La empresa de telemarketing Majorel, integrada en el grupo Teleperformance, ha ejecutado un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 279 trabajadores en España, entre ellos decenas en su centro de Jerez de la Frontera. El proceso, que se ha cerrado sin acuerdo con la representación sindical, se salda con 88 despidos forzosos y condiciones económicas más duras que las planteadas durante la negociación.

La decisión fue comunicada a la plantilla por correo electrónico tras concluir sin consenso el periodo de consultas, un trámite obligatorio en este tipo de procedimientos. Al no alcanzarse acuerdo, la empresa ha optado por aplicar las condiciones mínimas previstas en la legislación para los despidos colectivos: 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades para las salidas forzosas.

El ajuste, el tercero en apenas dos años en la compañía, supone además un empeoramiento respecto a la última oferta que la dirección había puesto sobre la mesa, que incluía menos despidos obligatorios y mayores indemnizaciones. Finalmente, el ERE afecta a 279 personas, con 88 despidos forzosos, 191 salidas voluntarias y solo 50 trabajadores que quedan fuera del proceso.

Tanto CCOO como UGT han rechazado el resultado y han anunciado su impugnación en los tribunales. Los sindicatos consideran que no concurren las causas alegadas por la empresa y denuncian que no ha existido una negociación real. Desde UGT, además, apuntan a la falta de transparencia en la documentación facilitada, especialmente en lo relativo a la contratación a través de empresas de trabajo temporal, y sostienen que la compañía ha priorizado un criterio estrictamente económico, concentrando los despidos en los trabajadores con menor coste.

Entre la plantilla, el impacto del ERE se interpreta como parte de un proceso más amplio. Varios trabajadores del centro de Jerez, que prefieren mantener el anonimato, apuntan a una reducción progresiva de la actividad local en favor de plataformas en Latinoamérica. “Lo que están tratando por todos los medios es deslocalizar, mandar el trabajo fuera”, explica uno de ellos. “En poco tiempo han abierto varias plataformas en Colombia y cada vez se llevan más carga de trabajo”.

Ese traslado, aseguran, se percibe claramente en el día a día. “Puedes empezar con 1.800 gestiones y en cuestión de minutos ver cómo bajan a 300 mientras aumentan en otros países”, relata otro trabajador. “Esto no es solo un ERE, es un cierre progresivo”.

Este periódico ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con la empresa para conocer su posición. Desde UGT comentan que, hasta ahora, la empresa se ha negado a hacer declaraciones a los medios de comunicación.

“Una sensación muy dura después de tantos años”

El momento de las comunicaciones de despido ha dejado una huella especialmente dura en la plantilla. “Fue brutal. Veías cómo llamaban a compañeros, los llevaban a un despacho y ya no volvían”, cuenta una trabajadora. “Desviaron las llamadas y apenas trabajamos ese día. Fue una sensación muy dura después de tantos años”.

Más allá del ajuste, los testimonios coinciden en señalar un deterioro continuado de las condiciones laborales. “Por siete horas cobro unos 1.100 euros netos con las pagas prorrateadas. Allí, por ese dinero, tienen varios trabajadores”, explica un empleado. Otro añade: “La mayoría somos mujeres con hijos, con contratos parciales y sueldos muy bajos. No compensa para nada”.

La presión se articula, según describen, a través de objetivos de rendimiento que consideran inalcanzables. “Nos exigen niveles de satisfacción del 95% o incluso del 100%, algo que es totalmente irreal”, señala una trabajadora. “Todo lo que no sea un 9 o un 10 te penaliza, aunque hayas hecho bien tu trabajo”.

Ese sistema de evaluación tiene consecuencias directas en el ambiente laboral. “Con una sola mala valoración puedes perder todo lo anterior. Es una presión constante”, explican. A ello se suma la dureza de la atención telefónica: “Te pueden decir de todo y no puedes colgar. Tienes que tragártelo”.

El desgaste psicológico es una de las denuncias más repetidas. “La gestión del estrés la haces tú por tu cuenta. La empresa no te ayuda”, relata una empleada. “Para sobrellevarlo, muchas acabamos medicándonos. Es muy complicado salir de una llamada así y seguir como si nada”.

La incertidumbre sobre el futuro es ahora generalizada. “No sabemos qué será lo próximo. Nos tienen en esa inseguridad constante”, resume otra trabajadora. Muchos ya buscan alternativas fuera del sector: “La gente se está preparando oposiciones o buscando otra cosa porque no hay futuro aquí si siguen llevándose el trabajo fuera”.

Tras la ejecución del ERE, el conflicto se traslada ahora a los tribunales. Los sindicatos han iniciado la impugnación colectiva y animan a los trabajadores a recurrir también de forma individual. Entre la plantilla, las expectativas son contenidas. “Ojalá se pueda conseguir al menos que se declare improcedente y mejorar las condiciones”, señala un trabajador. “Pero la empresa ya avisó de que si no había acuerdo, las condiciones serían peores. Y así ha sido”.

Una determinación, un pulso, un gesto, porque “no les da la gana”. Doce empleados, de 159 que eran hace dos años, los 'últimos mohicanos', los últimos supervivientes de la teleoperadora Digitex-Konecta, siguen acudiendo todos los días a su trabajo en las oficinas del Centro Riamar en Camargo como si no pasara nada, aunque pase.

Pilar, Lola, Aida y María Jesús son cuatro de los últimos de Digitex, en su mayoría mujeres, todas por debajo de los 1.000 euros de sueldo neto al mes y en un centro de trabajo en donde no hay presencia física de directivos que cerrará sus puertas definitivamente este lunes.

Con un censo laboral menguante que se ha reducido a 26 empleados en apenas año y medio, Digitex dejará de existir físicamente en unas horas y se repartirá virtualmente por los domicilios de sus trabajadoras, que teletrabajarán recibiendo instrucciones mediante un chat de empresa.

Si aguantan es a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo contra el plan para el cierre de la oficina cántabra, pero, aunque su determinación es clara y no falte el buen humor, hay un aire de tristeza en sus palabras, sabedoras de que asisten en directo a “un ERE encubierto” que puede dar con el cierre efectivo antes de que la Justicia se pronuncie.

Hay quienes aceptaron la oferta económica y se han ido, otros han sido despedidos y otros están de baja. Así, mes a mes, ha ido encogiendo la empresa, con la tensión de quienes estaban por la aceptación de las condiciones económicas para una salida y los que querían mantener aquel pasado en el que “éramos respetados y valorados”, como recuerda Pilar, una santanderina que estaba dispuesta a desplazarse a Jaén para seguir trabajando en la compañía, pero que ahora se mantiene junto a sus compañeros, ya que ha hecho del mantenimiento del puesto de trabajo cuestión de amor propio. “Es un pulso”, afirma, tras añadir que si se quedan es porque los demás siguen, que hasta quien no creía en los sindicatos, como Lola, se ha afiliado a la CGT. “Hemos luchado trabajando”, apostilla Pilar.

Y es que solo CGT, sindicato al que pertenece la delegada, Aida García, está ahora detrás de los restos laborales de Digitex-Cantabria, algo para ellos esencial. Aida es la cara de las trabajadores, su conexión con el sindicato, que ha llevado el pleito hasta el Supremo, quien ha dedicado parte de su tiempo libre al trabajo ante cualquier contingencia laboral... y se emociona cuando las demás se lo agradecen.

Para ella, teletrabajar en casa no será lo mismo. Con más de una docena de años en la empresa y superada la treintena, en el domicilio se confundirá el tiempo personal y el tiempo laboral, algo esencial para superar día a día un trabajo “duro” como es el de atender llamadas de clientes y realizar telemárketing. También porque se disolverá la “piña” en que se ha convertido el grupo.

Lola Alonso tiene 58 años y tres hijos. Sabe que, si pierde su trabajo, volver a reconectarse al mundo laboral va a ser una tarea muy difícil, por no decir imposible. Esto es un común denominador en todas. Por circunstancias personales, dejó Asturias hace tres años y, echando mano de contactos, entró a trabajar en Digitex. De la Lola de entonces a la de hoy media un mundo: “Yo vivía y trabajaba en Oviedo, en una asesoría a nivel nacional, y no me gustaban los sindicatos. Yo antes era antisindicalista hasta que te demuestran que hay un sindicato que lucha con hecho y por ello me afilié a CGT”, explica sentada a la mesa de una cafetería minutos antes de iniciar su jornada laboral de tarde.

De cómo se produjo la conversión de una escéptica del sindicalismo solo puede explicarse por lo vivido en Digitex, por el trato de la empresa, por el ejemplo de los compañeros y por su convencimiento en la práctica de que la respuesta a los problemas colectivos está en lo colectivo.

“Ahora mis hijos son de la edad de mis compañeros -comenta-. Estuve 23 años trabajando en una asesoría de Oviedo y me vine a vivir aquí; eché currículos, recurrí a contactos... conocía el mundo comercial aunque no el del telemárketing, pero logré cumplir objetivos y entrar hace tres años. Entonces me sentía valorada y respetada profesionalmente, pero, cuando creías que te habías adaptado, ocurre esto

Yo vivía y trabajaba en Oviedo, en una asesoría a nivel nacional, y no me gustaban los sindicatos. Ahora estoy afiliada a CGT

Lola — Trabajadora de Digitex en Cantabria

María Jesús es la más veterana, con 16 años trabajando en la empresa. Se dedica a la transcripción de conversaciones y no tiene ningún miedo, como las demás, en hablar de su situación. Se muestra totalmente de acuerdo con la línea que siguen sus compañeras. Tal vez esa sea una de las características más destacadas de todas: han perdido el miedo y tienen ganas de pelear por sus derechos laborales.

“Soy pobre y me veo obligada a trabajar –dice con media sonrisa–. Yo me sentía valorada 'a trompicones'; ahora no hay ni trato, pero he llegado a una edad en la que es difícil encontrar otro trabajo”.

Este es el caso también de Pilar, quien lleva dos años en la empresa y se estrenó en puertas del conflicto. Ella no tiene hijos y se siente con más libertad de acción. De hecho, pensaba trasladarse a Jaén -a donde la empresa decidió trasladar parte de este centro de trabajo- a trabajar, pero ahora se niega, sigue en su sitio y anima a las demás a continuar.

“Aquí había un ambiente de familia, éramos respetados y valorados y de la noche a la mañana ha cambiado -afirma Pilar Toca-. Con 50 años, ahora hay una de dos: ir a Jaén o volver a empezar otra vez y hay que demostrar lo que eres. Estamos luchando y quiero seguir teniendo un puesto de trabajo. Con 50 años, conseguir otro es casi imposible. Yo era una de las que miraba por irme a Jaén, pero ahora ya no me quiero ir porque se han portado muy mal. Ahora es un 'tú o yo', un pulso y lo mantenemos por los que vengan detrás nuestro”.

Yo era una de las que miraba por irme a Jaén, pero ahora ya no me quiero ir porque se han portado muy mal

Aida García tiene 38 años, está casada, tiene un hijo y lleva media vida como teleoperadora, los últimos 15 en Digitex. Es la delegada sindical, la que lleva sobre sus espaldas la representación del grupo. No oculta que el trabajo y los avatares laborales en Digitex han llegado a producirle ansiedad, pero el buen ambiente que reina ahora y, sobre todo, poder separar lo personal de lo laboral, le han permitido seguir adelante.

“He pasado por muchas etapas, muy buenas, muy malas, he pensado en dejarlo todo pero he ido sorteando baches”, asegura.

Sobre cómo le va a afectar el teletrabajo lo sabrá a partir de este lunes, pero intuye que ese cordón emocional que le permitía distinguir lo que es casa de lo que es trabajo acabará rompiéndose. En todo caso, está determinada a seguir adelante, porque “al fin y al cabo es un trabajo, lo necesitamos y necesitamos las cotizaciones sociales y no consumir desempleo”.

Ella también veía en sus inicios el sindicalismo como algo ajeno. Hasta que se dio cuenta de que quien la ayudaba a menudo sin estar afiliada era una sindicalista. Fue en casa en donde le aconsejaron qué hacer: “Afíliate”. Ahora ella es la delegada sindical.

“Este es un trabajo que hay que saber canalizar, porque si no genera ansiedad. Yo no soy partidaria de teletrabajar porque quiero separar mi trabajo de mi casa. Si no se hace, hay problemas”. Y continúa: “Emocionalmente, me ha costado mucho. Me han defraudado más los compañeros que la empresa, pero, viendo la gente que se ha quedado, he ganado”.

Emocionalmente, me ha costado mucho. Me han defraudado más los compañeros que la empresa, pero, viendo la gente que se ha quedado, he ganado

Pendientes del Supremo

Las empresas con buen clima laboral se parecen, pero las que laboralmente están deterioradas cada una lo vive a su manera y, en cada centro de trabajo, también cada empleado lo vive a la suya. Digitex no es una excepción.

