Se cumple una semana desde que el presidente de la Fundación San Antonio, dueño de la Universidad Católica de la Región de Murcia (UCAM), falleciera a los 73 años. A su funeral acudieron personalidades como el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel, el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), José María Albarracín, o el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. El Ayuntamiento de Murcia decretó luto oficial durante tres días. La influencia de Mendoza en la Región alcanzaba incluso el ámbito político. Conmocionada, la rectora de la UCAM, Josefina García, señaló que la pérdida de su fundador era “irreparable”, pero adelantó que su legado “continuaría con más fuerza”: “Se nos ha ido un gran hombre, un hombre de Dios, que no quiso más que hacer el bien y evangelizar”.

Pese a que la rectora adelantó a los medios que José Luis Mendoza “no dejaba nada al azar”, ni ella ni la fundación han informado de quién le sucederá como presidente. Entretanto, se desconoce quién está asumiendo la administración de la Fundación San Antonio en funciones: “No sabemos nada, hay un silencio sepulcral”, ha asegurado a este medio un empleado de la Universidad católica. Desde la muerte de su presidente, no se ha reunido en el patronato y no ha habido ningún nombramiento. “Técnicamente le tocaría al hermano de Mendoza −Vicente−, pero es muy mayor también. Tampoco sabemos si caerá en algún hijo de José Luis Mendoza o de Vicente”, especula.

De la familia del fallecido presidente de la fundación se sabe que está empleada su mujer, María Dolores García Mascarell; su hermano Vicente como adjunto a la presidencia y director general de la UCAM y, al menos, cinco de sus catorce hijos: Samuel, José Luis, María Isabel, María Dolores y María. Según la Ley 50/2002 de fundaciones, entre los patronos de la organización deberán elegir al nuevo presidente. Según el empleado de la UCAM, todos son apreciados por el personal de la universidad: “No hay preferencia entre los candidatos. Prácticamente todos conocen a Vicente, está desde el principio. Tanto los hijos de José Luis como los de Vicente están muy bien preparados y conocen la universidad”.

Entre los cinco hijos de Mendoza que trabajan para la Fundación San Antonio hay también empleados en el seno de la UCAM. Samuel es el director general de Infraestructuras y Desarrollo Digital de la Universidad Católica, mientras que José Luis, el tercero en orden de nacimiento y segundo de los varones, es el director de Relaciones Institucionales. Destaca María Isabel, con grado en Derecho y directora de los Servicios Jurídicos de la Universidad Católica, además de vocal en la directiva de la Asociación de Empresas Familiares de la Región (Amefmur) en representación del conglomerado empresarial de la familia. Sea quien sea su sucesor, se desconoce si seguirá la estela de Mendoza: “Era una persona con muchísimo carácter, inigualable en ese aspecto”, describe un miembro del clero sobre el presidente fallecido de la UCAM. “Era un hombre muy fundamentalista, para él lo que pensaba era voluntad de Dios. Difícilmente ninguno de sus hijos va a poder seguir un ritmo así”, apunta.

El voto de la Iglesia

El propietario de la UCAM fue miembro del movimiento ultracatólico del Camino Neocatecumenal (los 'kikos') y era considerado como “uno de los kikos más importantes del país”, según fuentes del clero. La Iglesia católica tendrá voz y voto sobre la sucesión de la Fundación San Antonio. Según afirmó el propio Mendoza antes de morir, la Diócesis de Cartagena tiene autoridad para decidir sobre la idoneidad de los nuevos patronos en función de su catolicidad. Sin embargo, la familia del presidente de la fundación cuenta con una amplia mayoría y, mientras José Manuel Lorca Planes permanezca como obispo de Cartagena, el legado de Mendoza −no la posición de los Mendoza− no será discutido por el clero.

No siempre fue así. Cuando el obispo Juan Antonio Reig Pla llegó a la diócesis de Cartagena en 2005, intentó recuperar la propiedad de la 'católica' para la Iglesia ya que no entendía que estuviera en manos de un laico. Cinco años después, el Vaticano resolvió que la Fundación San Antonio era la dueña legítima de la UCAM y Reig Pla fue trasladado a la diócesis de Alcalá de Henares.

La Región de Murcia ha despedido a una de sus figuras más influyentes –y polémicas– en las últimas décadas. José Luis Mendoza, presidente de la Fundación San Antonio, dueña de la Universidad Católica de la Región de Murcia, ha fallecido este miércoles con 73 años a causa de un cáncer. Fue un hombre polifacético, recibido por el Papa, alabado por Vox y por el mundo del deporte, del que fue mecenas de nivel nacional. Su última aparición pública fue en la apertura de curso de su Universidad, donde celebraba cumplir 25 años de historia académica “y de amor a Dios”. Entre aplausos, se adelantaba un adiós que se intuía cercano, mientras recordaba el inicio del primer curso de la UCAM, con 650 alumnos. En la actualidad, la primera universidad privada de la Región ha superado los 20.000 estudiantes, imparte más de 30 grados, casi 90 másteres y emplea a 4.000 trabajadores.

Los inicios de Mendoza (Cartagena, 1949) acabaron en el exilio. Empezó a estudiar Medicina en Murcia, pero no llegó a terminar la carrera. Acabaría montando una academia a través de la Fundación San Antonio, que creó en 1984, en la que expedían títulos de auxiliar de psiquiatría y laboratorio que puntuaban para obtener una plaza de auxiliar de enfermería en el Insalud (antecesor del Servicio Murciano de Salud) sin constar en el registro de cursos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia (UMU).

El entonces decano de dicha facultad, Pedro Marset, así lo denunció en la Universidad en 1989 a raíz de una queja que le llegó de CCOO de Almería. “Eran miles y miles de certificados los que había hecho este hombre. Finalmente, algunos cursillos fueron firmados por el rector, pero ahí la academia se vio obligada a parar en su actividad porque no estaba reconocida”, afirmó por teléfono Marset a eldiario.es de la Región de Murcia.

“Las revelaciones que tuviera en Centroamérica le aconsejarían que tuviera cobertura política y económica y cuando volvió a Murcia lo hizo con todo el apoyo del PP, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad dirigida por Valcárcel”, apunta el exdecano, en referencia a su estancia entre 1990 y 1993 como misionero en la República Dominicana, donde nacieron tres de sus catorce hijos.

El propietario de la UCAM fue miembro del movimiento ultracatólico del Camino Neocatecumenal (los 'kikos'). Según el cura de la PAH, Joaquín Sanchez, entre el clero murciano era dicho que había dos obispos: “El obispo Mendoza y el de la Diócesis”. La institución posee seminarios de religión obligatorios para sus estudiantes de cualquier grado. Mendoza estaba conectado con los sectores más reaccionarios e integristas de la Iglesia española como los cardenales Rouco Varela, Cañizares y el obispo con cátedra en Cartagena, Lorca Planes, entre otros. Este empresario es considerado a su vez, uno de los miembros más destacables de las comunidades neocatecumenales, especialmente dentro de la Región, donde algunos de los seguidores de 'el camino', consideran que tiene más autoridad en Murcia que el propio Kiko Argüello, cofundador de las comunidades neocatecumenales murcianas.

Audiencias privadas con el papa

No solo tenía gran influencia en el entorno de los kikos. En 1996, el entonces obispo de la diócesis de Cartagena, Javier Azagra, firmó el “decreto de erección” de la Universidad Católica para la Fundación San Antonio gracias a los acuerdos de España con el Vaticano con los que no era necesaria la aprobación de la administración. Ya al año siguiente, Mendoza empezaría a llevar cheques en persona al Papa para el Óbolo de San Pedro. Uno de esos cheques, de 100.000 euros, acabó en manos del mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, a quien acusaron de haberlo robado. El 'kiko' ha estado muy cercano tanto a Juan Pablo II como a Ratzinger o actualmente a Francisco.

Cuando el obispo Juan Antonio Reig Pla llegó a la diócesis de Cartagena en 2005, intentó recuperar la propiedad de la 'católica' para la Iglesia, no entendía que estuviera en manos de un laico. Cinco años después, el Vaticano resolvió que la Fundación San Antonio era la dueña legítima de la UCAM y Reig Pla fue trasladado a la diócesis de Alcalá de Henares. Se produjo entonces una división entre los 'kikos' que apoyaban a uno y otro, ambos afines a las tesis más ultracatólicas. Ya en el periodo de Papa Francisco se le concedió la cruz 'Pro Ecclesia et Pontifice' a mediados de 2021, una condecoración que le reconoce su trayectoria de servicio al actual sumo pontífice y los dos anteriores, Benedicto XVI y Juan Pablo II. La última reunión entre el presidente de la UCAM con el Papa Francisco fue a finales de octubre de 2022, en una audiencia privada entre ambas partes.

