Varios tribunales italianos y el supervisor de la Competencia de ese país han puesto bajo la lupa a la industria textil, sobre todo a la del lujo. Cuestionan sus prácticas laborales, la supervisión de los contratos que sella con sus proveedores y la comunicación que realiza sobre estos cuando desglosa sus políticas de sostenibilidad.

Estas actuaciones ya han conllevado multas y la intervención judicial en la gestión de algunas de estas enseñas, que suelen hacer gala de la exclusividad de sus productos. Entre ellas están firmas como Giorgio Armani, Dior o Loro Piana. Estas dos últimas forman parte del gigante francés Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH).

La última decisión centrada en el sector del lujo afecta a uno de los emblemas de la industria transalpina: Giorgio Armani. La Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), el equivalente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española, ha sancionado con 3,5 millones de euros a dos sociedades del grupo textil que lleva el nombre del diseñador que lo fundó.

El supervisor considera que Giorgio Armani SpA y GA Operations SpA han llevado a cabo “prácticas comerciales engañosas” y realizaron “afirmaciones falsas” sobre su política de sostenibilidad. La investigación que, como en el caso de otras empresas, data de hace meses, refleja que sus comunicaciones sobre la responsabilidad ética de su cadena de producción no se correspondían con la realidad laboral de sus proveedores. En cuanto a estos últimos, no se desvela su identidad.

La autoridad de Competencia explica que estas sociedades de Armani “optaron por externalizar gran parte de su producción de bolsos y de accesorios” y que los subcontratistas que, finalmente, producían esos artículos llegaron a retirar “los dispositivos de seguridad de la maquinaria” de fabricación de las prendas “para aumentar la capacidad de producción, lo que ponía en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores”.

También se señala que “las condiciones de higiene y saneamiento eran inadecuadas y, a menudo, los trabajadores eran contratados, total o parcialmente, de forma ilegal”, según recoge en un comunicado.

Respeto a la salud de los trabajadores

“En este contexto es evidente que el respecto de los derechos y de la salud de los trabajadores no se corresponde con lo reflejado en las declaraciones de responsabilidad ética y social realizadas por Giorgio Armani Spa y GA Operations SpA”, concluye la autoridad de Competencia.

Armani niega estas acusaciones y asegura que “siempre ha actuado con la máxima equidad y transparencia hacia los consumidores, el mercado y las partes interesadas, como lo demuestra la historia del grupo”, según recoge Reuters. También afirma que recurrirá la multa ante un tribunal administrativo regional.

La gestión de estas divisiones del grupo de lujo ya estuvo bajo supervisión judicial durante varios meses –entre mediados de 2024 y febrero de 2025–. En ese caso, sí se concretó que fue por las prácticas laborales de sus proveedores en China. Esta medida se levantó porque un tribunal consideró que la compañía había roto su relación con los proveedores cuestionados “con extrema rapidez” y desarrolló varias mejoras en las prácticas de contratación y de supervisión.

La actuación del grupo Armani coincide con lo que también le ha ocurrido a Loro Piana, una de las marcas del grupo LVMH, que va a estar un año bajo supervisión de un tribunal milanés. Este consideró que la firma del grupo controlado por Bernard Arnault encargó su producción a través de dos empresas intermediarias que, en realidad, no tenían capacidad de producción y que subcontrataban en China.

En esta cascada de intermediarios, Loro Piana “falló” a la hora de supervisar a quienes fabricaban para ella. Es decir, el tribunal considera que la marca es responsable por no controlar su cadena de suministro, por no poner freno a los contratos en China donde no se respetaban los derechos laborales de los trabajadores.

En cambio, sí mantuvo sus márgenes de beneficio por cada una de las prendas que producían y que llegaban a superar los 1.000 euros por producto. La empresa italiana, que sigue teniendo a la familia fundadora entre sus accionistas, se defendió argumentando que en ningún momento tuvo conocimiento de las condiciones laborales de los proveedores subcontratados, según recoge la prensa italiana.

Esta situación es muy similar a la ocurrida con Dior, que también forma parte del grupo LVMH. A diferencia de los casos anteriores, aquí sí hay detalles sobre sus procedimientos judiciales en el último informe anual del gigante francés. La empresa francesa explica que, en junio de 2024, su filial italiana Manufactures Dior “fue declarada en concurso de acreedores” por un tribunal “como consecuencia de hechos anómalos y aislados”.

En esa memoria, LVMH argumenta que el concurso es una “medida de protección” que se “inició tras el descubrimiento por parte de las autoridades de infracciones de la normativa aplicable en materia de condiciones de trabajo por parte de dos subcontratistas” de esa filial.

“En este contexto, los equipos de Dior colaboraron plenamente con el administrador concursal, quien documentó en informes las medidas implementadas por la empresa para supervisar su cadena de valor”. También, que “debido a su carácter excepcional y aislado, así como a los sistemas de control existentes y reforzados”, estas medidas de supervisión se levantaron en febrero de este año. Sin embargo, como ha ocurrido con Armani, la Autoridad de Competencia italiana también ha puesto en marcha su propio procedimiento.

Multa de un millón a Shein

Y no es solo el lujo. La AGCM italiana también acaba de sancionar al gigante del comercio electrónico Shein. En este caso la multa es de un millón de euros por considerar que ha utilizado “información engañosa” en la “promoción y venta de ropa”.

Este organismo supervisor del mercado italiano entiende que las declaraciones ambientales del gigante asiático han sido “vagas, genéricas o demasiado enfáticas”, y, en otros casos, “omitidas o engañosas”. “Las afirmaciones utilizadas por Shein para presentar, describir y promocionar la línea de ropa 'evoluSHEIN by Design' enfatizan el uso de fibras 'verdes' sin indicar de forma clara los beneficios ambientales de los productos a lo largo de su ciclo de vida y sin especificar que esta línea de productos aún es marginal en comparación con el total de productos de la marca Shein”, explica el organismo italiano.

Además, la AGCM subraya que “estas afirmaciones pueden inducir a los consumidores a creer no solo que la colección 'evoluSHEIN by Design' está fabricada exclusivamente con materiales ecológicos, sino también que los productos de esta colección son completamente reciclables, lo cual, considerando las fibras utilizadas y los sistemas de reciclaje existentes, es falso”, sentencia.

Aunque este 2025 las altas temperaturas se han hecho esperar más que en los años anteriores, las consecuencias del cambio climático (con episodios meteorológicos cada vez más extremos) ya trastocan el día a día de las ciudades. En este contexto, Más Madrid presenta este jueves su Plan Refresca Madrid, una estrategia integral “para transformar la capital en una ciudad resiliente” que llevarán al próximo pleno del Ayuntamiento. La portavoz del partido en Cibeles, Rita Maestre, defiende su necesidad ante “una emergencia climática que ya no es una amenaza futura, sino una realidad presente”.

“Desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde nos hemos convertido en la ciudad estrella en talas indiscriminadas de árboles y alicatado de zonas verdes. Su compromiso con el cambio climático es cero. Y esto hay que cambiarlo ya, no podemos esperar ni un minuto, nos va la salud en ello. Por eso hemos diseñado Refresca Madrid, un plan que propone una transformación profunda de la ciudad, basada en nuestra experiencia de gobierno y en actuaciones que se han llevado a cabo en ciudades de todo el mundo. El objetivo, hacer de Madrid una ciudad más fresca y habitable”, expone la líder de la oposición municipal. 

El objetivo, según la formación liderada por Maestre, es “mejorar la calidad de vida de los habitantes” de una ciudad “expuesta a situaciones de calor extremo cada vez más frecuentes y más duras que en 10 años podría tener el clima de Sevilla, en 30 el de Marrakech o en 50 el de El Cairo”. Para ello, proponen actuar en tres líneas de actuación: mitigación, adaptación y compensación. A su vez, las numerosas medidas se clasifican en seis bloques: movilidad sostenible, agua, espacio público, energía, economía baja en carbono y participación ciudadana. Muchas coinciden y se inspiran en las promesas electorales del partido sobre la materia antes de las elecciones de 2023, aunque otras se han actualizado o incorporado.

En el eje de la movilidad sostenible, Más Madrid aboga por una red verde con 300 kilómetros de “calles completas” con reparto equilibrado de modos de transporte, 235 km de itinerarios peatonales prioritarios distribuidos en los 21 distritos o 25 áreas de mejora peatonal en zonas con problemas de accesibilidad. Una inversión proyectada en 1.500 millones de euros a lo largo de diez años, 150 millones anuales.

A ello añaden una red ciclista con 14 itinerarios conectados que sumarán 195 kilómetros, la potenciación de la ciclologística para distribución urbana de mercancías y el aprovechamiento del potencial del 80% de desplazamientos (todos los menores a 8 km). Pero quizá la apuesta más ambiciosa en este sentido es una red de bus de alta velocidad: 11 nuevas líneas con 155 autobuses de altas prestaciones, 207 kilómetros de plataformas reservadas y hasta 300.000 plazas adicionales en hora punta. Recuperan además el proyecto de la M-35, un corredor semicircular que conecta las periferias entre sí, para mejorar con ello la movilidad de estas zonas a la par que descongestionar el centro.

El Plan Refresca contempla también un Sistema de Drenaje Sostenible (SUDS) mediante nuevas infraestructuras de aprovechamiento de agua de lluvia o un incremento del suelo natural, tanto el terrizo como el vegetado, para facilitar la infiltración. El SUDS, considera Más Madrid, facilitaría la creación de áreas inundables controladas que evitarían catástrofes como la causada por la DANA en València. Al mismo tiempo, desembocaría en nuevas infraestructuras verdes para el disfrute de los barrios.

Para vislumbrar el futuro de las ciudades, el grupo municipal mira también al pasado con la “recuperación de la relación histórica de Madrid con el agua”, en concreto los arroyos históricos. Hablan de desplegar “infraestructuras azules” en áreas inundables en parques situados en las márgenes de los arroyos históricos: Aluche, Caramuel, San Isidro, La Elipa o La Gavia. Este bloque se complementa con el cumplimiento de la Ley de Aguas, que obliga a separar escorrentía de aguas residuales, así como el desarrollo de los juegos de agua y piscinas públicas (asegurando las piscinas públicas en cada distrito).

Oasis climático-sociales, 150 “coles solares” y revitalización del Manzanares

El partido defiende un espacio público verde y fresco. Tres adjetivos que pretenden fomentar con oasis climáticos y sociales, una red de espacios frescos, accesibles y con actividad cultural que estén 15 minutos a pie desde cualquier barrio. Pero el plan es también llevar esa vida fresca al entorno más inmediato a las viviendas, con constantes interbloques y plazas pequeñas dotados de infraestructuras verdes que rebajen la temperatura de la zona. A la vez, serían completados con espacios estanciales para que sean lugar de encuentro, y completados con un programa de cesión de pequeñas porciones de suelo para ejecutar plantaciones vecinales.

Más Madrid traslada esa adaptación climática del espacio público también a los colegios, donde pretende garantizar el “confort térmico”. Apunta a la transformación de los patios escolares en espacios renaturalizados, la instalación de paneles solares en 150 centros educativos para autoconsumo compartido o la creación de comunidades energéticas en torno a los llamados “coles solares”.

Otra clave de la propuesta está en la revitalización del río Manzanares, con nuevas conexiones peatonales y sendas recreativas, como una que conecte Villaverde con Getafe y otra que una Villaverde con Villa de Vallecas. Animan a materializar la ampliación de la llanura de inundación entre El Pardo y el Parque Sindical, así como a recuperar la flora y fauna autóctonas en las riberas.

Para impulsar la energía verde, instan a la rehabilitación energética de 45.000 viviendas anuales (tres veces el ritmo actual), la creación de Puntos de Rehabilitación de Barrio o la clasificación de edificios con un sistema etiqueta para valorar el impacto energético (en la línea del de las propias viviendas). Un complemento a estas medidas está en las cubiertas verdes, con estructuras vegetales en azoteas y terrazas que son compatibles con paneles fotovoltaicos y huertos urbanos.

Y al igual que un cambio de modelo energético, Más Madrid dibuja una alternativa en la economía. A nivel municipal, esto se traduce en aspectos como el fomento del comercio de proximidad: una estrategia de Alimentación Saludable alineada con el Pacto de Milán, comedores escolares saludables y sostenibles, la ampliación de Mercamadrid como referente del comercio local o el programa Fabricado en Madrid para apoyar productores locales. En materia laboral, plantean protocolos obligatorios para empresas contratistas del Ayuntamiento, formación específica para personal municipal en contacto con colectivos vulnerables o repensar y mejorar las condiciones laborales para trabajadores expuestos a altas temperaturas.

La gestión de residuos es un importante aspecto en el Plan Refresca, con un buen arsenal de acciones. La primera es la creación de una Agencia de Residuos que supervise, acompañe y vigile todos los servicios relacionados con los residuos en Madrid, así como la descarbonización de los procesos ligados a su tratamiento y eliminación. Como ya han defendido públicamente, abogan por una planificación para reducir y eliminar la incineración en Valdemingómez para 2027. Otras medidas en la materia son el refuerzo de la separación en origen con participación ciudadana, el fomento del compostaje doméstico y comunitario o aumentar hasta 150 la Red de Nodos de Compostaje.