De los 159 empleados que la compañía tenía hace un año la empresa ha menguado hasta los 26, de los cuales 12 están en activo y no han cursado baja laboral como el resto. A la espera de un recurso de súplica que han presentado ante el Tribunal Supremo por mediación del sindicato CGT, las empleadas siguen en sus puestos para demostrar en la práctica que la mejor defensa de su empleo es cumplir con el trabajo.

Pero no es nada fácil. Sin una dirección física en las oficinas de Camargo, las trabajadoras operan mediante instrucciones recibidas por un chat de empresa, una suerte de teletrabajo presencial, pero reunidos todos, “una piña”, como dicen, en las oficinas del centro Riamar. Una piña que se abrirá el lunes.

La situación de los trabajadores está pendiente de un fallo del Supremo, siendo conscientes de que si este es confirmatorio de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que ratificaba la legalidad del traslado de los trabajadores de la planta de la empresa que pertenece al grupo Konecta, de Camargo a Barcelona y Jaén, tendrán los días contados. El fallo tardará en llegar y, mientras tanto, trabajan, cumpliendo horarios y prestando atención a sus terminales.

El Juzgado de lo Social número 4 de Santander, y posteriormente el TSJC, validaron como justificada la decisión de la empresa hace dos años de trasladar su actividad a Jaén y Barcelona, ofreciendo a los empleados un puesto de trabajo a 800 kilómetros de distancia o la rescisión de sus contratos, primero con una treintena de días por año trabajado, actualmente, tras el fallo de la Sala de lo Social, de 20 días por año.

“Fue un mazazo”, admiten, pero han decidido seguir adelante, porque consideran su planteamiento “de justicia” y que en el fondo la empresa no tiene un problema económico, sino que pretende “ahorrar” a costa de la masa salarial, aduciendo razones organizativas, algo que ha pasado el filtro de los tribunales.

Los trabajadores consideran que, a la espera del fallo en firme, se están incumpliendo las cláusulas de los acuerdos: cinco trabajadores han sido despedidos y uno de ellos lo ha recurrido ante los tribunales.

Han pasado por negociaciones, intentos de conciliación, demandas, concentraciones, sentencias... y las que, desde el principio se han resistido a firmar la renuncia, asisten con incertidumbre a la evolución de los acontecimientos, pero decididas a ir hasta el final, con el único apoyo sindical, a estas alturas, de CGT. La empresa, cuestionada al respecto por elDiario.es sobre la situación de su centro de trabajo en Camargo y el conflicto laboral que se prolonga desde hace años, ha evitado contestar a las preguntas de este periódico.

Hasta cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en apenas año y medio y centenares de trabajadores despedidos. Son las cifras que cosecha a nivel estatal el grupo dedicado a la atención al cliente Webhelp, que vuelve a la carga con un nuevo proceso que prevé afectar a unos 220 empleados, 60 de ellos sólo en Mallorca, según el sindicato Fist.

Los nervios y el temor a la pérdida de ingresos se instala entre la plantilla, que, visiblemente indignada, ve cómo, en contra de lo que podría esperarse, la empresa goza de perfecta salud económica y cuenta con elevadas tasas de crecimiento, principalmente a partir de la pandemia de la COVID, que favoreció el teletrabajo, así como la facturación del sector del telemarketing y el call center. De hecho, Webhelp España cerró 2021 con una facturación de 235 millones de euros, un 15% más que el año anterior, según datos de la propia empresa.

“Es importante que la gente conozca la cara oculta de estas empresas que se venden como modernas y que explotan y se enriquecen como los señoritos de antaño”, asevera Enrique (nombre ficticio), quien trabaja como teleoperador para Webhelp desde su vivienda en Palma. En declaraciones a elDiario.es, lamenta la situación de profunda incertidumbre y ansiedad generalizada que atraviesan tanto sus compañeros como él: “Durante los últimos doce meses hemos tenido cuatro ERE. El último que nos han anunciado va a afectar a 60 familias sólo en Mallorca”, señala.

El empleado recrimina, asimismo, la ausencia de explicaciones por parte de la empresa, que, mientras tanto -como denuncian los trabajadores-, estaría trasladando los proyectos de sus clientes a otros países con legislaciones laborales más laxas como Grecia, Portugal o Perú. elDiario.es ha intentado recabar la versión de Webhelp acerca del conflicto laboral, pero la empresa se niega a hacer declaraciones al respecto. “No haremos comentarios”, se limitan a responder. Tampoco la patronal CEX, principal representante del sector, ha atendido a las peticiones de este medio al alegar que no puede opinar “sobre temas puntuales que atañen a empresas concretas”.

La presidenta de Webhelp, detractora de la reforma laboral

Fundada en 2020 y con sede en París, Webhelp es una empresa de subcontratación de procesos con el foco puesto en la atención al cliente. Cuenta con clientes como Vodafone, Valentino y La Redoute. En España está presidida por la mallorquina Helena Guardans, expresa detractora de la reforma laboral y de la jurisprudencia del Supremo que tumbó los contratos de obra y servicio en el sector del contact center con el objetivo de hacer frente al abuso de la temporalidad del que se han beneficiado numerosas empresas en los últimos años. Hasta el pronunciamiento del Alto Tribunal, y desde finales de los años noventa, la jurisprudencia había admitido que el contrato por obra o servicio determinado pudiera ajustar su duración a la de la propia contrata.

Guardans fundó en 1994 la empresa de call center Singular, que fue adquirida en el 2001 por la alemana Sellbytel. En 2018, ésta fue absorbida por Webhelp, liderada a nivel internacional por Olivier Duha, presidente y CEO de la compañía. El grupo cuenta con oficinas en Málaga, Mallorca, Madrid, Barcelona, València y Tenerife. Recientemente cerró su fusión con el proveedor de servicios y tecnologías Concentrix Corporation. El nombre de la mercantil saltó a la palestra el pasado mes de febrero, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó la condena por acoso a una trabajadora de Webhelp por parte de una jefa de manera directa y “de forma indolente” por parte de la empresa, “conocedora y consentidora de estas actitudes”. 

En España, Webhelp está presidida por la mallorquina Helena Guardans, expresa detractora de la reforma laboral y de la jurisprudencia del Supremo que tumbó los contratos de obra y servicio en el sector del 'contact center'

Enrique destaca, en este sentido, la labor de la entidad sindical, Fist, con base en Barcelona. Sus objetivos, entre otros, pasan por consolidar el teletrabajo como una forma normal y opcional de empleo, lograr la igualdad salarial y de condiciones para todos los trabajadores según grupo profesional y nivel retributivo, implementar políticas que reduzcan la carga de trabajo en aquellos proyectos donde se sobreexplota a los agentes e impedir que Webhelp utilice los ERE y los ERTE de forma sistémica.

“Los ERE están cayendo como si no hubiera un mañana”

Enrique lamenta que desde la empresa no se esté facilitando información a los empleados. Otros compañeros, como él, recriminan las condiciones laborales en las que se ven envueltos dentro de esta empresa de contact center.

La fórmula del ERE no está siendo infrecuente en el sector del call center. De hecho, es algo “bastante común”, como manifiesta a elDiario.es el secretario general de Fist, Miguel Ángel Bachs. “Tras la sentencia del Supremo, las empresas han cambiado su forma de proceder. Y los ERE en el sector del call center están cayendo como si no hubiera un mañana”.

El sindicalista explica que antes de que el TS sentara jurisprudencia en materia de subcontratación, el sector estaba construido mayoritariamente por las contrataciones temporales, dado que el artículo 17 del anterior convenio colectivo facilitaba las reducciones de plantilla y la extinción del contrato de obra o servicio en aquellos supuestos en que el empleado resultara innecesario ante la disminución del volumen de la obra o servicio contratado. El nuevo convenio, suscrito el pasado mes de junio, elimina toda referencia a este tipo de contratos.

Precisamente, hasta 200 trabajadores que atendían las llamadas de la Seguridad Social, subcontratadas a través de la empresa Konecta BTO, se movilizaban el pasado lunes después de que la mercantil anunciase su subrogación a la Seguridad Social, una medida que el organismo público ha rechazado y que dejaba a los afectados sin empleo, sin despido formal y sin paro. Sin embargo, cuatro días después de las protestas, la empresa, la mayor en España del sector del contact center, informaba a los sindicatos de que asumirá a los empleados, enviándolos de momento a un ERTE o a la inactividad en el caso de los fijos discontinuos.

Tras la sentencia del Supremo [que anula los contratos por obra y servicio y los abusos de la temporalidad], las empresas han cambiado su forma de proceder. Y los ERE en el sector del call center están cayendo como si no hubiera un mañana

Miguel Ángel Bachs — Secretario general del sindicato Fist

Batalla por la mejora de salarios

El nuevo convenio, que establece que al menos el 80% de los contratos de trabajo suscritos por las empresas deben ser indefinidos ordinarios y un máximo del 20% del resto de modalidades (ETT, temporales directos y fijos discontinuos), fue rubricado tras la batalla de los trabajadores del sector por la mejora de sus salarios y el reconocimiento de la obligación de subrogación de las plantillas, algo que hasta entonces no sucedía y dejaba a los trabajadores 'colgados' ante el cambio de subcontratas tan habituales en estos servicios.

El responsable del área del contact center en CCOO Catalunya, Erik Carrión, explica, por su parte, que antes de suscribirse el nuevo convenio, cuando finalizaba un servicio grande para el que hubieran trabajado “de 50 a 100, 200 ó 300 personas y se lo quedaba otra empresa en el Estado, automáticamente se hacía un ERE y la otra empresa contrataba a un número determinado de personas, con las condiciones que ellos querían y como ellos querían”. Con el nuevo acuerdo, señala, esta problemática se ha solventado mediante el artículo que fomenta la subrogación, “con lo cual si una empresa pierde un servicio, la otra empresa se lo tiene que dar y si no está en la zona, de momento tiene que ofrecer teletrabajo hasta que tenga una sede física allí”.

En el caso de Webhelp, Carrión indica que esta mercantil opera para numerosos clientes extranjeros y el problema se produce cuando el servicio finaliza o se traslada a otros países con unas normativas legales y una presión sindical inferior y con unos costes “mucho más baratos”. “Ahí no podemos utilizar la subrogación porque la normativa española no obliga a que cuando se acaba un trabajo aquí se tenga que contratar a los trabajadores en otro país que igual está a 3.000 kilómetros”, abunda. El sindicalista defiende que, al verse abocados a realizar expedientes de regulación de empleo, desde los sindicatos mayoritarios -CCOO, UGT y USOC “hemos luchado siempre para que las condiciones de los que se fueran y los que se quedaran fuesen las mejores”.

De hecho, recuerda que todos los expedientes han sido acordados con una indemnización de 30 días por año trabajado, “similar a lo que sería un despido improcedente de 33 días”, mientras que los tres primeros ERE se cerraron “prácticamente solo con voluntarios que querían salir de la empresa”. 

Mientras tanto, Bachs explica que, antes de la modificación de doctrina promulgada por el Supremo, las empresas podían “jugar rozando unos límites” para hacer “ERE continuados”. El sindicalista recuerda, de hecho, cómo una denuncia interpuesta por Fist en Inspección de Trabajo obligó a a regular mil contratos de trabajo que se encontraban en fraude de ley. “A partir de ahí, lo que hizo la empresa fue empezar a hacer expedientes de regulación de empleo”, comenta en relación a Webhelp.

Webhelp “va bien”

Respecto a la situación económica de Webhelp, Bachs señala que “si uno analiza el retorno de la inversión de la empresa en los últimos cuatro años o cinco años, se dará cuenta de que la empresa va bien”, sobre todo a partir de la pandemia, cuando se potenció el teletrabajo.

“A nuestro sector esto le afectó positivamente”, indica, no sólo porque las empresas estuvieron exentas de pagar gastos de teletrabajo, sino porque los proyectos que venden vía online se multiplicaron, sobre todo los relativos a los servicios tecnológicos. De hecho, los contact center españoles agrupados en la patronal CEX -un 88% del total- facturaron en 2020 hasta 1.884 millones de euros, frente a los 1.693,27 millones obtenidos el año anterior.

Bachs señala que otro de los aspectos a tener en cuenta es “la deriva económica que lleva España, sobre todo con una inflación galopante”, lo que ha provocado que la mano de obra “se haya encarecido”. El sindicalista estima que aproximadamente el 80% de la inversión anual de Webhelp se destina a recursos humanos. Y va más allá: “En el contact center los trabajadores no son simples trabajadores, son productos. Una empresa vende la fuerza del trabajo que produce y ese producto es con el que comercia, pero en el contact center lo que tú produces es un servicio. Ya sabemos que con el capitalismo el objetivo ya no solo no perder, sino que el no conseguir un aumento de beneficios anual ya implica que una empresa tiene un síntoma de debilidad. Y eso es lo que Webhelp quiere evitar”.

Cabe recordar que, en febrero, la Justicia condenó por daños a Webhelp y a una de sus jefas por una “clara” situación de acoso laboral o mobbing a una trabajadora después de que ésta se convirtiera en madre. La sentencia daba cuenta de un acoso prolongado durante más de cuatro años por parte una de las directivas de la compañía a la empleada desde que tuvo su primer hijo. “Me he comido a un hijo, no me voy a comer a dos” y “eres una hija de puta, a mí no me vas a hacer quedar tú mal, ¿eres retrasada?”, refería a la afectada.