De PP a Vox

El fundador de la Universidad no solo se ha posicionado abiertamente sobre temas como la eutanasia, el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que, ha apoyado indirectamente a determinados partidos políticos, como cuando su Universidad nombró en 2010 y 2012, respectivamente, a Jose María Aznar y Mayor Oreja doctores honoris causa. Mantuvo una relación muy estrecha con el Partido Popular, que le llegó a donar 135.000 metros cuadrados de suelo y el Ministerio de Defensa le cedió terrenos en Cartagena.

Sin embargo, todo esto acabó en 2019, cuando fue imputado por un supuesto delito urbanístico por la construcción ilegal de varios edificios en el campus de Los Jerónimos (Guadalupe), edificaciones que abarcan una superficie total de 3.500 metros cuadrados. Según Ahora Murcia, el partido que interpuso la denuncia contra Mendoza, hasta cinco arquitectos rechazaron un informe pericial para valorar los edificios investigados. En junio de 2020, Mendoza criticó en un acto el “grave daño a la comunidad universitaria por la paralización de las obras de ampliación impidiendo su desarrollo natural y provocando pérdidas millonarias”, e instó al Gobierno Regional a que respete sus derechos y desbloquee la paralización de las obras.

Tras la denuncia la UCAM se distanció del PP y comenzó su acercamiento a Vox. Mendoza defendió abiertamente la implantación del veto parental –“esos tiempos de Lenin, de Hitler, pasaron a la historia”–, y el concepto de la 'ideología de género' –“que está ocasionando un grave daño moral e irreparable a nuestros hijos”–. Ambos preceptos impulsados y difundidos por Vox. El presidente de la formación de extrema derecha, José Ángel Antelo, fue jugador profesional en el equipo UCAM Baloncesto Murcia, y ahora está empleado en el departamento de marketing de la institución educativa.

Tras el anuncio de su muerte Vox ha solicitado al Ayuntamiento de Murcia que Mendoza sea nombrado hijo predilecto de la ciudad, así como tres días de luto oficial: “Mendoza deja una imborrable huella en la historia murciana”, han expuesto en un comunicado.

Publicidad con el deporte de élite

Con una clara inspiración de Estados Unidos, ha hecho de la UCAM la universidad de los deportistas de élite del país. Once de los diecisiete medallistas españoles en las Olimpiadas de Río han sido alumnos de la 'católica', donde se han graduado sin aparecer por allí ni pagar matrícula. Ejemplo de ello son Mireia Belmonte, con el grado de Publicidad, o Ruth Beitia, con el de Psicología. Este hecho ha asegurado al 'kiko' la proyección de la universidad por todo el mundo. Hasta se encuentra en la lista de las universidades recomendadas por el Gobierno de la República Popular China.

El presidente de la UCAM, a su vez, reformó el estadio de fútbol del Real Murcia, la vieja Condomina, en 2016 con sus colores y es dueño del equipo de Baloncesto de la Región, el histórico CB Murcia.

Durante el mes de junio, la Región de Murcia se ha llenado de banderas arcoíris en celebración del Orgullo LGBTI. Cuando la protesta del día 26 termina y muchos comienzan a recoger las banderas arcoíris, miembros del Colectivo llaman a la reflexión. Este día 28, conmemorando las revueltas de Stonewall, cientos de personas han salido a la calle exigiendo la aceptación de todos los cuerpos, el fin de la explotación comercial de aquellos que “venden” el arcoíris y una ley trans completa: “Nuestro planteamiento es poder recordar cuales son las necesidades reales que tanto las administraciones, como los partidos políticos, como las asociaciones tradicionales están dejando de lado para venderse a la comercialización de los símbolo de la lucha por la igualdad de las personas disidentes de género”, expone Malva Disco, artivista miembro de la Asamblea del Orgullo Crítico en Murcia.

La artivista celebra que “estamos viviendo una revolución trans. Por fin el nivel de aceptación es suficiente como para que sea un tema que esté sobre la mesa”. Ahí, sobre la mesa, permanece el borrador de la conocida como Ley Trans que aún se disputa entre las distintas fuerzas políticas que forman el Gobierno central. Un borrador que, para Malva Disco, está “incompleto”: “Parece que se van a apuntar el tanto cuando no han marcado ni medio gol. No tiene en cuenta a las personas migrantes. No tiene en cuenta lo que se sabe que se puede trabajar con las personas trans menores de edad. No tiene en cuenta las realidades de las personas que somos no binarias. No trabaja por un cambio de género documental que no tenga esperas o tutela. Todavía el Estado te tiene que decir a ti quien eres. Es muy duro”.

Desde la Asamblea del Orgullo Crítico en Murcia han manifestado su repulsa a los partidos políticos que “bloquean o recortan la Ley Trans”. “Las organizaciones -en especial los partidos políticos- están utilizando la lucha trans. Existen, especialmente en el PSOE, lo que parecen debates en torno a la legitimidad de las mujeres trans como sujeto político del feminismo que en realidad esconden sus propias luchas de poder. Están jugando con la realidad de la vida de muchas personas para ver quien se queda con un par de sillas”, apunta Malva Disco.

“Nos planteamos como podemos ser más listas”, explica la artivista, “porque es muy fácil caer en la inercia de ir respondiendo a todas las trampas escandalosas que pone la ultraderecha y los partidos conservadores. Eso es responder a sus preguntas, no hablar de nuestras reivindicaciones. Hemos decidido tener nuestros propios ejes de trabajo. Eso o significa que si hay una agresión al colectivo no organicemos nada, pero no podemos bailar al compás de las derechas. Siempre hay un facha que nos levante la voz, pero no tenemos miedo. Not gonna happen”.

“Tener este observatorio es peor que no tener ninguno”

La artivista propone una ley estatal como la ley murciana, la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: “En la Región de Murcia existe una ley de igualdad de género que es tan avanzada que responde a prácticamente todas las reivindicaciones del colectivo trans. Si se aplicara la ley de 2016 a todo el estado lo estarían haciendo bien”.

Aunque “idónea” sobre el papel, tanto Malva Disco como la Asamblea del Orgullo Crítico en Murcia denuncian que ha experimentado una falta de financiación: “Es de especial urgencia atender a las necesidades en educación y en sanidad, puesto que son áreas que marcan la experiencia social y física. Un desconocimiento extendido sobre las vivencias de las personas LGTBI+ por parte del personal docente y sanitario perpetúa situaciones de discriminación, intervenciones inadecuadas y acciones desinformadas, que dejan cicatrices mentales”, expone la Asamblea.

Malva Disco exige que “cuando una persona trans vaya a su médico de cabecera este no se dedique a incumplir la ley constantemente. Tengo un amigo que tiene que ir con una copia con la ley de igualdad de la Región de Murcia cuando va al médico porque no se forma al personal sanitario. Tampoco al docente. En los centros educativos se pueden cambiar los nombres, pero te hacen sufrir un vía crucis burocrático”.

La Asamblea también ha manifestado su descontento con el Observatorio LGBTI en la Región, que convocó su primera sesión el día 28 de junio con la ausencia de representantes del Colectivo. La consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI , Familias y Política social, Isabel Franco, asegura que los colectivos no han propuesto una nueva fecha de reunión con ella en el Observatorio, algo que el presidente del colectivo No te prives, Jesús Costa, desmiente: “Es mentira, sabe perfectamente que desde que asumió la presidencia del Observatorio la apoyaríamos siempre que hiciera iniciativas LGTBI, pero que no la apoyaríamos en símbolos que careciesen de significado. Está muy bien poner la bandera y regalar pulseritas, pero no puede decir que está haciendo políticas LGBTI cuando no se está oponiendo al veto parental”.

La ley de Igualdad LGBTI contemplaba la creación de este observatorio, que no se creó hasta cinco años después de su aprobación. Tampoco están satisfechos con la elección de los miembros que componen el observatorio: “Este observatorio de LGTBI tiene el nombre y poco más. Lo preside Isabel Franco, una de las tránsfugas de Ciudadanos, y lo forman 35 personas. Algunos pocos son activistas LGTBI (solo cuatro) o sindicalistas. Dos son de la Consejería de Educación y Cultura, puestos ahí por Vox y defensores del Veto Parental. En el observatorio contra la LGTBIfobia, dos personas defendiendo la medida que quiere hacer que educar en la LGTBIfobia sea un derecho”.

Desde la Asamblea muestran especial malestar con la incorporación de la hija del presidente de la UCAM, José Luís Mendoza, al cuerpo del Observatorio: “Mendoza está en contra del matrimonio igualitario, y en 2015 aprovechó para llamarlo ”aberración y desorden moral“ en el discurso de apertura del curso de la UCAM. En ese mismo discurso también negó el derecho al aborto. En 2019, volvió a hacer lo mismo, esta vez hablando sobre ideología de género, lobby gay y ”daño irreparable a los niños“.

El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, será enjuiciado por las supuestas edificaciones ilegales dentro del campus de Los Jerónimos. Así lo ha dictaminado la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, que finalmente ha ordenado la apertura del juicio oral.

