La pretensión de un grupo inversor catarí de levantar un rascacielos en una parcela pública del Puerto de Málaga es una de las cuestiones que más debate genera en la ciudad. A favor o en contra se han pronunciado casi todos los partidos políticos (PP a favor; PSOE, ahora en contra; Unidas Podemos en contra), Puertos del Estado (el principal impulsor, con el Ayuntamiento), el Ministerio de Cultura, la Academia de Bellas Artes, el Colegio de Arquitectos, un organismo asesor de la UNESCO (en contra) y miles de ciudadanos ilustres o anónimos.

Ahora se suma un nuevo actor, sin capacidad ejecutiva pero con naturaleza mediadora y de Pepito Grillo de las administraciones. El Defensor del Pueblo Andaluz aboga por “proteger el Puerto de Málaga ante proyectos urbanísticos” como el del rascacielos en una resolución reciente. Jesús Maeztu concluye que no se entiende que carezca de protección como Bien de Interés Cultural, cuando así se previó en la tramitación del expediente de declaración BIC del Centro Histórico, al que es consustancial. El Centro Histórico está protegido como BIC, pero de su delimitación está excluido el Puerto, con el que linda.

Por eso, ha emitido una “recomendación” para “velar por la integridad de los valores protegidos en el Conjunto Histórico de Málaga declarado Bien de Interés Cultural” y una “sugerencia” para “impulsar” ante la Administración General del Estado, a quien correspondería su declaración como BIC, un régimen de protección para el Puerto “acorde (…) con la categoría aprobada para el resto del Conjunto Histórico de la ciudad”. Concluye que se deberían condicionar los proyectos urbanísticos que desplieguen “una evidente afección ambiental y paisajística” en el espacio portuario.

El Defensor resuelve así una queja en la que se le pedía protección para el Puerto de Málaga y que se impidieran las obras “sin control previo de las administraciones culturales competentes”. Son peticiones que quedan lejos de sus competencias, pero ha llegado tan lejos como podía: recomendando a las administraciones (principalmente, al Ministerio de Cultura) que hagan algo para proteger el Puerto, quizá declarándolo BIC.

Sin embargo, el Ministerio ha rechazado hasta ahora todos los intentos de recabar su protección. El pasado marzo archivó un expediente que él mismo había abierto de oficio, y que buscaba determinar si el rascacielos, de 116 metros de altura y destinado a hotel de gran lujo, alteraría o no el paisaje protegido de la ciudad. Cultura acabó concluyendo que no hay “evidencias probadas” de “expoliación” del paisaje, a pesar de que antes sí había apreciado “indicios suficientes” de que alteraría “de manera irreversible” el paisaje y que es “parte fundamental de la creación del conjunto histórico”.

“Ostenta los parámetros para ser considerado BIC”

El Defensor no se explica cómo un ámbito de protección tan amplio como el Centro Histórico de la ciudad acaba prescindiendo del Puerto, sin el cual queda “desgajado e incompleto”. “Resulta evidente por reconocido el papel esencial que implica el Puerto de Málaga en la historia, concepto y comprensión del ciudad de Málaga”, dice el Defensor, que resalta que el relato que fundamenta la propia declaración BIC del Conjunto Histórico hace continuas alusiones al Puerto y su papel esencial en la conformación histórica de la ciudad. Le sorprende que después de tantas menciones acabe excluyéndolo del ámbito de protección.

Antes de emitir su resolución, preguntó a la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, que es la administración que declaró BIC el Centro Histórico. Y la Delegación le contestó que el Puerto estaba incluido dentro de la delimitación cuando se inició el expediente para la declaración del BIC, en 1985. Sin embargo, se le sacó en 2011, justo antes de aprobarse el decreto, porque su protección no corresponde a la Junta de Andalucía sino a la Administración del Estado, al tratarse de un patrimonio histórico adscrito a Puertos del Estado.

Eso no significa que el Puerto no merezca ser BIC, dice la Delegación. “El Puerto de Málaga ostenta valores culturales para ser considerado como Bien de Interés Cultural (BIC) como parte del Conjunto Histórico de Málaga, pero la competencia para la protección cultural de este espacio como BIC no corresponde a la Comunidad Autónoma sino a la Administración del Estado”, le dice al Defensor.

En la resolución, Maeztu concluye que la falta de protección solo se explica por una cuestión competencial. La Junta de Andalucía, que dice que reúne las condiciones para ser declarado BIC, no puede hacerlo; y la Administración del Estado, que sí podría a través del Ministerio de Cultura, no ha mostrado interés.

