Vodafone España ha completado la adquisición de Finetwork, el hasta ahora quinto operador del mercado español de telecomunicaciones, tras recibir todas las autorizaciones legales necesarias. La compañía ha comprado el 99,4% del capital social de Finetwork mediante un canje de deuda por participaciones, sumando una ampliación de capital de 10 millones de euros destinada a reforzar la liquidez y la estabilidad financiera del operador durante su integración en Vodafone.

“Finetwork, que ya presta sus servicios utilizando la red de Vodafone, continuará operando con total normalidad, mientras se desarrolla un plan de integración progresiva centrado en la eficiencia operativa, el crecimiento en clientes, la mejora de procesos y la optimización tecnológica”, ha expresado Vodafone en un comunicado.

Finetwork, fundada en 2015 y que contaba con algo más de un millón de clientes, llegaba a esta operación en una situación financiera delicada. La compañía había aprobado un plan de reestructuración judicial para hacer frente a sus deudas. La transición se realizará con el actual equipo de gestión de Finetwork, bajo la coordinación de Luis Jiménez Polo, director de Negocio Mayorista de Vodafone España, mientras que José Miguel García, CEO de Vodafone España, ha sido nombrado administrador único de la operadora.

“La incorporación de Finetwork refuerza nuestra escala y amplía nuestra presencia en segmentos clave del mercado”, ha señalado García, que subraya la apuesta por un crecimiento sostenible basado en eficiencia, innovación y creación de valor a largo plazo.

Vodafone España, que fue adquirida y reestructurada por el fondo británico Zegona en 2023, pretende que la operación suponga un paso “un paso estratégico en el plan de crecimiento rentable y transformación operativa de la compañía”. Vodafone es actualmente el tercer operador del país por detrás de MasOrange y Telefónica.

Tras horas de incertidumbre, llamadas imposibles y mensajes que llegaban o se quedaban en el limbo de forma aparentemente aleatoria, las compañías de telecomunicaciones están consiguiendo recuperar el servicio para sus usuarios. Las principales telecos han restablecido ya la conectividad para más del 90% de sus clientes.

Tras activar su comité de crisis y su plan de contingencia, Telefónica había recuperado a las 10.30 de este martes más del 90% del servicio, tanto fijo como móvil, “manteniendo en todo momento los servicios identificados como esenciales y racionalizando el uso de los recursos”.

A las 10 de la mañana, MasOrange informaba a través de su cuenta de X de que habría recuperado la conectividad en todas las provincias. “Actualmente, más del 90% de los servicios fijos y móviles ya están funcionando con normalidad y seguimos trabajando para recuperar el 100%”, indicaban. Ese 10% de clientes que continúan sin conexión se ubica en diferentes áreas geográficas, sin que haya zonas concretas en las que no se ha recuperado el servicio.

A las 7 de la mañana de este martes, Vodafone había conseguido activar el 82% de sus torres de telecomunicaciones, con la que, según fuentes de la operadora, se ha logrado reestablecer el tráfico móvil de más del 95% de los usuarios. Pasadas las 11 de la mañana, la compañía ya informaba de que se había recuperado el 99,5% del servicio y de que volvía a prestar el servicio “con normalidad”.

Ya en la noche del lunes, desde Vodafone España señalaban que todos los centros de control de la Red y los sistemas estaban operativos y “con autonomía suficiente hasta la recuperación del servicio eléctrico”, con especial atención a las infraestructuras críticas.

Desde Digi informaban a las 10 de esta mañana que el 94% de su servicio de fibra se encuentra restablecido, así como más del 90% del servicio móvil. A esa misma hora, Pepephone y Yoigo indicaban, también a través de sus cuentas de X, que “todas las provincias españolas disponen de conectividad, con más de un 90% del servicio de fibra y móvil restablecido”.

Nuevo revés para las entidades de cobro de derechos de autor. Un juzgado mercantil de Madrid ha fallado a favor de Vodafone contra la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y la sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), ordenando la devolución de 906.150 euros. Estos fueron cobrados indebidamente entre 2015 y 2020 por los derechos de autor de canciones que se incluyen en series y películas, que la operadora había abonado por su servicio de televisión de pago.

La sentencia, a la que ha tenido acceso CincoDías y han confirmado a elDiario.es fuentes de Vodafone, se basa en un precedente del Tribunal de Justicia de la UE (2020) que estableció que los artistas no tienen derecho a cobrar por todas las canciones sincronizadas en obras audiovisuales, ya que un fonograma pierde su condición al formar parte de películas, series o anuncios. Sin embargo, sí procede el cobro cuando la música suena en programas o entrevistas.

Esa jurisprudencia de 2020 fue después ratificada por el Tribunal Supremo en 2021 en un litigio entre AGEDI y AIE contra Atresmedia. Las entidades de gestión reclamaban más de 17 millones de euros al grupo de cadenas de televisión y radio por la difusión de fonogramas en series y películas, pero la sentencia desestimó los argumentos de AGEDI y AIE.

En su caso, Vodafone demostró mediante un informe independiente que solo el 49% de su oferta comercial contenía obras audiovisuales, frente al 100% que reclamaban las entidades. Por contra, la sentencia también establece que la operadora deberá pagar las cantidades adeudadas desde 2020 según este nuevo baremo.

Esta demanda pionera podría desencadenar reclamaciones similares por parte de otras operadoras como Movistar+ y MasOrange, así como plataformas de streaming como Netflix, Max, Disney+ y Prime Video, que pagan importantes sumas por estos derechos debido a su volumen de ingresos y producción audiovisual.

Masorange y Vodafone han anunciado la firma de una carta de intenciones “confidencial” y “no vinculante” con los principales términos de un acuerdo de uso compartido de redes en España, lo cual se prevé que se concretará en la creación de una sociedad de red de fibra y para la cual buscan un tercer inversor, según han informado las dos telecos en un comunicado conjunto.

En caso de concretarse, la nueva sociedad de red compartida dará cobertura a aproximadamente 11,5 millones de instalaciones en el país y proporcionará acceso a servicios de fibra óptica a Masorange y Vodafone España en esta huella.

“La nueva sociedad beneficiará a los clientes de Masorange y Vodafone España, así como al mercado español en general al garantizar el acceso a la red de fibra óptica más avanzada, ofreciendo la mejor calidad y permitiendo la rápida adopción de nuevas tecnologías, al tiempo que estimularía la inversión y la innovación”, han destacado ambas telecos.

El 50% de la filial estará en manos de Masorange, mientras que el otro 50% se lo repartirá Vodafone junto al fondo inversor que buscan las telecos, sobre el que no se han ofrecido más detalles.

El anuncio ha coincidido con el primer balance de resultados de Masorange, correspondiente al primer semestre, en la que la nueva teleco resultante de la fusión de Orange y MásMóvil ha facturado 3.609 millones de euros. Esto supone un incremento del 0,11% en comparación con los 3.605 millones de euros que facturaron las dos empresas por separado en los primeros seis meses de 2023.

Primeros resultados de la fusión de Orange y MásMóvil

Masorange comenzó a operar a finales del pasado marzo. La nueva operadora facturó 2.887 millones de euros por servicios minoristas, lo que representa un incremento interanual del 1,1%, al tiempo que ha destacado que sus ingresos en general se han “visto afectados por la regulación de las tarifas de terminación de llamadas de móvil”.

De este modo, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado de Masorange fue de 1.307 millones de euros, es decir, un 6,69% más que los 1.225 millones de euros que entre enero y junio del curso anterior En tanto, el Ebitda reportado fue de 1.244 millones de euros, un 3,15% más en comparación con los 1.206 millones de euros del mismo periodo de 2023.

La generación de caja operativa de Masorange creció en la primera mitad del año hasta los 811 millones de euros, un 20% más, mientras que el flujo de caja libre se situó en 173 millones de euros. “La compañía mantiene un buen ritmo de crecimiento comercial y un sólido desempeño financiero, a pesar de las difíciles condiciones del mercado”, ha destacado Masorange.

Asimismo, ha resaltado que en el segundo trimestre del año se han conseguido las primeras sinergias derivadas de la fusión, sobre todo en eficiencia de las redes y en el acceso a fibra, lo cual ya ha supuesto unos ahorros de unos 50 millones de euros.

“Estamos muy satisfechos del desempeño alcanzado durante el primer semestre del año de la nueva Masorange, en el que crecemos en los principales parámetros financieros. Además, mantenemos un buen ritmo de captación comercial gracias a seguir liderando la satisfacción de los clientes en España”, ha destacado el consejero delegado de Masorange, Meinrad Spenger.

Clientes y 5G

En el primer semestre del año la teleco sumó 341.000 clientes entre fibra óptica (136.000) y postpago móvil (205.000), por lo que al cierre de junio contaba con 33,1 millones de líneas totales. De ellas, 25,8 millones son de móvil (en torno a 21,4 millones pertenecen al segmento de postpago y 4,4 millones a prepago) y alrededor de 7,3 millones son de banda ancha fija, de las cuales, cerca de 7 millones son de fibra óptica.

“Masorange mantiene el foco en la generación de valor y ha aumentado el ARPU (precio medio que pagan los usuarios) de sus clientes convergentes hasta los 52,1 euros, un 0,8% más que hace un año”, ha añadido la empresa.

Por otro lado, Masorange ha resaltado que continuará con la extensión de su red 5G en 2024 con el objetivo de dar cobertura al 100% de los municipios españoles de más de 10.000 habitantes. “Según los planes de la compañía, su red 5G llegará a casi 3.700 municipios a finales de este año (casi 1.000 más que en la actualidad). (...) En la actualidad, Masorange cubre más del 85% de la población española con su red 5G”, ha destacado.

El expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 898 trabajadores de Vodafone España se cerrará con 667 salidas voluntarias (119 de ellas, prejubilaciones) y 231 forzosas, según ha transmitido a los sindicatos el fondo británico Zegona, que controla la teleco desde el 1 de junio. Por tanto, solo el 26% de los afectados por el ERE terminarán siendo despidos forzosos.

En cuanto a las unidades de negocio afectadas, 287 salidas se producirán en Tecnología y Operaciones (sobre un total de 1.295 personas en el departamento), 173 en Desarrollo y Fidelización de Empresas (sobre 887 efectivos en el área), 133 del área de Consumer Business (sobre 678 trabajadores) y 54 en finanzas (que cuenta con 241 empleados). Asimismo, del área de Asuntos Legales saldrán nueve personas (sobre un total de 63), cinco corresponden al departamento de Recursos Humanos (sobre 53), cuatro al negocio Mayorista (sobre 27) y dos de Corporativo (sobre 15).

La nueva dirección de Vodafone España se reservó la posibilidad de vetar determinadas salidas. “El posible veto se cerrará el 24 de julio. El 25 de julio se cerrarán las salidas forzosas, que serán un mínimo de 231 personas. El 29 de julio se harán las comunicaciones de las salidas”, han destacado fuentes sindicales.

Condiciones del ERE

La compañía y la representación de los trabajadores (UGT, CCOO y STC) finalizaron la semana pasada las negociaciones del ERE, que contempla una indemnización de entre 45 y 33 días de salario por año trabajado con un límite de 24 mensualidades para el personal afectado. Esto supone equiparar la oferta de indemnización a la de un despido improcedente, frente a la primera propuesta trasladada por la compañía, que se situaba en torno a los mínimos legales establecidos con 24 días de salario por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades.

En la última reunión de la mesa de negociación del despido colectivo también se incluyó una prima de 3.500 euros para los trabajadores afectados que tuviesen un salario inferior a 40.000 euros anuales entre la parte fija y variable. Este bono no contabiliza para el límite de 24 mensualidades establecido en la indemnización.