La magistrada de primera instancia, cuya sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, apuntaba a la existencia de una “conducta de hostigamiento a la víctima, intencionada y reiterada” por parte de la jefa, pero también “de forma indolente por la empresa, conocedora y consentidora de estas actitudes”. La jueza impuso una indemnización de 80.000 euros a la víctima, además de la extinción de su contrato con indemnización de 55.000 euros.

Casi 200 personas que venían atendiendo llamadas de la Seguridad Social en los últimos años, subcontratadas a través de la empresa Konecta BTO, están a días de quedarse en la calle. Este lunes, 2 de octubre, van a la huelga para evitar que esto ocurra o, al menos, para intentar que les despidan con garantías. De momento, no tienen garantizado ni eso. “Nadie quiere hacerse cargo de la plantilla, ni Konecta ni la Seguridad Social”, denuncian desde CGT, el sindicato que preside el comité de empresa.

La Tesorería General de la Seguridad Social ha comunicado a Konecta que rescinde el contrato por el que 197 trabajadores vienen atendiendo llamadas con petición de información al organismo público desde 2020. Como ocurre en el sector del contact center, la gran mayoría son mujeres, muchas de edad avanzada y. “con antigüedad de más de 10 años en muchos casos”, indican los sindicatos.

Algunas trabajadoras venían subrogadas de otras empresas, con las que la Seguridad Social había licitado este servicio de manera previa. Otras personas fueron asignadas a esta campaña desde otros departamentos de Konecta, así como gente contratada por la compañía en este servicio, explica Álvaro García, portavoz de UGT en la compañía.

Ahora, estas 200 personas ven que el próximo día 6 de octubre se pueden quedar sin empleo, en la calle y “sin ningún tipo de ingreso”, denuncia el sindicalista.

elDiario.es ha intentado recabar la versión de Konecta sobre este conflicto laboral, pero la empresa se limita a responder que “está trabajando para buscar una solución”. La compañía, la mayor del sector de call centers en España, fue noticia hace unos meses por el fallecimiento de una teleoperadora en su puesto de trabajo sin que se parara la actividad durante un rato en la oficina. También por varios conflictos laborales, como la falta de medidas preventivas durante la pandemia y por conductas antisindicales, entre otros.

Sin subrogación, recolocación, ni despido

El servicio de llamadas de la Seguridad Social no va a ser adjudicado a ninguna otra compañía, sino que las funciones se asumirán de manera interna por el organismo público, según ha comunicado Konecta a la plantilla afectada. “La Seguridad Social no nos ha comunicado nada oficialmente, pero según nos han dicho en la empresa parece que alegan cambios organizativos para justificar que ya no hace falta el servicio”, sostiene un delegado del sindicato USO.

Frente a las situaciones de traspaso de un determinado servicio a otras empresas o a un organismo público, en esta ocasión no hay subrogación de la plantilla por parte de la Seguridad Social. “Todo este proceso se ha realizado de acuerdo con la legalidad vigente en este ámbito: no se produce el supuesto de hecho que puede dar lugar a la subrogación”, responden en la Seguridad Social a este medio.

“Esta empresa ha proporcionado un servicio y los trabajadores son de esa empresa, no son empleados de la Seguridad Social”, prosiguen en el Ministerio que lidera en funciones José Luis Escrivá. “La contratación de ciertos servicios de empresas externas para determinadas labores puntuales, así como la extinción de estos contratos, son procesos habituales en la Administración”, añaden.

Sin embargo, Konecta ha comunicado a los trabajadores que procede la subrogación, una medida prevista en el convenio colectivo cuando se internaliza un servicio. Por lo tanto, el call center ha informado de que a partir del fin del contrato, el próximo 6 de octubre, la Seguridad Social debe hacerse cargo de la plantilla.

El resultado deja en una situación muy compleja a los trabajadores afectados. Para Konecta dejan de ser sus empleados, pero estas personas no van a ser despedidas, sino derivadas a una subrogación que no tendrá lugar. Por lo tanto, se quedarán sin empleo, pero también sin indemnización por despido, ni cese formal con el que poder pedir la prestación por desempleo.

“Pueden quedarse sin paro”, alerta Álvaro García. En USO y CGT confían en que, si los trabajadores demandan por despido a la empresa, esa documentación les permita acceder a la protección por desempleo en el SEPE. En UGT no están tan seguros de esta posibilidad y temen la desprotección total de las personas afectadas.

Juan Rubiño, laboralista de Red Jurídica, coincide y considera que la situación es “un problema” porque los trabajadores no estarían “en situación legal de desempleo”, algo que se reconocería una vez haya resolución de un juzgado. “Tendrán su sentencia posteriormente, que deberán ejecutar y hacer valer, pero de momento no podrían cobrar el desempleo en mi opinión. O el SEPE les puede poner problemas”, valora el abogado.

Un limbo sin ingresos: “Es dramático, deben dar una solución”

A pocos días del fin del contrato, hay muchos nervios en la plantilla. El miedo a quedarse sin ingresos alcanza a todos, pero en algunos casos este vacío provocaría situaciones límite, advierten en UGT. Desde mujeres con hijos con discapacidad que temen “no poder seguir llevándolos a terapia” hasta los trabajadores cuyo sueldo es esencial para pagar el alquiler mensual en sus casas. “Hay gente que no sabe cómo va a poder mantener sus casas. Es dramático, deben dar una solución a esto”, exige García.

Rocío Camacho, responsable de CGT del sector de contact center, detalla la hoja de ruta de la parte trabajadora para evitar “el limbo” que dejaría al personal desamparado. El comité de empresa, presidido por el sindicato y con miembros también de CCOO, UGT, USO,  VALORIAN y Solidaridad Obrera, ha convocado este lunes 2 de octubre 24 horas de huelga y una concentración de protesta a las 12h frente al Ministerio de la Seguridad Social.

Los sindicatos defienden como primera opción la subrogación de la plantilla, algo que reconocen que ven poco probable por la actitud de la Seguridad Social. “Estamos intentando hablar con ellos y ni nos responden. Les citamos a la mediación este viernes, antes de la huelga, como parte interesada, pero no se han presentado”, explica Rocío Camacho.

La siguiente solución pasaría por la recolocación del personal en otros puestos de Konecta, que “está contratando a personal continuamente”, advierte el comité de empresa. Ya sea con recolocación directa en huecos vacantes a día de hoy o a través de un ERTE, que dé salida poco a poco a estos trabajadores en puestos que vayan surgiendo.

En CGT explican que en la mediación de este viernes, Konecta se ha abierto a un ERTE inmediato, sin apenas negociación, para evitar pagar salarios a la plantilla más allá del 5 de octubre. Los sindicatos han rechazado la propuesta y han reclamado un proceso con garantías, que respete los plazos de negociación. “Vamos a la huelga”, dicen en CGT.

En el peor de los casos, si la compañía se niega a mantener a los trabajadores, los sindicatos exigen al menos un despido a través de un ERE, por el que la plantilla se marche con su derecho a indemnización y a paro. “No pueden dejar a la plantilla indefensa”, insisten en el comité de empresa.

Un juzgado de Sevilla ha condenado a Konecta, la mayor empresa de contact center en España, a indemnizar en 12.000 euros a dos teleoperadoras por vulnerar sus derecho fundamental a la libertad sindical en el centro que la compañía tiene en la localidad de Bollullos de la Mitación y donde trabajan más de 2.000 personas. Se trata de la empresa que, según varios sindicatos, “no detuvo el servicio” ante la muerte de una trabajadora de Madrid hace un mes, si bien Konecta mantiene que “se despejó rápidamente la zona más próxima”.

La sentencia, a la que ha tenido acceso sevillaelDiario.es y contra la que la empresa ha anunciado recurso ante el TSJA, señala entre los hechos probados que las dos empleadas, con categoría profesional de teleoperadoras especialistas, vienen prestando servicios en Konecta desde 2004 y 2009, respectivamente, con un salario mensual de 1.166 euros. Ambas, desde 2017, eran miembros del comité de empresa por el sindicato CGT. Tras la constitución en 2019 del Sindicato Local de Varios Oficios de Bollullos de la Mitación, fueron nombradas delegadas sindicales del mismo, representando a los trabajadores como delegadas de prevención de riesgos laborales.

Konecta, dice la sentencia, desde diciembre de 2022 había procedido el descuento en las hojas de salarios de las dos empleadas de parte de las horas que habían justificado como “horas de empresa” o como “horas de prevención de riesgos”, utilizando para ello el concepto de “ausencia horaria”, reclamándoles la empresa 8.267 euros a una y 7.128 euros a otra por horas no justificadas en 2022.

“Infracción muy grave” en materia de relaciones laborales

Después de consultar a la empresa los motivos para efectuar ese descuento salarial, Konecta les respondió por correo electrónico el pasado mes de febrero que las “horas de empresa” debían ser expresamente autorizadas por escrito por los miembros de los correspondientes departamentos. La firma, según recoge la sentencia, quería determinar si las empleadas disponían de un crédito de hora ilimitada para acciones de prevención de riesgos laborales. El Ministerio Fiscal apoyó la demanda de las trabajadoras, pidiendo que se reconociera como vulnerado su derecho a la libertad sindical como así ha determinado el juzgado.

La sentencia, que recoge doctrina jurisprudencial al respecto y alude al Estatuto de los Trabajadores en ese sentido, señala que “el uso del crédito horario no está sometido a autorización del empresario, siendo el propio delegado quien determina el momento en que debe utilizarlo”, zanja citando un fallo del Tribunal Supremo, y donde “siempre” ha de prevalecer el interés colectivo de la representación, teniendo en cuenta que la garantía de crédito horario “no es ilimitada ni incondicional”.

En ese sentido, la sentencia concluye que la conducta de Konecta consistente en exigir autorización empresarial previa para el uso de las horas de prevención de riesgos laborales constituye una “indudable” vulneración del derecho a la libertad sindical de las dos empleadas y una “infracción muy grave en materia de relaciones laborales”. La resolución judicial no entra a valorar un supuesto fraude o abuso de las trabajadoras en esas horas, como sostuvo la empresa, ni si los descuentos salariales son ajustados a derecho o no, sino que hace regir la presunción del uso correcto de las funciones representativas.

Este periódico ha contactado con la agencia de comunicación que trabaja para Konecta para tratar de conocer si la empresa recurrirá la sentencia o si tienen algo que comentar respecto a la resolución. En ese sentido informan de que, como consecuencia de la sentencia, “Konecta ha anunciado recurso” aunque “lógicamente” no pueden hacer declaraciones ya que “el caso está todavía abierto”.

Novedosa sentencia sobre la discriminación por enfermedad en el trabajo. La Audiencia Nacional ha condenado a una empresa de 'call centers' por eliminar la posibilidad de cobrar un incentivo de objetivos de venta a los trabajadores que superaran un determinado nivel de absentismo, en el que computaban las bajas médicas y también las ausencias para acompañar a familiares al médico. El tribunal ha considerado el criterio discriminatorio en un fallo pionero al aplicar la reciente ley para la igualdad de trato y no discriminación, conocida como 'Ley Zerolo'.

El sindicato USO, el primero que demandó este criterio en los tribunales, ha celebrado la sentencia por crear un referente que puede afectar a “otros sectores que puedan actuar de forma similar” y por “mejorar la situación extremadamente precaria de los trabajadores de contact center”, subraya María Eugenia Moreno, letrada de USO y autora de la demanda.

Discriminación directa por enfermedad

Los magistrados de la Audiencia Nacional, con José Pablo Aramendi Sánchez como ponente, concluyen que el sistema de incentivos es ilegal por varios motivos. En primer lugar, concluye que existe una “discriminación directa por enfermedad” al restringir el cobro del incentivo por ventas a las personas que han estado enfermas de baja, al superar un nivel determinado de absentismo.

Los jueces destacan que este tipo de discriminación queda específicamente prohibido en la llamada 'Ley Zerolo', la Ley 15/2022, algo que no sucedía en el pasado. En el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores “la enfermedad no era una de las señas identitarias protegidas frente a la discriminación”, apuntan los magistrados, “como tampoco lo era en el ámbito de la Directiva 2000/78” europea. Sin embargo, la reciente Ley Zerolo sí incluyó esta previsión, por lo que consideran que la conducta empresarial es discriminatoria.

También anula el criterio por el que se impide el cobro del incentivo a quienes hayan sido sancionados por la compañía. Si los trabajadores han cumplido con los criterios de venta, “no podrían ver reducidas las retribuciones establecidas en dichos planes por el incumplimiento de otros posibles deberes laborales”, considera el tribunal.

“Si así fuera, el incumplimiento de esos deberes laborales arrastraría la consecuencia de mermar la retribución ya devengada por el trabajo realizado y por tanto se estaría imponiendo de facto al trabajador una multa de haber”, argumentan al respecto.