El plan detalla en último lugar una serie de iniciativas para acrecetar la participación ciudadana, el camino hacia lo que definen como “la gobernanza climática, el siguiente reto demográfico del siglo”. Para ello ponen sobre la mesa dos entidades. Primero una ya adelantada en 2023, la Asamablea Ciudadana por el Clima, un espacio de deliberación permanente formado por 100 personas elegidas por sorteo que debatan sobre política climática y propongan medidas concretas. Además, un Comisariado del Calor, con una figura responsable de liderar y coordinar la agenda climática municipal. Con ello, daría impulso a la Mesa del Calor, con expertos para la elaboración y evaluación de propuestas.

“Queremos que Madrid sea una ciudad transgresora en políticas climáticas, una ciudad a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático y la justicia social. Porque el calor también va por barrios”, asegura Maestre. Recuerda que “en Madrid la brecha térmica entre distritos del norte y del sur o el este puede alcanzar hasta 8°C, una diferencia que no solo se mide en grados, sino en calidad de vida y en salud”. Avanza que defenderán Refresca Madrid para comprobar “si Almeida se decide a actuar de una vez, porque la crisis climática no espera y el negacionismo climático mata”. Concluye que “actuar ahora no es una opción, es una responsabilidad para proteger la salud, la habitabilidad y el futuro de la ciudad”.

En el barrio de San Julián, uno de los más antiguos de Sevilla, quiere abrir sus puertas La Coleccionista, una tienda taller que será, al mismo tiempo, proyecto colectivo, manifiesto artesanal y espacio cultural. Impulsada por tres mujeres creadoras —Rocío Conesa, María Reyes y Esperanza Covarsí—, la tienda busca consolidarse como un punto de encuentro para la producción y venta de piezas hechas a mano. Su apertura no solo responde al deseo de sus fundadoras de tener un lugar propio, sino también a una transformación más amplia del barrio, donde los oficios van tímidamente abriéndose paso frente a la homogeneidad comercial.

“Yo creo que negocios como este no hay muchos”, dice Rocío, ceramista con más de quince años de experiencia. Estudió en Granada, trabajó en una alfarería tradicional que participó en la reforma del Hotel Alfonso XIII de Sevilla, y ha desarrollado su práctica en torno a la cerámica de alta temperatura con una estética marcada por los blancos y azules. A lo largo de su trayectoria, ha combinado la producción con la docencia en su taller, donde imparte cursos y talleres que han pasado por cientos de personas. “Tiendas de diseño hay, pero una tienda hecha por y para artesanas, con una lógica horizontal y comunitaria, eso es otra cosa”, asegura.

María, por su parte, se formó en la Facultad de Bellas Artes de la capital andaluza, donde se especializó en grabado y descubrió la serigrafía, la técnica que se convertiría en la base de su práctica profesional. Pasó varios años en Madrid dedicada al arte contemporáneo, con exposiciones e instalaciones, hasta que decidió canalizar su universo visual en una marca propia, The Printed Rabbit, que aún conserva el espíritu artístico de sus inicios. Volvió a Sevilla justo antes de la pandemia y, por azar, cayó en San Julián, un barrio donde, según ella, la creación artesanal se respira en las calles.

Esperanza llegó también desde el mundo del arte, tras estudiar Bellas Artes en Sevilla y Barcelona, y formarse en ilustración. Desde joven se sintió atraída por el textil: se hacía sus propias mochilas y complementos. Más adelante profundizó en diseño de estampado, una disciplina técnica que le permite volcar su creatividad sobre telas. Su interés por el hacer manual se extiende también a la encuadernación, que hoy enseña en talleres. Aunque muchas veces ha tenido que compaginar estos trabajos con otros oficios, su vocación está clara.

Un punto de encuentro para creadoras

La Coleccionista es, para las tres, un salto necesario. “Yo no tenía punto de venta en Sevilla”, reconoce Esperanza: “Vender en una tienda que además es mía, donde yo coloco mis productos como quiero, con unas comisiones más justas: eso lo cambia todo”.

La tienda permitirá, también, producir piezas conjuntas, mezclar disciplinas y ofrecer recompensas colaborativas dentro de su campaña de crowdfunding en Goteo, con la que esperan financiar la adecuación del local. “Nos entendemos bien trabajando juntas”, explica Rocío, recordando que “ya habíamos hecho colaboraciones, sabíamos que funcionaba y que había confianza”.

Micromecenazgo con alma

La campaña de micromecenazgo, que está activa en Goteo, buscaba reunir 6.400 euros en una primera ronda para habilitar el local, adquirir mobiliario, reformar parte del espacio y poner en marcha un calendario de talleres abiertos al público. En una segunda fase, si se superaba ese umbral, se fijaron alcanzar los 9.200 euros para poder cubrir gastos de comunicación, transporte, materiales y honorarios dignos para las propias artesanas. Ahora, ya han conseguido más de 9.500 euros, pero todavía resta para llegar a la cifra óptima.

Las recompensas para los donantes van desde productos artesanales exclusivos hasta experiencias participativas, como talleres de cerámica, estampación o encuadernación. “No es solo una donación, queremos que quien colabore sienta que también forma parte del proyecto”, afirman.

El valor de lo hecho a mano

El resurgir de la artesanía no es casual. En un mundo saturado por la producción en masa, muchas personas vuelven la vista hacia lo hecho a mano como una forma de recuperar el vínculo con los objetos, con los materiales, con el tiempo que tarda en hacerse algo bien. La Coleccionista se sitúa dentro de este movimiento más amplio, que conecta con valores como el consumo responsable, la economía circular y el slow made: frente a la inmediatez de lo industrial, la paciencia del oficio.

Este nuevo auge artesanal no es solo una moda estética, sino una reacción ética y política ante un sistema de producción global que genera residuos, desigualdad y desconexión. En ese contexto, espacios como La Coleccionista se convierten en pequeños refugios de sentido: lugares donde cada cuenco, cada libreta, cada tela estampada no es un producto, sino el resultado de una historia, una técnica, una mirada. “Quien entra aquí no compra solo un objeto, sino una manera de entender el mundo”, resumen sus impulsoras.

El nombre, La Coleccionista, refleja también una filosofía: poner atención en los objetos, dotarlos de valor, permitir que cuenten algo. “Queremos que quien entre aquí sienta que está rodeado de piezas únicas, que invitan a ser coleccionadas no por lujo, sino por significado”, afirman. Cada una de ellas reconoce ser coleccionista de los objetos que crea la otra. “Nosotras mismas somos nuestro público objetivo”, dicen entre risas.

Una mirada puesta en el futuro

Más allá de abrir una tienda, las tres fundadoras tienen una visión clara de futuro: convertir La Coleccionista en un espacio vivo y transformador. Planean programar talleres abiertos, acoger exposiciones pequeñas, establecer colaboraciones con otras creadoras del barrio y, a medio plazo, tejer una red de tiendas o espacios afines donde la artesanía se sitúe en el centro. “Queremos que esto no sea solo nuestro, sino de muchas otras”, explican, “un lugar que pueda inspirar, sostener y multiplicarse”.

La apertura definitiva está prevista para septiembre, tras un verano dedicado a habilitar el espacio. Aunque Sevilla en agosto no sea la ciudad más amable, ellas no tienen prisa. La belleza, como la artesanía, también necesita su tiempo.

Rosa Elena Mazapanta (45), conocida por todo el mundo como Rosita, se dirige a la asamblea organizada en una pequeña aldea de Palo Quemado (Cotopaxi, Ecuador) para explicar la situación y los avances del proyecto de Minera La Plata SA junto a sus plantaciones de caña de azúcar y que podría enterrar 27 nacimientos de agua en selva subtropical. Como todo lo que se decide en esta comunidad, la asamblea participa, opina y vota y ha tomado buena nota de la situación. Se preparan para seguir un largo proceso judicial, donde esperan tumbar el proyecto.

Rosita, presidenta de la cooperativa Flor de Caña, es una de las lideresas sociales de la zona y, además, una de las cabezas visibles que todavía no ha tenido problemas legales con el Gobierno de Ecuador, que tras una manifestación contra la consulta informativa al proyecto de la mina ha procesado a una decena de personas, según la empresa canadiense, 74 según la resistencia antiminera —unidos en la Alianza Nacional Antiminera y con el apoyo del Movimiento Indígen—.

Entre las causas abiertas en los juzgados provinciales contra agricultores y activistas se encuentran terrorismo, delincuencia organizada, asociación ilícita, secuestro o coacciones. Delitos habituales y extremadamente exagerados cuando se presiona a la resistencia civil, ya que en las dos manifestaciones en 2019 y 2024 solo hubo heridos por parte de la comunidad resistente. Ecuador mandó 800 soldados a sofocar una protesta en un municipio de poco más de 4.000 habitantes. Usó gases lacrimógenos y realizó disparos a los manifestantes, hiriendo a una treintena y dejando en coma por una bala a uno de los asistentes, Mesías Roballo, a quien le quedarán secuelas para toda la vida.

El señor Julio (71) trabaja en su pequeña finca de alrededor de tres hectáreas que llama La Niña Bonita, nombre con el que bautizó a una culebra que vivía allí antes de que empezaran a cultivar caña y que luego le ha dado entidad a la pequeña plantación. Don Julio es el socio productor y junto a su esposa Rebequita, sus hijas y yernos, trabajan en todo el proceso de elaboración de la panela agroecológica que acaba en los supermercados europeos. Desde el cultivo, pasando por el “trapiche”, la cocción y la solidificación en finos granos de deliciosa panela.

Este agricultor fue miembro de la primera junta parroquial de Palo Quemado y antes servía en el mercado local, donde el precio que recibían de las multinacionales e intermediarios no les daba para mantener a la familia. “Nacimos de la mano de la Fundación Maquita, que también nos ayudaron en los cambios tecnológicos, los hornos y las certificaciones, que nos permiten adaptar nuestro producto a las exigencias del mercado europeo agroecológico”. Y es que esa venta al exigente mercado de la UE les permite vender su quintal de panela de 45 dólares, mientras que en el mercado local para exportación el precio ronda los 25 dólares. El europeo es un mercado difícil, pero buen pagador.

La cooperativa Flor de Caña mantiene producción todo el año, el conocido como “entresaque”, para que los ingresos sean recurrentes. Es decir, ir sembrando por partes para poder recoger los frutos de manera constante y así mantener una renta mensual para las familias. Esta práctica de comercio justo, a la que ha ayudado también la ONG española Ecosol en diferentes proyectos como la compra de hornos, permite a estas pequeñas unidades de producción familiar ingresar cerca de 6.000 dólares al mes.

De ahí vive toda la familia y gracias a los excedentes, pueden comprar ganado vacuno para leche y carne, cerdos (chanchos) o cultivar huertos propios. También maquinaria para ir haciendo el proceso más efectivo. Para hacerse una idea del cambio que ha conseguido la comunidad gracias a la Fundación Maquita en colaboración con la ONG Ecosol, el salario mínimo en Ecuador, el que se suele pagar en el campo, es de 416 dólares al mes.

La Fundación Maquita da todo tipo de asistencia técnica a la cooperativa y acompaña en la profesionalización de todo el proceso. Entre los distintos asistentes a las familias campesinas, Maquita pone a su disposición al ingeniero agrónomo Fredy Pita, quien trabaja a pie de campo con los cooperativistas para que hagan la producción más eficiente y para que se ajusten a los requisitos agroecológicos. Fredy siempre está dándole vueltas a la cabeza sobre cómo mejorar la producción. “Tenemos que empezar a plantar las matas más juntas, yo creo que podemos duplicar la producción con el mismo método”, explica satisfecho. Semanas antes de la visita, Pita estuvo en Colombia copiando algunos procesos de producción para obtener mejores rendimientos sin perder la esencia agroecológica.

Lisbet, también trabajadora de Maquita, ayuda en la estrategia comercial. Es clave para la colocación del producto que se hace en Palo Quemado y la que aplica la estrategia de ampliación internacional de las ventas. Acude a ferias internacionales y explica satisfecha que recientemente ha abierto mercado en Finlandia. “El producto que les hacemos elaborar tiene tres certificados que les permiten estar en los supermercados orgánicos europeos y canadienses. Con respecto al mercado, la panela tiene un gran potencial de crecimiento. Debemos seguir trabajando la calidad para conseguir ingresos estables para las familias campesinas”, defiende.

Maquita ha permitido a la cooperativa Flor de Caña poder saltarse todos los intermediarios. Del campo a la mesa. Solo los gastos por el aporte logístico y tecnológico. Gracias a ello, las rentas de estas familias se han podido incrementar. El reto ahora es consolidarlas en el tiempo y que caminen solos. Una tierra que mantiene dignamente a cientos de familias que ven crecer sus plantaciones y diversificando su gama de productos para vender, así como para autoconsumo.

Y ahí es donde la construcción de la mina La Plata puede darles un golpe durísimo si ocupa las mejores tierras, genera suciedad y contaminación o acaba con los manantiales de agua, que aunque abundantes, ninguno sobra a estas alturas de calentamiento global provocado por el cambio climático antropogénico. Y es que, con las excavaciones mineras para extraer cobre y sus derivados junto a sus tierras, Flor de Caña podría perder los certificados más exigentes para entrar al mercado europeo o tener que hacer pruebas más a menudo para garantizar la limpieza de su panela, con el correspondiente incremento de los costes en abono de auditorías. En muchos casos inasumibles.

La carrera mundial por la obtención de minerales críticos y tierras raras está empezando a distorsionar muchos países y sus comunidades locales. Porque, pese a que desde la mina defienden que su instalación producirá beneficios para la zona, la realidad es que también puede dar al traste con un modelo de negocio como es el comercio justo de panela agroecológica que se está consolidando y reparte mejor la riqueza que la minería extractivista. Y ya llevan años chocando y no parece que la situación vaya a mejorar según la mina va obteniendo permisos del Gobierno y de la justicia.

