El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al preso de ETA Jon Bienzobas, condenado entre otros atentados por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996. Las asociaciones de víctimas Covite y AVT han confirmado la concesión del tercer grado a Bienzobas, a quien le queda menos de un año para liquidar sus penas, que suman cientos de años de prisión.

Según ha indicado Covite en un comunicado, el Departamento de Justicia ha concedido a Bienzobas el tercer grado en virtud del artículo 83 del reglamento penitenciario, en atención a su buena conducta en la cárcel, a que dispone de una oferta de trabajo y a que ha escrito una carta en la que expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz, según recoge Efe.

Jon Bienzobas Arretxe, 'Karaka', (Bilbao, 1969), quien cumple sus condenas en la prisión alavesa de Zaballa, acumula penas que suman los 266 años de prisión por varios atentados. Entre las penas impuestas figura una condena de 30 años de cárcel por el asesinato a tiros del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, cometido el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid.

También fue condenado a otros 30 años de prisión por el asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso, cometido el 10 de junio de 1990 en Getxo (Bizkaia), donde la víctima recibió varios disparos mientras desayunaba en una cafetería. Bienzobas fue arrestado el 30 de noviembre de 1999 en Pau (Francia), país en el que fue condenado a 18 años de cárcel por el robo de dinamita cometido en Plévin.

Covite ha tachado de “fraudulenta” la concesión de este tercer grado, ya que “lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas que nadie tiene que dar por buenas, y menos aún las víctimas”. “Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad”, ha denunciado la presidenta de Covite.

Ha recordado que una sentencia de la Audiencia Nacional de 2023 relativa a Xabier Atristain estableció que estas cartas no tienen validez si no van acompañadas de “signos inequívocos de desvinculación” del terrorismo. Además Covite ha denunciado que el 90 % de los terceros grados concedidos a etarras se están ejecutando en la modalidad del artículo 86, “un régimen más parecido a la semilibertad”, ya que permite permanecer en el exterior de la prisión con una pulsera telemática.

“El Gobierno Vasco nos notifica una cosa, pero luego no nos informa de que en la mayoría de los casos esos terceros grados pasan a ejecutarse a través del artículo 86. Estamos ante un engaño intolerable. Hemos exigido al Gobierno Vasco que nos notifiquen el momento en que se produzca el cambio de modalidad del artículo 83 al artículo 86”, ha denunciado Ordóñez. La presidenta de Covite ha señalado también a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en muchos caos está otorgando validez a los terceros grados concedidos por el Gobierno Vasco en lugar de recurrirlos.

Esta martes, la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre 'Anboto', como antes Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', ha visto flexibilizado su régimen penitenciario, lo que le permite hacer salidas regulares de su centro de referencia, el de Martutene en Donostia. Lo ha logrado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. La decisión ha soliviantado a las asociaciones de víctimas, que recuerdan que la suma global de todas las penas por terrorismo que pesan sobre 'Anboto' se acerca a los 800 años, y copado titulares y debates políticos.

¿Quién tiene la competencia de Prisiones?

Desde el 1 de octubre, las cárceles de Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Donostia -a punto de ser cerrada por la inminente inauguración de la de Zubieta- están bajo gestión del Gobierno vasco. Aplican y desarrollan, eso sí, una normativa penitenciaria común marcada por el Estado. La consejera actual es de la parte del PSE-EE del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales. Se llama María Jesús San José y lleva en el cargo desde el verano de 2024.

¿Cuántos presos hay en Euskadi? ¿Y de ETA?

La población reclusa en Euskadi, actualmente, es de 1.791 personas. Son personas privadas de libertad, en cualquiera de las modalidades, tanto internas como en otros regímenes más abiertos. De ellos, “alrededor del 6,5%” son presos de ETA, es decir, unos 116-117, según datos oficiales de Prisiones. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 todos los condenados de la banda terrorista disuelta ese mismo año e inactiva desde 2011 han sido trasladados a estas cárceles y a la de Pamplona, gestionada por el Ministerio del Interior. Etxerat, la asociación de familiares, rebaja la cifra a 100, pero en sus listados excluye a los arrepentidos que han sido expulsados de la ortodoxia del denominado EPPK. Solamente consta como preso fuera de este perímetro el dirigente Mikel Karrera 'Ata', interno en el presidio francés de Lannemezan.

¿Cómo han sido los traslados?

Un reciente informe de la consejera San José entregado al Parlamento Vasco ha expuesto que han sido 120 los traslados de miembros de ETA desde 2021, es decir, desde que el Gobierno autonómico tiene la competencia. Fueron 21 ese primer año, 77 en 2022, 18 en 2023, dos en 2024 y otros dos en 2025. Antes, el alejamiento y la dispersión se empleaban como una política más de lucha antiterrorista. Es más, se premiaba a los arrepentidos con su traslado, particularmente al antiguo penal alavés que dio nombre a la 'vía Nanclares' de presos que aceptaron participar en procesos de reinserción e incluso de encuentros restaurativos con víctimas. La película 'Maixabel' mostró uno de estos casos.

¿En qué grado están los presos de ETA?

Desde 2021, las Prisiones vascas han emitido 2.183 clasificaciones de presos en segundo grado. De ellas, cuatro han recaído en condenados por terrorismo, el 0,18%. Es un dato poco relevante porque la mayoría ya llegó clasificado así. Lo es más el de clasificaciones en tercer grado, el estadio más atenuado de una condena. Se han dictado 2.002 resoluciones de progresión desde 2021 y 119, el 5,94%, han afectado a presos de ETA, por debajo de su peso general en la población reclusa. Esas 119 corresponden, además, a 97 personas diferentes, dado que alguno de ellos ha podido recibir varias después de que se rechazaran inicialmente por recursos.

¿Qué es el artículo 100.2?

El 100.2, el artículo del que se han beneficiado 'Anboto' o 'Txeroki' en las últimas fechas pero antes también condenados por corrupción como el dirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, no es una progresión de grado ni, técnicamente, un estatus de semilibertad. Es un segundo grado flexible, con salidas regulares autorizadas entre semana para actividades laborales o de otro tipo, como el voluntariado. La pernocta es entre rejas. La propuesta parte de los funcionarios, de la conocida como Junta de Tratamiento, y es automática su aplicación, aunque puede ser revocable 'a posteriori' por una resolución judicial si hay recursos. Las Prisiones vascas han concedido 142 mejoras del 100.2 en casi cinco años, y el 33,8% han recaído en reclusos de ETA, 48. Fuentes penitenciarias conceden que “se podía usar mucho más porque es una opción muy positiva para la reinserción” y que la población reclusa por terrorismo está sobrerrepresentada. El 100.2 es un artículo del reglamento penitenciario español de 1996.

¿Y el tercer grado y la libertad condicional?

El tercer grado es la semilibertad propiamente dicha. De nuevo, la plantea la Junta de Tratamiento. Y, de nuevo, es revocable por los juzgados de vigilancia penitenciaria si hay recurso. El matiz es que el recurso de la Fiscalía es suspensivo hasta que se resuelva el fondo del asunto. En el caso de los presos de ETA, al ser delitos de terrorismo, la competencia de vigilancia penitenciaria es de la Audiencia Nacional. Recientemente, en febrero, la Fiscalía paró una progresión de Asier Arzalluz y planteó que lo oportuno para él sería empezar con un 100.2, como otros excompañeros suyos en la organización armada. El estadio más avanzado de la condena es la libertad condicional. 301 presos vascos lo han logrado desde 2021, 39 de ellos de ETA. Representan el 12,95%, aunque con el matiz de que el régimen es muy diferente para hechos posteriores a 2015 y, por lo tanto, las fuentes consultadas indican que podría sobrerrepresentar estadísticamente a criminales de épocas anteriores, como sería el caso de ETA.

¿Los presos de ETA tienen un tratamiento diferenciado?

Sí. Los condenados por terrorismo tienen un régimen agravado que impone más exigencias a la hora de acceder a progresiones, flexibilizaciones o beneficios. Mucho de lo que tienen que hacer guarda relación con el 'arrepentimiento', es decir, con mostrar alejamiento con los hechos que los llevaron a la cárcel. Normalmente, se hacen con cartas. Las asociaciones de víctimas han criticado que esas redacciones son estandarizadas y no personalizadas. El Gobierno vasco tiene activada ahora mismo la denominada 'vía Nanclares II' que propicia encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios. La información oficial es muy escasa aunque periódicos como 'El Mundo' y 'El Diario Vasco' han referido en fechas recientes reuniones en un 'baserri'. Las fuentes consultadas exponen que en estos procesos “ha habido unas conversiones muy importantes” de algunas exterroristas, cuyos nombres no se facilitan, y que “es un proyecto sincero y honesto y, a la vez, muy sanador para las víctimas”.

La asociación de víctimas Covite ha censurado la concesión del régimen de semilibertad previsto en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario a la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'. Considera que es una decisión “especialmente grave” tanto por la “trayectoria criminal” de la penada como por el “escaso tiempo” que lleva cumpliendo condena en España.

“Estamos hablando de una de las dirigentes históricas de ETA, condenada a 793 años y 8 meses de prisión, vinculada a 14 asesinatos y con responsabilidades de primer nivel dentro de la organización terrorista. Resulta escandaloso que se le conceda ya un régimen de semilibertad cuando ha cumplido muy poco tiempo de prisión en España”, ha denunciado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, informa Europa Press.