De acuerdo con Ginés Ruiz Maciá, el abogado del extinto grupo municipal Ahora Murcia y Podemos, que lleva a cabo parte de la acusación popular, Mendoza habría edificado en terrenos no urbanizables: “A la UCAM el Ayuntamiento de Murcia le cedió unos metros delanteros al campus para cuando la universidad tuviera necesidad de crecer. Lo que ha hecho es mantenerlos en la nevera y urbanizar hacia atrás, hacia el otro lado de la huerta protegida que además no es urbanizable”.

Ruíz Maciá subrayó que de acuerdo con el perito de la acusación “las obras carecen de proyecto y autorización y por lo tanto son ilegales”. De ser encontrado culpable en este delito contra la ordenación del territorio, el presidente de la UCAM podría ser condenado a entre uno y tres años de prisión, además de la demolición de lo construido presuntamente de forma ilícita.

La jueza ha establecido una fianza de 70.000 euros para Mendoza, que deberá abonar “para asegurar el coste de las obras de demolición y demás responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele”.

Me quito el sombrero ante usted. Es el number one, the boss, el jefe, el padrino, o el 'puto amo’. El calificativo es lo de menos. Ahora entiendo porque media comunidad autónoma y algunas fuerzas vivas de esta sociedad besan el suelo que pisa. Teodoro García, con profundas raíces en la UCAM, ahí está, como la Puerta de Alcalá, al frente de la Secretaría General del Partido Popular. Pero por si acaso se le ocurre desviarse por el camino señalado, otra persona vinculada a la católica, Ángel Pablo Cano, es su jefe de Gabinete. Hombre precavido vale por dos.

Pero como la derecha más católica, tradicional y decimonónica ha emergido con mucha fuerza de la mano de Vox, resultaba peligroso dejar el destino en manos de Dios y de la comunidad agrícola. Así que ahora, el que fuera jugador y seguidor del UCAM de Baloncesto, Antelo, ya está al frente de la gestora que ha colocado Abascal en su particular territorio comanche. El puzzle está casi terminado. Sólo una moción de censura apoyada por un Ciudadanos a la deriva podría dar al traste con el objetivo. “Hay que hacer algo, estos naranjas son imprevisibles”, le dice alguien de la Consejería de Hacienda a la cúpula empresarial.

“En ello estamos, en ello estamos. Tranquilízate y sigue por ahí 'sopando', que yo lo trasladaré a los jefes”. “¿Es que podemos ser intervenidos?”, le vuelve a preguntar. “¿Quién te ha dicho esa tontería?, aunque con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias nunca se sabe, recuerda que el Demonio tiene muchas formas de aparecer. Anda, ve con Dios”. La comunidad agrícola se las prometía felices después de aquella cena en casa de un gran empresario murciano en Madrid, donde hizo de anfitrión entre el propio Abascal y los mandamases de las comunidades de regantes de la Región de Murcia. Pero los últimos acontecimientos ocurridos en el interno de Vox han dado un giro inesperado al escenario regional, y algunos se ven ahora relegados a un segundo plano.

El PP ahora se ve incluso postergado a un papel secundario, lo que sin duda está provocando un aluvión de cantos de sirena desde el Gobierno regional hacia Guadalupe. “El Consejo de Gobierno aprueba 550.000 euros al UCAM C.B.”,esta ha sido la primera respuesta a la amenaza de llevarse la sede social y fiscal a Madrid. ¡Manda huevos! amigo Trillo.

Así que si alguien piensa que se va a tocar un ladrillo o una valla en Los Jerónimos, mejor que baje sus expectativas de que se haga justicia. De hecho, a una parte de la Dirección General de Bienes Culturales ya se le conoce como 'la última aldea gala', ya que un pequeño grupo de valientes empleados públicos resisten de manera casi numantina, como el último reducto que le queda a José Luis Mendoza por conquistar.

Las legiones de Guadalupe, al igual que las de los orcos en el Señor de los Anillos, están preparadas para la gran batalla (elecciones anticipadas). En los archivos están los nombres de muchas personas vinculadas con el poder político que han conseguido su titulación académica en la universidad privada, gracias a un gran esfuerzo y dedicación sin duda. Ellos pondrán su esmero y altavoces al servicio de la causa. También aparecen los listados de altos cargos públicos y funcionarios, incluyendo personal estatutario del Servicios Murciano de Salud, cuya vinculación laboral y económica es conocida. Sin duda no pestañearán en salir al campo de batalla a defender sus cuotas de poder, frente a quienes osen quebrantar los designios de Dios en la Region.

Como muestra un botón. La hoy sorprendente directora general del Mar Menor (apenas aparece en la gran crisis que sigue asolando la lagunas salada) y exdirectora de informática (es abogada), patrimonio y telecomunicaciones, e hija del exdirigente popular y exsenador Pedro J. Pérez (muy cercano a Valcárcel) publicó una “Resolución de 2 de noviembre de 2017, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo por el que se aprueban las directrices generales para la cesión de uso de bienes inmuebles patrimoniales o para el otorgamiento de autorizaciones demaniales sobre bienes de dominio público de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a favor de entidades sin ánimo de lucro, para fines de utilidad pública o interés social”.

Es decir, edificios como la actual sede de la Escuela de Danza, junto a la catedral, el antiguo Hospital de Los Arcos en el Mar Menor o el complejo de Espinardo, entre otros, pueden ser cedidos sin ningún problema, mientras la Administración paga alquileres millonarios a empresarios 'afines'. Así se entiende que, el otro día, el propio presidente con su grupo de animadores y cargos públicos, comieran a la carta en un conocido restaurante del Mar Menor entre gambas y risas, mientras los pescadores de San Pedro del Pinatar siguen indignados y frustrados. Y es que desde una parte del Gobierno regional, ven más cerca la luz. Ciudadanos, que tiene en su mano cambiar la historia de esta región, tiene dos opciones, sucumbir al embrujo del poder del Anillo, o como dice Serrat en una de sus canciones:

“Sería todo un detalle, todo un síntoma de urbanidad, que no perdiesen siempre los mismos y que heredasen los desheredados. Sería fantástico que ganara el mejor Y que la fuerza no fuera la razón. Que se instalara en el barrio el paraíso terrenal, que la ciencia fuera neutral. Sería fantástico no pasar por el embudo Que todo fuera como está mandado y nadie mandara...”

Ayer fui a rezarle a mi Dios. Pero no le he pedido que interceda para que un probable pacto entre el PSOE y Unidas Podemos fracase y no nos convirtamos en una república bolivariana. Ni tampoco para que la moción de censura en mi región prospere, recuperemos algo de dignidad, y dejemos de ser a ojos de España la gran reserva de Don Pelayo.

He rezado por los inmigrantes que siguen muriendo en el mediterráneo ante nuestra casi indiferencia, y he rezado en memoria de los miles de peces asesinados por todos nosotros. Y le he pedido ayuda, no a Dios, sino a las administraciones públicas para que cada uno pueda enterrar a sus muertos donde quieran. Y también para que en Cartagena alguien haga algo ante la muerte de aves en las balsas de la muerte, llenas de ácido sulfúrico.

Y le he preguntado a mi Dios cómo se puede exigir, imponer e insultar a quien piensa diferente, y acusarles de que no forman parte de esta España.

Uno no es más español por creer en un Dios, besar una bandera, matar un ciervo que no hace daño a nadie, o ir a los toros. Al contrario. Cuando veo la casa de un alto cargo de una Hermandad Cristiana llena de animales disecados, me viene a la cabeza la palabra hipocresía.

Un buen español es aquel que no amenaza con llevarse el domicilio fiscal y social de su empresa a otra parte para pagar menos impuestos.

Ser un buen español, también es el que cumple las leyes, y no edifica a su antojo alrededor de un Monasterio en nombre de Dios.

Ser español es ser tolerante y respetuoso con los demás, y aceptar las victorias y las derrotas.

Ser buen español no es quien quiere acabar con la sanidad y la educación pública de calidad. Ni tampoco quien propone privatizar las pensiones, que lo único que persiguen es enriquecer al rico y empobrecer al más débil. Y eso, no es de ser buen cristiano.

Y mañana, otra vez, volveré a ir a rezar a mi Dios. Ese que cree en el ser humano. El que cree que todos somos hijos de un mismo Dios, con los mismos derechos y obligaciones; con las mismas oportunidades y responsabilidades.

Y si sale adelante el pacto entre PSOE y Unidas Podemos, o la esperada por muchos moción de censura (el silencio de estos últimos días está poniendo de los nervios a más de uno en San Esteban), será porque el destino así lo habrá querido. Y dejemos a Dios a paz, que bastante trabajo tiene con algunos por ese mundo lleno de guerras de verdad.

