo social y la capacidad de la economía para producir un nivel suficiente de ingresos”.

“Las soluciones propuestas son insuficientes para imaginar que sean sostenibles. Aumentar los impuestos no es una buena idea, aunque haya cuestiones de justicia fiscal. Recurrir a la deuda para reactivar la economía e imaginar que esto será suficiente para revertir la tendencia podría ser risible, dados los fracasos de experimentos anteriores. Esta configuración, sin ninguna solución real, no es sostenible a largo plazo”, argumenta Waechter para explicar el callejón sin salida donde se ha metido Francia con su crisis política y económica. “La situación en Francia preocupa a los socios europeos”, concluye el economista jefe de Ostrum.

En Francia ya se visualizan las escasas expectativas a que haya una solución a corto plazo. Clément Inbona, gestor de fondos de LFDE, añade que “en las cifras de septiembre que publicó el INSEE, la confianza empresarial se acercaba ya a su nivel más bajo desde el final de la crisis del COVID. En cuanto a los hogares, su tasa de ahorro es ya la más alta desde la década de 1970 (sin contar el periodo de la pandemia), señal de que su confianza en el futuro ya está tocada”.

Y cuando Francia enferma, el resto del continente lo padece. “La situación política de Francia es un lastre, no sólo para el propio país, sino para el conjunto de la Unión Europea. Nuestra previsión de crecimiento de la eurozona para 2026 es de un moderado 1,1%. En Europa, un aumento adicional de la inestabilidad geopolítica y de los riesgos fiscales –con Francia como clave– podría deteriorar el sentimiento a largo plazo y el clima de inversión”, señala Vincenzo Vedda, director de Inversiones de DWS.

Rebajas de calificación crediticia

El problema es que la desconfianza puede agigantarse en las próximas semanas. “Sobre la mesa sigue estando la posibilidad de que Moody's o S&P rebajen la calificación crediticia de Francia de aquí a finales de año, lo que haría pasar a Francia de la categoría AA a A ante los inversores internacionales”, recuerda Xavier Chapard, estratega de LBP AM.  Fitch ya rebajó la calificación crediticia de largo plazo de Francia a A+ desde AA- con el argumento de que “la deuda seguirá aumentando, reflejando déficits fiscales primarios persistentes, sin un horizonte claro para la estabilización de la deuda”.

“Si Francia sufre nuevas rebajas, se reducirá la demanda de bonos del Tesoro francés (conocidos como OAT) por parte de bancos centrales extranjeros”, señala un informe de UniCredit, con las duras consecuencias que podría suponer para la financiación de las cuentas públicas de Francia.

Francia es el mayor emisor de deuda pública de Europa con cerca de 3 billones de euros en circulación. “Las tensiones políticas en Francia han provocado un aumento en los diferenciales de los bonos. La presión hasta ahora se ha limitado a Francia y deja intacta la convergencia general de los diferenciales soberanos. Los inversores han interpretado este episodio como un problema específico del país, pero la situación requiere una vigilancia estrecha en los próximos meses porque una escalada podría tener implicaciones más amplias para la zona euro”, añaden en el informe de Unicredit.

Aunque Francia pierda su estatus de doble A en las calificaciones crediticias seguirá dentro del umbral de inversión. El problema es que hay grandes firmas de inversión como BlackRock, Vanguard o Legal & General que tienen productos de inversión que solo operan con productos con una calificación de doble A o superior. Si Francia pierde esta calificación podría provocar una salida de inversores que conduciría a agigantar la crisis, según publica Bloomberg.

A pesar de los riesgos de contagio sistémico o precisamente por ello, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha pasado de puntillas por las implicaciones de la crisis francesa. El pasado martes, Lagarde aseguró que “no veía signos de desorden” en el mercado de bonos de la zona euro a pesar de la crisis presupuestaria en curso en Francia. “Ya dije anteriormente que estamos monitoreando los mercados financieros, que estamos observando los diferenciales..., pero no hay nada desordenado en este momento”. Ahora bien, también dejó claro de que si hay problemas “hay herramientas” para responder.

“Deberíamos estar preocupados. La eurozona no es estable en este momento. La única razón por la que los mercados no están aún más nerviosos es por la esperanza de que el BCE intervenga y compre bonos franceses para estabilizar el mercado. Pero esa esperanza podría estar mal fundada, porque el BCE tiene que tener cuidado de no socavar su credibilidad”, avisa Friedrich Heinemann, economista del Centro Leibniz de Investigación Económica Europea (ZEW), en unas declaraciones recogidas por la agencia DW.

El interés del bono español a diez años ha cerrado este jueves al 3,087% y ha comprimido el diferencial respecto al bono alemán del mismo plazo hasta los 51,8 puntos, consolidando así su nivel más bajo desde finales de 2009.

Según los datos del mercado consultados por Europa Press, la prima de riesgo española acumula varias semanas a la baja, perforando niveles de cercanía al bono alemán inéditos desde 2009, gracias a la mejora de la calificación crediticia de España en las últimas semanas por parte de las agencias de 'rating'.

En concreto, las agencias Moody's y Fitch elevaron hasta 'A3' y 'A', respectivamente, la calificación de España a finales de septiembre, siguiendo así la estela de S&P Global Rating, quien había revisado previamente al alza la nota de solvencia de España desde 'A' a 'A+'. Estas modificaciones han coincidido en el tiempo con la mejora de las previsiones de crecimiento para España por parte de organizaciones internacionales.

Así, este pasado martes el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza sus expectativas de crecimiento para la economía española en 2025 y de cara al próximo año, con un ritmo de expansión previsto del 2,9% este año, cuatro décimas más de lo anticipado previamente, y del 2% en 2026, lo que implica una mejora de dos décimas respecto del último pronóstico de la institución con sede en Washington.

De este modo, a pesar de que las proyecciones de crecimiento del FMI suponen una desaceleración respecto del aumento del 3,5% del PIB en 2024, España se situará este año como la gran economía desarrollada con mejor desempeño a nivel mundial, mientras que el próximo curso sólo crecería una décima menos que Estados Unidos (2,1%) y casi el doble que la zona euro (1,1%).

La mejora de la previsión del FMI para 2025 supera incluso las expectativas del propio Gobierno español, que en septiembre revisó una décima al alza su pronóstico de crecimiento para este año, desde el 2,6% al 2,7%, mientras que mantuvo en el 2,2% la previsión para 2026 y en el 2,1% la correspondiente para cada uno de los dos años posteriores.