A juicio del colectivo, “este caso ilustra con especial claridad cómo el artículo 100.2, que fue ideado como una fórmula extraordinaria de flexibilización del cumplimiento de la pena, con los presos de ETA está siendo utilizado de forma generalizada y desvirtuando por completo su finalidad y significado”. En este sentido, Covite ha considerado que “no es casual” que esta medida se haya aplicado a Iparraguirre porque 'Anboto' “no fue una etarra de base ni una presa irrelevante dentro del entramado de ETA, sino una figura central de la organización y una persona estrechamente identificada con su dirección política”.

“Está claro que estamos ante una etarra VIP para la izquierda abertzale, y precisamente por eso se está forzando una vía excepcional para facilitar su salida de prisión antes de que haya cumplido las partes de su condena, requisito ineludible para acceder al tercer grado”, ha subrayado. Ordóñez ha advertido de que “esta es precisamente la trampa del 100.2: utilizar una vía extraordinaria como atajo para conceder un régimen de semilibertad a quienes no pueden acceder todavía al tercer grado”. “Se cumple la ley en apariencia, pero se desnaturaliza por completo su finalidad”, ha añadido.

En este sentido, Covite ha remarcado que la concesión del artículo 100.2 a 'Anboto' “todavía más inaceptable” porque “no consta ninguna ruptura pública, visible e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo y legitimó el terrorismo de ETA durante décadas” y, al contrario, “su trayectoria y su significado dentro de ese mundo hacen aún más exigible esa desvinculación, y sin embargo no existe ninguna evidencia objetiva de que se haya producido”. “No se nos puede pedir a las víctimas que hagamos un acto de fe en un supuesto arrepentimiento que no se acredita con hechos. En delitos de terrorismo, la reinserción no puede medirse con los mismos parámetros que en la delincuencia común. Aquí hablamos de crímenes cometidos para imponer un proyecto político mediante la violencia. Por eso la reinserción exige algo más que trámites burocráticos: exige una ruptura real con quienes justificaron y todavía hoy justifican el terrorismo”, ha recalcado Ordóñez.

Para el colectivo, la reiteración de decisiones de este tipo “confirma que el Gobierno vasco está consolidando una política penitenciaria orientada a acelerar la salida de prisión de los presos de ETA sin exigirles una verdadera asunción del daño causado ni una auténtica desvinculación de la izquierda abertzale”. La gestión de Prisiones es una competencia vasca desde 2021. Actualmente, las dirige la consejera socialista María Jesús San José.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha rechazado la exhibición de carteles e imágenes de apoyo a presos de ETA durante la celebración de la Korrika, que este domingo ha recorrido la comunidad foral. Según ha denunciado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite),  a su paso por el barrio pamplonés de la Txantrea, el testigo de la Korrika lo ha recogido “un niño con una camiseta con la foto del asesino de Tomás Caballero, Patxi Ruiz”.

A través de su perfil en la red social X, Chivite ha destacado que el Gobierno de Navarra “siempre ha considerado la Korrika como iniciativa cultural y social en favor del euskera, lengua propia y patrimonio cultural de nuestra tierra, que debe ser promovida desde el respeto y al margen de cualquier instrumentalización política”.

En este sentido, ha remarcado que el Ejecutivo foral rechaza “cualquier exhibición, durante el desarrollo de la Korrika, de imágenes, fotografías o símbolos vinculados a personas condenadas por delitos de terrorismo, como las que desgraciadamente se han producido de nuevo en esta edición”.

“Este hecho supone un homenaje público hacia personas que han causado mucho dolor en nuestra tierra y revictimizan de nuevo a las víctimas del terrorismo y sus familiares”, ha censurado.

Por todo ello, ha instado a las entidades organizadoras de la Korrika a que “adopten las medidas necesarias para desterrar la presencia de imágenes y fotografías de terroristas”.

Miles de personas se han sumado a la 24.ª edición de la Korrika, la carrera en favor del euskera, que este domingo ha recorrido diferentes localidades de la Comarca de Pamplona. A su llegada a la capital navarra, en la plaza Consistorial, cientos de personas se congregaban a la espera del paso de la carrera, que coincidía con el kilómetro adquirido por el Consistorio. Se han podido ver varias ikurriñas, banderas de Navarra y Palestina, y se ha coreado durante estos momentos de espera 'Hemen gaude euskararen alde' (Estamos aquí por el euskera).

Allí esperaba también el alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, acompañado de varios concejales de EH Bildu así como el edil de Contigo-Zurekin, Txema Mauleón. Sobre las 15 horas han llegado a la plaza, desde la calle San Saturnino, las furgonetas que abrían la marcha. Le seguían cientos de personas, precedidas por la pancarta de la Korrika, entre los aplausos de los asistentes. En ese momento, Asiron ha cogido el testigo y ha continuado con la carrera, a la que se ha sumado miles de personas, todas ellas coreando 'Tipi-tapa, korrika', según recoge Europa Press.

La carrera ha pasado este domingo por diferentes localidades de la Comarca de Pamplona como Noáin, Barañáin, Berriozar, Villava, Ansoáin, Burlada, Huarte, Sarriguren o Mutilva. A lo largo del día ha entrado y salido de Pamplona, recorriendo sus barrios. Así, sobre las 5 de la madrugada ha llegado a Etxabakoitz y ha abandonado la ciudad por Landaben, para regresar a media mañana por el barrio de la Txantrea. Sobre las 13 horas ha vuelto a entrar en la capital por Erripagaña y abandona definitivamente Pamplona esta tarde por Landaben para continuar su recorrido por otras localidades navarras.

Covite rechaza los mensajes de apoyo a ETA

Algunas personas han portado también carteles y banderas con mensajes de apoyo a los presos de ETA, igual que está ocurriendo en otros puntos del recorrido por Navarra. Estos mensajes han sido rechazados por por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que ha censurado que se “instrumentalice” la Korrika “para mostrar públicamente su apoyo incondicional a los asesinos de ETA”.

Según ha lamentado en una publicación en la red social X, a su paso por el barrio pamplonés de la Txantrea, el testigo de la Korrika lo ha recogido “un niño con una camiseta con la foto del asesino de Tomás Caballero, Patxi Ruiz”, mientras que a su lado otra personas exhibía la imagen de “Alberto Viedma Morillas, asesino de Tomás Caballero y Francisco Casanova”.

Este hecho ha sido criticado, también, por la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, quien, en esta misma red social, ha lamentado los carteles con imágenes de los asesinos de Tomás Caballero protagonizando “la cabecera de la Korrika”. “Pero Asiron la apoya, participa y dice no se puede responsabilizar de esto a la organización, porque son reivindicaciones particulares, igual que animar a un equipo de fútbol”, ha reprochado.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha escrito una carta este jueves al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al término de cuyo mandato se produjo el cese del terrorismo de ETA. El socialista, que fue jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011, elogió en el Senado a la actual izquierda abertzale, representada por Sortu y por la coalición EH Bildu, y destacó la “convivencia” que se ha instalado en la sociedad vasca. Para la hermana del asesinado Gregorio Ordóñez, sin embargo, sus palabras fueron “hirientes”. Cree que las víctimas soportan “el coste de una paz construida sobre altas dosis de impunidad”.

Ordóñez, que recalca que su entidad aglutina a 500 víctimas del terrorismo y que es la “mayoritaria” en Euskadi, lamenta que Rodríguez Zapatero usara en la Cámara Alta palabras como “perdón”, “olvido” o “reconciliación” y reivindicara la “contribución” de la izquierda abertzale al actual escenario de paz. “Quienes hemos sufrido directamente el terror de ETA no podemos aceptar ese apoyo moral en el que usted insiste una y otra vez”, escribe la presidente de Covite.

Y añade: “[EH] Bildu será una formación legal, pero la legalidad no equivale automáticamente a legitimidad democrática”. Según Ordóñez, la “calidad democrática” de la formación que aglutina a Sortu, EA (escisión socialdemócrata del PNV), Alternatiba (surgida de IU) e independientes es “como mínimo profundamente cuestionable mientras no condene y deslegitime de manera inequívoca la trayectoria criminal de ETA” y “mientras no asuma la injusticia radical del terror ejercido”. Lamenta, por ejemplo, que considere “presos políticos” a los condenados por delitos de terrorismo. Desde Covite remarcan también que EH Bildu sigue liderada por Arnaldo Otegi, que encarna una “simbiosis” con el pasado de ETA.

Concede Ordóñez que, sin asesinatos, no ha habido tiempo “mejor” en Euskadi. Pero el “legado” de los victimarios “sigue muy presente en el espacio público”, critica. “La libertad sigue condicionada en demasiados ámbitos por los mismos sectores que durante años jalearon, justificaron o encubrieron a los terroristas. Las calles siguen siendo, con demasiada frecuencia, un lugar de legitimación del terrorismo [y de] homenajes a terroristas como si fueran héroes”, le expone a Rodríguez Zapatero.

La hermana de quien fuera parlamentario vasco y portavoz 'popular' en Donostia sostiene que Rodríguez Zapatero propició un final negociado y de “blanqueamiento” para ETA y su brazo político, “sin vencedores ni vencidos”, sin “la foto de la derrota” de la banda. “Los ideólogos y responsables políticos de aquella maquinaria de terror hacen política con alfombra roja y reciben sus elogios, como si ETA no hubiera existido jamás”, opina. Y añade que “lo mínimo que cabría esperar de un expresidente del Gobierno es un actitud de prudencia, respeto y reconocimiento hacia las víctimas de ETA”.

Una vez más, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a usar a ETA y las víctimas para hacer una crítica política. Esta vez fue hace escasos días con motivo del acto de homenaje a Gregorio Ordoñez por el aniversario de su asesinato a manos de ETA. En aquel atril dijo: “Si nace un nuevo Gregorio Ordoñez en el País Vasco que pueda ganar ampliamente en las urnas, ¿volvería a tener que vivir escoltado?”. Apenas dos meses antes la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que ETA está “preparando su asalto al País Vasco y Navarra”.

