La presión por rendir mejor empuja a muchos deportistas a buscar cualquier resquicio que marque la diferencia. Ese entorno hace que surjan rumores, sospechas y métodos que rozan el límite de lo permitido. En ese contexto aparecen prácticas pensadas no para cambiar el cuerpo de forma permanente, sino para pasar controles concretos. Ese tipo de maniobras se mueven en una zona gris que obliga a vigilar cada detalle del reglamento. Ahí se encaja la idea de alterar mediciones oficiales para obtener ventaja. Ese planteamiento prepara el terreno para que entren en juego los organismos de control.

Ponen la lupa en una acusación que sacude al salto de esquí

La Agencia Mundial Antidopaje, conocida como World Anti-Doping Agency, anunció que estudiará las acusaciones sobre saltadores de esquí que habrían recurrido a inyecciones de ácido hialurónico en el pene para modificar sus medidas corporales. El objetivo sería influir en la confección de los trajes de competición, un elemento regulado al milímetro. La investigación se centra en comprobar si esa conducta puede considerarse dopaje o un método prohibido con efecto competitivo.

En el salto de esquí, el traje no es un simple uniforme. Antes de cada temporada, los deportistas pasan por escáneres corporales en tres dimensiones aprobados por la International Ski and Snowboard Federation, realizados con el atleta en ropa interior y bajo supervisión médica. Esas cifras determinan el tamaño permitido del mono, porque su superficie influye en la sustentación durante el vuelo. Dan Dwyer, profesor asociado de la Universidad de Deakin, explicó a The Guardian que una variación mínima en el área del traje puede generar más elevación y permitir saltos más largos.

El ácido hialurónico es un relleno usado desde hace años en procedimientos estéticos. Eric Chung, cirujano urólogo y antiguo responsable del área de andrología de la Sociedad Urológica de Australia y Nueva Zelanda, señaló al mismo medio que estas inyecciones aumentan el grosor del pene de forma temporal. Según explicó, el efecto dura entre seis y doce meses y requiere nuevas aplicaciones para mantenerse. Esa alteración puntual bastaría para registrar una medida mayor durante el escaneo corporal y autorizar un traje algo más amplio.

Ese beneficio potencial tiene un precio elevado para la salud. Chung advirtió de problemas inmediatos como dolor, infecciones o deformaciones, además de consecuencias a largo plazo. Entre los riesgos citó cambios de sensibilidad, disfunción sexual y, en casos poco frecuentes, infecciones graves con necrosis del tejido y pérdida del órgano. Son complicaciones que no dependen solo de la sustancia, sino también de la técnica y la dosis empleadas.

Los antecedentes de trampas con la ropa mantienen viva la vigilancia

El salto de esquí ya arrastra un historial de trampas relacionadas con la indumentaria. En 2012, varias competiciones de la Copa del Mundo acabaron con descalificaciones por monos fuera de norma en pruebas disputadas en Suiza y Chequia. Aquellos episodios llevaron a introducir controles más estrictos, como microchips en los trajes y escáneres previos obligatorios.

Más recientemente, en los Mundiales de 2025 en Noruega, los medallistas olímpicos Marius Lindvik y Johann Andre Forfang recibieron una sanción de tres meses por modificar las costuras de la entrepierna para ganar sustentación.

Las acusaciones actuales salieron a la luz a partir de una información del diario alemán Bild, que bautizó el caso como Penisgate. Tras esa publicación, la Agencia Mundial Antidopaje confirmó que examinará el asunto de cara a los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026 que ya están en marcha. Su presidente, Witold Banka, afirmó que investigará estas prácticas, mientras que el director general, Olivier Niggli, añadió que el organismo no tiene constancia de que se estén usando, aunque comprobará si encajan en la normativa antidopaje.

La división del mundo en dos bloques antagónicos fue el resultado de una tensión política que se impuso sobre la paz alcanzada tras la Segunda Guerra Mundial. Las potencias vencedoras establecieron un equilibrio frágil que pronto se quebró por la desconfianza mutua y la pugna por la influencia global. La llamada Guerra Fría no fue un conflicto armado como tal, sino una disputa continua entre dos modelos opuestos: el capitalismo liderado por Estados Unidos y el comunismo encabezado por la Unión Soviética (URSS).

Esa confrontación ideológica se manifestó en casi todos los ámbitos, desde la economía hasta la ciencia, pasando por la propaganda y el deporte. La República Federal Alemana (RFA), situada en la órbita occidental, se convirtió en una pieza estratégica en el tablero europeo frente a la vecina República Democrática Alemana (RDA), aliada de Moscú. Ambas competían por demostrar la superioridad de sus sistemas políticos, y esa rivalidad impregnó los escenarios internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos. Con ello, el deporte se transformó en una prolongación simbólica de la guerra que dividía al mundo en dos mitades irreconciliables.

Alemania Occidental impulsó un programa estatal de dopaje para obtener prestigio internacional

El estudio de la Universidad Humboldt de Berlín, divulgado por el diario Süddeutsche Zeitung, documentó en 2013 que la RFA desarrolló desde los años 70, aunque ya venía de más atrás, un sistema de dopaje organizado y financiado por el Estado, paralelo al de la Alemania del Este. La investigación, de más de 800 páginas, identificó el uso de testosterona, estrógenos, EPO y anabolizantes para mejorar el rendimiento de los deportistas, incluidos menores.

Según el informe, la RFA destinó millones de marcos al dopaje con el fin de obtener victorias internacionales y aprovechar su valor propagandístico. Aunque las autoridades eran conscientes de los riesgos sanitarios, mantuvieron el programa con la intención de burlar los controles. El propio documento recoge la frase de un alto cargo previa a los Juegos de Múnich: “Solo queremos una cosa, medalla en Múnich”.

La RDA, por su parte, llevó a cabo en 1974 el llamado Plan Estatal 14.25, un programa de dopaje masivo y coercitivo que suministraba testosterona y esteroides anabólicos a sus atletas. La finalidad era exhibir el éxito del sistema comunista mediante triunfos en competiciones internacionales. El plan se aplicaba incluso a menores y se ejecutaba con o sin el consentimiento de los deportistas. Con el paso de los años, numerosos exatletas denunciaron graves secuelas físicas y psicológicas derivadas del consumo obligatorio de esas sustancias.

Los Juegos de Múnich expusieron la fractura alemana y la presión por las victorias

Los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 se convirtieron en uno de los escenarios más relevantes de esa rivalidad. La URSS dominó el medallero, mientras que la RDA superó a la RFA en varias disciplinas. Aquella competición, que pretendía ser símbolo de reconciliación y modernidad, terminó reflejando la fractura política de Alemania y la competencia entre los bloques. La RFA había querido mostrar una imagen renovada, alejada del pasado nazi, pero la presión por alcanzar los resultados provocó el uso prácticas que traicionaban ese propósito.

El dopaje en la RDA se ocultó mediante controles internos antes de los torneos internacionales. Los resultados positivos se gestionaban dentro del propio país, sin consecuencias públicas. Documentos desclasificados tras la reunificación confirmaron que la manipulación había sido sistemática y dirigida por la Stasi. En Múnich se realizaron unos 1.800 análisis antidopaje, pero los laboratorios del Este lograron evitar sanciones gracias a sus métodos de control y a la complicidad institucional.

En el caso de la RFA, el informe de la Universidad Humboldt reveló que el dopaje no fue una respuesta a las prácticas del Este, sino una decisión autónoma del gobierno. Las autoridades entendieron las victorias deportivas como una forma de prestigio político. El estudio describe además el uso de sustancias estimulantes en el fútbol, incluso durante los campeonatos mundiales ganados por Alemania.

Ha habido denuncias y compensaciones con el paso de los años

La exposición pública del informe provocó temor entre los implicados, muchos de ellos aún activos en el ámbito deportivo y político en aquel momento como Thomas Bach, presidente del DOSB y candidato a presidir el COI, acusado de censurar nombres; o Hans-Peter Friedrich, ministro del Interior. Por su parte, el líder de la oposición Thomas Oppermann pidió transparencia al Gobierno de Angela Merkel tras la filtración.

Tras la caída del muro de Berlín, las víctimas del dopaje estatal comenzaron a reclamar justicia. Se calculan alrededor de 10.000 afectados por el programa de la RDA, entre ellos atletas con lesiones irreversibles. Algunos, como la exatleta Ines Geipel o la nadadora Petra Schneider, solicitaron la anulación de sus marcas por considerar que procedían de una manipulación médica.

En 2000, los tribunales alemanes condenaron a Manfred Ewald y Manfred Höppner, responsables del sistema deportivo de la RDA, a penas de prisión que finalmente fueron suspendidas. El Estado alemán reconoció el daño sufrido y otorgó compensaciones económicas a casi 200 deportistas. Aquellas revelaciones cerraron el ciclo de una época en la que la gloria deportiva se construyó a costa del cuerpo y la salud de quienes servían como instrumentos de una guerra sin disparos.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado revisar la absolución del exdirector de Control Antidopaje Jesús Alberto Muñoz-Guerra y una subordinada, que estaban acusados de firmar que una muestra de control había sido tomada por dos agentes de control antidopaje cuando en realidad solo había uno, algo que, según una denuncia interna que llegó al Ministerio de Educación, era corriente. Los dos fueron absueltos en mayo, pero ahora el tribunal da un varapalo a la Audiencia de Madrid al considerar que la sentencia excluyó documentos y testimonios incriminatorios de forma “voluntarista” y en contra de “las máximas de experiencia”. No los condena, pero pide a la Audiencia que repita la sentencia valorando ahora todas las pruebas.

Hace dos años, una denuncia interna sacudió la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD). Simplificando, una trabajadora denunciaba que, a menudo, se firmaban sanciones con controles tomados por un solo agente de control, aunque la norma exigía —de forma un tanto confusa— que hubiese dos. Con ese sistema las empresas encargadas de los controles se ahorraban dinero y algunos casos positivos eran tramitados y otros morían en un cajón, como el del velocista Patrick Chinedu.

El sistema acabó con la salida de José Luis Terreros de la dirección de Antidopaje y una denuncia del Ministerio ante la Fiscalía, que archivó el caso. Además, su número dos acabó en el banquillo porque una deportista sancionada le acusó de alterar en 2017 los documentos para que pareciera que había dos agentes de control.

El juez del caso lo archivó inicialmente, pero fue la Audiencia quien lo mandó a juicio para decidir allí si el formulario de control que denunciaban que había sido alterado era un documento interno u oficial y qué efecto tuvo en la tramitación: “No puede concluirse en este momento que la falsedad fuera inocua o carente de trascendencia, en tanto que no es dudoso que de haberse referido la existencia de irregularidad en la toma de la muestra obtenida, el procedimiento tramitado en perjuicio de la denunciante o no se hubiera incoado o hubiera tenido una más rápida resolución a su favor. En este sentido parece que el documento produjo un efecto jurídico”.