Sin embargo, el hecho de que carezca de una figura formal que lo ampare no debe implicar, dice el Defensor, que quede desprotegido. La Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía no prohíbe la alteración de los conjuntos históricos, pero impone a los planes urbanísticos que les afectan algunos condicionantes, que el Defensor cita. Por ejemplo, permite “excepcionalmente” las remodelaciones urbanas “siempre que supongan una mejora de sus relaciones con el entorno territorial y urbano”, y obliga a que las nuevas edificaciones fijen unos parámetros “con respeto y en coherencia con los preexistentes”.

A la espera de la Evaluación Ambiental Estratégica

“La larga lista de instituciones, organismos, técnicos y personalidades que se han manifestado sobre el inconveniente de colocar ahí ese edificio se engrosa ahora con el pronunciamiento del Defensor del Pueblo”, se felicita Juan Antonio Triviño, portavoz de la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, que advierte también de que “los intereses ocultos o descarados del Ayuntamiento y el presidente de la Autoridad Portuaria les hacen prestar pocos oídos a estos pronunciamientos”. “Está claro que no es un problema de argumentos”. Con todo, cree que el riesgo ahora es que se modifiquen los parámetros que limitan los usos del suelo público portuario para permitir no solo un hotel, sino otro tipo de aprovechamientos privados.

Presentado inicialmente en 2015, el proyecto para levantar el rascacielos sobre el muelle de Levante debe superar una nueva Evaluación Ambiental Estratégica, después de que caducara la aprobada hace más de cuatro años. Si recibe el visto bueno, el Pleno del Ayuntamiento deberá aprobar o no la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto, que actualmente solo contempla una edificabilidad 6.000 metros cuadrados en un máximo de 13 metros de altura, muy lejos de los 116 metros y 45.000 metros cuadrados que se prevén para el rascacielos. Si se mantienen los plazos, el debate acabará produciéndose muy cerca de las elecciones municipales. Finalmente, el Consejo de Ministros tendría que autorizar el cambio a uso hotelero del suelo portuario.  

“Sin otro particular, y agradeciéndole el gesto de dirigirse a esta Institución y hacernos llegar sus reflexiones y opiniones sobre ese asunto, le saluda, atentamente, Jesús Maeztu”. Así despide el Defensor del Menor y del Pueblo Andaluz la comunicación de respuesta a la queja enviada por la coordinadora general de Podemos Andalucía y líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, al día siguiente del acto de campaña de Vox junto a un centro de menores extranjeros no acompañados en Sevilla, protagonizado por Rocío Monasterio. “Nuestras competencias se ciñen a supervisar la actividad administrativa de los miembros del Consejo de Gobierno, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de la Administración Autonómica en Andalucía, y sin que en el presente caso nos encontremos en esa situación”, sentencia, abogando por “respetar las actuaciones que al respecto viene realizando” la Fiscalía, como informó este periódico.

Teresa Rodríguez puso el grito en el cielo tras el acto de Monasterio. Se la vio muy enfadada con el asunto en el mitin de aquella misma anoche en Pino Montano (“son nuestros niños”, gritó) y acusó a la Junta, a través de la queja, de no haber desarrollado “ninguna actuación” para “evitar el acto y garantizar los derechos” de los menores. Ahora, lamenta que de manera implícita parece que archiva la queja planteada, entre otros, contra la Administración andaluza en relación a las medidas de protección de los menores.

Y es que el Defensor reproduce íntegramente en su respuesta el comunicado que publicó en su web al día siguiente de aquel acto electoral, donde hacía un llamamiento para evitar la criminalización de los menores extranjeros no acompañados “so pretexto de pedir seguridad para la ciudadanía”. Apunta el Defensor en su respuesta a la diputada que “la campaña electoral se concibe como el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios. Dentro de la campaña electoral las diferentes candidaturas realizan actividades de propaganda de las cuales resultan diversas incidencias que han de ser resueltas por las correspondientes Juntas Electorales (Junta Electoral Central, Provincial y de

Zona)“.

Desacuerdo político y jurídico

“La excusa de un proceso electoral no puede permitir que se realicen comentarios racistas y alentadores de la violencia contra nuestros niños y niñas y en las puertas de sus domicilios”, responde Teresa Rodríguez. “Parece que la libertad de expresión en tiempos electorales admite cualquier exceso, incluso el criminalizar a los menores, para no interferir en el proceso electoral”, añade al respecto en su carta. “No puedo estar más en desacuerdo político y jurídico. Aun entendiendo que durante un proceso electoral puedan producirse excesos verbales, éstos tienen un límite y es el Código Penal y la protección de nuestros menores”, señala Rodríguez.