Discriminación indirecta y “por asociación”

Los magistrados estiman también el tercer motivo de la demanda, que rechazaba que se incluyeran las ausencias para acompañar a familiares al médico dentro del nivel de absentismo que restringe el cobro del incentivo por ventas.

Por un lado, la Audiencia reconoce una discriminación indirecta por razón de género, ya que las mujeres son las que se suelen coger este tipo de permisos y ellas iban a ser las más perjudicadas por la medida.

Los jueces consideran además que se incurre en “un abuso de derecho” por “restringir o penalizar el disfrute de un derecho convencionalmente reconocido”, ya que está plasmado en su convenio colectivo. “Que este permiso se considere para computar el índice de absentismo constituye objetivamente un freno para el disfrute de dicho derecho convencional”, critica la sentencia.

Por otro lado, el tribunal también coincide con los demandantes en que existe una “discriminación por asociación”, también regulada en la 'Ley Zerolo'. Al proteger la norma la discriminación por enfermedad, con esta conducta la empresa “estaría discriminando al acompañante, el trabajador que hace uso de este permiso, por su relación con el destinatario de la consulta médica”. Una relación “además reforzada por sus obligaciones legales de cuidado”, destaca la sentencia.

“En esas empresas, la única posibilidad de conseguir mejoras económicas es a través de los incentivos, que estaban capados en todos estos supuestos que ahora, confirma la Audiencia, son ilegales”, celebran desde USO.

Inma, una teleoperadora de la empresa Konecta, falleció el 13 de junio en su puesto de trabajo. Tenía unos 60 años, llevaba mucho tiempo en la empresa. Intentaron reanimarla pero no se pudo hacer nada. Sin embargo, con su cuerpo tendido en el suelo, la empresa no detuvo la actividad ni desalojó la sala, ni reunió a los compañeros. 

Hablamos con Laura Olías, periodista de elDiario.es especializada en información laboral, sobre lo que nos revela este caso de las condiciones en las que trabajan las personas que están en el telemarketing y sobre una empresa, Konecta, que acumula varias decisiones polémicas.  

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Un 15 de agosto de 2021 se celebró la última corrida de toros en la plaza de El Bibio, en Gijón. Uno de los toros que se sacrificaron aquella tarde se llamaba Feminista, y su matador se los brindó a dos líderes de Vox presentes en la grada aquel día. La polémica suscitada acabó con los toros en la ciudad asturiana por decisión de la entonces alcaldesa, del PSOE. Ahora, con las fuerzas de la derecha y ultraderecha en el poder, los toros volverán a Gijón a toda prisa. 

El impulso a todo lo taurino es una de las medidas que los gobiernos de Vox y PP están aplicando en ciudades y pueblos donde gobiernan tras el 28M. Acabar con las limitaciones al tráfico y desmantelar carriles bici o diluir la condena de violencia machista en los actos institucionales son otros de los cambios que ya están aquí. Hablamos con los responsables de elDiario.es en Asturias y Castilla y León, Bárbara Alonso y Antonio Vega, y con la redactora de política en la Comunidad Valenciana Laura Martínez.

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Inmaculada, Inma para sus compañeras, falleció el pasado martes en su trabajo. Era teleoperadora en Konecta, la mayor empresa de contact center en España, y murió durante su jornada en unas oficinas de la multinacional en Madrid. Según relatan los sindicatos, la multinacional carece de un protocolo para esta situación y la reacción inmediata no fue parar la actividad. Durante un rato, “se siguió trabajando, el servicio siguió funcionando en presencia del cuerpo de la compañera”, denuncian en CGT y USO, que llaman la atención sobre las lógicas de “deshumanización” en el sector. Fuentes de Konecta dicen que “se despejó rápidamente la zona más próxima” a la fallecida.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de junio, cuando Inmaculada se desvaneció durante su jornada de trabajo. Según varias fuentes, fue atendida por dos personas –entre ellas una jefa de la compañía– que intentaron reanimar a la trabajadora con técnicas de primeros auxilios. Después, llegaron los servicios de Emergencias, pero no pudieron hacer nada por su vida.

La fallecida rondaba los 60 años, trabajaba en la campaña que presta servicios a Iberdrola y llevaba desde 2008 en Konecta. “Era una persona muy querida”, dicen tanto fuentes sindicales como desde la multinacional.

Críticas a Konecta: “Se siguió trabajando un rato”

La muerte de Inmaculada, además de los mensajes de condolencias a sus seres queridos, desató las críticas de la representación de la plantilla hacia la multinacional, por no detener de inmediato la actividad ante el trágico suceso.

UGT fue el primer sindicato en mostrar su “malestar e indignación por la lamentable actuación” de Konecta con los compañeros de la fallecida, “obligándoles a seguir atendiendo llamadas” con “el cuerpo presente” de Inmaculada, denunció el sindicato con un comunicado al día siguiente de la muerte. “Como si de robots en vez de personas se tratara”, criticaba la nota de UGT del pasado miércoles, que señalaba a Konecta por falta de “humanidad”.

CGT y USO también denunciaron públicamente el proceder de la compañía. Ambos sindicatos lamentaron la primera reacción de Konecta ante la muerte de la trabajadora, que “no fue parar la actividad y desalojar la oficina de inmediato”, insisten este lunes a elDiario.es desde ambas organizaciones. “Hubo unos 40 minutos que los compañeros estuvieron trabajando con Inma de cuerpo presente”, lamenta David Sánchez, responsable de Contact Center de USO.

Rocío Camacho, responsable del sector en CGT, amplía este periodo a “unos 50 minutos”, hasta que la responsable de prevención de riesgos laborales acudió al lugar de los hechos y “mandó a la gente a teletrabajar”. Antes, “una responsable había dicho a la gente que se siguiera trabajando, que eran un servicio esencial”, sostiene la representante de CGT. El cuerpo de Inmaculada yacía en el suelo, “a la espera de la llegada del juez”, explica Camacho.

Tras dispararse el interés de varios medios sobre la muerte, el lunes el responsable de UGT del sector de contact center, Carlos Prieto, ha corregido el primer comunicado de su sindicato: “La gente no trabajó al lado del cuerpo” de la trabajadora. “Lo que se ha descubierto a raíz de este triste suceso es que no hay un protocolo a estos efectos, que es necesario”, reclama Carlos Prieto en conversación con este medio. “Ante la falta de este protocolo, se hizo lo que se pudo, pero fue improvisado”, afirma hoy el representante de UGT.

Fuentes de Konecta responden a elDiario.es que, ante la muerte de la trabajadora, “se habilitó inmediatamente la posibilidad de trabajar en remoto”, todavía disponible este lunes, y aseguran que “se despejó rápidamente la zona más próxima” a la fallecida. “Es una situación complicada, pedimos respeto a la familia”, añaden en la multinacional.

Una trabajadora de estas oficinas de Konecta –que pide guardar su anonimato– precisa que “no se obligó a la gente a trabajar”, ni hubo “coacciones”, como han apuntado algunas voces, aunque de partida tampoco se mandó al personal a casa. “Hubo gente que se desconectó de inmediato, quien no supo lo que realmente pasaba (pensaban que los sanitarios se iban a llevar a la compañera al hospital) y se desconectó más tarde, gente que se fue a la cafetería a tomar una tila, otras personas que prefirieron seguir atendiendo llamadas para no pensar, gente que siguió por inercia porque no sabía cómo actuar hasta que llegaron los representantes de los sindicatos. ...”, relata la empleada.

Todo vale “por atender a las llamadas”

“Lo que ha pasado es un síntoma de la deshumanización del sector”, considera el responsable de contact center de USO. El telemarketing o contact center, un sector feminizado y con una gran presencia de jornadas a tiempo parcial, es “muy precario” y con “un gran estrés”, coincide la responsable de CGT. “Hay una gran presión por la productividad, es fundamental tener tiempo entre llamada y llamada, para cambiar el chip y poder adaptarte al siguiente cliente, pero no siempre lo tenemos. Muchas veces es un continuo: llamada, llamada, llamada... Hasta 300 al día”, sostiene Rocío Camacho.

Desde la representación de la plantilla creen que esa inercia de no poder parar, de tener que atender las llamadas “por encima de todo”, ha jugado un papel muy relevante en este caso. “Entendemos que da la sensación de que lo importante es el servicio más que las personas. Esta es la situación más extrema que nos podemos imaginar y no sabemos si ha sido por desconocimiento, por el shock, por otras circunstancias o porque lo importante es el servicio ante todo”, sostiene David Sánchez.

El responsable de USO advierte de que esta sensación del “todo vale por atender las llamadas” se impregna en el día a día de las trabajadoras y trabajadores. “Es un sector en el te llaman la atención si has tardado mucho al ir al baño, porque te has retrasado uno o dos minutos. Eso no pasa en todos sitios”, pone como ejemplo.

La teleoperadora contactada, de la misma oficina que Inmaculada, coincide en su crítica a las pautas que rigen el contact center. “Es un sector terrible. absolutamente terrible. El estrés es inaguantable”, apunta. “Nos tratan como a números, intentan centralizar todo (como los horarios y libranzas) para despersonalizar al máximo las campañas. Les da igual el servicio que le demos al cliente mientras sus numeritos y estadísticas queden bonitos”, lamenta.

Mañana martes, Konecta y los sindicatos tienen prevista una reunión del comité de seguridad y salud para elaborar un protocolo de actuación ante una muerte de una persona de la plantilla. “Esperamos que no se tenga que utilizar, pero esto no puede volver a pasar”, considera la representante de CGT.

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Un total de 37 trabajadores del servicio de cita previa de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía irán a la calle a partir del 1 de julio si nada cambia. La Junta ha decidido prescindir del servicio que prestaba desde 2006 la empresa Atento Impulsa y no renovará la licitación, que expira este próximo 30 de junio. La decisión administrativa supone un revés para una plantilla que, en su mayor parte, tiene alguna diversidad funcional y mayores dificultades para permanecer en el mercado laboral. Desde la Consejería de Salud confirman que no habrá renovación, pero matizan que “la atención de los andaluces para la gestión de la cita previa está garantizada”.

En concreto, la labor que han desarrollado estos profesionales hasta la fecha ha consistido en gestionar las citas previas para consultas de atención primaria en el centro especial de empleo de la empresa en Sevilla, ya sea de médico de familia, enfermería o vacunaciones. Si bien trabajan bajo el paraguas de Salud Responde, lo cierto es que pertenecen a Atento Impulsa, que se dedica en exclusiva a dicha labor. La licitación lleva renovándose desde hace 17 años, pero en estos momentos la Junta de Andalucía ha decidido poner punto y final a la relación con la empresa que realiza esas funciones.

Según denuncian los afectados, lo que el Ejecutivo regional les traslada es que pretende sustituir su trabajo por nuevas tecnologías que puedan solventar las peticiones de cita previa de forma automática y sin necesidad de contar con personal exclusivo para ello. Mercedes Atienza, presidenta del comité de empresa, dice que la Junta les ha comunicado “que va a invertir en la aplicación y en el sistema IVR”, que es el de respuesta de voz interactiva que la ciudadanía utiliza cuando pulsa un número en una llamada para que se le redirija a otro servicio.

Alfabetización digital

La plantilla se ha movilizado este jueves ante la sede de la Consejería de Salud en Sevilla ya que dicen sentirse “ignorados”. Al respecto, Atienza recuerda que “al no licitarse el servicio, los trabajadores no pueden ser subrogados, por lo que los empleos se pierden”. Los empleados prevén nuevas movilizaciones, posiblemente para los días 22 o 23 de junio, en defensa de los puestos de trabajo y de la prestación de este servicio directamente por personas.

Mercedes Atienza tiene claro que “la máquina no va a poder abordar todo el trabajo que hacen 37 personas”. Admite que, pese a que el “volumen de llamadas ha disminuido”, no lo ha hecho lo suficiente como para que sus funciones desaparezcan. “Nos hemos reunido con el director financiero, José Antonio Miranda, y nos ha dicho que esto es lo que hay, que las nuevas tecnologías se imponen y que debíamos dar las gracias por haber estado 17 años trabajando”.

Por su parte, Marco Portillo, delegado de CGT en la empresa y exempleado del servicio, explica a este periódico que la no renovación contractual, además de la pérdida de empleos, “deja sobre todo a las personas mayores desprovistas de un primer contacto con la atención primaria por la vía telefónica”, apuntando que “la alfabetización digital no está tan generalizada si nos atenemos a la edad de muchos usuarios”.

Volumen de citas

En ese sentido, añade el representante sindical que “también se dilapida la calidad del servicio”, a su juicio, que atiende “once millones de citas al año” y que, como centro colaborador, es “un balón de oxígeno” para Salud Responde y que ahora verá “limitadas las opciones a través de un app o una locución”. Portillo recuerda que “en lo más duro de la pandemia” fueron declarados como un “servicio esencial”, prueba de ello es que para una jornada de huelga el pasado 8 de marzo la administración estableció unos “servicios mínimos del 75%”

Desde la Consejería de Salud explican que la licitación expira con Atento Impulsa después de que el último contrato abarcara cinco años de colaboración. Entonces, el acuerdo se suscribió “como apoyo al servicio de teleoperación de Salud Responde para dar respuesta al volumen de peticiones de citas previas telefónicas que existían en ese momento”. Como el expediente, explican, se licitó por tres años con una prórroga máxima de otros dos, la renovación ya no se va a llevar a cabo.