El pasado mayo, la Audiencia absolvió a Muñoz Guerra y a una funcionaria. Según la sentencia, “los documentos reputados falsos [...] no fueron determinantes” para el caso y “no queda acreditada la naturaleza pública u oficial de los referidos documentos”.

 “Junto a la presunción de inocencia, y en la ponderación del material probatorio, el tribunal ha estado presidido ante situaciones de incertidumbre o duda por el principio in dubio pro reo de tal suerte que, al no quedar convencido de la concurrencia de los presupuestos negativos y positivos del juicio de imputación de determinados hechos, ha optado por una declaración negativa de culpabilidad”, señalaban los jueces.

La acusación recurrió y alegó que la absolución se basaba en “arbitrariedad e irracionalidad” y en “la omisión de valoración de determinadas pruebas documentales”, entre otras cosas. Argumentaban que habían dejado fuera testimonios y documentos que sustentaban su causa. 

Los jueces del Superior de Justicia de Madrid coinciden y, tras revisar el vídeo de la vista oral, han ordenado repetir la sentencia. La decisión, del 19 de diciembre y notificada el martes, supone un varapalo al tribunal. “Lo cierto es que tal inanidad o falta de funcionalidad jurídica del posible delito de falsedad en documento oficial no se ha explicitado con la necesaria y completa revisión del material probatorio”. “Hubo omisión completa de pruebas obrantes en las actuaciones, puestas de manifiesto por el recurso así como de su relevancia en la posible comisión del delito objeto de la acusación”, señalan.

Por todo, encarga que “dicte otra sentencia nueva valorándose todas las pruebas practicadas en el juicio oral y omitidas en la recurrida ateniéndose a las máximas de experiencia y racionalidad de los razonamientos”. Para dar carpetazo el asunto, como piden la Fiscalía y la Abogacía del Estado, tendrán que razonarlo mejor.

Mientras su padre se dedica a romper las reglas de juego de la política, Donald Trump Jr. invierte su capital en romper las reglas del deporte. El hijo del presidente estadounidense es uno de los principales inversores de los primeros Juegos Mejorados (Enhanced Games), un evento deportivo promovido por el empresario australiano Aron D’Souza para que los atletas compitan con pleno acceso a las sustancias dopantes y tecnologías que les permitan derribar los récords del deporte convencional. 

La competición, con la que sus creadores se proponen reinventar los Juegos Olímpicos, ya tiene fecha y sede: se celebrará del 21 al 24 de mayo de 2026 en Resorts World, en el Strip de Las Vegas. Según adelanta The Guardian, el evento incluirá pruebas de velocidad, natación y halterofilia, donde el dopaje puede marcar la diferencia, y los participantes recibirán miles de dólares. Si alguien bate el mítico récord de los 100 metros lisos, además, tendrá un premio de un millón de dólares. 

La organización asegura que el nadador greco-búlgaro Kristian Gkolomeev ya batió en febrero el récord mundial de los 50 metros libre usando estas sustancias y que al menos seis plusmarquistas mundiales están interesados en participar. También cuentan entre sus filas desde el inicio con el nadador y excampeón mundial James Magnussen, retirado desde 2019, que pretende alcanzar una plusmarca con ayuda del dopaje.

¿Batir a Usain Bolt?

D’Souza, que recibe el asesoramiento y el apoyo económico del multimillonario tecnológico Peter Thiel, se ve a sí mismo como un pionero y se compara sin pudor con personajes como Cristóbal Colón o Johannes Gutenberg. Su entusiasmo le lleva a hacer todo tipo de afirmaciones descabelladas. “Imaginemos que un hombre de 60 años batiera el récord mundial de Usain Bolt”, proponía en una entrevista en 2024. “Eso nos obligaría a pensar en lo que significa retirarse a los 65”.

Cuando rompamos el récord mundial de los 100 metros en los primeros Juegos Mejorados, todos se preguntarán: ¿qué ha tomado y cómo lo consigo?

Aron D’Souza — Empresario y CEO de los "Juegos Mejorados"

Detrás de esta excentricidad, como siempre, se esconde un suculento negocio, basado en la lógica del troll: incluso quienes más lo odian no podrán dejar de mirar. D’Souza esgrime varias falacias en su defensa, como que habrá supervisión médica, que el alcohol es más peligroso que estas drogas o que el consumo de sustancias dopantes está muy extendido. Si el dopaje es moneda corriente, argumenta, los Juegos Mejorados solo equilibrarán las reglas del juego. Al final, todo se resume en llamar la atención y conseguir dinero. “Cuando rompamos el récord mundial de los 100 metros en los primeros Juegos Mejorados —fantasea—, todos se preguntarán: ¿qué ha tomado y cómo lo consigo?”.

Un nuevo circo romano

Las críticas a la iniciativa han llovido desde todas las instituciones. Los especialistas consultados por elDiario.es coinciden en que esta filosofía traerá un goteo de muertes, más que de récords, porque los efectos del dopaje son bien conocidos. “Es indudable que aumentará la mortalidad con la utilización indiscriminada de estas sustancias”, asegura Pedro Manonelles Marqueta, catedrático y ex presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED). “No tanto muertes instantáneas, pero sí que habrá más muertes diferidas en el tiempo”. 

“Puede que algunos aparezcan muertos al día siguiente o desarrollen enfermedades al cabo de unos años”, asegura Pilar Martín Escudero, especialista en medicina deportiva de la Universidad Complutense (UCM). “Cuando leí la noticia, sentí miedo”, confiesa Mikel Zabala, catedrático de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada (UGR). “No hay consideraciones éticas, solo existe el espectáculo y el dinero. Me recuerda al circo romano, donde el gladiador y su vida importaban bien poco”.

Cuando leí la noticia, sentí miedo. No hay consideraciones éticas, solo existe el espectáculo y el dinero. Me recuerda al circo romano

Mikel Zabala — Catedrático de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada (UGR)

Las sustancias para aumentar la masa y la fuerza muscular, como los anabolizantes y esteroides, tienen efectos en todos los órganos del cuerpo, señala Manonelles. “Afectan al corazón, con aparición de miocardiopatías, arritmias e hipertensión, interfieren con la función sexual y, a largo plazo, se ha demostrado que pueden provocar cáncer”. Por otro lado, enumera, los estimulantes como las anfetaminas y la cocaína producen arritmias e infarto de miocardio, y las drogas que se utilizan para aumentar el rendimiento y la resistencia en los deportes de fondo, como la eritropoyetina (EPO), producen trombos. 

“Por eso ha habido bastantes casos de deportistas que han fallecido de un tromboembolismo pulmonar de madrugada”, señala el experto. “Llega un momento que ese exceso de glóbulos rojos se atasca y ese trombo viaja, llega a una arteria del corazón y te has muerto”, insiste Martín Escudero. Aparte de todo, destaca, muchas de estas sustancias producen problemas psicológicos graves a medio plazo, que pueden acabar en comportamientos agresivos o suicidio. 

Atletas como juguetes

Para Mikel Zabala, aunque lo más revelador van a ser las muertes, habrá muchas otras consecuencias que seguramente se tapen, porque los participantes tendrán cláusulas de confidencialidad. “Aquí estamos hablando de una falta absoluta de ética y de no respetar la vida ni la salud humanas, de tratar a las personas como juguetes”, asegura. “¿Y cuál es el amparo legal para hacer eso? ¿De dónde van a salir las recetas para estas sustancias?”.

Obviamente, el dopaje aumenta el rendimiento, pero no es una poción mágica. Necesitas una base de partida

Elena García Grimau — Doctora en Ciencias del Deporte y excampeona de España de 3.000 metros en pista cubierta

Elena García Grimau, doctora en Ciencias de la Educación Física y el Deporte que trabaja en la unidad de integridad de la Federación Internacional de Atletismo, habla desde la experiencia como atleta y campeona de España de 3.000 metros en pista cubierta. “Esto lo organizan dos o tres personas poderosas con mucho dinero que se van a aprovechar de la situación probablemente vulnerable de muchos deportistas o exdeportistas”, afirma. 

En su opinión, será difícil que atletas de élite se presten a este juego y arruinen sus carreras, pero es posible que gente de segunda fila que necesite dinero lo haga. “Obviamente, el dopaje aumenta el rendimiento, pero no es una poción mágica”, asegura la atleta. “Necesitas una base de partida, si tú eres un deportista de nivel medio alto, con el dopaje a lo mejor conseguirás estar entre la élite mundial, pero de ahí a batir un récord como el de Usain Bolt… Tienes que ser alguien que ahora corre mucho”.

Estamos en la cultura de la inmediatez, del TikTok y el Instagram, donde parece posible conseguir batir el récord mundial sin entrenar y con una pastilla

Pilar Martín Escudero — Especialista en medicina deportiva de la Universidad Complutense (UCM)

“Eso de que las marcas mejoran automáticamente si aplicas dopaje no es tan real como parece”, señala Pilar Martín Escudero. “Lo que pasa es que estamos en la cultura de la inmediatez, del TikTok y el Instagram, donde parece posible conseguir batir el récord mundial sin entrenar y con una pastilla”. “A pesar de todo, el récord del jamaicano se batirá”, observa Manonelles. “Hay algunos atletas que se encuentran cerca y es cuestión de tiempo que se rebaje esa marca, especialmente si se recurre a procedimientos de dopaje”. 

Lo peor, a juicio de los expertos, es el mensaje que se envía a la sociedad y sobre todo a los aficionados, el ámbito en el que está más extendido el consumo de sustancias. “Sabemos que ya existe una enorme utilización de productos dopantes”, asegura Manonelles. “Esto es terriblemente peligroso porque afecta a un número inmenso de la población y es un problema de salud pública que tiene consecuencias que todavía no somos capaces de cuantificar”, concluye. Jugar a banalizar el dopaje con espectáculos grotescos puede terminar agravando el problema y pasando una triste factura a la sociedad.

El Parlamento Vasco, por unanimidad, ha aprobado este jueves en su primer pleno en prácticamente un mes la modificación de la ley autonómica contra el dopaje en el deporte que permite más flexibilidad para que personal habilitado pueda realizar controles sin ser personal sanitarios por falta de personal excepto para los controles que consistan en la extracción de sangre del deportista, que solo podrán realizarlos personal sanitario con capacitación legal. Era una propuesta urgente y de lectura única de PNV y PSE-EE, los partidos del Gobierno, como adelantó este periódico. Pero ha contado con el respaldo también de todos los grupos de la oposición, EH Bildu, PP, Sumar y Vox.