La evolución de la deuda en Europa

En esta coyuntura sobre la prima de riesgo nacional también ha tenido que ver la propia evolución de la deuda alemana, cuyo rendimiento ha cerrado esta jornada al 2,569%, aunque ha llegado a superar el 2,8% en algún momento del año al calor de los planes de gasto en infraestructuras y defensa del canciller Friedrich Merz.

Por otra parte, la inestabilidad política en Francia y las dudas del mercado en torno a su equilibrio presupuestario han propiciado que el interés de la deuda gala cotice en el 3,333%, con la prima respecto al 'bund' germano en los 76,4 puntos.

La combinación de facturas sin cobro revertido de la gran pandemia, la espiral inflacionista y las distorsiones económicas, comerciales y geopolíticas que han emergido en el orden global desde la invasión rusa de Ucrania le ha generado una dura indigestión a Francia. Desde luego, de mayor intensidad que la de alguno de sus aliados más próximos.

Cabe destacar que el Gobierno galo de Sébastian Lecornu ha superado este jueves las dos mociones de censura que amenazaban su continuidad, en sendas votaciones que han hecho evidente la importancia de la posición del Partido Socialista, que no sin polémica ha optado por conceder un mínimo tiempo al primer ministro tras su promesa de retrasar la puesta en marcha de la reforma de las pensiones.

La calidad emisora de Italia prácticamente igualaba en la jornada de este jueves a la del Estado francés, ya que el rendimiento de sus bonos a diez años ha cerrado en el 3,356%. Grecia ha concluido en el 3,208%, por debajo tanto de Italia como de Francia.

Europa hace tiempo que ya no termina en los Pirineos. Los enfermos económicos de Europa han pasado a ser las dos mayores potencias del euro y del eje geoestratégico de la Unión.

Alemania padece una anemia industrial grave que amenaza con borrar su histórico pasado como fortaleza manufacturera y Francia se ha instalado en un círculo vicioso de displicencia fiscal con frecuentes congestiones económicas. En medio de este estado de decadencia franco-alemán, la salud de España, integrante del club PIGS junto a Portugal, Italia y Grecia al que se refirió antaño con un tono despectivo durante la crisis de la deuda europea buena parte del mercado y de la dirigencia política de los contribuyentes netos de la UE, comienza a evidenciar señales de corrección. Y muy en particular, frente a Francia.

Así lo atestiguan las grandes agencias de rating (o de calificación de riesgo), que acaban de difuminar el horizonte galo y de despejar el español a cuenta de sus finanzas públicas.

Las notas soberanas de ambos países se han alterado. Si bien el sorpaso efectivo entre los dos vecinos pirenaicos se produjo ya en 2023. Entonces, los cuadros de mando de la segunda y de la cuarta economía de euro —los que muestran la salud real de las cuentas estatales y de la gestión de los pagos de la deuda soberana— empezaron a virar sus rumbos y, por primera vez desde el colapso crediticio de 2008, la hoja de ruta española mejoraba la aritmética presupuestaria gala.

El déficit francés cerró 2023 —primer ejercicio que debía corregir los efectos presupuestarios de los programas de estímulos diseñados para contrarrestar la crisis sanitaria de la COVID-19— con un desequilibrio del 6,5% del Producto Interior Bruto (PIB) y una deuda por encima del 111% del PIB. Frente al 3,5% y el 105% de su vecino meridional. Fruto, en gran medida, de sus distintos ritmos en el convulso ciclo de negocios post-Covid, pero también por su divergente previsibilidad financiera. España inició en 2020 una cruzada fiscal que gravó los llamados beneficios caídos del cielo de las energéticas y los extraordinarios de la banca como fórmula para destensar la acumulación de los pagos de su servicio de deuda. Mientras los sucesivos gobiernos que han cohabitado bajo la presidencia de Emmanuel Macron hacían gala de su recetario neoliberal de laxitud impositiva.

La combinación de facturas sin cobro revertido de la gran pandemia, la espiral inflacionista y las distorsiones económicas, comerciales y geopolíticas que han emergido en el orden global desde la invasión rusa de Ucrania le ha generado una dura indigestión a Francia. Desde luego, de mayor intensidad que la de alguno de sus aliados más próximos.

Fitch ha sido la última en certificar el trienio negro francés, que acaba de cruzar sus ratios de prima de riesgo y de rendimiento de bonos respecto a su vecino meridional. La rebaja de AA- a A+ a París hace apenas quince días ha sido el penúltimo botón de muestra del temor que despierta en los mercados la inestabilidad política y económica gala y su prolongada displicencia fiscal.

Porque el último vestigio se produjo unos días más tarde, cuando Fitch y Moody’s se sumaron a la previa decisión de S&P de elevar la calificación soberana de España. Como en una especie de sucesión de fenómenos paranormales sincronizados, este triunvirato de agencias de rating que gobierna las finanzas de países y empresas en todo el mundo estima que París se encuentra ante una trampa fiscal de envergadura que justifica su crisis institucional ante el desajuste entre los ingresos y los gastos reales del Tesoro francés. Y que España está haciendo sus deberes y no solo por encabezar el dinamismo entre las potencias industrializadas en los últimos años, sino por su compromiso con el ajuste, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico.

Mala reputación francesa

La prima de riesgo francesa o diferencial de los rendimientos de los bonos soberanos europeos respecto al bund alemán cuando se trata de medir la preocupación inversora en la zona del euro se sitúa por encima de la española desde el otoño pasado. Ahora, coquetea con la griega que, en la década pasada, fue la bestia negra de la divisa común en el peor momento de su historia, con peligro de extinción de por medio. Y lo que es peor, lo hace en medio de un clima de pesimismo. “Seguimos preocupados; no vemos que el gabinete de Sébastien Lecornu tenga más opciones de éxito que el de François Bayrou para articular reformas estructurales que aporten credibilidad al país”, advierte Mohit Kumar, economista jefe para Europa de Jefferies.

Más contundente aún se muestra Erik Nelson, analista de Wells Fargo, en Bloomberg Televisión. “Si vemos que S&P y Moody's se mueven en la misma dirección [que Fitch] y la nota de Francia cae por debajo del nivel AA en las tres grandes agencias de rating, la situación se volverá todavía más lúgubre”. La imposición de un tributo del 2% a los grandes patrimonios galos —fortunas con más de 100 millones de euros de riqueza personal—, la tasa Zucman, está a expensas de un acuerdo en el que Lecornu no cree y que los socialistas franceses exigen para dar su apoyo al presupuesto de 2026. En total, sumaría al menos 15.000 millones de euros anuales al fisco galo. En función de si existen o no exenciones a esta regla y si las negociaciones en vigor suben la presión tributaria a las ganancias del capital y los dividendos, como también demanda Olivier Faure, el líder socialista.