No se va a renovar “puesto que el volumen de petición de citas previas que se registran actualmente se atiende por los operadores de Salud Responde y por el resto de canales (fundamentalmente app y sistema de IVR). Por tanto, la atención a los andaluces para la gestión de cita previa está garantizada”. En ese sentido, la aplicación de Salud Responde tiene ya diez años y es utilizada actualmente por el 65% de los andaluces, según datos de la Junta de Andalucía.

Hay preacuerdo para la subida salarial y el convenio colectivo del contact center (o telemarketing). Los sindicatos mayoritarios en el sector, CCOO y UGT, alcanzaron ayer por la tarde un principio de acuerdo con la patronal CEX que incluye un alza salarial del 10% para los próximos tres años (3,5% en 2022 y en 2023 y otro 3% en 2024), además de otras cuestiones como la garantía de subrogación de toda la plantilla ante el cambio de contrata de un servicio y la compensación económica del teletrabajo, entre otras. CGT, tercer sindicato en el sector, ha rechazado el pacto por “la pérdida de poder adquisitivo” de este año y el pasado, en los que defiende que debería haberse garantizado un alza según el IPC.

Los sindicatos CCOO y UGT destacan los logros del acuerdo, por incluir cuestiones muy demandadas desde hace años como la garantía de subrogación de las plantillas, aunque reconocen que la subida salarial “no es suficiente”, explican desde UGT. “La alternativa es estar más años sin subida salarial. Creemos que el 'pack' completo es un buen acuerdo”, sostienen en el sindicato.

Tras dos años sin subida salarial (2020 y 2021), se acuerda el mencionado incremento del 10% en los próximos tres años (que es 10,34% exactamente, precisan en UGT), sin cláusulas de garantía según el IPC. Para 2025 se incluye la subida con el “IPC real 2024 (con mínimo 1% y máximo 3,5%)” y en 2026, según “el IPC real 2025 + 0,5% (con mínimo 1% y máximo 3,5%)”.

El preacuerdo recoge además la “desaparición niveles 11 y 12” en las categorías profesionales desde enero de 2024, por lo que con las subidas anuales acordadas y la desaparición de estos niveles “hace que el salario mínimo del sector pase de 14.000 euros a 16.059 euros en 2024”, añaden las centrales sindicales, “un 14,7% más”.

Desde CGT insisten en rechazar la pérdida de poder adquisitivo de “10 puntos” por este 2022, con inflación disparada, y el pasado año, que ya empezó a tener precios elevados.

Subrogación, una cuestión clave

La mejora más relevante para las trabajadoras, en la que coinciden todos los sindicatos, es la garantía de subrogación de las plantillas, que ahora no se garantizaba. Lucha sindical desde hace años por todas las organizaciones, el nuevo convenio recogerá esta cuestión, para evitar situaciones frecuentes de trabajadores y trabajadoras que se quedan colgadas sin empleo ante el cambio de una contrata por otra.

El principio de acuerdo, que aún debe ser ratificado por los órganos internos de todas las partes, deberá plasmarse ahora en la redacción del convenio colectivo para el sector, muy feminizado y que emplea a “unas 120.000 personas”, según los sindicatos.

Respecto a otra de las batallas de las trabajadoras, el pago del teletrabajo, el preacuerdo recoge una compensación de “1,18€/día en jornadas de más de 30 horas y de 0,93€/día en jornadas” inferiores. En este punto, CGT critica que no se haya incluido la compensación del teletrabajo realizado hasta ahora, que no se ha pagado a las plantillas.

En este sentido, una cuestión relevante es “el derecho de teletrabajo” para aquellas personas que teletrabajan en provincias donde las empresas no tienen centros de trabajo. Por ejemplo, una persona que teletrabaja desde Málaga pero la compañía solo tiene oficina en Madrid. El objeto de la medida es evitar “despidos encubiertos” en forma de bajas voluntarias de estas personas cuando las compañías exigen de repente presencialidad, explican desde UGT.

Límite de 20% temporalidad y a la parcialidad

El principio de acuerdo también plasma que desde el 31/12/2023, “todas las empresas deben tener un ”mínimo del 80% de indefinidos ordinarios“ y ”un máximo del 20%“ del resto de modalidades (ETTs, temporales directos y fijos discontinuos), lo que CCOO y UGT celebran como ”dar la vuelta al modelo de contratación“ en el sector.

Por último, en un sector muy marcado por las jornadas parciales, que debilitan los salarios de las trabajadoras, se preacuerda: “Desde 1/1/24, todas las empresas deberán tener un 30% mínimo de plantilla con jornadas completas de 39 horas y un 30% máximo de plantilla con jornadas inferiores a 30 horas”. Además, se acuerda un “mecanismo consolidación ampliaciones jornadas”, para que estas no sean aprobadas mes a mes, lo que deja a las trabajadoras muy vulnerables y dependientes de la voluntad de la empresa, critican los sindicatos.

CGT rechaza la aceptación de la figura del fijo discontinuo. “Lo que tenemos que conseguir es que los fijos discontinuos no existan en este sector, porque las campañas son estables”, defiende Rocío Camacho, responsable del sector en CGT. Tampoco comparte la aceptación de los contratos parciales. “Pedíamos las 39 horas para todo el mundo”, añade Camacho.

La firma del convenio parece encauzada con los dos sindicatos mayoritarios, que critican “a quienes no habiendo generado ni un solo derecho en 24 años, al no haber firmado ninguno de los 7 convenios sectoriales”, que denuncian que “critican los avances que con tanto esfuerzo se consiguen”. CGT por su parte insiste en el rechazo del preacuerdo e insiste en que “se podía haber luchado más”.

La negociación de convenio colectivo del 'contact center' mantiene la batalla por los salarios. Este lunes, el sindicato CGT, tercero en representación tras CCOO y UGT, convocó una huelga de 24 horas contra la oferta de subida que la patronal trasladó a la representación de los trabajadores hace unos días. Tras el 0% de 2020 y 2021, la patronal CEX plantea un alza del 3% en 2022, un año de elevada inflación (7,3% en octubre), que rechazan los sindicatos. Mañana, 29 de noviembre, las partes se vuelven a reunir en la mesa negociadora.

El planteamiento de la patronal recoge, tras este incremento del 3% este año, un 3,5% para el próximo ejercicio y un 3% para 2024. En CGT denuncian que, dada la subida de salarios de este año (de una media del 8,5%) y la prevista para el próximo ejercicio, por encima también de la oferta de las empresas, las plantilas –compuestas en su mayoría por mujeres– estarían asumiendo una pérdida de poder adquisitivo injustificable.

“Queremos un salario digno, ya que está subiendo el coste de la vida, queremos que nos lo equipare con la situación que estamos viviendo. Un 3% es poquísimo para nuestro sector”, insiste Rocío Camacho, responsable del sector en CGT. La jornada de huelga ha contado con “un 50%” de seguimiento, según el sindicato.

La organización anarcosindicalista critica “las prácticas antisindicales de las principales empresas del sector”. Por ejemplo, indican que “se ha disparado el teletrabajo para evitar que la gente secundara la huelga” y lamentan que “los servicios mínimos decretados por las comunidades autónomas han sido abusivos”.

Rechazo sindical generalizado

Aunque no se han adherido al paro como han hecho otros minoritarios (CIG, ELA, CSI, por ejemplo), CCOO y UGT también rechazan la subida de remuneraciones planteada por la patronal. “Seguimos negociando”, insisten en CCOO. “No estamos de acuerdo, seguiremos insistiendo mañana en la mesa”, añaden en UGT.

Las centrales no se han sumado al paro porque, al contrario que en meses pasados donde hubo movilizaciones generalizadas, ahora la negociación no está parada. “Hicimos un calendario de movilizaciones muy potente porque la CEX venía la mesa con las manos vacías, sin prepararse ni siquiera las reuniones”, recuerdan en CCOO. “Mañana tenemos la siguiente reunión de la Comisión de Negociación y tendremos que seguir apretando. No es el momento de paralizar nada, sino de aprovechar la tendencia”, consideran.

Subrogación y teletrabajo

Los salarios son una cuestión central del convenio, pero también hay otras dos prioritarias para los sindicatos y en las que sí se están logrando avances. Por un lado, que se reconozca en el convenio colectivo la obligación de subrogación de las plantillas, algo que ahora no sucede y que deja a los trabajadores colgados ante el cambio de subcontratas tan habituales en estos servicios.

Por otro lado, el teletrabajo es otra de las batallas prioritarias de los representantes de la plantilla. El trabajo desde casa se impuso con la pandemia y los sindicatos advierten de que se ha mantenido pasada la emergencia sanitaria sin compensación alguna y sin otros derechos asociados a esta forma de organización del trabajo.

En este punto también “hay avances”, destacan en CCOO y UGT, donde destacan también la necesidad de acordar mínimos en las jornadas parciales, que son las que en muchas ocasiones debilitan los salarios de las trabajadoras. “Hay mucha jornada parcial no deseada, estamos intentando acordar un mínimo”, indican en UGT.

La Justicia ha condenado a la empresa de contact center Atento a reconocer el teletrabajo a una empleada que había solicitado la medida para conciliar su vida laboral con el cuidado de su madre, una persona mayor a su cargo. La teleoperadora pidió la modalidad de trabajo desde casa para evitar contagios de COVID a la anciana, de 87 años, pero la empresa rechazó su solicitud con una negativa estandarizada y sin ninguna negociación, algo que incumple la legislación laboral.

Así lo recuerda la sentencia del juzgado de lo Social 3 de A Coruña, que estima la demanda de la trabajadora, defendida por USO. El sindicato celebra el fallo, “que ya es firme tras no presentar recurso la empresa”, indica en un comunicado. elDiario.es ha preguntado a Atento sobre la condena y su política ante las solicitudes de teletrabajo para conciliar a la vista de otras sentencia similares, pero no ha recibido respuesta.

La trabajadora, con una antigüedad de 23 años en la compañía, teletrabajó durante la pandemia, como la mayoría de sus compañeros. Hasta noviembre de 2021, cuando la coordinadora de su servicio recibió la orden de sus superiores de que “todos los empleados” debían de “pasar a prestar servicios presencialmente en las oficinas de la empresa”.

La empleada presentó el pasado marzo una solicitud de adaptación de su jornada a la modalidad de teletrabajo, “con la finalidad de atender a su madre de edad avanzada por el riesgo de poder contagiarle el virus del COVID-19 dado el carácter de persona vulnerable y el hecho de que en el centro de trabajo esté en contacto con otros trabajadores”, recoge la sentencia. Atento rechazó su petición y el conflicto se ha resuelto finalmente en los tribunales, de manera favorable para la empleada.

No vale una negativa sin más, hay que negociar

El magistrado condena la actuación de Atento por varios motivos. El Estatuto de los Trabajadores reconoce en su artículo 34.8 el derecho a solicitar adaptaciones en “la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral”. Aunque las compañías pueden rechazar las peticiones de la plantilla, hay varias exigencias para ello que el juez considera que no se han cumplido.

En primer lugar, este derecho (regulado en 2019) exige a las empresas abrir “un proceso de negociación con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días”. El magistrado resuelve que no existió “ninguna negociación” por parte de Atento, que rechazó la petición con un escrito estandarizado con “motivaciones y razones genéricas y normalizadas” que la compañía usa “por lo general” cuando algún empleado solicita teletrabajar.

Atento esgrimió que el teletrabajo “no está vigente en la compañía”, que “la única forma de desempeño de su jornada es en presencial” y que el cliente para el que trabaja la teleoperadora (Movistar) “no permite” el teletrabajo de manera regular, entre otras razones. La empresa alegó que existió una negociación porque se reunió con la trabajadora.

La sentencia rechaza que este proceder pueda ser calificado de negociación real y “de buena fe”. El juez advierte de que, como indicó una testigo, se trató de un “simulacro de reunión de apenas 7 minutos” en la que la empresa comunicó a la afectada su negativa “sin ofrecer alternativa y sin negociar nada”. Eso no es negociar, resuelve el tribunal, “incumpliéndose flagrantemente” la legislación.

Los motivos del 'no' deben estar justificados

Las propias razones alegadas por la empresa para rechazar el teletrabajo tampoco parecen justificadas a ojos del juzgador. La sentencia recuerda el criterio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia, que considera que “los derechos de conciliación son derechos fundamentales dada su vinculación con la prohibición de discriminación sexista y con el derecho a la intimidad familiar”. Esto “no quiere decir que sea un derecho absoluto, pero sí que sus limitaciones en función del interés empresarial solo son admisibles en atención a un triple test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto”.