Ahora Murcia se ha dirigido al Juzgado de Instrucción que tramita la denuncia de esta formación por las construcciones en el entorno protegido del monumento del Monasterio de los Jerónimos, solicitando en un escrito que se requiera a la Consejería de Cultura todos los informes redactados hasta ahora sobre estas obras y también los redactados sobre el intento de legalización de los aularios sin licencia, y otras construcciones al sur del monasterio.

Se trata del juzgado nº 5 de instrucción de Murcia, donde está personada Ahora Murcia como acusación, ya que fue su denuncia de los hechos la que inicio la investigación referente a la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

En el escrito presentado se solicita que se remita de oficio a la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma, presidida por Juan Antonio Lorca, a fin de que el juzgado requiera que se aporten los expedientes, y principalmente los cuatro informes emitidos por la citada Dirección General referentes a los expedientes desfavorables a la UCAM tramitados: uno contra el Plan Especial aprobado para edificar en Monasterio de Los Jerónimos; el segundo relativo a las sanciones por el derribo del Corralazo; un tercero en el que se hacía referencia a los edificios de la UCAM que actualmente tienen una causa abierta por presunta ilegalidad; y un cuarto en el que se mostraba contrario a la petición de la universidad católica de considerar de 'interés social' sus edificios supuestamente ilegales, y evitar así un posible derribo.

La formación municipalista, que se encuentra personada en los expedientes que tramita la Dirección General de Bienes Culturales en su Servicio de Patrimonio Histórico, ha podido atestiguar las duras conclusiones de estos informes técnicos redactados por la administración autonómica, realizados por expertos en distintos ámbitos culturales, administrativos, paisajísticos y arquitectónicos.

Por otra parte, hace unas semanas el jefe de servicio de Patrimonio Histórico de la consejería de Cultura, Miguel San Nicolás del Toro, fue cesado de su cargo. Entre sus funciones como jefe de Servicio, estaba la de emitir informes de evaluación para edificar en terrenos protegidos en base a la Ley de Patrimonio Regional 4/2007. De hecho, exjefe de servicio fue quien emitió estos cuatro expedientes desfavorables a la UCAM, aún pendientes de resolución por el director general de Bienes Culturales pese a estar tramitados.

“Imposible de legalizar”

Ahora Murcia ha indicado que según se puede leer en los mismos, resulta imposible la legalización de las obras realizadas por la UCAM en el entorno protegido del Monasterio de los Jerónimos, dada la máxima protección legal que ostenta este BIC y su zona perimetral.

Igualmente, los informes resaltan el impacto que ha causado las construcciones realizadas en este entorno monumental, donde se han acumulado numerosos edificios sin licencia que ahora la UCAM intenta legalizar mediante un expediente de autorización excepcional urbanística, pero de los que no existe un informe previo de Cultura que los autorizara cuando fueron construidos.

Desde Ahora Murcia también se resalta las citas al Corralazo que se realizan en los informes de Cultura. Esta construcción centenaria, derribada hace varios años, sigue pendiente de reconstrucción tras los expedientes sancionadores de los que fue objeto su destrucción, en la zona al norte del Monasterio de Los Jerónimos. La construcción histórica, ligada a la explotación rural que se realizaba en la zona, dominaba los terrenos donde la UCAM pretende expandirse hacia el norte, pero debe ser reconstruida in situ antes de cualquier otra obra.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha emitido un comunicado

después de que el Pleno del Ayuntamiento de Murcia decidiera por unanimidad creaer una comisión de investigación para indagar en la cesión de terrenos del Consistorio a la UCAM en 2005. De esta forma, la universidad privada ha indicado que confía en que la comisión municipal creada sea el instrumento para solucionar “la grave situación a la que se está sometiendo a esta institución desde hace tres años”.

Asimismo, la UCAM ha indicado que tras realizar una “fuerte inversión” en

estos terrenos de la zona norte del campus, en los que ha hecho la “completa obra de urbanización con autorización de Ayuntamiento y Consejería de Cultura, se le impidió seguir con los trabajos justo en el momento de iniciar la edificación de las instalaciones educativas (febrero de 2016), planificadas de manera respetuosa con el entorno y preservando la hegemonía del Monasterio de los Jerónimos, recuperado y

rehabilitado por esta institución“.

Finalmente, desde la UCAM han considerado que la decisión de paralización es “contraria a Ley, priva a la fundación de ejercer sus derechos legítimamente adquiridos e incumple los acuerdos alcanzados”. En este sentido, han criticado que la actuación de la administración “ha provocado hasta ahora pérdidas millonarias a la Fundación Universitaria San Antonio y un grave perjuicio en la prestación de los servicios que le demanda la sociedad. Solucionar esta situación debe servir para evitar problemas de mayor envergadura”.

“Una situación insostenible”

El pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó en su último Pleno y por unanimidad la creación de una comisión para investigar el convenio de cesión de terrenos de 2005 que el Consistorio hizo en favor la Fundación Universitaria San Antonio, presidida por José Luis Mendoza.

La moción, presentada por el PSOE de Murcia, insta a la Junta de Gobierno a que convoque una comisión urgente compuesta por un representantes de cada grupo político, servicios jurídicos municipales y otros relacionados, para evaluar el grado de cumpliento del convenio formado por el Ayuntamiento de Murcia y Fundación Universitaria San Antonio e iniciar las actuaciones legales oportunas, si se diera el caso, para salvaguardar los intereses legítimos del Ayuntamiento.

Finalmente se ha incluido en la propuesta que en la comisión estén presentes técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales y de la propia UCAM para debatir un tema que, según los concejales, está en una “situación insostenible”.

El 12 de julio de 2005, el Ayuntamiento de Murcia firmó un convenio con la Fundación San Antonio por el que realizaba una cesión de terrenos en favor de la entidad dirigidad por José Luis Mendoza. Concretamente, el Consistorio cedió una parcela de 135.577 m2, lugar en el que se encuentra actualmente el Campus de los Jerónimos, y que tiene una querella admitida a trámite  por supuestas obras ilegales en siete de sus edificios.

Por otra parte, en el convenio firmado se hacía constar que la parcela quedaría vinculada a los servicios y actividades docentes o educativas y de investigación de la UCAM y de su propiedad por el período de diez años, a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial de ordenación.

Asimismo, el Plan tenía que ser elaborado por la Fundación y presentado en el Ayuntamiento para su tramitación y aprobación en el plazo máximo de un año a contar desde la firma del convenio, debiendo comenzar las obras de urbanización y edificación en el plazo máximo de cinco años desde la aprobación definitiva del Plan Especial, que finalmente se aprobó el 1 de agosto de 2009, según consta en  Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Ahora Murcia ha registrado una solicitud al Ayuntamiento de Murcia instándole a que reconozca la desestimación de la legalización de las construcciones que solicitó la UCAM, al haberse agotado el plazo para la tramitación de la misma.

El Ayuntamiento remitió el 28 de octubre de 2016 un expediente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) con la que se solicitaba legalizar las edificaciones de la UCAM mediante “autorización excepcional por razones de interés público” que debía aprobar el Gobierno regional. Desde la emisión del expediente, ha transcurrido un año y medio, superándose en más de un año el plazo máximo legal para emitir la autorización. Por ello, Ahora Murcia ha reclamado que “al estar agotado el plazo de tramitación de cuatro meses que disponía la CARM para conceder la autorización excepcional, se entiende que la solicitud ha sido desestimada, al no haberla concedido expresamente en plazo”.

El grupo municipal ha requerido que, en cumplimiento de la ley, se emita la correspondiente 'CERTIFICACIÓN DE ACTO PRESUNTO EN SENTIDO DESESTIMATORIO', lo que supone reconocer que se ha acabado el plazo de tramitación y, como señala la disposición legal, “el transcurso del plazo máximo establecido sin resolver, determina la denegación de la autorización”.

Pese a ello, el concejal Navarro Corchón, ha mantenido que las ilegalidades en las que incurre la UCAM se iban a solucionar con el procedimiento abierto para su legalización mediante la “autorización excepcional” que debía otorgar la CARM tras la revisión del expediente remitido desde el Ayuntamiento.

Por ello, desde Ahora Murcia ha apelado al concejal Navarro Corchón a que “deje de inventar excusas y cumpla la ley, y que acabe con la barbaridad de dar cobertura administrativa a la UCAM, que sin respeto alguno a las normas y por la vía de los hechos consumados, ha construido una superficie de miles de metros en el entorno monumental del Monasterio de los Jerónimos, con valores altamente protegidos”.

Por último, y en referencia a la moción que se ha presentado en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, se ha debatido la propuesta de Ahora Murcia para que el equipo de gobierno del PP rindiera cuentas por la situación de la UCAM.