La oferta final también establece un sistema de prejubilaciones para aquellas personas nacidas en 1967 con 10 años de antigüedad, “una salida que Zegona nunca deseó como consecuencia de su alto coste diferido”, valoró UGT en un comunicado. “Las prejubilaciones se elevan hasta unas rentas iguales al 80% del salario regulador neto y afectarán a un colectivo mayor que en anteriores ERE. El salario regulador se calcula con el 100% del salario fijo bruto más el 50% del salario variable”, añadió el sindicato.

Sobre ello, se descontará el pago del convenio especial de la Seguridad Social y las rentas hasta los 63 años para personas de 57 y 58 años, hasta los 64 años para personas de 59 y 60 años y hasta los 65 años para 61 años y mayores.

La última propuesta también contempla un incremento del 1% de la renta y de un 2% para el convenio especial de la Seguridad Social (un 3,2% para quien haya estado tres meses en bases máximas). A ello se suma una protección frente al despido a las personas mayores de 55 años y que Zegona se ha comprometido a no efectuar ningún otro despido colectivo hasta el 31 de diciembre de 2025.

Otros aspectos recogidos en la propuesta definitiva es la no afectación del ERE a los dos miembros de una pareja (matrimonio o pareja de hecho comunicada a la empresa); a personas con una discapacidad reconocida de un 65% o más o con familiares a cargo con una discapacidad reconocida de un 65% o más. Tampoco a mujeres embarazadas que lo hubiesen comunicado a la empresa antes del pasado 13 de mayo, a personas con permiso por maternidad o paternidad y lactancia generados antes de esa fecha o a víctimas de violencia de género antes del ERE, entre otros aspectos.

Otros elementos que figuran en la propuesta final es un plan de recolocación con una duración de nueve meses y un seguro de salud de tres meses desde la salida de la plantilla afectada por el despido colectivo.

Quinto ERE en Vodafone desde 2013

Este nuevo ERE en Vodafone es el quinto que afecta a la compañía en España desde 2013, unos despidos colectivos que, sin tener en cuenta el proceso actual, han supuesto la salida de la empresa de alrededor de 3.200 empleados.

En concreto, en 2013 la empresa ejecutó un ERE que afectó a 620 trabajadores, mientras que en 2015 hubo otro que supuso el despido de 1.059 personas. A ese le siguió otro en 2019 en el que salieron 1.102 empleados, mientras que en 2021 la plantilla se redujo en 442 efectivos.

La plantilla de Vodafone ha dado su visto bueno a la última oferta presentada por la empresa en la negociación del ERE, que finalmente afectará a 898 personas. La cifra es un 25% inferior a la que propuso inicialmente el fondo británico Zegona, que cerró en junio la compra de la operadora por 5.000 millones de euros y aspiraba a despedir al 36% de la plantilla (1.198 empleados). La votación se ha cerrado con 1.821 votos a favor y 468 votos en contra.

Pese a que las condiciones están lejos de las que aspiraban a conseguir los sindicatos, los trabajadores han aceptado el ultimátum lanzado por la nueva dirección de la teleco, que amenazó con retirar la propuesta y volver a “las condiciones mínimas que marca la ley” si esta no se ratificaba antes de mañana, fecha límite para concluir la negociación.

Los sindicatos de Vodafone intentaban lograr unas retribuciones similares a las logradas en el ERE que la empresa cerró en 2021. Entonces indemnizó a los trabajadores con 50 días por año trabajado hasta un máximo de 33 mensualidades. La oferta final se la teleco se ha quedado en 33 días por año y un máximo de 24 salarios. El mínimo que marca la ley y al que amenazaba con retirarse con 20 días por año y 12 mensualidades.

El acuerdo incluye un plan de prejubilaciones para mayores de 57 años con una antigüedad de al menos 10 años en la empresa, así como una prima lineal de 3.500 euros para los trabajadores con un salario inferior a 40.000 euros anuales.

El ajuste deja el equipo en mínimos, con unos 2.350 trabajadores, cuando hace tres años se acercaba a las 5.000. El plan de Zegona se complementa con una rebaja de tarifas anunciada este lunes con nuevas opciones de bajo coste. También va en línea con la primera media comercial tomada por el fondo, que consistió en hacer permanentes todos los descuentos de promociones temporales de los que estuvieran disfrutando sus clientes.

La estrategia busca frenar la huida de líneas hacia la competencia y reducir los costes laborales al máximo. Zegona asegura que Vodafone ha sufrido un “fuerte deterioro financiero y comercial” en España. “La compañía ha disminuido sus ingresos totales en un 8% y ha perdido aproximadamente 400.000 clientes de contrato en los dos últimos años”, alegó tras proponer el ERE.

El fondo británico Zegona ha lanzado un ultimátum a los sindicatos de Vodafone en la recta final de la negociación de su ERE, que debe cerrarse este miércoles 17 de julio como muy tarde. La nueva dirección de la teleco ha propuesto rebajar un 25% los afectados por el despido colectivo (de 1.198 personas a 898) y les ofrece una indemnización de 33 días por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades.

Según han explicado fuentes de UGT, que cuenta con el 48% de representación entre los empleados de la teleco, “la empresa ha dejado claro que la no aceptación de la oferta implica la ejecución del ERE en las condiciones mínimas que marca la ley para estos procesos de despidos colectivos”. Es decir, 20 días trabajados con un máximo de 12 mensualidades.

La propuesta está lejos de las posiciones que manejaban los sindicatos. Estos han exigido durante la negociación cifras similares a las del último ERE de la operadora, firmado en 2021 y que afectó a 442 empleados. Entonces Vodafone indemnizó con 50 días por año trabajado y un máximo de 33 mensualidades. “De ahí no vamos a bajar”, avisaban fuentes del sindicato independiente STC (el Sindicato de Trabajadores de la Comunicación, que cuenta con un 30% de representación) a elDiario.es antes de la última reunión, celebrada esta tarde.

La pasada semana la representación de los trabajadores consideró “totalmente insuficiente” una oferta del fondo que contemplaba 938 despidos con indemnizaciones de 30 días por año trabajado. En cambio, fuentes de UGT han considerado que la presente oferta supone “doblegar la racanería de Zegona”. Desde STC y de CCOO (17% de representatividad) aún no han dado una valoración sobre esta última oferta. Los tres sindicatos la votarán en asamblea y luego la consultarán con la plantilla.

“La plantilla de Vodafone España, con su seguimiento en las movilizaciones y su permanente apoyo durante este doloroso proceso, ha conseguido doblegar en gran parte la racanería de Zegona, que presentó uno de los despidos colectivos más indignos que se recuerdan en nuestro sector”, expresan desde UGT.

Los repetidos EREs en Vodafone España son precisamente una de las principales quejas de los trabajadores. La operadora cuenta en este momento con 3.700 empleados tras cuatro despidos colectivos en la última década. Los sindicatos afirman que los sucesivos EREs han puesto a la plantilla al límite y que Vodafone ya es la teleco española que más ingresos tiene por cada empleado.

La compañía ha evitado hacer comentarios por “respeto al proceso de negociación”.

Prejubilaciones y prima a los salarios más bajos

La última oferta de Zegona, que cerró la adquisición de Vodafone en mayo por 5.000 millones de euros tras recibir el visto bueno del Gobierno, Bruselas y la CNMC, incluye también una prima de 3.500 euros para la plantilla afectada con un salario inferior a 40.000 euros anuales. Este bonus no influirá en el tope de mensualidades. En 2021 la empresa concedió una bonificación similar cifrada en 6.000 euros para los salarios brutos iguales o inferiores a 30.000 euros anuales.

Según ha comunicado UGT, la empresa también ha aceptado establecer un plan de prejubilaciones a los nacidos antes de 1967 (57 años) y al menos 10 años de antigüedad. “Se trata de una salida que Zegona nunca deseó como consecuencia de su alto coste diferido”, afirma el sindicato.

Cisma entre los sindicatos

Los últimos días de la negociación se han sucedido en medio de un cisma entre sindicatos a cuenta de las manifestaciones frente a los ministerios de Transformación Digital y de Trabajo y de las reuniones con sus responsables. El sindicato STC ha denunciado que se le ha excluido de los encuentros.

La reunión con el ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, se dio el pasado martes. Fue convocada por el propio Escrivá tras las protestas de los sindicatos de Vodafone frente a la sede del Ministerio ese mismo día. Sin embargo, solo fueron invitados los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, se ha quejado STC.

Álvarez y Sordo habían criticado duramente el papel del Ministerio en la negociación de la venta de Vodafone España a Zegona durante la manifestación, censurando que el Gobierno permitiera que “las empresas de telefonía se usen para dar un pelotazo tras otro”. En la reunión, Escrivá se comprometió a revisar el expediente “si las condiciones del expediente tienen que ver con las condiciones que han acordado con el Ministerio” durante la compra por parte de Zegona, según expresó Pepe Álvarez.

Sin embargo, esas condiciones apenas tocaban el empleo. Para completar el proceso, el Gobierno exigió al fondo británico que mantenga las infraestructuras tecnológicas actualizadas y la estabilidad de los activos estratégicos de Vodafone, como las redes fijas y móviles. El Ejecutivo entiende que estos puntos comprometen también cierto personal para su mantenimiento óptimo, pero el acuerdo no incluye cláusulas específicas sobre el empleo. Fuentes de Transformación Digital han evitado posicionarse sobre lo tratado en la reunión.

Reunión con Trabajo

El cisma entre STC con UGT y CCOO aumentó tras la petición de estos últimos para que el primero desconvocara la manifestación que organizó el pasado miércoles frente al Ministerio de Trabajo. “Dado el éxito de la convocatoria de ayer frente al Ministerio para la Transformación Digital, las Secretarías Confederales de UGT y CCOO han recibido una propuesta por parte del Ministerio de Trabajo para mantener una reunión”, explicó una nota de UGT, que citaba que en el encuentro estaría presente Yolanda Díaz.

“Consideramos que hay más posibilidades de conseguir influir en la negociación del ERE mediante esta reunión que concentrándonos delante del Ministerio”, recalcaba UGT: “Solicitaremos a la ministra su mediación con el finde de poder alcanzar un acuerdo que sea aceptable por la mayoría de la plantilla”. STC se negó a desconvocar la manifestación por no haber sido invitado a la reunión.

Aunque en el encuentro finalmente no estuvo presente la ministra Díaz, fuentes de Trabajo explican que su equipo envió un requerimiento a la nueva dirección de la compañía para que negociara “de buena voluntad” con los sindicatos, avisándola de que de no hacerlo podría considerar nulo el ERE. Este se envió el jueves por la mañana. Ese jueves por la tarde Vodafone mejoró su oferta, con una nueva rebaja en los despidos, que pasaban de 938 a 838, un aumento de 30 a 33 en los días de indemnización por año trabajado y de 20 a 24 en las mensualidades. Una oferta muy similar a la que ha vuelto a presentar este lunes como ultimátum.

“El resultado de todo esto es que se consiguió desactivar la motivación de la plantilla y desanimarla”, se han quejado desde STC.

Apenas diez días después de recibir la luz verde del Gobierno para adquirir Vodafone España, Zegona proponía el ERE para el 36% de la plantilla. El fondo, que había abandonado el mercado español en 2021 tras vender Euskaltel a MásMóvil, ya había avisado en sus comunicaciones con sus inversores de que sus planes eran reducir notablemente los costes laborales de la operadora.

Bajas voluntarias y nada más. Aún no se ha conformado la mesa de negociación, pero el fondo británico Zegona ya sabe que que se va a encontrar una contundente oposición por parte de la representación de los trabajadores de Vodafone España ante su plan de despedir a 1.198 personas. Los sindicatos mayoritarios de la operadora avisan que no se plantean aceptar más recortes forzosos en la plantilla, que con este afronta su quinto ERE en una década.