El juez concluye que el que “no esté vigente” el teletrabajo en una determinada empresa “no impide” que este derecho deba ser aplicado “y al menos intentarse de buena fe un proceso negociador con el trabajador para ver si realmente es posible que pueda disfrutar del derecho que le corresponde ponderando los intereses en juego”.

Lo mismo advierte sobre una negativa de otra compañía cliente. La regulación para conciliar “no puede depender de que una empresa decida si permite o no permite un determinado régimen de trabajo”, añade el juez, que advierte de que Atento no demostró esta supuesta condición por parte de Movistar.

La clave pasa por resolver si la petición de teletrabajo es “razonable” y “proporcionada” en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa, como recoge el Estatuto de los Trabajadores. El magistrado estima la solicitud de la teleoperadora, que considera “muy razonable y proporcionada” dada la situación vulnerable de su madre, “sin que la empleadora haya acreditado la existencia de problemas organizativos”.

Desde USO, la secretaria de Igualdad, Formación y Comunicación de la Federación de Servicios del sindicato, Ana Belén Palacios, destaca que “la conciliación es un derecho fundamental y las empresas deberían ofrecer mecanismos de conciliación que lo garanticen para que ningún trabajador tenga que recurrir a los tribunales para hacerlo efectivo”.

Condena por incluir cláusulas de despido fácil a teleoperadoras por “bajo rendimiento”. La Audiencia Nacional ha anulado por “abusiva” una cláusula que la empresa Digitex (Comdata) incluyó en los contratos de estas trabajadoras para poder extinguir sus contratos si no cumplían con determinados objetivos. El tribunal estima la demanda de los sindicatos, que impugnaron esta maniobra al considerar que no respetaba ciertas garantías laborales reconocidas a las empleadas.

Los magistrados, con Ramón Gallo Llanos como ponente, estiman la demanda de las organizaciones de trabajadores (CGT, CCOO, UGT y USO), que llevaron ante la justicia a Digitex por la inclusión unilateral de esta cláusula en los contratos de teleoperadoras desde el pasado mes de junio.

La cláusula recogía que “ambas partes”, la empresa y la persona que firmaba un contrato con la compañía en la categoría de teleoperadora (una de las más precarias), “de mutuo acuerdo establecen como motivo válidamente consignado para la resolución del contrato el bajo rendimiento”. Este “bajo rendimiento” suponía que, “en tres meses consecutivos o en cuatro alternos dentro de un período de seis”, la trabajadora no alcanzara “el 75% de la media de producción mensual conseguida por los trabajadores del servicio al que esté”.

Para acceder a un puesto en la empresa, las personas trabajadoras tenían que dar este visto bueno a esta extinción de su contrato, que la Audiencia Nacional ha anulado por “abusiva” atendiendo a varios motivos.

Despido abusivo para no probar un disciplinario

Los magistrados coinciden con la representación de la plantilla en que esta cláusula “hace que la misma opere ipso facto como una causa de resolución contractual prescindiendo de aquellos elementos subjetivos u objetivos que han podido incidir en dicha falta de rendimiento”. La persona trabajadora carga con la responsabilidad de esa caída del rendimiento, asumiendo la pérdida de su puesto, sin que se analice si este descenso se debe a una actitud voluntaria de la teleoperadora o a otras circunstancias (una pérdida de clientes, menos actividad económica, una reducción temporal del negocio...).

El tribunal concluye que “el abuso de derecho es manifiesto” pues “el empleador mediante esta cláusula lo que pretende es no tener acudir a la causa de despido” disciplinario por bajo rendimiento regulado en el apartado e) del artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores. Esto “exigiría acreditar la culpabilidad y gravedad de la conducta” de la persona trabajadora, así como otras exigencias formales que requiere el despido disciplinario.

“Resulta patente que con esta cláusula lo que se pretende es privar al trabajador de las garantías que tanto la legislación como el Convenio colectivo” –que también aborda este tipo de despido disciplinario– “le otorgan de cara a enfrentarse ante un despido disciplinario por bajo rendimiento”, concluyen los magistrados.

Negociación individual “en masa”

El tribunal también analiza el motivo de la demanda de CGT contra Digitex por vulnerar “el derecho a la negociación colectiva” con esta acción unilateral, que se notificó como una decisión ya tomada a la representación de la plantilla solo unos días antes de empezar a aplicarla en los nuevos contratos.

Los magistrados estiman también este punto. La introducción de esta cláusula “mediante negociación individual en masa” implica “desconocer lo pactado en el Convenio y prescindir de la necesaria voluntariedad que el bajo rendimiento ha de tener para operar como causa de despido disciplinario”, coincide la Audiencia, además de “eludir las garantías” formales y procesales en un caso de despido disciplinario,

La compañía también ignora que el Estatuto de los Trabajadores remite “a la negociación colectiva el régimen sancionador por incumplimientos contractuales”, rematan los jueces.

Por todo ello, la Audiencia Nacional declara “la nulidad de la cláusula” y condena a la compañía, fallo que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo. elDiario.es ha contactado con Digitex para preguntar por esta condena, pero aún no ha recibido ninguna respuesta.

Teletrabajo a costa de los empleados y empleadas del sector del contact center, un sector con un salario medio de “800 euros”, subrayan los sindicatos. “Ni un euro”, dice una trabajadora y responsable de CGT. El sindicato criticó hace unos días el impago generalizado de compensaciones por el trabajo a distancia en el sector, también conocido como telemarketing, pese a que lo obliga la Ley de teletrabajo. CCOO y UGT han denunciado también esta situación en una rueda de prensa, además del “bloqueo” del convenio colectivo por parte de la patronal, la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX), con la que mantienen importantes diferencias en las subidas salariales. Este mes tendrán lugar dos jornadas de huelga: el 13 de mayo, convocada por CCOO y UGT, y el día 26, organizada por CGT.

Las dos jornadas de huelga de este mes se suman a los paros parciales y a las movilizaciones que los sindicatos han organizado desde marzo en el sector, que emplea a “unas 120.000 personas”, muchas de ellas mujeres. USO, aunque no es convocante de las huelgas de este mayo, también ha denunciado el “bloqueo de la negociación del convenio”, que concluyó su vigencia en 2019. Desde el sindicato confirman a elDiario.es que el teletrabajo “no se compensa”.

La Ley de Trabajo a Distancia obliga de manera expresa a las empresas a compensar los gastos derivados del teletrabajo a su personal, una cuestión que puede definirse en la negociación colectiva. Todos los sindicatos denuncian que la inmensa mayoría del sector, que acaparan mayoritariamente cinco empresas (Konecta, Atento, Intelcia, Majorel y Teleperformance), no abona nada a sus plantillas por el teletrabajo. “Solo Majorel paga”, ha explicado Chema Martínez, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO. 

elDiario.es ha preguntado a la patronal CEX por estos impagos, pero han respondido que no van a “realizar ningún tipo de declaraciones para no interferir en las negociaciones del convenio colectivo”.

Ya no hay teletrabajo excepcional por la pandemia

El argumento habitual de las empresas del sector (y muchos otros) para justificar el incumplimiento de la regulación de teletrabajo apunta a la excepcionalidad de la pandemia, que permitió el despliegue de esta herramienta sin cumplir todas sus garantías para evitar los contagios. La COVID ha servido como pretexto a algunas empresas aunque en muchos casos la excepcionalidad no se sostiene desde hace meses y, en el contexto actual, mucho menos.

El propio Ministerio de Trabajo desmontaba este argumento, incluso antes del fin de las mascarillas en interiores, en una consulta de CGT. “Parece difícil entender que en la actualidad se mantienen medidas que justifiquen la aplicación del trabajo a distancia” por la pandemia “puesto que esas medidas deberían, como poco, tener una entidad similar a las que formaron parte de cualquiera de los estados de alarma aprobados desde marzo de 2020. En la actualidad resulta manifiesta la inexistencia de medidas de tal categoría”, respondió la directora general de Trabajo, Verónica Martínez.

En muchos casos, el personal no solo no recibe compensaciones por los gastos derivados del teletrabajo (como la electricidad), sino que además tiene que usar sus propios equipos para trabajar: cascos, ordenadores, móviles y mobiliario como las sillas y mesas, que no están preparados para la actividad laboral. “Con la pandemia, las personas trabajadores hemos puesto a disposición nuestras cocinas, nuestras habitaciones, nuestros salones”, ha explicado Maria Pedraza, trabajadora del sector desde los 80 y responsable de UGT. “Son gastos que se han estado ahorrando estas empresas, con beneficios superiores a los de 2019 y ahora nos proponen unos incrementos [salariales] irrisorios”, critica Pedraza.

Subidas de sueldo del 2,5% en un sector pujante

CCOO y UGT han denunciado además las subidas salariales propuestas por la patronal en el convenio como “irrisorias” y “un insulto” dado el crecimiento de los ingresos del sector y la elevada inflación, que se situó el 8,4% en abril. La CEX ha puesto sobre la mesa la congelación de salarios en 2020, “pese a que el sector aumentó ese año su negocio incluso en pandemia”, han criticado los representantes de las plantillas.

Para 2021 el alza sería de 0,8%, y en 2022 y 2023 el incremento podría alcanzar el 2,5% anual, “sin cláusulas de revisión salarial” según la evolución de los precios, como reclaman los sindicatos a nivel estatal. Los sindicatos rechazan de plano esta oferta. “Desde el último convenio, hay una pérdida del 16% del poder adquisitivo de estos trabajadores”, ha apuntado Antonio Oviedo, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT. 

El salario medio en el sector alcanza “los 800 euros” mensuales, con un elevado peso de las jornadas a tiempo parcial, que los sindicatos tachan de injustificadas en muchos casos. Varias categorías profesionales del anterior convenio ya han quedado por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), de 1.000 euros brutos al mes, advierten los sindicatos.

Los trabajadores reclaman una mejora de las remuneraciones en un sector que pone la voz y la atención diaria de los clientes de grandes multinacionales, como las entidades financieras, compañías telefónicas y las aseguradoras. “Pero también las administraciones públicas”, han recordado CCOO y UGT este martes, por ejemplo en numerosos servicios de emergencias. CCOO y UGT advierten de que, si la patronal no cambia de actitud, convocarán una jornada de huelga al mes.

Los representantes de la plantilla aseguran que la multinacional de telemarketing no garantiza la seguridad frente al virus: "La situación es de pánico, el comedor está petado, nos prometieron guantes y mascarillas que no han llegado"

Airbus, Correos, Ryanair... Trabajadores de toda España denuncian que sus empresas no cumplen medidas de prevención

“Esto es un sálvese quien pueda”. Los representantes de los trabajadores de los centros en Madrid de la multinacional del telemarketing Konecta BTO se plantan. CGT, sindicato mayoritario en la región, ha informado este martes de que el comité de empresa ha solicitado a la autoridad laboral que paralice la actividad de los centros de la empresa en la Comunidad de Madrid, con unas 5.000 personas empleadas, porque aseguran que la multinacional no está garantizando la seguridad y la protección de los trabajadores frente a la epidemia de coronavirus.

El comité de empresa de Konecta BTO por mayoría, con el respaldo de “todos los delegados de prevención de riesgos laborales”, espera la respuesta de la autoridad laboral, que tiene 24 horas para pronunciarse. “El cierre de la actividad será a partir del 18 de marzo de 2020”, apuntan los representantes de los trabajadores.

Los sindicatos han decidido esperar a que se pronuncien las autoridades al respecto, pero si este miércoles 18 no han obtenido ninguna comunicación de la Inspección de Trabajo, su decisión es parar.

“Entendemos que una pandemia es algo nuevo y no lo habíamos sufrido nunca, pero hemos tomado esta medida porque en la empresa no nos están escuchando y nos han metido”, afirma Rocío Camacho, representante de CGT en Konecta en Madrid. La trabajadora afirma que la empresa comunicó que daría guantes y mascarillas al personal, “pero aún no hay nada de eso, algunas trabajadores se traen el material por sí mismas por miedo, para protegerse”.

Camacho asegura además que no se garantizan las distancias de seguridad en muchas situaciones, con aglomeraciones de las empleadas (en su mayoría mujeres) en muchas circunstancias. “Los comedores están petados, las entradas y salidas están llenas, no se abren las puertas de los centros, los office están super llenos... Tenemos cinco minutos para descansar la vista y las trabajadoras se apelotonan. Los baños son compartidos y no hay turnos para que no se acumulen la gente”, explica la representante sindical.

Desde CGT subrayan además que la multinacional “ha mentido” a la representación de los trabajadores respecto al número de trabajadores contagiados por el virus. “Hay gente que ha acudido a trabajar estando en la cuarentena”, aseguran, “por lo que han podido contagiar a sus compañeras”.

eldiario.es ha consultado a Konecta BTO acerca de esta situación, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta.

Paralizar la actividad a través de la Inspección

La inspectora de trabajo y portavoz de UPIT Mercedes Martínez explica que el comité de empresa ha acudido al artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores en este caso, que permite acudir a la autoridad laboral a “los delegados de prevención y, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores en el centro de trabajo, que aprecien una probabilidad seria y grave de accidente por la inobservancia de la legislación aplicable en la materia” de prevención.