Tras un intenso debate, donde la concejala Ángeles Micol ha anunciado la solicitud de certificación de la desestimación por silencio de la legalización de la UCAM, la propuesta de rendición de cuentas del concejal de Urbanismo y del equipo de gobierno del PP ha sido rechazada. Ha sido necesaria una segunda votación ante el empate producido en la votación, y el alcalde José Ballesta ha hecho uso de su voto de calidad para impedir la aprobación de la moción.

Ahora Murcia ha instado a los concejales del PP que han sido profesores de la UCAM o que han cobrado de esta entidad privada se abstuvieran de participar en la votación, cosa que finalmente no han hecho.

El pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado por unanimidad la creación de una comisión de investigación para indagar en el convenio de cesión de terrenos de 2005 que el Consistorio hizo en favor la Fundación Universitaria San Antonio, presidida por José Luis Mendoza.

La moción, presentada por el PSOE de Murcia, insta a la Junta de Gobierno a que convoque una comisión urgente compuesta por un representantes de cada grupo político, servicios jurídicos municipales y otros relacionados, para evaluar el grado de cumpliento del convenio formado por el Ayuntamiento de Murcia y Fundación Universitaria San Antonio e iniciar las actuaciones legales oportunas, si se diera el caso, para salvaguardar los intereses legítimos del Ayuntamiento.

Finalmente se ha incluido en la propuesta que en la comisión estén presentes técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales y de la propia UCAM para debatir un tema que, según los concejales, está en una “situación insostenible”.

Cesión de terrenos

El 12 de julio de 2005, el Ayuntamiento de Murcia firmó un convenio con la Fundación San Antonio por el que realizaba una cesión de terrenos en favor de la entidad dirigidad por José Luis Mendoza. Concretamente, el Consistorio cedió una parcela de 135.577 m2, lugar en el que se encuentra actualmente el Campus de los Jerónimos, y que tiene una querella admitida a trámite  por supuestas obras ilegales en siete de sus edificios.

Por otra parte, en el convenio firmado se hacía constar que la parcela quedaría vinculada a los servicios y actividades docentes o educativas y de investigación de la UCAM y de su propiedad por el período de diez años, a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial de ordenación.

Asimismo, el Plan tenía que ser elaborado por la Fundación y presentado en el Ayuntamiento para su tramitación y aprobación en el plazo máximo de un año a contar desde la firma del convenio, debiendo comenzar las obras de urbanización y edificación en el plazo máximo de cinco años desde la aprobación definitiva del Plan Especial, que finalmente se aprobó el 1 de agosto de 2009, según consta en  Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Fuentes cercanas al Gobierno regional han confirmado a este medio que el jefe de servicio de Patrimonio Histórico de la consejería de Cultura, Miguel San Nicolás del Toro, ha sido cesado de su cargo. Entre sus funciones como jefe de Servicio, estaba la de emitir informes de evaluación para edificar en terrenos protegidos en base a la Ley de Patrimonio Regional 4/2007. Según las fuentes consultadas, el ex-jefe de servicio emitió cuatro expedientes desfavorables a la UCAM, aún pendientes de resolución por el director general de Bienes Culturales pese a estar tramitados: uno contra el Plan Especial aprobado para edificar en Monasterio de Los Jerónimos; el segundo relativo a las sanciones por el derribo del Corralazo; un tercero en el que se hacía referencia a los edificios de la UCAM que actualmente tienen una causa abierta por presunta ilegalidad; y un cuarto en el que se mostraba contrario a la petición de la universidad católica de considerar de 'interés social' sus edificios supuestamente ilegales, y evitar así un posible derribo.

Actualmente la Fundación Universitaria San Antonio, presidida por José Luis Mendoza, tiene una querella por prevaricación abierta contra Miguel San Nicolás del Toro, la exdirectora general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, María Comas Gabarrón, y a otros cuatro técnicos de ese departamento, por “obstaculizar” su derecho a edificar en el entorno del Monasterio de Los Jerónimos, Bien de Interés Cultural. Asimismo, el denunciante fija en 15 millones de euros la posible responsabilidad civil.

Presuntas obras ilegales

Además, está en proceso de investigación la querella que el Fiscal admitió a trámite en 2016 por supuestas obras ilegales en la Universidad Católica San Antonio, que implica siete edificios en el Campus de Los Jerónimos. La denuncia iría dirigida contra los responsables de la Fundación San Antonio, el Centro de Estudios Universitarios San Antonio, el propio José Luis Mendoza y un pariente suyo.

Ahora Murcia ha registrado una solicitud al Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, Antonio Navarro Corchón, instándole a que, “con carácter urgente, se adopte la medida cautelar de 'suspensión inmediata' de las actividades que se desarrollan en los edificios ilegalmente construidos así como el 'precinto de los ocho edficios”.

Con ello, la formación municipalista pide aplicar la medida cautelar contemplada en la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, asegurando el cumplimiento de la legalidad vigente y protegiendo a los usuarios, trabajadores y visitantes de los ocho edificios donde el ayuntamiento ha comprobado que no existe licencia para el desarrollo de actividad alguna.

El grupo municipal Ahora Murcia ha instado al concejal de Urbanismo, que dio clase precisamente en esta universidad privada, a que cumpla con sus funciones y no haga dejadez de las mismas. “Es muy grave que se reconozca de nuevo una ilegalidad referente a este campus, pero sigan sin tomarse medidas efectivas con consecuencias reales para sus responsables2, han criticado desde la agrupación.

Los edificios señalados en el decreto de inicio del expediente sancionador son: edificio 1, aulario VII; edificio 2, cafetería; edificio 3, aulario IX; edificio 4, mantenimiento; edificio 5, laboratorio; edificio 8, librería copistería; edificio 9, jefatura de estudios; edificio 10, centro A/A.

“Todos ellos sin licencia y sin posibilidad de legalizarse, al haberse construido sobre un suelo no urbanizable, por lo que además podrían adolecer de omisiones en cuanto a proyectos técnicos e informes preceptivos de seguridad”, han destacado desde Ahora Murcia.

Desde la formación se ha resaltado de nuevo como se ha estado permitiendo hasta ahora el desarrollo de actividades y la ampliación “descontrolada” de este negocio privado en suelo no urbanizable, “mientras alcaldes, concejales, consejeros, directores generales y altos funcionarios inauguraban actividades y daban clase en sus aulas, pero la legalidad urbanística y administrativa brillaba por su ausencia”

De acuerdo con la información de la que dispone Ahora Murcia por estar personado en el caso de las supuestas obras ilegales en el campus Los Jerónimos de la UCAM, cinco arquitectos han rechazado el encargo de hacer un informe pericial para valorar si los edificios sin licencia son instalaciones desmontables o si se trata de edificios  de hormigón y ladrillo que habrían requerido de proyecto y visado. Si finalmente el juez no encuentra un arquitecto perito en la Región dispuesto a realizar este trabajo, tendrá que buscarlo en otras comunidades autónomas.

Ahora Murcia expresa su extrañeza de que los juzgados que instruyen este caso “no encuentren un arquitecto dispuesto a realizar el informe pericial de los edificios construidos sin licencia”.

La formación municipal señala que “el matrimonio entre el PP y la UCAM ha dado lugar a que los profesionales prefieran no verse involucrados en un proceso espinoso, protagonizado por una entidad privada con mucho poder y por el partido político que lleva 23 años gobernando el municipio y la Región, y que es precisamente el que ha favorecido en todo momento el desarrollo de la UCAM”.

Dentro de este mismo caso, Ahora Murcia ha solicitado al concejal de Urbanismo, Navarro Corchón, la copia íntegra del expediente sancionador del Ayuntamiento contra la UCAM por la ausencia de licencia de obras y actividad en ocho edificios del campus de Los Jerónimos.

Además, le han pedido al edil copia del informe emitido por el Servicio de Técnico de Obras y Actividades, junto a las copias de todas las solicitudes de regularización y alegaciones que haya presentado la UCAM, así como si existe algún proyecto técnico para dicha posible regularización firmado por algún técnico o ingeniero. “El objetivo es continuar analizando un caso de gran relevancia y que nos preocupa”, han indicado desde la agrupación municipal.

Los últimos días se ha tenido noticia del Decreto de fecha 16 de abril de 2018 del concejal de Urbanismo en el que se reconoce que la UCAM carece de la correspondiente licencia de actividad para ocho edificios: aulario VII y IX, cafetería, edificio de mantenimiento, laboratorio, librería copistería, jefatura de estudios y el centro A/A.

Tras conocerse los hechos, Ahora Murcia pidió el pasado viernes, al edil de Urbanismo y al alcalde Ballesta, el cese inmediato de la actividad de la UCAM en el Campus de Los Jerónimos en Guadalupe, ya que se trata de unas construcciones en las que  se están desarrollando unas actividades que no tienen licencia para ello, y que tienen imposible obtenerla, puesto que se trata de suelo no urbanizable.

“Carecer de licencia”, afirman, “es un hecho de enorme gravedad, ya que implica que no se han realizado ni realizan las comprobaciones oficiales necesarias, garantías para tener abierto un negocio al público, como por ejemplo los informes de bomberos, incendios, etc.”.