“Ayer en Madrid cometieron un acto de violencia extrema contra un centro de menores en Madrid, espero que la desidia y la falta de arrojo de todas las instituciones andaluzas, respecto a justificar o blanquear este tipo de manifestaciones y no ser enérgicos en su rápida condena, no solo mediática, sino administrativa y jurídica, provoque que se acaben justificando estos actos en Andalucía. El propio Ministro del Interior del Gobierno de España Grande Marlaska relacionó este acto con los discursos de odio”, argumenta la diputada.

Respecto a que ha tenido conocimiento que en Fiscalía ha abierto unas diligencias de investigación por los mismos hechos y que conforme al artículo 17.2 de la Ley del DPA no debe entrar a conocer, Rodríguez le expone que “los hechos denunciados ante Fiscalía difieren en los de la queja”. “Mientras en Fiscalía se ponen en conocimiento unos hechos delictivos (posible art. 510 del CP) para que actúe contra una persona determinada, en los hechos de la queja también se solicita, conforme a las competencias establecidas en el artículo 10.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, que 'supervise y corrija con recomendaciones en su caso, las actuaciones realizadas por la Junta de Andalucía para evitar esta situación y solicite los informes a la titular de la Consejería de Igualdad Políticas sociales y conciliación, al objeto de que diga qué acciones que han llevado a cabo para evitar este tipo de actuaciones que vulneran los derechos fundamentales de nuestros niños y niñas de acogida, y asimismo las actuaciones que tienen previstas para que no vuelvan a suceder'”.

“Sucesos racistas”

La diputada solicita de nuevo dicha información ya que “consideramos que su actuación ha sido a todas luces insuficientes para garantizar los derechos de los menores residentes allí”. Por otro lado, “no existen ningunas diligencias previas en ningún órgano jurisdiccional por lo que no estaría dentro del supuesto del artículo 17.2 citado anteriormente, ”aunque, si considera que los hechos pueden ser delictivos, le animamos que como Defensor del Pueblo se sume a la petición para que la Fiscalía investigue los sucesos racistas realizada por múltiples asociaciones“.

Respecto a lo solicitado en la queja a que investigue a los órganos políticos y administrativos de la Junta de Andalucía “no se ha realizado ninguna acción por parte del DPA conforme al artículo 18 de su propia la ley reguladora”, concluyendo que “se admita a trámite la queja interpuesta en su día” y “promueva la oportuna investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos que sucedieron el día 4 de noviembre de 2019”.

“Entiendo que la actuación del DPA como Defensor del Menor es claramente insuficiente, no deseando que fuera de falta de voluntad política. Entiendo que, ante hechos tan graves, al menos como han hecho múltiples organizaciones de la sociedad civil deberían haber puesto en conocimiento del Juzgado o Fiscalía dichos actos, que por otro lado no son la primera vez que se producen”, sentencia.

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha solicitado este martes “de los poderes públicos que hagan efectivo el llamamiento de todos los Defensores del Pueblo en las pasadas Jornadas de Coordinación de ”evitar la criminalización de los adolescentes y jóvenes extranjeros no acompañados, y la exigencia de una reacción pronta de las administraciones para que sus derechos fundamentales sean respetados, así como una mayor sensibilización de los medios de comunicación, entidades públicas, privadas y ciudadanía en general, para no alentar su estigmatización y alarma social con informaciones falsas y tendenciosas“.

En un breve comunicado publicado en su web, “manteniendo el respeto y la no interferencia en los procesos electorales”, el Defensor señala que “ante las informaciones registradas en los medios de comunicación sobre la situación creada a cuenta de la ubicación de un centro de menores extranjeros en el barrio de la Macarena de Sevilla”, considera que “no tiene ningún fundamento legal ni social alarmar y descalificar a estos niños y niñas, so pretexto de pedir seguridad para la ciudadanía, estigmatizando como peligrosos a un grupo de menores que se están integrando con total normalidad”.

El Defensor del Menor de Andalucía recuerda que ha visitado las instalaciones junto a las que Vox convocó a la prensa “en dos ocasiones, la última el pasado 17 de septiembre justo tras tomar posesión del cargo y en conjunto a los miembros, sin excepción, de la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía del Parlamento andaluz, donde comprobó la absoluta normalidad del centro”.

“Basta ya de alarmas sociales provocadas que dificultan el futuro de una infancia que ha sufrido una largo itinerario de dolor”, ha reclamado Jesús Maeztu. Por último, el Defensor del Menor de Andalucía reitera que “todas las medidas que afecten a los menores extranjeros no acompañados deben responder al interés superior del menor”.

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha destacado este jueves la respuesta social de la ciudadanía para la recuperación de los derechos conquistados durante años, gracias a la cual se está consiguiendo la “consolidación” de muchos de ellos. Pese a ello, Maeztu ha denunciado que el retraso en la concesión de las ayudas al alquiler de vivienda y el tiempo excesivo de respuesta para la obtención de la Renta Mínima de Inserción siguen siendo “problemas graves y de trascendencia social” en la comunidad autónoma, junto a la llegada a las costas andaluzas de menores extranjeros no acompañados.

