Una cita en el muelle de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), organizada por el Obispado de Canarias y Puertos Canarios, sirvió el pasado miércoles para recordar la visita del papa León XIV al que fuera bautizado como “el muelle de la vergüenza” que llegó a hacinar hasta 2.600 personas en un fin de semana en plena pandemia de COVID-19. Esta semana, el puerto ha pasado a denominarse de forma oficial “Muelle de la Esperanza”, un mensaje permanente de “respeto, solidaridad y compromiso con la vida” en recuerdo de las miles de personas rescatadas a pocas millas de la costa de la isla, o que incluso, llegaron por sus propios medios en busca de una oportunidad.

Y es que a ras del frío suelo del puerto durmieron miles de migrantes en 2020. Ahí comenzó la “vergüenza” de Arguineguín, un 3 de agosto, en pleno verano de hace casi ahora seis años, cuando 71 ocupantes de un cayuco pisaron tierra y pasaron la noche únicamente bajo el ‘abrigo’ de una carpa de la Cruz Roja. Sin embargo, tras esta embarcación, comenzaron a llegar más y más, y de una tienda de campaña se pasó a 12, superando la capacidad del puerto, donde se llegó a contar hasta 2.600 personas, pese a tener espacio para 400.

La desorganización por parte de las autoridades y el desamparo de los migrantes se hacían latentes cuando se hablaba de comer y beber; hasta dos semanas con tres bocadillos diarios y zumos envasados. Además, menos de un litro de agua por persona, según fuentes consultadas por este periódico en aquel entonces, que aseguraron que una garrafa era para ocho o diez, sin vasos.

No habían duchas, incluso aumentaba la crispación cuando ni siquiera se tenían cartones suficientes en los que recostarse para pasar la noche.

“Era difícil atender a las personas en el propio muelle en unas condiciones en las que lo que teníamos eran unas pocas carpas y otras que nos había dejado el Ejército para que estuvieran lo más cobijadas y a la sombra posible. Quienes han estado en el muelle saben la inclemencia que se sufre allí con las olas de calor”, comentó a este periódico José Antonio Rodríguez Verona, responsable de los equipos de Cruz Roja, durante la visita del papa León XIV a principios de junio.

El estado de salud y de ánimo de los migrantes aglomerados en el muelle iba decayendo poco a poco. En algunos casos, sobre todo en el de las personas que procedían de países subsaharianos, se producían desvanecimientos en cuanto pisaban tierra firme después de haber estado hasta dos semanas a bordo de una embarcación precaria.

Las lesiones presentadas por las personas hacinadas en el muelle se sumaban a las propias del viaje en patera, según aseguraron fuentes del Servicio Canario de Salud (SCS) que atendieron a los migrantes en el muelle de Arguineguín.

La situación ya se extendía durante más de cien días, hasta que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció el 6 de noviembre de ese año, durante una visita a Canarias, que disolvería el campamento. “No será una clausura parcial. No volverá a albergar migrantes”, aseveró en su momento el responsable del departamento.

Veintitrés días más tarde y después de casi cuatro meses de funcionamiento, el campamento para migrantes levantado sobre el puerto de Arguineguín fue desmantelado por completo.

Ahora, y con la visita del Pontífice el pasado junio, el puerto grancanario que un día vulneró el derecho de miles de personas migrantes durante meses ha sido rebautizado. El Papa lo dejó muy latente en su visita al muelle hace casi un mes, cuando expresó que “no son números ni expedientes” y añadió, “son personas con una familia y una casa dejada atrás; con sueños que nadie tiene derecho a despreciar”.

En palabras del director de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, “el Muelle de la Esperanza no es solo un nombre: es una declaración de principios”.

La entidad, dependiente del Gobierno de Canarias, busca con esta nueva denominación que este espacio no solo recuerde la visita del papa León XIV, sino también a “quienes han perdido la vida en el océano y a todas las personas que siguen buscando una oportunidad de futuro en la ruta atlántica”.

Para ello, una placa, junto a una cruz de madera hecha con restos de un cayuco, “quedará como un símbolo de acogida, de respeto y de esperanza compartida”, apuntó el director del ente público.

El muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, ha pasado a denominarse de forma oficial Muelle de la Esperanza, un nombre concebido para proyectar un mensaje permanente de “respeto, solidaridad y compromiso con la vida” en recuerdo de los miles de migrantes llegados desde África a esta isla tras ser rescatados en el mar o por sus propios medios.

Así lo ha explicado en un comunicado el director de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, que ha subrayado que “el Muelle de la Esperanza no es solo un nombre: es una declaración de principios”.

Este ente, dependiente del Gobierno canario, busca con esta nueva denominación que este espacio recuerde la visita del papa León XIV, pero también a “quienes han perdido la vida en el océano y a todas las personas que siguen buscando una oportunidad de futuro en la ruta atlántica”.

Moreno ha destacado que los puertos canarios son “infraestructuras de servicio, pero también lugares de encuentro, memoria y humanidad”.

“Con la denominación Muelle de la Esperanza, el Puerto de Arguineguín incorpora un nuevo símbolo para Canarias y para todas las personas que miran al mar como lugar de partida, de llegada y de esperanza”, ha apuntado el director del ente público.

La placa, que fue inaugurada con la visita del papa León XIV, quedará como un símbolo de acogida, de respeto y de esperanza compartida“.

En el acto celebrado este miércoles por la tarde, también se representó la obra de teatro Historias de sal, que continúa su recorrido por los puertos canarios dentro del proyecto Puertos Abiertos.

Durante el encuentro se ofrecieron también detalles sobre la intervención prevista en la marquesina del puerto de cara al Día del Carmen, un espacio que reforzará la presencia de la tradición marinera y la identidad local. 

Se llaman José Luis y Juan Carlos Sánchez, son hermanos, pero no son parientes, ni siquiera lejanos, de Pedro Sánchez. Al contrario, son de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana) y fueron los que se presentaron voluntarios ante los medios de comunicación para reclamar sangre y criticar la visita del presidente al muelle acompañando al papa León XIV este pasado jueves. Que se sepa, son los únicos que se han manifestado públicamente en contra de esa presencia presidencial, si descontamos a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que trató de predisponer a toda la vecindad contra Sánchez en cuanto se enteró, seis días antes, de que acudiría al muelle de la vergüenza. Y siguió durante y después del magno acontecimiento.

Como esto es un pueblo chico, es fácil saber quiénes son los Sánchez. No son moganeros, pero han comprado varios inmuebles en el barrio marinero de Arguineguín para destinarlos a alquiler vacacional.

Sólo con esa descripción bastaría para entender su aversión a Sánchez, y especialmente a que el muelle se utilice para algo distinto que la pesca y el turismo. Pero si añadimos que son dos personas muy allegadas a Onalia Bueno, ya tenemos el cuadro completo.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de Bueno y la postura de los dos espontáneos, no hubo algarada contra Sánchez en el muelle de Arguineguín. Muy al contrario, muchas de las personas presentes hicieron todo lo posible por saludarlo o hacerse fotos con él. Incluida una mujer que puso en sus brazos a un bebé, lo que proporcionó a la misma prensa conservadora la oportunidad de acusar al presidente del Gobierno de tratar de emular al Papa dedicándose a “bendecir” a los niños. Con lo ateo que es Pedro Sánchez, gracias a dios.

A ese afán se lanzaron medios de comunicación como Libertad Digital, ABC o El Español, que dejaron caer insinuaciones bastante perversas sobre un más que probable intrusismo profesional del presidente del Gobierno.

Onalia Bueno, la alcaldesa anti-inmigrantes que critica a Pedro Sánchez por haberlos dejado tirados en el muelle de Arguineguín, en plena pandemia y enorme crisis migratoria, allá por 2020, puso el grito en el cielo cuando supo que el presidente se sumaba a la comitiva de acompañamiento al Papa. Y siguió insistiendo incluso con el acto del pasado jueves ya iniciado, cuando intentó por activa y por pasiva acercarse a él para decirle cuatro cosas bien dichas. No consta que eso haya sucedido, ni que ella haya presumido de tal cosa.

Su velado llamamiento a rebelarse contra Sánchez (“no merece venir después de habernos dejado tirados”) tampoco cundió mucho porque, al contrario de lo que ha ocurrido en otros puntos de la geografía española con la visita del sumo pontífice, no hubo gritos de “hijo de puta” o “vete ya de aquí”, entre otros del repertorio contestatario.

Al contrario, hubo mucho jolgorio no solo con la presencia allí de Pedro Sánchez sino también de algunos de sus ministros. El más vitoreado y abrazado fue, una vez más, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que sigue disfrutando de mucha popularidad en Canarias, como se encargan de insistir las encuestas, incluidas las encargadas por los medios de comunicación más alejados de las tesis gubernamentales.

Así que, ante un ambiente tan proclive al Gobierno, los enviados especiales de los medios de Madrid se las vieron y se las desearon para acercar a sus audiencias y a sus lectores voces que criticaran de la manera más agria posible al presidente.

Y esas voces las encontraron en los hermanos Juan Carlos y José Luis Sánchez, que enseguida se prestaron a colaborar, entre otros, con el programa de Cuatro En boca de todos, que presenta desde Madrid Nacho Abad.

Sobre el rótulo “Vecinos contra Sánchez”, los Sánchez se despacharon con el mismo discurso, exactamente el mismo, de la alcaldesa Bueno: “Lo que no entendemos es cómo Pedro Sánchez se gasta el morro y se presenta aquí para sacarse la foto cuando nos dejó abandonados durante la pandemia con 3.000-4.000 inmigrantes tirados ahí en el muelle hacinados, con la orina, con las heces, sin comida, bajo el sol, esto fue de locos, una película de terror”…

Y más leña al fuego: “Y esto durante la pandemia, con los coches fúnebres viniendo aquí a recoger a nuestros familiares y poniéndonos aquí a estas personas”..., momento en el que paró para no pronunciar la palabra “estorbando”.

Y, mientras eso nos hacía Sánchez, qué hacía nuestra noble alcaldesa. Lo explicó Juan Carlos estupendamente bien: “Todos los días preocupándose, recogiendo comida, recogiendo mantas, todos los días en el muelle atendiéndolos”.

Pero la reportera, desplazada a Gran Canaria para la ocasión, quería un poco más de sangre: “Si pasa por aquí Pedro Sánchez, ¿qué harían?”, les preguntó.

La respuesta fue hasta suave, teniendo en cuenta la provocación: “Yo creo que es mejor que Pedro Sánchez venga en submarino al muelle porque si pasa por aquí por las calles va a ser abucheado por todo el pueblo de Arguineguín porque no queremos que venga, estamos totalmente en contra”.

Los Sánchez también fueron utilizados por el periodista Chapu Apeolaza para su crónica en ABC, que tituló de este modo tan llamativo: «No le tiraremos piedras a Sánchez por respeto al Papa».

El periodista los entrevistó en el restaurante Le Patio, en la plaza de los Poetas, donde pronunciaron para él la proclama clásica: “No somos racistas”, “pero el pueblo no ha olvidado cuando nos dejaron solos”.

La pieza incluye unas declaraciones de la alcaldesa de Mogán también previa a la visita papal: «Viene aquí porque es un sitio donde no le pueden gritar», zanjó Onalia Bueno. 

El periodista se tragó una de las habituales mentiras de la alcaldesa, que le aseguró que el Ayuntamiento de Mogán había tenido que ampliar el cementerio municipal para dar sepultura a los numerosos migrantes que llegaban muertos a Arguineguín o morían al ser desembarcados. La ampliación del camposanto se adjudicó en 2019 y las obras empezaron en mayo de ese año, un año antes de la crisis migratoria, lo que hubiera sido fácil de comprobar con un vistazo a la web del Ayuntamiento.

La visita del papa León XIV ha dejado varios testimonios de mucha conmoción como el de Blessing, que no ha podido poner su rostro, pero cuya historia ha sido leída por una voluntaria. “Me quitaron a mi bebé para obligarme a prostituirme, me trataron muy mal, me separaron de mi hijo, que tenía 11 meses”, relata.

Blessing no dejó Nigeria porque quisiera sino “porque no había otra salida”. Allí tuvo que dejar a sus dos hijas porque se vieron si alimentos. Sin embargo, la mujer ha señalado que las mafias le dijeron que su deuda ascendía a 25.000 euros y que así empezó su cautiverio.

“Cuando llegó el momento de cruzar el mar vi cómo las personas que salieron antes que nosotros murieron ahogadas”, dijo la voluntaria que leyó su relato.

“Juré vivir, morir intentándolo, elegí cruzar. Gracias a dios la patera en la que viajé llegó a la orilla, pero el sufrimiento no terminó ahí durante el viaje, quedé embarazada de un hombre de la mafia”.

Más adelante, la Policía detuvo a estas personas y pudo recuperar a su hijo. Con la ayuda de la Iglesia, explicó, ha podido salir poco a poco adelante. “Pero no ha sido fácil, ha habido días en que la esperanza ha sido muy pequeña pero he aprendido a creer en mí misma de nuevo”.

Agradeció a las personas que la han ayudado y mandó muchas fuerzas a las mujeres en su misma situación.

Por su parte, el Papa le dedicó parte de su discurso. Le dijo que su nombre significa bendición, y “si otros pusieron precio a tu cuerpo, Dios no ha dejado nunca de mirarte como alguien invaluable”.

“Eres hija y hermana, eres bendición”, insistió. También pidió a las personas migrantes que no entreguen su vida a quienes prometen “paraísos fáciles, esos cantos de sirenas que son industrias de muerte”.