La exposición de motivos señala que “se ha producido una evolución legislativa en los últimos años, pasándose -en ciertos controles antidopaje- a no exigir a las personas agentes antidopaje una formación o titulación médico-sanitaria, pese a que sí se hacía durante un periodo anterior”. Por lo tanto, considera “razonable” un retoque legislativo también en Euskadi. Ahora, no sería necesario exigir la tenencia de competencias profesionales sanitarias, aunque sí la superación del curso de formación teórica y práctica organizado por la Agencia Vasca Antidopaje.

En el debate, el parlamentario del PNV Garikoitz Mendizabal ha explicado que la modificación del texto “es mínima, pero tiene una gran incidencia”. Según ha señalado, la modificación se encuentra en que “las muestras, en vez de tomarlas personal médico, las van a tomar personal habilitado con tal fin” y ha advertido de que “si no se hace esta modificación, el propio sistema se va a ver afectado y también las propias pruebas deportivas se pueden ver afectadas de forma muy negativa”.

La parlamentaria del PSE-EE Estíbaliz Canto, por su parte, ha señalado que “el marco legislativo ha evolucionado, tanto por modificaciones que se han introducido en la normativa estatal como por nuevos estándares que se han definido por la Agencia Mundial Antidopaje, lo que ha generado cierto desfase respecto a los tiempos actuales y al articulado de la ley” vasca. “Se trata, por tanto, de una reforma técnica, pero que entendemos necesaria”, ha indicado.

El parlamentario del PP Santiago López Céspedes ha señalado que esta modificación “responde a una necesidad objetiva de armonizar la normativa vasca con la normativa estatal y con la normativa europea”, por lo que ha explicado que respaldan “el fondo de la reforma”, pero no “la reincidencia en el procedimiento de urgencia y de lectura única, una tramitación acelerada que limita el debate, limita la incorporación de enmiendas”. En el turno de explicación de voto, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha destacado que “ya es la tercera modificación de esta ley”, ha recordado que la primera se hizo en 2018 y ha indicado que “al final son modificaciones para adaptarse a los códigos mundiales que se aprueban a nivel internacional”. Por ello, ha propuesto que en la próxima ocasión “se mande un proyecto de ley desde el Gobierno para poder tener este texto legal de forma adecuada”.

La Audiencia Provincial de Madrid acoge el próximo 23 de abril el primer juicio por denuncias a la agencia antidopaje española. Jesús Alberto Muñoz-Guerra, exdirector de Control Antidopaje, y una subordinada se sentarán en el banquillo por firmar que una muestra de control había sido tomada por dos agentes de control antidopaje cuando en realidad solo había uno, algo que, según una denuncia interna que llegó al Ministerio de Educación, era corriente y terminaba por invalidar sanciones o dejar expedientes morir en un cajón. La fiscalía, que ha ido defendiendo a Antidopaje de todas las denuncias, no acusa. Considera que no hay delito de falsedad. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó llevarlos al banquillo.

Durante años, la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) tuvo un problema soterrado con el número de agentes presentes en la toma de control del deportista. El decreto que regulaba esta práctica no era muy claro, pero tradicionalmente se interpretó que hacía falta dos para garantizar la máxima seguridad jurídica. Sin embargo, según una denuncia interna en el ministerio, para ahorrar, a menudo la empresa encargada de hacerlos solo enviaba un agente.

Así, algunos deportistas eran sancionados y otros no. El velocista internacional Patrick Chinedu, por ejemplo, dio positivo en 2019, pero durante años no fue ni expedientado porque solo había un agente de control. Después de tener años el positivo en un cajón, fue sancionado, pero acabó ganando en el Tribunal Administrativo del Deporte. 

Otros sí recibían sanciones, a menudo deportistas amateurs. Varios de estos denunciaron que se hacía constar que su muestra había sido tomada con dos agentes de control pese a que solo había uno. Y algunos acudieron a la justicia para denunciar que habían alterado documentos públicos. 

La mayoría de ellos fueron archivados por la fiscalía. El ministerio público consideraba que abrir expediente sancionador era un imperativo legal, al margen de que hubiera uno o dos agentes de control. La abogacía del Estado concluyó en otro caso que no se podían quedar en un cajón: “Permitir deliberadamente esta tramitación, al margen, como indicamos, de los avatares procedimentales del expediente sancionador, sí sería prevaricador. Por tal motivo, es posible (y debido) que se haya iniciado la tramitación de expedientes sancionadores, en los que solo haya intervenido un agente de control, siendo ajeno a esta jurisdicción el resultado o resolución del referido expediente, así como la afectación que haya tenido al resultado adverso, cuya valoración se tendrá que hacer en el seno de dicho procedimiento sancionador”.

Pero uno de los casos fue avanzando. Una corredora que dio positivo por un diurético en una carrera de montaña en 2017 denunció que en la documentación de la agencia ponía que había dos agentes de control cuando en su caso solo había uno. El juzgado de instrucción de Madrid lo archivó, consideró menor que constara que había dos agentes cuando había un agente y una testigo pero no habilitada. 

Pero la Audiencia Provincial ordenó seguir la tramitación. Consideró que no el documento interno en el que figuraba que había dos agentes de control no era irrelevante como para archivarlo antes incluso de juicio: “No puede concluirse en este momento que la falsedad fuera inocua o carente de trascendencia, en tanto que no es dudoso que de haberse referido la existencia de irregularidad en la toma de la muestra obtenida, el procedimiento tramitado en perjuicio de la denunciante o no se hubiera incoado o hubiera tenido una más rápida resolución a su favor. En este sentido parece que el documento produjo un efecto jurídico”.

La Fiscalía, en un breve escrito hecho público este viernes, considera que “este documento, interno de la AEPSAD, no determina la apertura de un expediente sancionador” y que, por lo tanto, “los hechos relatados no son constitutivos de delito”. Solo la acusación particular acusará.

PNV y PSE-EE preparan otra reforma legislativa exprés en el Parlamento Vasco, en este caso para eliminar la exigencia de que sean médicos los que realicen controles antidopaje en eventos deportivos de competencia autonómica. Ambos partidos, en el texto que han registrado en la Cámara para su tramitación urgente, aseguran que la normativa estatal e internacional ya no prevé ese requisito, que hay carencia de personal acreditado y que hay “un problema serio” para “garantizar” las “buenas prácticas” en esta materia “en un país como Euskadi que concita innumerables eventos deportivos de todo tipo y alcance”.

Nacionalistas y socialistas, que no han dado publicidad a esta iniciativa, registraron el 27 de marzo una reforma legislativa de un único artículo de la ley vasca contra el dopaje de 2012. Este martes ha sido visada por la Mesa del Parlamento. Se da la circunstancia de que el Gobierno de Imanol Pradales había incluido para 2026 una reforma de la esta ley, aparentemente con un mayor calado que esta operación quirúrgica. A la luz de otros dos precedentes de esta misma legislatura, la ayuda extraordinaria a las cooperativas vascas afectadas por las inundaciones de Valencia y el cambio en la ley de caza para que los menores puedan acudir a monterías, antes del verano podría estar aprobada la reforma.

La cirugía legislativa se aplica en el artículo 13. Donde pone que los controles antidopaje “se realizarán por un médico auxiliado de personal sanitario de recogida de muestras siempre bajo la responsabilidad del personal habilitado por la Administración pública de la comunidad autónoma del País Vasco para el desempeño de esta función” figurará que los efectuará “personal habilitado”. Eso sí, esa “habilitación” para “extracción de sangre” de los deportistas “sólo podrá otorgarse por personal sanitario con capacitación legal”.

Explican PNV y PSE-EE que la ley vasca requiere una “adecuación” ante la evolución de las “características” de los controles antidopaje y las “dificultades manifiestas” que han ido surgiendo. La normativa en vigor es del final del mandato de Patxi López, aunque tuvo modificaciones en 2018 y 2022. En Euskadi realizan controles tanto la agencia autonómica como organismos estatales o incluso internacionales. Y “no parece adecuado” que los “requisitos personales” para realizar las analíticas sean diferentes. En el caso vasco, no ha habido la misma “evolución” que en otros ámbitos y se seguía requiriendo la presencia de un facultativo. En España, por ejemplo, un real decreto ya ha rebajado la exigencia, al igual que la WADA, siglas en inglés de la Agencia Mundial Antidopaje.

“Sucede, además, que no existe en el ámbito de Euskadi personal sanitario suficiente que haya sido habilitado para que, en su caso, pueda llevar a cabo misiones antidopaje ordenadas u organizadas por la Agencia Vasca Antidopaje”, se arguye. Con el cambio, podrán hacer los controles personas habilitadas y formadas. Se entiende que es una “recepción” de muestras y no un acto médico.

La iniciativa será tramitada con urgencia y por el procedimiento de lectura única, es decir, con una sola votación. Antes, habrá posibilidad de que la oposición formule enmiendas y el Gobierno habrá de emitir un informe que respalde la tramitación. Saldrá aprobada sí o sí porque PNV y PSE-EE gozan de mayoría absoluta.

Se da la circunstancia de que el Ejecutivo tenía prevista para dentro de unos meses otra modificación para “adaptar la ley en vigor al nuevo código mundial antidopaje que, previsiblemente, entrará en vigor el 1 de enero de 2026, tras la VI Conferencia Mundial Antidopaje que se celebrará en Busán (Corea) en 2025”. “En la citada conferencia se otorga a las organizaciones deportivas y autoridades competentes un plazo de un año para realizar las adaptaciones pertinentes. En consecuencia, la legislación contra el dopaje en el deporte deberá ser objeto de una nueva adaptación a ser llevada a cabo a lo largo del año 2026 con el objeto de que la comunidad autónoma del País Vasco pueda tener adaptar para el 1 de enero de 2027 su ley antidopaje al Código Mundial Antidopaje”, se informó en su momento. Eso sí, lo que se anunció como tercera modificación de la norma de 2012 será ya la cuarta.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia que el Gobierno impuso sobre la actuación del exdirector de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) José Luis Terreros, según fuentes conocedoras del procedimiento. Como adelantó este diario, fue el propio Gobierno el que denunció ante la Fiscalía General del Estado a Terreros tras recibir una denuncia interna por no tramitar el positivo del velocista Patrick Chinedu, entre otras posibles irregularidades, como el pago de controles antidopaje que luego no resultaban apropiados para sancionar a deportistas. Hace menos de un año, esa misma Fiscalía consideró que abrir expediente a deportistas dopados era “un imperativo legal” independientemente de si se cumplían todos los requisitos formales. En ese momento lo hizo para salvar a Terreros en otro caso, como hizo en al menos dos denuncias más.

Desde al menos 2018, España ha tenido un problema con los controles antidopaje. El real decreto que los regulaba estipulaba, de forma algo confusa, que debía haber dos agentes de control siempre presentes. Pero con la empresa que realizaba los controles antidopaje, la alemana PWC, a menudo iba un solo agente. Hay multitud de pruebas deportivas, muchas amateurs, e ir con dos multiplicaba los costes. La CELAD lo sabía y los positivos que encontraba y que habían sido realizados con un solo agente seguían vías dispares: unos progresaban, otros se quedaban en un cajón, otros deportistas recurrían… Los que eran sepultados nunca salían a la luz protegidos por la ley de protección de datos.