Hay ocasiones en las que hay que saber estar a la altura del cargo, pero por alguna razón los hay que se esmeran en comportarse de manera indigna.

La utilización espuria de la memoria de las víctimas del terrorismo de ETA es un habitual en determinadas personas que ostentan algún cargo de representación política. Esto resulta contraproducente para las nuevas generaciones que no han conocido, afortunadamente, el horror del terrorismo.

La propia Comunidad de Madrid comenzó en octubre con unos talleres ('Pasado y presente del terrorismo de ETA: el testimonio de los jóvenes') con charlas de 50 minutos a lo largo del primer trimestre, extensibles al 2026. Esta iniciativa provocó una oleada de críticas que denunciaron la falta de rigor histórico, un marcado sesgo ideológico y la exclusión de las asociaciones mayoritarias de víctimas.

Según el historiador Casquete y el periodista Luis R. Aizpeolea, el taller incurre en errores de bulto. Por ejemplo, mientras en la charla se afirmó que el 80% de los asesinatos de ETA ocurrieron en democracia, los datos del 'Informe Foronda' sitúan esa cifra en casi el 95%. A esto se suma la imprecisión en las cifras de fallecidos ya que los ponentes hablaban de “unos cientos”, por no hablar también de que el carácter “racista” que el taller atribuye a ETA es otro error historiográfico de las personas que han diseñado este taller.

¿Por qué se contó para esto con una asociación inexperta como Ego Non en estas cuestiones? Las víctimas que acuden a dar estas charlas deben tener un trabajo previo, en muchos casos con acompañamiento psicológico. Resulta curioso que no se haya querido contar con asociaciones de víctimas como FVT, AVT o COVITE, con una larga experiencia en el trabajo con las víctimas. Sorprende, más aún, que no se hayan querido contar con entidades que sin representan a víctimas del terrorismo tienen una dilatada experiencia de años de trabajar con víctimas de violencia armada.

Es importante que se multipliquen en las aulas iniciativas pedagógicas sobre estos temas de nuestro pasado. Por eso, lo ideal para las nuevas generaciones es que los participantes pasen por una preparación previa con expertos y deban ser muy rigurosos con el tratamiento de la información histórica.

¿Hablamos de pedagogía o de cuestión política? Decía acertadamente, sobre estos talleres, la diputada socialista Rafaela Romero que hablar de ETA en presente contribuye a la “revictimización”.

En esta cuestión juegan un papel fundamental las víctimas educadoras. La educación juega un papel fundamental en la construcción de una sociedad más tolerante y pacífica, y uno de los métodos más poderosos para lograrlo es a través de los testimonios de las víctimas del terrorismo. Incorporar los testimonios de las víctimas del terrorismo dentro de los programas educativos tiene un gran valor pedagógico, ya que permite tratar temas complejos como la violencia, la intolerancia, el odio y la venganza desde una perspectiva humanista y constructiva. 

Si hablamos de pedagogía, entonces debemos hablar de todas las víctimas del terrorismo y eso debe incluir necesariamente de las víctimas de los GAL, el BVE, la Triple A, Grupos Armados Españoles, Guerrilleros de Cristo Rey o ultraderecha. No hacerlo convierte a los talleres en un proyecto limitado desde el inicio. No incluir a las víctimas de la violencia por motivaciones políticas implica que los talleres surgen con un hándicap importante.

En Madrid, por ejemplo, podrían trabajar con los testimonios de los testigos en el atentado ultraderechista que costó la vida a los cinco abogados laboralistas en enero de 1977 o el asesinato de Arturo Ruiz García el día antes cerca de la Gran Vía madrileña. También podrían trabajar con los familiares de José Luis Alcanzó, apaleado hasta la muerte en septiembre de 1979 por jóvenes de extrema derecha (relacionados con Fuerza Nueva) en el parque del Retiro y que reconocido oficialmente como víctima del terrorismo en 2001. Hay más testimonios: las personas que conocieron a Yolanda González Martín, asesinada en febrero de 1980; o los que conocían a Juan Carlos García Pérez asesinado en Ciudad Lineal en mayo de ese año.

Más allá de las siglas o la ideología que intente justificar la violencia, el foco de cualquier iniciativa educativa debe ser la defensa innegociable de los derechos humanos. Trabajar la vulneración de estos derechos sin distinciones, provenga del terrorismo de ETA o de cualquier otra forma de violencia política. En Euskadi se hace. 

Si el objetivo es construir una sociedad democrática, no se pueden establecer jerarquías entre las víctimas. Reconocer el sufrimiento causado por grupos como el GAL, el BVE o la extrema derecha, junto al de las víctimas de ETA, no resta importancia a ninguna tragedia. La realidad es que refuerza el mensaje de que ninguna causa política está por encima de la dignidad humana y la vida. Solo a través de una mirada inclusiva y rigurosa se puede desactivar el discurso del odio y evitar que las nuevas generaciones hereden los sesgos del pasado.

Solo cuando seamos capaces de honrar a todas las víctimas y rechazar toda violencia con la misma firmeza, estaremos preparando a los jóvenes para un futuro donde la convivencia y el respeto a los derechos humanos sean los únicos protagonistas.

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), ha criticado duramente unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. Ordóñez, hermana de Gregorio Ordoñez, un parlamentario vasco del Partido Popular que fue asesinado por ETA en 1995, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por utilizar con fines políticos a las víctimas de la organización terrorista y ponerlas por encima de los muertos por la represión franquista.

“Queda claro que ETA le ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez”, dijo hace unos días la presidenta madrileña . “De ahí la obsesión de Bildu con la memoria histórica, con dividirnos en bandos a todos los españoles, con ir contra nuestra democracia”, aseguraba, antes de añadir: “Creo que no hay nada más miserable que deberle el gobierno de la nación a Bildu”.

Ordóñez ha recuperado dichas declaraciones y le ha afeado a Ayuso que intente enfrentar a unas víctimas con otras. “La única que pretende dividirnos en bandos y enfrentar memorias es usted”, le ha reprochado en redes sociales. “Las víctimas de la memoria histórica son víctimas de gravísimas vulneraciones de derechos humanos, igual que las víctimas de ETA. Todas tenemos el mismo derecho a la reparación”, ha dicho.

La presidenta del COVITE ha criticado, además, que la presidenta del Partido Popular insista en hablar de la organización terrorista vasca en pleno 2025. ETA anunció el cese definitivo de su violencia en 2011, y su disolución completa hace ya casi ocho años, en 2018. “ETA no puede entregar nada porque afortunadamente no existe”, ha reiterado Ordóñez. “La diferencia de que no exista en mi caso se llama Gregorio Ordoñez. ¿Así lo entiende mejor?”, le ha preguntado a Ayuso.

No es la primera vez que Ordóñez carga contra el Partido Popular por utilizar a las víctimas de ETA como reclamo político y electoral. Hace justo un año, acusó al partido de Alberto Núñez Feijóo de usar a los asesinados como “mercancía”: “Es la falta de respeto más grande y el ataque más doloroso a nuestra dignidad como víctimas. El tratarnos de esa forma, como mercancía, arrogándose la representación, cuando no les importamos nada, ni una mierda”. Poco después, aseguró que el gobierno de Ayuso era “el que peor ha tratado a las víctimas de ETA”.

En ese momento, afirmó que la manera de hacer política del Partido Popular se encuentra, actualmente, en las “antípodas” de la manera de debatir y dialogar de su hermano, del mismo partido. De hecho, a principios de este año, Ordóñez tuvo que desmarcarse del documental que grababa el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, representada por María San Gil, sobre la figura de su hermano. “No confío en ellos”, dijo.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha documentado un total de 135 actos de apoyo a ETA celebrados durante las fiestas estivales en distintas localidades de Euskadi y Navarra. Además, ha denunciado que en 26 de ellos -todos organizados en municipios gobernados por EH Bildu- fueron las propias instituciones locales las que facilitaron su realización, incluyéndolos en los programas oficiales de fiestas. El resto, según apunta, fue promovido directamente por EH Bildu y Sortu como partidos políticos, así como por “asociaciones del entorno de la izquierda abertzale” como la red Sare, según ha asegurado en un comunicado.

“Todavía no ha acabado el verano, ni siquiera la Semana Grande de Bilbao, y ya tenemos un dato preocupante que evidencia lo que siempre ha ocurrido en las fiestas veraniegas de Euskadi y de Navarra: la apropiación indebida por parte de la izquierda abertzale de los espacios festivos para la difusión de sus mensajes de legitimación del terrorismo y de apoyo a los terroristas”, ha lamentado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

Según ha apuntado, estos actos de apoyo a ETA incluyen “pancartas, pintadas y carteles con los rostros de miembros de la organización encarcelados, acompañados de mensajes que reclaman su excarcelación -'Etxera' (A casa)-, así como brindis, bailes y conciertos en los que se ensalza su figura”, informa Europa Press.

En ese sentido, Covite ha afirmado que su presencia en charangas, 'txosnas' y comparsas “favorece que las nuevas generaciones asimilen una visión distorsionada de lo que fue el terrorismo, presentando a los miembros de ETA como héroes dignos de reconocimiento y merecedores de impunidad”.

Ordóñez ha denunciado que “este tipo de mensajes promueven la idea de que las condenas por asesinatos y otros crímenes fueron injustas y que su excarcelación es un objetivo legítimo”. “Es muy preocupante que la juventud, principal público de estas fiestas, reciba estos mensajes, ya que aumentan el riesgo de radicalización violenta y constituyen una amenaza para el futuro de nuestra sociedad”, ha insistido.