“De momento, el rating es estable en Francia. Pero las elecciones presidenciales de 2027 quedan muy lejos como para predecir que aportarían calma al mercado”, explica Nelson. El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, habla de asfixia económica. La pinza de un déficit excesivo con elevada carga de deuda “está lastrando la inversión y la contratación laboral y deteriorando la confianza de empresas y consumidores, que empiezan a inclinarse por el ahorro”. Aunque se decanta porque las tres cuartas partes del ajuste que precisa Francia procedan de una contención del gasto, aun así descarta que la coyuntura apunte a la bancarrota, sino más bien a un tránsito pedregoso para reajustar déficit y deuda.

Lustre español

El panorama español está, en cambio, despejado. Moody’s y Fitch ensalzan la solidez económica de un patrón de crecimiento que gana en diversificación e impulsa el mercado laboral. De hecho, en septiembre, generó 31.500 nuevos empleos y registró 4.900 parados menos en un mes en el que la tasa de desempleo suele aumentar. La tecnología y las energías limpias, con un acentuado componente innovador, se han convertido en motores del dinamismo, con dos de los históricos sectores de impulso del PIB —el turismo y la construcción— manteniendo el pulso productivo, que también extienden al sector bancario.

Ambos informes, además de recoger tan solo unos días después de la rebaja del rating de Fitch a Francia la subida, inciden en uno de los caballos de batalla políticos: los bajos precios de la energía, que han enfrentado al ejecutivo de coalición con la oposición a cuenta de la excepción eléctrica española, primero, y del apagón del 28 de abril, después, que el PP achaca al boom de las renovables, a las que acusa de haber saturado las redes de distribución. El ahorro de la factura energética de empresas y de familias ha incentivado la inversión del sector privado y estimulado la propensión al consumo de los hogares. O, dicho de otro modo: ha espoleado la demanda interna.

Efectos beneficiosos sobre la economía

Todo ello “ha incrementado la resiliencia” de la economía española. S&P había mejorado hasta A+ su nota un par de semanas antes con una predicción de repunte del PIB al 2,6% para este año, en línea con las revisiones al alza del FMI, la OCDE, el Gobierno español y el Banco de España. Los analistas de la agencia alertaban de los riesgos de la deuda, que está en fase descendente y que acaba de marcar un registro del 103,4% de un PIB que continúa aumentando el cociente de la ecuación por su creciente tamaño, lo que justificaría parte de este ajuste que ya se aproxima al valor de la economía.

S&P tampoco desaprovechó la ocasión para alertar de la inestabilidad política y para reprochar al Ejecutivo la ausencia de Presupuestos. Pero las tres agencias valoran el despegue de España que, en su travesía más dura de la crisis del euro, cuando activó el rescate financiero, había visto empujar su rating soberano a tan solo un escalón por encima de los bonos basura. Algo más de un decenio después, los PIGS —Portugal ha seguido los pasos de España, pero también Grecia e Italia, el peor de los cuatro—, están en una clara trayectoria de prosperidad. Como lo revela, por ejemplo, el diferencial, de apenas 57 puntos básicos, entre el rendimiento de los bonos español y alemán a 10 años; en 2022 superó los 130. 

Entretanto, la prima de riesgo gala se ha acomodado desde mediados de septiembre 80 puntos por encima del bund germano, y sus emisiones de deuda alcanzan rentabilidades del 3,5%, como las de Italia, con una senda fiscal mejor que la francesa, pero alejada aún de la consolidación y del corsé presupuestario del Pacto de Estabilidad europeo.

Para el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, “es un aval para atraer capital al mercado español e inversores a nuestras emisiones de deuda”. Pero también refuerza la capacidad de financiación de España y de las autonomías en un momento en el que está en juego el futuro reparto de los recursos a las regiones y la condonación de sus deudas que ascienden, en su conjunto, a 83.000 millones de euros, el 26% de su endeudamiento. Otro punto de fricción con el PP que, a los ojos de S&P, pese a ser un parche temporal, aliviaría sus resultados contables y contribuiría a que los ratings de España y de las comunidades mejoraran de nuevo “a medio plazo”. 

Extremadura ha registrado un déficit de 580 millones de euros al cierre del primer semestre de este año, lo que representa el 1,86% del Producto Interior Bruto (PIB), el mayor porcentaje autonómico, según datos del Ministerio de Hacienda. En el mismo periodo del año pasado presentaba un déficit de 317 millones, el 1,2% del PIB.

El déficit de las administraciones públicas, sin tener en cuenta las entidades locales, se situó en 30.352 millones de euros en el primer semestre, una cifra un 2,2% superior a la del mismo periodo del pasado año y que equivale al 1,81% del PIB. Este repunte está relacionado con los gastos asociados a la dana de octubre del pasado año, que ascendían en el primer semestre a 3.380 millones, según detalla el Ministerio de Hacienda en la información de ejecución presupuestaria publicada este viernes.

Hacienda añade que, si se descontara este efecto, el déficit del primer semestre se situaría en 26.972 millones de euros, un 9,2% menos que en la primera mitad de 2024.

La mayor parte del déficit se concentraba, como es habitual, en la administración central, que acumulaba un desfase de 19.522 millones (1,17% del PIB) tras crecer un 16,7% anual, debido a que el aumento de los ingresos (del 7,7%) no pudo compensar los gastos asociados a la dana (2.714 millones) y otros factores como las mayores transferencias a la Seguridad Social.

Las comunidades autónomas redujeron su déficit en un 9,5%, hasta los 14.739 millones (un 0,88% del PIB) gracias a los mayores anticipos obtenidos a cuenta del sistema de financiación y a pesar del gasto de la dana soportado por la Comunidad Valenciana (660 millones).

Todas las comunidades autónomas registraron déficit en la primera mitad del año salvo el País Vasco -que logró un superávit equivalente al 0,3% de su PIB-, un desfase que fue especialmente intenso en Extremadura (déficit del 1,86% de su PIB) y Canarias (1,51%).

La Seguridad Social, por su parte, obtuvo un superávit de 3.909 millones, un 17,7% más y un 0,23% del PIB, gracias a los mayores ingresos derivados de la buena marcha de las cotizaciones sociales y de las mayores transferencias obtenidas del Estado.

El déficit del Estado hasta julio baja un 4,7 %

Hacienda también ha avanzado los datos de ejecución presupuestaria del Estado hasta el mes de julio, un periodo en el que acumuló un déficit de 39.420 millones, un 4,7% menos que en el mismo periodo de 2024.