Desde el grupo municipal señalan que no se entiende cómo puede estar abierto al público este campus universitario, que cuenta con miles de estudiantes y cientos de profesionales que utilizan a diario unas instalaciones que no disponen de la licencia necesaria para ejercer la actividad de cualquier negocio. “Es evidente el agravio comparativo con todos los demás  negocios”, señalan, “en los que el Ayuntamiento de Murcia sí precinta y clausura instalaciones en el mismo momento en que detecta la falta de licencia de actividad”.

Ahora Murcia ya puso en conocimiento de la Fiscalía en diciembre de 2015 que gran parte de los edificios del campus de la UCAM se habían construido sin la correspondiente licencia de obra municipal, y sin los informes de la Dirección General de Bienes Culturales al estar en el entorno BIC del Monasterio de los Jerónimos, por lo tanto los citados edificios serían ilegales. Ante ello el Juzgado de Instrucción número 5 abrió diligencias previas en abril de 2016, donde continúa investigando estos hechos.

El grupo municipalista se pregunta cómo ha sido posible que durante los últimos años, habiendo pasado por este campus numerosos funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Murcia y de la Comunidad Autónoma, así como el propio concejal de Urbanismo, Navarro Corchón, nadie se haya pronunciado sobre esta situación hasta el reciente decreto del pasado 16 de abril, forzado ante la presión administrativa y judicial que Ahora Murcia está ejerciendo.

La Fundación Universitaria San Antonio, que preside José Luis Mendoza, carece de licencia de actividad para los ocho edificios localizado en el Campus Los Jerónimos Guadalupe: aulario VII y IX, cafetería, edificio de mantenimiento, laboratorio, librería copistería, jefatura de estudios y el centro A/A.

Así lo establece un Decreto fechado a 16 de abril de 2018, y firmado por el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, por el que abre un expediente sancionador a la Fundación Universitaria San Antonio y al que Ahora Murcia ha tenido acceso.

Por ello, el grupo municipal solicita al concejal de Urbanismo y al alcalde Ballesta el cese inmediato de la actividad de la Universidad Católica de Murcia. Desde Ahora Murcia señalan que se trata de unas construcciones donde se están desarrollando unas actividades que no tienen licencia para ello, y donde resulta imposible su obtención puesto que se trata de suelo no urbanizable. Por lo tanto, la agrupación considera que debe acordarse la suspensión de la actividad y su precinto como medida cautelar.

En este sentido, indican que se podría estar “poniendo en riesgo la seguridad de las numerosas personas que utilizan estos edificios diariamente”, al carecer de las comprobaciones oficiales necesarias y garantías para tener abierto un negocio al público, como por ejemplo los informes de bomberos, incendios, etc.

De la misma forma, el grupo municipal señala que no se entiende “cómo puede estar abierto al público este campus universitario, que cuenta con miles de estudiantes y cientos de profesores diariamente trabajando y estudiando en unas instalaciones que, según el Ayuntamiento de Murcia, carecen de la correspondiente licencia de actividad, licencia necesaria para ejercer la actividad de cualquier negocio”.

Asimismo, desde Ahora Murcia se preguntan cómo es posible que estos edificios en esta situación ilegal tengan los servicios urbanísticos de los que disfrutan a día de hoy, como por ejemplo la gestión de residuos, electricidad, saneamiento, agua, etc.

Para la formación municipalista resulta sorprendente “el paso de tortuga” demostrado por la Concejalía de Urbanismo en este caso, ya que hace varios años que se realizaron inspecciones urbanísticas en el campus de los Jerónimos, por lo que se debería haber actuado con mayor diligencia y haber iniciado este expediente sancionador en aquel momento. Igualmente, se pone de manifiesto la diferencia con otros casos de negocios que el Ayuntamiento de Murcia precinta y clausura en el mismo momento en el que detecta la falta de licencia de actividad.

Diligencias abiertas contra la UCAM en 2015

Ahora Murcia ya puso en conocimiento de la Fiscalía en diciembre de 2015 que gran parte de los edificios del campus de la UCAM se habían construido sin la correspondiente licencia de obra municipal, y sin los informes de la Dirección General de Bienes Culturales al estar en el entorno BIC del Monasterio de los Jerónimos, por lo tanto los citados edificios serían ilegales. Ante ello el Juzgado de Instrucción número 5 abrió diligencias previas en abril de 2016, donde se está investigando a día de hoy estos hechos.

El grupo municipalista se pregunta igualmente como ha sido posible que durante los últimos años y habiendo pasado por este campus numerosos funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Murcia y de la CARM, así como el propio concejal de Urbanismo del Consistorio, nadie se haya pronunciado sobre esta situación hasta el decreto del pasado 16 de abril, todo ello forzado ante la presión administrativa y judicial que Ahora Murcia está ejerciendo desde su entrada al Consistorio en 2015.

Resulta sorprendente para Ahora Murcia la tardanza de más de dos años, así como la necesidad de una gran cantidad de denuncias, escritos y comunicaciones para que el Ayuntamiento de Murcia iniciase acciones al respecto de la UCAM.

Finalmente, Ahora Murcia no dudará en solicitar la intervención de la Policía Municipal para asegurar el cumplimiento de la legalidad vigente, y para el precinto de las actividades en la UCAM que no posean las correspondientes licencias de actividad, todo ello al igual que el Ayuntamiento hace con el resto de locales y actividades en el municipio que no poseen las correspondientes licencias, y para salvaguardar la seguridad del público en general.

Dos informes contrarios a la aprobación del Plan Especial de la ampliación del Campus de Los Jerónimos habrían sido redactados por los servicios técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales en enero de 2009 , antes de la aprobación definitiva del Plan que permitía a la UCAM comenzar a edificar.

En uno de estos documentos se habría hecho constar la necesidad de adaptar el proyecto presentado a los parámetros delimitados por la Ley de Patrimonio de la Región de Murcia 4/2007, al precisar autorización para construir dentro del entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC), es decir, el Monasterio de los Jerónimos. Pese a los dos informes contrarios, el plan se aprobó, como consta en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), el 1 de agosto de 2009.

Esta información, a la que eldiario.es ha tenido acceso, se encuentra en el escrito que ha presentado la defensa de los querellados por prevaricación, interpuesta por la Fundación Universitaria San Antonio en julio de 2017 contra la exdirectora general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, María Comas Gabarrón, así como al jefe del Servicio de Patrimonio Histórico, Miguel S.N.T., y a otros cuatro técnicos de ese departamento.

La presentación de estos dos informes negativos con respecto a la edificación contradice unos de los argumentos principales de la Fundación San Antonio, al asegurar en la querella, que la Dirección General no se había pronunciado antes de la aprobación definitiva del Plan Especial, a mediados de 2009.

“Desde luego, los querellados en esa fecha no estaban, pues María Comas Gabarrón fue nombrada directora general de Bienes Culturales en julio de 2015”, se describe en el escrito de la defensa. Lo mismo sucede con los cinco técnicos contra los que se ha litigado la UCAM, que entraron en sus puestos entre 2012 y 2015.

Fuentes cercanas al caso han confirmado que los documentos emitidos en 2009 no se tramitaron. Es decir que, si bien el Ayuntamiento de Murcia tenía por obligación solicitar a la Dirección General de Bienes Culturales informes relativos al Plan Especial, al ser desfavorables se habría optado “a caso hecho” no tramitarlos para, de esta forma, no hacerlos públicos. Si bien su condición no era vinculante, se habría publicitado la delimitación según la Ley de Patrimonio. Al no tramitarse estos informes, el Plan se aprobó por 'silencio administrativo positivo'*.

Dos informes desfavorables para edificar en el Monasterio de Los Jerónimos

El 20 de noviembre de 2008, el exteniente de Alcalde de Ordenación Territorial y Urbanismo, Fernando Berberena Loperena, presente actualmente en varios casos de presunta corrupción urbanística, aprobó inicialmente el Plan Especial de Ordenación del Campus de La Universidad Católica de Murcia, situado en el entorno del Monasterio de Los Jerónimos.Tras esta aprobación, el Consistorio debía hacer llegar el proyecto a la Dirección General de Cultura, para que lo evaluara.

Según el escrito de la defensa, un arquitecto del servicio de Patrimonio Histórico contestó el 23 de enero de 2009, que el Plan “no tenía en cuenta que su ámbito de actuación estaba dentro del entorno del Monasterio de los Jerónimos” que, al ser Bien de Interés Cultural debía ser considerado “un elemento configurador del entorno”.

Asimismo, especificó la necesidad de una serie de modificaciones que se debían entregar: entre ellas, la reducción de alturas máximas en algunas zonas, hasta un máximo de 3 alturas (en la aprobación definitiva del Ayuntamiento figuran 5 alturas o 22 metros); y que, dada su condición de BIC cualquier proyecto que se desarrollara tenía que ser autorizado por la Dirección General de Bienes Culturales, en base a la Ley de Patrimonios de la Región de Murcia 4/2007.