León XIV centró su discurso especialmente en defender los derechos de las personas migrantes, en dar un recado a Europa, a los gobernantes para que no haya más muertes en sus costas y a la humanidad, a las personas cristianas para que no solo acudan a la Iglesia, sino que sean solidarias con estas personas y defiendan sus derechos.

En el muelle varias mujeres víctimas de explotación sexual explicaron a este periódico antes de la llegada del Papa que esperaban escuchar el testimonio de esa mujer y las palabras que León XIV dijera a las personas migrantes. Según explicaron, para ellas “dios” cobra una gran importancia pero “sin fanatismos” y es clave para sentir que hay esperanza y tener esa seguridad de que “todo va a estar bien”.

Dos de esas mujeres relataron a este periódico que se sienten privilegiadas por estar cerca de León XIV este jueves. Una de ellas señala que la vida del migrante es muy dura que te tratan de “explotar”. Ana (nombre ficticio) subraya que “nadie sabe la cruz que carga la otra persona” y que ella misma se ha visto obligada a dormir en la calle, y que finalmente acabó siendo explotada sexualmente. Dejó a su hijo en Colombia y le ha costado mucho traerlo a España.

Subraya además que sufrió acoso en una sede las viviendas en las que trabajaba como empleada de hogar, pero nunca pudo denunciar por miedo a que la deportaran. Otra de las mujeres también explica que en una vivienda en la que trabajó su jefa le pegó y no pudo denunciar por miedo.

Son algunas de las realidades que relatan mujeres que han sido víctimas de explotación sexual y que han querido estar en el muelle junto a León XIV porque creen que es importante que en un momento de discursos de odio hacia las personas migrantes hay “empatía” y se conozca su realidades.

El papa León XIV ha tomado tierra este jueves en la base de Gando, en Gran Canaria, minutos antes de las 11.00 horas (hora local) y poco después de que lo hiciera el avión en el que ha llegado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En tierra esperaban al Pontífice numerosas autoridades, encabezadas por el propio Sánchez y varios ministros, así como por el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, entre otros.

Su agenda lo llevó directamente al muelle de Arguineguín, en Mogán, a donde son trasladados los cayucos y pateras con migrantes que arriban a Canarias.

A continuación, León XIV se trasladó a la capital grancanaria, para un encuentro con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes de pastoral de las islas orientales.

Por último, ya por la tarde, ofreció una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria.

A ras del suelo que pisará este jueves el papa León XIV durmieron miles de personas migrantes en 2020. El muelle de Arguineguín (Gran Canaria) llegó a hacinar a hasta 2.600 personas en un fin de semana. Entonces, un repunte de llegadas sorprendió a Canarias sin recursos de acogida suficientes, a pesar de que las islas llevaban más de 20 años recibiendo pateras y cayucos. Una garrafa de agua para ocho o diez personas, gente durmiendo sobre un cartón, personas bajo custodia policial más tiempo del que permite la ley, menores identificados como adultos o ratas correteando por el campamento son algunas de las estampas que hicieron que este lugar fuera bautizado como “el muelle de la vergüenza”. 

Entre las miles de personas que pasaron por Arguineguín estaba Mohammed Syla, nacional de Mali. Seis años más tarde, Syla reivindica la labor de los ''trabajadores en el mar''. ''Si no estuvieran allí, todos los inmigrantes que llegan por mar morirían'', subraya. Aunque recuerda la falta de agua suficiente para lavarse y las carencias en la comida, afirma que estará siempre agradecido con el pueblo español y canario ''por los esfuerzos realizados para salvar a todas estas personas''. ''Porque si nos salvamos, tendremos esperanza de un futuro mejor, especialmente porque queremos trabajar en España'', concluye.

Este 11 de junio, en el marco de su viaje a Canarias, el papa León XIV tendrá un encuentro con migrantes, trabajadores y voluntarios en el puerto de Arguineguín, acompañado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por diferentes ministros y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Con esta visita, el pontífice pretende visibilizar el fenómeno migratorio, así como las tragedias que no cesan en las costas canarias, que durante años han sido las más mortales de todo el mundo. Ya durante su paso por Madrid, el Papa ha defendido una “acogida respetuosa” a las personas migrantes y una respuesta que vaya “más allá de la mera gestión de flujos” y que ofrezca “vías seguras y legales” y posibilidades reales de integración. 

La “vergüenza” de Arguineguín empezó el 3 de agosto de 2020, cuando 71 migrantes recién llegados a Gran Canaria desde el Sáhara Occidental pasaron la noche en el suelo bajo una carpa de la Cruz Roja. El grupo quedó a la espera de que se habilitara un lugar donde se procediera a su identificación y se le practicara la prueba PCR. Sin embargo, la imagen comenzó a repetirse a diario y de una carpa pasó a haber doce, y aunque la capacidad del muelle era de 400 personas, llegaron a estar hacinadas 2.600. 

“Fueron momentos muy duros”, cuenta a Canarias Ahora José Antonio Rodríguez Verona, responsable de los equipos de Cruz Roja que ofrecen la primera atención a los migrantes en Canarias. “Era difícil atender a las personas en el propio muelle en unas condiciones en las que lo que teníamos eran unas pocas carpas y otras que nos había dejado el Ejército para que estuvieran lo más cobijadas y a la sombra posible. Quienes han estado en el muelle saben la inclemencia que se sufre allí con las olas de calor”, subraya.

Rodríguez Verona recuerda especialmente cómo tuvieron que ofrecer asistencia en un contexto de pandemia. “Tuvimos que hablar con muchos comercios y restaurantes para que abrieran y poder ofrecer desayuno, almuerzo y cena a esas miles de personas que llegaron a estar allí”, detalla. 

Aunque para él todas las llegadas fueron igual de importantes, sí recuerda los momentos en los que las embarcaciones precarias llegaban al muelle por sus propios medios. El trabajador de Cruz Roja no se olvida tampoco de los compañeros de Salvamento Marítimo, que “salían al rescate de una embarcación y de buenas a primeras te llamaban para desembarcar a cinco grupos e irse a rescatar a otra”. “Todos convivimos en esa situación e intentamos hacerlo lo mejor posible”, sostiene. 

Sobre la visita del Papa, reconoce que se trata de un encuentro importante, pero subraya que para Cruz Roja lo fundamental es seguir atendiendo dignamente a todas las personas que lleguen a las costas de las islas. Rodríguez celebra que las condiciones de la primera atención a pie de muelle han mejorado respecto a 2020. “En todos los muelles de Canarias en este momento tenemos instalaciones fijas y adecuadas para atender a las personas. En aquella época teníamos carpas de montar y desmontar”, ejemplifica.

Condiciones “lamentables”

El Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o la organización Human Rights Watch son solo algunas de las voces que exigieron el cierre del campamento porque no reunía las condiciones mínimas ni aseguraba la dignidad ni la salud de los supervivientes de la ruta canaria. No fue hasta cuatro meses después de su apertura cuando el Ministerio del Interior anunció el desmantelamiento definitivo.

Las condiciones en las que los migrantes fueron acogidos en el muelle de Arguineguín llegaron también a la Justicia. Sin embargo, en enero de 2022, la Audiencia de Las Palmas archivó definitivamente la denuncia contra el hacinamiento de personas en este puerto del municipio de Mogán. El abogado especializado en Extranjería Daniel Arencibia matiza que la resolución de la Audiencia sí reconoció que hubo actos antijurídicos, ya que en el auto puede leerse que ''resulta posible estimar la comisión de los referidos delitos por más que no se denuncie a nadie en concreto''.

El Tribunal reconoció que las condiciones del campamento eran “lamentables”, pero justificó que la “penuria” no respondía a la actuación voluntaria y arbitraria de las autoridades, sino que obedecía a una “situación de carencia de recursos ante el número de inmigrantes que afrontaron la travesía”. 

Sobre el posible delito contra la integridad moral, el fallo concluyó que “se intentó ofrecer amparo, protección y asistencia, si se quiere insuficiente, pero no había otra alternativa, no era posible prever tan masiva llegada”. En febrero de 2019, un informe de la agencia europea de fronteras, Frontex, ya había advertido sobre un previsible aumento de las llegadas de pateras y cayucos a Canarias desde África Occidental. Asimismo, durante el último trimestre de 2019, diversas ONG explicaron que el aumento de rescates ese año solo eran la “antesala” de lo que sucedería en 2020.

Sobre mantener bajo custodia policial a decenas de personas durante más de dos semanas, sobrepasando el máximo legal de 72 horas, el auto concluyó que no se puede “perder de vista” el número de personas ni el ámbito en el que se desarrollan los hechos, “en un núcleo poblacional de pequeñas dimensiones”. “Sobre todo no podemos perder de vista que no existía en ese momento alternativa alojativa y asistencial alguna. Entendemos que la medida adoptada fue adecuada, por más indeseable que parezca, a la situación a la que se enfrentaron las autoridades administrativas”, estableció el documento.

Se da la circunstancia de que el fiscal de Delitos de Odio de la provincia de Las Palmas, José Antonio Díez, fue sustituido por la fiscal de Extranjería, Teseida García. Díez recurrió el primer archivo y exigió un informe policial sobre las detenciones ilegales en el puerto. García, por su parte, pidió el sobreseimiento libre al considerar que los hechos “no son constitutivos de delito alguno”.

En 2020, el Colegio de Abogados de Las Palmas también elevó una queja sobre la falta de garantías en la asistencia jurídica de las personas migrantes. Las personas que entraban al muelle de Arguineguín salían con una orden de devolución sin haber visto antes a un abogado. Esto se produjo “de manera sistemática” y fuentes de la Abogacía señalaron entonces a este medio que algunos letrados se justificaban apelando a la insalubridad del muelle. Por ello, se limitaban a firmar el papel que les daba la policía sin entrevistarse siquiera con los migrantes afectados, aunque estuviera en juego su deportación.

Arcadio Díaz Tejera era juez del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y responsable de control de CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros). Recuerda que se plantó “en un lugar donde estaban hacinando a seres humanos sin agua potable, sin cama y sin techo, con baño químico y comiendo bocadillo”. Explica que cuando visitó por primera vez el muelle de Arguineguín, la policía se sorprendió, porque además todavía tenía la acreditación de magistrado de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, les explicó que parte de esos chicos podían estar en el CIE y otra parte en libertad. Lo que estaba claro era que “no podían estar hacinados”. 

Díaz Tejera explica que algunos de los jóvenes allí hacinados le llegaron a mostrar el papel con su fecha de llegada y que algunos pasaron “semanas varias diversas y plurales”.“¿Qué ocurre? La conclusión general que adoptó la Audiencia Provincial es que la situación no era una situación antijurídica”, añade.

Esa situación física en que tú no puedes deambular, es de detención

Recuerda que había 2.500 personas en un lugar “sin ningún órgano jurisdiccional que lo autorizase, porque, entre otras cosas, no podía autorizarlo, porque no hay cobertura para tener detenidas a estas personas, porque aunque ellos decían que no estaban detenidas, no era verdad, porque no se les dejaba deambular. No podían salir del recinto para ducharse por agua caliente, ni para comerse un plato caliente, ni para cambiarse de ropa. Luego, esa situación física en que tú no puedes deambular, es de detención”, subraya. 

Otro de los argumentos que apunta que se ha dado es que nadie les impedía irse, a lo que agrega que había unas vallas y una cohorte de policías que impedía salir de ahí.  A juicio de Díaz Tejera fue una situación “antijurídica e inhumana” que se prolongó mucho tiempo. También cree que se podía haber evitado habilitando otros espacios como institutos, hoteles… como se hizo luego durante la pandemia. 

También incide en que las personas que pasaron por el muelle de Arguineguín pasaron semanas “sin asistencia jurídica” y que “tuvimos que pelear con las autoridades” para que se pusiera esa asistencia y se explicara a los migrantes sus derechos. 

El abogado Daniel Arencibia, que llevó la denuncia del Ayuntamiento de Mogán, ha recordado en sus redes sociales que “el Defensor del Pueblo sí sintió la vergüenza con sus propios sentidos. Y lo dejó escrito”. Arencibia también valora que Arcadio Díaz Tejera pusiera “nombre” a lo que allí ocurrió y lamenta que en el muelle los migrantes “dormían en el suelo, entre ratas, sin duchas, detenidos sin control judicial más de 72 horas, sin distancia de seguridad…”

La visita de León XIV

Sobre la visita del papa León XIV, Arcadio Díaz Tejera subraya “el detalle de estar con los migrantes bien Arguineguín o en el lugar que crean oportunos”. “Lo que sí es importante es recordar que incluso los que desprecian a los seres humanos también son seres humanos y hay que intentar convencerlo para que nadie se convierta en un odiador profesional, bien sea grupos vulnerables como migrantes o bien sean mujeres maltratadas. Se trata de reconocer la fragilidad y la vulnerabilidad del ser humano y acoger al ser humano. Entonces a mí el que el Papa se reúna con los migrantes que vivieron la experiencia a Arguineguín, es honrar el mérito y el esfuerzo de haberse jugado la vida y que la inmensa mayoría lo que quiere es tener una vida digna”

“A mí me parece que honra a este Papa y honra a la Iglesia Católica el ser solidario y abrazar a los migrantes, pidiendo que todos recordemos que habíamos podido ser inmigrantes también si hubiésemos vivido las condiciones que ellos han estado viviendo”.