Por el momento Zegona no ha informado de cómo planea ejecutar el despido colectivo, más allá de que afectará “como máximo” a esos 1.200 empleados, más de un tercio de la plantilla. Es la segunda medida oficial del fondo para Vodafone España desde que se hizo oficial su adquisición de la compañía a finales de mayo a cambio de 5.000 millones de euros. La primera fue un agresivo plan para frenar la huida de clientes, eliminando la limitación temporal de los descuentos que estaba aplicando a las tarifas de particulares y autónomos.

Zegona justifica el ERE en “el fuerte deterioro financiero y comercial” de Vodafone España. “La compañía ha disminuido sus ingresos totales en un 8% y ha perdido aproximadamente 400.000 clientes de contrato en los dos últimos años”, alega. Por ello, opta por “redimensionar la organización para adaptarse a la nueva realidad de mercado y recuperar la competitividad”.

Los sindicatos se quejan de que es el camino equivocado. “La anterior dirección de la compañía nos reconoció que los resultados tras los dos últimos ERE habían sido peores”, revela Diego Gallart, de UGT, la organización mayoritaria en Vodafone España junto a CCOO y el Sindicato de Trabajadores de Comunicación (STC). “Es repetir una fórmula que ya ha fracasado, es totalmente innecesario”, recalca.

“La carga de los equipos ya está al máximo posible. De hecho ya ha habido bajas por este motivo. Dar otra vuelta de tuerca más no va a servir para nada”, insiste Gallart. Su posición de partida es que el despido colectivo debe ser “100% voluntario”.

Lo mismo expresan desde STC. “Rechazamos rotundamente el ERE y entendemos que la viabilidad de la compañía pasa por el mantenimiento de los puestos de trabajo”, protestan: “Voluntariedad 100% es la única salida a este ERE”.

Voluntariedad 100% es la única salida a este ERE

Sindicato de Trabajadores de Comunicación — mayoritario en Vodafone España

Zegona había prometido que no venía a desguazar Vodafone España, como muchos temían cuando anunció su intención de comprar la filial en medio de la “revisión estratégica” internacional del grupo de telecomunicaciones, sumido en una espiral de malos resultados. El acuerdo de adquisición incluyó una cláusula que permitía al fondo seguir utilizando la marca Vodafone en España durante 10 años e iba aparejado con una inversión de 3.000 millones de euros como parte de una “estrategia a largo plazo”.

“No somos un fondo agresivo, somos una compañía cotizada”, remarcó su presidente, Eamonn O'Hare, en una entrevista con Actualidad Económica. Zegona, especializado en inversiones en compañías tecnológicas y telecos, estuvo presente en el mercado español hasta 2021, cuando le vendió a MásMóvil su participación mayoritaria en Euskaltel.

Sin embargo, cuando el Gobierno anunció a finales de mayo los “compromisos” a los que había llegado con el fondo para aprobar su adquisición de Vodafone y entre ellos no estaba el empleo, los sindicatos temieron lo peor. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Transformación Digital, pactó con Zegona el mantenimiento de las infraestructuras tecnológicas actualizadas y la estabilidad en los activos estratégicos, como torres de telecomunicaciones, de Vodafone España.

Pese a todo, los trabajadores reprochan al fondo que ni siquiera se haya dado un tiempo para analizar a la operadora desde dentro antes de plantear un despido colectivo. “¿Llevan diez días en la empresa y ya saben que hay que echar al 36% de la plantilla?”, afea Beatriz Molino, secretaria general de CCOO en Vodafone. “Van a tener que explicarnos cómo piensan que hagamos el mismo trabajo con menos de dos tercios de la plantilla actual”, incide, recalcando que en su sindicato también parte en contra del “brutal” ERE.

Van a tener que explicarnos cómo piensan que hagamos el mismo trabajo con menos de dos tercios de la plantilla actual

Beatriz Molino — secretaria general de CCOO en Vodafone

Zegona ha asegurado en un comunicado que “el procedimiento de despido colectivo no afectará ni a la calidad del servicio ni al soporte que se presta a los clientes”. “Dicho procedimiento surge desde el convencimiento de que es la única fórmula para garantizar la viabilidad y competitividad de la empresa a futuro y se aborda con una actitud responsable y dialogante, desde la operadora, y con la voluntad de alcanzar el mejor acuerdo posible para todas las partes”, añade.

Contactadas por elDiario.es, fuentes del Ministerio de Transformación Digital han evitado hacer comentarios sobre el ERE. Sí se ha posicionado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha criticado que “una empresa que tiene beneficios extraordinarios no puede presentar un despido colectivo”, en referencia tanto a Vodafone como a Ford, que quiere despedir a 4.800 trabajadores en su planta de Almussafes. “No es comprensible”, ha remarcado.

En su última presentación de resultados, correspondientes al tercer cuatrimestre fiscal de 2023, Vodafone comunicó que su filial española había logrado volver a aumentar su facturación (0,3%) hasta los 974 millones de euros. De ellos, 848 millones fueron ingresos por servicio. Sus próximas cuentas serán las últimas que serán presentadas por su ya ex matriz internacional.

Vodafone España, filial adquirida por el fondo de inversión británico Zegona, ha informado del inicio de un procedimiento de despido colectivo que “afectará potencialmente a un máximo de 1.198 empleados”. Según ha informado la empresa en un comunicado, la empresa ya lo ha comunicado a la representación de los trabajadores, a la que ha convocado para iniciar el periodo de consultas. La cifra equivale a aproximadamente un tercio de la plantilla.

Zegona justifica los despidos en “razones económicas, productivas y organizativas, determinadas por el fuerte deterioro financiero y comercial”. Asegura que sus ingresos han disminuido un 8% y ha perdido 400.000 clientes en los dos últimos años.

El Gobierno dio vía libre a la adquisición de Vodafone España por parte del fondo en mayo, después de que la operación recibiera la aprobación de Bruselas y el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La operación se cifró en unos 5.000 millones de euros.

Para recibir esta luz verde el Ejecutivo con una serie de condiciones relacionadas con el mantenimiento de las infraestructuras y los activos estratégicos que gestiona actualmente Vodafone en España, pero no sobre los trabajadores de la operadora. Desde Zegona explican que los despidos pretenden “redimensionar la organización para adaptarse a la nueva realidad de mercado y recuperar la competitividad” pero que el “despido colectivo no afectará ni a la calidad del servicio ni al soporte que se presta a los clientes”.

El fondo presentó su oferta por la filial española de Vodafone en 2023. Especializado en inversiones en empresas de tecnología y telecomunicaciones, desde su primer análisis Zegona señaló que, según su visión, Vodafone España tenía una estructura de altos costes de personal en comparación con otras empresas del sector. 

Turbulencias en el sector de las telecomunicaciones

La adquisición se produjo en un momento de fuertes cambios en la industria de las telecomunicaciones española, que han afectado a todos los principales actores. Por una parte Telefónica ha dejado de ser la principal compañía del sector debido a la fusión entre Orange y MásMóvil para crear Másorange, que la ha superado en número de clientes y facturación. La dirección de la nueva compañía ha anunciado que no plantea recortar su plantilla por el momento, pero no lo descarta en un futuro para eliminar puestos duplicados.

La cesión del primer puesto de Telefónica se produjo casi a la vez que la entrada de la empresa pública de telecomunicaciones de Arabia Saudí STC en su accionariado. Esto desencadenó un movimiento de la SEPI para comprar el 10% de los títulos de Telefónica e impedir que el régimen saudí se convirtiera en accionista mayoritario. También a finales de 2023, Telefónica realizó un ERE que afectó a 3.421 empleados y se cubrió con salidas voluntarias en una plantilla de unos 100.000 trabajadores.

Avatel, que tras estos movimientos se ha colocado como la quinta operadora española, presentó un ERE en mayo para el 45% de su plantilla. Un total de 492 personas. El movimiento llegó tras recibir 292 millones de euros en subvenciones del Gobierno, repartir bonus millonarios para el “personal clave” y subir el sueldo de la cúpula un 75% en 2023.

El Gobierno da vía libre al fondo de inversión Zegona para comprar el negocio de Vodafone en España, según ha podido saber elDiario.es. Tras la aprobación de Bruselas y el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la adquisición, valorada en 5.000 millones de dólares, salva el único escollo que le quedaba para salir adelante.

El Ministerio de Transformación Digital llevará al Consejo de Ministros de manera inminente la aprobación definitiva de la operación, a la que solo restan algunos flecos administrativos. El acuerdo incluye una serie de compromisos que deberá adoptar el fondo británico, especializado en inversiones en empresas de tecnología y telecomunicaciones. Estas condiciones tienen que ver con el mantenimiento de las infraestructuras, los centros de trabajo y los activos estratégicos que gestiona actualmente Vodafone en España.

La primera de las condiciones que asumirá el fondo será mantener la inversión que hasta ahora ha venido haciendo la operadora para que sus infraestructuras tecnológicas no queden obsoletas ni desactualizadas. Se trata de una prioridad política del Ejecutivo destinada a que España mantenga su posición de liderazgo en materia de telecomunicaciones, con una de las mayores redes de fibra del continente y conexiones que están atrayendo grandes inversiones de gigantes tecnológicos, como Microsoft, Google o IBM.

En este sentido se orienta también la segunda de las condiciones, relativa a la estabilidad en las cifras de activos estratégicos, como torres de telecomunicaciones, que ahora mismo tiene Vodafone.

La última tiene que ver con los centros de trabajo especializados en mantener y gestionar esas infraestructuras y activos estratégicos, empleos que suelen requerir una alta cualificación. Uno de las referencias es el centro europeo sobre nuevas tecnologías que Vodafone ha establecido en Málaga, que de momento no tiene personal de Vodafone España sino de Vodafone Intelligent Solutions, parte de su grupo internacional. El mantenimiento y refuerzo de centros de I+D como este y del personal de Vodafone España que gestiona las infraestructuras actualmente en posesión del operador británico ha sido otro de los focos para el Ministerio que dirige José Luis Escrivá.

La aceptación de estas tres condiciones por parte de Zegona desbloqueará una operación anunciada el pasado 31 de octubre. El acuerdo entre ambas empresas permite al fondo seguir utilizando la marca Vodafone en España durante una década, pero existían dudas sobre si sus intenciones pasaban por despiezar la operadora e ir vendiéndola por partes.

La operadora, también de procedencia británica, había anunciado a comienzos de 2023 la puesta en revisión de su actividad en España, lo que en el mercado se entendió como una venta total o parcial de las acciones de Vodafone España. Durante años había sido una división deficitaria, con importantes problemas para competir en el sector comercial con las operadoras de bajo coste.

Pese a que la venta de Vodafone se daba por hecha, el Ejecutivo ha seguido muy de cerca la operación ya que la Ley de Telecomunicaciones establece este sector como estratégico para la economía española. Un sector que está atravesando por cambios profundos en este período, con la fusión entre Orange y MásMóvil para formar el mayor operador del mercado; así como el desembarco de la empresa pública de telecomunicaciones saudí STC en Telefónica que provocó la reentrada del Estado en el accionariado de la compañía.

Las grandes teleoperadoras se están viendo arrinconadas en una parcela del negocio digital en la que no quieren estar. En los últimos años su posición en la cadena de valor las ha ido colocando como meros proveedores de infraestructura, con la costosa obligación de mantenerla y ampliarla, pero sin los amplios márgenes de beneficio que tienen las tecnológicas que la utilizan para surtir contenidos digitales.

Durante todo el 2023 las principales telecos europeas intentaron convencer a la UE para que obligara a esas grandes tecnológicas a compartir parte de los gastos de infraestructura con ellas. No lo han logrado. Por eso, lanzaron un plan para estandarizar sus redes y que funcionen como una sola gran plataforma, “supercomputadoras” sobre la que terceras empresas puedan desarrollar productos digitales. Lo denominan “Open Gateway”.