En opinión de la inspectora, tal vez sea complejo que el riesgo de contagio por el coronavirus sea considerado por la autoridad laboral como un “riesgo de accidente grave e inminente”, exigido para paralizar la actividad de un centro de trabajo, pero habrá que esperar a la resolución de la autoridad laboral.

Movilización también en Barcelona

En Konecta BTO en Barcelona se han registrado plantes de trabajadores en sus dos oficinas, en la calle Marquès de Sentmenat y Llacuna, aunque con un seguimiento desigual en función de los turnos. “Una parte importante está sin trabajar y otros lo hacen con miedo”, explica Antonio García, presidente del Comité de Empresa y sindicalista de UGT, que añade que en la reunión del lunes por la tarde la empresa les informó de la preparación de un ERTE y de que se estaban habilitando algunos puestos para el teletrabajo.

“Lo que pasa es que no nos dan medidas de higiene”, añade García en referencia a que la mayoría de trabajadores comparte auriculares, ordenadores y sillas con los de otros turnos. Si nada cambia en este sentido, augura que muchos empleados (hay 1.700 en la ciudad) seguirán negándose a ocupar sus puestos.

Desde CGT en el sector del telemarketing a nivel estatal, Santiago Alonso explica que el sindicato ha decidido tomar esta decisión en Madrid “porque es donde hay más contagios y donde existe más riesgo”, pero están atentos a las condiciones de seguridad y salud de todos los centros de España para valorar si toman esta misma medida en más territorios.

El sector del telemarketing, que en su mayoría emplea a mujeres, es uno de los que se está movilizando estos días denunciando una falta de seguridad en sus puestos de trabajo. Empleados de Airbus, Correos y Ryanair, entre otras compañías, denuncian que sus empresas no cumplen medidas de prevención.

El aval del Tribunal Constitucional al despido objetivo por faltar un número determinado de días al trabajo, aunque sea por una enfermedad y de forma justificada, se ceba ya con los sectores más precarizados, como el del telemarketing en Galicia. La empresa Extel, subcontrata de Movistar y perteneciente al grupo Adecco, ha tirado ya de esta posibilidad ahora legitimada por la Justicia para despedir de golpe a tres personas en A Coruña la pasada semana y una más en esta. La decisión, que representantes de los trabajadores consideran la primera de una ola progresiva, es vista también como una “estrategia” empleada por la compañía para prescindir de personal “sin necesidad de ERE ni de mayor conflicto”.

Hace tan sólo unas semanas, el Constitucional avaló el despido por causas objetivas en 2016 de una trabajadora de una empresa que alegó que se había ausentado nueve días de los cuarenta hábiles en dos meses consecutivos, más del 22% de las jornadas. A pesar de ser ausencias justificadas, excepto una, mediante bajas por incapacidad temporal, el alto tribunal le dio la razón.

Aludió la compañía al artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, introducido con la reforma laboral de 2012. En él se señala que son causa de despido objetivo “las faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses”.

Ahora, este mismo artículo ha sido empleado por Extel. CGT, sindicato mayoritario en una empresa con unos 700 trabajadores en A Coruña, para justificar los despidos de tres personas que “seguramente no serán las últimos”. “La compañía dice que tiene la ley de su mano y sabemos cuáles son sus intenciones”, dice Adrián García, delegado del sindicato. Solo un día después, las centrales CIG y CCOO daban cuenta de otro despido en la misma firma argumentando causas semejantes.

No es el primer caso. En el mismo sector, la empresa Konecta, con sede en la localidad coruñesa de Bergondo, despidió en el pasado mes de octubre a un delegado sindical de CCOO “por ponerse enfermo”, tal y como denunció el sindicato, después de aplicar el mismo artículo 52 a pesar de estar las bajas justificadas. “Una muestra más del grado de deshumanización al que nos tiene acostumbrados esta firma”, había denunciado Comisiones.

Una estrategia “orquestada”

Ahora, según denuncia a CGT, Extel ve en el aval del Constitucional la puerta abierta para “adelgazar el plantel de manera más barata, sin necesidad de hacer un ERE y con mucho menos conflicto”. Además, culpan a Movistar de ser cómplice de una estrategia “orquestada” de la que esperan un goteo de despidos en los próximos meses.

Así, la representación del personal ha convocado ya una huelga de 24 horas el próximo 9 de diciembre, que incluye una concentración a las 12 de la mañana. Aseguran que la intención de la empresa viene de lejos y recuerdan que el pasado 25 de noviembre, días antes de los tres despidos, la dirección de Extel comunicó de manera unilateral “un cambio radical” en los criterios establecidos para las ausencias por causas de salud.

Durante 20 años, el personal podía justificar su ausencia con un justificante médico o parte de reposo. Ahora, la empresa solicita una baja médica, aunque sea de un solo día. La misma medida intentó aplicarla hace un año, pero la CGT presentó un conflicto colectivo que hizo que diese marcha atrás en la decisión después de un acuerdo en el servicio de mediación (SMAC). A ese mismo servicio acudirá ahora el sindicato el próximo 16 de diciembre, cuando también hay convocada una movilización y un paro de cuatro horas.

“Ya habíamos advertido de que este cambio de criterio obedecía a una estrategia entre Movistar y Extel para despedirnos por haber caído enfermas. La sospecha se convirtió en realidad cuando se empezaron a comunicar despidos por este motivo el pasado viernes”, dice CGT, que lleva a cabo una campaña de denuncia en las redes bajo la etiqueta #ProhibidoEnfermar.

El sindicato, además, advierte de que la empresa no sólo exigirá la baja para cualquier ausencia, sino que ha amenazado con pedir el nombre del médico de cada uno de los trabajadores que pongan algún obstáculo a la medida. Adrián García, delegado de CGT, alerta también de los “problemas de salud personal y laboral” por la posibilidad de que muchas personas acudan a trabajar con alguna dolencia ante el temor de poder ser despedidos o dever cómo se le reduce el salario cada vez que tiene que ausentarse, aunque sea un día, del puesto. “Trabajamos hasta 80 personas en una misma sala”, advierte sobre la situación de un personal en su mayoría a tiempo parcial y con sueldos que rondan los 700 euros mensuales.

La situación es otro golpe más en la precarización del sector del telemarketing. El personal de Extel ya vio en el pasado verano como la empresa recortó drásticamente los complementos salariales mientras Movistar subía las tarifas y después de aplicar un ERE hace tres años. En Ourense, en el pasado mes de noviembre, Naturgy decidía deslocalizar el servicio de atención telefónica que tenía en Galicia, afectando nuevamente un sector que cuenta con unos 10.000 trabajadores y trabajadoras en Galicia y unos 80.000 en el conjunto del Estado.

Revés del Tribunal Supremo a un mecanismo de las empresas del sector de telemarketing que ha permitido hasta ahora echar a empleados temporales con menos indemnización. El sindicato CGT presentó una demanda por despido colectivo contra la finalización de 47 contratos por obra y servicio en verano de 2017 por parte de la empresa Konecta BTO. La compañía extinguió de manera individual los contratos debido a una disminución del volumen de una campaña contratada, gracias a un artículo del convenio colectivo del sector que así lo contempla. El Supremo ha estimado el recurso del sindicato e invalida en sus argumentaciones esta práctica.

El sector del telemarketing (llamado también contact center) emplea a alrededor de unas 90.000 personas en España y está caracterizado por los salarios bajos y una gran participación de mujeres. “Las condiciones son muy precarias y el convenio colectivo permite precarizarlo aún más”, critica Santiago Alonso, responsable del sector federal de Telemarketing de CGT.

El convenio colectivo sectorial recoge en su artículo 17 la posibilidad de extinguir los contratos por obra o servicio cuando exista una “disminución real del volumen de la obra o servicio contratado”, de tal manera que “resulte innecesario el número de personas contratadas para la ejecución”. El artículo establece una serie de normas para aplicar estas extinciones, con las que los empleados se van a la calle con una indemnización de 12 días por año trabajado.

Eso ocurrió en el caso denunciado. Konecta BTO, controlada mayoritariamente por Banco Santander y el fondo capital de riesgo PAI Partners hasta el pasado febrero (fue vendida al equipo directivo y al fondo de capital riesgo Intermediate Capital Group), es una de las mayores empresas de telemarketing del panorama nacional. La compañía suscribió una serie de contratos por obra o servicio de teleoperadores en mayo de 2016 ligados a un servicio subcontratado por Securitas Direct.

En junio de 2017, Konecta BTO comunicó a los sindicatos la extinción de varios contratos debido a la reducción del volumen de la contrata inicialmente prevista. Primero los de once personas y, unos días después, los contratos de otras 36. En menos de un mes la empresa extinguió los puestos de 47 trabajadores debido a un menor volumen de trabajo de la campaña de Securitas, que se fueron con 12 días de indemnización.

Varapalo al convenio colectivo

CGT se ha posicionado durante años en contra de ese mecanismo de extinción de contratos temporales como un abuso para despedir a menor coste. El sindicato demandó ante la justicia la existencia de un despido colectivo (al afectar a más de 30 personas). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una sentencia marzo de 2018, rechazó su competencia a valorar el asunto porque entendió que no existía un despido colectivo, sino extinciones individuales de los contratos afectados.

La sentencia del TSJ madrileño –que contó con el voto particular de la magistrada María José Hernández Vitoria– fue recurrida por la organización anarcosincalista y ahora el Tribunal Supremo le ha dado la razón. El Supremo devuelve el caso al TSJ de Madrid porque concluye que sí que existe ese despido colectivo y deja en sus manos que analice la demanda de CGT, que pidió que se declararan nulas las extinciones.

“¿Qué ocurre cuando hay un contrato por obra o servicio y el volumen de la contrata disminuye? ¿Es un motivo de extinción del contrato? El Tribunal Supremo dice que sí, pero que tiene que ser canalizado por las causas de empresa. No es como si la contrata hubiera acabado, no es lo mismo. En caso de reducción de volumen es un despido objetivo”, explica Ignasi Beltrán, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Oberta de Catalunya (UOC). En ese caso, la indemnización para el trabajador es de 20 días por año trabajado.

El Alto Tribunal concluye que, aunque las rescisiones de los contratos se hicieran siguiendo lo marcado en el convenio sectorial (artículo 17), “no puede negarse que el convenio colectivo no puede regular la extinción de los contratos por obra o servicio determinado por causa de disminución o reducción del volumen de la contrata, al margen de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores”.

Beltrán explica que el Supremo ha reflejado que el convenio colectivo “se ha extralimitado, ha asumido una competencia que no le corresponde. No está facultado para regular las causas de extinción del contrato”. La referencia para aplicar las extinciones es el Estatuto de los Trabajadores y, según este, el Alto Tribunal estima que estos trabajadores estuvieron afectados por un despido colectivo, que tiene garantías particulares que lo convierten en una figura más protegida para los empleados.

CGT impugnará el convenio

“Es una victoria muy importante para nosotros, que hemos ido con este tema hasta la Comisión Europea y llevamos 20 años denunciándolo”, explica Santiago Alonso. El responsable del sector federal de Telemarketing de CGT lamenta que esta posibilidad de despido encubierto haya estado reflejada en “seis convenios colectivos, firmados por la patronal y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT”.

Santiago Alonso explica que CGT va a impugnar el convenio colectivo ante los tribunales, ya que en este caso el Supremo solo falla sobre el caso concreto denunciado –que era el asunto demandado– y no invalida el marco sectorial.

El sindicalista confía en que esta acción prospere a la vista de las argumentaciones del Supremo y espera que el resto de tribunales tome nota de este criterio. “Hace muy poco perdimos una demanda por despido colectivo casi igual de otra empresa, Teleperformance España, en la Audiencia Nacional que también había aplicado este artículo 17”, afirma Alonso.

Carlos Prieto, responsable de Contact Center de UGT, considera que el Supremo “parece anticipar un posible cambio de criterio, pero no lo dice todavía”. El sindicalista destaca que “a UGT no le gustan estos contratos por obra o servicio, muchos cubren de facto necesidades permanentes de las empresas”, pero sostiene que hasta ahora los tribunales habían respaldado estas extinciones por el descenso del volumen de la contrata.

“El artículo 17 del convenio se creó para que estas extinciones que avalaba la justicia no fueran a dedo, que se estableciera cierto orden y que la empresa acreditara ese descenso en la producción”, explica Prieto, que defiende que “ojalá el Supremo cambie de doctrina” e impida estas rescisiones.

Desde CCOO, Montse Sánchez explica que en los primeros momentos en los que despegaba el sector, con mayor incertidumbre, “este artículo tenía sentido, permitía que volvieran a sus puestos las personas que habían salido y habían recibido ya una formación”, pero ya no. “En el último convenio intentamos eliminarlo, pero la patronal no quiso y no podíamos tener a la gente sin convenio, tras 29 meses de negociación”. En su opinión, gracias a esta sentencia, en el próximo convenio que se comenzará a negociar próximamente “ese artículo va a tener que desaparecer”.