“La empresa llegó a la comunidad y empezó a destruir tejido social. Contrataba de manera discrecional a miembros de familias antimineras para dividirlos”, denuncia Rosita, que recuerda que antes que la mina estaban los ciudadanos de Palo Quemado. “Somos herederos de una historia de más de cien años de cultivo de caña. Nos están criminalizando para ganar territorio. Luchamos por defender el agua y la tierra, la tierra de la que vivimos”, añade esta lideresa social, que se ha ganado la confianza de la comunidad a base de trabajo y lucha.

Como en todo el mundo, en el trasfondo de la polémica está el uso del agua. El Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador autoriza a los municipios 2,1 metros cúbicos de agua por segundo, mientras que la mina ha pedido 40 metros por segundo. En caso de que arrancaran las excavaciones, la lucha por el agua en la zona puede complicar la convivencia. De momento, la comunidad local ha emprendido tres procesos contra la apertura de la mina. Uno, contra la declaración de impacto ambiental solicitada por la empresa al Gobierno; otra sobre el permiso de la mina para el acceso al agua y una “acción de protección” por a vulneración de derechos humanos con el inicio de la actividad extractiva.

En el caso de la acción de protección, la empresa canadiense ha ganado en primera instancia. Pero Flor de Caña y todos los colectivos que la apoyan, han recurrido la sentencia. De momento, la batalla judicial sigue en marcha. La comunidad también se enfrenta a los procesos judiciales abiertos por el Estado contra los campesinos y activistas. En una zona donde la caña y los recursos naturales son abundantes, no lo es el dinero para pagar abogados. Y eso el Estado y la minería lo saben. “Abren y cierran, empiezan y paralizan los procesos cuando quieren para tener a la población atemorizada y que no se revuelva”, explica Tito Madrid, del Movimiento Indígena.

“Solo en la provincia de Cotopaxi hay 140.000 hectáreas concesionadas por el Gobierno para abrir minas. Están vendiendo el país y sus recursos a empresas transnacionales y a compañías vinculadas a la familia del presidente Javier Novoa”, denuncia Madrid, que ayuda en la organización jurídica de la resistencia.

Mientras la lucha sigue entre el Estado, la empresa minera y las comunidades campesinas, Maquita sigue de cerca el proceso y apoya en la resistencia de la mejor manera que se puede hacer. Ofreciendo una alternativa. La fundación ha conseguido que pequeñas plantaciones de apenas tres hectáreas alcancen el mercado alemán -allí van el 80% de las exportaciones de Flor de Caña-, pero también en España a través de la Red de Comercio Justo. El valor de las exportaciones de panela alcanzó en 2024 los 1,9 millones.

El acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea les permite exportar con aranceles cero. A cambio, se exigen cumplir unos capítulos laborales, medioambientales y de derechos humanos. ¿Se están cumpliendo en estos momentos por el Gobierno de Javier Novoa a tenor de las historias que cuentan Rosita, Don Julio, Mesías Roballo o Fredy, los verdaderos usuarios de esta tierra tan fértil? No. La Unión Europea deberá tomar cartas en el asunto.

Este reportaje fue seleccionado por el programa CONTRAST de la Coordinadora Valenciana de ONGD y que ha sido financiado por la Generalitat Valenciana, la Diputación de València y Caixa Popular.

Economía circular, comercio justo, voluntariado, memoria biocultural y kilómetro cero. Son los ingredientes que no aparecen en la etiqueta de la primera mermelada con certificado de ecológico de La Rioja, la que elabora El Colletero, pero que se pueden saborear y, sobre todo, apreciar cuando conoces el proyecto.

Esta iniciativa nace en la base de El Colletero, sus huertas en el Valle del Iregua. La fruta que no pueden vender en el mercado, en las cestas de sus socios, porque tiene algún defecto la aprovechan para mermelada. “Hacemos economía circular, le damos un primer aprovechamiento, conseguimos otro producto y todos los residuos del proceso vuelve a nuestras huertas como compost”, explica Raquel Ramírez, una de las miembros de El Colletero. “Hacemos el ciclo completo de un producto, la fruta en este caso”.

Son productores de agricultura ecológica y llevaban un tiempo elaborando sus mermeladas con etiqueta convencional. Ahora han dado un paso adelante y han realizado todas las auditorías para que el producto sea reconocido como ecológico, las primeras mermeladas con el sello de ecológicas de La Rioja.

La fruta que utilizan en las de sus propias huertas. Hay mermelada de cereza, ciruela y melocotón y han incorporado de manzana, de pera, de manzana y pera y de higos. Además de las frutas con nombre y calidad consolidadas, como la ciruela de Nalda o las peras de Rincón, en El Colletero están recuperando variedades antiguas y autóctonas a través de estas mermeladas, como es el caso de la manzana camuesa o la manzana de hielo, que prácticamente han desaparecido. “La gente mayor cuando la prueban identifican rápidamente el sabor de una fruta que hacía mucho que no comían”, explica Ramírez.

Y es que la memoria biocultural está presente en este producto desde el modo de elaboración. Se hacen al baño maría según el método tradicional, con el objetivo de “buscar lo que hacían los mayores para hacer productos que hagan de puente entre el pasado y el futuro”, explican en El Colletero. También se embota y se hace el vacío deforma tradicional. A veces las realizan con niños o en colegios para que, además de conocer estos métodos tradicionales, entiendan con un ejemplo claro y concreto cómo funciona la economía circular.

Se trata de una iniciativa ecosocial que se realiza con voluntariado, y supone un complemento para financiar todos los proyectos de la asociación. “La aspiración es siempre ofrecer puestos de trabajo”, apunta Raquel Ramírez y, aunque cree que podría conseguirse si se alcanzan unas ventas determinadas, puntualiza: “somos una asociación y no podemos competir con las empresas”. A través del voluntariado, en El Colletero también dan becas: “tenemos que aumentar las rentas”, consideran. Y añade Ramírez: “Las asociaciones y más con este enfoque ecosocial siempre va a buscar las necesidades que hay en el entorno y las necesidades son ilimitadas”.

Los objetivos que se cumplen con esta mermelada son numerosos. Otro es el comercio justo. Las mermeladas cuentan con un 80% de fruta y el resto es azúcar que, además de ecológica, procede de comercio justo. Además, las mermeladas se venden a un precio de 5 euros y en cercanía, en mercados de la zona y su tienda de comercio justo de Logroño. “Nuestro interés no es ir lejos, queremos trabajar en el kilómetro cero”, defienden en El Colletero.

Con el certificado de ecológico, las ventas de mermelada han crecido, “aunque sigue siendo muy discreta”, según aseguran sus promotoras. Sin embargo, una pequeña producción ya está cumpliendo en el kilómetro cero multitud de objetivos con un pequeño bote de mermelada ecológica.

Contenido patrocinado por el Gobierno de La Rioja

“Queremos mantener las prendas en circulación el mayor tiempo posible”. El grupo sueco Hennes & Mauritz (H&M) define así el propósito de su negocio Sellpy, una plataforma de venta online de ropa de segunda mano. Desembarcó en ella en 2015 y, desde entonces, ha ido elevando su presencia en el accionariado y el número de mercados en los que opera. La firma escandinava ya no vende ropa usada solo a través de esta app, también bajo su marca más conocida a través del concepto Re:wear.

La multinacional escandinava no es la única que va en esta dirección. La pasada semana, Inditex hizo un movimiento similar con el lanzamiento de Zara Pre-Owned, que de momento solo funcionará en el Reino Unido y que permitirá revender ropa de la marca gallega entre particulares. Y otros gigantes de la distribución online, como Zalando, también tienen un hueco para vender prendas y artículos que ya han sido utilizados. Sin olvidar las plataformas digitales, como Vinted o Wallapop, que están enfocadas directamente en este tipo de transacciones.

Detrás de este creciente interés por el negocio de revender ropa está el momento dual que vive el sector textil. Por un lado, tiene que buscar nuevos nichos de negocio ante una actividad marcada en los últimos meses por la inflación y los problemas en la cadena de suministro y donde ya no se crean tantas marcas nuevas como hace unos años. Por otro, sobre todo, la creciente presión social para que las compañías textiles sean sostenibles y den una vuelta de tuerca a los planteamientos de negocio.

Un relato de compromiso con la sociedad

Las empresas visten sus acciones para hacerse un hueco en la ropa de segunda mano por el compromiso con las sociedades donde operan o la responsabilidad social corporativa. Por ejemplo, H&M asegura que “cada prenda de segunda mano que se compra ahorra recursos a nuestro planeta”. “Si un cliente ya no necesita las prendas, puede darles una nueva vida”, justifican. Sin embargo, en el informe anual de resultados, el grupo escandinavo no aporta datos sobre cuáles son sus ingresos, qué le supone esta actividad o su desarrollo en este segmento de negocio. Sí apunta que tiene el control accionarial de Sellpy desde 2019 y que esta plataforma funciona actualmente en 24 mercados, España incluida.

También, que para asumir la creciente demanda de prendas de segunda mano por parte de los consumidores europeos, H&M ha puesto en marcha una unidad logística en Poznan (Polonia), que forma parte de la cadena de suministro global de la multinacional. 

En el caso de Inditex, el grupo gallego acaba de anunciar su salto a la actividad de ropa de segunda mano. De momento, se trata de un primer paso que estará activo en Reino Unido a partir del próximo 3 de noviembre. “Esta nueva plataforma es una acción más que se enmarca en el enfoque de sostenibilidad de Inditex y su apuesta por avanzar hacia un modelo de economía circular, que abarca todas las fases de su actividad, desde el diseño del producto hasta la gestión de las tiendas, así como fabricación, logística y oficinas de la empresa”, enumera la compañía a través de un comunicado, en un posicionamiento similar al de su competidor.

En este caso, Zara Pre-Owned, según desglosa Inditex, permitirá tres acciones: contratar la reparación de prendas de la marca, solicitar la recogida de prendas para su donación (en Reino Unido, a Cruz Roja); y la citada plataforma online para que usuarios, entre ellos, vendan o compren prendas ya usadas, que tienen que ser de Zara. El vendedor tendrá que incluir imágenes de las prendas y la empresa incluirá información sobre los artículos. De momento, esta aplicación de reventa no tiene fecha de lanzamiento en España y no desglosa costes o precios. 

Zalando, la multinacional de la ropa online, tampoco da cifras de cuánto le supone el negocio de la venta de ropa y artículos usados. De nuevo, viste esta actividad como la opción de ser una plataforma para que los usuarios puedan tomar decisiones más sostenibles. 

La compañía alemana señala en su informe anual que, según un análisis encargado por la propia empresa, la mitad de los clientes no saben en qué consiste la sostenibilidad dentro de la industria de la moda. También que un 60% de los encuestados aseguraban que es “importante” poder reparar las prendas usadas, además de revenderlas. Sin embargo, la idea de dar más de una vida a las prendas aún no está tan extendida, según Zalando. Solo el 23% de los usuarios repara su ropa y únicamente un 25% la adquiere de segunda mano de forma regular.

Una nueva baza de negocio

A tenor de los datos de Zalando, la compraventa de ropa usada tiene potencial para hacer crecer a las empresas en un mercado donde no son habituales las adquisiciones de nuevas enseñas y el avance de ingresos se fía al crecimiento orgánico. En el caso de Inditex, la última marca que lanzó al mercado fue Uterqüe, que ya no existe. La empresa fundada por Amancio Ortega decidió eliminar la enseña hace unos meses y absorber su planteamiento de negocio a través de Massimo Dutti. H&M sí ha lanzado más marcas en los últimos años pero no operan en todos los países. Por ejemplo, no ha abierto tiendas de Arket en España.

El crecimiento no es sencillo, más en un contexto inflacionista y donde aún se perciben problemas en las cadenas de suministro, pero la sostenibilidad y la cuestiones sociales tienen especial relevancia en el sector textil. En las últimas jornadas, Zara es objeto de boicot en Palestina después de que el dueño de la franquicia en Israel, Joey Schwebel organizara un acto de apoyo al polémico político de ultraderecha Itamar Ben Gvir, según recoge el diario 'El País'.

Mientras, H&M ha estado en entredicho por su modo de etiquetar las prendas en función de su impacto medioambiental, según una investigación realizada por el medio estadounidense Quartz. La Autoridad Noruega de Consumo lanzó un aviso a la compañía sueca por cómo hace esas clasificaciones, que podrían conducir a engaño a los consumidores. 

La organización Changing Markets Foundation –creada por los activistas sociales y medioambientales Joakim Bergman y Paul Gilding– publicó en marzo de este año un informe sobre greenwashing en las marcas textiles. En él critica el uso de plásticos. “Marcas como Asos, Burberry, H&M, Inditex o Walmart son elogiadas por reducir el uso de plástico en perchas, bolsas o embalajes, al mismo tiempo que el creciente uso de plásticos en los textiles pasa por debajo del radar”, indica en el informe titulado Licence to Greenwash.

La Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, ha lanzado la campaña `Por ti, por mí, por todos, consumo responsable“, con la que busca incentivar el consumo de productos de proximidad y de comercio justo en los establecimientos locales estas Navidades. Según ha subrayado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, en estas fechas es más importante si cabe ”insistir en la necesidad de evitar compras innecesarias y el desperdicio alimentario, fomentando una conciencia social y medioambiental“.

El consejero ha añadido a este respecto que, desde el Ejecutivo autonómico “queremos sensibilizar a la ciudadanía en un consumo consciente que integre productos locales, ecológicos y de comercio justo y que opte por el comercio local, de barrio”.