Desde Covite han cuestionado qué reacción habría si, en todas las fiestas populares, “se pidiera a diario la liberación de violadores o pederastas y se exhibieran sus fotos como si fueran héroes”. “Seguramente sería un escándalo. Pero, como se trata de los terroristas de ETA, se asume con normalidad que tengan presencia en los recintos festivos”, ha censurado.

Para Covite, esto demuestra que “el tejido moral de una parte significativa de la sociedad vasca y navarra sigue dañado tras décadas de terrorismo y falta de libertad”.

El colectivo también ha sido crítico con la reacción ciudadana, ya que, según ha criticado, “salvo honrosas excepciones, una parte de la sociedad asiste impasible, y sin protestar, a la utilización de los espacios festivos por la izquierda abertzale para exaltar a asesinos y a condenados por delitos de terrorismo muy graves”. Por ello, ha apelado a esa mayoría social para que “no sea cómplice, ni por acción ni por omisión, de esta inmoralidad”.

Desde Covite han recordado que el Parlamento vasco tiene, desde hace meses, una propuesta legislativa para sancionar administrativamente estos actos, presentada por todos los colectivos de víctimas del terrorismo con representación en el Consejo Vasco de Participación.

“Aprobarlo es cuestión de voluntad política. Es un régimen sancionador calcado del que contempla la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, con lo cual no es nada complicado aprobarlo, como intenta transmitir la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, confundiendo a la sociedad”, ha criticado.

Desde Covite han insistido en que “no basta con lamentar estos hechos cada año, es necesario proporcionar a las autoridades de herramientas legales y operativas para sancionar de forma inmediata a quienes promuevan cualquier manifestación pública que glorifique a ETA o a sus miembros”.

Además, ha recordado que “en otros países europeos democráticos, como Francia o Alemania, la apología del terrorismo es perseguida de manera firme y ejemplar, con consecuencias reales para quienes promueven este tipo de actos”.

Asimismo, Covite ha querido responder también a las últimas declaraciones de Sare instando a “dejar de utilizar el dolor y el sufrimiento de las víctimas” tras las críticas que han recibido por “utilizar las fiestas para exigir la excarcelación de los presos de ETA”.

“Denunciar el apoyo al terrorismo de ETA no es 'utilizar a las víctimas', sino defender su dignidad, su memoria y la verdad. Quienes hoy llenan el espacio público con peticiones de impunidad para los presos de ETA son los mismos que hasta hace poco aplaudían sus atentados, y ahora utilizan a los presos de ETA como mercancía política y de propaganda, prohibiéndoles arrepentirse de sus crímenes”, ha aseverado.

Por ello, ha considerado que “hablar de 'preocupación por el dolor de las víctimas' mientras son incapaces de reconocer su responsabilidad en ese dolor, de admitir que fue injusto y estuvo mal asesinar, y de condenar sin matices el terrorismo de ETA, es un ejercicio de cinismo intolerable”.

“Saben perfectamente que lo que nos provoca sufrimiento es la exhibición obscena de los asesinos de nuestros familiares. No tienen más que dejar de hacerlo para aliviar nuestro sufrimiento”, han zanjado desde Covite.

La asociación de víctimas del terrorismo Covite ha asegurado que, si hubiera “voluntad política”, se podría aprobar un régimen sancionador que evitara la exhibición de imágenes de presos de ETA en las fiestas de ciudades y pueblos, que se repiten sobre todo en verano. Ha recordado que el Gobierno vasco tiene sobre la mesa una propuesta legislativa de todas las asociaciones de víctimas para ello.

A través de las redes sociales, el colectivo presidido por Consuelo Ordóñez ha recordado que esta propuesta está inspirada en la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, que contempla un régimen sancionador administrativo para “todos aquellos actos de exhibición pública de elementos o menciones en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de estado de 1936 y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen”, informa Europa Press.

Además, ha apuntado que “ya es hora de que las instituciones públicas aborden la radicalización violenta a favor de ETA con la seriedad y la urgencia que merece”. “Mientras a los asesinos de ETA se les siga dando legitimidad pública como 'presos políticos' o héroes, y se celebre su pasado criminal en las calles, fiestas populares y manifestaciones, consolidar una auténtica paz social es muy difícil, por no decir imposible”, ha advertido. A su juicio, “no parece que el Gobierno vasco tenga voluntad política de hacerlo”. “En esto, como en la concesión de terceros grados fraudulentos a presos de ETA sin arrepentir, están a las órdenes de la izquierda abertzale”, ha subrayado Covite.

Tras asegurar que nunca ha criticado que los presos de ETA salgan de la cárcel cuando cumplan sus condenas, ha reiterado que deben “cumplirlas con arreglo a las leyes y sentencias condenatorias”. En este sentido, ha denunciado que “se está vulnerando la ley y, por consiguiente, su derecho a la justicia” cuando se conceden “terceros grados y 100.2 fraudulentos como churros, sin cumplir con el requisito legal del 'arrepentimiento'”, tal como, según ha indicado, prevé el artículo 90 del Código Penal.

“La ley exige signos inequívocos de arrepentimiento para acceder al tercer grado, lo cual no se cumple con los presos de ETA”, ha precisado, para añadir que, “si están vinculados a la izquierda abertzale y son exhibidos en sus actos públicos como héroes, es imposible que estén arrepentidos”. En cuanto a las palabras de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, que ha asegurado que no se conceden terceros grados si los reclusos de la banda “no presentan una evolución”, Covite cree que “es un insulto a las víctimas pretender hacerles creer que han 'evolucionado' porque lo dicen en unas cartas que nunca salen a la luz, mientras en público los siguen honrando única y exclusivamente por su pasado criminal”.

Ordóñez ha pedido a la consejera “ejemplos con nombres y apellidos” de reclusos de ETA que demuestren que “reconocen el daño causado”. “¿Dónde están esas peticiones de perdón a las víctimas, esa evolución con la que nos pretenden vender que están arrepentidos?”, ha cuestionado.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha documentado un total de 168 actos de apoyo a ETA entre enero y junio de 2025 en su Observatorio de la Radicalización, un espacio en la web del Colectivo en el que se registran todos los actos relacionados con la radicalización violenta en el ámbito del terrorismo de ETA. Principalmente, se han producido en Euskadi y Navarra, aunque también en otras provincias o en Iparralde. Aunque esta cifra supone una disminución del 11% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 188 actos, el colectivo ha advertido de que “el apoyo a ETA y a sus integrantes sigue presente en el espacio público, especialmente a través de manifestaciones en las que se exige la excarcelación de los presos, pintadas y pancartas, y actos de exaltación de etarras en fiestas populares”.

Según ha señalado Covite en una nota recogida por Europa Press, “la gran mayoría de estos actos están organizados por Sortu y EH Bildu, o por sus organizaciones satélite, como Sare”. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha criticado que “la legitimación pública de ETA sigue siendo una constante en las calles de Euskadi y de Navarra”. “La izquierda abertzale sigue tratando a los etarras como a héroes o 'presos políticos' y presumiendo de ello en público. Sus líderes son los responsables directos de alimentar la radicalización violenta de una parte de la sociedad vasca. Miles de jóvenes hoy tienen como modelos de conducta a sanguinarios terroristas. Pedir la excarcelación de quienes están en la cárcel por crímenes gravísimos podrá ser legal, pero es un claro síntoma de anormalidad moral y de una preocupante falta de ética colectiva. ¿Acaso vemos en Francia a cientos de personas en las calles pidiendo la excarcelación de terroristas yihadistas?”, ha cuestionado Ordóñez.

Respecto a la tipología de los actos de apoyo a ETA documentados por Covite, 91 han sido de manifestaciones en las que se ha reclamado la excarcelación de los etarras presos; 32 han sido de pintadas y pancartas de ensalzamiento explícito a ETA y a sus presos; 12 de homenajes públicos a etarras fallecidos; 9 de fiestas populares celebradas específicamente para enaltecer a ETA; un homenaje en la vía pública a un etarra que todavía está en prisión -en estos actos se coloca una foto del miembro de ETA en cuestión y se le baila un aurresku-; y los 23 actos restantes se han encuadrado en la categoría de 'Otros', ya que no han podido clasificarse en ninguna de las anteriores. En cuanto a la localidad donde se han celebrado los actos registrados, 65 han tenido lugar en Bizkaia, 60 en Gipuzkoa, 27 en Navarra, 9 en Álava, cuatro en otras provincias y tres en el extranjero, principalmente en Iparralde.

Por tercer año consecutivo, Covite ha confirmado la desaparición de los 'ongi etorris' públicos a etarras al salir de prisión. El último se registró en marzo de 2022. Consuelo Ordóñez lo ha valorado como “una muy buena noticia para las víctimas, al tratarse de los actos más humillantes que podíamos presenciar”.

No obstante, la presidenta de Covite ha expresado su “profunda decepción con la Justicia por no haber actuado para frenar los 'ongi etorris”. “El desamparo que hemos sufrido por parte de la Justicia ha sido total, principalmente por parte de la Audiencia Nacional, el tribunal competente para juzgar los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Entre 2016 y 2019 presentamos más de 30 denuncias por estos actos. Todas fueron archivadas con el argumento de que eran simples 'manifestaciones de alegría'. Y el lunes pasado supimos que la única denuncia que iba a acabar en juicio se resolvía por medio de un acuerdo de conformidad entre los organizadores de estos actos -a quienes Covite también denunciaba-, la Fiscalía y las acusaciones, es decir, la AVT, Dignidad y Justicia y el Partido Popular”, ha lamentado.