Hubo algunos deportistas amateurs que, tras ser sancionados, denunciaron en Fiscalía al director de la CELAD, José Luis Terreros. Consideraban que este había prevaricado por tramitar positivos que, según los deportistas sancionados, no cumplían los requisitos legales al haber sido realizados por un solo agente. 

En al menos dos casos, el Ministerio Público apoyó a Terreros. La Fiscalía de Madrid concluyó que Terreros estaba obligado a abrir esos expedientes. El pasado 23 de noviembre, en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, señaló: “Con independencia de si se habían cumplido los requisitos formales en la toma de muestras de orina [el director de la CELAD] venía obligado por imperativo legal a incoar el expediente sancionador al recibir comunicación del laboratorio sobre la presunta existencia de sustancias de dopaje”. Y añadía: “Todo ello, con independencia del número de agentes de control que hubiera en la toma de muestras”.

Pero poco después, eldiario.es desveló el caso del deportista Patrick Chinedu, un velocista internacional con España que dio positivo en 2019, aunque que nunca fue sancionado. Antidopaje justificó que como el control había sido realizado con un solo agente estaba condenado a morir y ni siquiera lo abrió.

El caso acabó en la Fiscalía General del Estado, pero enviado por el propio Gobierno, cuando vio que Terreros se negaba a dimitir con el escándalo. A esa se añadió otra denuncia por el uso de fondos públicos, ya que había dudas sobre los pagos a PWC. ¿Por qué pagar dinero público a controles que no servían luego para sancionar? La Fiscalía General del Estado lo derivó a la de Madrid. Y esta lo ha archivado de nuevo.

En enero pasado, el Gobierno acabó destituyendo a Terreros y nombró a Silvia Clazón, médico como Terreros y que ha durado solo ocho meses. En septiembre dejó el puesto para ocupar un cargo en Moncloa. Ha sido sustituido por Carlos Peralta, médico y que fue Olímpico en Río 2016.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 reunirán a más de 10 000 deportistas que competirán en 32 deportes diferentes, y todos estarán sujetos a las reglas que se establecen en el Código Mundial Antidopaje.

La Agencia Internacional de Controles (ITA) será la encargada de organizar y gestionar todos los controles en esta gran cita deportiva, que vuelve al continente europeo después de 12 años.

Gran despliegue para evitar las trampas

Más de 1 000 profesionales participarán en las distintas etapas de esta lucha contra el dopaje. Alrededor de 800 actuarán como chaperones para informar a los deportistas y acompañarlos durante todo el proceso.

Cada sede de competición dispondrá de un espacio específico para estos controles, en el que unos 360 agentes realizarán test de sangre y orina a los deportistas siguiendo el Estándar Internacional para Controles e Investigaciones (ISTI).

Una novedad es que, tras haberse estrenado durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el método de toma de muestra con gota de sangre seca (DBS, por sus siglas en inglés) será también utilizado en París 2024. Consiste en recolectar una pequeña cantidad de sangre, generalmente mediante un pinchazo en un capilar, que luego se seca sobre un papel absorbente especial.

Introducido como herramienta de detección complementaria, es un procedimiento mínimamente invasivo que permite un transporte de las muestras sanguíneas de manera más eficiente en comparación al método tradicional y que supone un ahorro en los costes de almacenamiento y envío a los laboratorios, entre otras ventajas.

Un inamovible 2 % de casos positivos

Desde la creación de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) en 1999, ha habido un fuerte movimiento de lucha contra el dopaje entre las organizaciones deportivas y las autoridades gubernamentales.

Aunque se han dado pasos importantes durante los últimos años, este objetivo está lejos de alcanzarse por completo: existen evidencias de que los deportistas de élite siguen utilizando sustancias prohibidas.

Por poner un ejemplo reciente, la Asociación China de Natación ha seleccionado para los Juegos de París a 11 nadadores que dieron positivo en 2021 por trimetazidina, un medicamento cardíaco prohibido. A pesar de que las pruebas se llevaron a cabo los meses previos a los Juegos de Tokio 2020, los resultados se dieron a conocer este año, lo cual ha generando una gran controversia a nivel internacional.

De hecho, desde hace muchos años, la proporción de detecciones de dopaje en las disciplinas olímpicas se mantiene estable en aproximadamente el 2 % (2 de cada 100 pruebas resultan positivas). Y eso que el número de controles sigue aumentando año tras año en la mayoría de los deportes.

Los deportes más vigilados

Aunque los agentes anabólicos (sustancias que reducen la grasa corporal y aumentan el tamaño de los músculos y la fuerza) son las sustancias detectadas con mayor frecuencia, se puede decir que cada disciplina deportiva tiene su “especialidad”.

Simplificándolo mucho, el rendimiento físico suele depender de la combinación de cuatro componentes principales: habilidad, fuerza, resistencia y recuperación. En el mercado hay medicamentos con la capacidad de mejorar estas cuatro dimensiones, lo que determina el uso de sustancias prohibidas en cada modalidad deportiva:

En París 2024, las disciplinas individuales más vigiladas serán el ciclismo, la halterofilia, el boxeo, el triatlón, la lucha y el atletismo, ya que son las que arrojan una mayor proporción de casos positivos según las estadísticas de WADA. En el apartado de los deportes de equipo, el rugby, el baloncesto y el balonmano recibirán el mayor seguimiento.

Criterios estrictos

Y es aquí donde cabe destacar la importancia del Technical Document for Sport Specific Analysis (TDSSA), un documento técnico elaborado por la WADA que se revisa regularmente en consulta con las organizaciones antidopaje y los laboratorios acreditados.

El TDSSA determina el nivel mínimo de análisis para las sustancias y métodos prohibidos en cada disciplina basándose en una evaluación previa del riesgo fisiológico existente. Se clasifican en tres grupos:

Una ayuda de la IA

Con la vista puesta en el futuro, la inteligencia artificial (IA) puede convertirse en una herramienta que ayude a mejorar los sistemas de detección.

Concretamente, el profesor de informática empresarial Wolfgang Maaß, en colaboración con la WADA, ha desarrollado tres proyectos basados en IA con resultados prometedores.

En base a la gran cantidad de datos generados en los controles –tanto bioquímicos como de otra índole–, así como las actividades relacionadas y los comportamientos previos a dichas pruebas, se puede entrenar un modelo de IA para que analice los patrones asociados con el dopaje. Así es posible identificar cualquier signo de manipulación de un modo más rápido y fiable.

En la actualidad, la evaluación de incidencia del dopaje utilizando los resultados de las pruebas es un método objetivo y sólido. Sin embargo, adolece de las limitaciones de la pequeña ventana de detección, la capacidad analítica de los laboratorios acreditados por la WADA y la incapacidad de diferenciar la utilización legal de sustancias prohibidas con fines terapéuticos de su uso intencional para obtener una ventaja competitiva.

Pruebas retrospectivas

Inevitablemente, algunos deportistas se verán privados de subir al podio en París por culpa de tramposos que utilizarán sustancias prohibidas y no podrán ser detectadas en los controles de dopaje. Por esta razón, el Código Mundial Antidopaje permite analizar una muestra hasta diez años después de la recogida. El COI dio por primera vez luz verde al uso de las llamadas pruebas retrospectivas en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004.

Esta medida disuasoria obedece a que los controles no han logrado mantener el ritmo de la innovación en las trampas. Hay un período de retraso entre la detección de una nueva sustancia que mejora el rendimiento y el desarrollo de la prueba capaz de identificarla con precisión científica.

En definitiva, el dopaje es un problema que amenaza la credibilidad del deporte y de los próximos Juegos Olímpicos de París, pero se siguen poniendo todos los medios humanos y tecnológicos disponibles para impedirlo.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer el original aquí.

Un estudio de la Universidad de Extremadura (UEx) ha analizado los suplementos nutricionales que toman los deportistas y ha concluido que el 15 % de ellos están contaminados con sustancias dopantes.

Los investigadores han llevado a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva sobre las sustancias consideradas dopantes que, de forma intencionada o accidental, se pueden encontrar en los suplementos dietéticos consumidos por los deportistas, ha informado este martes la UEx en un comunicado.

Los autores alertan sobre el riesgo de comprar estos suplementos nutricionales en Internet y aconsejan su consumo siempre bajo recomendación y seguimiento profesional.

 Las sustancias dopantes halladas de manera más frecuente son los esteroides anabolizantes, los estimulantes del sistema nervioso central y los diuréticos, y en menor medida, las benzodiazepinas (ansiolíticos), los glucocorticoides, los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, los péptidos liberadores de la hormona del crecimiento y el cobalto como estimulante de la eritropoyesis (aumento de glóbulos rojos).

El estudio, realizado en el marco del Trabajo de Fin de Grado del fisioterapeuta Jesús Zapata y dirigido por el profesor de Farmacología de la Facultad de Medicina Guillermo Gervasini, ha dado lugar a un artículo científico publicado en la revista 'International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism'.

El trabajo ha analizado de cada sustancia su mecanismo de acción, indicación clínica, riesgo para la salud y posible uso como agente dopante. Además, la publicación ofrece una guía con el objetivo de orientar a los deportistas sobre el consumo de los suplementos.

“El objetivo principal del estudio es crear conciencia sobre lo que tomamos en suplementos alimenticios, ya sean proteínas, aminoácidos, vitaminas o complementos para adelgazar y quemar grasa”, ha explicado Zapata.

A su juicio, los deportistas, tanto aficionados como profesionales, recurren con frecuencia al consumo de suplementos nutricionales sin supervisión profesional y sin ser conscientes de los riesgos que esto puede implicar.

Según explica Zapata, la contaminación con sustancias dopantes es en general intencional, aunque puede producirse de manera casual si en una misma línea de fabricación, además de suplementos alimenticios, se fabrican otro tipo de productos, como por ejemplo preparados de hormonas, y no se sigue una buena limpieza e higiene de los productos.

Asimismo, los autores alertan de que el principal problema es la falta de aplicación de la normativa en las compras online, ya que existe una alta probabilidad de ausencia de control sanitario en el país de origen. “La cuestión es que sí hay legislación, pero no se aplica”, ha afirmado Gervasini.

Por ello, este trabajo ofrece una serie de recomendaciones a los deportistas; la primera de ellas es comprobar en la etiqueta el sello de la certificación por terceros de que el suplemento está libre de sustancias dopantes.

Además, los investigadores proponen un esquema con una guía de cuándo y por qué hay que tomar un producto nutricional. Se trata de un árbol de decisiones para dirigir al deportista que puede juzgar si le hace falta orientación profesional. “La regla es que el consumo de los suplementos nutricionales debería ir dirigido a paliar una deficiencia nutricional constatada por un facultativo”, ha concluido Gervasini.