Siempre según el escrito de la defensa, también contestó a la aprobación inicial del Plan de Berberena otro arqueólogo de Bienes Culturales, que emitió un informe en fecha  8 de enero de 2009 señalando que el Plan Especial “no incorporaba inventario de Patrimonio Cultural, ni evaluación de posibles impactos sobre el mismo”. Además, entre los redactores del estudio no figuraba “ningún técnico competente” en la materia que permitiera asegurar que el proyecto no tendría“incidencia sobre el patrimonio cultural”.

De esta forma, el arqueólogo establecía como necesario redactar un Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural coordinado por la Dirección General de Bienes Culturales, realizándose con antelación a la aprobación definitiva del proyecto.

Mendoza se querella contra funcionarios públicos

El litigio, abierto en julio de 2017, acusa de prevaricación continuada a la exdirectora general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, María Comas Gabarrón, así como al jefe del Servicio de Patrimonio Histórico, Miguel S.N.T., y a otros cuatro técnicos de ese departamento, por ‘obstaculizar’ su derecho a edificar en el entorno del Monasterio de Los Jerónimos, Bien de Interés Cultural. Asimismo, el denunciante fija en 15 millones de euros la posible responsabilidad civil.

La querella, interpuesta por la Fundación San Antonio, fue desestimada en enero de 2018. Pese a ello, el organismo presidido por José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, presentó un recurso de reforma, que finalmente fue también desestimado en abril del mismo año. Pero, una vez más, la Fundación ha insistido en su versión de los hechos, presentando una apelación a la resolución del juez, ante la Audiencia Provincial de Murcia.

Actualmente está en proceso de investigación la querella que el Fiscal admitió a trámite en 2016 por supuestas obras ilegales en la Universidad Católica San Antonio, que implica siete edificios en el Campus de Los Jerónimos. La denuncia iría dirigida contra los responsables de la Fundación San Antonio, el Centro de Estudios Universitarios San Antonio, el  propio José Luis Mendoza y un pariente suyo.

La relación entre las universidades y las administraciones públicas están en el ojo del huracán tras descubrirse las numerosas ilegalidades en el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que han llevado finalmente a su dimisión. A través la exclusiva de eldiario.es se ha podido comprobar cómo estos dos organismos estructuran relaciones opacas de mutuo beneficio.

Una de las primeras evidencias que ponen de manifesto esta relación consiste en mirar el currículo. Se trata de saber dónde has comenzado o dónde has acabado. En la Región de Murcia esta unión se presenta a través de los numerosos cargos del Partido Popular y su relación, pasada, presente, o futura con la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). A costa del 'clientelismo' de las administraciones murcianas, copadas por el Partido Popular desde hace más de 20 años, la UCAM, presidida por José Luis Mendoza, se ha visto beneficiada y enriquecida.

La cesión gratuita de terrenos a la UCAM

Joaquín Moya-Angeler Sánchez es ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia y ex delegado de Relaciones Institucionales (2011-2014). Además, es ex Concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia (2003-2011), y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular Región de Murcia.

Fue profesor de Tributación Local de la UCAM en el Máster de Asesoría Fiscal, y participó en la Junta de Gobierno que cedió gratis terrenos a la UCAM en septiembre de 2005. De hecho, un informe de 2016 de Intervención General del Estado consideró nula tanto la concesión de la parcela, como las actuaciones previas y necesarias para la firma del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Murcia y la UCAM, al contemplar varias irregularidades.

Pese a ello, el caso fue archivado a finales de 2016 por la Audiencia Provincial, desestimando el recurso que el fiscal Anticorrupción y el partido Podemos presentaron. La resolución señalaba que de las actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción no se deducía indicio alguno de que el presidente de la citada universidad, José Luis Mendoza, hubiera podido incurrir en un presunto delito de prevaricación o en alguna otra ilicitud penal. Los terrenos, originalmente valorados en dos millones de euros, han aumentado su valor (tras su cesión) en cuarenta millones.

Los terrenos ilegales de la UCAM

Antonio Javier Navarro Corchón es concejal del Partido Popular, cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia y delegado de Urbanismo y Medio Ambiente-Huerta. Además, es profesor del postgrado de Experto Universitario en Urbanismo de la universidad católica.

El delegado de Urbanismo estaba al frente de la concejalía cuando se declararon ilegales las obras en el Campus de Los Jerónimos de la UCAM, en marzo de 2016. La fiscalía se encuentra, a día de hoy, investigando las supuestas irregularidades en la construcción en suelo no urbanizable de siete edificios levantados en zona de huerta protegida.

De hecho, por ese entonces,  el político del PP José Luis Camacho Porto era el jefe del servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Murcia, sección que debe velar por la legalidad de las construcciones que se llevan a cabo en el municipio murciano. Simultáneamente, impartía clases en la institución privada y pasaba frente a los edificios ilegales a diario. En una entrevista, el edil popular se limitó a asegurar que tendía a “pensar bien de la gente” y a señalar que era posible que “no hubiera visto esos edificios”. Actualmente es profesor en la adaptación al grado en Ingeniería Civil de la UCAM.

Asimismo, Nuria Fuentes, actual directora general de Relaciones Laborales y Economía Social, fue directora general de Urbanismo en esta misma época, y antes, profesora asociada de Derecho de la Seguridad Público Privada en el grado de Criminología de la universidad católica.

El medallista olímpico que se pasó a la universidad privada

Antonio Peñalver, ganador de una medalla de plata en Decatlón en Barcelona (1992), fue nombrado director general de Deportes en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 2007. Días antes de cesar en su cargo, con la llegada del nuevo presidente al gobierno regional en 2015, dejó firmados 27 contratos con la UCAM a través de la sociedad pública Centro de Alto Rendimiento, por un importe total de 220.000 euros y sin mediar convocatoria pública alguna.

A los tres meses era contratado como profesor sin respetar los dos años de espera que dicta la norma sobre incompatibilidades. El atleta declaró que no tuvo intención, con la firma de esos contratos, de beneficiarse. Actualmente es profesor en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la universidad católica.

La consejera de Deportes enganchada al baloncesto

Adela Martínez-Cachá, actual consejera de Educación, Juventud y Deportes del PP desde 2017, es ex consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente (2015-2017)  y ex concejal del Ayuntamiento de Murcia (2007-2015).

Ha sido profesora agregada de la universidad católica en el Área de Microbiología e Higiene de Alimentos. Dirigió la Escuela de Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAM y fue coordinadora del Máster Oficial de Postgrado de Nutrición y Seguridad Alimentaria en este centro universitario.

Este año el equipo de baloncesto de la UCAM recibirá 100.000 euros de subvención nominativa del gobierno regional, concretamente de la consejería que preside Cachá. En una visita a la plantilla, la consejera mostró su apoyo al proyecto del UCAM, del que su Gobierno se siente “muy orgulloso”­. También aseguró haberse “enganchado” al baloncesto tras sus últimos partidos.

La consejera de Sanidad que abrió las puertas de los hospitales públicos a la UCAM

Encarna Guillén Navarro es ex consejera de Sanidad del Partido Popular. De 2013 hasta que le asignaron dicho puesto, a mediados de 2015, fue directora de la cátedra de Genética Médica y Enfermedades Raras de la UCAM.

A finales de 2016, pocos meses después de que estuviera en nómina de la universidad católica, su consejería adoptó decisiones que afectaban directamente a la institución privada, abriendo la puerta de los hospitales públicos para que los estudiantes de la UCAM hicieran sus prácticas, en detrimento de las instituciones de educación superior pública de la Región de Murcia.

La lista de políticos del PP relacionados con la UCAM no acaba con estos nombres. Sin ir más lejos, el ex presidente de la comunidad murciana y actual Eurodiputado por el PP, Ramón Luis Valcárcel, intervino en 2009 en la cátedra de “Ética, política y humanidades”, que involucró en sus charlas a personajes tan ilustres como el ex presidente José María Aznar, el ex ministro de interior Jaime Mayor Oreja, y la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

Asimismo, la católica da cobijo entre sus filas al hermano del ex presidente murciano, Carlos Valcárcel Siso, que imparte clases como profesor de Derecho Civil en la entidad. También tenemos a Juan Hernández Albarracín, reciente ex consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo del Partido Popular, que semanas antes de integrarse miembro del Gobierno Regional fue nombrado también director ejecutivo del Instituto Tecnológico de Murcia de la UCAM.

El actual consejero de Presidencia, Pedro Rivera Barrachina, fue profesor del máster de Abogacía de la universidad católica.  Por otra parte nos encontramos con María Victoria Fernández Ilundain, exjefa de prensa de la consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, y actual profesora en el postgrado Experto Universitario en Comunicación Política e Institucional de la institución educativa privada. 