En opinión de Covite, “que la batalla judicial por los 'ongi etorris' haya acabado en un acuerdo de conformidad para evitar la cárcel a quienes organizaron estos actos es, cuanto menos, decepcionante”. “Si la izquierda abertzale pudo celebrar los 'ongi etorris' durante tantos años con total impunidad ha sido gracias a que la Audiencia Nacional dejó de considerarlos delito, a pesar de que esos hechos están tipificados como tal en el artículo 578 del Código Penal”, ha señalado.

Covite también ha destacado que mayo fue el mes con mayor número de actos, con 53 registrados, coincidiendo con la gira de la plataforma Sare por numerosas localidades vascas y navarras durante el fin de semana del 17 y 18 de mayo. “En ese tour, Sare exhibió públicamente los nombres de decenas de presos etarras para exigir su excarcelación, aunque muchos de ellos ya han accedido al tercer grado”, ha afirmado el colectivo de víctimas.

Covite ha criticado, una vez más, que “estos terceros grados se están concediendo sin cumplir con el requisito fundamental que exige la ley para ello, que es el arrepentimiento”. “Es imposible estar con la izquierda abertzale y, al mismo tiempo, estar arrepentido. Desde hace muchos años, la izquierda abertzale prohíbe expresamente a los presos de ETA arrepentirse y se encargan, cada poco tiempo, de recordarlo. Por tanto, ninguno de esos presos de ETA obscenamente exhibidos por Sare deberían haber accedido al tercer grado”, han insistido desde Covite.

El Colectivo ha destacado que “ni siquiera acelerando su salida de prisión mediante terceros grados están dejando de utilizarlos en actos públicos”. “Por lo menos podrían ahorrarnos estos aquelarres siniestros, pero no, las víctimas tenemos que seguir viendo cómo la izquierda abertzale sigue paseando sus nombres y sus fotos por las mismas calles en las que asesinaron. Se siguen jactando públicamente de su conexión con los asesinos de ETA, como por otra parte siempre ha ocurrido en Euskadi y Navarra, cuyos espacios públicos siempre han sido un escaparate de exaltación del terrorismo”, ha criticado.

Por último, el colectivo ha censurado “la implicación de instituciones públicas en muchos de estos actos, con mención especial a ayuntamientos vascos y navarros que, directa o indirectamente, colaboran o los permiten”. A juicio de Ordóñez, esta cuestión “refleja a la perfección la actitud de buena parte de la sociedad vasca y sus instituciones ante estos actos de exaltación del terrorismo: pasividad total, cuando no abierta complicidad”.

En este sentido, Covite ha hecho alusión a la recientemente aprobada ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, que contempla un régimen sancionador administrativo para “todos aquellos actos de exhibición pública de elementos o menciones en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen”.

Covite ha recordado que viene reclamando desde hace meses “exactamente lo mismo para los actos de exhibición pública de apoyo y legitimación del terrorismo de ETA”.

El colectivo ha afirmado que “ya es hora de que las instituciones públicas aborden el fenómeno de la radicalización violenta a favor de ETA con la seriedad y la urgencia que merece”. “La persistencia de este tipo de actos en espacios públicos representa un obstáculo insalvable para una verdadera convivencia democrática. Mientras a los asesinos de ETA se les siga dando legitimidad pública como presos políticos o héroes, y se celebre su pasado criminal en las calles, fiestas populares y manifestaciones, consolidar una auténtica paz social será muy difícil, por no decir imposible”, ha señalado.

La Audiencia Nacional (AN) ha absuelto a la exjefa de la organización terrorista ETA Iratxe Sorzabal del atentado ejecutado en octubre de 1995 en el paso fronterizo de Irún (Gipuzkoa) que produjo daños en la aduana española y ha concluido de que fue “sometida a tratos inhumanos” tras su detención. En una sentencia, recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal concluye que la prueba en la que se basaba la autoría del atentado se habría obtenido “con vulneración de sus derechos fundamentales”, en concreto tras la “aplicación de electrodos por parte de aquellos funcionarios que la custodiaban a fin de obligarle a declarar”.

En su declaración en la vista oral, celebrada a finales del pasado mes de febrero, Sorzabal se desmarcó del atentado. “Niego todo”, aseguró, dejando claro que no reconocía los hechos de los que le acusaba la Fiscalía. El pasado mes de abril la Audiencia Nacional ya absolvió a Sorzabal del delito de estragos terroristas en grado de tentativa, por el que la Fiscalía pedía 6 años, por la colocación de un artefacto explosivo en el aeropuerto de Alicante, en julio de 1995.

El tribunal apuntó en ese fallo que había un vacío probatorio acerca de la autoría de ese atentado. Ese vacío, indicaban, provenía de la falta y ausencia de prueba de un dato trascendental como es la autoría de la carta manuscrita —la 'kantada'— que la Fiscalía atribuía a la etarra en la que se vienen a reconocer los hechos y respecto de lo cual no se practicó prueba alguna. La 'kantada' o autocrítica, explicaba el tribunal, son unas manifestaciones o relatos de hechos realizados en una carta manuscrita por miembros de la organización a la cúpula de ETA, una vez que son detenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“Despropósito preocupante”

Este mismo jueves, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado que Ainhoa Ozaeta, “exjefa del aparato de extorsión y tesorera de la organización terrorista ETA”, condenada en 2014 por estos delitos, es actualmente profesora del Departamento de Economía y Gestión de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Covite, en un comunicado, ha calificado este hecho como “un despropósito preocupante” y ha cuestionado el proceso de contratación de Ozaeta, quien, según ha explicado, “defendió su tesis doctoral en 2023 desde la cárcel y, apenas cumplida su condena, fue incorporada al citado departamento”.

“Hemos consultado con investigadores y profesores del ámbito universitario, y nos han confirmado que la celeridad con la que se ha gestionado su contratación es, cuanto menos, anómala, por no decir inédita”, ha asegurado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez. En ese sentido, ha exigido al rectorado de la UPV/EHU “mayor seriedad y rigor” en sus procesos de contratación, así como “unos mínimos criterios éticos”. “Podrá ser legal que una exjefa de ETA sea profesora una vez cumplida su condena, pero no es ético ni estético”, ha subrayado Ordóñez, según recoge Europa Press.

Desde Covite han ironizado sobre si “la experiencia profesional que la UPV/EHU ha valorado en Ainhoa Ozaeta ha sido su eficaz gestión del llamado 'impuesto revolucionario' de ETA, tarea que desempeñó durante años en la organización terrorista”. Además, han recordado que Ozaeta fue teniente de alcalde en Andoain por Euskal Herritarrok en la época en la que ETA asesinó, en esa localidad, a José Luis López de Lacalle —cuyo 25 aniversario se conmemoró este pasado miércoles— y a Joseba Pagazaurtundua, “asesinatos que Ozaeta jamás condenó”.

“Es indigno e inconcebible que, en un país democrático, una exdirigente de una organización terrorista ejerza como profesora en una universidad pública nada más salir de prisión por delitos gravísimos”, han insistido, al tiempo que han exigido a la universidad pública vasca que “reconsidere esta contratación”. A su juicio, “es un riesgo que las nuevas generaciones tengan como referente a una terrorista que no se ha arrepentido de sus crímenes”. Covite también ha criticado que el mismo Departamento de Economía y Gestión de la UPV/EHU cuente entre su profesorado con Joseba Permach, histórico dirigente de la izquierda abertzale. “Es inaceptable que una universidad pública mantenga entre su plantilla docente a personas que nunca han condenado los crímenes de ETA y que, todavía hoy, lejos de retractarse, se muestran orgullosos de ese pasado. ¿Qué valores están transmitiendo estas personas al alumnado?”, han cuestionado desde el colectivo.

En medio del debate sobre el incremento del gasto militar y de seguridad en España y en Europa al calor del nuevo contexto internacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió este jueves con los partidos en La Moncloa. No invitó a Vox, por razones claramente políticas, pero sí estuvo como uno más EH Bildu. Era la primera ocasión en que la formación abertzale como tal acude al palacio presidencial español, lo que dota de cierto simbolismo al apretón de manos entre el jefe del Ejecutivo y la portavoz, Mertxe Aizpurua, pero es algo que en el cuartel general de la coalición interpretan con total “normalidad”.

“¿Para qué se le quiere dar importancia? ¿Para joderle a Sánchez? A nosotros nos da igual y a la mayoría de la gente también”, entienden desde la formación que muy recientemente ha reelegido a Arnaldo Otegi como líder para el próximo cuatrienio. Covite, sin embargo, lo ha criticado duramente. La principal asociación de víctimas del terrorismo sostiene que “podrá ser un partido legal” pero “no condena” a ETA, “exige impunidad” para sus presos y “difunde un relato falso” sobre la historia en Euskadi y en España. “No es un partido normal bajo estándares democráticos”, opina la entidad dirigida por Consuelo Ordóñez.

¿Es la primera vez de EH Bildu en La Moncloa? Sí. Pero cuando se creó esta coalición –que en su primera legislatura en Madrid tomó el nombre de Amaiur– acudió a otro lugar más simbólico aún. Su entonces portavoz, Xabier Mikel Errekondo, procedente como Aizpurua de la izquierda abertzale tradicional y no de los otros socios fundadores de la coalición (EA, socialdemócratas, Aralar, pacifistas escindidos de HB, y Alternatiba, una escisión de IU) visitó en La Zarzuela al entonces jefe del Estado, el rey Juan Carlos I. Significativamente, había algo que los unía: Iñaki Urdangarin. Por aquel entonces, Urdangarin era aún el yerno del monarca. Errekondo, antes de dedicarse a la política, había sido jugador profesional de balonmano y había compartido vestuario en la selección española con el vitoriano. Era 2011 y no habían pasado ni dos meses desde que ETA decretó el final del terrorismo.