El consejero ha querido recordar también que el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page ya ha legislado en este sentido, “y la propia Ley de Personas Consumidoras de Castilla-La Mancha indica la necesidad de realizar campañas de información y sensibilización que fomenten el consumo responsable dentro en los comercios de barrio”.

También por el comercio justo

La campaña 'Por ti, por mí, por todos, consumo responsable' se difundirá en los medios de comunicación a lo largo de estos próximos días coincidiendo con las fechas navideñas. Además, se suma a otra con la que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha fomentado el comercio justo en el ámbito de las personas consumidoras.

En este sentido, este pasado viernes 17 concluía la campaña 'Castilla-La Mancha por un Consumo Justo y Sostenible' con la que el Gobierno regional ha promovido diferentes acciones de comercio justo a través de las redes sociales con “una gran aceptación no sólo entre las personas consumidoras sino también entre las asociaciones que trabajan en este ámbito”, tal y como ha valorado el director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara.

“Buscábamos concienciar a la ciudadanía en la práctica de un consumo responsable y ético, siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos como consumidores a la hora de consumir lo necesario, integrar productos locales y de cercanía, y apoyar iniciativas de cooperativas provenientes de países del sur en nuestra cesta y hábitos de consumo cotidiano”, ha aseverado.

Al hilo de esta afirmación del director general, el consejero ha señalado que seguirán impulsando acciones en materia de consumo responsable y comercio justo, poniendo como ejemplo el censo que están realizando en la actualidad para identificar mediante un mapeo las redes existentes en la región en este ámbito al objeto de darlas a conocer y que se puedan replicar en más municipios.

Con espíritu didáctico y crítico, la profesora de Economía Mundial en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona Gemma Cairó i Céspedes ha coordinado el libro 'Deconstruyendo el capitalismo global' (Edicions de la Universitat de Barcelona) junto a un grupo de investigadores donde hacen un pormenorizado análisis de un sistema económico donde el neoliberalismo “muestra claros signos de agotamiento”. Cairó explica que este abatimiento “del régimen de la acumulación capitalista” tiene lugar porque “no solo se superan los límites de un orden superior que es el sistema medioambiental o la naturaleza y hay una desvalorización de la fuerza de trabajo con tendencia a la precarización”, con la pandemia de la COVID “también ha quedado patente el menosprecio por una esfera básica en el desarrollo humano como es la esfera de los cuidados, el ámbito reproductivo”.

En el libro señalan que las estructuras económicas no son eternas, sino que están sometidas a procesos de cambio ¿Estamos ahora en un proceso de cambio?

Cuando hablamos de que las estructuras económicas no son eternas estamos cuestionando la supuesta inmutabilidad de las leyes económicas, que es típico del pensamiento ortodoxo neoclásico. La economía tiene unas leyes de funcionamiento que responden a la estructura capitalista. Las leyes económicas varían en función del modo de producción o el sistema en el que se está inmerso, no son ni eternas ni universales como a menudo se pretende.

Estamos en un proceso de cambio, que no empieza ahora sino con la crisis de 2008 donde se ponía en evidencia el agotamiento del capitalismo neoliberal. Ahora la pandemia del COVID refuerza esa realidad de agotamiento. Ahora bien, está por ver si vamos hacia una reconfiguración del orden neoliberal, hacia un giro socialdemócrata, con algunos parches para reconstituir el capitalismo, o nos dirigimos a una ruptura revolucionaria, que creo es la menos probable.

Con la crisis del coronavirus el diario Financial Times señaló en un editorial como una necesidad que los Gobiernos tendrán “un papel más activo en la economía” donde “los servicios públicos deben ser asumidos como inversiones, no como cargas, y buscar fórmulas para que los mercados laborales sean menos inseguros”. Lo cual no es una transformación real sino una vuelta a las fórmulas que se adoptaron tras la segunda guerra mundial del siglo pasado.

Con la pasada crisis ya se demostró que el discurso de la nueva arquitectura financiera internacional era una ilusión, una farsa. Se hicieron algunos retoques y se revisaron algunos indicadores financieros en relación a provisiones, riesgos, etc., pero no hubo realmente un cambio real de funcionamiento.

Ante la pandemia y el agotamiento del capitalismo neoliberal, hay propuestas políticas que plantean una intervención del Estado para eliminar lo que han sido las políticas neoliberales de privatización y de liberalización. Se trataría de hacer una reconsideración del papel del Estado en la que no solo se deberían adoptar políticas fiscales más expansivas gravando a grandes patrimonios sino también con la reorganización de la actividad productiva, llegando a controlar algunos sectores económicos, definiendo áreas estratégicas o con masivas inversiones públicas. Este giro, que podríamos llamar socialdemócrata, chocaría igualmente con la crisis de la acumulación capitalista. El Estado adopta un rol contracíclico en la economía pero siempre al servicio del capital.

Esto no es nuevo. Con el keynesianismo tras la Segunda Guerra Mundial ya se dio un intervencionismo estatal con políticas fiscales y monetarias muy expansivas, pero la retirada del Estado que hubo con el neoliberalismo y la contrarrevolución conservadora a partir de los años 80 y 90 respondía a las necesidades del capital, por lo que se planteó una reestructuración económica para recuperar la tasa de ganancias que había caído en los países ricos.

Al explicar la dinámica capitalista a consecuencia de las crisis expone el proceso de concentración y centralización de capital. Parecía que tras la crisis financiera de 2008 se había asumido que el 'to big to fail' era un problema pero en esta nueva crisis las concentraciones y fusiones vuelven con fuerza. ¿Por qué cree que se vuelve a esas viejas recetas?

Esta concentración en términos físicos, con empresas más grandes, o en la centralización de la toma de decisiones es un efecto de funcionamiento del capitalismo. Históricamente, en las diferentes etapas de desarrollo del capitalismo se han dado crisis que recurrentes, que son intrínsecas al sistema, que generan una destrucción de fuerzas productivas -lo que políticamente correcto se denomina una racionalización del tejido productivo- que conlleva que sólo las empresas más competitivas y más rentables superen ese tránsito avanzando hacia un escenario de mayor concentración y centralización del capital, es decir, mercados oligopólicos. Estaría dentro de la lógica del sistema la tendencia a la concentración y centralización para reconstituir la tasa de beneficios y recortar costes como una forma rápida de salir de la crisis. Más que una receta es un efecto inevitable ya que es un mecanismo propio de la lógica capitalista.

Usted explica en el libro que la Gran Recesión (de 2008) obedece al agotamiento del capitalismo neoliberal, pero seguimos padeciendo unas bases estructurales frágiles e inestables: hipertrofia del sistema financiero y un desequilibrio que ha quedado más patente aún en la crisis del coronavirus entre el Centro (con poca actividad productiva) y la Semiperiferia fordista, con peso manufacturero. ¿Por qué cree que seguimos así?

Que no haya cambiado nada no significa que el modelo no muestre síntomas de agotamiento. Hay elementos como la creciente financiarización de la economía, el desarrollo de un capitalismo muy rentista y, sobre todo, el incremento de las desigualdades dentro de los países y entre los países que marcan este agotamiento. La cuestión es que, incluso desde la ortodoxia, se ha deslegitimado el modelo neoliberal porque a diferencia del fordismo de posguerra ya no puede garantizar como antes la generación de rentas, productividad y desarrollo tecnológico que deriva en un cierto bienestar para la sociedad en su conjunto. Se ha llegado a una situación que algunos economistas keynesianos denominan estancamiento secular: una sociedad con déficits estructurales profundos, con bases financieras inestables y pauperización de las rentas, con un freno de la productividad a lo que hay que añadir un incremento de la desigualdad y con graves problemas demográficos.

Esta crisis de la COVID ha ejemplarizado aún más el agotamiento del régimen de la acumulación neoliberal porque no solo se superan los límites de un orden superior que es el sistema medioambiental o la naturaleza y hay una desvalorización de la fuerza de trabajo con tendencia a la precarización, también ha quedado patente el menosprecio por una esfera básica en el desarrollo humano como es la esfera de los cuidados, el ámbito reproductivo.

¿Cuál sería la alternativa?

Depende siempre de la correlación de fuerzas, es decir, de quién va a impulsar estos cambios. Actualmente la correlación de fuerzas está marcada por el populismo xenófobo, el nacionalismo económico y un gran mercantilismo, así que no parece que ayude a un cambio. Parece que lo más probable es que se intenten poner parches en las principales brechas que se han abierto como la desigualdad, que el Estado tenga un papel más activo y que se sienten las bases para que haya una recuperación de los salarios y un mayor gravamen sobre las rentas del capital y las fortunas para recuperar el sistema de protección social.

Otra salida más atrevida sería una ruptura con el capitalismo de manera que el excedente, el beneficio de la actividad económica se socialice. Es algo que se podría organizar en una sociedad donde los medios de producción sean de propiedad pública. Están apareciendo movimientos sociales que abren vías con fórmulas económicas organizativas basadas en la cooperación y la solidaridad entre los individuos y que están autogestionadas. Un cambio así obligaría a una redefinición de cuáles son las necesidades sociales: ¿es necesario una inversión en armamentismo?¿Cuál es la provisión deseada de cultura? ¿Tiene la educación el valor social que requiere? ¿Es necesario la inversión en la industria del automóvil o hay que invertir en desarrollo de transporte público? Y no estamos hablando de un movimiento que afecte solo a la clase trabajadora o el proletariado, es un movimiento que afecta a todas esas personas que no se les da un valor económico en términos de precio de mercado, a los que Zygmunt Bauman definió como todas esas vidas desperdiciadas. Este colectivo tiene un peso que podría inclinar la correlación de fuerzas para impulsar una forma diferente de organización económica.

Lo que pasa es que las sociedades se enfrentan a unas estructuras demasiado complejas. Estaba pensando en cómo escapar de la tesis del Minotauro Global que expuso Yanis Varoufakis (el mecanismo de reciclaje de excedente global de manera que ese superávit se reinvierte en deuda de países con alto déficit que compran productos a los países con superávit en un ciclo interminable) que nos lleva a una inestabilidad permanente.

Una característica de estas décadas que Varoufakis explica muy bien con el símil del Minotauro, de esa bestia que se va comiendo todo el dinero, todo el excedente global tragado por el sector financiero. El Minotauro ejemplifica cómo el capitalismo busca una salida cuando no puede rentabilizar el capital por la vía productiva y busca una salida rentable en plazas financieras como Wall Street, ya sea comprando bonos del Tesoro norteamericano, dando créditos hipotecarios a las familias o recomprando acciones en el mercado bursátil.

Superávits y déficits ha habido siempre. El concepto de equilibrio de la economía neoclásica es una falacia, ya que no existe dicho equilibrio: o estamos en déficit presupuestario o estamos en superávit comercial. Ahora ese desequilibrio comercial se da en una época de frenazo de la inversión y de la economía, sobre todo en EEUU y en Europa, pero con el ascenso y el crecimiento de una gran potencia como China. El déficit comercial de Estados Unidos muestra un desequilibrio macroeconómico interno, que tiene que ver con el exceso gasto, y una falta de ahorro, en este país. Hay una nueva realidad económica que conforma una nueva estructura de poder económico global y que tiene consecuencias en el comercio mundial, siendo lo que hay en el trasfondo una lucha por la hegemonía tecnológica.

La globalización capitalista ya era asimétrica, si se cumplen las propuestas de una recuperación de la industria en países como España para que tenga más peso en las Cadenas de Valor Global, ¿cuál puede ser el papel de los países en desarrollo?¿Los condenamos así a ser más pobres?

Cuando hablamos de Cadenas de Valor Global ubicamos a los países según el tipo de actividades que desarrollan en esas cadenas de aprovisionamiento global. Los países menos desarrollados están en posiciones más desfavorables y vinculados a una fábrica mundial que explota la fuerza de trabajo mediante bajos salarios, de manera que se está condenando a muchos países en desarrollo a reproducir estructuras desarticuladas y muy dependientes de los mercados exteriores. Es difícil que estos países asciendan en esa cadena porque las posiciones de partida son muy distantes y la idea de convergencia no es posible.

Ahora bien, no sé quién va a ser más pobre, si van a ser ellos o lo vamos a ser todos los trabajadores. Si la globalización ha puesto algo de manifiesto es que las fronteras en términos económicos se han desdibujado: pertenecer a un país del Norte, del centro económico, ya no implica tener un buen nivel de vida. Podemos encontrar espacios de altos salarios y muy competitivos en la semi periferia, como la industria del software en India o del smartphone en China, y zonas en España o en Francia cada vez más pauperizadas y con más dificultad para anclarse en lo que sería la lógica de la globalización. Hay una polarización productiva que no entiende de fronteras entre trabajadores cualificados en sectores muy productivos o altamente tecnológicos y una gran masa de la población empleada en el sector servicios, con una remuneración más baja. Los desposeídos, los expulsados por el capitalismo ya son globales.

Si la globalización ha puesto algo de manifiesto es que las fronteras en términos económicos se han desdibujado: pertenecer a un país del Norte, del centro económico, ya no implica tener un buen nivel de vida

Hace unos años se hablaba mucho de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, conocidos como BRICS, por su nuevo papel como jugadores de peso en la economía mundial, pero últimamente solo sabemos de ellos por conflictos geoestratégicos o problemas políticos.