Esta corrección se produjo gracias a que la liquidación de los sistemas de financiación autonómica y local de 2023, realizada en julio, fue menos negativa para el Estado que la de 2022, realizada en 2024 (el impacto fue de 11.695 y 25.322 millones, respectivamente).

Así, el déficit estatal de los siete primeros meses del año equivalía al 2,35% del PIB, ligeramente por debajo del objetivo para todo el ejercicio (2,5%).

Los ingresos obtenidos en los siete primeros meses del año ascendieron a 167.983 millones, un 9,6% más, gracias a la buena marcha de la recaudación tributaria, que se disparó un 9,8%.

Todos los grandes impuestos aumentaron los ingresos, sobre todo el IRPF -un 12,4%, por las mayores retenciones y el resultado positivo del primer pago de la campaña de la renta- y el IVA -un 10,2%, impulsado por la recuperación de los tipos tras la crisis de inflación-, mientras que la recaudación del impuesto de sociedades creció un 5,7%.

Los gastos ascendieron a 207.403 millones, un 6,6% más, debido tanto al impacto de la dana (2.452 millones) como al crecimiento de partidas como la inversión (un 35,1%), los intereses de la deuda (9,4%), consumos intermedios (10,2%) o remuneración de asalariados (4,5%). 

Finlandia siempre ha sido un ejemplo de país con un Estado del bienestar muy potente, llegando a servir de inspiración a multitud de partidos socialdemócratas europeos. Sin embargo, en la actualidad dicho modelo social está siendo salvajemente destrozado por las políticas de austeridad que lleva años aplicando el gobierno de coalición formado por conservadores y ultraderechistas. Unas políticas que están siendo espoleadas por la propia Comisión Europea y que tratan de dar respuesta a una crisis económica que generó la ruptura comercial con Rusia, un país del que era tremendamente dependiente.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 supuso un punto de inflexión para toda Europa, pero especialmente para Finlandia, un país pequeño que siempre ha tenido intensos lazos comerciales y económicos con el gigante euroasiático, especialmente en materia energética. De hecho, justo antes de la invasión, el 80% de todo el petróleo crudo y el 75% de todo el gas natural que importaba Finlandia provenía de Rusia. En el caso del carbón, el combustible nuclear y la madera, las proporciones eran del 52%, 35% y 25%, respectivamente. Es más, incluso el 51% de la electricidad neta provenía del país vecino. No hace falta ser economista para saber cuán graves pueden ser las consecuencias de interrumpir súbitamente buena parte del comercio, justo tal y como ocurrió tras la invasión de Ucrania, un fenómeno que desde el Estado finlandés denominaron “Russit” (haciendo alusión al “Brexit”). Las exportaciones y las importaciones a y desde Rusia se hundieron de golpe, alcanzando unos niveles ínfimos que no se registraban desde antes de la Segunda Guerra Mundial.

Los hidrocarburos baratos que antes provenían de Rusia tuvieron que ser sustituidos por otros más caros provenientes de otras regiones, como ocurrió con el gas natural licuado de Estados Unidos (el gran ganador de este suceso). Y no sólo más caros, sino también más volátiles, pues los contratos que antes firmaba Finlandia con la empresa rusa Gazprom eran a medio plazo y otorgaban estabilidad y cierta protección frente a la especulación financiera sobre este tipo de productos energéticos. Las consecuencias económicas no se hicieron esperar. El PIB, que venía recuperándose tras superar lo peor de la pandemia, volvió a caer en 2022 y desde entonces mantuvo una tendencia negativa, que sería agravada por las políticas del próximo gobierno como veremos enseguida. La tasa de desempleo, que también se estaba recuperando en 2021 tras el batacazo de la pandemia, se disparó tras el Russit y no ha hecho otra cosa que crecer a ritmos acelerados.

Algo parecido ocurrió con la tasa de pobreza, que aunque siga siendo relativamente baja (del 12,5%), viene aumentando desde el 11% que llegó a tener antes de la invasión rusa de Ucrania.

Cuando una economía entra en recesión, como le ocurrió a Finlandia a partir de 2022, suelen ocurrir dos cosas. La primera es que la indignación que siente una ciudadanía que pierde calidad de vida se puede traducir en el apoyo electoral a cualquier opción política que prometa resolver los problemas económicos, por muy disparatadas y reaccionarias que sean sus propuestas. La segunda es que las cuentas públicas se deterioran, porque, por un lado, la recaudación impositiva desciende al haber menos actividad económica, mientras que, por otro lado, el gasto en prestaciones por desempleo y otras ayudas sociales aumentan.

Justamente esas dos cosas ocurrieron en Finlandia, generando un cóctel explosivo. Lo primero que hizo el gobierno de coalición formado por conservadores y ultraderechistas a mitad de 2023 fue aplicar un duro recorte en las cuentas públicas con el objetivo de reducir el déficit y la deuda, todo ello con el beneplácito de la Comisión Europea, que estaba a punto de reactivar las reglas fiscales que habían sido suspendidas durante la pandemia. Se trataba, obviamente, de una receta inadecuada y de un mal diagnóstico: el déficit público no se debía a una mala gestión del presupuesto, sino a la crisis económica originada por el Russit.

Entre las medidas aplicadas para recortar las cuentas públicas destacan una fuerte elevación del IVA desde el 21 al 25,5%, un aumento de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social por enfermedad, un recorte en las prestaciones sociales y una mayor restricción en el acceso a los servicios de salud y asistencia social (el coste en atención primaria ha aumentado un 22,5% y en atención especializada un 45% en sólo un año). Además, el gobierno finlandés está presionando a los organismos públicos autónomos responsables de la organización de los servicios sanitarios, sociales y de emergencia para que eliminen un déficit de 2.700 millones de euros, lo que se ha traducido ya en cierre de hospitales y centros de salud. Según estimaciones del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud, se prevé que las reformas lleven a 100.000 personas por debajo del umbral de la pobreza. Y, a pesar de ello, el gobierno está preparando nuevos recortes a la seguridad social.

Ahora bien, están recortando en todo menos en el gasto militar: Finlandia ha pasado de tener en 2019 un gasto militar próximo al 1,5% sobre el PIB, a tenerlo en 2024 de casi el 2,5%. Este es el programa típico de la ultraderecha: recortar en lo social y en lo sanitario y reforzar lo militar.

Toda esta austeridad no ha hecho sino empeorar todavía más la actividad económica, como veníamos señalando antes. El indicador del PIB per cápita lo revela claramente: hubo un punto de inflexión tras los recortes aplicados en 2023, que han aumentado la brecha que hay entre Finlandia y el resto de países europeos, que no están gobernados por la ultraderecha ni están aplicando fuertes recortes en el presupuesto.