Antes incluso, en 1993, aquel monarca se entrevistó con el portavoz de la propia HB, Jon Idigoras. Es recordada la imagen del histórico dirigente abertzale entregando su carné de identidad español a un miembro de la Guardia Real. 'ABC' contó que el que fuera diputado general de Gipuzkoa y principal cargo institucional de la coalición tras su creación, Martin Garitano, conservaba el traje y la corbata usados en aquella reunión por Idigoras. En ambos casos, las reuniones venían mandatadas dentro de las rondas de consultas previas a la investidura de los presidentes, en 1993 Felipe González y en 2011 Mariano Rajoy.

En 2019 ya se teorizó sobre la “normalización” de relaciones entre el PSOE y EH Bildu. Antes de la primera investidura de Sánchez después de la moción de censura, Adriana Lastra y Rafael Simancas, muy serios en la fotografía, recibieron en el Congreso a Aizpurua y también a Oskar Matute y Gorka Elejabarrieta, diputado y senador, respectivamente. Después han sido muchas más las reuniones. Santos Cerdán es un interlocutor habitual con todos los socios del Gobierno y también con la formación abertzale. Pero EA, uno de los partidos de EH Bildu, ya había estado La Moncloa. Begoña Lasagabaster, histórica portavoz de esta formación en el Congreso, mantuvo encuentros con José Luis Rodríguez Zapatero perfectamente documentados en la hemeroteca. EA se fundó en 1986 como escisión del PNV capitaneada por el primer lehendakari en democracia, Carlos Garaikoetxea.

¿Y con presidentes del PP? No consta. Eso sí, explica un excargo de EH Bildu que él mismo mantuvo “en el Congreso” un encuentro con la vicepresidenta de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría. Expresamente no se le quiso dar publicidad “para evitar el qué dirán”. Esta misma fuente relata que en el Congreso hay dos cafeterías. A una solamente se puede acceder desde el hemiciclo. En aquella, los encuentros informales con miembros del PP eran comunes y naturales. En la otra, abierta al público, ya se guardaban las distancias. Este viernes, precisamente, se han cumplido diez años desde que en Vitoria un alcalde del PP, Javier Maroto, pactó su gran proyecto de la legislatura con EH Bildu, la nueva estación de autobuses.

Reunión sí, apoyo no

“Estamos participando normalmente en las instituciones desde la fundación de EH Bildu”, insisten fuentes de esta organización. Queda ya muy lejos el tiempo en que la izquierda abertzale dura renegaba de las instituciones, incluso de las autonómicas. “Las conversaciones con el PSOE vienen desde tiempos inmemoriales. Para nosotros esto es normalidad y no le vamos a dar mayor importancia. Ni nos acordábamos de que era la primera vez. Cualquiera con dos ojos y dos dedos de frente ve que quienes sostienen a Sánchez somos nosotros y el PNV”, ironizan desde EH Bildu.

Otra cosa es el fondo de esta cuestión. Aizpurua no llevó una camiseta reivindicativa a La Moncloa, como sí hizo Ione Belarra de Podemos, pero EH Bildu claramente tampoco no secunda algunas pretensiones sobre el gasto en Defensa. El propio Otegi, antes del encuentro y coincidiendo con el aniversario del referéndum de 1986 y destacando que “Euskal Herria dijo alto y claro 'no' a la OTAN” y que en el actual contexto “más que nunca”, hay que tenerlo “muy presente”.

Es decir, reunión sí, pero apoyo no. “Nuestro posicionamiento ideológico siempre ha sido antimilitarista, por la paz y por la diplomacia. Hemos estado con Sánchez, le vamos a escuchar y luego ya tomaremos decisiones. Esto no se va a decidir a la ligera. En casa, en EH Bildu, se va a hablar con serenidad y desde un principio básico: antimilitarismo, diplomacia y que este país votó 'no' a la OTAN”, inciden las fuentes consultadas.

La presidenta del Colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez, ha recordado, en el acto en memoria de su hermano Gregorio Ordóñez, cuando se cumplen 30 años de su asesinato por ETA, en Donostia que “los jefes políticos de ETA están hoy en las instituciones, cada vez con más poder, sin haber condenado un solo atentado terrorista y beneficiándose de un marco de impunidad que pocos se atreven a cuestionar”.

En su discurso, la presidenta de Covite ha confesado que en este acto se encontraba “sensible” por las “muchísimas muestras de cariño y admiración” hacia Gregorio Ordóñez recibidas de muchos ciudadanos. En este sentido, ha señalado que esto le ha hecho cuestionarse “qué ha pasado en estos 30 años en la política de nuestro país para que tantos ciudadanos encuentren un refugio, un bálsamo, en la voz de Gregorio”.

Tras destacar que su hermano “nunca entendió la política como una estrategia o un medio para conseguir poder”, la presidenta de Covite ha criticado que “los terroristas y sus protectores no podían permitir que Gregorio, que tenía tan claro cómo había que derrotarlos, pudiera ser el alcalde de una ciudad en la que siempre habían tenido mucho poder y muchos apoyos sociales y políticos”.

Así, ha criticado que, “mientras sus adversarios defendían que había que negociar con ETA para acabar con la violencia, él sabía perfectamente lo que eso significaba, que estaríamos prostituyendo la democracia”. En este contexto, ha reconocido que “resulta doloroso comprobar que la derrota de ETA con la que él soñó -el rechazo social, la eficacia policial y el aislamiento de los violentos- nunca se produjo”, y que “han sido demasiadas las ocasiones en las que se ha negociado con ETA o se ha transigido con sus exigencias, y que lo han hecho todos los que han gobernado nuestro país”.

Ordóñez ha censurado a quienes aseguran “que es un éxito que quienes antes pegaban tiros y jaleaban los asesinatos hoy hagan política”. “Esas mismas personas olvidan que los asesinos nunca tuvieron que elegir entre terrorismo o política, porque para la izquierda abertzale el terrorismo de ETA era, precisamente, otra forma más de hacer política”, ha denunciado, para añadir que “solo dejaron la política durante el brevísimo tiempo en que estuvieron ilegalizados”.

También ha recordado que, “en los más de cuarenta años de trayectoria criminal de ETA, la organización terrorista casi siempre estuvo representada en las instituciones”, y que, “al contrario que al PP o al PSOE, a las sucesivas fachadas electorales de ETA nunca les costó llenar sus listas electorales en Euskadi”.

Asimismo, ha lamentado que “los jefes políticos de ETA estén hoy en las instituciones, cada vez con más poder, sin haber condenado un solo atentado terrorista, sin siquiera decir que matar estuvo mal y beneficiándose de un marco de impunidad que pocos se atreven a cuestionar”

“Siguen justificando a ETA”

“Los que nunca se manchaban las manos de sangre, pero ordenaban los asesinatos y los aplaudían, hoy dirigen Bildu, antes Herri Batasuna, y siguen justificando la existencia de ETA y prohibiendo a los que tan cínicamente llaman 'presos políticos' que se arrepientan de sus crímenes y reparen el tremendo daño que causaron, no solo a sus víctimas, sino también a la sociedad en su conjunto y a nuestro Estado de Derecho”, ha criticado.

Además, ha sostenido que “pocas personas vinculadas a ETA parecen pensar en romper esa disciplina mafiosa y hacer una revisión crítica de su pasado criminal, como se les debería exigir, pero no se les exige”. “A menudo, vemos que es a nosotras, las víctimas, a quienes se nos dirigen las exigencias”, ha incidido.

De este modo, ha señalado que, mientras a las víctimas de ETA se les pide “pasar página sacrificando la memoria y la verdad de lo ocurrido en beneficio de una idealizada convivencia, y hasta asumir que la impunidad, o la generosidad con los asesinos sin rastro de arrepentimiento, es un precio necesario y aceptable para la paz”, los terroristas “han visto y siguen viendo reducidas sus penas de prisión con trampas al Estado de Derecho”.

“Las últimas, los terceros grados fraudulentos sin que cumplan con los requisitos que les exige la Ley para progresar en grado”, ha añadido, para concluir afirmando que “esta debe de ser la 'inversión en convivencia' sin 'presos políticos vascos' de la que habla Otegi, sin que su sórdida desfachatez cause prácticamente ningún escándalo”.

Este ha sido el último año en el que Covite recuerda a Ordóñez en el cementerio de Polloe con un acto, al que han acudido numerosas autoridades y representantes políticos como el alcalde donostiarra, Eneko Goia, la consejera vasca de Justicia, María Jesús San José, el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y diputado foral, José Ignacio Asensio, la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, el del PP vasco, Javier De Andrés, la secretaria general de los populares vascos, Esther Martínez, la portavoz del Grupo Mixto-Vox en el Parlamento vasco, Amaia Martínez, la diputada de Vox Ana Velasco, el Ararteko, Manuel Lezertua, y la delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia, entre otros.

También han asistido la viudad de Ordóñez, Ana Iribar, así como otras víctimas del terrorismo, como Gorka Landaburu o José María Múgica, hijo del dirigente socialista Fernando Múgica asesinado por ETA, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y el filósofo Fernando Savater.

Euskadi recuerda este jueves a Gregorio Ordóñez, concejal, candidato a la alcaldía de Donostia y parlamentario asesinado por el terrorismo de ETA hace tres décadas exactas. “Tal día como hoy de 1995 ETA asesinó a mi hermano Gregorio. Fue la única forma de poder callarlo. Fue una voz libre y hasta un verso libre, mientras le dejaron. Durante estos 30 años se ha convertido en mi brújula. Muchos te mencionan pero pocos te imitan. ¡Te echo cada vez más de menos!”, ha escrito en X Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, una de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo.