En CGT consideran que los argumentos del Alto Tribunal pueden afectar incluso a otros sectores, “como el de la seguridad y la construcción, que tienen cláusulas parecidas para que, cuando un trabajador sale de la empresa por un menor volumen de la contrata, pero esta obra permanece, en lugar de los 20 días por año de indemnización y cumplir con los cauces del despido objetivo, la empresa hace una extinción de este tipo”, explica Alonso. El profesor Ignasi Beltrán precisa que, en cualquier caso, habría que analizar la literalidad de cada convenio sectorial y estudiar si se ajusta al criterio del tribunal.

Alonso destaca la relevancia de invalidar esta fórmula de rescisión de contratos: “En estos años se ha despedido a miles de personas de esta manera, que es irregular”.

“Cuando se habla de Alcoa siempre se dice que hay 400 familias que dependen de esos empleos, pero cuando hay despidos en Atento o en la empresa que sea en este sector parece que el problema no es tan importante. Parece que mucha gente está convencida de que nosotros no vivimos de lo que cobramos aquí, sino que los sueldos de teleoperadora son simplemente un complemento de otros salarios. Yo apoyo a los compañeros de Alcoa en todo: fui a todas las manis, caminatas y protestas que hicieron, por supuesto. Pero a veces parece que hay problemas de primera y de segunda categoría. Es como si dijeran: 'tienes un trabajo de mierda, malo será que no encuentres otro trabajo de mierda, tampoco es para tanto'. Pero hay mujeres que con los 600 euros que cobran como teleoperadoras pagan un piso y alimentan a dos hijos”.

Mónica Carrodeguas es delegada de la CIG en Atento, empresa de telemarketing que emplea a 600 personas en A Coruña. Los call centers dan trabajo a casi 10.000 personas en Galicia (80.000 en el conjunto de España), un 75% mujeres y alrededor de la mitad de menos de 35 años. Son en su mayoría grandes empresas. Bosch en Vigo emplea a 1.500 personas (que llegaron a ser más de dos mil), Unísono también en Vigo a alrededor de 1.000, Extel en A Coruña a unas 700, Teleperformance a casi medio millar, por poner algunos ejemplos.

El sector se caracteriza por sus bajos salarios y por la precariedad contractual y constituye uno de los reflejos más claros de que las nuevas generaciones fueron las mayores perjudicadas por la crisis económica de la última década y por las últimas reformas laborales. Los sueldos rondan los mil euros para aquellas personas que trabajen 39 horas semanales (el máximo fijado en el último convenio), pero estas son una minoría. La mayoría trabaja 30, 25, 20 horas o menos, con un salario medio de unos 600-700 euros, que las obliga a buscar otros empleos a tiempo parcial si quieren tener unos ingresos dignos. 

Sin embargo, esto no es nada fácil, toda vez que muchas de ellas padecen horarios cambiantes que les impiden cualquier posibilidad de conciliación con otras actividades. Es además un trabajo duro, estresante, tanto por el volumen de llamadas que tienen que atender cada día como por las crecientes exigencias introducidas por las empresas en cuestión de pausas y objetivos. Son muchas las denuncias en materia de salud laboral y riesgos psicosociales y también las bajas por ansiedad o depresión.

“No nos dejan trabajar en paz. Hay gente que se sienta a trabajar y está atendiendo las llamadas llorando la mitad del día. Esa presión y ese nivel de estrés es lo que revienta nuestra salud y lo que provoca que tengamos tantas bajas. Cada vez que se hace una evaluación de riesgos psicosociales, los factores son todos negativos. Inspección siempre conmina a las empresas a bajar esos factores de riesgo, pero nunca se hace nada. Con mejores condiciones trabajaríamos a gusto y el servicio prestado sería mucho mejor. Pero la realidad es que la mayoría de las personas que trabajan en telemarketing cuando van a fichar, cogen la tarjeta y resoplan: comienza un nuevo día”, explica Mónica Carrodeguas.

Es también un sector que registra una gran movilización laboral y una gran participación en sindicatos, siendo el que suma un mayor número de conflictos en todo el Estado, según los datos del Servicio de Mediación y Arbitraje, encargado de dirimir los enfrentamientos entre empresas y trabajadores. Trabajadoras de varias empresas destacan que su situación ha empeorado en los últimos años, a pesar de que la facturación del sector ha mantenido un crecimiento constante (con un incremento en sus ingresos del 7% o del 8% cada año). Por el contrario, los salarios se han mantenido prácticamente congelados en este tiempo, una pérdida de poder adquisitivo del 5% que fue consolidada por el ultimo convenio colectivo, firmado por CCOO y UGT, que introdujo algunas mejoras, pero insuficientes para CGT o CIG.

Una situación cada vez más precaria

Las trabajadoras sufren la presión de la deslocalización de los servicios a países con sueldos más bajos, que ha provocado cientos de despidos en muchas compañías (en Galicia, por ejemplo, en Atento o Extel). Además, la situación de precariedad laboral que se vive en el conjunto de la sociedad es aprovechada por las empresas de telemarketing para ofrecer menos garantías a su personal. “Las empresas del sector aprovechan la situación de crisis económica: como no hay otros empleos o no hay empleos menos precarios, lo que hacen es apretar mucho más a las trabajadoras”, destaca Adrián García, trabajador de Extel en A Coruña.

“Desde hace dos años parece que todo lo tenemos que arreglar en el juzgado o en Inspección de Trabajo. La situación ha empeorado desde que decidieron centralizar todo en Madrid. No es que todo fuese perfecto antes, pero no teníamos que acabar continuamente en un conflicto para reivindicar derechos que son nuestros”, comenta igualmente Luísa Baños, trabajadora de Unísono en Vigo.

Lo mismo comenta Mónica Carrodeguas (Atento): “Hay tendencia a empeorar, cada vez tienen menos vergüenza en decir una cosa y hacer la contraria, en hacer lecturas extrañas de los convenios, en tener menos reparos a que todas las situaciones acaben en los juzgados... Las empresas están envalentonadas al ver lo que pasa en empresas con más visibilidad social, como Alcoa o Vodafone. Nuestros conflictos nunca van a tener la repercusión pública de los suyos”.

“Tenemos un convenio colectivo que legaliza la precariedad laboral. No puso límites en los salarios, jornada o posibilidad de conciliar”, denuncia Adrián García, que recuerda que “ha habido una importante pérdida de poder adquisitivo en estos últimos años, en un tiempo en el que el sector estuvo maximizando beneficios a costa de precarizar el trabajo”. García denuncia, además, que la propia administración pública (a través de Correos, Hacienda, Seguridad Social y otras entidades) “está subcontratando a empresas de telemarketing servicios que antes prestaban trabajadoras con condiciones laborales mucho mejores”.

“Y las empresas de telemarketing están a su vez subcontratando esos servicios ya subcontratados. Bajan los costes a costa de recortar los derechos y las condiciones laborales”, resume, concordando con Luísa Baños en que las empresas recurren cada vez con más frecuencia a la vía judicial y a incumplir los acuerdos y convenios firmados: “Prefieren ir al juzgado, porque en la espera de 2 o 3 años hasta que se resuelve el caso la trabajadora sigue explotada y muchas veces abandona”.

Otra de las cuestiones común a casi todas las compañías es el recurso cada vez más extendido a la contratación a través de empresas de trabajo temporal. Precisamente el personal de Unísono mantiene en estos momentos movilizaciones en protesta por estas contrataciones por ETT. Las personas que son contratadas de este modo cuentan con condiciones laborales aún peores. “Muchas veces les comunican el horario el día anterior a entrar a trabajar, mientras que al resto nos tienen que comunicar los horarios el mes anterior (y al 20% con 7 días de antelación). Así es imposible tener cualquier plan de vida”, comenta Luísa Baños.

Baños destaca también que la otra razón por la que las empresas prefieren personal temporal es que estas trabajadoras “no protestan”. “Cuando hay una huelga la mayor parte de las trabajadoras que sí acuden a trabajar es personal ETT. Tienen mucho miedo. No se dan cuenta de que nosotros no queremos que las despidan, sino que lo que queremos es que las contraten en condiciones”, destaca.

Adrián García destaca también que la contratación de personal temporal dificulta igualmente el trabajo de control de las condiciones laborales que llevan a cabo los sindicatos. “Después de las dos últimas reformas laborales tenemos una legislación que nos deja absolutamente vulnerables ante los abusos”, destaca. “Mientras no tengamos un convenio colectivo que garantice unas condiciones dignas, veremos empresas que hagan esto o más”, dice. Recuerda, además, que “este sector fue creado para precarizar. Las trabajadoras cobran la mitad de lo que cobraba antes una persona haciendo ese trabajo directamente en Telefónica o Gas Natural”.

El trabajador de Extel destaca que la precariedad laboral es algo de lo que las empresas se benefician, prefiriendo por este motivo los contratos a tiempo parcial, que generan un amplio conjunto de trabajadoras pobres. Por una parte, destaca que “una jornada parcial puede ser reducida en cualquier momento aduciendo una merma en la carga de trabajo, porque así lo permite la legislación, cosa que no se puede hacer con una jornada a tiempo completo”. Además, explica que “los ritmos de trabajo son tan brutales, por tener que estar cogiendo llamadas un minuto tras otro, que no compensa tener trabajando a una persona 8 horas seguidas. Llegado un momento nadie es capaz de resistir ese ritmo de trabajo inhumano durante 8 horas, por una cuestión física”.

Los salarios resultantes de estas jornadas parciales son tan bajos que obligarían a tener dos trabajos al mismo tiempo para sumar un salario mínimamente digno, pero la realidad es que los horarios que se ponen “por necesidades del servicio” hacen que muchas veces eso sea imposible. Jornadas habituales, por ejemplo, de 10 a 15 horas o de 12 a 17 horas hacen que no se pueda tener un segundo trabajo.

Las deslocalizaciones y la importancia de la lengua gallega

Este es un sector que depende mucho de las veleidades y fluctuaciones de las grandes empresas. Precisamente en estos momentos Bosch, en Vigo, está afectada por la política de recortes de Vodafone, pues comparte algunos servicios con la compañía de telecomunicaciones, que ya ha anunciado 41 despidos en toda Galicia.

¿Hay miedo por las posibles deslocalizaciones de servicios? “No le tenemos miedo a las deslocalizaciones. Deslocalizaciones ya hemos sufrido, ya nos han despedido a mucha gente, pero es evidente que es una política recurrente de estas empresas. Es habitual que mucha gente llame y diga 'ah, menos mal, por fin alguien de aquí'?, comenta Mónica Carrodeguas (Atento), que apunta que ”la única solución depende de las personas que llaman: que pidan atención en gallego. Con eso se evita la deslocalización“. ”De lo único que tienen miedo las empresas es de que los clientes se marchen a otras empresas que sí les den lo que ellos piden“, destaca.

En Bosch las trabajadoras y trabajadores participaron activamente en la campaña lanzada por la Mesa pola Normalización Lingüística para defender los derechos lingüísticos de los consumidores y consumidoras. Laura Pérez, delegada de la CIG en la empresa, destaca que “si las y los clientes, cuando llaman al servicio o reciben una llamada comercial, demandan atención en gallego, este servicio tendría que quedarse en nuestro país. Es importante que la gente se dé cuenta de este hecho”.

Comisiones Obreras ha convocado este miércoles un acto público para dar a conocer y denunciar el “clima de persecución sindical” que, en su opinión, existe actualmente, y en defensa de #Las9DeAON, las nueve trabajadoras de la empresa telemarketing AON Mobile despedidas en bloque por haber organizado una candidatura sindical de CCOO.

Según el sindicato, este hecho “ha puesto al descubierto el clima de persecución sindical que se ha instalado en ciertos sectores de la empresa privada en Cantabria”. “No es el único caso, pero lo de #Las9deAON es sangrante por el número de despidos y por tratarse de un sector altamente feminizado y precarizado”, según la secretaria de Acción Sindical de CCOO Cantabria, Laura Lombilla.

El acto tendrá lugar este miércoles 9 de mayo a las 18.30 horas en CCOO. Abrirá la jornada el secretario general de CCOO de Cantabria, Carlos Sánchez, quien insiste en la necesidad de que “los empresarios, los beneficiados con los rescates, las ayudas y los beneficios dejen de ver a los trabajadores organizados como enemigos”.

Las intervenciones centrales estarán a cargo de portavoces de #Las9DeAON, de los 13 despedidos en Nexian -del mismo conglomerado empresarial de AON Mobile, el Grupo Pitma- “por presentar una lista de CCOO a las elecciones sindicales” y de José Alcázar, uno de los trabajadores de Airbus para los que la Fiscalía pedía algo más de ocho años de cárcel por su participación en la huelga general de 2010.

Alcázar fue portavoz de los conocidos como '8 de Airbus', que fueron finalmente absueltos, si bien actualmente hay 300 sindicalistas condenados o imputados por ejercer sus derechos.