Lo peor de todo es que estos ajustes ni siquiera le están sirviendo para mejorar las cuentas públicas, porque, como es ya bien sabido, la austeridad empeora la economía y el déficit público vuelve a aparecer. De hecho, de todos los países de la Eurozona, Finlandia ha sido el que más ha elevado su deuda pública desde el año 2019. Es la historia de siempre y está más que estudiada: la austeridad sólo empeora la actividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos. El único motivo por el que la aplican es porque reduce lo público y da alas a lo privado, logrando una redistribución de la renta y de la riqueza más favorable a las minorías privilegiadas. Eso es lo único que persigue la ultraderecha y los economistas liberales, que desgraciadamente están arruinando uno de los mejores modelos que existían de Estado del Bienestar.

El primer ministro de Francia, François Bayrou, ha traído de vuelta a la zona del euro al fantasma de la crisis de deuda y de la austeridad. Este martes, el jefe del Ejecutivo anunció un plan de ajuste presupuestario para 2026 que implica una congelación de la mayor parte del gasto público —incluidas las pensiones y con la excepción de la defensa—, subidas de impuestos y recortes en derechos —pretende eliminar dos días festivos del calendario laboral, desde los once actuales— para reducir el déficit (el desequilibrio entre los gastos y los ingresos del Estado), que se financia con deuda y que desde la pandemia ningún gobierno ha podido controlar ante el estancamiento de la actividad económica.

“Nos hemos vuelto adictos al gasto público”, lamentó François Bayrou en una rueda de prensa en la que anunció el plan con el que ha puesto en riesgo su propia supervivencia política, después de arrancar su mandato a finales del año pasado, para evitar que el pago de los intereses de la deuda supere los 100.000 millones de euros al año al final de la década y se convierta en la mayor partida del Presupuesto del Estado.

Este riesgo existe porque el déficit del Estado francés respecto al PIB (Producto Interior Bruto, la forma de medir la actividad económica y la sostenibilidad de los desequilibrios y la deuda) es el mayor de la zona del euro. En 2024, el desequilibrio presupuestario se quedó en el 5,8% del PIB, y se espera que apenas se reduzca al 5,6% en 2025 y que se vuelva a elevar al 5,7% en 2026 —según las últimas previsiones de la Comisión Europea—, elevando a un ritmo importante la deuda pública, que pasaría del 113% del PIB en 2024 al 118,4% el próximo ejercicio, muy por encima del endeudamiento de España.

Para evitarlo, el plan de François Bayrou busca reducir en cerca de 40.000 millones el desequilibrio presupuestario, alrededor de un punto de PIB, hasta dejar el déficit en el 4,6% en 2026, castigando principalmente el gasto público.

“Este es nuestro momento de la verdad”, incidió este martes el primer ministro de Francia, cuyo plan encuentra oposición a la izquierda y a la derecha. De hecho, muchos analistas consideran que la propuesta no será aprobada en Asamblea Nacional, donde no tiene mayoría, y que es la forma de François Bayrou de despedirse del cargo diciéndole al país lo que cree que debería hacer. Su antecesor al frente del Ejecutivo, Michel Barnier, cayó precisamente tras intentar que las pensiones no subieran según la inflación. “Conocemos los riesgos”, admitió François Bayrou en la misma rueda de prensa.

El “estado catastrófico” de la economía

El estancamiento de la actividad en Francia y los desequilibrios presupuestarios han traído de vuelta las recetas de austeridad que, tras el estallido de la gran crisis financiera en 2008, hundieron a España, Portugal y mucho más a Grecia en una década 'negra' para los trabajadores, para el estado de bienestar (sanidad, educación...) y para el gasto social en general, con una profunda pérdida de poder adquisitivo y recortes de derechos laborales que no se han recuperado.

François Bayrou asegura que la situación del país está agravada por las crisis internacionales, que obligan a un incremento del esfuerzo en defensa, y por la guerra comercial escalada por la Administración de Estados Unidos de Donald Trump, y vuelve a cambiar el paso en una zona del euro en la que desde la pandemia se ha girado hacia políticas de protección de rentas (de los trabajadores y de las empresas) frente a los recortes en el gasto público, y que en España ha tenido un resultado positivo.

En definitiva, un mayor avance del PIB agregado reduce el déficit y la deuda. Según el ministro de Economía de nuestro país, Carlos Cuerpo, “para nosotros, el ser capaces de mantener el estado del bienestar, el ser capaces de mantener esa red de protección social adelante, es una condición necesaria para que podamos seguir con nuestra agenda también de crecimiento”.

Los expertos consultados por elDiario.es apuntan a que la propia inestabilidad política, con la importante presencia de la extrema derecha en el parlamento, y las iniciativas presupuestarias frustradas inciden en los problemas económicos de Francia. Por ejemplo, el tipo de interés que se exige a la deuda de referencia de Francia en los mercados financieros (el bono con vencimiento a 10 años) supera al de España desde hace meses. Este hecho prácticamente inédito en la historia de la zona del euro provoca un aumento del coste de los intereses de la deuda del país vecino. En otras palabras, Francia necesita más financiación y se financia más caro.

Nuestro ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió este miércoles que “los dos elementos, crecimiento y responsabilidad fiscal, nos llevan a que estemos ahora mismo en el grupo de los buenos alumnos dentro de la Unión Europea, aquellos que no tienen un déficit excesivo y que tampoco tienen desequilibrios macroeconómicos”. Según destaca, “este es el punto de partida que asegura y garantiza la confianza de inversores internacionales, tanto en mercados financieros, en nuestras emisiones de deuda, como también en términos de inversión real con la llegada de cifras récord en inversión extranjera directa”.

Por otra parte, “cabe señalar que este deterioro [de las finanzas públicas de Francia desde 2019] no se debe a un aumento más acusado del gasto público en Francia en comparación con la zona del euro (1,8 y 2,6 puntos del PIB, respectivamente), sino más bien a una disminución significativa de los ingresos públicos franceses (-1,6 puntos del PIB), mientras que estos se mantuvieron estables en la zona del euro”, explica un informe del OFCE (Observatorio francés de coyunturas económicas, por sus siglas en francés), publicado recientemente.

Los expertos que firman este documento enumeran bajadas de impuestos desde 2017 como el tributo sobre la vivienda (un punto menos de PIB de recaudación), la reforma del impuesto de solidaridad sobre el patrimonio, en el caso de las familias; o las rebajas en el impuesto de sociedades (medio punto menos de PIB de ingresos) y la reducción de las cotizaciones sociales patronales (1,1 puntos menos de PIB), en el caso de las empresas.