El PP vasco también ha considerado en el trigésimo aniversario del asesinato a manos de ETA de Ordóñez, uno de sus principales referentes institucionales de la época, que hoy “sigue siendo necesario recordar que estos crímenes tuvieron un respaldo social”. “Eso es lo que tenemos que solucionar. Es lo que tenemos que superar y para eso también es muy conveniente el recordarlo”, ha añadido el actual presidente del partido en Euskadi, Javier de Andrés.

En una rueda de prensa en Donostia, De Andrés, la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, y el presidente de Nuevas Generaciones de Euskadi, Pablo Gómez, han dado cuenta de los actos organizados por el PP para conmemorar aniversario, como un vídeo en su memoria que se difundirá a travé de redes sociales. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, participará, junto a dirigentes del partido, en la III edición de la Escuela Gregorio Ordóñez que Nuevas Generaciones organizará el próximo 31 de enero y 1 de febrero en Tabakalera, por ejemplo. De Andrés ha puesto en valor todo lo que Ordóñez supone en “la lucha antiterrorista, la defensa de las libertades y de la democracia”. Además, ha defendido que su memoria, al igual de las de otras víctimas de ETA, tiene “una especial conveniencia y necesidad porque fueron asesinatos que fueron celebrados”, informa Europa Press.

Por otro lado, también con motivo del trigésimo aniversario del atentado de ETA, se ha presentado el documental 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' en el Cine Príncipe de Donostia. Son cuarenta minutos en los que familiares, amigos y periodistas repasan la figura del asesinado. El trabajo está producido por 'El Diario Vasco' con la colaboración del Instituto de la Memoria (Gogora) y de la Diputación de Gipuzkoa– y al preesteno han acudido cargos institucionales como los consejeros Bingen Zupiria y María Jesús San José, la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, la diputada general, Eider Mendoza, o el fiscal-jefe, Juan Calparsoro, así como la viuda, Ana Iribar.

El Parlamento Vasco, de su lado, ha recordado que “en el primer pleno del nuevo período ordinario de sesiones -el 6 de febrero-, el Parlamento Vasco realizará un acto de homenaje y recuerdo a Gregorio Ordóñez, tal y como ha venido haciendo desde 2014”. “Al inicio de la sesión, en el salón de plenos, se guardará un minuto de silencio mientras se proyecta su fotografía en las pantallas. Asimismo, en el exterior, delante de la escultura Brújula de medianoche, se colocará su retrato junto al pebetero encendido”, se ha informado.

Consuelo Ordóñez se desmarca del documental que promueve el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, representada por María San Gil, sobre la figura de su hermano Gregorio Ordóñez, parlamentario vasco y portavoz del PP en Donostia asesinado por ETA en 1995.

La Comunidad de Madrid anunció hace un mes que coproducirán un documental sobre el hermano de la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ya ha publicado el convenio entre la fundación del CEU y el Gobierno regional para financiar este proyecto. El Ejecutivo de Ayuso aportará como máximo 35.000 euros.

El Ejecutivo autonómico ampara este acuerdo entre las “competencias” del Comisionado del Gobierno para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, que tiene entre sus objetivos colaborar con “instituciones sin fines de lucro que presten la ayuda necesaria a las víctimas de la acción terrorista, en cualquiera de sus formas, y a sus familiares, así como la realización de acciones que promuevan la sensibilización de la sociedad para conseguir el apoyo a las víctimas de estos delitos y la repulsa hacia las actividades terroristas”.

Con este convenio, la Comunidad de Madrid busca promover el documental Gregorio Ordóñez, 30.º para difundir “entre los universitarios la sensibilización y repulsa hacia las actividades terroristas que han tenido lugar en el mundo y especialmente en España en los últimos 50 años”.

Consuelo Ordóñez no participará en el proyecto cofinanciado por la Comunidad de Madrid sobre la figura de su hermano. “Me llamaron. Fue María San Gil. Me dijo que lo iban a hacer con Iñaki Arteta. Son dos personas con las que no tengo confianza”, ha apuntado la presidenta de Covite en declaraciones a El País.

Ordóñez ha explicado al periódico del Grupo Prisa que “recientemente” le dolieron las palabras de San Gil. La que fue presidenta del PP del País Vasco hasta el año 2008 defendió el lema 'Que te vote Txapote', usado por PP y Vox contra Pedro Sánchez, y que alude al etarra Francisco Javier García Gaztelu, que asesinó de un tiro en la cabeza al hermano de Ordóñez mientras compartía mesa con San Gil. Lo hizo en un programa de televisión presentado por Toni Cantó. “Es que nos ha llegado a todos”, aseguró San Gil, a pesar de que algunos familiares de víctimas, como la presidenta de Covite, habían comentado con ella que no les gustaba el eslogan porque frivolizaba el terrorismo.

La distancia entre Ordóñez y la presidenta de la Comunidad de Madrid viene de lejos. Hace un año, la hermana de portavoz del PP asesinado por ETA cargó contra su Gobierno, al que acusó de ser “el que peor ha tratado a las víctimas de ETA”. Ante las críticas de la presidenta de Covite, Ayuso no se ha quedado callada y ha llegado a asegurar que no sabe si Ordóñez tiene “problemas personales con el PP desde hace unos años”.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado que el que fuera jefe de ETA Mikel Albisu, 'Antza', continúa colaborando con varios ayuntamientos navarros y coordina en la actualidad el grupo de lectura de las bibliotecas públicas de las localidades de Espinal y Aoiz.

Covite ya denunció en noviembre de 2023 que 'Antza' era el coordinador del grupo de lectura del Servicio de Euskera de las localidades navarras de Erro, Burguete, Valcarlos, Valle de Arce y Valle de Aezkoa. Tras su denuncia el Gobierno de Navarra instó a estos ayuntamientos a que cesaran cualquier colabroración con el exjefe de ETA, pero un año después el colectivo de víctimas del terrorismo ha podido comprobar que sigue siendo coordinador del grupo de lectura de las bibliotecas públicas de Espinal y Aoiz.

Covite cree “una afrenta a la memoria de las víctimas de ETA” que quien publicite la labor de Mikel Albisu 'Antza' al frente de estos grupos de lectura sea un medio público, que “recibe anualmente subvenciones del organismo público Euskarabidea, dependiente de la consejería de Memoria, Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, cuya titular es Ana Ollo, vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra”. Por ello, pide la suspensión de esas subvenciones.

El colectivo ha recordado que 'Antza' “fue uno de los impulsores de la estrategia de ETA de la socialización del sufrimiento y dirigió la estrategia política de la organización terrorista durante una década”. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha recordado que “la primera víctima de esa siniestra estrategia de la socialización del sufrimiento” fue su hermano, el edil del PP Gregorio Ordóñez. Además, ha apuntado que Mikel Albisu 'Antza' “en la actualidad todavía tiene causas pendientes con la justicia, entre ellas la relacionada con su responsabilidad en la autoría intelectual del asesinato” de su hermano.

Por todo ello, Covite ha exigido a las instituciones públicas, particularmente a los ayuntamientos de las localidades mencionadas y a la consejería de Memoria, Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, que “no fomenten ni permitan que alguien con la trayectoria terrorista de Mikel Albisu 'Antza' asuma la responsabilidad de coordinar grupos de lectura en espacios públicos”.

A su juicio, “la ciudadanía no merece que quienes han tenido tanta responsabilidad en la trayectoria terrorista de ETA, como Mikel Albisu 'Antza', ocupen lugares destacados en el ámbito público, y que esa labor encima se publicite con dinero público”. Así, ha reiterado que es “indecente e inmoral que esta cuestión tenga el aval de instituciones públicas”.

El Gobierno vasco, en una posición compartida por los dos socios, PNV y PSE-EE, ha acordado exigir “repertorios acordes a los derechos humanos” y “respeto a todas las víctimas” en futuras actividades culturales que se programen en las cárceles vascas, de gestión autonómica desde 2021. La directriz llega después de una actuación de Fermín Muguruza este fin de semana en el centro penitenciario de Martutene, en Donostia, de la que trascendió en redes sociales que incluyó la interpretación de la muy popular canción 'Sarri, Sarri'. La letra de esta pieza da cuenta precisamente de una fuga del miembro de ETA Joseba Sarrionandia, que logró salir de la cárcel oculto en los bafles de una actuación musical de Imanol en 1985.

El evento ha suscitado críticas. Covite, por ejemplo, consideró que la canción interpretada era “pura jactancia” de la fuga no solamente de Sarrionandia sino también de Kepa Pikabea, también miembro de ETA. “Eso es lo que les gustaría que ocurriera ahora, que todos los etarras salieran de prisión cuanto antes. Y se vanaglorian de ello públicamente. Indecente”, contó la entidad presidida por Consuelo Ordóñez en X.

Muguruza, que ya había ofrecido en el pasado otros recitales en centros penitencarios, ha lamentado la censura que se pretende aplicar sobre 'Sarri, Sarri', un clásico festivo y que llegó a ser puesta en valor por Patxi López, lehendakari de 2009 a 2012. Sarrionandia, además, es ahora conocido por su trayectoria literaria e incluso ha recibido galardones. El artista ha difundido un mensaje de un tercero con la siguiente literalidad: “Pradales gobierna al son del último titular ultra y ahora quiere decidir hasta qué canciones puede escuchar un preso. Es un escándalo tan grave como que los impulsores del nuevo intento de boikot a Muguruza tienen una placa dedicada a Melitón Manzanas en Gasteiz”. Manzanas era un mando de la Policía franquista asesinado por ETA. Antes, en redes sociales, el cantante contó también que la interpretación de 'Sarri, Sarri' en Martutene le pareció romper una “maldición”.