Maeztu ha entregado a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, el informe anual de la institución de 2018, donde destaca que se han gestionado 10.915 quejas, de las que 7.570 fueron nuevas (7.436 a instancia de parte y 134 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores, y 13.117 consultas. Los datos suponen un incremento de un 11,2% en cuanto a quejas tramitadas y de un 26,3% en consultas con respecto a 2017. En total, fueron 24.761 actuaciones en defensa y promoción de los derechos de la ciudadanía después de que 22.001 personas requirieran el año pasado la intervención de la Defensoría.

Pero Maeztu se ha detenido en “dos derechos subjetivos muy preocupantes” como son las ayudas al alquiler y la obtención de una renta de subsistencia, que tarda en tramitarse cuatro veces más de lo exigido por ley. “La gente se sigue teniendo que ir a la calle por problemas de gestión y la renta no llega a tiempo. Nos jugamos la pobreza y el techo, que son cuestiones básicas”, ha enfatizado Maeztu, que ya ha cumplido los cinco años de vigencia del mandato.

Acerca de la primera cuestión, el informe destaca un aumento de las quejas por desahucios, con ligeros cambios, pero con alguna diferencia. Si hace unos años el principal motivo del lanzamiento de vivienda eran las ejecuciones hipotecarias, actualmente lo es el impago de las rentas del alquiler. Una medida que podría evitar los desahucios, como es la ayuda al alquiler convocada por la Junta de Andalucía, evidencia un año más “fallos en su gestión”, lo que ha sido de nuevo foco de las quejas de la ciudadanía, ha expuesto Jesús Maeztu.

“Derechos conquistados”

El Defensor del Pueblo andaluz ha vuelto a exponer que un gran número de hogares no puedan acceder a una vivienda digna y adecuada, un fenómeno agravado por las aún elevadas tasas de desempleo, la precariedad laboral, la especulación inmobiliaria y el alza de los precios del alquiler.

Respecto al segundo aspecto, el “logro social” del reconocimiento de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, como derecho de naturaleza jurídica subjetiva tiene su contrapunto en el informe en los retrasos en su acceso, de ocho meses de media, en lugar de los dos meses preceptuados para que la resolución sea dictada y notificada.

Maeztu ha señalado en todo caso que actualmente la ciudadanía es más consciente de las amenazas de pérdida o retroceso de derechos y de lo costoso que sería su recuperación. “Gracias a esta reacción, la sociedad está logrando la consolidación de muchos de ellos y que hoy se consideren, por todos, derechos indiscutibles. Ya no se toleran pasos atrás en los derechos conquistados”, ha señalado.

El Defensor ha mencionado el impacto de la crisis económica durante este periodo que, pese a los síntomas de recuperación una década más tarde, sigue siendo muy dura para muchos andaluces: “Todavía hoy se detectan núcleos de personas para quienes lo peor de la crisis aún no ha pasado y que necesitan de urgencia rentas de inserción para evitar la exclusión y la pobreza; ayudas para evitar el desahucio de sus viviendas, recursos para mantener a sus hijos a salvo de la pobreza infantil, etc. Ellos no se han recuperado”.

Dos apuestas y un decálogo

Maeztu ha querido destacar dos apuestas desarrolladas por la institución. Una, las visitas a comarcas andaluzas iniciadas en 2015 para acercar la institución y pulsar directamente las preocupaciones de la población residente en pueblos pequeños y medianos y en otras zonas rurales con problemas específicos. En ese sentido, el informe detalla que se han realizado 20 visitas, de ellas seis el pasado año, a las que han acudido más de 400 personas presencialmente y se han mantenido reuniones con más de 300 profesionales de los servicios sociales comunitarios.

Por otra parte, el Defensor también ha puesto en valor el Servicio de Mediación profesional y especializado ofrecido por la institución para resolver los problemas de la ciudadanía a través de una fórmula “novedosa y pionera” en el conjunto de los defensores del resto de comunidades y que el pasado año obtuvo respaldo jurídico en el Parlamento en un primer paso a nivel reglamentario. Este servicio gestionó el pasado año 154 quejas, por encima de las 100 previstas y un 170% más que en 2017.

Aparte de ello, el Defensor ha elaborado una decálogo con una serie de “principios irrenunciables”:

 una educación de calidad, inclusiva y que fomente la igualdad de oportunidades;

 una sanidad que permita vivir saludablemente;

 renta básica, techo digno, y acceso a luz y agua garantizados;

 respuestas judiciales y administrativas sin dilaciones indebidas;

 la defensa de las personas mayores y de la infancia;

 la atención a las personas con discapacidad;

 la igualdad de hombre y mujer;

 la igualdad de las personas con independencia del lugar de nacimiento;

 el respeto a la sostenibilidad y al patrimonio;

 y la participación, la transparencia, la cercanía y la mediación de conflictos.