En la apertura del Mobile World Congress 2024, que ha arrancado este lunes en Barcelona, Open Gateway ha anunciado que más de 47 grupos de operadores móviles, que representan el 65% de las conexiones en todo el mundo. Telefónica, Orange, Vodafone o Deutsche Telekom llevan la voz cantante.

La iniciativa se centra en acelerar el crecimiento de aplicaciones y servicios digitales mediante el despliegue de interfaces programables de aplicaciones (API) comunes entre los operadores móviles. Esas API ya se están usando para desarrollar “productos y servicios contra el fraude y para el comercio online, permitir vuelos seguros con drones, robótica, realidad extendida y servicios inmersivos de juegos en línea a través de redes 5G”, asegura la organización.

“Esta oleada nueva de productos y servicios generará más tráfico en nuestras redes, el volumen de los datos se multiplicará por cuatro en siete años”, ha celebrado José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica, durante su discurso inaugural en el MWC. “Las redes se están convirtiendo en proactivas y líquidas”, ha explicado.

El éxito de Open Gateway convertiría a las teleoperadoras en una parte de la cadena que lleva los contenidos digitales a los usuarios. “Es un viaje hacia las redes completamente autónomas. Por eso seguimos evolucionando nuestras redes. Cuando implementas fibra y 5G y apagas las tecnologías antiguas, obtienes algo diferente. El hardware de repente se convierte en software”, ha detallado el ejecutivo.

Pallete ha recordado además que la revolución de la inteligencia artificial no podrá darse sin una potenciación de la infraestructura de red, y ha vuelto a llamar a las grandes tecnológicas a colaborar. “Es un punto de inflexión y necesita nuestras redes. Necesita capacidad de procesamiento masiva, redes de última generación y datos masivos, datos provenientes de sensores, IoT, etc.”, ha afirmado.

Las tecnológicas le dan la bienvenida, de momento

Este MWC la dirección de Open Gateway tiene pensado anunciar más socios relevantes en el proyecto que ampliarán su impacto. Mientras, desde Google, Microsoft y Amazon, los principales proveedores de servicios en la nube, han decidido no ir a la guerra abierta con las telecos y colaborar con ellas.

Ankur Jain, vicepresidente de Google, ha afirmado que su compañía ha colaborado con Open Gateway “desde su creación”. “Nos complace ver avances para brindar a los desarrolladores un acceso simplificado a las capacidades de la red de una manera manera abierta, estandarizada y agregada”.

“Microsoft defiende con orgullo la iniciativa Open Gateway, subrayando nuestro compromiso de hacer que la programabilidad de la red sea universalmente accesible para los desarrolladores de aplicaciones conectadas”, vicepresidente de Azure, la división de servicios en la nube de Microsoft: “Creemos que la estandarización de las capacidades de red y las API es crucial para garantizar que los desarrolladores puedan comprender y adoptar fácilmente estas tecnologías”.

Ishwar Parulkar, uno de los responsables de AWS, la compañía de servicios en la nube de Amazon, ha reconocido también el camino de las operadoras: “A medida que nos adentramos en la siguiente fase de las empresas de telecomunicaciones que producen más API y las monetizan a través de varios canales de comercialización, el papel de un enfoque común y alineado entre operadores, hiperescaladores y otros agregadores de canales que Open Gateway está promoviendo se vuelve aún más crítico”.

Un cliente busca una tarifa de móvil y fibra para su nueva vivienda. Teclea en el buscador “mejores ofertas de fibra y móvil” y aparecen distintos comparadores con multitud de marcas que dan servicio en su zona. En muchos casos, el consumidor elige entre las distintas opciones ajeno a que, en la práctica, la gran mayoría de esos nombres pertenecen a un grupo reducido de un compañías. Un grupo que tras la decisión de esta semana de la Comisión Europea de avalar la unión de Orange y MásMóvil va a ser todavía más reducido. La concentración es el principal efecto de esta operación para el mercado de la telefonía en España, pero como si fuera un dominó, va a provocar otras consecuencias para un sector marcado en los últimos años por rentabilidades bajas.

Comenzando por el principio. La Comisión Europea, tras un estudio de prácticamente un año y medio, ha aprobado esta semana la fusión de Orange y MásMóvil. La segunda operadora y la cuarta unidas en una misma compañía que nace valorada en 18.600 millones de euros. El visto bueno llegó con unas condiciones de desinversión que ya se habían comprometido hace unas semanas en favor de Digi, una pequeña operadora que ha ganado mucho protagonismo en los últimos tiempos arañando miles de clientes a las grandes compañías. La nueva empresa conjunta, repartida al 50% entre ambas compañías, echará a andar en el próximo mes, cuando el Gobierno dé su visto bueno.

“Lo estamos examinando con el máximo cuidado”, apuntó este viernes José Luis Escrivá, ministro de Transformación Económica y Función Pública, departamento del que dependen ahora las telecomunicaciones en el Gobierno. “Tras las autoridades comunitarias es nuestro momento y tenemos que analizarlo desde el plano nacional por el impacto que tiene en el espectro radioeléctrico”, añadió en un desayuno celebrado en la capital.

La consecuencia más inmediata y conocida de la fusión es que habrá menos actores relevantes a nivel nacional en España. Si hasta la fecha más del 90% del sector estaba en manos de cuatro compañías, ahora lo estará en tres. Esto es especialmente relevante en negocios como la telefonía móvil o el internet en el hogar. De hecho, este era el objetivo de las grandes compañías tanto a nivel nacional como europeo para mejorar sus márgenes. Menos actores y de mayor tamaño en el mercado limitan el efecto de pequeños grupos con su presión en precios.

No es la primera vez que esto ocurre. Ya hace años Orange y Vodafone, en un corto lapso de tiempo, adquirieron Jazztel y Ono respectivamente, lo que recuperaba la situación, con sus diferencias, que se vivía en el pasado cuando Telefónica, Airtel y Amena se disputaban un sector recién liberalizado. Sin embargo, de la anterior liberalización surgió un nuevo actor en el mercado: MásMóvil. Creció rápidamente gracias a las desinversiones a las que obligaron las autoridades de competencia a Orange y Vodafone. Las políticas comerciales basadas en el bajo coste y la adquisición de pequeñas compañías convirtió a este grupo en el cuarto competidor en el mercado.

Esto lleva a la segunda consecuencia de la fusión: un refuerzo a Digi. La compañía rumana tiene en España un negocio que no ha parado de crecer en los últimos años. Comenzó como una enseña dedicada a atender a migrantes residentes en España, pero ha ido ampliando sus ofertas y atrayendo a miles de clientes, a costa de las grandes empresas. Ahora, está llamada a suceder a MásMóvil para convertirse en el cuarto operador que agite la competencia en un sector altamente concentrado.

Así lo explicaba la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, en un comunicado. “La unión de Orange y MásMóvil amenazaba la competencia en el suministro minorista de servicios de internet móvil y fijo en España”, explicó. “Los compromisos ofrecidos por las partes permitirán a Digi, el operador con mayor crecimiento en España, replicar la fuerte presión competitiva ejercida por MásMóvil”, concluyó. Dicho de otro modo, la Comisión reconoce la “amenaza” para la competencia que tiene la operación y se encomienda a Digi para mantener la presión competitiva.

Digi cuenta actualmente con una cuota de mercado reducida en España, pero con un acelerado crecimiento. Así lo muestran las estadísticas del sector o los resultados de la propia compañía. Hasta septiembre estaba acumulando un crecimiento de más del 67% en cuanto al número de clientes en España, según los resultados publicados entonces por la propia compañía. A ello se han sumado los clientes que asumen tras una operación cerrada en fibra óptica en distintas provincias de Andalucía. Los ingresos en el país entre enero y septiembre se dispararon más de un 30%.

Ahora, la compañía invertirá 120 millones en adquirir parte del espectro radioeléctrico que estaba en manos de MásMóvil y se garantiza la posibilidad de usar las redes de la nueva compañía. Digi, a preguntas de este medio, evita ir más allá de aquel anuncio y elude valorar el resultado de la fusión de Orange y MásMóvil. Si bien, tanto su dirección en España como la de la matriz han mostrado en el pasado la intención de seguir creciendo en este mercado incluso en el caso de no haberse materializado la operación de la que ahora se beneficiarán.

Nuevo escenario para Telefónica

Indirectamente, la tercera consecuencia de la fusión afecta a Telefónica. Digi funciona hasta ahora gracias al alquiler de las redes de Telefónica en un contrato que se mantiene desde hace años. Sin embargo, en la operación con Orange-MásMóvil se garantiza la posibilidad de usar sus redes. Esta opción llevaría a dejar de ser cliente de Telefónica o a renegociar su contrato para obtener mejores condiciones. Esto último es lo que ya está intentando la compañía que dirige José María Álvarez Pallete. “El remedio que se ha aprobado le da una opción, no una obligación, de cambiar de proveedor mayorista”, explicaba esta semana Ángel Vilà, consejero delegado de la compañía. “Estamos en conversaciones desde hace tiempo para renegociar el actual contrato incluso antes de su vencimiento en 2026”, enunció.

Por otro lado, por primera vez, Telefónica va a dejar de ser líder en España y se verá superado por Orange-MásMóvil. Sin embargo, la compañía pretende usar este argumento en su favor. El grupo mantiene todavía limitaciones por parte de Competencia por ser un antiguo monopolio, lo que le ha obligado a ofrecer determinados servicios a precios tasados o no poder realizar operaciones. Ahora, Pallete ha vuelto a reclamar una “desregulación” de la compañía. “Queremos que nos dejen competir”, apuntó en la presentación de resultados de esta semana.

De producirse esta desregulación que pide Telefónica se abriría una posibilidad que hasta ahora no había estado sobre la mesa: la compra de otras operadoras. “Se presentan posibilidades que habrían sido imposibles”, apuntó Vilà. En cualquier caso, aseguró que no había “nada” sobre la mesa. Tampoco con Avatel, una operadora con implantación rural que ha ido creciendo en los últimos años y cuya venta es una especulación en el mercado. “Es una compañía atractiva y un socio de Telefónica, le tenemos mucho respeto. Dicho esto, no tenemos nada que comentar”, apuntó el directivo.

La propia Avatel se había postulado para hacerse con activos de Orange-MásMóvil en caso de que hubieran sido “más ambiciosos” como clientes, activos de fibra o marcas. Pese a ello, se mostraron dispuestos a ser “claves” en la consolidación en España. “Estamos donde los demás quieren estar”, defendió su consejero delegado, Ignacio Aguirre.

A finales de marzo, el sector estrena en España una nueva realidad. Sin embargo, una operación de este calado está llamada a provocar otros movimientos como las fichas de un dominó, aunque por el momento se desconoce su envergadura.

En los próximos días se espera el visto bueno de Bruselas a la mayor operación en mucho tiempo en el sector de las telecomunicaciones en España. Orange y MásMóvil aspiran a ser una sola empresa en los próximos meses, convirtiéndose en la líder en varios negocios de telefonía. Por su parte, Vodafone ya tiene el aval regulatorio para su venta a Zegona. Pero mientras las grandes empresas se reorganizan, los pequeños operadores siguen ganando terreno gracias a su agresividad comercial: en el último año les han robado más de 700.000 clientes.

Empresas como Digi, Finetwork y otras han ido arañando clientes a las grandes compañías a base a ofertas por precio, a las que ahora van añadiendo nuevos servicios como la llegada de las primeras tarifas de 5G. Su avance es continuado desde hace más de un lustro, el mismo tiempo que las grandes compañías vienen arrastrando problemas de rentabilidad que han propiciado los cambios que van a producirse en los próximos meses.