Está previsto que León XIV llegue al muelle de Arguineguín sobre las 11.40 (hora canaria). Lo hace solo un día después del informe de Caminando Fronteras que evidencia que en lo que va de año más de 600 personas han muerto tratando de llegar a Canarias.

El Ayuntamiento de Mogán ha logrado cambiar a tiempo las lonas que la Concejalía de Turismo había instalado para tapar algunas vallas de solares del barrio marinero de Arguineguín ante la inminente visita del Papa este mismo jueves.

Tras descubrirse la errata por la que se daba la bienvenida en un italiano incorrecto, “bienvenuti”, ya entrada la tarde una cuadrilla de operarios sustituyó las lonas por otras de nueva confección en la que ya se leía correctamente la palabra benvenuti, es decir, bienvenidos, en plural, junto al mismo saludo en otros idiomas europeos.

El Papa León XIV acudirá este jueves al muelle de Arguineguín a presidir un acto de homenaje a las personas migrantes en el que será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo. También estará presente la alcaldesa de Mogán, la polémica Onalia Bueno, que siempre se ha significado contraria a la migración, y varios ministros, entre ellos el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, ha criticado este viernes la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al acto que el papa León XIV llevará a cabo el 11 de junio en el muelle de Arguineguín al considerar que “no mostró en su día ningún tipo de interés” durante la crisis migratoria de 2020 pese a que la migración es una competencia estatal. “No merece venir”, observó.

La regidora ha reaccionado así al anuncio de Moncloa de este jueves que informaba que Sánchez asistirá con el pontífice al encuentro que mantendrá en la isla con migrantes, ONGs y entidades que los atienden para visibilizar el drama migratorio.

Asimismo, el Papa, que con el encuentro en el muelle pretende visibilizar la tragedia de la inmigración que cada año se cobra cientos de vidas en el mar, también estará acompañado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En declaraciones a Cuatro recogidas por Europa Press, Onalia Bueno ha señalado que durante aquella crisis migratoria solicitó la presencia y el auxilio del Estado en el muelle, donde, según ha recordado, llegaron a permanecer más de 3.600 personas hacinadas.

También ha reprochado al Gobierno central que no actuara hasta que el Ayuntamiento de Mogán (municipio ubicado en el sur de la isla) “dio un golpe en la mesa” habilitando guaguas para trasladar la situación y a los migrantes a la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria.

Con todo, la alcaldesa ha asegurado que la noticia de la visita del presidente ha sido recibida “de aquella manera” por los vecinos de Mogán y de Gran Canaria.

En este punto, Bueno entendió que el presidente “no merece venir” ahora a un lugar en el que, sostiene, “nada hicieron” cuando la situación dependía directamente del Estado.

Cuando el papa León XIV eleve una plegaria desde el puerto de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, por los miles de inmigrantes que han perecido en un cayuco en la Ruta Atlántica a Canarias, por los que van a seguir muriendo y por aquellos que lo dan todo para rescatarlos, Ousseynou Fall rezará por su hermano.

Este antiguo pescador de Saint Louis (Senegal) llegó a Gran Canaria el 12 de noviembre de 2020, en su segundo intento. No sabía leer ni escribir, pero la generosidad de una familia de acogida le abrió camino. Aprendió, se formó y ahora trabaja como cocinero de hotel. No se ha ido de Canarias, es un vecino más de Arguineguín.

“Aquí”, dice señalando una tapa de alcantarilla, casi al final del muelle, “justo aquí dormí la primera noche cuando me rescataron”. Ousseynou Fall suele acercarse de cuando en cuando al muelle.

Allí terminaron sus noches sin agua, allí se desvaneció el miedo a hundirse, allí comenzó su nueva vida. En ese muelle, sobre todo, recuerda a los amigos y familiares que se quedaron en el mar.

Historias como la suya conmovieron a Francisco, el papa que quiso abrir su pontificado en Lampedusa, ofreciendo consuelo a los inmigrantes rescatados del Mediterráneo. El propio Fall se la contó en una carta que el pontífice hizo pública en 2023 en una de las muchas ocasiones en que anunció su deseo de viajar a Canarias.

La salud se lo impidió, pero el 11 de junio su sucesor cumplirá su promesa y abrirá en Arguineguín su visita a Canarias, con un encuentro con inmigrantes, familiares de desaparecidos, servicios de rescate y voluntarios.

Del campamento masificado al cierre

El puerto vive estos días cierto ajetreo por los trabajos de acondicionamiento previos a la visita de León XIV, pero nada queda ya del campamento donde Ousseynou Fall desembarcó después de que la Salvamar Menkalinan rescatara su cayuco, que ya se hundía.

Era temprano, recuerda, y el muelle estaba lleno: casi 2.000 hombres y mujeres dormían allí hacinados durante días sobre mantas, sin más protección para el sol o la lluvia que unas carpas.

Esa misma mañana lo visitó el juez encargado de velar por las garantías en el centro de detención de migrantes (CIE) de Gran Canaria y describió sus condiciones como “degradantes e inhumanas”.

Solo ese mes pasaron por ese pequeño puerto del sur de Gran Canaria 6.357 migrantes. Al final de noviembre fue clausurado a petición del Defensor del Pueblo, cuando ya cargaba con el nombre de 'muelle de la vergüenza'.

“Fue un momento muy complicado. Cruz Roja tuvo que reinventarse”, recuerda José Antonio Rodríguez Verona, responsable de los equipos de la ONG en Canarias encargados de la primera atención en los puertos a los recién rescatados. “Ese apelativo por el que todo el mundo lo llama, a mí no me gusta ni nombrarlo. Hicimos un gran esfuerzo para atender a miles de personas en plena pandemia, con todo cerrado”.

Rodríguez Verona estaba allí en aquellas fechas y lo sigue estando ahora, lleva tres décadas atendiendo pateras. Menos años de experiencia que él acumula Tito Vilarmea, actual patrón de la Guardamar Urania, el barco de rescate más moderno de Salvamento Marítimo. Cuando la Menkalinan rescató a Fall, Vilarmea también estaba destinado en Arguineguín, en la Guardamar Concepción Arenal.

Un muelle de orgullo

Para este marinero gallego, que el papa haya elegido Arguineguín para dirigirse al mundo también lanza un mensaje. “Yo no lo considero el muelle de la vergüenza, no lo fue. Fue un muelle solidario, un muelle de voluntarios. Todo el pueblo se volcó: comercios, vecinos que traían agua, comida y abrigo. Se doblaron turnos, se hizo un esfuerzo sobrehumano. Para mí fue muelle del orgullo”, afirma.

Rodríguez Verona y Vilarmea estarán entre los invitados al encuentro con el papa. “Este trabajo deja heridas, somos humanos”, admite el responsable de Cruz Roja, que estos días ha pensado mucho en Eléne Habiba, la niña maliense de 24 meses a la que se le paró el corazón justo en ese mismo muelle, cuando ya estaba a salvo.

El patrón de la Urania reconoce que en ocasiones le asalta cierta sensación de culpa, “porque, por desgracia, hay hundimientos, vuelcos, neumáticas que se pinchan... y piensas qué hubiera ocurrido si hubiéramos llegado antes o si el mar hubiera estado mejor”.

Cuando le pasa eso, se refugia en otro recuerdo, el de aquella madre a la que salvó, una mujer que viajaba con un hijo adolescente completamente tapado con un chaquetón grande y un gorro de lana.

“Bajé para el recuento a identificar si eran varones o mujeres y, entonces, la madre le sacó el gorro, le soltó la melena y le puso unos pendientes, como diciendo: ahora vuelves a ser mujer”.

Tito Vilarmea siempre ha pensado que aquella mujer había disfrazado a su hija de niño para protegerla de muchos peligros de la ruta y se emociona. “Yo también tengo hijas, ¿sabes?”.

Barça o barzakh

Fall les escucha en silencio. Acaba de reconocer en el muelle a uno de los marineros que lo rescataron en 2020 y solo acierta a dar las gracias. “En nombre de todos mis compañeros”, enfatiza.

En su cayuco murieron cuatro personas de frío y sed. Por eso, cuando oye repetir entre los jóvenes de Saint Louis u otros lugares de Senegal la consigna de 'Barça o barzakh' ('Barcelona'/llegar o 'morir') siempre intenta disuadirlos, no soporta más muertes.

Fall baja la mirada y sus ojos se llenan de lágrimas al recordar a su hermano, que tenía 23 años. “No me dijo nada. Murió en el camino. En el cayuco que apareció en Brasil”.

Son historias de Arguineguín.

El director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, ha presentado una propuesta que invita a conocer los 52 puertos de titularidad autonómica, con visitas guiadas y gratuitas, según ha anunciado este miércoles el Gobierno de Canarias.

Moreno señala en un comunicado que estos puertos “resultan fundamentales para el transporte de pasajeros y mercancías que une las ocho islas del archipiélago”, así como para “actividades científicas y tecnológicas, marinas deportivas o muelles de actividad pesquera”.

En estas visitas, la ciudadanía podrá conocer como han evolucionado las infraestructuras, alcanzando la sostenibilidad.

Además, Puertos Canarios ha dado a conocer también el contenido del proyecto escénico Historias de Sal y el calendario de trabajo previsto para esta propuesta en distintos enclaves del litoral grancanario, para después continuar por el resto de las islas.

Esta es una de las actividades principales de las Jornadas de Puertos Abiertos, que propone un espectáculo de pequeño formato, dirigido a todos los públicos y con una duración aproximada de 40 minutos que combina teatro, música y poesía visual a través de una casa-barco rodante.

En el centro de esta propuesta, apunta Puertos Canarios, está la sostenibilidad, la memoria, la comunidad, la resiliencia y el respeto al medio marino.

Itinerario de trabajo programado entre mayo y junio, para la isla de Gran Canaria, la primera a abordar en este circuito.

Calendario:

1. Viernes, 22 de mayo / Taliarte / 18:00 horas

2. Domingo, 24 de mayo / La Aldea / 11:30 horas

3. Viernes, 5 de junio / Pasito Blanco / 18:00 horas

4. Sábado, 6 de junio / Arguineguín / 18:00 horas

5. Miércoles, 10 de junio / Sardina / 11:30 horas / Escolares

6. Viernes, 19 de junio / C. El Romeral / 11:30 horas / Escolares

7. Lunes, 22 de junio / Agaete / 12:30 horas

8. Jueves, 25 de junio / San Cristóbal / 11:30 horas / Escolares

9. Domingo, 28 de junio / Mogán / 18:00 horas

El papa León XIV participará en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), junto a medio centenar de migrantes, en una ofrenda floral en memoria de quienes han perdido la vida en el Atlántico en su intento por llegar a Europa en pateras y cayucos a través de la ruta marítima canaria.

Así lo ha desvelado este jueves el director gerente del ente público Puertos Canarias, José Gilberto Moreno, quien ha recalcado que esta parada del pontífice, la primera que realizará tras su llegada a las islas procedente de Barcelona el próximo 11 de junio será la que “dará sentido ”a su estancia en Canarias, ya que responde al deseo de su antecesor, el papa Francisco, de visitar el archipiélago para apoyar su acogida a los migrantes.

Moreno ha destacado la complejidad logística del viaje del papa a Canarias, que comenzó a prepararse, ha dicho, hace cuatro meses y ha propiciado dos visitas de comitivas del Vaticano previas a su llegada.

La organización propia del evento, las cuestiones relacionadas con la seguridad y las que atañen al protocolo de las distintas instancias que están implicadas en él han centrado las reuniones de coordinación de la que será la primera visita de un pontífice a las islas.

Tras llegar al aeropuerto de Gran Canaria, está previsto que León XIV se desplace hasta el muelle de Arguineguín, desde donde Salvamento Marítimo acude a socorrer a las embarcaciones precarias que se dirigen a Europa por la Ruta Canaria, un recinto que en 2020 llegó a acoger a más de 2.000 migrantes durante días en el contexto de un repunte que originó una crisis humanitaria en las islas.

Su gestión involucró a numerosos efectivos del Servicio de Urgencias Canario, Cruz Roja, pescadores del lugar, ciudadanos anónimos y miembros de los distintos cuerpos policiales, además de agentes sociales encargados de prestar asistencia a todos los supervivientes de una travesía muy mortífera.

Por eso, que León XIV se vaya a encontrar en Arguineguín con 2.800 personas, el 80 % de ellas familias de migrantes de todos los continentes menos de Oceanía, constituirá el acto más emotivo de los que protagonizará en Gran Canaria, ya que en él se homenajeará “a todas personas y entidades que han trabajado por la integración de los inmigrantes” en Canarias.

Por ello, además de las familias de migrantes, en ese muelle del sur de Gran Canaria se darán cita también empresarios que les dan trabajo, personal de centros de acogida, representantes de la cofradía de pescadores local, de servicios de seguridad, y de centros de formación.

En estos días se acondiciona el espacio en el que se desarrollará este acto, que ha ido cambiando de formato hasta que se ha determinado que el escenario al que el papa accederá a pie, que primero se pensó situar junto al dique de seguridad, se ubicará junto a la dársena que da al muelle de pescadores, de forma que se vea el mar abierto para que “haya una expresión visual de por qué cruzan el Océano Atlántico y llegan al primer lugar que aparece en Europa”.

Esto permitirá aprovechar todo el dique para que unas 50 personas migrantes y el propio papa, que se bajará para ello del escenario, hagan una gran ofrenda floral al mar, a la que seguirá el testimonio de 15 de ellas y un discurso del pontífice sobre este fenómeno humano, asociado a las guerras, el cambio climático y las hambrunas.