Acerca de su renovación como Defensor (Jesús Maeztu lleva un año en funciones) ha asegurado que no le ha llamado “nadie” y que la presidenta del Parlamento ha iniciado el contacto con los grupos. “No voy a decidir nada mientras no haya una oferta y entonces a lo mejor me lo planteo”, ha comentado al respecto.

Menores no acompañados

Un total de 7.783 menores extranjeros no acompañados (MENA) han ingresado durante el pasado año 2018 en Centros de Protección de Menores de Andalucía, de los cuales 7.386 fueron niños y 397 niñas.

Según indican los datos del Sistema Estadístico de Menores Extranjeros No Acompañados (SIME), recogidos por el Defensor del Pueblo Andaluz en un comunicado, estos menores fueron atendidos en recursos de primera acogida o en dispositivos de emergencia habilitados para la primera acogida.

La trata de menores y la llegada de niños y mujeres a las costas españolas bajo órdenes de mafias y llamados a la explotación, la prostitución o el tráfico de órganos es “una realidad dura que nos desborda y de la que hay que reflexionar juntos”. Una realidad que los datos vienen a corroborar: en el pasado año 2016 llegaron a las costas españolas un total de 96 menores indocumentados acompañados de mujeres, 46 más que los registrados en 2015. Las primeras son palabras del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. Los datos, son de la Defensora del Pueblo a nivel nacional, Soledad Becerril. Juntos han presidido una reunión para la reflexión y trabajo sobre la trata de seres humanos celebrada en el Parlamento de Andalucía.

Con reuniones de trabajo como estas se busca encontrar soluciones para que los menores no “desaparezcan, deambulen por las calles y puedan caer en manos de mafias o personas que les haga cualquier tipo de daño”, indica Becerril.

En un encuentro del que formaron parte asociaciones como Cruz Roja, CEAR, ACCEM, CEPAIM, Mujeres en zonas de conflictos y los propios Defensores del Pueblo, se resaltó la magnitud del asunto y el interés de ahondar sobre él, siendo el tercer encuentro de este estilo desde el año 2013.

El mayor problema al que se enfrentan los Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalías y organizaciones involucradas en controlar las llegadas de menores a aguas nacionales es la incertidumbre, señalan las defensorías. Tal y como apunta el Maeztu, tanto los niños como las mujeres que les acompañan “vienen sometidos a cualquier sistema de vudú o de pago, y la mafia los sigue controlando a cierta distancia”.

Por eso, las organizaciones quieren crear una guía donde, entre todas las instituciones, generen un código a seguir para evitar coacciones a los menores, desapariciones de los mismos y conseguir una identificación y acogida digna. Además, el Defensor del pueblo andaluz también resalta como clave la cautela para, en controles e identificaciones, “no quitar un niño que a lo mejor no deberíamos quitarlo”.

Observar indicios, escuchar testimonios de madres o de autoridades y ONGs que visitan el terreno son el resto de pasos que estas organizaciones llevan realizando desde el año 2013 a fin de acabar con esta lacra. Maeztu recalca que “somos también una institución de derecho y de garantías, y tenemos que tener indicios suficientes y por ello estas reuniones son tan importantes”. En un trabajo que abarca ya cuatro años, se busca concienciar y actuar respecto a una situación en la que “llegan niños para la explotación y es una guerra contra la mafia que debemos tener en cuenta”, señala el Defensor del Pueblo Andaluz.

El Defensor del Pueblo Andaluz se ha mostrado este martes muy procupado por “el otro legado” de la crisis económica: “la tremenda brecha de desigualdad que está produciendo”. Crisis y pobreza, pobreza y desigualdad, una “relación inherente”. Jesús Maeztu se ha preguntado si los efectos de la crisis y los recortes han venido para quedarse. “No somos conscientes de la desigualdad que se está creando; la brecha económica se ha convertido en una insoportable desigualdad social”, ha alertado el Defensor acerca de que “la sociedad española está fragmentada”, con connotaciones “mucho más graves” que hace unos años, cuando “las clases estaban definidas y la desigualdad no aumentaba”. A futuro, Maeztu ha advertido de que puede estar resquebrajando definitivamente la cohesión social. “Me asusta que esta regresión de los derechos haya venido para quedarse”, ha lamentado.