Los datos recogidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dan fe del avance de las pequeñas operadoras a costa de las grandes que, lejos de frenarse, alcanzan nuevas cotas. Durante todo el año pasado, estas compañías, conocidas en el sector como Operadores Móviles Virtuales (OMV) han arrebatado más de 712.000 clientes de móvil de las grandes marcas. Es una cifra sensiblemente superior a la que se alcanzó en 2022, con 680.000 líneas ganadas de sus rivales más grandes. En tan solo dos años les han restado, por tanto, 1,4 millones de cuentas.

En contraste con la ganancia de las pequeñas operadoras, solo MásMóvil ha obtenido un saldo positivo, de algo más de 5.000 clientes ganados. Sin embargo, según la CNMC, Movistar perdió 60.000 clientes; Orange, más de 172.000 líneas y, por último, Vodafone se ha dejado por el camino 486.000 consumidores. Pese a la pérdida de líneas, Orange, que ha sido la primera empresa en presentar sus resultados del año 2023, señaló esta semana que ha logrado volver por primera vez desde 2018 al crecimiento en ingresos por servicios a clientes minoristas.

Las líneas móviles no son, en realidad, el negocio más rentable para las grandes operadoras. Sin embargo, su evolución sirve de termómetro para conocer la evolución del sector y de la batalla comercial. Precisamente esta batalla, a menudo basada en los precios, ha sido la justificación que han dado compañías como Movistar, Orange o Vodafone a reclamar a los reguladores facilidades para una mayor concentración en el sector de las telecomunicaciones. Es una tendencia que se repite también en otros países de Europa, donde se están produciendo distintas operaciones de este tipo.

De hecho, el acelerado avance de las pequeñas compañías durante el pasado año se ha producido en un contexto en el que las grandes marcas del país se encuentran inmersas en distintas operaciones. Orange y MásMóvil llevan meses a la espera de que Bruselas apruebe la fusión. Por su parte, Vodafone puso en venta su filial española aduciendo un contexto competitivo que erosionaba sus márgenes. Fue finalmente adquirida por el fondo británico Zegona, en una operación que recientemente ha tenido el visto bueno de la CNMC. Por su parte, Telefónica ha vivido unos últimos meses en los que los titulares han estado más centrados en la batalla accionarial, el nuevo plan estratégico o el ERE que en su actividad comercial.

Un nombre destaca sobre el resto entre las pequeñas operadoras: Digi. Es cierto que la CNMC no desagrega los datos entre los operadores móviles virtuales, pero la filial española de la compañía rumana ha sido señalada en el sector desde hace tiempo como el actor que más clientes está captando. Tras entrar hace años como una operadora enfocada en la población migrante, en los últimos ejercicios ha acelerado su estrategia de captación de clientes en base a bajos precios con buenos resultados.

Hoy, todo el mundo señala a Digi como la futura cuarta operadora del país como la alternativa con mayor tamaño al tridente formado por Movistar, Orange-MásMóvil y Vodafone. De hecho, ya ha obtenido réditos de la fusión de la filial de la empresa francesa que hace unos meses firmó un acuerdo para adquirir por 120 millones de euros activos de la compañía resultante. Se trata de una desinversión con la que intentaron convencer a Bruselas. Falta por saber si la Comisión Europea impondrá más desinversiones a la nueva compañía líder del país.

El sector vivió a partir de 2018 una batalla comercial cruenta por hacerse con clientes de los rivales. Fue MásMóvil la que a base de comprar pequeñas operadoras y jugar en el segmento del negocio de bajo coste se convirtió en uno de los principales grupos del país. Las portabilidades, esos cambios de una compañía a otra de teléfono móvil, fueron alcanzando récord tras récord. A MásMóvil le han cogido el testigo otras compañías como Digi.

Sin embargo, los últimos tres ejercicios han mostrado una situación más relajada, con menos intensidad comercial e incluso con un aumento de tarifas por parte de las grandes operadoras debido a la inflación. De hecho, lo llamativo de que las pequeñas operadoras hayan ganado de las principales marcas más clientes de lo que hicieron el año pasado es que se hace en un contexto de menos portabilidades. Según las estadísticas de la CNMC, el pasado año hubo menos de seis millones de cambios de una compañía a otra pese a que hay más líneas en activo que entonces. Es el menor dato desde 2016 y confirma una tendencia a la baja.

No solo han ganado clientes en telefonía móvil, también en el servicio de banda ancha fija. Es decir, el internet, en sus diferentes tecnologías, hasta el hogar. Según los datos de la CNMC, que es la autoridad en el mercado de las telecomunicaciones, las empresas que no se encuentran entre las cuatro grandes compañías del sector ganaron casi 540.000 hogares en 2023 en los que prestan sus servicios, hasta alcanzar 1,4 millones de viviendas con internet contratado. Aquí entra Digi pero también decenas de compañías muchas de ellas de ámbito regional. En el mismo periodo, MásMóvil ganó 126.000, Telefónica y Orange, algo más de 80.000 cada una, y Vodafone perdió 85.000.

Un sector muy concentrado

El año 2023 fue, por tanto, un ejercicio en el que las pequeñas compañías de telecomunicaciones en España ganaron cuota de mercado tanto en el negocio de las líneas móviles como en las de internet en los hogares. Así, han superado por primera vez los cuatro millones de móviles y el millón de hogares, según las cifras de la CNMC. Sin embargo, todavía se mantienen, incluso sumando en conjunto, lejos de las grandes compañías del sector.

Apenas suponen una cuota de mercado del 8% en todos los negocios. Es decir, más del 90% de dos de los principales productos contratados por los consumidores en telecomunicaciones, el móvil y la fibra, están controlados por cuatro empresas. O, mejor dicho, por tres, que será el resultado tras la fusión de Orange y MásMóvil. Esta nueva empresa nacerá en los próximos meses con más de un 40% de cuota de mercado en estas dos actividades, siendo líder y superando a Telefónica.

El próximo jueves, 22 de febrero, termina el plazo para que la Comisión Europea tome la decisión sobre Orange y MásMóvil. Tras ello, faltará el visto bueno del Gobierno. Con todo ello, la compañía espera dar por cerrada la operación a finales de marzo, con lo que se creará un nuevo gigante de las telecomunicaciones en España.

Vodafone ha sufrido un ciberataque que ha expuesto diferentes datos personales y bancarios de un “número limitado” de clientes de la compañía en España, según ha informado la empresa, que no ha revelado el volumen de usuarios afectados. Los datos personales expuestos son, según ha trasladado la compañía a los usuarios afectados, el DNI y la cuenta bancaria.

“En caso de que seas cliente prepago, tu cuenta bancaria no se encuentra afectada”, ha matizado la empresa, que también asegura que el incidente ya se ha resuelto. En ese sentido, Vodafone ha reconocido el incidente y ha explicado que se debe a un “acceso no autorizado” a los sistemas de uno de sus colaboradores.

“Como consecuencia del mismo, algunos datos de un número limitado de clientes se han visto afectados. En cuanto Vodafone tuvo conocimiento del incidente, comenzó a investigar este evento con el colaborador. Asimismo, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes, tanto internos como externos”, ha detallado la empresa.

En su comunicación con los clientes afectados, la operadora ha recomendado a los usuarios que no accedan a sitios web no seguros y que tampoco faciliten información personal si les contactan por cualquier medio. Vodafone ha puesto los hechos en conocimiento del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Incibe ha catalogado el incidente con un nivel de importancia alta (cuatro sobre cinco) y ha indicado que los datos afectados no incluyen contraseñas de acceso. Así, ha agregado que la información comprometida está asociada a cuentas de empresa (nombre, CIF, número de contacto, correo electrónico, dirección y cuenta bancaria de clientes de empresa) y a sus autorizados (nombre y apellidos, número de contacto y copia del DNI).

También a autónomos (nombre, apellido, DNI, número de contacto, correo electrónico, dirección y cuenta bancaria) y particulares (datos del DNI, teléfono de contacto, correo electrónico, cuenta bancaria y número de teléfono contratado).

Recomendaciones de seguridad

En relación con este incidente, Incibe ha dado una serie de recomendaciones a los usuarios que han recibido el aviso por parte de Vodafone. Aconseja a los usuarios que no abran enlaces en caso de que les soliciten datos haciéndose pasar por su entidad bancaria y que tampoco proporcionen información personal ni relacionada con su tarjeta o cuenta bancaria.

“Cambia las claves de acceso a las plataformas que tengas relacionadas con el pago de tus líneas telefónicas. No facilites tu contraseña o PIN, desde Vodafone nunca se solicitará dicha información por SMS, email o llamada. Si se realiza algún cargo no autorizado en tu cuenta bancaria, ponte de inmediato en contacto con tu banco y recopila evidencias del fraude para poder interponer una denuncia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Puedes servirte de testigos 'online' para esta función”, añade.

“Si deseas comprobar si más datos personales han sido afectados, recurre al 'egosurfing' para comprobar si dicha información fue publicada en la red”, ha agregado Incibe.

¡Buenos días!

Esta ha sido una semana llena de presentaciones de resultados de las principales empresas del Ibex que han devenido en un nuevo aquelarre contra las políticas del Gobierno de coalición. El acuerdo de gobierno firmado entre PSOE y Sumar ha encendido los ánimos en las direcciones de petroleras, bancos y eléctricas, que no han dudado en criticar el impuesto especial que ahora se pretende prorrogar.

Ha sido una de las paradojas del momento: directivos hablando de inseguridad jurídica, impuestos injustos o discriminación a la vez que anunciaban beneficios de miles de millones, en algunos casos ganancias récord, de sus empresas.   

Es el caso de la banca, las seis principales entidades financieras (CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja) anunciaron un beneficio de 19.761 millones de euros entre enero y septiembre de este año, casi un 24% más que el obtenido en los mismos meses de 2022. Las quejas fueron constantes. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabank, señaló que la rentabilidad del banco es “razonable” y que “no se están produciendo beneficios extraordinarios”, para luego asegurar que “el impuesto no corresponde a la realidad y es discriminatorio”. El consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi, apuntó que el impuesto a la banca “estigmatiza” al sector. 

A pesar de la queja, la realidad es que el tributo no afecta tanto a los resultados de las entidades financieras. El Banco de España concluye que la banca “más que compensa” el impacto del impuesto con la subida de los ingresos. Solo supone un 4,1% del beneficio anual. 

En el lado de la energía, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, insistió en que el impuesto a las energéticas pone al sector en “desventaja competitiva” con otros países europeos, mientras que el consejero delegado de la petrolera Repsol, Josu Jon Imaz, fue de los más duros llegando a amenazar con llevarse las inversiones a otro país si se mantenía el impuesto especial. “Tenemos que proteger, lo primero de todo, a nuestros accionistas”, subrayó Imaz. 

Los accionistas o los ciudadanos. Durante el debate del Estado de la Nación, en julio de 2022, el presidente Pedro Sánchez anunció los impuestos especiales a la banca y las energéticas. La temporalidad del tributo atemperó la marejada, pero la posibilidad de que se mantenga en el tiempo ha provocado un terremoto en el centro del poder en España. Las empresas del Ibex le van a hacer una fuerte oposición al Gobierno de coalición. 

El Dato

2,9%

Es el dato de inflación de octubre en la eurozona, el mejor registro desde agosto de 2021. Se trata de una caída importante en comparación con el mes anterior, que se situó en el 4,3%. A pesar de la rebaja en el dato global de la inflación, la subyacente -que excluye los precios de energía y alimentos frescos por ser los más volátiles- se situó en el 4,2%. A ver cómo evolucionan los precios de los alimentos, de momento las grandes empresas de distribución y consumo (Unilever, Pepsi, Nestlé, etc.) no bajan sus precios pero buscan ganar clientes haciendo más descuentos. Llevan más de un año aprovechando la inflación para engordar sus ingresos pero en los últimos meses, la capacidad de compra de sus clientes se ha limitado.