Moreno ha detallado que en Arguineguín se instalarán 3.000 sillas y dos espacios infantiles, así como dos gradas, donde se ubicará a los representantes de los medios de comunicación acreditados para cubrir “el acto central del papa” en Gran Canaria.

León XIV también se dirigirá a pie hasta una pequeña imagen de la Virgen del Carmen, resguardada en una pequeña instalación en la entrada del dique, en la que presenciará la instalación de una cruz de dos metros de longitud confeccionada con madera de cayuco, que permanecerá en el lugar en recuerdo de lo que allí se ha vivido y de la visita papal.

Aunque se sabía que la visita del Papa a Canarias este mes de junio tendría un marcado interés por la realidad migratoria que viven las islas, no ha sido hasta este miércoles cuando la Conferencia Episcopal ha confirmado la agenda oficial de actos del pontífice en el archipiélago, que incluye una visita el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, y al centro de acogida de migrantes de Las Raíces, en Tenerife.

Además, tal y como ya se había anunciado, León XIV oficiará dos misas multitudinarias: una en el Estadio de Gran Canaria y otra en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles en la sede de la Conferencia Episcopal, los cuatro obispos de los lugares que visitará el pontífice han expuesto el programa previsto. Estos es el programa oficial de actos de la visita del Papa a España este mes de junio:

Programa de actos de la visita del Papa a Canarias

En la mañana del jueves 11 de junio, por primera vez en la historia, un Papa visitará el Archipiélago, haciendo suyo el deseo de su antecesor, el Papa Francisco, relata la Conferencia Episcopal. El Pontífice aterrizará en la base aérea de Gran Canaria/Gando, desde donde acudirá al Puerto de Arguineguín para conocer de primera mano las realidades de acogida a los migrantes. Tras esto, se encontrará en la Catedral de Santa Ana con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral de la diócesis. Por la tarde, la jornada culminará con la celebración de la Santa Misa presidida por León XIV en el Estadio de Gran Canaria.

El viernes 12 de junio, el Santo Padre viajará desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Santa Cruz de Tenerife. Tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos, en el municipio tinerfeño de La Laguna, visitará a los migrantes del Centro Raíces, tras lo cual, mantendrá un encuentro con las entidades dedicadas a la integración de inmigrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna. Finalmente, esta etapa y el Viaje Apóstolico a España, concluirán con la celebración de la Santa Misa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 

Tras la ceremonia de despedida en el aeropuerto intencional de Tenerife Norte-Los Rodeos, el Papa emprenderá el vuelo de vuelta a Roma.

Actos en Madrid y Barcelona

Antes de llegar a las islas, el Papa aterrizará en Madrid y Barcelona.

El Papa llegará a España el día 6 de junio por la mañana, al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid/Barajas, en donde será recibido por los Reyes y otras autoridades. Del aeropuerto, se trasladará al Palacio Real en donde tendrá lugar un encuentro institucional de recepción y bienvenida presidido también por Su Majestades, junto con los representantes del resto de instituciones, la sociedad civil y del cuerpo diplomático.

 El mismo día por la tarde, León XIV visitará el proyecto social CEDIA 24 Horas de Cáritas, un centro especializado en la atención integral y acompañamiento de personas sin hogar, poniendo así, ya desde el mismo día de su llegada, la caridad en el centro de todo el Viaje. Tras este encuentro, el siguiente hito del día 6 será una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima, que culminará con la celebración de una Adoración Eucarística.

Al día siguiente, el domingo 7 de junio, festividad del Corpus Christi, la jornada arrancará con la primera de las grandes misas del viaje. En la Plaza de Cibeles, el Santo Padre presidirá la Santa Misa y, posteriormente, en la zona cercana, una procesión eucarística por el día del Corpus. Ya por la tarde, León XIV presidirá en el recinto Movistar Arena, el acto Tejer Redes, en el que participarán representantes del mundo de la cultura, del arte y la economía.

El lunes 8 por la mañana, el Santo Padre recibirá en la Nunciatura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Posteriormente, acudirá al Congreso de los Diputados, en donde por primera vez en la historia de nuestro país, León XIV se dirigirá a los miembros del Congreso y del Senado. Tras este acto, el Papa se encontrará con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal. 

Ya por la tarde, el Papa dirigirá una oración a la Virgen de la Almudena, en la Catedral de Santa María de la Almudena. Y desde ahí, acudirá al estadio Santiago Bernabéu para presidir un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid. 

Finalmente, la parada en la capital concluirá el martes 9 de junio, por la mañana, con un encuentro con los voluntarios que han trabajado en la organización de esta etapa del viaje. Será en IFEMA y desde allí, se trasladará al aeropuerto para emprender el vuelo a Barcelona. 

Ya en Barcelona, el mismo día 9, tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Barcelona/El Prat, el Santo Padre rezará la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Al finalizar la tarde, presidirá una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Compayns.

Para las personas llegadas en patera, salir a la calle el 13 de diciembre de 2020 no era seguro. Ese fin de semana, decenas de vecinos de Gran Canaria se concentraron a las puertas de los hoteles de acogida en contra de la inmigración. “¡Fuera moros!, ¡Van a pagar, cabrones!”, gritaban. Como medida de precaución, las organizaciones humanitarias aconsejaron a los usuarios no salir de los recursos en 48 horas. Al mes siguiente, las manifestaciones se convirtieron en persecuciones con machetes. A través de un chat de WhatsApp, algunas personas se organizaron para “limpiar la isla de migrantes”. Dos años después, una investigación ha analizado los discursos que se esconden detrás de estos brotes racistas, que llegaron incluso a justificar las muertes en el mar.

La gestión de la acogida de las 23.000 personas que arribaron al Archipiélago en 2020 provocó dos reacciones diferentes en la población. Por un lado, se articularon en todas las islas redes de solidaridad que dieron alojamiento, comida, apoyo y compañía a los recién llegados. Al mismo tiempo, la descoordinación, la improvisación y los bulos en las redes sociales unidos a los discursos de odio dieron lugar a movilizaciones en contra de la inmigración. Algunas fueron organizadas por plataformas vecinales. Otras, por partidos políticos de extrema derecha. 

La investigación Construcción discursiva de fronteras morales en manifestaciones anti-inmigración, elaborada por el experto en psicología social Daniel Buraschi y la socióloga María José Aguilar Idáñez, apunta que la mayoría de las manifestaciones en contra de las pateras tuvieron lugar mientras los migrantes estaban hospedados en hoteles de manera temporal. Cuando pasaron a vivir en macrocampamentos como Las Raíces o Canarias 50, la respuesta solidaria fue “mucho más visible”. 

El “racismo democrático”

La falta de recursos estables de acogida y el hacinamiento de 2.600 personas durante semanas en el muelle de Arguineguín llevaron a las autoridades a utilizar los complejos hoteleros como espacios de acogida. En ese momento, estaban vacíos como consecuencia del cierre de fronteras ordenado para frenar la COVID-19. A pesar de ello, fueron muchos los dirigentes políticos que señalaron a la inmigración como responsable del cero turístico que vivió Canarias por la pandemia de coronavirus.

“La solución a la crisis migratoria no es hipotecar la recuperación económica de Fuerteventura”, dijo el presidente del Cabildo insular, Sergio Lloret. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el diputado de Vox por la provincia de Las Palmas, Alberto Rodríguez, participaron en manifestaciones para “salvar el turismo” donde se gritaba “no a la invasión”. La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, tampoco dudó en hacer esta relación. “¿Tú irías de vacaciones a Lesbos o a Moria?”, interrogó en la Cámara. 

La culpabilización de los migrantes, sumada a la normalización de las muertes en el océano y al tratamiento del fenómeno desde el punto de vista de la seguridad han calado poco a poco en la ciudadanía. “Los prejuicios hacia la población migrante no son una simple expresión de actitudes individuales, sino que son argumentos públicos, fruto de un proceso social de construcción”, reza la investigación. 

De esta manera se va construyendo, según los investigadores, el “racismo democrático”. “Es la práctica de exclusión, criminalización, violencia, expulsión, segregación y explotación justificada en el marco democrático haciendo referencia a la seguridad y a la libertad”. Se presenta a las personas migrantes como criminales para legitimar así la vulneración de sus derechos. Con este discurso, las autoridades trasladan a la ciudadanía la idea de que las devoluciones en caliente, los centros de internamiento de extranjeros y la omisión de socorro en el mar son “respuestas razonables” para defender la libertad y la democracia. Tanto es así que el Sociobarómetro de Canarias publicó en 2021 que un 79,6% de la población isleña considera que las autoridades deben hacer “todo lo posible” para que las personas migrantes no entren en las islas. 

Con estas estrategias, apunta el documento, los grupos de poder han logrado que las fronteras que dividen el planeta se construyan también en el imaginario colectivo a través de las “fronteras morales”. Se trata de muros simbólicos que colocan a determinados grupos “fuera de los márgenes en los que sentimos la obligación de aplicar normas morales y de justicia”. “Esto nos permite aceptar determinadas acciones que si tuvieran lugar en el interior de nuestra comunidad moral serían inconcebibles”. Así, la política, los medios de comunicación y las redes sociales deciden quién está dentro y fuera de estas paredes y “quién merece justicia y empatía”. 

''Yo no soy racista, pero…''

Para explicar cómo se diseña la discriminación, el estudio recopila los argumentos utilizados por los participantes de dos manifestaciones anti-inmigración. La primera, celebrada en Gran Canaria y organizada por una plataforma vecinal. La segunda tuvo lugar en Tenerife y fue convocada por el partido de extrema derecha Identitarios. Mientras que en Gran Canaria primaba la preocupación por “recibir menos que los inmigrantes”, en Tenerife se apelaba a la amenaza con argumentos islamófobos y la “defensa de la patria”. 

En ambas movilizaciones había puntos en común. El primero: la negación del racismo. “Si te entran en casa, te defiendes. Si intentan forzar la puerta, pues disparas. Pero luego te llaman racista”, apunta uno de los testimonios recabados en Tenerife. En otros casos, se recurre a relativizar la vulneración de los derechos humanos que sufren las personas migrantes argumentando que en otros países estarían peor. “En sus países no tienen ni agua corriente y aquí quieren un hotel”.

Entre los testimonios también destaca el establecimiento de una separación entre las personas españolas y africanas a través del uso incesante del “nosotros” y “ellos”. En ocasiones, los conceptos utilizados llegan a la deshumanización con términos como “plaga”, “monos” o “parásitos”. 

Justificar la muerte

El racismo institucional ha empujado incluso a algunos sectores de la población a justificar las muertes. Naciones Unidas ha situado a la ruta migratoria hacia Canarias como la más peligrosa del mundo. Solo en 2022 perdieron la vida 1.784 personas intentando llegar a España por el Atlántico, según los datos recopilados por el colectivo Caminando Fronteras. La mayoría de los cuerpos desaparecen en el mar, dejando a centenares de familias sin respuestas. 

En las manifestaciones anti-inmigración, se percibía la violación del derecho a la vida de las personas migrantes como un “mal necesario” para defender un “bien superior”: la seguridad y la identidad. “Si los sacamos del agua, después tenemos que encargarnos de todo”. “¿Para qué rescatarlos? ¿Para que después entren en tu casa a robar y de paso te monten una mezquita?”.

Nada fue delito en Arguineguín

Las vulneraciones de derechos humanos que organizaciones internacionales denunciaron en Canarias en 2020 también pasaron desapercibidas para la Justicia. La detención de miles de personas bajo custodia policial sobrepasando el máximo de tiempo legal, la falta de duchas, de agua potable o de un espacio digno en el que dormir no fueron delito. La Audiencia Provincial de Las Palmas dio el carpetazo definitivo a la denuncia contra el hacinamiento de personas en el muelle. 

Aunque el auto concluyó que las condiciones del campamento eran pésimas, sostuvo que las personas que estuvieron en él pueden considerarse “afortunadas” por sobrevivir a la ruta canaria y por recibir asistencia humanitaria. Así, la Justicia justificó que la “penuria” que pasaron las personas llegadas en pateras a Gran Canaria no fue consecuencia de una acción arbitraria y voluntaria de las autoridades para vulnerar sus derechos, sino que se corresponde con una falta de recursos.

Organizaciones como Human Rights Watch advirtieron durante los cuatro meses en los que el campamento estaba en funcionamiento que las condiciones “no respetaban la dignidad de las personas ni sus derechos fundamentales”. En ese puerto del sur de la isla, las personas migrantes y refugiadas vivieron la falta de asistencia letrada y también la no identificación de perfiles vulnerables, como menores de edad o posibles solicitantes de asilo. Algunas noches incluso dormían rodeadas de ratas. 

Nada de lo que pasó en el campamento precario de Arguineguín fue delito. Ni la retención de miles de migrantes bajo custodia policial durante semanas, sobrepasando el máximo legal, ni la ausencia de duchas, agua potable suficiente o de un espacio digno en el que dormir. La Audiencia Provincial de Las Palmas dio este lunes el carpetazo definitivo a la denuncia contra el hacinamiento de personas en este muelle en noviembre de 2020. El auto concluye que las condiciones del campamento eran pésimas, pero sostiene que las personas que estuvieron en él pueden considerarse “afortunadas” por sobrevivir a la travesía más mortal del mundo y por recibir asistencia de Cruz Roja y el Estado. 