La federación internacional de baloncesto (FIBA) ha impuesto al jugador estadounidense con pasaporte senegalés Pierria Henry una sanción antidopaje de cuatro años, el máximo posible, por empleo de “métodos prohibidos” para la superación de controles obligatorios cuando era jugador del Baskonia, la pasada temporada. No se dan más referencias sobre lo ocurrido, aunque 'El Correo' publicó que camufló la muestra con orina sintética para tapar los resultados. La ocultación es asimilada a un positivo en sustancias prohibidas en el grado más alto.

Según los datos conocidos este miércoles, se fija como finalización de la sanción principios de 2027, ya que se computa como ya cumplido el tiempo de suspensión cautelar de los últimos meses. El deportista tiene ahora 31 años y habrá cumplido los 34 en el momento de la finalización de la decisión disciplinaria de la FIBA.

Henry llegó a Vitoria iniciada la temporada 2022/2023 después de una etapa anterior en el club. Contribuyó en noviembre y diciembre de 2022 a uno de los mejores momentos de juego del equipo, entonces dirigido por Joan Peñarroya. Dejó de jugar repentinamente tras el choque de Euroliga contra el Bayern en Múnich, celebrado el 10 de enero, ya en 2023. El club indicó públicamente que estaba lesionado, que tenía problemas en el sóleo. No compareció en cuatro partidos más, disputados en Belgrado y Santiago de Compostela y en casa contra Joventut y FC Barcelona. Eso sí, en este partido sí asistió como invitado y estuvo junto a sus compañeros en un banquillo cercano, en aparente imagen de normalidad.

Cuando trascendió la sanción cautelar, el club manifestó que apartaba al jugador, aunque le procuró un homenaje en el Fernando Buesa Arena, que mayoritariamente se puso en pie para apoyar al jugador. Durante el año que ha transcurrido sin información oficial sobre el asunto también parte de la afición ha respaldado a Henry.

La Fiscalía Provincial de Madrid analizará si el exdirector de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), José Luis Terreros, cometió delito al no tramitar el positivo del velocista Patrick Chinedu, entre otras posibles irregularidades que le ha derivado la Fiscalía General del Estado. Esta misma fiscalía tiene reciente un dictamen en el que establecía que abrir expediente a deportistas dopados era “un imperativo legal”. En ese momento lo hizo para salvar a Terreros en otro caso, como hizo en al menos dos denuncias más, pero esa literatura se vuelve ahora en contra del máximo responsable Antidopaje entre 2013 y el pasado mes, cuando fue destituido por el Ejecutivo.

Desde al menos 2018, la CELAD sabía que tenía un problema con la empresa que realizaba los controles antidopaje, la alemana PWC, porque a menudo iba un solo agente. Sin embargo, en el decreto español estipulaba, de forma algo confusa, que debía haber dos. Los positivos que se obtenían así seguían vías dispares: unos progresaban, otros se quedaban en un cajón, otros deportistas recurrían… Los que eran sepultados nunca llegaban a la opinión pública protegidos por la ley de protección de datos.

Al menos dos deportistas amateurs que sí fueron sancionadas con un solo agente denunciaron a la cúpula de la CELAD en los juzgados. En uno, porque habían añadido que había un segundo agente y consideraban que eso era una falsificación de documento público y otra acusaba a Terreros de prevaricación por haberla sancionado con un solo agente.

En los dos casos –y en otro más relativo a una denuncia en fiscalía– el Ministerio Público apoyó a Terreros. El equipo de la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, concluyó que Terreros estaba obligado a abrir ese expediente. El pasado 23 de noviembre, en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, señaló: “Con independencia de si se habían cumplido los requisitos formales en la toma de muestras de orina [el director de la CELAD] venía obligado por imperativo legal a incoar el expediente sancionador al recibir comunicación del laboratorio sobre la presunta existencia de sustancias de dopaje”. Y añadía: “Todo ello, con independencia del número de agentes de control que hubiera en la toma de muestras”.

La Audiencia Provincial de Madrid acabó archivando el caso el pasado 11 de enero y dio la razón a la fiscalía. En la misma línea, señalaba que con un solo agente debía incoar el expediente: “En consecuencia, pese a la irregularidad o anomalía detectada, Jesús Muñoz Guerra Revilla [lefe de Antidopaje y número dos de Terreros] debía proponer la apertura del expediente dado que la toma de muestras no ajustada a la legalidad no fue determinante del resultado analítico y, por ende, no invalidaba el resultado”.

Eso, que fue un salvavidas para Terreros hace solo un mes, ahora es su lastre. Porque el pasado dos de enero el Ministerio de Educación trasladó a la Fiscalía General del Estado la denuncia interna de una trabajadora que, entre otras cosas, señalaba que el velocista internacional Patrick Chinedu dio positivo por nandrolona en 2019 pero nunca fue expedientado porque había un solo agente. El caso, destapado por eldiario.es, arrancó el escándalo de la CELAD que acabó costando el puesto a su director y la amenaza de la Agencia Mundial Antidopaje contra España. En el caso de Chinedu Terreros había hecho exactamente lo contrario de lo que decía la fiscalía que era “un imperativo legal”. En varias entrevistas y en privado, Terreros afirmó que en ese momento había un contencioso abierto de otro deportista que le impedía actuar. No era así, ese contencioso es posterior.

La Fiscalía General ha analizado toda la documentación y, después de un mes de estudio, ha remitido la documentación a la fiscalía de Madrid. No solo trata el caso de Chinedu, sino el asunto de los controles con un solo agente antidopaje por si hubiera un uso irregular de dinero público al aceptar como válidos controles realizados por un solo agente pero facturados como si hubiera habido dos o el caso de atletas que recibían autorizaciones retroactivas para poder tomar sustancias dopantes sin dar positivo (Relevo destapó que la plusmarquista Majida Maayouf dio positivo en Alemania pero la CELAD la cubrió con una autorización retroactiva). 

En principio, la fiscalía de Madrid ha apoyado siempre a Terreros y la CELAD. El segundo de la Agencia, por ejemplo, se sentará en el banquillo en contra del criterio de la fiscalía. Pero la ironía es que lo hacía en casos en los que Terreros había hecho lo opuesto a lo que le llega ahora. Si entonces tramitó casos con un solo agente, ahora es ver los que dejó en un limbo.

El Juzgado de Instrucción 3 de Cáceres ha dictado un auto de sobreseimiento provisional para el exmasajista del equipo ciclista Astana Vicente Belda García y otros dos investigados por presuntos delitos relacionados con el dopaje, pero mantiene la causa abierta al padre de éste, Vicente Belda Vicedo, y al médico Marcos Maynar, entre otros.

El juzgado cacereño adopta sobreseimiento provisional para Vicente Belda García, Luis Vicente Otin y Ángel Vázquez al considerar que no hay pruebas que indiquen que cometieron los presunto delitos de los que se les venía acusando. El Ministerio Fiscal ya había pedido el archivo para estos tres investigados, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Sin embargo, la causa sigue adelante para el médico Marcos Maynar´y el exciclista Vicente Belda Vicedo, así como para otras dos personas.

A lo largo de 2022, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil abrió una investigación por una presunta trama dedicada a la distribución de medicamentos prohibidos para el dopaje de deportistas.

Vicente Belda e hijo, según apuntaron entonces a EFE fuentes próximas a la investigación, estarían relacionados con el médico y profesor de la Universidad de Extremadura (UEx) Marcos Maynar, quien ya había sido detenido en mayo de ese mismo año por el presunto delito de tráfico ilegal de medicamentos, si bien quedó en libertad con cargos tras declarar en sede judicial. En dicha presunta trama aparecían otras cinco personas.

Según la investigación, los miembros de esta presunta trama tenían misiones concretas, entre ellas las de conseguir componentes químicos que después mezclaban para elaborar los medicamentos prohibidos, entre ellos uno utilizado para el dopaje, la Menotropina.

Según las fuentes, supuestamente era Maynar quien preparaba los entrenamientos de los deportistas incluyéndoles un complemento nutricional con medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte. Y para elaborar el “cóctel” siempre se tenía en cuenta las posibilidades de victoria del cliente en sus competiciones.

También fue investigado en su día en la operación, denominada Ilex, el ciclista colombiano Miguel Ángel “Supermán” López, corredor de Astana, aunque después el juzgado de Cáceres, que dirige la investigación, retiró su imputación.

“José Luis, debes dimitir por el bien del deporte español”. El pasado 5 de enero, después de que la Agencia Mundial Antidopaje lanzase un duro comunicado contra España, el jefe de Gabinete de José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), terminó de abrir la puerta de salida a José Luis Terreros. Pero este médico que desde 2017 está al frente de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), decidió resistirse.

En un primer momento estaba hundido, pero se rehizo y se lanzó contra el Gobierno, el que tenía en su mano despeñarlo. Al final, fue destituido el viernes. Concluían así casi siete años de gestión marcada por una errática tramitación interna: algunos expedientes de deportistas que no veían y la luz y otros seguían adelante. Esta es la historia de cómo una denuncia interna hizo saltar por los aires el sistema antidopaje español.

En 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy cambió a un guardia civil por un médico al frente de antidopaje. Terreros, funcionario, reconocido en el sector de la medicina deportiva desde los años 90, adoptó un enfoque optimista. “Nos estamos acercando a la victoria. El dopaje es un enemigo al que se puede vencer”, declaró, al tomar posesión.

Pero casi en ese momento comenzó a crearse un problema que acabó arrollándolo. A él y casi al conjunto del deporte español. El decreto que regulaba la toma de muestras para los deportistas, y que estuvo vigente hasta hace poco más de un año, establecía que debía haber dos agentes de control al tomar la muestra a los deportistas. Bueno, así se interpretaba siempre. Pero la redacción era confusa. Ese decreto, de 2009, fijaba que durante “la recogida de muestras a un deportista [...] sólo podrán estar presentes las siguientes personas” y allí enumeraba “al menos un segundo Agente de control del dopaje”. “Podrán” y “al menos” son términos aparentemente contradictorios, pero los responsables antidopaje anteriores señalan que siempre se interpretó que debía haber dos para que el control fuese válido. Para competiciones internacionales valía con un solo agente, pero en España debía haber dos.

En la práctica, según fuentes del sector, a muchos controles iba solo un agente (eso ahorraba costes a la empresa alemana PWC, que ganaba la inmensa mayoría de los contratos y que tenía una fluida relación con la CELAD). Y eso dejaba las infracciones en una situación extraña que Terreros fue resolviendo de forma errática.