Maeztu ha presentado en el Parlamento de Andalucía su Informe Anual 2016, que recoge que la ciudadanía ha presentado un 15% más de quejas y consultas respecto al año anterior para la defensa de sus derechos, con un balance total de 21.446 actuaciones. Se trata de 10.128 quejas gestionadas (de parte, de oficio, mediaciones), 10.811 consultas y 507 actuaciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc). Comparativamente con respecto al ejercicio 2015, la actividad global ha supuesto un ligero ascenso del total de las quejas y consultas tramitadas. Así la gestión de quejas tramitadas se ha incrementado en un 11,5% y las consultas un 15,7%.

Los asuntos por los que ha consultado en mayor medida los andaluces se repiten en las primeras posiciones: personal de sector público (1.272), vivienda (1.061), educación (968), menores (878). En los hombres temas relacionados con prisiones, tráfico y transportes y urbanismo son los que más se separan de las mujeres. Éstas se distinguen más de los hombres en igualdad, dependencia, educación o servicios sociales, apunta el informe.

“No hay calidad del trabajo porque hay gente que trabaja por 324 euros”, ha denunciado. “La evolución de la economía tiene un veneno dentro que se llama desigualdad que va unida a la pobreza”, ha insistido. “Tenemos que atajar la plaga de la desigualdad”. “Cojamos el índice que cojamos, observamos desigualdad”, ha dicho Maeztu, insitiendo en que “los pobres son más pobres” y alertando de que probablemente asistamos a “la era de mayor desigualdad de nuestra historia”. De hecho, la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz ha seguido caracterizada por las materias que afectan directamente al Estado del Bienestar, que han copado el 59% del total de las actuaciones, seguidas de las relacionadas con la sostenibilidad de las ciudades y territorio -“políticas territoriales”- y, en un tercer lugar, las reclamaciones ciudadanas en materia de justicia.

¿Soluciones? “Estaría bien decir que se ha mejorado aquí y aquí. En cada tema podemos hacer hincapié en alguna cuestión. El año que viene seguiremos con muchos problemas en muchos asuntos. El día que no se repita no hará falta el Defensor. Ojalá. El mejor Defensor, el que no existe”.

El informe recoge como cuestiones relevantes la crisis de los refugiados donde el Defensor ha considerado que su actuación ha sido “constante y permanente”, el salario social que requiere “una reforma urgente e inaplazable, el acoso escolar como ”una realidad que no debe ser silenciada“ y el impuesto de sucesiones y donaciones, abogando ”adoptar medidas para acompasar la actuación tributaria a la realidad actual del mercado inmobiliario“.

Jesús Maeztu, el Defensor del Pueblo Andaluz, visitará este miércoles la prisión de Córdoba. Lo que no debiera convertirse en noticia realmente lo es después de que, el pasado mes de febrero, Instituciones Penitenciarias impidiera por primera vez al máximo representante de esta institución acudir a un centro de reclusión. Finalmente, Maeztu podrá conocer de primera mano el funcionamiento del módulo de presos con problemas mentales, como era su intención primera, este próximo miércoles, según informan a eldiario.es Andalucía fuentes de la Oficina del Defensor.

Aquella negativa levantó cierta sorpresa en el propio Maeztu, una persona poco proclive al enfrentamiento institucional pero que llegó a pedir “aclaraciones” al Ministerio del Interior, de quien dependen las competencias en materia de cárceles, por “cortar” sus competencias. Su jefa, Soledad Becerril, no colaboró en calmar los ánimos al decir públicamente sobre esta cuestión que “los defensores autonómicos deben atenerse a sus competencias”. Maeztu siempre defendió que iba a seguir acudiendo allí donde hiciera falta y se le permitiera legalmente, y días después, tras un encuentro con el delegado del Gobierno en Andalucía, puso fin a la polémica aludiendo a un “malentendido” competencial.

En ese sentido, las fuentes anuncian que este próximo miércoles, finalmente, Maeztu tiene prevista en su agenda de trabajo una visita al módulo de presos con problemas mentales de la cárcel cordobesa a fin de mejorar sus circunstancias en prisión. Los argumentos esgrimidos por el Gobierno central para rechazar el acceso al Defensor Andaluz aludieron en su momento a que “no era conveniente alterar el régimen penitenciario habitual de los internos”. Ahora, según las fuentes de la Oficina del Defensor, la visita se enmarca dentro de “la normalidad”, la han comunicado y la han incluido en su agenda, como en la anterior ocasión, calificándola de “rutinaria” y anunciando que también se cursarán desplazamientos “en fechas próximas para otros centros penitenciarios de Andalucía”.

El hecho de que la visita se retome unos cuatro meses después de la primera intentona se debe, según las fuentes, a puros motivos de agenda y a que no han encontrado hueco hasta ahora. “Se ha preparado como se ha hecho siempre”, añaden las fuentes, mientras que desde Instituciones Penitenciarias no han respondido a este periódico la petición de información sobre esta nueva visita.