La Audiencia provincial justifica que la “penuria” que pasaron las personas llegadas en patera a Gran Canaria no responde a una “actuación voluntaria y arbitraria de las autoridades para vulnerar los derechos de las personas migrantes”, sino a una falta de recursos. “Las políticas inhumanas nunca deberían quedar impunes”, respondió la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) a esta resolución. Las personas que pasaron por el campamento de Arguineguín vivieron la falta de asistencia letrada, las condiciones insalubres o la no identificación de perfiles vulnerables como menores no acompañados o solicitantes de asilo. Por todos estos episodios, el puerto fue bautizado entonces como “el muelle de la vergüenza”. 

Salah es uno de los jóvenes marroquíes que pasó por ese muelle. Aunque el campamento tenía capacidad para 400 personas, convivió dos semanas con más de 2.000. Durante dos semanas durmió sobre el asfalto abrigándose con los cartones que quedaban de las cajas de alimentos o de los medicamentos. Algunas noches también dormían rodeados de ratas. Para desayunar, almorzar y cenar las únicas opciones eran bocadillos de atún y millo o de pollo y un zumo envasado. A veces, los voluntarios no daban abasto con el reparto y se solapaban las comidas. Ahmed, otro de los hombres que pasó por este recurso, recuerda que él y sus compañeros tenían que repartir doce garrafas de ocho litros entre las 110 personas de su carpa. 

Falta de asistencia letrada 

Decenas de personas vieron vulnerado su derecho a recibir asistencia letrada en las primeras 72 horas desde su llegada. Los migrantes recibían órdenes de expulsión sin haber hablado antes con ningún abogado. Entonces, algunos letrados justificaron que se limitaban a firmar el papel que les daba la Policía sin entrevistarse con los migrantes por la “insalubridad del muelle”. 

El Colegio de Abogados de Las Palmas elevó una queja sobre esta falta de garantías en la asistencia letrada a las personas migrantes, denunciando que estas no eran informados de sus derechos y tampoco tenían a nadie que les guiara durante el proceso. Con esto, el Defensor del Pueblo abrió entonces una investigación. 

Estas carencias provocaron el internamiento en el CIE de Barranco Seco de personas de Malí, a pesar de proceder de un Estado en guerra. Entre ellos, un joven albino que “pasó desapercibido” en Arguineguín. Para él, regresar a su país suponía un doble riesgo. Allí las personas albinas sufren persecución con el fin de utilizar partes de su cuerpo en rituales, al creer que tienen propiedades mágicas. También pasaron inadvertidos en el puerto menores no acompañados y personas solicitantes de protección internacional como Ashim: “No podía decir que era marroquí y gay delante de tanta gente”. 

Oleada de racismo

El hacinamiento de miles de personas en el puerto, sin posibilidad de salir siquiera a pasear por las calles del municipio, generó en la población local una sensación de amenaza. A esto se sumó la imposibilidad de los periodistas y fotógrafos de transmitir desde cerca las condiciones del campamento, conocer los testimonios de quienes allí permanecían, así como su estado de salud. 

El profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna José Antonio Batista explicó a este periódico que la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de COVID-19, unida a “la falta de previsión de las administraciones competentes ante el aumento del flujo migratorio”, provocó que “ver personas tiradas en un muelle” generara “miedo en lugar de rabia o empatía”. Los brotes xenófobos derivaron en persecuciones de migrantes con machetes y con agresiones en las calles. 

Uso político 

Tampoco tardó en llegar el uso político de la crisis de acogida que vivieron las islas entonces. Por Arguineguín aparecieron políticos de diferentes formaciones. Entre ellos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá; el líder del PP, Pablo Casado, la diputada de Vox Rocío de Meer o la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. En su paso por el puerto, Casado aprovechó para vincular la inmigración con la caída del turismo que sufrió el Archipiélago por la crisis del coronavirus. “La crisis migratoria es la puntilla para el turismo y el empleo”. Este discurso lo reprodujo también la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas: “¿Tú irías de vacaciones a Lesbos o a Moria?”

El posicionamiento de la alcaldesa de Mogán, municipio al que pertenece Arguineguín, varió a lo largo de la crisis. Comenzó ofreciendo varias ruedas de prensa a pie de muelle, llorando incluso por las mujeres y los menores que allí pernoctaban. Con el paso de las semanas, llegó a alquilar guaguas que transportaron a 200 personas desde el sur hasta Las Palmas de Gran Canaria, obligándolas a pasar la noche en una plaza con la compañía de vecinos de toda la isla que se trasladaron allí a dar comida y agua. Finalmente, amenazó a los hoteles y apartamentos que acogieran migrantes con multas de hasta 300.000 euros y ordenó inspecciones en recursos de acogida de menores no acompañados. 

Poco más de un año después, todo es diferente. Cuando Salvamento Marítimo desembarca a los supervivientes en Arguineguín, los periodistas pueden hacer su trabajo un poco más cerca. Después de la primera asistencia, los migrantes son derivados a los diferentes Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Allí pasan 72 horas y después son derivados a los campamentos de acogida instalados por el Ministerio de Migraciones en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. A veces el llanto de algún bebé recién llegado es lo único que rompe el silencio del muelle. En Arguineguín parece que no ha pasado nada.

La Justicia sigue sin ver delito en el hacinamiento de miles de migrantes en el muelle de Arguineguín. Distintas organizaciones como Human Rights Watch, durante los cuatro meses de 2020 que permaneció en funcionamiento el campamento precario instalado en el sur de Gran Canaria, advirtieron que “las condiciones no respetaban la dignidad de las personas ni sus derechos fundamentales”. También el Defensor del Pueblo emitió un duro informe tras visitar las doce carpas de Cruz Roja instaladas en Mogán. En los 400 metros de asfalto en el que se concentraron hasta 2.600 personas en un mismo día, la higiene era mínima, el acceso al agua potable era limitado, la ropa que vestían estaba sucia y los baños eran insuficientes. Además, decenas de africanos sobrepasaron el máximo legal de 72 horas bajo custodia policial marcado por la ley.  

La primera resolución judicial emitida tras la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Mogán data del 23 de noviembre. La jueza Yanira del Carmen González, del Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, archivó el caso. La corporación municipal recurrió y el pasado 14 de abril la misma magistrada volvió a darle carpetazo. Entre ambos autos se produjo un cambio de fiscal. El fiscal de Delitos de Odio de la provincia de Las Palmas, José Antonio Díez, fue sustituido por la fiscal de Extranjería, Teseida García. Díez recurrió el primer archivo y exigió un informe policial sobre las detenciones ilegales en el puerto. García, por su parte, ha pedido el sobreseimiento libre al considerar que los hechos “no son constitutivos de delito alguno”. 

Antes de entrar en el caso, la fiscal de Extranjería ya se había pronunciado en diferentes medios de comunicación sobre la situación de los migrantes en Arguineguín y también en el CATE de Barranco Seco. “Aunque la situación de los migrantes no sea óptima, no quiere decir que se vulneren derechos”, matizó en un periódico local. También reconoció que en el muelle se había visto comprometida la dignidad de las personas.

El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, ha explicado a esta redacción que la decisión de cambiar al fiscal se corresponde al criterio de la fiscal jefa de Las Palmas, Beatriz Sánchez. “No es demasiado habitual, pero a veces se ha hecho”. La fiscal jefa de la provincia sostiene que es un “tema interno de competencias de la Fiscalía”. Desde que el caso llegó a los tribunales, “se creía que debía llevarlo Extranjería”, pero se dejó que lo investigara la sección de Discriminación y Delitos de Odio “por si fuera su competencia”. 

Después de que la jueza concluyera por primera vez que no hubo delito en el muelle de Arguineguín, el fiscal José Antonio Díez recurrió y reclamó la práctica de más diligencias: un informe policial. La Audiencia Provincial aceptó esta petición y se ofreció este informe, remitido por el comisario jefe provincial. En este punto intervino Beatriz Sánchez, que concluyó que la competencia era de la Fiscalía de Extranjería “sin entrar a valorar el fondo del asunto”. 

La fiscal jefa elaboró un informe que se comunicó a Teseida García, a José Antonio Díez y a Luis del Río, justificando que la decisión se basa en la “jurisprudencia y los criterios fijados por la Fiscalía General del Estado”. Tal y como ha explicado Sánchez a esta redacción, la decisión no fue objetada por la Fiscalía de Sala ni por la Secretaría Técnica del Estado, pero sí fue recurrida poco antes de Semana Santa por el fiscal sustituido. Ahora es el fiscal superior de Canarias quien debe resolver la cuestión. “No es habitual confundir competencias entre Discriminación y Extranjería, pero sí es relativamente normal que en el proceso se cambien las competencias de una Fiscalía a otra”, apunta Sánchez. Fuentes jurídicas cercanas al caso añaden que, en otras crisis migratorias, los asuntos en los que se considera que ha habido un trato indebido a “inmigrantes africanos pobres” corresponden a la Fiscalía de Discriminación y Odio, no a Extranjería.

Detenciones ilegales 

“Ha habido senegaleses que pasaron 24 días allí. Sin duchas, con la misma ropa y comiendo un bocadillo por día”. El juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, manifestó tras distintas visitas al campamento de Arguineguín que había detectado “detenciones ilegales”. Varias personas superaron el máximo de 72 horas bajo custodia policial permitido por la ley. Además, también refirió “denegación de prestaciones por razón de nacionalidad, falta de asistencia jurídica, coacciones y lesiones”. También el Defensor del Pueblo detalló que muchas personas a su llegada eran ingresadas en el hospital y, cuando recibían el alta, volvían al muelle sin ser separadas del resto. 

La jueza resolvió que “no quedó probado que estuvieran en el recinto en contra de su voluntad, ni que se les haya impedido abandonarlo”. Tres días después de su llegada, los migrantes son libres y, por tanto, podían marcharse voluntariamente del muelle. Sin embargo, muchos de los jóvenes que allí permanecieron durante semanas aseguran que nadie les informó de este derecho. “Si lo llego a saber, no habría estado allí quince días durmiendo en el suelo”, defendió entonces un marroquí. 

La magistrada determina en el auto que, cuando los migrantes son reseñados, se les notifica un acuerdo de devolución y se les informa de que quedan en libertad en presencia de un letrado. Pero la asistencia jurídica en el muelle de Arguineguín también fue puesta en entredicho mientras el campamento estaba activo. “No hay un lugar reservado para hablar con ellos, no hay intérpretes. Se vulneran todo tipo de derechos humanos”, aseveró el Colegio de Abogados de Gran Canaria. 

En noviembre, distintas organizaciones y letrados denunciaron que el Gobierno de España ordenaba la expulsión de migrantes sin haber hablado con ningún abogado. Además, criticaron que solo había un traductor por embarcación y que los intérpretes se limitaban a pedir a los migrantes que firmaran el acuerdo de deportación. Algunos abogados apelaron a la insalubridad del muelle de Arguineguín para justificar que no iban a entrevistarse de manera presencial con los migrantes y que, por ello, se limitaban a “firmar el papel’’.

A pesar de ello, la jueza Yanira González determinó que la detención ilegal exige “un dolo específico”. “Si tal propósito no resulta evidente por las circunstancias del caso, no se cometería este delito”. Además, la magistrada justificó que la pandemia y la presión migratoria que sufrió Gran Canaria en los últimos meses de 2020 provocaron la permanencia de inmigrantes en el muelle más de 72 horas. 

El auto justificó los hechos atendiendo a la carencia de recursos existentes para “amparar de forma adecuada los derechos básicos y fundamentales de las personas”. Sin embargo, después de cuatro meses en funcionamiento y tras el aviso del Defensor del Pueblo al Ministerio del Interior para que el campamento fuera desmantelado cuanto antes, el muelle de Arguineguín fue vaciado en cuestión de días. 

Los 200 migrantes puestos en libertad

Pese a que muchas personas pasaron un tiempo prolongado en Arguineguín, el 11 de noviembre la Policía Nacional puso en libertad a más de 200 personas. El Ministerio del Interior abrió entonces una investigación para saber lo que había sucedido e identificar a la persona que dio la orden de dejar salir a este grupo de personas. En ese momento, la cartera de Grande-Marlaska explicó que, pasadas las 72 horas de privación de libertad, en las que se les realizaba la prueba de COVID-19 y la filiación, ya no podían seguir retenidos.

La solución que el Ayuntamiento de Mogán puso a esta situación imprevista fue fletar varias guaguas hacia Las Palmas de Gran Canaria. Así, más de 200 personas quedaron en la calle en la Plaza de la Feria, frente a la Delegación del Gobierno. Allí pasaron varias horas hasta que el Ministerio de Migraciones dio la orden de reubicarlos en complejos turísticos cerrados por la pandemia. Mientras tanto, los jóvenes migrantes fueron atendidos por vecinos y vecinas de distintos puntos de la isla. 

La denuncia del Ayuntamiento de Mogán

La denuncia sobre el hacinamiento de migrantes en el muelle de Arguineguín fue interpuesta por el Ayuntamiento de Mogán, liderado por Onalia Bueno (Ciuca). El papel de la alcaldesa del municipio del sur de Gran Canaria durante la actual crisis migratoria ha pasado de lamentar entre lágrimas la presencia de mujeres y niños en el campamento a amenazar con sanciones a los hoteleros que cedan sus espacios a la acogida humanitaria. 

En el último auto, la jueza del caso entiende que el Ayuntamiento de Mogán pretende abrir una suerte de “causa general”. La magistrada insiste en que la denuncia “no pone de manifiesto la comisión de ningún delito concreto, no se apunta a un autor concreto, ni a víctimas concretas”. 