Los efectos de la agresiva política monetaria del Banco Central Europeo se están empezando a notar en la economía. No es extraño que el BCE decidiese mantener los tipos de interés ante los riesgos de recesión. A pesar de esta pausa, el euríbor no da tregua. El índice de referencia de las hipotecas volvió a subir en octubre al 4,165%, un máximo no visto desde 2008. Si quieres saber cómo afecta a tu hipoteca, aquí tienes una calculadora.

 El Gráfico

24,1 millones de personas forman el mercado laboral de España. Son cifras récord. En los próximo años el país se enfrenta al reto del incremento de las personas dispuestas a trabajar con el objetivo de reducir los niveles de paro, que alcanza a 2,8 millones de personas, la tasa de desempleo más elevada de la Unión Europea. Sin embargo, hay buenas noticias, este verano se alcanzó el máximo histórico de trabajadores en España, casi 21,3 millones de personas ocupadas. Ampliar la población activa y trabajadora, donde la inmigración juega un papel clave, figura entre los objetivos de España y muchos otros países para consolidar el Estado del Bienestar, en cuestiones clave como el mantenimiento de las pensiones públicas. La OCDE publicó su informe anual en el que apuntaba la necesidad de la población extranjera para impulsar el crecimiento económico en el futuro ante el envejecimiento de la población. Mucha más información y datos sobre el mercado de trabajo español en este enlace.   

Cada vez que habla sube el pan

España es el segundo de nuestros grandes mercados en Europa en el que estamos tomando medidas para mejorar la competitividad y las perspectivas de crecimiento del Grupo

Margherita Della Valle — Consejera delegada de Vodafone 

Buen eufemismo de la consejera delegada de Vodafone. La realidad es que competir es difícil y en un mercado como el de las telecomunicaciones, mucho más. La operadora británica anunció a comienzos de año la puesta en revisión de su actividad en España. Durante años ha sido una división deficitaria. Esta semana, Vodafone anunció el acuerdo de venta al fondo británico Zegona de su filial española por 5.000 millones de euros. La consejera delegada de Vodafone achacó la operación a que “el mercado ha enfrentado desafíos con retornos estructuralmente bajos”, aunque a la vez asegura que es su segundo gran mercado. La realidad, Vodafone ha fracasado en España. La operación de venta llega en un momento de convulsión del sector en España: el Estado entrará en Telefónica a través de la SEPI un cuarto de siglo después de su privatización para hacer frente al desembarco saudí en su accionariado, mientras Orange y MásMóvil están pendientes de Bruselas para cerrar su fusión. Aquí te explicamos cómo la falta de rentabilidad de las telecos por la guerra de precios va a redefinir el sector estratégico de las grandes operadoras en España.

Entrepreneur

Hay empresas familiares o familias empresariales en España que son fascinantes. Una de ellas son los Suqué Mateu. Son de esas sagas de emprendedores que siempre cuenta con ayuda del Estado, la Comunidad Autónoma u otros. Dueños de la marca automovilística Hispano-Suiza, bodegueros, coleccionistas de arte, lo que les da dinero de verdad son los casinos y las apuestas. En 2011 crearon una empresa de juego online que trasladaron a Ceuta para aprovechar las ventajas fiscales que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy para competir a la baja con Gibraltar. La sociedad tiene como nombre Casino Barcelona Interactivo y disparó su cifra de negocios un 27% en 2022: 386,4 millones. Herederos de empresarios como el falangista Miguel Mateu, amigo personal de Francisco Franco, primer alcalde franquista de Barcelona, fundador y presidente de la patronal catalana Foment. Se adaptaron fácilmente a la democracia. En 1979 abrieron su primer casino y. en 1987, los Suqué se hicieron con la gestión de las loterías de la Generalitat de Cataluña. En los 90, protagonizaron un escándalo de financiación ilegal de Convergència, tras la denuncia del entonces director financiero del grupo del desvío de millones desde Casinos de Catalunya al partido de Jordi Pujol. Causalidades o no, Juan Piqué, abogado de Pujol en el caso Banca Catalana, era accionista de Casinos de Catalunya. El caso fue archivado pese a que el juez admitió que Convergència se financió de forma irregular. Fascinante. Aquí tienes más información de los negocios de los Suqué Mateu.

Letras que son un tesoro

Acaba de llegar a España esta maravilla editada por Deusto. Se trata de una versión en cómic de 'Capital e ideología', de Thomas Piketty. La periodista económica Claire Alet y el dibujante Benjamin Adam han realizado una adaptación de la magna obra del economista francés para explicar de dónde vienen las desigualdades y por qué persisten. Con un esfuerzo notable para resumir las 1.248 páginas de la obra original, el cómic narra en poco más de 170 páginas las vicisitudes de una saga familiar de la élite para entender por qué se da el mantenimiento de los privilegios y la desigualdad en la historia. Entretenido y de fácil lectura para jóvenes y mayores, os lo recomendamos.

Bien público

Se acabaron los años de vinos y rosas para las grandes tecnológicas. Por fin, las principales administraciones del mundo empiezan a meter en vereda a un grupo de empresas que ha conseguido un poder inmenso por la escasa regulación del sector tecnológico. Los primero pasos ante los tribunales los dio la Unión Europea, que acaba de aprobar un gran paquete legislativo que aumenta su capacidad de acción sobre estas compañías. Pero ahora ha sido Estados Unidos la que ha empezado a cerrar un círculo. En mes y medio se han acelerado tres causas a gran escala en este país contra Meta, Amazon y Google. Procesos judiciales que no solo va a determinar el futuro de estas compañías sino cómo serán las redes sociales, el comercio electrónico y la publicidad digital. Las acusaciones son muy graves: adicción y toxicidad para la salud mental de los usuarios, prácticas monopolistas, manipulación de precios y acuerdos privados ilegales. Puedes leer cómo los procesos penales van a cambiar el futuro de internet en este reportaje de Carlos del Castillo. 

Nos gusta la competencia

A partir de ahora os ofrecemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

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Comprar unas entradas para el cine, ver un partido de fútbol, el teletrabajo o avances tecnológicos como detección temprana de incendios u operaciones quirúrgicas. Todas estas actividades tienen algo en común y es que necesitan del servicio de una operadora de telecomunicaciones. Un sector estratégico, por tanto, que vive en España un momento de cambio de propietarios, fusiones y búsqueda de rentabilidad. Un aluvión de operaciones se suceden tras años de crisis de esta industria.

Las tres grandes operadoras en España (Telefónica, Orange y Vodafone) vienen sufriendo en sus resultados los efectos de la baja rentabilidad del sector, de la que culpan al empuje de empresas de bajo coste como MásMóvil, Digi y otras. Ahora, el trío de operadoras vive sacudidas internas que están llamadas a cambiar el futuro de su actividad en el país. Todas están inmersas en operaciones que transformarán su accionariado.

Solo este martes se han producido dos noticias de calado entre las telecos. Vodafone ha acordado con Zegona la venta de su filial en España por 5.000 millones de euros tras anunciar hace meses que quería desprenderse de ella. Por su lado, el Estado entrará en Telefónica a través de la SEPI un cuarto de siglo después de su privatización para hacer frente al desembarco saudí en su accionariado. A ello se suman Orange y MásMóvil, pendientes de Bruselas para cerrar su fusión.

Todas estas operaciones tienen un germen común: empresas que arrastran problemas de negocio, una gran deuda, un valor de mercado en declive y activos de infraestructuras que sí cuentan con el apetito inversor de los fondos. Sin embargo, cada una tiene una naturaleza distinta.

Telefónica fue el monopolio estatal hasta su privatización a finales de los noventa y la creación de nuevas operadoras privadas. La deuda gigantesca que acumuló tras años de inversiones ha lastrado su valor en Bolsa desde hace tiempo. En este contexto, el Estado saudí anunció en septiembre su desembarco en el accionariado de Telefónica con el objetivo de alcanzar el 9,9%. Esta entrada abría múltiples interrogantes, como el hecho de que un Estado extranjero se hiciera con una empresa estratégica con múltiples contratos con Defensa.

Tras tiempo de especulación sobre las medidas que podría tomar el Gobierno para contrarrestar la inversión de Arabia Saudí en Telefónica, este martes se ha conocido que la SEPI comprará acciones de la operadora casi tres décadas después de su salida. La sociedad estatal no ha concretado su aspiración ni el calendario para lograr un núcleo fuerte que contrarreste el eventual poder saudí en el accionariado. No es algo novedoso en el sector en Europa, ya que en países como Francia (Orange) o Alemania (Deutsche Telekom) el Estado participa en compañías de telecomunicaciones.

Al mismo tiempo que la SEPI reconocía unos rumores que el Gobierno había enfriado horas antes a preguntas de la prensa, Vodafone anunciaba el final de un proceso que se ha prolongado durante casi medio año. La operadora británica anunció la venta de su negocio en España al fondo Zegona, en una operación valorada en 5.000 millones de euros.

Salida de Vodafone tras 25 años

Esta es una operación corporativa de calado ya que supone la salida de Vodafone de España casi un cuarto de siglo después de su entrada a través de la ya desaparecida Airtel. La operadora, tercera del país en cuota de mercado, seguirá con su marca, pero ya no será gestionada por la teleco británica sino por Zegona. Vodafone justificó esta venta por ser un mercado “con retornos estructuralmente bajos”. La compañía ha reconocido pérdidas reiteradas durante los últimos años en España y ya intentó, sin éxito, fusionarse con MásMóvil, a lo que se ha sucedido un aluvión de cambios en su cúpula directiva.

Sin embargo, el fondo de inversión dibujó otra imagen sobre el mercado español. Considera que es un país que presenta “características atractivas” por el fuerte crecimiento de la economía española durante los próximos años. A ello suma que todavía ve potencial de crecimiento de ingresos mediante la venta de paquetes de servicios.

Zegona hace este análisis en un documento que emitió este martes al mercado en el que justifica sus planes para España. Para empezar, pone nombre al responsable de gestionar la nueva ‘Vodafone’ española. Será José Miguel García, consejero delegado de Euskaltel cuando el fondo fue su principal accionista, y anteriormente de Jazztel. García será el encargado de aplicar una nueva estrategia con la que intentar reconducir la mala deriva de Vodafone en España.

De ella, Zegona ya ha deslizado algunos datos. Para empezar, prevé recuperar buena parte de lo invertido (5.000 millones) mediante la venta de la infraestructura de fibra óptica del grupo. Así, plantea, incluso antes de tomar el control de la filial de Vodafone, que estos activos le pueden otorgar hasta 3.500 millones mediante la venta a un fondo o mediante la fusión con otra empresa de fibra.

En cuanto al negocio, apuesta por ampliar la base de clientes de la televisión de pago (uno de los negocios más rentables del sector) con su entrada a través de Lowi, la marca de bajo coste de Vodafone en España. También se propone renegociar los contratos de contenidos o mejorar la eficiencia en los procesos de captación de clientes.

La operación queda a la espera de un aval de las autoridades de competencia y, según ha apuntado Zegona, también del propio Gobierno. Un aval que todavía esperan Orange y MásMóvil, el tercer movimiento empresarial que afecta al sector. Este acuerdo, anunciado hace meses para crear una empresa conjunta entre la francesa y la compañía española, está a la espera de que Bruselas certifique que puede llevarse a cabo la fusión y si tiene que desprenderse de activos para cumplir con las exigencias de competencia.