El origen para promover el traslado a la cárcel de Córdoba se remonta al pasado mes de octubre. La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz organizó un taller de trabajo en la sede del Parlamento de Andalucía con responsables de todos los sectores que tienen responsabilidad en la atención sanitaria para personas enfermas mentales internos en centros penitenciarios. Entre las conclusiones de aquel encuentro se constató la necesidad de que la institución que dirige Jesús Maeztu conociese de primera mano cuál es la situación real de estas personas. Aunque Instituciones Penintenciarias, en una decisión sin precedentes conocidos, había denegado al Defensor el acceso a un centro penitenciario, la visita se llevará finalmente a cabo.

“Si un preso quiere hablar con el defensor (andaluz) puede hacerlo”, ha asegurado Jesús Maeztu este lunes. A preguntas de los periodistas sobre la decisión de Instituciones Penitenciarias de no permitirle por primera vez en su historia una visita a la cárcel de Córdoba hace un mes, el defensor andaluz ha asegurado que él va a “seguir yendo a donde alquien necesite hablar conmigo”. Pese a haber recibido un documento en el que se explicita desde la institución estatal que no consideran “conveniente la realización de la visita que nos solicita”.

“Entiendo que se trata de un malentendido”, ha explicado, porque “no hemos tenido ningún problema en 20 años”. De hecho, cree que el asunto no debería entenderse como un problema de competencias. “De las 350 quejas que hemos tramitado sobre personas presas, 53 las hemos remitido al Defensor del Pueblo Español porque no teníamos competencias”, “es lo que siempre hacemos”. En este contexto, Maeztu ha explicado las palabras de Soledad Becerril, actual defensora del pueblo español, sobre el asunto: “ la defensora ha dicho cosas obvias. Es cierto que las oficinas de las comunidades autónomas no tenemos la competencia ni la misión de la supervisión de las cárceles”. No obstante, “sí tenemos el deber de colaboración” en casos en los que las competencias se solapan y “los presos tienen el derecho de acudir a nosotros”. En este sentido ha asegurado que seguirá “enviando a la oficina nacional lo que no me corresponde y comunicando a  Instituciones Penitenciarias mis visitas” como siempre se ha hecho.

Pese al ánimo de rebajar tensión de Maeztu, aún no queda claro si Instituciones Penitenciarias ha modificado el protocolo de acceso a prisiones para la defensoría andaluza y, en ese caso, para el resto de defensorías autonómicas. Y si, en vez de una comunicación como hasta ahora, se le exigirá una solicitud de permiso o se trata de un caso puntual. De momento, Instituciones Penitenciarias no le ha dado una nueva fecha para poder acceder a la prisión cordobesa.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha dicho este viernes que los defensores de las comunidades tienen unas competencias transferidas, pero hay otras que “no pueden ejercitar”, en referencia a la polémica después de que se le impidiera la entrada a la cárcel de Córdoba al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.

Becerril ha matizado que es una cuestión del Ministerio de Interior y que ella “no es quién para hablar en su nombre”, al mismo tiempo que ha señalado que “todos los defensores de las comunidades autónomas deben atenerse a sus competencias”.

En la misma línea, ha aclarado que el Defensor del Pueblo de España, “nombrado por las Cortes Generales y de acuerdo con la Constitución, sí puede visitar todos los centros de privación de libertad”.

La Defensora del Pueblo ha realizado estas declaraciones en Ronda (Málaga), donde ha ofrecido una conferencia en el Colegio Juan de la Rosa con el fin de explicar al alumnado en qué consiste su cargo y diversas cuestiones relacionadas con el mismo.

Entre los temas relacionados con la juventud que más le preocupan, la Defensora del Pueblo ha destacado que “hay niños que cuando se cierran los comedores escolares por vacaciones no tienen la alimentación suficiente”.

Por otra parte, ha hecho hincapié en la necesidad de “transmitir a los niños y a los padres, que la Educación es fundamental y que sin conocimiento no vamos a ninguna parte” y ha hecho hincapié en que es “fundamental para tener un puesto de trabajo y para poder dar un servicio a la comunidad”.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, está recabando información entre las distintas administraciones para comprobar el número de viviendas de proteccion que tienen disponibles y el régimen de titularidad de las mismas a fin de cruzar los datos con el número de personas demandantes de vivienda. El objetivo es conseguir el compromiso de ayuntamientos de localidades andaluzas de más de 20.000 habitantes y de la Junta de Andalucía para que modifiquen si es necesario las calificaciones de las viviendas de venta o compraventa a alquiler y facilitar en todo caso el acceso a las personas con menos recursos, evitando desahucios.