El 17 de junio de 2017, por ejemplo, un solo agente tomó la muestra de una deportista amateur que dio positivo por un diurético. Tras varias idas y vueltas, con una sanción incluida, el expediente acabó archivado cuando alegó que habían alterado el formulario de control. Pese a que había un solo agente, y conscientes de que eso lo invalidaba, anotaron que había dos, según su defensa. Acabó todo en un juzgado de Madrid. La causa judicial afecta a una deportista no relevante, pero da indicios de que en Antidopaje sabían que lo de un solo agente era un problema.

Cuando la instructora escribió a Terreros para archivar el caso porque la deportista alegaba que había un solo agente, este le respondió: “Viendo las alegaciones, que indica ciertos defectos en el proceso de control que no habíamos considerado, y que parece ser existieron, por supuesto y si te parece oportuno, puedes archivar el caso por estimar esas alegaciones”. Ese correo es del 6 de marzo de 2019. [La Audiencia ha ordenado juzgar al número dos de Terreros para dilucidar si manipuló un documento público, como adelantó ABC].

Las fechas son importantes porque es anterior a otros positivos con resultados distintos. A finales de 2018, una halterófila dio positivo pero alegó que había un solo agente. Era un problema recurrente. Ella sí fue sancionada.

Unos meses después, en julio de 2019, el velocista Patrick Chinedu Ike dio positivo por nandrolona. Aunque ya había dejado atrás sus mejores años, había llegado a ser internacional. Pero durante años no recibió ningún expediente. En contra de lo que ocurrió las veces anteriores, Antidopaje estimaba que como solo había un agente de control, no iba a poder sancionarle y el caso quedó en un cajón. Se sumaba a cinco positivos por pasaporte biológico que tampoco habían sido tramitados por una sentencia que dio la razón al ciclista Ibai Salas. En ese caso, la propia abogacía del Estado recurrió para, en nombre del Tribunal Administrativo del Deporte, tumbar la sanción.

Muchas de estas cosas quizá no se hubieran sabido si una trabajadora de la CELAD no hubiese acudido al Ministerio de Educación con una denuncia interna al amparo de una ley que protege a los denunciantes de corrupción. Allí detallaba que el positivo de Chinedu nunca se tramitó. En la cúpula de la CELAD lo atribuyen todo a una serie de rencillas personales. A efectos prácticos es irrelevante. La guerra interna había estallado. 

El Ministerio de Educación, que en noviembre asumió las competencias de Deporte, se tomó la denuncia en serio y la acabó mandando a la fiscalía. La denuncia no solo hablaba de ese caso en el cajón, sino de que la CELAD había pagado controles con un solo agente a sabiendas de que no acabarían sirviendo para sancionar.

Al principio Terreros no se tomó demasiado en serio el escándalo. Cuando el pasado 26 de diciembre, elDiario.es reveló el positivo oculto de Chinedu, respondió al CSD con un escueto correo que no daba muchas explicaciones. Luego alegaría que estaba de vacaciones. Cuando dio entrevistas justificó que dejó en un limbo el positivo de Chinedu porque la CELAD tenía un contencioso con otro deportista que debía dilucidar si era legal sancionar con un agente o dos. No era así. Ese contencioso no se abrió hasta principios de 2020, cinco meses después del positivo de Chinedu. Y tuvo sentencia en diciembre de 2021, apuntando que debía haber dos agentes (como entendía mayoritariamente el sector). Desde las primeras señales internas de que existían problemas si en el control había un solo agente hasta la sentencia habían pasado cuatro años de expedientes.

El problema es que la denuncia interna ponía sobre la mesa dos prácticas aparentemente incompatibles: pagar con dinero público controles con un solo agente y, a la vez, enterrar positivos cuando los detectaban esos controles. Un sistema en el que aparentemente la CELAD se zancadilleaba a sí misma en la lucha contra el dopaje.

En su defensa, Terreros emitió un comunicado al margen del CSD. “Podemos afirmar que el pago de los controles por parte de los sucesivos Directores de la AEPSAD hasta 2021 en los que estuviera presente un solo Agente de control, no constituyeron ninguna irregularidad, ya que dichos controles cumplieron con las normas nacionales e internacionales vigentes en aquellos momentos”. 

Pero, a la vez, defendía no sancionar a Chinedu y a otra deportista cazada con un solo agente. “La suspensión se ha originado por una necesidad jurídica para no menoscabar derechos de deportistas”. En el diario AS, por ejemplo, incidió en esa idea: “Si le hubiésemos sancionado [a Chinedu], podríamos haber sido acusados de prevaricación por dictar una resolución a sabiendas de que podía ser injusta. [...] Si lo abrimos, igual se hubiese ido de rositas al haber una anomalía en la toma de muestras. El proceso se archiva para que pudiese ser sancionado después”.

Terreros estaba en una ratonera. Si defendía la legalidad de los controles realizados con un solo agente, se vería atrapado por haber enterrado algunos de esos mismos controles cuando daban positivo. La denuncia tenía ese punto en su contra. Si se defendía de un punto, se condenaba en el otro. Y viceversa. Pero intentó las dos cosas: justificar que los controles con un agente eran válidos y defender que no tramitase varios positivos obtenidos así.

La Audiencia Provincial de Madrid y la fiscalía han certificado que era un círculo imposible de cuadrar. En el caso de la halterófila que fue sancionada por un solo agente, han dado la razón a la Administración y archivado el caso contra la CELAD. Pero considera que “pese a la irregularidad o anomalía detectada” al no haber dos agentes, “debía proponer la apertura del expediente dado que la toma de muestras no ajustada a la legalidad no fue determinante del resultado analítico y, por ende, no invalidaba el resultado”. Es decir, que los controles con un solo agente son irregulares pero que, a la vez, tenían que abrir expediente si había un positivo. Todo lo contrario de la defensa en público de la CELAD. Todo lo contrario de lo que ocurría.

Las explicaciones no convencieron a sus superiores y el Ministerio de Educación y la AMA sentenciaron a Terreros. Pero el Gobierno no lo puede cesar directamente, sino que tiene que hacerlo el Consejo Rector de la CELAD que estaba pendiente de renovación. En público y en privado, Terreros apuntó alto, develó que Uribes ni había querido reunirse con él, alegó que la AMA le tenía en el punto de mira por haber fiscalizado a su presidente y promovido un grupo de resistencia con países americanos y señaló que destituir fulminantemente al director antidopaje es lo que haría Rusia. Retiró su anuncio de dimisión y esperó hasta el viernes, en la primera reunión de la CELAD.

Allí, los representantes del Gobierno eligieron a Silvia Calzón, médico como Terreros y que fue secretaria de Estado de Sanidad durante el covid. Solo se abstuvo el representante de las comunidades autónomas, designado por el Gobierno popular de Aragón, la comunidad de la que procede Terreros. Calzón debe recuperar el crédito internacional de un país con un pasado terrible. El país en el que la Operación Puerto acabó en un fiasco judicial, en el que el presidente Zapatero apoyó a Contador cuando dio positivo, que tuvo a su laboratorio antidopaje suspendido… y que, en año olímpico, se enzarzó en una rencilla interna que solo tenía una salida: empezar de nuevo.

La médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública Silvia Calzón será la nueva directora de la Agencia Estatal Antidopaje española (CELAD). La exsecretaria de Estado de Sanidad sustituirá a José Luis Terreros, destituido este viernes por el Gobierno tras la acumulación de irregularidades a la hora de perseguir el doping entre deportistas españoles que reveló elDiario.es.

El presidente del CSD y del Consejo Rector de la CELAD, José Manuel Rodríguez Uribes, ha puesto en valor la formación académica, trayectoria personal y capacidad de gestión de Calzón, que fue la número 2 de Sanidad Cazón entre agosto de 2020 y noviembre de 2023 y coordinó buena parte de la pandemia por la covid y toda la campaña de vacunación.

Terreros deja el cargo después de que Uribes pidiera su dimisión tras publicar este diario que estando él al frente la CELAD había hecho dormir el expediente del velocista Patrick Chinedu durante varios años tras haber dado positivo por el uso de anabolizantes, una información a la que sumaron otras gestiones irregulares de positivos. Llevaba en el cargo desde 2017.

Fin de trayecto para el director de la Agencia Estatal Antidopaje (CELAD) José Luis Terreros. El Gobierno tiene previsto destituir este viernes al responsable de la agencia después de la acumulación de irregularidades a la hora de perseguir el doping entre deportistas españoles que reveló elDiario.es.

El cese se hará efectivo en el Consejo Rector de la CELAD de este viernes, según fuentes del Ministerio de Educación, FP y Deportes. A la cabeza de este consejo está el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez-Uribes –que ya había pedido a Terreros que se fuera– y, además del director de la CELAD, lo constituyen mayoritariamente representantes de diferentes ministerios, más uno de las federaciones deportivas y otro de las comunidades autónomas.

Terreros estaba prácticamente sentenciado una vez Rodríguez-Uribes solicitó su dimisión. El CSD también había llevado ante la Fiscalía las irregularidades detectadas en el funcionamiento de la CELAD.

El proceso que ha terminado con esta última decisión comenzó al publicar elDiario.es que la CELAD había hecho dormir el expediente del velocista Patrick Chinedu durante varios años tras haber dado positivo por el uso de anabolizantes. Aunque el análisis fue realizado en 2019, solo una investigación interna del Ministerio obligó a Antidopaje a iniciar el procedimiento en noviembre de 2023. Mientras tanto, el deportista pudo seguir compitiendo.

También se supo que la agencia abría expedientes a deportistas por positivos en dopaje y los dejaba en suspenso el mismo día. José Luis Terreros fue puesto al frente de la lucha antidopaje en 2017 y ha sobrevivido a cinco secretarios de Estado con positivos en los cajones, sentencias en contra y controles mal realizados.

El todavía director de la Agencia Estatal Comisión Española Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), José Luis Terreros, ha justificado que no abrió expediente al velocista Patrick Chinedu Ike tras dar positivo por nandrolona en 2019. Sostiene que si lo hubiese expedientado podría haber sido acusado de prevaricación ya que el control se hizo con un solo agente y no dos, como era la práctica entonces. Sin embargo, un escrito de la Fiscalía provincial de Madrid en otro procedimiento y fechado el pasado 23 de noviembre apunta exactamente en la dirección contraria. “Con independencia de si se habían cumplido los requisitos formales en la toma de muestras de orina”, el director de la CELAD “venía obligado por imperativo legal a incoar el expediente sancionador al recibir comunicación del laboratorio sobre la presunta existencia de sustancias de dopaje”.

Este documento añade: “Todo ello, con independencia del número de agentes de control que hubiera en la toma de muestras”. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, es relevante porque el propio Consejo Superior de Deportes ha enviado la denuncia interna a la fiscalía y este es de los últimos precedentes. El problema para la cúpula de la CELAD será que hay actuaciones dispares en casos similares.