El plan presentado por el primer ministro “tiene el mérito de la claridad: estamos dispuestos a hacer cualquier cosa (eliminar los días festivos, reducir el estado del bienestar, etc.) antes de pedirle un solo céntimo a Bernard Arnault [dueño de LVMH] y a los multimillonarios franceses”, comenta el economista Gabriel Zucman. “Hay que reconocer la creatividad del gobierno a la hora de mantener los privilegios fiscales de los ultrarricos. Las directrices presupuestarias propuestas se dirigen a casi todos, excepto a los multimillonarios”, ironiza este experto en justicia fiscal.

“Es ese equilibrio en las decisiones de crecer, reducir la desigualdad, ampliar nuestros derechos y el estado del bienestar social, hacerlo a la vez que cumplimos con los compromisos en materia de seguridad y defensa con nuestros socios y todo ello con un paraguas de responsabilidad fiscal. Es la receta que nos está dando buenos resultados y que queremos mantener hacia adelante”, insiste Carlos Cuerpo.

Una de las tasas de empleo más bajas de la UE

Por otro lado, Eric Dor, director de estudios económicos de la IESEG School of Management, señala problemas estructurales. El principal: Francia “produce muy poco [por habitante] en comparación con la mayoría” de países de la Unión Europea (UE). El PIB per cápita de la segunda economía de la UE (en PIB agregado) es el undécimo de los 27 socios. Una de las razones es que “la proporción de trabajadores, es decir, de personas con empleo, en porcentaje de la población total, es muy reducida en Francia”.

Esta “tasa de empleo” se quedó en el 44,5% en 2024, algo por debajo de la de España, la vigesimoquinta de la UE. “La proporción de residentes en edad de trabajar, en porcentaje de la población total, es la más baja de toda la Unión Europea. Así, los residentes de entre 19 y 64 años representan el 55,4 % de la población total en Francia, frente al 58,9 % en Alemania, por ejemplo”, observa este economista.

“Los residentes de entre 25 y 64 años representan el 49,6 % de la población total en Francia, frente al 53,6 % en Alemania, por ejemplo”, prosigue. Además, “las estadísticas muestran que el acceso al mercado laboral es especialmente difícil en Francia para determinados grupos, como las personas con menor nivel educativo, la población inmigrante o las mujeres”, añade Eric Dor.

En una carta dirigida al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó este jueves su posición en contra del aumento del gasto en defensa al 5% del PIB (Producto interior bruto) que la organización quiere consensuar en la cumbre anual de los países miembros, que se celebra en la Haya la próxima semana. Un día después, Trump ha reaccionado acusando a España de no pagar “lo suficiente” y ha lanzado un advertencia: “La OTAN tendrá que ocuparse de ello”.

Según señala Pedro Sánchez en su misiva, el objetivo de alcanzar el 5% en 2032, desde el 2% comprometido para este año, es “contraproducente” e incompatible con el mantenimiento del estado de bienestar. Distintas proyecciones, como la realizada recientemente por el Banco de España, apuntan a que por cada euro de incremento del gasto en defensa, el PIB de nuestro país solo aumentaría 50 céntimos, con riesgo de un avance de la inflación por la necesidad de importar armas y otros materiales, y con impacto en el déficit presupuestario —el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado, que se financia con deuda—. Un escenario en el que el único ganador claro será la industria de defensa, y en concreto la de Estados Unidos.

“Exigirá una corrección fiscal [de las cuentas públicas] más estricta en el futuro [recortes o aumentos de impuestos, en un lenguaje más llano] y reducirá el margen para otras prioridades económicas y sociales”, advirtió a finales de marzo la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal), en el informe que contiene su opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones públicas a largo plazo. Según las cifras recogidas en este documento, el mayor gasto público de nuestro país es y será el de las pensiones, que se acerca actualmente al 13% del PIB, mientras que la sanidad se queda en el 6,6%, la educación en el 4,2%, el desempleo en el 1,5%, los cuidados de larga duración (el gasto en dependencia) en el 0,8% y el pago de la factura de intereses de la deuda pública en el 2,4% del PIB.

El envejecimiento de la población en España y en casi toda la Unión Europea (UE) apoya que los ejercicios de previsiones indiquen que las partidas de gasto público en pensiones, sanidad y dependencia crecerán en los próximos años, mientras que las relacionadas con la educación y el paro bajarán, con un peso de la deuda que permanecerá en los niveles actuales o incluso ganará importancia, incluso si los gobiernos consiguen controlar los desequilibrios presupuestarios. Un contexto que apenas dejaría espacio para un gran incremento de una partida de gasto como la defensa sin dañar las prioridades del estado de bienestar.

Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido esta misma semana que “los Estados miembros [de la UE] y la Comisión Europea deberían evaluar el impacto del incremento de la partida de defensa en la sostenibilidad de la deuda”. Según recuerda la AIReF, “para mitigar este impacto en el corto plazo, la Comisión propone activar la cláusula de escape nacional que introdujo el nuevo marco fiscal de la UE, permitiendo acomodar este aumento del gasto sin comprometer el cumplimiento del primer Plan Fiscal y Estructural de medio”.

No obstante, “en términos acumulados, el ajuste total [recortes o subidas de impuestos] en el periodo 2025-2040 pasaría de 3,16 puntos del PIB [menos de 50.000 millones] en el escenario inicial, a 3,68, 4,24 y 4,76 puntos del PIB [hasta los 80.000 millones de euros] en un ejercicio teórico en el que se supone un incremento en el gasto en defensa de 0,5, 1 y 1,5 puntos del PIB, respectivamente”, finaliza la Autoridad fiscal.

El multiplicador del gasto en defensa

Sin “margen fiscal” para incrementar el gasto en defensa, pasa a ser clave el multiplicador de esta partida. Es decir, cuánta actividad económica (PIB) es capaz de generar cada euro de aumento. Más PIB significa también más inversión, más empleo y, en definitiva, más recaudación de impuestos (más ingresos públicos). El multiplicador que ha calculado el Banco de España “a medio plazo” es de 0,5 veces. Por cada euro de incremento, 50 céntimos de PIB.