A mediados de noviembre, cuando el campamento de Arguineguín (Gran Canaria) alojaba a miles de migrantes hacinados, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que los recién llegados a las islas nunca estuvieron más de 72 horas en el llamado puerto de la “vergüenza”, unas declaraciones que desataron las críticas pues estaba demostrada la permanencia de decenas de personas durante más tiempo del límite legal de detención sin orden judicial. Dos meses después, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco que sustituyó al campamento del muelle aloja a cerca de 200 personas que ya han superado el plazo máximo de tres días bajo custodia policial marcado por la ley.

A pesar de que en las últimas 72 horas han llegado a Gran Canaria en patera 18 personas, cerca de 250 siguen en estos momentos en el CATE, según datos de Interior. El Ministerio reconoce que “se han excedido las 72 horas de reseña policial”. Según la cartera de Grande-Marlaska, en todos los casos se trata de personas que se encuentran en cuarentena preventiva por haber tenido contacto estrecho con casos positivos. “El Ministerio del Interior y la Policía Nacional están realizando el esfuerzo necesario para que estas personas puedan pasar la cuarentena sanitaria en las mejores condiciones, mientras la autoridad competente en este ámbito pueda hacerse cargo de ellos”, aseguran las mismas fuentes.

Estas cerca de 200 personas están pasando la cuarentena preventiva bajo carpas militares levantadas sobre un suelo de tierra, en medio de la nada y abrigadas con mantas finas. Los migrantes que han pasado por el campamento policial se quejan de haber pasado frío en sus tiendas semiabiertas. A ello se suma la bajada de temperaturas y las lluvias derivadas del temporal que ha golpeado a España en los últimos días. “Ha llovido como nunca y pensé en el barrizal que sería aquel campamento y el frío que estarían pasando. Lo pude contemplar desde la carretera, puesto que nos impiden el acceso. Ninguna persona debería pasar ni siquiera 72 horas en esas condiciones inhumanas”, ha afirmado el párroco del CIE de Gran Canaria, Antonio Viera, que visitó el CATE de Barranco Seco el pasado viernes.

Los migrantes pasan las horas bajo lonas sin apenas poder moverse en su interior, pues están ocupadas por una veintena de camas, separadas por estrechos pasillos. Los acogidos solo pueden salir a un espacio vallado de escasos metros con el que cuenta cada tienda en la zona exterior. Algunas de las personas que pasaron por el CATE han explicado a elDiario.es que apenas pudieron ducharse durante sus días en el campo policial.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable del albergar a los migrantes tras la reseña policial, señalan que, aunque tienen PCR negativa, los contactos estrechos no pueden acceder a sus centros de acogida. Su protocolo establece que deben “cumplir la cuarentena en el lugar establecido por la autoridad competente”, en este caso es la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Una vez seguido el aislamiento, estas personas pueden ser derivadas a las instalaciones de la red estatal.

No obstante, esto no siempre fue así. Durante los periodos de mayores llegadas de migrantes al Archipiélago, Migraciones permitía a los contactos estrechos positivos realizar su confinamiento preventivo en los hoteles convertidos en centros de acogida de emergencia. Según las mismas fuentes, el departamento dirigido por José Luis Escrivá hizo entonces “una excepción” y permitió que en algunos casos las cuarentenas se hicieran en los hoteles en colaboración con otras administraciones. Actualmente se vuelve a cumplir el protocolo, insisten.

Los migrantes que llevan más de 72 horas en el campamento de Barranco Seco deberían haber sido trasladadas, según Interior y Migraciones, a las instalaciones habilitadas para ello por la Consejería de Sanidad de Canarias, que no ha respondido a las preguntas de elDiario.es. Fuentes sanitarias que atienden a las personas llegadas por vía marítima a la comunidad autónoma aseguran que hay personas que llevan en el CATE más de diez días por un “problema en la gestión de los centros” habilitados para las cuarentenas. Estas mismas fuentes insisten en que los contactos estrechos con PCR negativa no deben ser obligados a mantener la cuarentena en el CATE, ya que no son positivos de COVID-19. Esta exigencia solo se impone de manera generalizada a los migrantes llegados de forma irregular a las costas españolas.

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ya sirvió de justificación para mantener en el campamento de Arguineguín a los migrantes durante más de 72 horas. La jueza que archivó la causa sobre el hacinamiento de 2.600 personas en el muelle justificó que “la libertad ambulatoria puede encontrarse limitada por el protocolo a seguir”, considerando que existía una “prudente proporcionalidad entre la limitación del derecho fundamental y la salvaguarda de la salud pública”.

Sin seguimiento jurídico

El abogado especializado en extranjería Daniel Arencibia afirma que el 7 de enero se desplazó al CATE a sacar a un joven que estaba allí desde el 29 de diciembre. El letrado solicitó el documento que acreditara que el hombre estaba en libertad y también la prueba que mostrara que había dado negativo en la PCR, lo que demostraría su detención durante un plazo mayor de tres días. Sin embargo, no pudo acceder a ninguno de los dos papeles. El único documento con el que salió el migrante fue su orden de devolución.

Fuentes jurídicas que atienden a las personas retenidas en el CATE a su llegada explican que una de las principales funciones de los abogados de oficio que prestan servicio en el campamento es informar sobre la posibilidad de que los retenidos abandonen el lugar después de 72 horas. La asistencia letrada se hace por grupos de unas siete personas y tiene una duración aproximada de unos 20 minutos. En ocasiones recurren a los propios migrantes que manejan algunas palabras del español. La conversación con los abogados se produce poco tiempo después de que las personas hayan pisado tierra firme tras días de travesía y a pocas horas de que se cumpla el plazo para quedar en libertad. Hacer un seguimiento después de esta breve visita es una tarea “complicada”.

Los abogados también encuentran dificultades para dar una atención continuada a quienes cumplen con el perfil para solicitar la protección internacional. En las últimas semanas, los letrados han percibido un aumento en el número de personas malienses que pasan por Barranco Seco. Según Acnur, ninguna persona procedente de las regiones afectadas por el conflicto de Malí debería ser devuelta de manera forzosa. Así, los Estados deben proporcionar acceso al territorio y a los procedimientos de asilo a las personas que huyen de esta guerra.

“Los dejan internados en el CIE o los pasan a espacios de Cruz Roja y esto hace que no haya una comunicación fluida con los abogados. Los perdemos de vista y esto es un problema a la hora de llevar una defensa de modo correcto”, aseguran estas fuentes. En otros casos intentan desplazarse a la Península cuando quedan en libertad. Algunos consiguen llegar, pero el refuerzo policial en los aeropuertos canarios ordenado en las últimas semanas ha impedido el libre desplazamiento de los inmigrantes, que han quedado detenidos.

En los caminos que rodean un parque temático de la localidad turística de Puerto Rico (Gran Canaria), Amine ultimaba este sábado los preparativos de su viaje a la península. El marroquí, de 23 años, todavía no sabía cómo se desplazaría al aeropuerto de Las Palmas. Aún preguntaba a sus conocidos por el horario de los primeros autobuses de la mañana y por el precio del trayecto en taxi. Andaba un poco perdido, ninguna organización ni institución le había explicado cómo puede trasladarse a Andalucía, a donde quiere llegar para reunirse con un familiar y trabajar en el campo. En su bolsillo ya guardaba un billete con destino a Granada y su pasaporte en regla, la llave que permitía en la práctica la salida de las islas a decenas de migrantes, la mayoría marroquíes, recién llegados en patera.

Ese mismo día, Ahmad (nombre ficticio) se encontraba inquieto, asustado con la posibilidad de que algo saliese mal. Llevaba días midiendo sus palabras, contaba a elDiario.es. Temía que el personal del hotel donde permanecían alojados dos allegados, como miles de migrantes en las islas, pudiese descubrir sus planes. El joven marroquí, con residencia regular en España, había viajado a Canarias para recoger a dos amigos recién llegados a Gran Canaria. También viajarían en el vuelo del domingo Las Palmas-Granada, pero ellos no tenían su propio pasaporte. “He buscado una solución, espero que no nos pillen los policías”, reconocía horas antes del despegue. No lo hicieron.

El billete que este grupo de jóvenes marroquíes había comprado por su cuenta correspondía al vuelo que ha destapado las críticas de PP, Ciudadanos y Vox contra el Gobierno central a raíz de varios vídeos, de origen desconocido pero difundidos por varios sindicatos policiales, en los que se acusaba a Interior y Migraciones de organizar traslados de migrantes desde Canarias a la península sin previo aviso a las autoridades regionales. Los 38 inmigrantes aterrizados en la ciudad andaluza, sin embargo, no formaban parte de un traslado autorizado por el Ejecutivo, sino que habían viajado por su cuenta, como apuntan los testimonios recabados por elDiario.es y ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Granada y el Ministerio de Migraciones.

Aunque el Gobierno obstaculiza los traslados a la Península de quienes llegan en patera al Archipiélago, decenas de migrantes, mayoritariamente marroquíes, llevan meses abandonando las islas con sus propios recursos de manera paulatina. El Ministerio del Interior sostiene que las personas que llegan a Canarias en situación irregular “no tienen documentación acreditativa para poder trasladarse porque tienen abierto un expediente de expulsión” pero, en la práctica, los viajeros, nacionales o extranjeros, no tienen que pasar por un control de Extranjería para tomar vuelos en territorio Schengen y, por lo general, solo están obligados a mostrar su pasaporte antes del embarque, aunque pueden chocarse con controles policiales extraordinarios de extranjería, reforzados desde hace meses por Interior en los aeropuertos canarios.

La Policía Nacional realizó este lunes un control de identificación a algunas de las personas que se encontraban en la fila en la puerta de embarque, según confirman varias fuentes, pero Ahmad y sus compañeros pudieron entrar en el avión antes de que los agentes les requiriesen su documentación.

Los amigos de Ahmad tuvieron “suerte”, cuenta el marroquí ya desde Almería, donde trabaja como temporero desde hace años. “Había una fila de más de 30 personas y la policía empezó a pedir el pasaporte a algunas, de forma aleatoria. Pasaban un rato con cada persona, así que algunos ya pudimos empezar a entrar”, cuenta el joven: “Si les hubiese tocado a mis amigos, les hubiesen dejado atrás... Menos mal”, confiesa el chico, de 20 años, quien había pedido varios días libres en la finca en la que trabaja para recoger a sus compatriotas.

Amine no pudo librarse de la parada policial. Los agentes desplegados le pidieron su pasaporte y, aunque estaba en regla, detectaron que el joven se encontraba en situación irregular. “Me han cogido. Yo tengo pasaporte, ¿por qué no me han dejado subir?”, se preguntaba el joven desconcertado, escasas horas después del despegue del vuelo en el que pretendía llegar a Granada. Desde allí, planeaba trasladarse ese mismo día a Huelva para reunirse con su tía, quien vive en España desde hace casi 20 años.

Refuerzo de controles

Fuentes oficiales explican a elDiario.es que la Policía Nacional ha reforzado “desde septiembre” los controles de identificación en los aeropuertos de las islas, especialmente en el de Gran Canaria, con el objetivo de evitar la salida de las islas de migrantes en situación irregular. No detallan de qué manera se desarrollan dichos dispositivos. El activista Sani Ladan denunció este miércoles identificaciones “discriminatorias”, basadas en el perfil étnico o racial: “Paraban exclusivamente a todos los que tenían rasgos africanos, independientemente de su nacionalidad y su situación administrativa”.

El control policial de este lunes ha desbaratado los planes de Amine. “Vengo para trabajar en la fresa”, respondía con ilusión un día antes de la ruptura de sus expectativas. No le importaban las difíciles condiciones de trabajo del campo onubense a las que se enfrentan los trabajadores migrantes en situación irregular: “Prefiero mil veces el trabajo duro de España que el sufrimiento en Marruecos”.

Pero el domingo Amine no pudo abrazar a su tía ni empezar a mover hilos para buscar empleo en la recogida de frutos rojos. El marroquí regresó por sus propios medios a la localidad turística de Puerto Rico y pasó una noche más en el hotel donde son acogidos de emergencia los recién llegados a Canarias.

“Yo no quiero estar en un hotel, yo quiero trabajar en el campo, en la península: ahora ya no me queda dinero, ¿qué hago?”, se lamenta el marroquí. Desde niño, explica, tenía en la mente la idea de migrar a España, pero tras la pandemia la situación económica en casa empeoró. Los trabajos temporales que encadenaba como mecánico en su país se frenaron en seco. Su padre trabaja en un hotel, cerrado por la crisis sanitaria. “Estaba en casa sin hacer nada y yo quería trabajar”, insiste.

Cómo funcionan los traslados

Los traslados autorizados de migrantes desde Canarias a la Península son competencia de los ministerios de Migraciones e Interior. El departamento dirigido por José Luis Escrivá envía al equipo de Fernando Grande-Marlaska una serie de listados de posibles personas a derivar a la Península, propuestos por las ONG que gestionan su acogida. Interior se encarga de autorizar una parte de estos, muy reducida desde principios de este año, a los que proporciona salvoconductos que permiten su viaje a pesar de encontrarse en situación irregular. El billete es financiado por la organización, que también los recoge en el lugar de destino, donde cuentan con una plaza en el sistema de atención humanitaria.

La confusión gira en torno a las explicaciones del Gobierno acerca del tránsito de migrantes a la península sin autorización. Desde Interior llevan meses negando estos viajes, vinculándolos en ocasiones con los traslados de migrantes autorizados por el Ejecutivo. Las salidas organizadas, sin embargo, se limitan a aquellas personas de “perfil vulnerable”, es decir, demandantes de protección internacional, enfermos, mujeres embarazadas, o personas de países con los que España no cuenta con un acuerdo de expulsión.