El pasado 26 de diciembre, elDiario.es revelaba que el velocista Patrick Chinedu Ike dio positivo por nandrolona en un control antidopaje realizado en el campeonato de Catalunya el 14 de julio de 2019. Pero durante más de cuatro años, Terreros no expedientó al deportista y siguió compitiendo con normalidad en España. Ese caso formaba parte de una denuncia que una trabajadora de la CELAD había elevado al Ministerio de Educación y concluyó dos semanas después de la publicación con un duro comunicado de la Agencia Mundial Antidopaje contra la gestión en España y con la propia ministra de Educación, Pilar Alegría, pidiendo a Terreros que deje el cargo.

Tras eso, Terreros se atrincheró en la CELAD y afirma que solo dimitirá tras explicarse. En una serie de entrevistas (entre las que no ha querido incluir a este periódico), ha justificado que estaba atado de manos y que no podía haber sancionado a Chinedu. Aunque el velocista llegó a ser internacional y subcampeón de España de 100 metros lisos, no fue aspirante a medallas fuera de nuestras fronteras. Su caso se ha convertido en el termómetro de la CELAD, porque la nandrolona es una sustancia muy conocida en el dopaje y un positivo no debería tener la complicación que han tenido en España, por ejemplo, los casos detectados con el uso del pasaporte biológico.

“Nos pareció lo más prudente no abrirlo mientras la Audiencia Nacional no resolviera el recurso de otro deportista que alegaba que su control era nulo porque solo lo había efectuado un agente de control cuando la ley exigía la presencia de dos. La Audiencia pronunció que debían ser dos y por esa razón mantuvimos sin abrir el de Chinedu y el de otra deportista, controles hechos con un solo agente”, señaló Terreros a El País.

En el diario ABC insistió en esa idea: “El proceso sobre si debía haber uno o dos agentes en los controles ya estaba en lo Contencioso y luego en la Audiencia Nacional. Y decidimos que los que se habían hecho con un agente no se abría el expediente a la espera de la resolución judicial”.

Pero las fechas del procedimiento que menciona Terreros no terminan de encajar. El caso del otro deportista que acabó en la Audiencia Nacional fue por una sanción de Antidopaje el 29 de agosto de 2019, mes y medio después del positivo de Chinedu. El Tribunal Administrativo del Deporte resolvió la reclamación de este segundo deportista el 29 de noviembre de 2019, cuatro meses y medio después del positivo de Chinedu. Solo después se pasó al pleito que menciona Terreros. Es decir, cuando se abrió el contencioso que cita Terreros como clave para ocultarlo, el positivo de Chinedu ya llevaba meses en un cajón. La sentencia que estableció que debe haber dos agentes y que menciona Terreros al hablar del caso Chinedu es del 20 de diciembre de 2021, dos años y medio después del positivo. Este diario intentó el martes, sin éxito, obtener la versión de Terreros.

El director de la Agencia, en el cargo desde 2017, ha añadido que haber abierto expediente a Chinedu podría rozar el delito. “Si le hubiésemos sancionado, podríamos haber sido acusados de prevaricación por dictar una resolución a sabiendas de que podía ser injusta. La ley nos ordena que, si hay un procedimiento administrativo afectado por un proceso judicial, hay que suspenderlo. Si lo abrimos, igual se hubiese ido de rositas al haber una anomalía en la toma de muestras. El proceso se archiva para que pudiese ser sancionado después”, declaró a As. Su argumento es que legalmente hay diez años para abrir un expediente.

Hay precedentes similares porque una deportista denunció al número dos de la CELAD en un juzgado de Madrid por abrirle expediente con un solo agente. La Fiscalía ha apoyado el archivo de la causa. Independientemente de cómo acabe ese procedimiento, el escrito del Ministerio Público que apoya las tesis de la CELAD en el juzgado contradice el argumento que ha usado públicamente Terreros para defenderse en el caso de Chinedu.

Según su escrito, abrir un expediente a un deportista que da positivo en un control antidopaje no es algo optativo. Antidopaje, explica el fiscal del caso, “venía obligado por imperativo legal a incoar el expediente sancionador, al recibir comunicación del laboratorio sobre la presunta existencia de sustancias dopantes tras analizarse la muestra de orina”. Y deja claro que no puede depender del número de agentes presentes: “Y todo ello, con independencia del número de agentes de control que hubiera en la toma de muestras”.

La Fiscalía insiste en que en ninguna ley está escrito “que un defecto de forma conlleve automáticamente el archivo del expediente administrativo por nulidad del mismo sin perjuicio de lo que resulte en la tramitación del mismo y en la posterior revisión que se pueda realizar en vía administrativa o en contencioso-administrativa”. También defendió la actuación de la CELAD en otro caso en el que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado juzgar por falsedad al número dos del organismo acusado de alterar un formulario de control, como adelantó ABC.

Esa defensa se basa en que la CELAD debía expedientar en controles realizados con un solo agente. Sin embargo, a la Fiscalía llega ahora, y remitido por los superiores de Terreros, al menos un caso con el supuesto contrario: un positivo con un solo agente y guardado en un cajón. La CELAD solo abrió expediente a Chinedu en noviembre tras la imposición del Ministerio de Educación. 

Advertencias de la Agencia Mundial

Las diversas irregularidades destapadas por elDiario.es y otros medios como Relevo en torno a la gestión de diversos positivos de deportistas han traspasado las fronteras españolas para llegar hasta los organismos internacionales antidopaje. La Agencia Mundial Antidopaje (WADA en sus siglas en inglés) ha llegado a emitir varias comunicaciones mostrando su preocupación por este asunto y alertando a España, incluso, sobre posibles sanciones.

Los avisos de los organismos internacionales responsables de la lucha contra el dopaje llegan en un momento especialmente delicado para el deporte español: a poco más de medio año de los próximos Juegos Olímpicos, que se celebrarán este verano en París.

A José Luis Terreros, todavía director de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), le faltaban solo unos meses para jubilarse. Nacido en 1956, este médico especializado en deporte y con cargos en Antidopaje desde 2009, iba a culminar tranquilamente una larga y relativamente silenciosa carrera. Pero le ha pasado como a esos policías de las películas que, cuanto más se acercan a la pensión, más tiros reciben.

En solo diez días ha pasado de ser el amo del cortijo del antidopaje español a que el Gobierno pida abiertamente que dimita y la Agencia Mundial amenace a España con sanciones. Según Marca, duda entre hacerlo ya o esperar el cese. Para su sorpresa, un cúmulo de irregularidades, disputas internas y presión internacional en año olímpico han hecho implosionar la lucha contra el dopaje. Pero, para comprender cómo hemos llegado a esa navidad 'horribilis' para el antidopaje, hay que retroceder casi siete años.

Terreros llegó a director de la Agencia en 2017 (entonces se llamaba AEPSAD). El Ejecutivo retiró a Enrique Gómez Bastida, un guardia civil que había dirigido la Operación Puerto, el mayor golpe al dopaje que, pese al despliegue, acabó judicialmente en nada. “Del dopaje hay poco que no conozca”, declaró Terreros en su toma de posesión. Ya se había ocupado de la materia y había sido apartado en 2013, pero se mantuvo como asesor. Su nombramiento dejó un regusto amargo en el equipo saliente, que recuerda el desbarajuste de tramitación de positivos que encontró al llegar.

Médico con experiencia, de trato amable, fue director del centro de medicina del deporte en Aragón y, en ese momento, iba a cambiar el enfoque de la lucha antidopaje. De un guardia civil se pasaba a un médico. No había mayor mensaje. 

En aquel momento, España ya había acumulado suficiente fama internacional de tolerancia con el dopaje. “En la Operación Puerto no fuimos capaces de sancionar a Valverde, que lo tuvo que hacer el comité olímpico italiano, Zapatero defendió a Contador y Rajoy a Marta Domínguez. España es muy tolerante con la corrupción y el dopaje es corrupción”, explica Juan Manuel Alonso, que fue presidente de la comisión médica de la Federación Internacional de Atletismo.

Terreros fue sobreviviendo a todos los ministros del ramo. El dopaje no interesaba. La CELAD se convirtió en su coto. Aparentemente, no había grandes escándalos. No hubo ninguno grande, pero sí muchos pequeños: anomalías, actuaciones extrañas que sus críticos, a veces excargos de Antidopaje, denunciaban como connivencia con deportistas. En España, en caso de duda, la moneda siempre caía del lado del deportista. Terreros culpaba a los jueces o al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), pero la realidad es que había muchas gateras para que se escapasen positivos por dopaje. Su red era tan grande que no caían peces.

El TAD, por ejemplo, anuló la sanción al ciclista Ibai Salas por pasaporte biológico y la propia abogacía del Estado se encargó de pleitear contra la Agencia Mundial Antidopaje en la Audiencia Nacional para dejarlo impune. La CELAD, que defendía que no hacía falta regulación específica para sancionar por pasaporte biológico, dejó a otros cinco deportistas compitiendo sin saber cómo gestionar esos positivos. Los expedientes que abría en 2019 los dejaba en suspenso ese mismo día.

Pero no era solo eso. Como reveló 'footballeaks', tras un partido con el Real Madrid, Sergio Ramos quiso ducharse antes de un control antidopaje y desobedeció al agente de control, pero nunca fue sancionado porque debía haber dos agentes y no uno. El despedido meses después fue el agente de control. Esa noticias aparentemente no le dañaban, no tenían mucho eco. Pero sí fueron creando un caldo de cultivo. 

El pasado otoño, y al amparo de la ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, aprobada este año, una persona de dentro de la CELAD acudió al ministerio con información.

Lo que allí se contaba era una bomba. No solo había cinco casos por pasaporte biológico en un limbo (algo que Terreros ya había contado), no solo estaba procesado su número dos (como reveló ABC) por, presuntamente, manipular un control de una deportista amateur. Había más. Un velocista nacionalizado, Patrick Chinedu Ike, por ejemplo, había dado positivo por nandrolona en 2019, pero nunca había sido expedientado. No es que se le abriese un expediente y se archivase por un defecto de forma, sino que la CELAD lo había mandado a un cajón. Chinedu siguió compitiendo como si nada.

En noviembre, después de que la competencia de Deporte pasase del Ministerio de Cultura al de Educación, con Pilar Alegría al frente, la persona denunciante amplió la información. El caso Chinedu tenía conexión con la realización durante años de controles antidopaje por un solo agente, pese a que la norma española vigente hasta 2022 establecía –aunque de forma algo confusa– que debía haber dos. La empresa alemana Professional Worldwide Controls - PWC (no es una de las 'big four', no) ganaba sistemáticamente los contratos de la CELAD pero se estaría ahorrando dinero en controles. Cuando luego había un positivo era fácil anularlo.

Educación puso al subsecretario del ministerio al frente de la investigación. Pilar Alegría acababa de recibir las competencias en Deporte y estaba descubriendo el caso. Solo entonces, la CELAD abrió expediente a Chinedu. Había competido más de cuatro años sin problema.