Zegona está atento a esta operación. En la propia información en la que el fondo habla de la adquisición de Vodafone ya apunta a su interés por MásMóvil en caso de que fracase la fusión con Orange. El fondo considera, de hecho, que esta operación que ya intentó Vodafone tendría una aprobación de las autoridades más sencilla que la que está actualmente sobre la mesa.

Un sector de tres o de cuatro empresas

No solo el sector en España está pendiente de la operación de Orange y MásMóvil. El dictamen de las autoridades europeas de competencia marcará el futuro de una industria que aboga por concentrarse en toda Europa cada vez en menos actores para tener una rentabilidad mayor. En caso de imponer unas condiciones (remedies en la jerga del sector) muy elevados, podría afectar al futuro de esta y otras operaciones.

Este terremoto interno en el sector de las telecomunicaciones está abocado a cambiar el futuro de esta actividad casi 30 años después de su liberalización. El objetivo es pasar de un sector donde cuatro operadores controlan la mayor parte del mercado a ser tres. Con ello, reducir la batalla de precios de los últimos años y ganar en márgenes por los servicios a los clientes. De concretarse estos movimientos, Orange y MásMóvil serían el principal actor en buena parte de los negocios, con un accionariado repartido entre la teleco francesa, con el 50%, y el resto en manos de los fondos KKR, Providence y Cinven. Telefónica pasaría a ser el segundo grupo del mercado en algunas actividades, con una batalla accionarial entre el Estado saudí y el español, con otros actores, por ver quién controla el devenir de la compañía. Vodafone España, por su parte, estaría al 100% en manos de Zegona.

Sin embargo, este intento de reducir el mercado a tres operadoras que controlen más del 90% de los principales negocios podría encontrarse con una situación que ya se ha dado en el pasado. La rumana Digi es, a día de hoy, la quinta operadora del país, creciendo mes tras mes con miles de clientes procedentes de las grandes compañías por sus campañas basadas en el bajo coste. Si Bruselas obligase a Orange y MásMóvil a desprenderse de activos y paquetes de clientes, la compañía estaría dispuesta a hacerse con ellos.

Así lo evidenció Darius Varzarus, consejero delegado del grupo, en una reciente entrevista con El Mundo, en la que evidenciaba la disposición del grupo a invertir hasta 2.000 millones en ello. Fue la misma situación que se vivió cuando hace más de un lustro MásMóvil se benefició de los 'remedies' de la fusión de Orange y Jazztel para empezar a convertirse en la cuarta operadora española. “Creemos que España necesita un mercado de telecomunicaciones con cuatro operadores de telefonía móvil fuertes”, aseguró Varzarus.

Los próximos meses dictaminarán el escenario final del sector y la envergadura del cambio. Lo que ya apuntan los movimientos anunciados hasta ahora es que nada volverá a ser como antes en uno de los sectores estratégicos de la economía.

Las empresas que comercializan bienes y servicios tendrán prohibido a partir del 29 de junio realizar llamadas comerciales no deseadas —las conocidas popularmente como llamadas spam— a los usuarios que no hayan dado previamente su consentimiento expreso.

Estas empresas podrán ser sancionadas en virtud de la Ley General de Telecomunicaciones, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de junio de 2022, y que contemplaba un artículo que incluía esta prohibición.

La normativa establecía un plazo de un año para la entrada en vigor del derecho de los usuarios finales a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial que se contempla en el artículo 66 de esta ley.

Esta ley se aplicará si al usuario que se llama tiene una numeración fija o móvil asignada en España, según han precisado a EFE fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Así, si la empresa hace un spam sin consentimiento, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) podrá iniciar un expediente sancionador contra la empresa independientemente del lugar donde se ubique.

En el caso de que una empresa comercialice bienes y servicios en España y efectúe una llamada desde un call center (centro de llamadas) que se ubique fuera del país, la AEPD también podrá dirigirse a dicha empresa.

Concretamente, la ley establece que los usuarios tendrán derecho “a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales o salvo que la comunicación pueda ampararse en otra base de legitimación de las previstas en el artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 de tratamiento de datos personales”.

Esta excepción por ejemplo se aplicaría en los casos de que la llamada fuera necesaria para proteger intereses vitales, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público, entre otros.

Telefónica, a favor; Orange, Vodafone y Másmóvil no contestan

Uno de los sectores que efectúa este tipo de llamadas es el de las telecomunicaciones, aunque no es el único.

Telefónica, el principal operador del país, ve “con buenos ojos” que exista una normativa para limitar este tipo de llamadas y ha asegurado que siempre han sido “enormemente respetuosos” en este aspecto.

De hecho, las fuentes han afirmado que las llamadas a no clientes son muy residuales.

La multinacional española ha recordado que siempre ha impulsado el cumplimiento del código deontológico en lo referente a horarios, prácticas y por supuesto en la protección de datos de los clientes, con los niveles de consentimiento que esto implica.

En el caso de O2 (una marca de Telefónica), ni siquiera se realizan llamadas a sus propios clientes, además de no hacerlas a los no clientes, han apuntado.

Los otros tres operadores, segundo, tercero y cuarto, Orange, Vodafone y MásMóvil, respectivamente, no se han pronunciado sobre este asunto tras ser preguntados por EFE.

Por su parte, el director general de la patronal tecnológica DigitalES, Víctor Calvo-Soltelo, cree que este es uno de los diferentes ámbitos en los que la nueva normativa ha avanzado, aunque considera que el sector es uno de los que ofrece “mayores garantías hacia el consumidor”.

Ha añadido que estas garantías se producen gracias “a la normativa sectorial y a los estándares de calidad que se imponen los propios operadores”. En DigitalES, están presentes las principales empresas de telecomunicaciones del país.

Incluido durante la tramitación parlamentaria

El derecho a no recibir llamadas comerciales no deseadas se introdujo en la ley durante su tramitación parlamentaria, tras la aprobación en el Congreso de una enmienda pactada entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC.

En un primer momento, el proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes reconocía el derecho a oponerse a este tipo de llamadas y a ser informado al respecto, algo que ya era posible realizar a través de la lista Robinson, en la que los usuarios pueden darse de alta para evitar este tipo de comunicaciones de las empresas a las que no hayan dado su consentimiento.

Esta ley regula el sector de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas e incorpora al ordenamiento jurídico español las directivas europeas al respecto. Entre otros cometidos, esta ley refuerza y protege los derechos de los usuarios.

“Revisión estratégica”. Este es el concepto con el que Vodafone se ha referido al futuro de su filial española. La que fuera una de sus principales áreas geográficas ha ido perdiendo protagonismo en los últimos años dentro del grupo por la caída del negocio. Ahora, la multinacional británica lanza un plan de ajuste y simplificación de estructura en la que se contempla, más abiertamente, la posible venta de su actividad en España. Un movimiento de este calado ampliaría un terremoto en el sector en España junto con la fusión de Orange y MásMóvil.

El grupo británico presentó este martes sus resultados anuales, los primeros con Margheritta Della Valle como consejera delegada. La que fuera directora financiera de la multinacional ha tomado el control de la dirección presionada por inversores y analistas para mejorar la rentabilidad y la evolución del negocio. “Vodafone tiene que cambiar”, aseguró en una reunión con analistas. “Nuestra evolución no ha sido la mejor y mis prioridades son los clientes, la simplicidad y el crecimiento”, añadió.

Estos planes de simplificación y crecimiento parecen señalar a la filial española. El grupo planteó en el informe anual que ponía este negocio en “revisión estratégica”, lo que supone tener en cuenta “todas las opciones potenciales”. Estas opciones incluyen la venta en España, tal y como apuntó Della Valle a Reuters. “Estamos abiertos a un cambio estructural”, apuntó la ejecutiva, que no detalló ante los inversores ni un calendario ni una mayor concreción. En sus declaraciones durante la presentación de resultados aseguró que la situación en España es “obviamente muy difícil” y “no tiene un rápido arreglo”.

España ha sido el mercado de Vodafone donde más han caído los ingresos durante el último ejercicio. La facturación por servicio se ha desplomado un 5,4%, frente a la subida del 5,6% en Reino Unido o los retrocesos del 2,9% y 1,6% en Italia y Alemania, respectivamente. Vodafone lo achaca a la “continuada competencia en precios” en el sector de mayor valor y a una pérdida en la base de clientes. Con este retroceso y el de años anteriores, España ha pasado de suponer en torno a un 11% de los ingresos del grupo antes de la pandemia al 9%.

La situación que vive Vodafone España se arrastra desde antes de la pandemia y no es ajena a la que han vivido también Orange o Telefónica durante la guerra de precios del sector. Sin embargo, en el caso de la británica ha sido más intensa. Esta situación llevó al grupo a aplicarle un deterioro contable de 2.900 millones de euros a la filial española en 2019 y de 800 millones en el año siguiente. Aplicaron estos recortes ante las peores expectativas para el negocio de su empresa en España. En 2021 se unió un plan de recorte de plantilla y de cierre de las tiendas propias que tenía en el país.

En la misma línea, Vodafone hizo una reorganización interna al comienzo de este año en el que degradaba el peso de la filial española en el grupo. Integró Vodafone España en el clúster de Europa. De este modo, dejaba de depender directamente del consejero delegado de la multinacional, como los grandes mercados en Reino Unido, Alemania o Italia, y le hacía depender de Vodafone Europe y de su director ejecutivo. Además, se aprobó la sucesión al frente de España, sustituyendo a Colman Deegan por Mário Vaz, que hasta ahora era el responsable de Portugal.

Desde hace meses se especula en el mercado con una posible desinversión de Vodafone en España. De hecho, la lectura que han hecho medios especializados de esa “revisión estratégica” de la filial española ha ido precisamente en el camino de una venta. Hace apenas un mes, la agencia de noticias financieras Bloomberg publicó que la multinacional británica estaba recibiendo el interés de los fondos de inversión por la potencial venta de su filial española. No ha existido un proceso de venta formal, según aquella comunicación, pero no habría evitado que inversores como Apollo, uno de los grandes inversores de capital riesgo del mundo, se acercaran a la británica para interesarse por el negocio en España. Según esta información, se estaría valorando en unos 4.000 millones de dólares la filial española de Vodafone.

No ha sido la única operación de Vodafone en España con la que el mercado ha especulado en las últimas semanas. La otra ha sido referente a una venta, aunque fuera parcial, de sus infraestructuras de fibra en este mercado. De hecho, Telefónica ha mostrado públicamente su interés por este negocio. El consejero delegado de la compañía española, Ángel Vilá, aseguró a Bloomberg la pasada semana que Telefónica está “abierta y preparada” para explorar alianzas con Vodafone “en particular en el caso de la fibra en España si quisieran apagar progresivamente su cable”.

Vodafone también se vio implicada el pasado año en una eventual fusión con MásMóvil. Durante meses el mercado había especulado con una fusión en España, que apuntaba a que o la británica o la francesa Orange se unirían con la cuarta operadora del país, propiedad de los fondos KKR, Providence y Cinven. En el caso de la empresa inglesa, se buscó una venta que no acabó fructificando. Fue finalmente la compañía gala la que se hizo con el acuerdo, que generará un nuevo gigante de telefonía en España que superará en algunos negocios al que fuera monopolio estatal, Telefónica.

Actualmente, España es un país con cuatro grandes operadoras de telefonía (Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil). Sin embargo, para finales de año se espera que este número pase a tres con la fusión de Orange y MásMóvil. A ello se suma ahora un futuro incierto para Vodafone, que ha estado presente en España desde que a finales de los noventa entrara en Airtel, una de las primeras operadoras privadas del país. Desde entonces ha sido, con Orange y Telefónica, uno de los actores principales para entender el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en España.