Por ejemplo, para este 2025, el equipo de economistas de la institución ha proyectado que el aumento del gasto en defensa anunciado sumará una décima al crecimiento del PIB, que se estima superior al 2% en este ejercicio, pero que elevará dos décimas el déficit, que se quedará algo por debajo del 3% del PIB. Este impacto en el desequilibrio presupuestario se repetiría en 2026 y 2027, según el Banco de España. Hay que destacar que los compromisos del Gobierno son inciertos por su debilidad parlamentaria, que le impide aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Repunte de la inflación

Además, los expertos del regulador explican que “la naturaleza del gasto en defensa implica un desfase temporal entre la realización de los contratos y su registro en Contabilidad Nacional”. Según continúan, “el gasto en defensa se concentra principalmente en las industrias manufactureras de maquinaria y transporte”. Por último, consideran que “un aumento de las contrataciones de defensa conllevaría un aumento del nivel de precios industriales, especialmente en los bienes de equipo”.

“Forzar la adquisición [importaciones desde otros países, principalmente Estados Unidos] de material, munición y sistemas de armas, tendrá un efecto inflacionario con marcada subida de precios que, aun con más gasto, impedirán un incremento de capacidades como realmente se pretende”, lamentan fuentes conocedoras del sector. “La capacidad de contratación y gestión de la adquisición de nuevas capacidades también está al límite, y aumentarla requiere tiempo. La industria de defensa no está dimensionada para producir las capacidades que se pueden requerir de manera rápida”, prosiguen.

Estas mismas fuentes añaden que “el incremento del gasto en defensa de forma excesiva con prontitud no es posible por distintas razones”. Una es que “la actual capacidad de reclutamiento limita la posibilidad de dotar de personal adecuado a nuevas capacidades que se adquieran con rapidez”. Otra es “la dificultad de formación del nuevo personal, que requerirá del incremento de la capacidad de centros de formación que requiere un cierto periodo de tiempo”.

“El impacto sobre la actividad en el medio plazo puede ser mayor si el gasto se concentra en I+D+i, sectores con mayor capacidad de arrastre y en bienes y servicios producidos domésticamente”, finaliza el Banco de España.

La propuesta de la OTAN de alcanzar un 5% de gasto en defensa en 2032 se divide en dos bloques. El primero, un 3,5% en partidas específicas de defensa, para la que propone mantener la actual definición OTAN de gastos de defensa, incrementando anualmente un 0,2% (3.000 millones aproximadamente) el gasto desde el 2% que debe alcanzarse este año. El segundo, un 1,5% adicional en gastos relacionados con la defensa, pendiente de definir, en la que podrían considerarse inversiones en infraestructuras, capacidades para contrarrestar amenazas híbridas, preparación de resiliencia civil y promoción de la industria de defensa.

La postura de España, remarcada en la carta de Pedro Sánchez de este jueves, es incidir en este segundo bloque, y conseguir que el objetivo de gasto sea “flexible”. Según el presidente del Gobierno, “la fórmula que propongo nos permitiría preservar el objetivo del 5% en la declaración para aquellos aliados que lo necesiten o que quieran perseguirlo”. Fuentes del Ejecutivo resaltan que, “además, del porcentaje del gasto en defensa respecto del PIB es necesario medir y considerar los compromisos de fuerzas en operaciones y misiones, y la inversión en nuevas capacidades”.

Las razones de Estados Unidos

La exigencia de un mayor gasto en defensa que Estados Unidos ha planteado a sus aliados a través de la OTAN es uno de los frentes de la guerra comercial global escalada por la Administración de Donald Trump. El planteamiento de la potencia norteamericana, concebido por el presidente del Consejo de Asesores Económicos (CEA, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca, Steve Miran, es que Estados Unidos provee “bienes públicos globales” al resto del mundo, como la seguridad o como activos refugios como el dólar y los bonos de su deuda pública, y que el país debe ser justamente recompensado por ello.

En otras palabras, el principal asesor económico de Donald Trump defiende que Estados Unidos “ha creado la mayor era de paz jamás conocida por la humanidad” y destaca que “ha hecho posible el sistema comercial y financiero global que ha respaldado la mayor era de prosperidad jamás conocida por la humanidad”. Con esta rotundidad, y si no se cuestionan las afirmaciones sobre “la paz” y “la prosperidad”, cualquiera podría entender que la primera potencia mundial merece cobrarse tales esfuerzos. “Ambos son costosos de proporcionar”, añade Steve Miran, quien, antes de ser puesto al frente del CEA por el nuevo presidente de Estados Unidos, se dedicaba a gestionar fondos de inversión. Es decir, a especular en los mercados financieros.

“En defensa, nuestros hombres y mujeres en uniforme asumen riesgos heroicos para hacer de nuestra nación y del mundo un lugar más seguro, preservando nuestras libertades generación tras generación. Y gravamos con impuestos exorbitantes a los estadounidenses trabajadores para financiar la seguridad global”, resalta. Sobre este argumentario y la exigencia de “un reparto de cargas”, se asienta la imposición de aranceles al resto del mundo y la petición de más gasto en defensa. En definitiva, para adquirir equipamiento militar de Estados Unidos, y fortalecer su industria, en un clima de escalada militar y tensiones geopolíticas en Ucrania, Oriente Medio o el Canal de Suez.

Cinco años después de la pandemia que paralizó al mundo, seguimos enfrentando eventos extremos e impredecibles que obligan a los gobiernos a replantear sus prioridades y a los organismos internacionales a revisar sus proyecciones macroeconómicas. En abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó sus previsiones, rebajando las expectativas de crecimiento económico global debido al aumento de las tensiones comerciales y las tasas arancelarias. Sin embargo, destacó una revisión al alza de las expectativas para España, impulsada por unos resultados mejores de lo esperado en 2024. Asimismo, se revisaron las perspectivas fiscales, previendo un incremento de la deuda pública global en un contexto de elevada incertidumbre. En su Monitor Fiscal de abril 2025, el FMI recomendó un ajuste fiscal gradual y sostenido a medio plazo para equilibrar las finanzas públicas.

Los datos publicados por el FMI permiten analizar la evolución de las finanzas públicas en España y sus proyecciones hasta 2030, y compararla con las economías más avanzadas. Antes de profundizar en los datos, es conveniente entender dos conceptos fundamentales: el déficit y la deuda.

Se habla de déficit público cuando el gobierno gasta más de lo que se ingresa en un año; por el contrario, si ingresa más de lo que gasta, se obtiene superávit. Al igual que ocurre con la mayoría de las magnitudes macroeconómicas, para facilitar comparaciones en el tiempo y entre países, este balance se expresa habitualmente como un porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB).