También está Andrés Pacheco Guevara, expresidente de la Audiencia Provincial de Murcia, que es profesor en máster  de título propio en Psicología de Emergencias y Catástrofes de la UCAM. 

Además, María Dolores Sánchez Rodríguez, jefa de Protocolo del Ayuntamiento de Murcia, es al mismo tiempo profesora de máster Título Propio en Protocolo y Consultoría de Imagen de universidad católica. También está Juana Mulero Cánovas, directora general de Planificación Educativa y Recursos Humanos, que fue profesora titular de Nutrición y Biología en la UCAM, directora del máster en Nutrición Clínica y secretaria del departamento de Tecnología de los Alimentos y Nutrición.

Bonus: cuando Mendoza hacía campaña a favor del PP

Por si quedaba alguna duda de la estrecha relación entre la universidad católica y el gobierno murciano del Partido Popular, en las últimas elecciones autonómicas de 2015, el presidente de la UCAM hizo unas polémicas declaraciones en las que consideraba “un peligro grave” el hecho de que el candidato popular no saliera electo.

“Hay que apoyar a Pedro Antonio Sánchez. Votar a C's, PSOE o Podemos sería un desastre económico y moral para la región de Murcia”, indicaba Mendoza, que veía en PAS un ejemplo de “buen catolicismo” al estar en contra del libre aborto. Cabe recordar que, a día de hoy, Pedro Antonio Sánchez se encuentra no solo fuera de la presidencia de Murcia, sino que está procesado por el caso 'Púnica', 'Auditorio' y 'Pasarelas'.

El consejero de Educación, José Luis Mendoza, da marcha atrás en su decisión de mantener la Oposición Pública de Empleo (OPE) con 247 plazas de profesores de Secundaria (165 en castellano y 85 en euskera) para junio de este año. Mendoza ha cedido a las quejas sindicales y ha anunciado que la OPE se retrasará al verano del año próximo, y que se convocará junto con las plazas de Primaria que puedan convocarse en 2018. El consejero ha responsabilizado directamente al Ministerio del retraso en la convocatoria. Según ha explicado, tras mantener una reunión de la comisión de personal de la Conferencia de Educación el pasado día 8 en Madrid, el Gobierno de Mariano Rajoy comunicó a las autoridades educativas de las comunidades autónomas que no hay garantías de que este año pueda aprobarse la tasa de reposición, que permite saber a las comunidades cuántas nuevas plazas pueden convocar en las nuevas ofertas de empleo.

En una rueda de prensa ofrecida junto a la directora general de Universidades y Recursos Educativos, Nekane Oroz, Mendoza ha hecho públicas las razones que explicó el representante estatal en la reunión de la citada conferencia: “A raíz de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, se ha generado una controversia jurídica dentro del Gobierno sobre el valor de la prórroga, es decir, sobre si afecta sólo a las partidas presupuestarias o también al articulado” de la ley. Según les anunciaron, el Ministerio de Hacienda ha dirigido una consulta a sus servicios jurídicos y están a la espera de una respuesta, “lo que afecta a la aprobación de las ofertas públicas de empleo en todo el ámbito del Gobierno de Navarra, no solamente en Educación. Y lo mismo ocurre en el resto de las comunidades”, ha explicado el consejero.

Mendoza entiende que si el Gobierno central decide que la prórroga afecta al articulado de la ley, “se dispondría del 100% de la tasa de reposición”, mientras que si determina que el articulado de la ley no se ve afectado por la prórroga, “la tasa de reposición sería cero y no podrían convocarse ofertas públicas de empleo”. Además, ha detallado, el Ministerio de Educación no se ha comprometido a ofrecer ningún plazo para tener una respuesta, porque ésta depende del ministerio de Hacienda.

Por su parte, Oroz ha asegurado que el Gobierno foral ha adoptado “numerosas iniciativas para que el Gobierno del PP se pronunciara sobre la tasa de reposición, pero no se ha recibido respuesta”. También ha justificado la decisión de retrasar la OPE de Secundaria hasta el próximo año porque “es extremadamente importante el respeto a los posibles opositores, y no podemos convocarlos sin tener la garantía de que las plazas no sean recurridas por el Ministerio de Hacienda”. Por esta razón, ha criticado el “desinterés manifiesto” del Gobierno central hacia esta cuestión.

El colectivo en defensa de los derechos de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales publica un manifiesto con motivo del debate del 19 de mayo de la Ley de Derechos LGTBI de la Comunidad Autónoma

El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud decidió despatologizar la homosexualidad. Fue un paso adelante, pero para los derechos LGTB todavía quedan muchos por recorrer. Actualmente, la transexualidad sigue figurando como un trastorno de la identidad sexual según la OMS. La totalidad de los colectivos siguen trabajando para alcanzar esa plenitud de derechos que merecen las personas LGTB. En el caso de Murcia, 'No te prives' es el más importante, y ahora, con motivo de esos 26 años y con el debate de la Ley Autónoma de LGTB que se producirá el próximo jueves en la Asamblea, han publicado un manifiesto con el objetivo de concienciar y conseguir nuevos derechos.

En el manifiesto condenan que en 76 países siga siendo penada la homosexualidad, 8 de ellos castigando incluso con la muerte. También denuncian aquellos países en los que el ISIS ha ejecutado de forma inhumana a aquellos penados con el delito de “sodomía”, que incluye la homosexualidad y la transexualidad.

El objetivo principal del manifiesto es denunciar la LGTB fobia, así como la creación de un Plan de Salud Sexual para tratar enfermedades como el VIH de manera que no se discrimine a aquellos afectados. También mencionan en el manifiesto la denuncia a las palabras de José Luis Mendoza, dueño de la UCAM, en las que discriminaba al matrimonio homosexual y lo denominaba como una “aberración”. En definitiva, exigen “la protección y el apoyo a las familias LGTB”.

Manifiesto contra la LGTB fobia del colectivo 'No te prives'

“No quiero dinero ni que le pongan multas, pero sí que se arrepienta y pida perdón”, dijo Jesús Costa Gómez, presidente del colectivo No te prives, en referencia al acto de conciliación que tendrá lugar el próximo martes en la Ciudad de Justicia con José Luis Mendoza por sus declaraciones homófobas en el acto de apertura del curso 2015/16 de la Universidad Católica. En caso de que Mendoza no vaya a la citación judicial, están dispuestos a poner una querella.

“Las palabras de Mendoza incitan al odio. Cada uno puede tener su opinión, pero no puede manifestarse así en un acto la inauguración de un curso escolar de una universidad acompañado por el presidente de la Región Pedro Antonio Sánchez”, señaló Costa. “No se trata de creencias religiosas, sino de respeto a los derechos humanos. Para mí es una humillación”, añadió.

José Luis Mendoza afirmó en aquella ocasión que “el matrimonio igualitario es una abominación ante los ojos de Dios”. Desde el colectivo No te prives señalan que no es la única vez que Jose Luis Mendoza pone de manifiesto una opinión homófoba y añaden que llevarán al juzgado “declaraciones y entrevistas de radio y prensa escrita, así como en entrevistas televisivas y artículos en libros en las que sin miedo alguno ni respeto por la diversidad de orientación sexual”.

“Es necesario recordar que el matrimonio igualitario es un derecho reconocido legalmente en este país, resultado de una lucha de años por los derechos del colectivo LGTB -Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales- y que ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional”, afirma el colectivo.

“Frases como que las relaciones entre homosexuales son actos antinatura son habituales en su lenguaje cotidiano y hacen daño al arduo trabajo de convivencia entre iguales que durante tanto tiempo se está llevando a cabo por parte de este colectivo”, subraya el colectivo respecto a Mendoza.

“En un momento en el que están aumentando las agresiones a personas LGBT consideramos muy grave y denunciable esta actitud”, concluyen desde el colectivo. “Imagina también cómo se deben sentir los estudiantes homosexuales que estudian en esa Universidad”, reflexiona Costa Gómez.

 El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha dicho que la citación de José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, por la supuesta implicación de su Fundación en la construcción sobre zona protegida “arroja más dudas sobre la actuación del Ayuntamiento en torno a la cesión de suelo” a esa institución docente de carácter privado.

“Como desde hace años vienen denunciando espacios políticos y movimientos sociales, el Consistorio privilegió a la UCAM saltándose la normativa, lo que demuestra que el urbanismo a la carta no solo se usó para la construcción desmedida sino para favorecer a empresas e instituciones” como esta universidad, ha sostenido Ramos.

Estos “privilegios” en forma de terrenos que pertenecen al patrimonio de los murcianos se daban desde el ámbito municipal a un centro privado mientras las universidades públicas de la Región de Murcia, la UMU y la UPCT, “sufrían severos recortes” en sus presupuestos, aplicados desde el Gobierno Regional.