Presión en Bolsa

No ha sido España el único país en el que la anterior dirección de la compañía, con Nick Read a la cabeza, no logró sacar adelante un acuerdo que se antojaba necesario por parte de los analistas e inversores. En Italia, el grupo acabó rechazando el intento del magnate francés Xaviel Niel de adquirir el negocio en el país transalpino. Si bien ha logrado desprenderse de otros negocios como en Hungría o hacer caja con sus torres de telecomunicaciones con Vantage, medios especializados citan estas dos operaciones como tropiezos de la compañía durante los últimos años en la búsqueda de una empresa más ligera y rentable.

Ahora Della Valle tiene la difícil labor de poner en el buen rumbo a Vodafone. “Mis prioridades son los consumidores, la simplicidad y el crecimiento”, ha expresado en sus distintas intervenciones durante su primera presentación de resultados anuales. “Nos hará ser más rápidos, generará más eficiencia y podremos reinvertir en la experiencia del usuario”, aseguró a los analistas al ser preguntada por qué se notará de su intervención en el timón de la multinacional. “Necesitamos hacer más, tanto orgánica (por sí mismos) como inorgánicamente (con operaciones)”, aseguró la consejera delegada.

Entre las primeras decisiones de la consejera delegada se encuentra el anuncio del recorte de 11.000 puestos de trabajo en todo el mundo durante los próximos tres años. Supone eliminar en torno al 12% de los empleos actuales de la compañía y afectará tanto a la sede central como a sus distintos mercados. Las cuentas fueron respondidas en Bolsa con una fuerte caída en el valor de la compañía de más del 9%. Con ello, los títulos de la teleco se encuentran actualmente en el valor que tenían a finales de los años noventa.

El timo del duplicado de la tarjeta SIM es uno de los más frustrantes para la víctima. La persona que lo sufre puede darse cuenta muy rápido de que algo raro está pasando: su móvil se queda sin cobertura y no puede hacer llamadas ni recibir mensajes de texto. Ni toquetear en los ajustes, recalibrar la conexión o apagar y encender el dispositivo lo solucionará. Pasará algún tiempo hasta que pase por una tienda física de su operadora o llame desde otra línea para preguntar qué ocurre. Un tiempo suficiente para que los ciberdelincuentes desvalijen su cuenta bancaria.

Lo que sucede en esos minutos es que alguien ha solicitado un duplicado de su tarjeta SIM y ha ordenado la desactivación de la antigua. Con la víctima ya incomunicada, ha contactado con su banco y ha solicitado el cambio de las credenciales de acceso a su cuenta. Como controla su número de teléfono, el SMS de seguridad del banco para confirmar la modificación lo recibe el atacante, no su legítimo propietario.

Una vez dentro de la cuenta, realiza el mayor número de transferencias, pagos al extranjero o solicitudes de crédito que le es posible hasta que llega la denuncia de la víctima o los sistemas del banco detectan que algo va mal.

El timo del duplicado de la tarjeta SIM (también conocido como SIM swapping) se ha multiplicado en los últimos años debido al aumento de las brechas de datos personales. Estos agujeros de seguridad permiten a los ciberdelincuentes acceder a la información de los ciudadanos que necesitan para lanzar el ataque: nombre completo, DNI, dirección, teléfono, email, cuenta bancaria, número de la tarjeta crédito. Una ficha con la que suplantan a sus víctimas y logran superar las verificaciones que solicitan las operadoras antes de hacer un duplicado.

Las denuncias por este tipo de timos no solo se acumulaban en las comisarías, sino también en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En 2019 este organismo decidió lanzar una investigación de oficio sobre cómo estaban protegiendo las operadoras a los ciudadanos de las estafas de duplicados de SIM. Tras dos años de análisis decidió imponer cuantiosas multas contra las cuatro principales telecos que operaban en el mercado español ante “la evidencia de un incumplimiento del deber de proteger la información de los clientes”.

Fueron 3,9 millones de euros a Vodafone, 900.000 a Telefónica, 700.000 a Orange y 200.000 a MásMóvil. “Las medidas de seguridad son claves”, insistía el organismo: “Este acceso no autorizado a los datos personales de los afectados resulta determinante para las actuaciones posteriores desarrolladas por las personas suplantadoras, ya que aprovechan el espacio de tiempo que trascurre hasta que el usuario detecta el fallo en la línea, se pone en contacto con la operadora, y ésta detecta el problema, para realizar operaciones bancarias fraudulentas”.

Año y medio después de la ronda de multas millonarias, las operadoras no han arreglado el problema. Este 2023 está marcado por una cascada de nuevas multas contra las telecos. Vodafone vuelve a ser la más sancionada y acumula ya seis resoluciones en su contra desde que fuera multada con 3,9 millones en 2021. De hecho, es la única operadora que ha tomado la determinación de no presentar alegaciones en los procesos de la AEPD y acogerse así a una reducción del 20% de la cuantía de las multas por pronto pago.

Las operadoras afirman que han instaurado medidas

elDiario.es ha preguntado a todas las operadoras afectadas por nuevas multas por qué no han actuado para poner medidas de protección que eviten el timo de la tarjeta SIM. Vodafone explica que “ha implementado medidas para mejorar los procesos y evitar estos casos”, pero que “la implementación de estas medidas en muchos casos no es inmediata, por lo que se pueden dar algunos casos de reclamaciones en ese tiempo”.

Según ha podido comprobar este medio, las tres últimas multas contra Vodafone provienen de denuncias presentadas varios meses después de la primera multa de la AEPD. En concreto, dos de ellas se interpusieron en marzo de 2022 y otra en mayo. “Al terminar los procedimientos sancionadores en periodo voluntario no estamos haciendo un reconocimiento de culpa y recordamos que no estamos de acuerdo con el criterio de la AEPD dado que el procedimiento principal de 3,9 millones de euros está recurrido ante la Audiencia Nacional y pendiente de sentencia”, señala la operadora.

Orange, la segunda más multada, se acuerda de los bancos. “Consideramos que las entidades bancarias deberían ser igual de diligentes para atajar este problema ya que, en último término, son las responsables de que nadie, salvo el legítimo titular, acceda a las cuentas bancarias”, achaca. También afirma que intenta mejorar de forma proactiva la protección de sus usuarios, ya que “la compañía también es parte perjudicada, tanto por el perjuicio que puedan sufrir indirectamente sus clientes, como por su potencial impacto económico y en términos de percepción de la marca”, exponen fuentes de la empresa.

Telefónica ha sido la última en recibir una multa a raíz de un duplicado de la tarjeta SIM. La resolución ha sido publicada esta semana y la empresa anuncia a este medio que la recurrirá. “La operadora aplica continuamente diversas medidas para prevenir el fraude por SIM Swapping, cumpliendo así los compromisos adquiridos con la AEPD para reforzar la seguridad en este tipo de operaciones”, dicen fuentes de Movistar.

MásMóvil ha sido la única de las involucradas en la primera ronda de sanciones que no ha vuelto a recibir multas por este motivo. Digi también ha recibido una multa (70.000 euros) en esta nueva oleada, pero la operadora rumana no estaba presente en España en el momento en el que la AEPD lanzó su primera investigación de oficio.

Cómo evitar los timos del duplicado

Los especialistas recuerdan que esta estafa tiene una primera señal de alarma muy clara. Si el teléfono se queda sin cobertura sin un motivo aparente y el problema no afecta a otros usuarios alrededor, la recomendación es contactar con la operadora y averiguar qué ha ocurrido. “En caso de que se confirme el duplicado de tarjeta, es necesario cambiar inmediatamente las credenciales de acceso a la banca digital y a otros servicios online utilizados con frecuencia y contactar con el banco para informar de lo ocurrido”, explican desde el BBVA.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) sugieren establecer métodos de autentificación de doble factor que no requieran de un SMS, que los ciberdelincuentes pueden interceptar con un duplicado. “Implementa en tu dispositivo la autenticación en dos pasos, como medida adicional a la contraseña con la que podrás dificultar que alguien sin autorización acceda a tus cuentas. Puedes utilizar aplicaciones como Microsoft Authenticator, Google Authenticator como método alternativo de doble factor”, dice su guía para evitar el SIM swapping. En el caso de los bancos, el método alternativo al SMS puede ser a través de su propia app.

El resto de medidas que ponen encima de la mesa los especialistas tiene más que ver con la higiene digital para protegerse de una suplantación que con este timo en sí. Desde el Incibe piden, por ejemplo, no abrir enlaces “que se sean sospechosos ni archivos adjuntos recibidos por correo electrónico o SMS”; “no descargar aplicaciones de tiendas no oficiales (es decir, las que no sean Google Play o Apple Store)” o actualizar las contraseñas de forma periódica.

Sevilla acogerá los dos primeros cursos gratuitos del programa de ‘Formación en Tecnología 5G’ que impulsa la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación. En concreto, se trata de las primeras ediciones de los cursos sobre ‘Programación para soluciones de IOT y Smart City’ y ‘Programación en Inteligencia Artificial y Big Data’, que se impartirán en Sevilla desde el 17 de abril y que concluirán el 1 de junio, en el caso del primero, y el 6 de junio, en el caso del segundo. 

Las solicitudes pueden presentarse hasta el próximo 22 de marzo, preferentemente de forma telemática a través de la web www.formacionen5G.es o la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la propia Consejería, en los enlaces https://lajunta.es/429fg y https://lajunta.es/429fi. La inscripción puede también formalizarse vía email (info@formacionen5g.es), o presencialmente, en las oficinas de Integra Conocimiento & Innovación, en la calle Arquitectura (Torre 7, piso 4, Letras 5-6), según informa la unión temporal de empresas que desarrolla el proyecto.

Cada uno de los dos cursos oferta 45 plazas para personas desempleadas, que tendrán la oportunidad de formarse a lo largo de 150 horas lectivas impartidas en modalidad mixta de teleformación y presencial. En las próximas semanas se abrirá también el plazo de inscripción en la tercera de las acciones formativas que contempla el programa, la de ‘Programación en realidad virtual y realidad aumentada aplicables en entornos 5G'. Lo hará tanto en Sevilla como en las otras cuatro ciudades elegidas como sedes para el desarrollo de esta novedosa actuación: Algeciras, Málaga, Villacarrillo (Jaén) y Huelva.  

El programa de ‘Formación en Tecnología 5G’ cuenta con un presupuesto de 4,8 millones de euros para formar durante los dos próximos años a 3.240 andaluces en un sector que según todas las previsiones demandará un alto número de profesionales durante la próxima década. De hecho, el III Estudio sobre el Estado de la Digitalización de las Empresas y las Administraciones Públicas Españolas revela que casi el 50% de las grandes compañías y el 55% de las Administraciones considera el 5G como una tecnología relevante para el futuro de sus organizaciones.  

En total el programa cuenta con 486.000 horas distribuidas en 72 ediciones, y tiene como objetivo formar a 3.240 andaluces. En Sevilla se celebrarán un total de 24 currsos que formarán a 1.080 personas. Aunque las plazas van dirigidas principalmente a personas en situación de desempleo, un 30% de las vacantes se reserva a trabajadores ocupados interesados en la materia, que podrán adquirir de esa forma nuevas destrezas y mejorar sus perspectivas profesionales. 

Vodafone España fue la operadora de telecomunicaciones, en UTE con Integra Conocimiento & Innovación, elegida por la Consejería de Empleo, Empresa y Formación para dotar a los centros donde se imparta el programa de su tecnología 5G y del resto de requerimientos técnicos necesarios. Por su parte, Integra Conocimiento & Innovación, centro acreditado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, se encargará de impartir las especialidades formativas a los alumnos. A través de su equipo de profesionales, tecnologías y experiencia pedagógica, esta empresa de consultoría aportará la metodología necesaria para que el proceso de aprendizaje de los participantes sea eficaz y resulte un exitoso en materia de promoción y de nuevas oportunidades laborales.