Salvo China, el resto de estos países y alguno más de Latinoamérica habían entrado en el marco económico mundial muy vinculados a una globalización capitalista dirigida por las multinacionales. A partir de los años 90 se desencadenó una actividad económica en estos países que se vuelve muy competitiva pero cuando la economía mundial empieza a desvanecerse porque entramos en la crisis del 2008 y la demanda en los países ricos se desmorona estas economías tan dependientes se vienen abajo. Pueden tener sectores punteros pero luego son sociedades desarticuladas. No han resuelto el problema de desarrollo interno a pesar de entrar en la globalización.

El caso de China es diferente porque ha acompañado esta inserción en la economía mundial con medidas de articulación interna que van desde la incentivación del consumo y la menor dependencia externa a un incremento de salarios o un desarrollo importante de la formación y la tecnología. A pesar de que todavía están muy lejos de los niveles de los países occidentales, China sería el único país periférico que parece está logrando una transición, mientras que el resto de emergentes mantiene profundas vulnerabilidades en sus economías.

En el libro argumentan que tres de los cinco grandes tratados de comercio internacional han fracasado y que la Organización Mundial del Comercio (OMC) parece que se preocupa más por garantizar las inversiones de las grandes empresas, liberalizar servicios y facilitar la privatización de servicios públicos que por facilitar acuerdos comerciales justos para todas las partes. ¿Tiene sentido seguir manteniendo un macroorganismo que no funciona?

Los objetivos de la OMC en los acuerdos de Bretton Woods era expandir el comercio mundial y eso no hay duda que lo ha conseguido, pero en determinados temas como la propiedad intelectual, la liberalización de servicios o el proteccionismo agrícola no está al servicio obviamente del bienestar global.

La cuestión que tenemos encima de la mesa es que la OMC es el único organismo multilateral que tenemos para regular el comercio, pero luego hemos tenido las políticas de Donald Trump que han puesto en crisis ese multilateralismo mediante la imposición de restricciones unilaterales al libre comercio. La OMC ya no estaría reflejando la nueva estructura del poder económico, ya que junto a Estados Unidos están China o Rusia, con unos objetivos políticos estratégicos diferentes y con una realidad económica también muy distinta. Hay un desfase entre la realidad económica y las estructuras de gobernanza, entre las instancias reguladoras y un esquema más multipolar del reparto del poder económico.

Pero también está la diatriba entre poner aranceles a productos del exterior por su huella de carbono frente a los productos de proximidad, aunque a la vez puede ser una manera de castigar a productores pobres de otros países.

Los aranceles protegen a la industria nacional, que no quiere decir que protejan a los consumidores nacionales. Hay una vía que es la del comercio justo para intentar unir el acceso de los países en desarrollo a los mercados ricos con garantías de un mínimo de condiciones de sostenibilidad ambiental, de remuneración de la fuerza de trabajo y de protección social. Es cierto que Europa y Estados Unidos protegen su agricultura, aunque básicamente tiene sentido, porque la agricultura tiene muchas funciones, no es sólo la base de la del sustento y una fuente de riqueza, también reorganiza el territorio y el consumo de proximidad es necesario para rebajar la huella de carbono.

Tampoco creo que sea una forma adecuada de pensar que nosotros, los países ricos, podemos salvar a otros países si no les imponemos aranceles y les facilitamos que pueden exportar. Habría que analizar si con esta fórmula de comercio se está reproduciendo un mecanismo de dependencia y de orientación de su actividad agrícola que no responde a las necesidades alimentarias de la población ni a su soberanía alimentaria, sino a obtener divisas que no siempre llegan a la población que trabaja en esos cultivos.

Desde la crisis financiera de 2008 no hemos frenado la trampa de la liquidez que definió Keynes: los bancos centrales inyectan dinero con tipos de interés muy bajos mientras que los bancos mantienen esos fondos de manera especulativa sin invertir en economía productiva. ¿No hay otras alternativas de política monetaria?

El dilema nuevamente es si estamos ante un problema de crédito o un problema de rentabilidad. ¿No hay demanda o es que no es rentable invertir? El problema en el marco actual es que el dinero no llega con la rapidez necesaria a la economía productiva. La alternativa sería que el sector público aprovechara esta expansión monetaria para invertir productivamente en la economía. Ahora hay más propuestas que van en la dirección de potenciar los estímulos fiscales como el 'dinero helicóptero': dar transferencias directamente a las familias para gastar, como ha ocurrido en Estados Unidos con la pandemia de la COVID para reactivar la economía a través de la demanda.

¿Tiene alguna esperanza de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sirvan para algo en el ámbito de políticas de desarrollo o estamos ante una estrategia de greenwashing?

Es una declaración institucional de Naciones Unidas, ya veremos cómo se van a aplicar y hasta qué punto van a ser efectivas. Es cierto que profundiza más en asuntos como la desigualdad o temas medioambientales que los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio. Además, parece que están permeando algunas organizaciones, tanto públicas como privadas, que están incorporando las directrices en sus planes estratégicos. Lo más destacable es que se plantean los problemas de forma global, ya no son solamente de los países en desarrollo, pero insisto en que es una declaración institucional.

Hablar de Kim Ossenblock es hacerlo sobre uno de los mejores baristas el mundo: representante de España en el Mundial de Cata de Café de 2012, donde quedó en tercer puesto. También del autor de ¡Al Grano! (Oberon, 2018), un libro que condensa las enseñanzas básicas sobre el café de una manera didáctica y pedagógica. 

No en vano Ossenblock, belga afincado en España, ha basado su carrera profesional en la formación y culturización, tanto de profesionales como de aficionados al café, en un país como España, en el que, como él dice: “se consume y comercializa el café simplemente como una droga, olvidando aspectos fundamentales como el sabor, la cultura que hay detrás o la sostenibilidad del proceso, por no hablar de derechos humanos”. 

Ahora este barista y, como se define, “antiguo gurú”, quiere dar un paso más y ha decidido cambiar el sector completo mediante un movimiento que él y otras personas de su escuela de baristas han definido como “el café sensible”. 

Para ello han lanzado un proyecto que busca que de aquí a 2024 se hayan vendido un millón de sacos (60.000 toneladas) de café sensible, cuando se prevé que en 2020 la producción mundial de café será de 170 millones de sacos. Le hemos llamado para que nos dé más detalles sobre su proyecto y nos los ha contado desde Brasil, donde se encuentra visitando diversas fincas cafeteras para unirlas al movimiento. 

¿Cómo puedes explicar el concepto de café sensible?

Para explicarlo lo mejor es empezar por lo que no es café sensible y para ello nada mejor que el café comercial, masivo, que solo tienen en cuenta los márgenes de beneficio y no atiende ni a sostenibilidad, ni a derechos humanos ni reutilización de los elementos, ni a justicia con el productor en cuanto a los precios, ni por supuesto a la calidad y cuidado del sabor del producto. 

Todo esto no es el café sensible, y por definición contraria, el café sensible es uno que contempla en 360º todos los elementos arriba citados, pero además suma la importancia de culturizar e implicar tanto al productor como al consumidor, que debe aprender a ser sensible ante el café y apreciarlo no como una droga que nos despierta, sino como una cultura milenaria. 

¿No cumplen esta función las numerosas certificaciones existentes, desde fair trade a eco?

Es cierto que hay todo un mundo de certificaciones de comercio justo, ecológicas, bird friendy y otras, todas ellas con las mejores de las intenciones. El problema es que para muchos productores el costo de poder certificarse es mayor que el beneficio, por lo muchos no pueden dar este paso y se pierden un mercado muy importante. 

Por otro lado, aunque tú estés certificado en alguno de estos aspectos, no significa que cuides los otros, o bien que tu café vaya a ser tratado de una forma diferencial en el país donde se consume. Por ejemplo puedes vender un café ecológico y sostenible, pero si luego va encapsulado y con plástico por todos lados, tu certificación tiene pocos sentido. El café sensible va más allá de las certificaciones al cubrir todos los aspectos. 

De todas formas el mercado del café en España ha cambiado mucho; ¿no podemos considerar los cafés que podemos comprar en un tostadero como sensibles?

Es cierto que el consumo ha cambiado y mucho, pero sigue siendo minoritario lo que nosotros llamamos el café de especialidad, que es aquel que cuida el grano y el tostado y por tanto se bebe no como droga matinal sino como un ritual placentero. 

Se venden en el mundo entre 13 y 15 millones de sacos de café de especialidad, que no son muchos y dejan claro que se trata de un mercado exclusivo, que no llega al consumidor normal, en parte por el precio pero más seguramente por falta de cultura y porque desconoce dónde acceder a él. También este aspecto queremos que sea corregido por el café sensible. 

¿Cómo esperas conseguirlo?

Durante estos años trabajando como formador y gurú he hecho muchos contactos con diversos actores del sector, desde productores a distribuidores, envasadores, tostadores, etc. Mi intención es ponerlos a todos en contacto e implicarlos en el movimiento, porque el café sensible es un movimiento. 

De momento hemos reunido a una veintena de empresas, a lo largo de 2021 espero que lleguen a ser 50 y que además empecemos colocar café sensible en el mercado, con el objetivo de que para 2024 se hayan vendido un millón de sacos, que son unas 60.000 toneladas. 

Para ello no basta con crear un sello, hacer marketing o tener una buena cadena de distribución; hay que reorganizar el sector para igualar el poder de todas las partes eliminando intermediarios innecesarios. Tal como lo vemos, lo lógico es que tú puedas relacionarte con el productor y adquirir el producto directamente. La tecnología blockchain, que es descentralizada y no depende de cambios de moneda, lo permite. 

¿Estás hablando de poder pagar tu propia taza de café con bitcoins?

Sí pero no de una forma tan directa, sino que los consumidores sean parte activa en la financiación del productor con microinversiones que después reviertan en forma de kilos de café que te lleguen a tu casa. Y que estas inversiones las puedas hacer mediante criptomonedas y exigiendo todos los requisitos del café sensible (sostenibilidad, precio justo, derechos humanos, reutilización, etc.), sin necesidad de intermediarios ni entes certificadores. 

Claro que siempre precisarás de una plataforma de distribución, de tostado, de envasado, pero tanto tú como el productor podéis exigir los requisitos, los extremos de la cadena de producción ganan poder y reequilibran fuerzas con los intermediarios. Así se puede acabar, por ejemplo, con la especulación respecto al precio. 

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El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, a propuesta de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha aprobado destinar una subvención directa por valor de 50.000 euros para apoyar las mejores prácticas de consumo responsable y sostenible en la región. De esta forma, ha explicado el consejero José Luis Escudero, este año 2020 se aprueba por primera vez una convocatoria de subvenciones para entidades de consumo responsable y comercio justo y se ha concedido a las que disponen del ‘Distintivo a las Mejores Prácticas en Materia de Consumo’ como ayuda por la situación generada por el COVID-19“.

Así, las siete entidades que recibirán la ayuda: son ‘Romero Comercio Justo’, ‘Albacete Apadrina“, ‘El Rincón Lento’ y ‘DiDeSur (Dignidad y Desarrollo para el Sur)’, ‘Red Alimenta’, ‘Emerge Toledo’, y ‘Escuela de Hostelería y Recuperaciones El Sembrador’.

Como ha afirmado Escudero, con estas ayudas “queremos incentivar iniciativas como éstas siete, que sirvan de modelo y ejemplo para otras, por el valor social y medioambiental de las actividades que desarrollan en el marco de un consumo responsable, inclusivo, colaborativo, sostenible y solidario”.

Menos desperdicio alimentario, más compra ética

Estas entidades, como ha manifestado Escudero, cada una en sus distintos ámbitos, “contribuyen a objetivos por los que trabajamos desde el Gobierno regional, como es contribuir a reducir el desperdicio alimentario en el ámbito familiar e institucional, pero también a la compra ética; la innovación social, la lucha contra la despoblación a través de iniciativas de consumo colaborativo y fomento del emprendimiento, promoción del consumo local de productos de cercanía, agroecológicos y estacionales”.

Finalmente el consejero de Desarrollo Sostenible ha hecho referencia a la campaña ‘Castilla-La Mancha por un Consumo Justo y Sostenible’, que se va está llevando a cabo en redes sociales de la Consejería y el Gobierno regional, para por un lado “visibilizar los espacios que trabajan en nuestra región en materia de comercio justo y de consumo responsable; pero también queremos aprovechar para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía para que practique un consumo consciente, un consumo crítico, y por lo tanto responsable”, especialmente de cara a las próximas fechas navideñas.

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha inaugurado la Jornada virtual ‘Comercio Justo y Sostenibilidad: un camino en común’, organizada por la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, donde ha destacado que el objetivo de iniciativas como la de hoy es “generar espacios de reflexión e intercambio de experiencias, impulsando sinergias que favorezcan que los actores locales puedan crear redes de colaboración comprometidas con el consumo responsable y el comercio justo en distintos municipios de la región”.

En este sentido, ha subrayado el compromiso del Gobierno regional y su Consejería en el impulso que se está llevando a cabo en Castilla-La Mancha de “las buenas prácticas a favor del comercio justo y el consumo responsable”, en el ámbito educativo, social, empresarial e institucional, junto al fortalecimiento de las redes existentes.

A lo largo de la jornada virtual, también se ha dado cuenta de la elaboración de un primer diagnóstico que incluye los recursos de comercio justo existentes en la comunidad, al objeto de que ciudades y municipios de la región puedan ser incorporados al programa estatal de ‘Ciudades por el Comercio Justo’.