No obstante, la polémica generada por los bulos difundidos a raíz de la llegada de 38 migrantes a Granada por sus propios medios ha empujado a la Subdelegación del Gobierno en Granada a reconocer estos viajes, a pesar de la política de bloqueo de Interior. Estas personas, ha apuntado la subdelegada, son “libres” tras haber pasado 72 horas por el correspondiente Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), por lo que, “con sus recursos propios, se han podido trasladar en un avión comercial” a Andalucía u a otras zonas de España.

Las declaraciones de la subdelegada se contradicen con las explicaciones aportadas por la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero: “No nos constan que se produzcan desplazamientos de personas que no estén en condiciones regulares de poder hacerlo”, ha indicado la ministra. “Las reubicaciones se hacen de forma concreta o puntual priorizando aquellos que tienen protección o que pertenecen a colectivos vulnerables”, ha añadido. “Las personas migrantes que llegan a las costas canarias son personas en situación irregular y que por lo tanto no disponen de documentación acreditativa, por lo que su traslado a otras comunidades autónomas debe de ser autorizado”, recalcan por su parte desde Interior.

Mientras el Gobierno ha acelerado esta semana el ritmo de las deportaciones a Marruecos, según ha adelantado El País, Amine busca a toda prisa otra oportunidad para desplazarse a la península. La negativa de los agentes a permitir su acceso al avión le ha descolocado, pues creía que no iba a encontrarse obstáculos al contar con su pasaporte en regla. Su amigo de la infancia, Hassan, también ve en su caso un golpe de realidad. “Si él no ha podido viajar y tiene pasaporte, ¿qué voy a hacer yo si lo tengo caducado?”, se preguntaba desconcertado el día que se enteró de lo ocurrido a su amigo.

Cientos de migrantes marroquíes que carecen de pasaporte en regla tratan de encontrar una vía para arreglar su documentación en el consulado de su país, para lo que es necesario contar con un certificado de empadronamiento, un trámite difícil de conseguir en su situación –acogidos en alojamientos de emergencia– pero para el que ya empiezan a surgir ofertas de quienes se aprovechan de su situación.

El tío y el amigo de Ahmad ya se encuentran en casa de sus familiares, después de sortear el control policial y el bloqueo de Interior. “Están descansando, están muy contentos de que hayamos tenido tanta suerte”, relata el marroquí en un español de marcado acento almeriense: “Ahora es más complicado pero, cuando mejore el tiempo y falten manos en el campo, pronto empezarán a poder trabajar, aunque estén en situación irregular, como ocurre siempre”, augura el joven desde la experiencia de dedicarse a la recolección de tomate desde hace años.

El cartón es duro e incómodo, pero es “mejor que dormir sobre el asfalto”. S. no está acostumbrado a la fría brisa que se levanta por las noches en el muelle de Arguineguín. En la región de Marruecos en la que nació, el calor envuelve las calles incluso cuando se pone el sol. Cuando acababa el día, él y sus compañeros pedían al personal que trabaja en el muelle los cartones de las cajas que se utilizaban para cargar alimentos o material sanitario. No siempre había para todos, y eso era motivo de crispación. Al final, agazapándose, encontraban hueco suficiente dentro de las tiendas de campaña. En otras ocasiones se quedaban a la intemperie y construían casetas improvisadas colgando mantas con cuerdas sobre las vallas amarillas para poder cubrirse.

Era habitual que quienes dormían en este borde del puerto sintieran en mitad de la madrugada el impacto de gotas frías del mar en la piel. En el campamento del sur de Gran Canaria, que ha albergado hasta 2.600 personas pese a tener capacidad para 400, a S. le costaba dormir. Algunas veces pasaba horas observando el techo de la carpa, preguntándose si valdría la pena haber apostado su vida en el mar por un futuro mejor. También pensaba en si su madre y sus hermanos estarían bien. Le habría gustado decirles que ha logrado tocar tierra firme, pero su teléfono no tiene batería y no podía cargarlo allí. 

Los migrantes de Arguineguín abrían los ojos con el primer rayo de sol. Otras veces, lo que les despertaba era la sirena de alguna ambulancia o el ajetreo de un nuevo rescate. Para desayunar, un bocadillo de atún y millo o de pechuga de pollo y un zumo envasado. Lo mismo para almorzar y también para cenar. Los días en los que se multiplicaban los desembarcos en el muelle y había hasta 2.000 migrantes en el campamento, el personal de Cruz Roja no daba abasto. Las comidas se solapaban, y el reparto del almuerzo terminaba cuando llegaba la hora de comenzar a distribuir la cena.

Algo similar ocurría con el agua. Fuentes consultadas que han estado presentes dentro del campamento y que prefieren no revelar su identidad explican que se da una garrafa por grupos de ocho a diez personas, sin vasos. Uno de los migrantes que estuvo internado más de una semana explica que en su tienda de campaña había 110 personas, por lo que les repartían doce garrafas de ocho litros por la mañana y por la tarde. Menos de un litro por persona pese a las altas temperaturas que caracterizan a este punto de la isla.

Morir por infecciones

Tampoco hay duchas ni agua para lavarse las manos más allá de las botellas que tienen para beber, ni siquiera pueden lavar sus manos antes del rezo. Suelen permanecer con la misma ropa hasta que se marchan. Según fuentes que han trabajado en el campamento, cuando el volumen de personas es muy alto solo se da ropa nueva a quienes llevan prendas muy deterioradas o empapadas de la travesía. “Si no hay para todos, no pueden dársela a unos sí y a otros no. Hay mucha gente que sigue descalza o con zapatos que no son de su talla”, apuntan. En cuanto al acceso a mascarillas, reciben una quirúrgica a su llegada. “Es obligatoria. Si la pedimos nos dan una nueva, pero a veces no quedan”, cuenta S.

Cuando pisan Arguineguín, se procede a su filiación. En un mismo paquete viene la hoja de registro y una pulsera. El brazalete incluye el número de la patera en la que han llegado y, en lugar del nombre y apellido de cada una de ellos, otra cifra. La pulsera es roja si la persona ha precisado atención médica en el muelle, y verde si se encuentran “bien”. Después reciben asistencia médica. Una de las carpas del muelle funciona como pequeño hospital, pero las personas en un estado de extrema gravedad son evacuadas a los hospitales de la isla. Ambos están a más de una hora de distancia. 

El estado de salud y de ánimo de los migrantes aglomerados en el muelle va cayendo con el paso de los días. En algunos casos, sobre todo en el de las personas que viajan desde países subsaharianos, se desvanecen en cuanto pisan tierra después de haber estado hasta dos semanas en un cayuco. Tras recibir una primera asistencia, son ubicados en carpas, en las que no se pueden mezclar personas que hayan llegado en embarcaciones diferentes, como medida de prevención para contener la COVID-19. Cada una de las tiendas está bordeada por una valla amarilla. Cuando llega la hora del reparto de la comida, quienes se encuentran muy mal “apenas tienen fuerzas para levantarse y salir a recoger el bocadillo”. 

Fuentes del Servicio Canario de Salud que han atendido a los migrantes tras su paso por el muelle de Arguineguín explican que las lesiones que presentan como consecuencia de permanecer tirados en el puerto se suman a las afecciones propias del viaje en patera. Las secuelas de la travesía son deshidratación, heridas y úlceras de presión mantenida en glúteos, caderas y rodillas, por pasar mucho tiempo en la misma posición. Después de su paso por el “campamento de la vergüenza”, las peores patologías aparecen como consecuencia de una falta de higiene. “Pueden morir por infecciones y cuadros de deshidratación”, apuntan.

El equipo médico se configuró en un primer momento para la realización de pruebas PCR y seguimiento de cuarentenas. Sin embargo, los casos con los que se han encontrado permiten concluir que el virus “ha pasado a otro plano” porque “la base está fallando”: “Estamos hablando de valores y de respeto. Las necesidades de comida, bebida e higiene no están cubiertas”.  Atravesar todos estos obstáculos fuera y dentro de las fronteras españolas también supone un fuerte impacto para la salud mental, provocando traumas y estados de shock. 

A las mujeres, los profesionales sanitarios y el personal de Cruz Roja les hace una entrevista más larga y se analiza su situación con mayor profundidad, ante el riesgo de que hayan llegado a Canarias como víctimas de redes de trata o de haber sufrido violaciones en el trayecto. En su caso y en el de los menores, su reubicación en otros espacios desde el muelle es más ágil. 

Con las manos atadas 

Entre los ocupantes del campamento de Arguineguín hay un gesto que se repite a diario. Unen sus muñecas formando una cruz y alzan sus brazos hacia el cielo. “Es como una prisión”, explica S. Esta misma señal también se reproduce en el CATE de Barranco Seco. Este domingo, un hombre que permanece allí protagonizó un pequeño altercado al hacer señas a los medios de comunicación gritando y mostrando su pasaporte. Dos magistrados han establecido en la última semana que las personas llegadas en patera a las Islas no pueden ser retenidos en el muelle más de 72 horas en contra de su voluntad. El Ministerio del Interior ha asegurado que son los propios agentes de la Policía quienes informan a los migrantes de su derecho a marcharse. Sin embargo, jóvenes como Khalil (nombre ficticio) aseguran que “no hay información”. “Cuando la pedimos dicen que no nos pueden responder porque hay mucha gente. Si lo hubiera sabido, no habría estado allí once días”. 

Solo este fin de semana, al menos cinco familias han podido reencontrarse en Gran Canaria. “Su madre nos ha llamado llorando muy preocupada. Ella no sabía que él iba a irse de Marruecos en patera, porque si no, no le habría dejado marcharse”, cuenta Abdel a las puertas del campamento de Cruz Roja en busca de un joven de 27 años que llevaba al menos 8 días en Arguineguín. Después de al menos una hora de espera, la Policía Nacional localizó al chico, identificó a las personas que lo iban a buscar y lo dejó marchar. 

Según Efe, está circulando una pauta de recomendaciones no oficiales de qué hacer tanto en Arguineguín como en el CATE de Barranco Seco si un inmigrante quiere marcharse o si un familiar acude a buscarlo. El consejo que, según Efe, han recibido los agentes es consultar formalmente a la Sala si procede o no la salida en caso de que en ese momento no haya funcionarios de Extranjería y dejarlos salir si no se comunica que siguen detenidos. 

Los problemas de información y la falta de asistencia letrada de los migrantes ya ha sido denunciada en otras ocasiones. A muchos de ellos se les ha entregado una orden de expulsión sin haber tenido entrevistas con ningún abogado. También el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Rafael Massieu, denunció el “absolutamente insuficiente” número de traductores e intérpretes en el muelle, sin tener en cuenta que las personas que llegan no hablan español y, en ocasiones, tampoco inglés o francés. 

S. ya ha salido del muelle. Aún conserva su pulsera verde y un documento que no entendía del todo bien. Es una orden de devolución que lo empuja de nuevo al “infierno” de Marruecos. “Tengo mucho miedo de volver, es peor que una prisión. Allí no hay opción de tener una vida decente, ni acceso a los derechos más elementales. Mi abuelo está enfermo. Allí tengo a mi madre y a mis hermanos. Soy el único sustento de mi familia, pero allí las oportunidades de empleo son prácticamente inexistentes y el salario es muy bajo. Quiero mejorar la situación de mi familia”.

En el aeropuerto de Las Palmas, en la puerta de embarque de un vuelo regular con destino Málaga, cuatro policías nacionales revisan la documentación de un grupo de alrededor de 40 hombres marroquíes. Algunos aún calzan las mismas zapatillas proporcionadas por Cruz Roja en el puerto de Arguineguín tras su llegada en patera. Tras mostrar su pasaporte y el billete, comprado por ellos mismos, la mayoría accede sin problema al avión en el que dejará atrás las islas, esquivando el tapón migratorio en el que el Ministerio del Interior pretende convertir Canarias. 

Aunque el Gobierno obstaculiza los traslados a la Península de quienes llegan en patera al Archipiélago, decenas de migrantes, mayoritariamente marroquíes, llevan meses abandonando las islas por su cuenta de manera paulatina. El Ministerio del Interior sostiene que las personas que llegan a Canarias en situación irregular “no tienen documentación acreditativa para poder trasladarse porque tienen abierto un expediente de expulsión”. Sin embargo, en la práctica, los viajeros, nacionales o extranjeros, no tienen que pasar por un control de Extranjería para tomar vuelos en territorio Schengen y, por lo general, solo están obligados a mostrar su pasaporte antes del embarque. 

Según fuentes policiales, por esta razón, la Policía Nacional está realizando controles de identificación extraordinarios en los aeropuertos canarios con el objetivo de evitar la salida de las islas de migrantes en situación irregular. Según indican, se han “intensificado” los controles “en origen” desde el mes de septiembre. 

elDiario.es viajó este lunes de Las Palmas a Málaga con un grupo de alrededor de 40 migrantes, llegados en patera a Gran Canaria en las últimas semanas. La mayoría de los jóvenes marroquíes accedió al avión sin problema, con sus pasaportes, en el vuelo de Ryanair número FR3351. Además del control habitual realizado en la puerta de embarque por parte del personal de la compañía, las personas con rasgos magrebíes sí fueron sometidas a un chequeo policial antes de embarcar. Cuatro agentes comprobaron que las imágenes de sus documentos coincidían con sus rostros y los dejaron pasar. Los miembros de las fuerzas de seguridad no solicitaron ningún documento adicional.