La cartera de Justicia y Derechos Humanos es una de las cinco que controla el PSE-EE y de la que cuelga la nueva dirección de Servicios Penitenciarios. Sin embargo, la consejera-portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, de la parte del PNV, ha aclarado que la posición sobre esta cuestión es unitaria. “Actuamos como un equipo único”, ha recalcado. La consejera del ramo, la socialista María Jesús San José, ha pautado que las actividades penitenciarias tienen que estar encaminadas a la “reinserción” y que, por lo tanto, ello implica la observancia de los derechos humanos y del respeto a las víctimas.

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) y hermana de Gregorio Ordóñez, parlamentario vasco y portavoz del PP en Donostia asesinado por ETA en 1995, ha reprochado al Partido Popular que haya utilizado a las víctimas de la banda terrorista como “mercancía” y ha asegurado que el PP se encuentra en las “antípodas” de cómo hizo política su hermano.

“Es la falta de respeto más grande y el ataque más doloroso a nuestra dignidad como víctimas. El tratarnos de esa forma, como mercancía, arrogándose la representación, cuando no les importamos nada, ni una mierda”, ha espetado la presidenta de COVITE, quien ha recordado que cuando el PP gobernaba “se negaban” a recibirla cuando les reclamaba “derechos de las víctimas, igualdad indemnizatoria y que dieran la orden a las fuerzas y cuerpos de seguridad de disolver a ETA”.

Ordóñez ha añadido que el PP está en las antípodas del partido al que perteneció su hermano. Ha explicado que “nunca” han tenido a su hermano “como una figura referencial” para enseñar a las nuevas generaciones cómo hacía política. “Mi hermano gobernó con todos los partidos desde que llegó a concejal en el Ayuntamiento, primero gobernó con el PNV, después gobernó con EA”, ambas formaciones nacionalistas, “y acabó gobernando con el PSE”. “Es que mi hermano entendía la política como llegar a acuerdos con el diferente para mejorar la vida de los ciudadanos”, ha defendido. “Eso es la política bien entendida, no lo que estamos viendo ahora, que es horrible”, ha censurado. “Y a mí me duele mucho, porque yo tengo muy presente cómo era mi hermano y cómo hacía política mi hermano, y veo que no, que están en las antípodas, por eso tengo que estar llamándoles la atención continuamente”.

La presidenta de COVITE ha recordado que también le pidió al PP “respeto” con el 'Que te vote Txapote' y que no le hicieron caso. “Era doloroso, era una banalización del terrorism, se burlaban de nosotros, sufrimos una campaña horrible de odio por las redes sociales”. Y ha admitido que no tiene “muchas esperanzas” de que esta situación vaya a cambiar “vista la calidad, el nivel que tienen, político, y que no han aprendido nada”.

Ordóñez ha inaugurado este jueves la XXII Jornada Anual de Covite, que se celebra en el Hotel Tres Reyes de Pamplona bajo el título 'Reclamar Justicia, reivindicar la Verdad, preservar la Memoria: lecciones y desafíos en el posterrorismo de ETA'. A lo largo de la jornada se presentará un informe sobre la realidad judicial de los casos de delitos de terrorismo sin esclarecer o sobre las distintas políticas penitenciarias con los presos de ETA llevadas a cabo desde el ámbito del Gobierno vasco. También se conmemorará el cincuenta aniversario de uno de los atentados con más víctimas de ETA, el de la Cafetería Rolando de Madrid que tuvo lugar el 13 de septiembre de 1974, que causó trece víctimas mortales y setenta heridos.

El Gobierno vasco incrementará en 2025 las subvenciones a AVT, Covite y otros asociaciones de víctimas del terrorismo, según los datos facilitados en el Parlamento Vasco este jueves por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, que ha cerrado la larguísima ronda de comparecencias de todo el Ejecutivo de Imanol Pradales para detallar los presupuestos. Tras la renegociación de la coalición entre PNV y PSE-EE, son los socialistas los que gestionan ahora las políticas de memoria. La consejera ha hablado de una mejora “cualitativa” de estas ayudas, de entre el 9% y el 18%.

En concreto, la AVT y Covite tendrán 59.000 euros de financiación cada una, por 54.000 en 2024. La fundación Fernando Buesa pasa también de 50.000 a 55.000 euros. La Fundación de Víctimas del Terrorismo, de su lado, salta de 54.000 a 64.000 euros. San José ha explicado que esta entidad ha sido 'premiada' ya que aglutina a todas las asociaciones autonómicas, que “desarrollan una importante labor” para víctimas y familiares de ellas que en su momento abandonaron Euskadi. Sube igualmente de 35.000 a 40.000 euros la partida para Egiari Zor, fundación que investigación violencia y crímenes de Estado, tanto de España como de Francia.

Se da la circunstancia de que el portavoz del PNV, Xabier Barandiarian, ha utilizado su turno para demandar dar “a todas las asociaciones el mismo tratamiento” porque “no hay víctimas por encima de otras”. Y ha sugerido que esto debería tener “sus consecuencias en la financiación”.

San José, que cuando accedió al cargo ya prometió reorientar las políticas de memoria y víctimas llevada a cabo hasta la fecha por el PNV, lo que ya generó otro pequeño encontronazo entre los socios, ha anunciado igualmente otro “salto cualitativo” en el plan Adi-Adian, el de testimonios de las víctimas de ETA, de los GAL o de otras violencias en las aulas. Esos proyectos educativos están dotados con 120.000 euros, también más que en 2024. Crece igualmente un programa con la UPV/EHU sobre la materia. Asimismo, se ha presupuestado en 2,15 millones el volumen de indemnizaciones para víctimas reconocidas al amparo de la ley de violencia policial. Hace una semana fueron reconocidas otras 93 y, desde que se promulgó la ley, ascienden a 240. La consejera se ha referido a estas personas como víctimas de “abusos”, aunque en algunos casos sufrieron asesinatos.

En lo tocante a la Guerra Civil y a la dictadura, sube un 42% el dinero para el banco de ADN, donde las familias de desaparecidos envían muestras para cotejarlas con cuerpos exhumados en zonas como Orduña, donde hubo un campo de concentración, o Amorebieta-Etxano. “Hay muchos restos por identificar”, ha admitido San José. Se ampliará, de hecho, el columbario de Orduña. Es el segundo después del de Elgoibar. Para ello, se trasferirán 60.000 euros al ayuntamiento de la ciudad vizcaína. La titular de Justicia y Derechos Humanos ha señalado que se destinarán 250.000 euros adicionales para el nuevo Memorial del 3 de marzo de 1976 en el barrio de Zaramaga de Vitoria. A ello se le añaden 35.000 euros para la asociación de víctimas, que lleva a cabo investigaciones propias. Ha dicho que “en las próximas semanas” cristalizará un proyecto que lleva años al ralentí y que mira al quincuagésimo aniversario, en 2026, para su inauguración. El Instituto de la Memoria (Gogora), con todo, cae en presupuesto. Baja de 5,2 millones a 4,5. San José ha explicado que se debe a que inversiones de años anteriores ya han sido ejecutadas y que no se resentirán los programas.

En general, el área de Justicia y Derechos Humanos tendrá 359 millones de presupuesto, un 5,7% más que en 2024. Es una subida por encima de la media del conjunto del Gobierno, que es del 4,7%. El gran destino de los nuevos recursos es la ampliación de la plantilla de Prisiones, que implicará una inversión de unos 10 millones de euros. Como ya adelantó este periódico, se creará ya una Dirección de Servicios Penitenciarios tres años después de la transferencia de la competencia. Bajo ella quedarán las tres cárceles y el personal. En materia de Administración de Justicia ha citado programas de apoyo a las víctimas, especialmente a las de violencia de género. San José quiere “rescatar” el programa Zurekin de “acompañamiento especializado”. Se puso en marcha hace dos legislaturas. La propia San José ya fue consejera de esta materia de 2016 a 2020, en la segunda legislatura de Iñigo Urkullu. Era una cartera sin Prisiones ni Derechos Humanos pero con competencias de Trabajo.

Los mensajes de la oposición

Tras la comparecencia, ha tomado la palabra la oposición. La primera en intervenir ha sido la única representante de Vox, Amaia Martínez Grisaleña. “Es uno de los pocos departamentos de los que esperamos algo”, ha lanzado la representante de la ultraderecha a una consejera del PSE-EE. Desde el PP, Santiago López Céspedes ha cuestionado que verdaderamente tengan carácter de “expansivos” los presupuestos de 2025 y ha realizado una batería de preguntas sobre programas concretas aunque incidiendo especialmente en planes de euskaldunización. Se ha quejado de no haber obtenido respuestas del equipo de San José. “Igual no ha estado atento”, ha replicado la consejera.

Desde la bancada de EH Bildu, Eraitz Sáez de Egilaz ha mostrado su sorpresa por no ver “cambios de otro mundo” en los presupuestos a pesar de que se habían anunciado ajustes tras pasar la cartera del PNV al PSE-EE. En todo caso, a esta formación le preocupan algunas cuestiones. La coalición, como el PP pero en sentido contrario, ha preguntado por la euskaldunización. De hecho, ha recordado que no crece el programa para celebrar juicios en euskera, a pesar de que se ha promocionado en varias ocasiones. Igualmente, ha alertado del “señalamiento” y la “presión mediática” a las nuevas generaciones jóvenes para que conozcan un determinado relato. Ha pedido que se tenga en cuenta también a los hijos de los presos de ETA.