Campaña ‘Castilla-La Mancha por un Consumo Justo y Sostenible’

La jornada celebrada este miércoles es una de las actividades programadas dentro de la campaña de comunicación iniciada el pasado 15 de octubre ‘Castilla-La Mancha por un consumo Justo y Sostenible’, mediante la cual, como ha recordado Escudero, “el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page quiere dar a conocer el comercio justo como herramienta para el impulso de una producción y un consumo sostenible en la región”.

Esta campaña se está desarrollando con éxito a través de las redes sociales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y se difunde bajo el hashtag #CLMJustaySostenible. “Con ella, -ha afirmado Escudero-, pretendemos sensibilizar a la ciudadanía en un consumo consciente”, a través de mensajes e infografías que resaltan los principios del comercio justo y su contribución al logro de las metas de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), implicando a municipios, Administración pública, empresas, organizaciones de la sociedad civil, y centros educativos.

“En definitiva, se trata, -ha seguido el consejero-, de impulsar los buenos hábitos de las personas consumidoras, una circunstancia a la que este año hemos querido sumar el reconocimiento de los grupos y asociaciones que llevan ya trabajando mucho tiempo en estos objetivos, con los primeros distintivos a las ‘Mejores prácticas en materia de consumo’ que hemos entregado a siete entidades de la región”.

Al hilo de esta afirmación, ha recordado la importancia que tienen para mejorar nuestros hábitos de consumo habituales, actuaciones como planificar las compras, consumir lo necesario, o el integrar productos locales y ecológicos en nuestra cesta, “contribuyendo mediante el comercio justo a una producción sostenible que genera un bajo impacto ambiental en la cadena de suministro”.

El consejero de Desarrollo Sostenible ha estado acompañado durante la jornada por el director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara, que ha puesto en valor estas acciones con las que la ciudadanía puede impulsar un consumo responsable en sus municipios en fechas comerciales como el Black Friday y la Navidad, además de presentar una exposición virtual para visibilizar la contribución del comercio justo al logro de los 17 ODS.

Los consumidores españoles apuestan cada vez más por los productos de comercio justo, en el último año su volumen de ventas se ha disparado un 53% respecto a 2017 alcanzado los 77,8 millones de euros. El doble que lo registrado hace tres años. Sin embargo, España sigue estando a la cola de Europa en gasto medio por persona, con 1,67 euros. Así lo refleja el informe “El Comercio Justo en España 2018”, elaborado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

“El sector no ha parado de crecer de forma paulatina y este año ha sido el más importante respecto a los últimos años”, señala Alberto Abad, portavoz de CECJ. El fuerte crecimiento se debe a la incorporación de productos de diferentes empresas a la red de comercio justo. “Hay cada vez más actores con diferentes productos”, señala Abad, quién lamenta que en España todavía tenga poco peso en la compra habitual de los consumidores.

El sector, que opera en 137 países, ha registrado a nivel mundial una facturación de 8.400 millones de euros, con un crecimiento del 8% respecto al año anterior. Por lo tanto, el mercado español apenas representa el 1%. En cuanto al gasto anual por persona, la media europea se sitúa en 15,8 euros. Muy lejos de los 1,67 euros que gasta el consumidor español. “Esta diferencia se ha recortado en los últimos años. Hemos pasado de consumir 15 a 10 veces menos”, señala Abad.

Por tipo de productos, la alimentación sigue siendo la gran protagonista del comercio justo representando un 95% de las ventas. El alimento que más ha crecido en el último año ha sido el cacao y sus productos derivados, lo que ha situado al grupo de azúcar y dulces como el preferido por el consumidor español representando un 63,5% de la facturación. El café es el otro gran protagonista, aunque a pesar de aumentar sus ventas ha perdido peso porcentual en el sector pasando del 37% en 2017 al 25% en 2018. A estos dos alimentos, que juntos suponen el 88,5% de la ventas, se ha unido este año la venta de productos frescos (fruta) con un peso porcentual del 1,35%.

El resto de las ventas corresponden a la artesanía y textiles (3,9%) y los artículos de cosmética e higiene (1,1%). “Hay que destacar el importante crecimiento del textil, cuya factura ha superado el millón de euros”, reza el informe.

En cuanto a la distribución, los supermercados se sitúan como los principales espacios de consumo de comercio justo. En sus establecimientos se producen el 66,5% de las ventas. Algo que preocupa a Mónica Gómez, vicepresidenta de la CECJ: “si solo crecemos por ahí el movimiento se encontraría en una situación de debilidad, nos preocupa que sea así. Nosotros apostamos por las tiendas especializadas porque son las que permiten la relación directa con el consumidor y las que desarrollan iniciativas de concienciación y movilización social”.

A los supermercados le siguen el denominado sector HORECA (hostelería, catering y restauración), que registra el 19,8% de las ventas. En tercer lugar quedan los establecimientos minoristas, con un 11,8% de la facturación. Entre estos establecimientos se encuentran las 75 tiendas gestionadas por la CECJ, que generaron el 6,2% de las ventas

Movilización social, denuncia e incidencia política

Más allá de la comercialización, el comercio justo promueve la concienciación y sensiblización con la desigualdad, la pobreza y el consumo responsable. Desde la CECJ organizaron el último año más de 2.000 iniciativas concretas en las que participaron más de 180.000 personas, entre ellas 20.000 estudiantes y docentes de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

“Estamos desarrollando distintas iniciativas para exigir la aplicación de una legislación internacional que obligue a las empresas multinacionales a cumplir los Derechos Humanos y garantizar la protección del medio ambiente a lo largo de toda la cadena de fabricación, dentro y fuera de nuestras fronteras”, comenta Gómez, en relación a la campaña “Derechos para las personas. Obligaciones para las multinacionales” en la que participa la CECJ

“Lo importante es cambiar la vida de los productores”

Para la vicepresidenta de CECJ el impacto de nuestras compras también se mide en la capacidad real de transformaciones económicas y sociales. “Si importan las ventas es por cómo cambian la vida de las personas que hay detrás de los productos”, comenta. En este sentido, el informe recoge varios testimonios de productores de América Latina, el principal socio de España en el comercio justo.

“El comercio justo llega a las comunidades remotas y más pobres, donde no llega la acción política”, comenta Jaime Gómez miembro de la cooperativa de cacao Conacado de República Dominicana. “Es muy importante para nosotros porque reconoce muchos derechos que los productores, al ser pequeños, no tenían. Derechos como un trabajo digno o recibir beneficios, de los que estaban prácticamente excluidos. Para nosotros es importante la justicia que se logra a través del precio”, explica Guillermo Berru, presidente de la productora de azúcar CAES Piura (Perú).

La productora de café Ivania Rivera, vice-gerente de Aldea Global (Nicaragua) cree que el comercio justo es invertir en calidad de vida de las familias productoras, para explicarlo pone el siguiente ejemplo: “Ahora que el precio del café a nivel internacional está muy bajo, cuando un productor de comercio justo recibe un precio justo por el café, va tranquilo a su hogar, compra lo que necesita para seguir produciendo, garantiza la alimentación de su familia, la educación de sus hijos, tiene dinero para enfrentar las enfermedades y hay mayor tranquilidad en su hogar”, comenta.

Hace unos meses, estando yo comiendo mi helado favorito, me di cuenta de que tenía el sello de comercio justo. La verdad es que no lo compré por eso, pero a partir de entonces me pareció que estaba más rico. Desde entonces he buscado en más productos que compraba a diario y he tenido más sorpresas de este tipo. Esto me ha hecho pensar en las falsas creencias que hay alrededor de los productos de comercio justo.

Así que sirva esta entrada para desmontar las principales excusas o falsas asociaciones que se hacen en este sentido. 

Los productos de comercio justo son muy caros

No siempre los productos de comercio justo son más caros, aunque hay casos en los que sí. Pero debes tener en cuenta que en estos casos existe la certeza de que los productores han recibido un precio justo por su trabajo. 

Por otra parte, en el precio está incluido una prima 'Fairtrade' que irá destinada a proyectos sociales y/o medioambientales. De esta manera, cada vez que compras un producto con el sello Fairtrade estás ayudando a lograr independencia económica de los productores y al desarrollo de su comunidad. 

Solo están en supermercados especializados

En las tiendas especializadas podrás encontrar gran variedad de productos de comercio justo, pero también puedes encontrarlos en grandes superficies y supermercados que están cerca de tu casa. Si quieres saber dónde puedes seguir este enlace: https://sellocomerciojusto.org/stakeholders/puntos_de_venta.

La huella de carbono del transporte es mayor que el beneficio producido

Para desmontar este mito hay que tener en cuenta una cosa: la huella de carbono de los alimentos no solo se genera en su transporte. Se debe tener en cuenta el total del proceso, desde la producción hasta su consumo, es decir, el ciclo de vida del producto.

Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas de los lugares en los que se producen los cultivos de comercio justo suelen ser las idóneas, hace que no sea necesario utilizar tantos fertilizantes como si generasen aquí.  

Son difíciles de diferenciar

Para diferenciar un producto con materias primas procedentes de comercio justo solo tienes que fijarte en la presencia del sello 'Fairtrade'. El sello tiene el aspecto que ves en la imagen y es muy fácil de recordar.

Son de peor calidad

Todos los productos 'Fairtrade' o comercio justo deben de cumplir unos estándares fijados por la organización, los cuales son muy estrictos y no solo tienen en cuenta la calidad del producto y su comercialización, sino que deben cumplir ciertos requisitos como unas condiciones de trabajo dignas y seguras y el respeto al medio ambiente. 

Son productos 'gourmet', no asequibles para mi bolsillo

Aunque parezca incompatible con la anterior también hay gente que piensa que este tipo de productos tienen un precio elevado y calidad y son productos exclusivos, solo accesibles a gente con elevado poder adquisitivo o bien para “ocasiones especiales”. La realidad es que, si bien los productos son de elevada calidad, su precio no llega a ser restrictivo pudiéndose consumir tan frecuentemente como se desee.

Perjudican a los agricultores de mi país

Los productos producidos en comercio justo, como ya he mencionada antes suelen estar adaptados al clima de los países del sur. Su cultivo en los países desarrollados suele ser minoritario o de venta local. No llegando a ser una competencia perjudicial. 

¿Qué os ha parecido? ¿Cuáles son vuestros productos favoritos de comercio justo?

A la hora de comprar ropa, zapatos o accesorios, casi el 40% de la población española asegura tener en cuenta las repercusiones sociales y medioambientales que hay detrás de esas prendas. Sin embargo, cerca del 60% no se hace este tipo de preguntas. Es una de las conclusiones de la Encuesta europea sobre moda y consumo responsable, elaborada por Fashion Revolution y publicada este miércoles por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

El estudio revela las actitudes de la población en los cinco principales mercados europeos -Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España- hacia el impacto medioambiental o las condiciones en las que se produce la ropa que se compra. Y concluye que una gran mayoría de los encuestados, un 77%, considera que la ley debería exigir a las empresas del sector que se respeten los derechos de todos los trabajadores que intervienen en la fabricación de sus productos. En España este porcentaje supera el 80%.

¿Qué es lo que más tienen en cuenta los consumidores a la hora de decantarse por comprar o no una prenda de ropa? De acuerdo con el estudio, el 39% de las personas europeas encuestadas para el informe afirma que es importante que sea elaborada por trabajadores y trabajadoras que reciben un salario justo y digno. Esta cifra se eleva al 43% en el caso de España. 

Le sigue de cerca la protección del medio ambiente, con un 37%, o las condiciones de trabajo seguras, con un 31%. Menos relevante son otros criterios como el bienestar de los animales (30%), la producción local (10%) y el uso de materiales reciclados (6%).

Según la campaña internacional Fashion Revolution, aproximadamente 75 millones de personas trabajan en la industria textil en todo el mundo, de las cuales alrededor del 80% son mujeres. La plataforma, creada tras el desastre del edificio Rana Plaza en Bangladesh para concienciar sobre las condiciones del sector, denuncia que muchos trabajadores están sujetos a explotación, abuso verbal y físico, trabajan en condiciones precarias y con un salario muy bajo.

Más transparencia y regulación de las empresas

A pesar de que no todos se plantean que esconden las etiquetas de sus prendas de ropa, la encuesta concluye que la mayoría de los consumidores pide más transparencia a las marcas de moda. El 66% de la población entrevistada considera importante que las marcas “publiquen información detallada sobre los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas en su cadena de suministro global”. En España, esta exigencia la comparte el 74% de los encuestados. En total, 5.000 personas de entre 16 y 75 años participaron en el estudio.

Asimismo, la gran mayoría de la población encuestada, un 80%, piensa que las marcas de moda deberían hacer públicas las fábricas en las que se confeccionan sus prendas, así como los proveedores que les abastecen de materiales para fabricarlas.

Por otro lado, una amplia mayoría de los entrevistados cree que las empresas deben comprometerse para reducir el impacto de sus actividades en la desigualdad de género (77%), la degradación del medio ambiente (88%) y la pobreza (84%). En España, concretamente, tres de cada cuatro personas encuestadas considera que la industria de la moda debe “esforzarse más para mejorar la vida de las mujeres” que fabrican su ropa, zapatos y accesorios. Un 83% de las mujeres que respondieron a esta pregunta en España están de acuerdo con esta afirmación. 

Los consumidores también ponen deberes a los representantes políticos europeos. La gran parte de la población, el 68%, piensa que los Gobiernos tienen que involucrarse en garantizar que la ropa, los zapatos y los accesorios se producen de forma sostenible. La mayoría piensa que se debería regular para proteger los derechos de los trabajadores y el medio ambiente, así como para que las marcas sean más transparentes en cuanto a sus prácticas comerciales y su impacto en todo el mundo.