La explicación del Ministerio del Interior es contradictoria. Por un lado, sostienen que los migrantes llegados a Málaga “estarían autorizados para viajar”. Por otro, defienden que las derivaciones oficiales a la Península se limitan a aquellas personas de “perfil vulnerable”, es decir, demandantes de protección internacional, enfermos, mujeres embarazadas, o personas de países con los que España no cuenta con un acuerdo de expulsión. Los jóvenes que viajaron a Málaga procedían de Marruecos, a donde el Gobierno reactivó las deportaciones el pasado 20 de noviembre.  

Los traslados autorizados de migrantes desde Canarias a la Península son competencia de los ministerios de Migraciones e Interior. El departamento dirigido por José Luis Escrivá envía al equipo de Fernando Grande-Marlaska una serie de listados de posibles personas a derivar a la Península, propuestos por las ONG que gestionan su acogida. Interior se encarga de autorizar una parte de estos, muy reducida desde principios de este año, a los que proporciona salvoconductos que permiten su viaje a pesar de encontrarse en situación irregular. El billete es financiado por la organización, que también los recoge en el lugar de destino, donde cuentan con una plaza en el sistema de atención humanitaria.

Este no fue el caso de Hisam, una de las personas que viajó este lunes a Málaga por su cuenta. El joven marroquí, originario de un pueblo próximo a Marrakech, se compró su billete con el escaso dinero que le quedaba, y no llevaba ningún salvoconducto que facilitase su entrada en la Península. Hisam no sabe leer ni escribir, pero aprendió desde pequeño a trabajar en el campo como temporero. La sequía de este último año y el impacto de la pandemia en la economía marroquí han frenado sus oportunidades laborales, explicó, por lo que el joven decidió migrar a España a través de Canarias.

Su trayecto migratorio no había acabado al bajar de la patera. Su objetivo era llegar a Almería, donde le esperaba su hermano para empezar de nuevo. Asegura que pasó 10 días en el campamento de migrantes improvisado del muelle de Arguineguín y, después de unos días de estancia en las plazas de acogida habilitada en los hoteles de Gran Canaria, se compró un billete junto a otros compañeros. Al aeropuerto llegó desubicado, ya que era la primera vez que viajaba. Estaba visiblemente nervioso.

Desde Alternativa Sindical de Policía (ASP) afirman que las salidas no oficiales desde el aeropuerto de Las Palmas son habituales. “Si la foto del pasaporte corresponde con el pasajero, entonces puede pasar. Son vuelos comerciales en los que las personas se compran su billete y vuelan como un pasajero más, ya está. Pueden hacerlo y lo están haciendo”, sostiene Bristol Cabrera, secretario provincial del sindicato policial en Las Palmas. “Las personas que llegan desde Marruecos y que están en España con el pasaporte pueden volar sin ningún problema. Pagan su billete y se pueden mover con su pasaporte aunque cuenten con una orden de expulsión”, indica.

“Está pasando”, añade José Javier Sánchez, responsable de Inclusión Social de Cruz Roja. “Mucha gente ha salido de Canarias por su cuenta. Aunque ahora mismo no creemos que sea un número muy significativo”, continúa. Desde la organización de la que depende la gestión de la mayoría de plazas de acogida de migrantes en Canarias aseguran haber percibido el abandono paulatino de sus recursos de acogida por parte de algunos migrantes que, con su pasaporte, deciden viajar sin contar con la autorización de Interior.

El tabú de los traslados a la Península

Antes del estado de alarma, la ONG contabilizaba el número de personas que abandonaba las plazas de acogida por su propia voluntad. Esas que, de un día para otro, desaparecen. Del 1 de enero al 15 de marzo, “cerca de 1.500 personas” se fueron por sus propios medios, sostienen desde Cruz Roja. No obstante, una vez finalizado el confinamiento, la organización considera que los abandonos de las plazas de acogida detectados durante estos meses no supone un “número significativo” con respecto a las llegadas registradas. “Si cada semana se fuesen 40 en cada vuelo, tendríamos 600 o 700 plazas libres al mes, y no estamos notando esa descongestión del número de plazas. Creemos que se están yendo poco a poco, en grupos más reducidos”, indica Sánchez.

En estos momentos no tienen cifras de los migrantes “desaparecidos” de sus recursos de acogida. Según aclara, Cruz Roja dejó de contabilizar este dato debido al “desbordamiento” en el que trabaja su personal tras el pico de llegadas registrado en los últimos meses.

Ni Interior ni Migraciones dan apenas información acerca de los desplazamientos a la Península. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska esconde las cifras oficiales de los traslados autorizados. Su Ministerio rechaza acelerar las salidas del Archipiélago porque considera que podría generar un “efecto llamada”. Según informaron fuentes policiales a Europa Press, este año se han producido 1.500 traslados desde las islas a la Península. No obstante, esta cifra es muy inferior al recuento realizado por Cruz Roja, que eleva el dato a las 2.200 migrantes derivados al resto de España solo a través de la mediación de su organización desde septiembre de 2019.

A fecha del 15 de noviembre, 16.760 personas han alcanzado Canarias de forma irregular. De ellas, solo 7.214 se encuentran acogidas en la red de emergencia desplegada por el Gobierno en las islas, según fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones; cerca de 2.000 menores extranjeros no acompañados están tutelados por el Gobierno regional, aunque el dato no solo incluye los niños llegados esta año; y un millar de personas estaban alojadas en el muelle de Arguineguín. Del total de llegadas, entre 1.500 y 2.000 migrantes han sido trasladados a la Península de menara oficial. Atendiendo a estos datos, no cuadran las cifras acerca del número de migrantes albergados en el Archipiélago. Sobran, como mínimo, alrededor de 4.000 personas de las que se desconoce su paradero.

Otro grupo de cerca de treintena de inmigrantes marroquíes voló por su cuenta desde Canarias a Sevilla esta semana. A su llegada, varios agentes los esperaban en el aeropuerto y fueron trasladados a la Jefatura Superior de Policía. Según fuentes policiales, estas personas fueron sometidas a un control de identificación en el aeropuerto de Las Palmas y, por ello, varios agentes aguardaban su llegada en la capital andaluza.

Según la plataforma CIES NO, “una decena” de migrantes marroquíes que aseguran haber viajado por su cuenta desde el Archipiélago a Sevilla se encuentran en estos momentos encerradas en el CIE de Aluche. Según la organización, estas personas llevan internadas en el centro desde la semana del 10 de noviembre.

Al llegar al aeropuerto de Málaga, los jóvenes marroquíes que lograron esquivar el bloqueo de Interior fueron recogidos por sus familiares desde otros puntos de Andalucía. Otros buscaban la manera de trasladarse por su cuenta a su destino final. A Hisham no le quedaba dinero para comprar un billete de autobús hasta Almería. Se había gastado lo poco que tenía en el avión, por lo que llamó a su hermano para que fuese a buscarle.

Durante años, los gobiernos español e italiano han acusado con razón a los demás gobiernos de la Unión Europea de haberles dejado solos ante las crisis migratorias que se ven obligados a asumir los estados mediterráneos. La geografía no puede ser el factor que marque a quién corresponde asumir por completo esa carga. En estos momentos, el Gobierno de Canarias está enviando el mismo mensaje a Madrid. ¿Por qué las islas deben afrontar en solitario la llegada de miles de inmigrantes en un corto espacio de tiempo sólo por su posición en el mapa?

El ministro de Interior da a entender que España no puede elegir, porque debe cumplir la política que marca la UE, lo que le impide enviar a algunos de esos extranjeros a otras zonas de España. Es falso. “No hay regulación europea alguna que impida a un Estado miembro mover inmigrantes o refugiados dentro de su territorio nacional”, ha dicho un portavoz de la Comisión Europea.

El Gobierno ha vuelto a refugiarse en el escudo europeo que no le funcionó con el IVA de las mascarillas. Parece extraño que se recurra a un método que ha fallado antes, pero eso no es tan raro en política. En el peor de los casos, sirve para ganar tiempo. Al precio de conceder argumentos a la oposición y de ver dañada la reputación propia. El balance de ingresos y gastos de esta táctica termina provocando pérdidas.

La crisis ha explotado esta semana. No se puede decir que no se viera venir. La cifra de llegadas de migrantes a Canarias saltó a 2.148 en septiembre, a 5.328 en octubre y a 6.939 en lo que llevamos de noviembre. En total, 16.760 este año, un incremento espectacular con respecto a 2019. El puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, se convirtió en primer lugar en el escenario principal del problema al albergar en condiciones indignas a los extranjeros que llegaban sin que hubiera un sistema para sacarlos de allí después de identificarlos y darles la primera ayuda tras el viaje en patera.

Después, pasó a ser el símbolo de la pasividad de las instituciones llegando a albergar a 2.600 personas. Fernando Grande-Marlaska afirmó que nunca “estaban allí más de 72 horas”. Hace un mes, los periodistas que cubrieron la noticia ya comprobaron que eso no era cierto.

Esta semana, después de que los medios informaran de que los migrantes estaban durmiendo sobre mantas en el suelo de un muelle y acompañados por ratas, se consiguió reducir su número el jueves en un tercio. “En Arguineguín es muy difícil, simplemente, respetar la distancia”, dijo el presidente de Emergencias de la Cruz Roja, un hecho esencial en una pandemia.

El Gobierno ha recurrido a terrenos controlados por el Ministerio de Defensa para instalar campamentos que solucionen no el problema, sino la situación de Arguineguín. Afirma que levantará instalaciones para mantener recluidas a 7.000 personas. Por lo que se ha visto en el situado en el antiguo polvorín de Barranco Seco, se trata de un campamento formado por decenas de tiendas levantadas sobre tierra sin asfaltar.

Pablo Casado no podía desaprovechar la oportunidad. Hizo un viaje rápido el sábado a Arguineguín para afirmar que su muelle es “la zona cero de la peor crisis migratoria de nuestro país en las últimas décadas”. No es cierto. En 2006, llegaron 31.678 migrantes a Canarias. Cuando un político o periodista utiliza la expresión 'zona cero', significa que pretende competir en la prueba de triple salto de retórica.

En cualquier caso, el líder del PP jugaba sobre seguro. Su mensaje será efectivo en Canarias, donde el Gobierno autonómico, presidido por el PSOE, no entiende cómo Marlaska les ha dejado en la estacada. “Sánchez no puede pretender hacer de Canarias la Lampedusa y Lesbos de España”, dijo Casado.

Con eso ya tiene un titular que deja al PSOE canario en una situación muy vulnerable, porque la comparación con Lampedusa también la han hecho algunas ONG.

“Canarias se rebela. No aceptamos que Canarias se haga cargo del 100% de las personas llegadas a las islas”, ha dicho el presidente canario, el socialista Ángel Víctor Torres. Otras comunidades se han ofrecido a recibir migrantes, pero el Gobierno prefiere quedar bien con el clima de opinión extendido en otros gobiernos europeos y en la Comisión Europea. Creen que encerrando a los inmigrantes en sus lugares de llegada e impidiendo que se acerquen a las ciudades donde pueden encontrar un empleo se verán desalentados y no iniciarán el viaje desde África.

Es una mentalidad que no se basa en ninguna realidad, como tampoco la que afirma que se quedarían en sus países si no existieran mafias que facilitan su llegada. En realidad, es al revés, pero eso no sirve a la propaganda de los gobiernos.

Casado también se refirió al “efecto llamada”, un argumento habitual en el PP, para poner como origen del problema el rescate del Aquarius en 2018. Si fuera así, se nota que las noticias tardan mucho en llegar a África, porque han pasado más de dos años antes de que surtiera efecto la llegada del Aquarius a Valencia.

Desde el momento en que la crisis ya no se podía ocultar, dos ministros se han desplazado a Canarias, Marlaska ha viajado a Marruecos y González Laya a Senegal. Como la mayoría de los recién llegados son marroquíes –a los que las medidas contra la pandemia han dejado sin empleo en su país–, el Gobierno se ata a la idea de que todos tendrán que ser repatriados al país vecino. ¿Cuándo? No se sabe. Marlaska salió “absolutamente satisfecho” de su reunión con el ministro marroquí de Interior. ¿Se anunció algún acuerdo concreto? No.

Esta crisis pone a Unidas Podemos ante otro asunto en el que sufre el desgaste de ser el segundo partido de un Gobierno de coalición. Lo están llevando con bastante aguante, pero la ministra Irene Montero no podía dejar de responder a una pregunta sobre lo que está pasando en Canarias y lo poco que se acerca esa situación a las ideas de su partido: “Hay imágenes que estamos viendo en Canarias en los últimos días que un Gobierno progresista no se puede permitir, y creo que tenemos que garantizar que se cumplan los derechos humanos en nuestro país”. Ergo, no se están cumpliendo ahora.

Pedro Sánchez inauguró su presidencia del Gobierno con la decisión de acoger en España al barco Aquarius con 630 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. Se dijo que no sólo se estaba solucionando una situación de emergencia, sino enviando un mensaje a toda la UE que destacaba la necesidad de defender “valores europeos”. En su libro 'Manual de resistencia', escribió sobre el asunto de las migraciones: “No podemos dejarlo solo en manos de uno, de aquel cuyas fronteras nacionales se ven afectadas”.

Lo que valía para toda Europa aparentemente no vale para España. Aquí sí se puede dejar todo el problema en manos de Canarias.