Como ejemplo, en 2020, un año marcado por la pandemia, el déficit global fue del 9,5 % del PIB mundial. En ese año, ninguna de las grandes economías alcanzó un superávit. Alemania, que había registrado un superávit del 1,3 % en 2019, pasó a un déficit del 4,4 % en 2020. España, que ya registraba un déficit del 3 % antes de la pandemia, alcanzó el 10 %, una cifra similar a la de Italia, y superada por países como Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos.

Desde 2020, hemos vivido situaciones excepcionales que han obligado a los gobiernos a hacer frente a gastos extraordinarios y a proporcionar ayudas para que ciudadanos y empresas pudieran enfrentar las crisis. Por ello, es conveniente realizar un análisis a más largo plazo. Según el FMI, entre 1995 y 2024, Canadá logró superávit en casi la mitad de los años, Alemania en 8, mientras que España y el Reino Unido lo consiguieron en 3 años (España entre 2005 y 2007 bajo el gobierno de Zapatero y el Reino Unido entre 1999 y 2001 durante el gobierno de Tony Blair). Francia, Italia, Estados Unidos y Japón registraron déficit durante estas tres décadas.

Para cubrir el déficit, los gobiernos emiten bonos o títulos que representan una obligación de pago futuro, generalmente acompañada del pago de intereses. Esto les permiten financiar los gastos que no pueden ser cubiertos con los ingresos ordinarios.

El déficit acumulado a lo largo de los años genera deuda pública. Es decir, el déficit de un año es un flujo, que resulta de la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos, mientras que la deuda es un stock, que refleja el endeudamiento acumulado de años anteriores.

¿Cuál es la situación actual de España con respecto a la deuda pública? A finales de 2024, la deuda pública de España se situó en el 101,8 % del PIB, tal como se muestra en la tabla. Esto significa que el total de la deuda acumulada por el sector público español supera la producción anual del país. Aunque nuestra deuda pública es elevada, representa una mejora con respecto al año anterior de 3,2 puntos porcentuales y está por debajo de la media de las economías avanzadas, que alcanza el 108,5 %. Además, está por debajo de la deuda de países como Canadá, Francia, Italia y Estados Unidos, y representa menos de la mitad de la deuda de Japón en términos porcentuales respecto al PIB.

Deuda pública como porcentaje del PIB:

 Fuente: FMI, Monitor Fiscal, abril 2025.

A la luz de estos datos, y aunque el FMI recomienda a España “ampliar la base impositiva eliminando exenciones y mejorar la eficiencia del gasto fiscal”, nuestra situación sigue siendo sostenible en comparación con otros países desarrollados. Entre los ocho países avanzados comparados, España es el único para el que se prevé en 2030 una ratio de deuda inferior a la registrada antes de la pandemia, situándose en el 93 % del PIB. De cara a 2030, esto nos coloca en línea con la media de la eurozona y 20 puntos porcentuales por debajo de la media de las economías avanzadas. Además, cabe destacar que gran parte del ajuste fiscal ya se ha realizado: entre 2020 y 2024 la deuda se ha reducido en 17 puntos del PIB, es decir, una media de 4 puntos anuales, proyectándose una disminución adicional más moderada, de 1,5 puntos anuales en promedio entre 2024 y 2030.

Además, el esfuerzo fiscal depende también de la evolución del PIB. Un mayor crecimiento del PIB permite aumentar el déficit y la deuda en términos nominales sin empeorar estas ratios. En este sentido, el sólido crecimiento de la economía española desde 2021 proporciona cierto margen fiscal.

Es fundamental ordenar las finanzas públicas de manera justa y eficiente, teniendo en cuenta que aún existe margen para incrementar la recaudación, ya que la presión fiscal en España aún se sitúa por debajo de la media europea. No obstante, el actual contexto de incertidumbre exige prudencia, pues la deuda podría incrementarse si surgen nuevas necesidades de gasto, aumentan los costes de financiación o se produce un deterioro económico que exija mayores ayudas a empresas y ciudadanos.

La Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (AIReF) señala que el Gobierno de coalición cumple con el límite al gasto público de las reglas fiscales europeas y descarta que sean necesarios recortes u otras “medidas de ingresos [subidas de impuestos]” en el corto plazo, según las principales conclusiones de su Informe de seguimiento del Plan fiscal y estructural de medio plazo 2025-2028.

La AIReF considera que “el margen creado” en 2024, cuando se contuvo el gasto por debajo de los compromisos, permite a España cumplir con el corsé fiscal comunitario a medio plazo, al menos hasta 2027, pese a que en 2025 y 2026 se superarán los objetivos de incremento anual del “gasto público neto”.

El Ejecutivo informó en su informe de progreso económico (enviado a Bruselas a cierre de abril) de que el año pasado el crecimiento del “gasto primero neto de medidas discrecionales de ingresos” se quedó en el 4,1%, frente al 5,3% comprometido en el Plan fiscal estructural de medio plazo (de cuatro años).

En 2025, el objetivo del Gobierno es mantener este aumento en el 4,1%. La Autoridad fiscal desconfía de esta meta, y la eleva al 4,5%, pero admite que aun así nuestro país se queda dentro los límites de las nuevas reglas fiscales europeas, tanto por el salto anual como por el incremento acumulado.

Este “gasto primario neto de medidas discrecionales de ingresos” es la principal referencia fiscal ahora del corsé de la Comisión Europea, y el límite a su crecimiento es la manera de reducir el déficit público (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado) y la deuda, siempre respecto al PIB (Producto interior bruto).

El fuerte avance de la actividad económica de España y de los ingresos “reales” de las familias por la histórica creación de puestos de trabajo y la llegada de inmigrantes alivia estas ratios e impulsa la recaudación de impuestos, como también lo hacen los beneficios récord de las empresas o las rentas en máximos por alquilar viviendas o del capital (dividendos, intereses de los depósitos bancarios...).

En los últimos años, para hacer más eficiente el sistema de recaudación, el Gobierno ha ido realizando una reforma fiscal que se ha ido desinflando en su ambición y a la que le quedan medidas pendientes, según se explica en esta información.

En este contexto, la AIReF proyecta que el déficit se mantenga por debajo del 3% del PIB en los próximos años, incluso incluyendo los gastos por el daño de la DANA o el golpe en la actividad de la guerra comercial, dentro del marco de las reglas comunitarias, y que la deuda pública se vaya reduciendo lentamente, desde el 101,8% de 2024 hasta caer por debajo de la barrera psicológica del 100% del PIB en 2027 o 2028.

En el medio plazo, la Autoridad fiscal advierte sobre el incremento del “gasto en intereses [de la deuda], las necesidades inversión [sobre todo, el aumento del gasto en defensa] y el incremento prestaciones [pensiones] ligadas al envejecimiento”.