Así, el 82% de los entrevistados en España piensa que se debería “obligar por ley” a las marcas textiles a respetar los derechos humanos de todas las personas que intervienen en la elaboración de sus artículos. En esta exigencia coincide la mayoría de los consumidores de los cinco países, el 77%.

El 72% está de acuerdo con que la normativa debería exigir que las marcas de ropa “declaren si están pagando un salario justo y digno” a los trabajadores de su cadena de producción. Este porcentaje se eleva a un 76% en España. Además, el 75% y el 81% de los consumidores europeos y españoles, respectivamente, concluyen que “la ley debería exigir a las marcas de ropa que adopten medidas para proteger el medio ambiente en cada una de las etapas de fabricación de sus productos”.

Con esta exigencia, los autores de la encuesta se refieren a un cuerpo legislativo de ámbito internacional que se pudiera aplicar a toda la cadena de fabricación y suministro de las empresas multinacionales, según precisan desde la coordinadora. En este sentido, la plataforma española menciona la puesta en marcha de un tratado vinculante en materia de derechos humanos para regular las actividades de las compañías transnacionales y que estas puedan ser juzgadas por vulneración de derechos humanos.

En 2017, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pedía adoptar una legislación común que obligase a las empresas del sector textil a controlar el respeto de los derechos humanos a lo largo de toda su cadena de producción. Un año después, la Comisión Europea continuaba apoyando las medidas voluntarias, no vinculantes.

Azúcar ecológica de caña procedente de Cuba, envasada artesanalmente, y con distribución a través de pequeños comercios o vía online. Es el nuevo proyecto de la ONG SODePAZ en Castilla-La Mancha, coordinada por Braulio Freire, cuyos objetivos se centran en trabajar a favor del comercio justo, el consumo responsable y la soberanía alimentaria.

SODePAZ acaba de abrir una envasadora de productos ecológicos en Olías del Rey (Toledo) cuyo producto ‘estrella’ es el azúcar. “Es una envasadora pequeña y artesana” con capacidad, de momento, para unos 1.000 kilos a la semana, explica Rocío Baquero, miembro de la ONG.

Adquieren el producto a través de un intermediario que compra el producto en un ‘Ingenio Azucarero’: una de las antiguas fábricas que formaba parte de la principal actividad en Cuba durante siglos: tanto el cultivo como la producción de caña de azúcar. “Importamos ese azúcar, que tiene una calidad excelente, en sacos de 25 kilos y en la envasadora lo distribuimos en envases de medio y de un kilo”.

Es un proyecto que sus impulsores califican de “sostenible” en todos los sentidos. Se trata de una actividad productiva ligada a una organización que propugna el trabajo digno, “que la gente cobre lo justo y adecuado, no solo por justicia social sino por lógica”. Por otro lado, se ayuda a la comercialización justa. De hecho, explica, “la envasadora también se ofrece sus servicios fuera de la propia organización a otra gente que quiera envasar a precio razonable y con certificación”.

Envasan otros productos bajo pedido y buscan establecimientos de venta

El azúcar procedente de Cuba ya se vende en la sede de SODePAZ en Madrid (calle La Palma, 69) y a través de la tienda online en la web de la ONG. También se distribuye a través de la cooperativa Espanica. “Muchos de los clientes nos compran al por mayor y son obradores. Es un azúcar magnífico para hacer, por ejemplo, helados porque proporciona un producto muy cremoso. Su calidad no la tiene el azúcar industrial”.

Además, envasan también otros productos “bajo pedido” como las legumbres o los pistachos y pueden hacer lo mismo con grano, harinas, galletas o bizcochos, entre otras cosas. “Es artesano y manual y no dependemos de ninguna infraestructura industrial, así que nos adaptamos al producto”.

Buscan clientes que quieran envasar en Toledo o en otras provincias de la región y se disponen a preparar una oferta con cestas navideñas muy especiales. “Cuando hablamos de comercio justo no nos referimos solo al café o el azúcar…También tiene que ver con el comercio de cercanía, el kilómetro cero o los circuitos cortos de comercialización porque ¿cuánto queda de ecológico en un producto para el que se han gastado millones de litros de carburante en su transporte? Por eso hablamos también del concepto soberanía alimentaria”.

También, dice Rocío Baquero, “estamos hablando con establecimientos que quieran tener el producto entre su oferta: herbolarios, tiendas de productos ecológicos, obradores…No se podrá encontrar en medianas o grandes superficies porque, más que adherirse a la filosofía, solo buscan un reclamo comercial”.

El azúcar, de las plantaciones esclavistas al comercio justo

La caña de azúcar llegó desde Asia al Mediterráneo gracias a los árabes y terminó convirtiéndose en la principal actividad de Cuba, cuya explotación se beneficiaban las oligarquías locales y los mercaderes europeos practicando la esclavitud.

Siglos después, en 1998, el ingenio Carlos Baliño ya con una función bien distinta a la de la época colonial, agrupó a varias cooperativas con el asesoramiento de la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC) y se puso en marcha el primer centro de producción cooperativa de azúcar orgánica con sede en la provincia cubana de Villa Clara.

Se inició una reconversión productiva integral que incluyó la preparación del suelo para la producción ecológica. En 2001 lograron una primera cosecha de 4.000 toneladas. Hoy producen unas 10.000 al año y cuentan con 5.000 hectáreas de caña de azúcar ecológica.

Obtienen un azúcar cristalizado no refinado de color blanco grisáceo que es muy distinta a la mayoría del azúcar que se consume en Europa y que procede de la remolacha. El proyecto cuenta además con un añadido: “El residuo de la caña de azúcar se utiliza como biocombustible” y son capaces de autoabastecerse de energía para funcionar.

La compra de los productos de estas cooperativas, señala SODePAZ “permite romper el bloqueo de EEUU” y, además, dotar de sostenibilidad al trabajo cooperativista y garantizar la soberanía alimentaria en la zona. Actualmente, el ingenio Carlos Baliño trabaja de forma experimental con productos ecológicos de diversificación como las frutas deshidratadas.

El comercio justo no ha parado de crecer en España, incluso en épocas de vacas flacas. Y ese crecimiento se debe básicamente al café y al azúcar y sus derivados, que se llevan el 80% de las ventas. 

Así se explica en el último informe que aparece cada año y que acaba de publicar la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. La investigación responde a una encuesta aplicada a las siete importadoras tradicionales de comercio justo y los datos de ventas aportados por Fairtrade Ibérica, principal sello del sector.

En 2017, según este estudio, las ventas superaron los 43 millones de euros en el conjunto de España. Es un crecimiento del 8,3%, lo que implica tres millones más que en 2016 (Ver gráfico 2).

El 94% de las ventas se las lleva el sector de la alimentación. La artesanía, que no hizo más que bajar durante la crisis, se mantiene en el 4,8% respecto al total.

Casi el 80% son café y azúcar, aunque en términos relativos el café cae del 43% al 37%, en favor del azúcar y sus derivados, con un 41% de las ventas (el doble que en 2010). También van en aumento, dentro de su poco porcentaje de ventas, el té, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, los frutos secos, snacks y cereales y otros. El producto que cuenta con una procedencia más amplia es el café. Se puede encontrar en España café de comercio justo cultivado en 18 países.

En España se pueden encontrar productos de más de 200 organizaciones de comercio justo provenientes de 39 países de América Latina, África y Asia (el 40% cooperativas, asociaciones o empresas de América Latina, el 28% de Asia y el 18% de África).

Estas ventas son la mejor cooperación. Crean un impacto económico directo. Latinoamérica recibe el 62% de las ganancias, Asia el 21% y África el 17%. 

“Como ya explicamos en informes anteriores, esta progresión de las ventas se debe a la venta de productos con el sello Fairtrade por parte de empresas convencionales (sobre todo grandes supermercados y cadenas de restauración)”, explican en el informe. Esto “provocó un fuerte impulso de las ventas a través de estos canales, mientras que las pequeñas tiendas especializadas han ido experimentando una importante disminución de las ventas, en paralelo a lo que ocurría en general con el pequeño comercio”. De hecho, entre 2008 y 2014 las importadoras españolas tradicionales de comercio justo redujeron sus ventas un 26%, aunque luego fueron aumentando nuevamente. 

“Aunque la evolución puede interpretarse como una salida del ciclo de crisis, casi diez años después todavía no ha alcanzado los niveles de venta de 2008”, agregan. En cambio, la venta de productos con el sello Fairtrade por parte de empresas convencionales no ha hecho más que crecer, representando las ventas en la actualidad 6 veces más que en 2008. Para entender las cifras, es importante recordar que fue justo al iniciarse la crisis en 2008 cuando se puso en marcha la venta de productos con el sello Fairtrade por parte de empresas convencionales, por lo que se entiende que en las primeras etapas el crecimiento iba a ser necesariamente significativo respecto al ejercicio anterior“.

Muy atrás

En la coordinadora hacen el ejercicio de repartir los 43,4 millones de euros consumidos en comercio justo entre los 46,6 millones habitantes, y esto les da una media de consumo por persona de 93 céntimos de euro, una cantidad insignificante comparada con el gasto por persona de otros países europeos. Como puede verse en el primer gráfico, un consumidor medio en Europa gasta al año 14,15 euros en comercio justo, 15 veces más que en España (en 2015 era 17 veces menor).

El consumo de comercio justo en España no está extendido. Unas pocas personas consumen casi todo lo vendido. La coordinadora revela la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, en la que se explica que apenas un 20% lo había consumido en el último año. 

En Europa el conjunto de ventas sigue creciendo, y ha pasado de 12,41 euros de gasto medio por habitante en 2015 a 15,26 euros en 2016. 

A nivel mundial, España tiene también poco peso. Sólo representa el 0,54% de las ventas globales. “Esta brecha con relación a otros países desarrollados se debe a varios factores”, explican desde la coordinadora. “En primer lugar, el comercio justo llegó a España en la segunda mitad de la década de 1980, con casi 30 años de retraso con respecto a otros países europeos. Otro factor fundamental es el apoyo relativamente menor que los diferentes actores privados y públicos han dado al Comercio Justo en España, a diferencia de lo ocurrido en otros países de nuestro entorno”. 

Con la presentación de las cifras anuales del comercio justo, se difundió también la Nueva Carta Internacional de Comercio Justo. Se trata de un documento base, refrendado por más de 300 organizaciones de todo el mundo, que sirve como base política, y defiende la importancia del sector frente a la degradación del medio ambiente y el aumento de la desigualdad.

“Efectivamente se da una utilidad política en el sentido de crítica del comercio convencional, que no funciona en términos de desarrollo sostenible”, explica Juanjo Martínez, presidente de la sección europea de la Organización Mundial del Comercio Justo y miembro de Oxfam Intermón. “Al mismo tiempo se renuevan unos principios comunes a un movimiento de alcance mundial que prácticamente ha cuadriplicado en 10 años el volumen de ventas. Nos parecía importante remarcar qué era comercio justo. Hay gente que habla de comercio con justicia, pero no se orientan de forma clara. Pueden ser iniciativas responsables, pero no llegan a cumplir con nuestros estándares, en cosas como por ejemplo el precio justo. Nuestros estándares son más exigentes. Están orientados al desarrollo de las personas y la sostenibilidad. Y son también una razón de ser”.

[Este artículo ha sido publicado en el número 63 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El centro cultural Doctor Madrazo de Santander acoge este martes, 23 de octubre, a partir de las 19.00 horas, una charla a cargo de Rosa Olivia Úbeda, caficultora nicaragüense de comercio justo.

La visita de Rosa Olivia a Cantabria se enmarca dentro de las actividades de sensibilización del proyecto 'Comercio Justo y justicia fiscal para combatir la desigualdad'.

Rosa Olivia Úbeda Rizo es una joven caficultora que forma parte de la cooperativa de Aldea Global en la que Oxfam Intermon compra el café 'Tierra Madre Mujer'. 

Este café tiene la peculiaridad de estar producido por mujeres y además estas son las propietarias de la tierra en la que lo cultivan. Esto es posible gracias a la prima de género que obtienen al participar en este proyecto. La prima obtenida se reinvierte en un fondo común de la cooperativa para ayudar a las mujeres a titular la tierra en la que trabajan que, en muchas ocasiones, ya era de sus padres o de sus maridos, pero que, desde un punto de vista legal, no podían reclamar como suya.

En definitiva, el proyecto 'Tierra Madre Mujer' tiene como objetivo principal “fomentar el empoderamiento de las mujeres en el medio rural en términos de control sobre sus medios de vida”.

En la charla coloquio, que será gratuita, Rosa Olivia acercará al público asistente su testimonio en primera persona, explicando el impacto que este proyecto ha supuesto para las mujeres que participan en él y su entorno.

La empresa Tigernut Traders, denunciada por explotación de plantadores de chufa en África en el documental 'Tigernut (la patria de las mujeres íntegras)' ha perdido el certificado de comercio justo 'Fair for Life'. Así aparece en la página oficial de la certificadora que muestra el estado de “cancelada” desde el pasado 19 de junio, con lo que esta certificación no le habría durado ni dos meses, mientras mantiene el litigio con los impulsores del documental.

De este modo el certificaco 'Fair for Life-Social & Fair Trade Certification' que mostraban en sus campañas así como en su página web ha desaparecido. Con la pérdida de este certificado también ha dejado de estar operativa la plataforma web www.tigernutsforlife.com con la que divulgaban su trabajo, quedando en estos momentos en un interfaz inmóbil que no ofrece contenidos.