Las advertencias de los organismos internacionales

El pasado 26 de diciembre, elDiario.es revelaba el positivo en un cajón de Chinedu y que había seguido compitiendo. Dos días después, Relevo publicaba que PWC reaizaba controles con un agente en lugar de dos. 

La respuesta de Terreros y la CELAD fue quitar hierro al asunto, contestar que eran infracciones menores, deportistas de segunda fila y que no tenía sentido protegerlos. Sobre los controles con un agente, defendieron que la normativa española no obligaba realmente a hacerlos con dos (a pesar de que el mismo Terreros había aconsejado archivar expedientes cuando el sancionado alegaba esa circunstancia en su defensa). Un día después, el 29 de diciembre, y como destapó elDiario.es, Terreros formalizó el último contrato con PWC. Esa sería su obra póstuma.

Un día después, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) entraba en el caso. En un correo a este diario, su portavoz aseguraba, sobre el caso Chinedu, que “retrasos injustificados no serían tolerados”. Una advertencia de la AMA en año olímpico es algo serio. 

El dos de enero, Educación ya tenía concluido el informe iniciado con la denuncia interna. Con el visto bueno de la Abogacía del Estado, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, recién llegado al cargo, lo envió a la Fiscalía por si apreciaba delito. Era un punto de no retorno. La CELAD tiene su propio estatuto y al director no lo nombra ni lo cesa la ministra directamente sino que hay que convocar ese organismo. El 14 de diciembre había dimitido Víctor Francos como secretario de Estado para el Deporte, así que o Terreros hacía lo mismo o habría guerra. Era insostenible trabajar con alguien a quien has denunciado a la fiscalía.

En un primer momento, Terreros buscó batalla. Se defendió en prensa y alegó que la AMA estaba al corriente de todo, que había avalado su gestión de los casos, tanto de los cinco positivos por pasaporte biológico congelados como el de Chinedu. Según la CELAD, la AMA le había felicitado.

“España tiene que cambiar mucho”

Pero su estrategia saltó el viernes por los aires. Al filo del mediodía, la AMA lanzó un durísimo ataque en un comunicado en el que avisaba de consecuencias contra el deporte español si no había cambios. “La AMA puede confirmar que durante varios meses, dentro de su programa de cumplimiento, ha sabido de problemas relacionados con la CELAD, incluidos varios problemas relacionados con test y la gestión de sus resultados”. El presidente de la AMA, Witold Bańka, declara: “Estoy decepcionado con el nivel de cooperación que recibimos de la CELAD [...] El hecho de que haya positivos que no han sido gestionados en tiempo, a pesar del seguimiento de la AMA, es inaceptable”.

Según el organismo mundial, con capacidad para llegar a expulsar a Rusia de unos Juegos, habían sido estos los que habían impulsado que tres positivos por pasaporte biológico pasasen a las federaciones internacionales para ser sancionados ya que España no lo hacía.

Solo unas horas después, el ministerio se sumaba en otro duro comunicado en el que la ministra Alegría pedía la dimisión de Terreros y advertía de que si no se iba pedirían su relevo en el próximo consejo rector. En solo unos días, Terreros estaba solo. Después de siete años en un balneario, había pasado una navidad de pesadilla. Aunque Terreros seguía viendo conspiraciones exteriores, los que le señalaban no estaban en montañas lejanas. Ha sido una denuncia de dentro de la CELAD, la AMA y el Ministerio quienes lo han sentenciado. Su sustituto tiene poco tiempo para recomponer la relación con la AMA y recuperar crédito internacional.

“España tiene que cambiar mucho y hacer una reflexión de que si tenemos esa credibilidad tan mala es porque en los últimos 25 años no hemos hecho nuestro trabajo. Hay que cambiar mucho y si lo hace será por necesidad”, señala Alonso. Si en los últimos años los ministerios ignoraron el dopaje, ese tiempo se acabó.

El Gobierno ha solicitado la dimisión de José Luis Terreros, el director de la Agencia Estatal Antidopaje (CELAD), a raíz de las irregularidades en su gestión reveladas por, entre otros medios, elDiario.es. Según ha podido conocer este diario de fuentes del Ejecutivo y ha confirmado después el gabinete a través de un comunicado, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) José Manuel Rodríguez-Uribes ya ha pedido el cese a Terreros y, si no se va, se lo volverán a pedir formalmente tanto él como la ministra de Educación y Deportes, la también portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la próxima reunión del Consejo Rector de la CELAD.

En el texto, el Gobierno recuerda cómo el pasado martes el Consejo Superior de Deportes (CSD) trasladó a la Fiscalía General del Estado el resultado de una investigación desarrollada en el seno del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos y en el control y sanción del dopaje por parte de la CELAD. “Esta decisión, adoptada desde el máximo respeto a la presunción de inocencia, cuenta con el visto bueno de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y de la Abogacía del Estado y responde al compromiso de dotar a la lucha contra el dopaje de los máximos estándares de transparencia, eficacia, eficiencia y seguridad”, señala, el Ejecutivo.

Tras recordar que el CSD también ha remitido a la Fiscalía los informes remitidos por Terreros sobre su praxis, el Gobierno señala que “debe ser la Fiscalía la que aprecie si existen indicios racionales de la comisión de algún delito”.

No obstante, al considerar que no se puede “consentir la más mínima sospecha o duda en relación con la lucha contra el dopaje y con el sistema que debe garantizar el juego limpio, la integridad de las competiciones y preservar la salud de los deportistas”, en su nota se explica que el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, ha solicitado a Terreros “su dimisión”. “Si esta no se produjera, la ministra Pilar Alegría y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, propondrán en el marco del próximo Consejo Rector de la CELAD el cese del señor Terreros”, remarcan.

Además, propondrán una revisión del funcionamiento interno de la CELAD “en aras del máximo control y la máxima transparencia”. Con todo, Uribes reitera “el compromiso de España con que todos los deportistas compitan en igualdad de condiciones y con que la pureza del deporte prevalezca, lo que pasa por garantizar el estricto cumplimiento del Código Mundial y de la normativa antidopaje, con el fin de que siempre se vean implementadas las medidas más estrictas de control y se fomente una cultura deportiva que valore la ética y la integridad de todas las competiciones”. Con ese fin, España subraya su “total predisposición” a colaborar lealmente con la Agencia Mundial Antidopaje.

Precisamente la decisión del ministerio se produce apenas unas horas después de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) alertara en un duro comunicado de que adoptaría medidas que afectarían a todo el deporte español si el Gobierno no tomaba medidas urgentes ante las irregularidades detectadas.

“La AMA puede confirmar que durante varios meses, dentro de su programa de cumplimiento, ha sabido de problemas relacionados con la CELAD, incluidos varios problemas relacionados con test y la gestión de sus resultados”, explicaba la agencia.

elDiario.es destapó que la organización española ocultaba desde 2019, por ejemplo, el positivo por nandrolona del velocista Patrick Chinedu Ike, que ni había sido expedientado. La CELAD solo abrió el caso en noviembre, después de una investigación del Ministerio de Educación tras recibir una denuncia interna.

Este mismo viernes, el presidente de la AMA, Witold Bańka, declaraba: “Estoy decepcionado con el nivel de cooperación que recibimos de la CELAD [...] El hecho de que haya positivos que no han sido gestionados en tiempo, a pesar del seguimiento de la AMA, es inaceptable”. Hasta el jueves, la CELAD sostenía que la AMA conocía y apoyaba toda su gestión.

El citado organismo afirmó que envió los positivos por pasaporte biológico y que estos no los podía sancionar por una sentencia de la Audiencia Nacional que, con apoyo de la Abogacía del Estado, suspendió la sanción al ciclista Ibai Salas. Sin embargo, el presidente de la AMA corregía este viernes a la agencia española: “Si todos estos asuntos no son afrontados de forma rápida y efectiva, entonces habrá significativas consecuencias para el deporte español”.

Como adelantó elDiario.es, el propio Consejo Superior de Deportes (CSD), ha enviado a la Fiscalía su investigación interna por si apreciase delito en las irregularidades de la Agencia que dirige desde 2017 José Luis Terreros. Este sigue en su cargo. El nuevo Ministerio de Educación, que asumió Deportes tras la remodelación del Gobierno, se ha encontrado con el caso estallado nada más tomar posesión. Espera convocar próximamente un consejo rector de la CELAD.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) eleva el tono contra la Comisión Española de Lucha contra el Dopaje (CELAD). Si hace una semana avisaba de que pedía cambios urgentes y de que no iba a tolerar retrasos, en un duro comunicado ha señalado este viernes que puede haber consecuencias para todo el deporte español si el Gobierno no toma medidas urgentes. Revela, además, que ha retirado de España tres positivos por pasaporte biológico para que sean las federaciones internacionales las que los sancionen.

“La AMA puede confirmar que durante varios meses, dentro de su programa de cumplimiento, ha sabido de problemas relacionados con la CELAD, incluidos varios problemas relacionados con test y la gestión de sus resultados”, explica la agencia. elDiario.es destapó que la organización española ocultaba desde 2019, por ejemplo, el positivo por nandrolona del velocista Patrick Chinedu Ike, que ni había sido expedientado. La CELAD solo abrió el caso en noviembre, después de una investigación del Ministerio de Educación tras recibir una denuncia interna.

“La AMA aún tiene preguntas para la CELAD y el sistema antidopaje en España, en especial cómo se está implementando la legislación antidopaje de 2021”, señala, pero añade que un decreto posterior, de 2023, no le convence y se reserva pedir cambios. El presidente de la AMA, Witold Bańka, declara: “Estoy decepcionado con el nivel de cooperación que recibimos de la CELAD [...] El hecho de que haya positivos que no han sido gestionados en tiempo, a pesar del seguimiento de la AMA, es inaceptable”.

Hasta el jueves, la CELAD sostenía que la AMA conocía y apoyaba toda su gestión y que los positivos por pasaporte biológico que no había sancionado, que en algunos casos fueron abiertos en 2019 y dejados en suspenso el mismo día. Afirma que envió los positivos por pasaporte biológico y que estos no los podía sancionar por una sentencia de la Audiencia Nacional que, con apoyo de la Abogacía del Estado, suspendió la sanción al ciclista Ibai Salas.

Sin embargo, el presidente de la AMA corrige a la agencia española y avisa: “Si todos estos asuntos no son afrontados de forma rápida y efectiva, entonces habrá significativas consecuencias para el deporte español”.

Como adelantó elDiario.es, el propio Consejo Superior de Deportes (CSD), ha enviado a la Fiscalía su investigación interna por si apreciase delito en las irregularidades de la Agencia que dirige desde 2017 José Luis Terreros. Este sigue en su cargo. El nuevo Ministerio de Educación, que asumió Deportes tras la remodelación del Gobierno, se ha encontrado con el caso estallado nada más tomar posesión. Espera convocar próximamente un consejo rector de la CELAD.