Desde la empresa aseguran que no se trata de una cancelación -como aparece en la web- sino una “suspensión temporal”. Afirman que tras el revuelo creado por el documental “nos han requerido información adicional” porque “las agencias de certificación se curan en salud”. Del mismo modo confían en recuperar dicho sello de calidad si no cambian sus criterios. Además destacan que la empresa sí puede usar dicho sello en las importaciones de su socio en Niger Ets Elhadji Soumaila Hatimou, que tiene este certificado de comercio justo de 'Fair for Life' desde el 17 de noviembre de 2017.

El productor del documental que denuncia la explotación, Antxon Monforte, ha declarado que “personalmente, no me da ninguna alegría porque lo que los Carrión deberían de hacer es empezar a tratar con dignidad y respeto a esas mujeres, y espero sinceramente que tras el juicio, no les quede más remedio”.

Gloria Sagñay se levanta cada día varias horas antes de que salga el sol. A las cinco de la mañana ya está en su plantación, situada a 2.500 metros de altura. De fondo, el volcán Chimborazo, la montaña más alta de Ecuador. Quedan pocos meses para la cosecha y Sagñay, de 29 años, se afana en que las matas de quinoa crezcan rectas para que el grano sea de calidad. Carga sacos de abono, remueve la tierra con la azada, riega. Después ordeña a las vacas y llega a tiempo a su casa para preparar el café antes de regresar de nuevo al campo. Al día siguiente, vuelta a empezar.

“Nos levantamos las primeras y nos dormimos las últimas. Dedicamos muchísimo tiempo, amamos nuestro producto. Es nuestro cultivo, nuestro trabajo”, sostiene Sagñay en una entrevista con eldiario.es.

Así se refiere constantemente esta campesina indígena a su cultivo: “Nuestro trabajo”. Lo hace como una lección aprendida, como si de una reivindicación se tratara contra quienes quisieron aprovecharse, años atrás, de sus largas jornadas laborales como productora de quinoa. Este pseudocereal milenario para las comunidades andinas se ha convertido en los últimos años en una de las comidas saludables de moda en EEUU y los países europeos, entre ellos España.

“Nos robaban, no nos valoraban”

“Procesábamos manualmente la quinoa, a veces nos sangraban las manos, era muy duro, un sacrificio enorme. Tardábamos una semana para 100 libras (unos 45 kilogramos). Cuando llegábamos al mercado, después de haber pesado los sacos en casa, nos decían que solo eran 80 libras (36 kilos) o que no estaba buena. Nos estafaban y nos robaban”, asegura. “Muchas familias se desanimaron a trabajar en el campo y por necesidad salieron a diferentes ciudades, migraron. Quedamos pocas”.

Pero las mujeres de su pequeña comunidad, Cumandá el Molino, dieron un golpe encima de la mesa hace diez años. “Nuestras familias viven de esto y dependíamos del mercado, pero no valoraban nuestro trabajo y no teníamos suficientes ingresos”, recuerda. “Los necesitábamos para que nuestros hijos pudieran estudiar y trabajar en otra cosa. Nuestros padres no nos pudieron mandar a la universidad y nosotras no queríamos que nuestros hijos tuvieran el mismo problema, así que buscamos nuevos mercados”, recalca.

Entonces decidieron participar en Maquita Cushunchic, una organización ecuatoriana que exporta productos de comercio justo y agrupa a 250.000 familias. “Nos ha devuelto la oportunidad de soñar. Pagan el precio de nuestros productos, tenemos nuestros ingresos y es un mercado seguro. También llega a otros países como España”, defiende la productora, que ha visitado Madrid esta semana. Como ella, más de dos millones de personas trabajan dentro de la red internacional de Comercio Justo, con organizaciones repartidas en África, Asia y América Latina.

La quinoa es un cultivo en expansión en el mundo y toda una tendencia en los países occidentales por sus propiedades nutritivas. Algunas voces apuntan que, detrás de este boom, se esconde un aumento de los precios que ha atraído a grandes empresas y ha provocado que parte de la población local en países productores como Bolivia no se pueda permitir consumirla.

Frente a ellas están los pequeños agricultores como Sagñay, que no solo cultiva para vender, sino para alimentar a su familia. “Nuestras condiciones no son las mismas que quienes producen para grandes empresas. Meten químicos, así que sacan mucha más producción, el doble que nosotros, por eso hay gente que no se suma a nosotras”, comenta. Para crecer, la quinoa necesita unas condiciones muy específicas. En sus plantaciones, insiste Sagñay, apuestan por el cuidado del medio ambiente a través de la producción orgánica.

“Nosotras tenemos compromiso de cuidar nuestra madre tierra, no contaminamos. Cuidamos de nuestra salud y de la de los consumidores. Es un producto misk'i mikhuy [suculento]”.

En los últimos años han podido mecanizar parte de su trabajo y ganar tiempo para otras actividades, pero también utilizan técnicas que ya usaban sus abuelos. “Ponemos agua hirviendo con unas plantas. Las tapamos con plástico para que se pudra y con eso fumigamos para controlar las plagas”, explica la agricultora.

Poder conservar la cultura y las tradiciones de sus antepasados es, a juicio de Sagñay, una de las mayores ventajas de participar en la red de comercio justo. Entre ellas está el rito sagrado para celebrar la cosecha, que comenzará en julio y durará hasta septiembre. Durante estos días beben chicha de quinoa [bebida típica de la zona] y entonan con fuerza sus cantos tradicionales: “Jahuay, jahuay, jahuay”. “Nuestros abuelitos la cantaban y nosotros también lo hacemos. Nuestra cosecha es una fiesta para nosotros, esperamos más de siete meses para tener nuestro producto. Y cantamos: 'Todos con las manos arriba, sigamos cortando con ánimo”.

Lucha contra el machismo

La labor de Sagñay va más allá del campo. Es líder de su comunidad y presidenta de una organización formada por 32 mujeres que, con el apoyo de Maquita, luchan por acabar con el machismo que las rodea. “Hemos cambiado muchísimo. Antes, nuestros propios padres nos discriminaban. Decían que solo servíamos para cuidar casas, no nos mandaban a estudiar. Solo nuestros hermanos podían participar en reuniones, solo se tenía en cuenta su opinión. Teníamos miedo a los esposos”, critica.

En todo este tiempo, han observado algunos cambios. “Las mujeres eran tímidas, tenían miedo de hablar con otras personas. Ahora preparamos a nuestras hijas para que no pasen por la misma situación, para que sepan que sí puede, que sí podemos. Ya no decimos que los hombres no tienen que cocinar porque es cosa de mujeres. Ahora tienen que hacerlo por igual. Algunos maridos comenzaron a apoyarnos con ideas. No tenemos tantas dificultades como antes. Y yo ya no tengo miedo”, sentencia.

Fairtrade es la primera y principal certificación voluntaria para productos del mundo, que además tiene sus orígenes en el europeo de Movimiento de Comercio Justo que comienza a mediados de los sesenta y se consolida como tal en los años ochenta. En 1997, numerosas organizaciones europeas dedicadas a fomentar y garantizar el comercio justo, deciden unirse en Holanda bajo una sola cúpula llamada Fairtrade International.

En la actualidad Fairtrade International tiene su sede en Bonn y es una asociación de 24 organizaciones nacionales, que trabajan para asegurar mejores condiciones a los productores del sur mediante la auditoría y certificación de sus productos para conceder el sello Fairtrade. Una de ellas es Fairtrade Ibérica, que dirige el economista madrileño Álvaro Goicoechea. Con motivo de la celebración este sábado del Día Mundial del Comercio Justo, ConsumoClaro le ha entrevistado para explicar el estado actual de este movimiento.

¿Cómo ve e movimiento actualmente en España?

Lo veo con bastante retraso respecto a Europa, tanto por la actitud de las empresas en la adopción de prácticas de comercio justo como en la del consumidor, que es el que al final quien con su demanda tira del carro. Pero poniendo el asunto en perspectiva y por la experiencia de que todo acaba llegando, creo que el futuo es alagüeño, porque en otros países del norte y centro de Europa, el comercio justo ya es una de las normas, junto a los productos bío, en su cesta de la compra.

Dentro de 20 años, igual que demandamos cada vez más ecológico, de proximidad, integral, libre de ciertos aditivos, etc., demandaremos el sello del comercio justo. No necesariamente Fairtrade, ya que hay otros, pero sí uno que nos garantice que tras ese producto ha habido unas condiciones determinadas.

Hablando de los sellos, ¿no está perdiendo el comercio justo la batalla con lo bio, lo gluten free y otros?biogluten free

Un poco sí, pero es que realmente hay una invasión de sellos en muchos productos, unos justificados y otros que tienen más de marketing. Da la sensación que cualquier producto cuantos más sellos tenga mejor, y el 99% de los consumidores no saben que hay detrás de un sello o se confunden. Le hemos otorgado al cliente la obligación de saber qué hay detrás de un sello, pero no lo sabe.

En una tienda puede preguntar, pero en la gran distribución se pierde y al final el efecto del sello termina por pasar desapercibido. Hemos llegado a un punto en el que es complicado entender un sello al comprar un café, cuando no sucede lo mismo cuando vas a comprar una lavadora y con cuatro signos de etiquetado te explican si ahorra, si lava en seco, etc.

Yo creo que debemos luchar para explicarnos mejor, sobre todo en España, donde la gente sigue creyendo que los sellos de comercio justo somos ONG en el sentido clásico -que al final lo somos- y que lo que hacemos es recolectar limosnas y ayudar a comer a gente de sitios lejanos. No ven que detrás nuestro hay un complejo sistema de certificación que da unas garantías.

¿Qué garantiza un sello de comercio justo?

Básicamente ofrece garantías en tres vertientes: la económica, la social y la medioambiental. En la económica garantiza que le producto tienen el precio mínimo comprable, es decir el que cubre los gastos de producción y que además permite que haya un porcentaje del mismo que se reinvierta en la comunidad y la cooperativa, ya sea en desarrollo social, de salud o de mejores herramientas, etc. Es la cooperativa la que decide.

En la vertiente social, aseguramos que no hay mano de obra infantil explotada, que las mujeres que trabajan tienen un sueldo igualitario y tampoco son explotadas, que en la economía del producto intervienen tanto cooperativas como sindicatos y otros agentes sociales. En cuanto a la vertiente medioambiental, se intenta en medida de posible que los productores pasen la mayor parte de su producción a ecológica.

¿No es totalmente ecológica?

Estamos en ello, pero hay que ser realistas. Poco más del 50% de los productos que se venden están en la clasificación ecológica, si bien van creciendo a base de concienciación y educación. Hay que pensar que muchas veces lo que se exige es una actualización de las prácticas a las circunstancias ecológicas actuales.

Por ejemplo, que optimicen el uso del agua o que reciclen los residuos; esto exige inversión y modernización, no se hace de un día para el otro, porque a muchos productores hasta hace bien poco las multinacionales les pedían unos requisitos de producción salvajes que solo se podían conseguir con prácticas muy intensivas y poco ecológicas. Al final se trata de que progresivamente vayan pasando el grueso de su producción a nuestros requisitos, pero con libertad para vender a otros actores.

¿Cómo vive el comercio justo codo a codo con los monstruos del capitalismo?

Pues ganando parcelas en la distribución. En España de momento no lo verás, pero ya hemos comentado que en Escandinavia, Reino Unido, Países Bajos, Austria o Alemania el comercio justo es la norma en muchas cestas de la compra, y esto supone una gran presión sobre los conglomerados de la distribución.

Son ellos mismos los que nos vienen a pedir la certificación para sus fábricas y sus productos, porque la demanda en supermercados de comercio justo no para de crecer. Y no solo en los canales comerciales, también se reclama el compromiso de las instituciones, como sucede en Dinamarca, donde la ropa de muchos funcionarios como barrenderos, jardineros, policías, bomberos, etc., salvo en casos de tejidos especiales, se hace con tejidos de comercio justo.

A tenor de esto se me ocurre preguntar si podríamos en un futuro solucionar el tema de la ropa low cost mediante el comercio justo.low cost

Sería muy bueno, pero no será fácil. Por lo pronto hemos creado los Foros de la Moda Sostenible donde luchamos porque asistan los grandes, que quieren evolucionar pero no pueden hacerlo de un día para el otro. Pero tampoco debemos ser hipócritas: si una tienda que todos conocemos vende camisetas de marca a dos euros en la Gran Vía de Madrid, las colas que se forman son de cientos de metros. Debemos concienciarnos y saber que eso casa muy difícilmente con sostenibilidad y comercio justo.

Pero es que la gente tiene cada vez menor poder adquisitivo. ¿No será el precariado un enemigo del comercio justo?

No lo creo, porque en países donde los productos de comercio justo son más caros que aquí y donde también hay una precariedad creciente, el sello para mucha gente es una prerrogativa en su elección; lo buscan en el producto. Es un tema de concienciación y de valores, no de bolsillo, ya que realmente el comercio justo, más que una certificación, es una filosofía sobre la que asentar una sociedad de consumo en el futuro.

Para terminar: ¿dónde va el dinero que Fairtrade cobra para permitir que se use su sello?

Todo el mundo paga por el sello en función de sus ventas, no hay cuotas fijas. De lo recaudado hay un 25% que reinvertimos en la cooperativa de productores; un 50% destinado a cubrir gastos de estructura, entre los cuales los sueldos del personal de Fairtrade, así como a acciones de promoción; finalmente, un 25% va a parar a los cuarteles generales, para soportar toda la estructura. Ya ves que no tenemos afán de lucro, sino de de sostenibilidad.

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