Maeztu pone sensatez a cuestiones lógicas, pero faltas de soluciones reales. No hay más que ver el gran número de desahucios en los últimos años y las dificultades de miles de familias por asegurarse un techo. Durante un almuerzo informativo en el restaurante La Raza de Sevilla, Maeztu se mostró en general sensible para tratar de dar “una respuesta cercana a la ciudadanía” y combatir en la medida de sus posibilidades “las consecuencias de la crisis”. “La pobreza es transversal”, apunta, aunque afirma que su mayor preocupación es “el desmantelamiento del Estado del Bienestar”. Asegura que no quiere ser catastrofista, pero que a él le llega “lo que no funciona”, y lamentó, como Defensor del Mneor, que los menores “carguen muchas veces con el peso” de la crisis de sus mayores.

Como ocurre con el caso de la vivienda y de los desahucios. No es la primera vez que aborda estas cuestiones Maeztu, que ya instó al Ayuntamiento de Sevilla a dar salida a sus VPO vacías y que, en su informe anual, advirtió de “la necesidad urgente y, en muchos casos, de emergencia, de muchas familias andaluzas de acceder a viviendas protegidas por la administración”. Ahora, con una visión global pero con pretensión de atajar problemas concretas, ha remitido cuestionarios a los consistorios para conocer sus disponibilidades. Una aplicación informática hará el resto, cruzará los datos y se podrían empezar a dar soluciones a muchas situaciones de necesidad. “Me preocupa la patada en la parte”, ha resumido. “Entren y vayan pagando de acuerdo a sus posibilidades”, señala.

Si el sistema de adjudicación no funciona o se eterniza (un año y medio es la media del proceso en Sevilla), habrá que cambiarlo, ha venido a decir Maeztu, que aboga por la coordinación entre las administraciones, en el tema de la vivienda y en otras cuestiones. Cambiar la dinámica y cambiar la calificación de los inmuebles si ese es el problema. En Sevilla al menos, asegura haber obtenido el compromiso del Ayuntamiento y de la Consejería de Fomento para dicha modificación si así se estima necesario. na reunión con la empresa municipal Emvisesa podría aclarar aún más este asunto, anuncia Maeztu. Y también llevaría a entidades bancarias tal posibilidad. Lo ha conseguido con 337 viviendas de La Caixa y está en conversaciones con otras tres entidades con idéntico fin.

El acceso a los suministros básicos, la obtención de los ingresos mínimos (la renta básica, “no universal”) y el empleo decente son otras de las cuestiones abordadas por Maeztu en el encuentro con la prensa. “¿Estamos construyendo una sociedad inclusiva para vivir mejor que antes?”, pregunta al aire mientras denuncia que se ha agudizado la pobreza y se han bajado los salarios, haciendo referencias al reciente informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía de la Fundación FOESSA, que alertaba de que la integración social plena se corresponde con “una estricta minoría” en la comunidad autónoma.

Los casos de corrupción tampoco pasan desapercibidos para Maeztu. “Irritado” como la mayor parte de la sociedad (“indignado ya suena a poco”), denuncia “un déficit de cultura de la ética de la cosa pública en España”. Y relata cómo conoció una vez a un concejal muy comprometido con el tema de la prostitución y que no dejaba pasar la oportunidad de pagar con dinero público una visita a un club de alterne en otra ciudad. Aboga el Defensor por una “reeducación” en general, por promover el diálogo y por saber “distinguir la picaresca de la necesidad”. “Si se cumpliera sólo el 50% de las leyes de este país, España sería Heidi”. Palabra de Defensor.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha mojado respecto a la ordenanza del Ayuntamiento de Sevilla que este martes entraba en vigor y que prevé un aumento en la cuantía de las sanciones por infracciones como “rebuscar” en la basura. La considera “desafortunada” por contemplar multas de hasta 750 euros “a muchas personas que simplemente se están llevando la comida que encuentra en los contenedores”.

Aunque entiende que los ayuntamientos arbitren medidas para salvaguardar la salud pública y que el contenido de los contenedores no sean arrojados a la vía pública, opina que una sanción económica “de esa envergadura” tendría “nulas consecuencias” porque se supone que las personas que hurgan en la basura no pueden tener acceso a alimentos de primera necesidad y no podrían hacer frente a la multa. “Es una medida, en la práctica, ineficaz”, asegura, “y al mismo tiempo no afortunada”. “Y yo espero que rectifique el Ayuntamiento”, dirigido por el popular Juan Ignacio Zoido, por lo que pide “sensibilidad” respecto a esta cuestión “para que cambie esa medida”.

Maeztu le da la razón al Consistorio en el hecho de tener que “respetar la legalidad y vigilar la salud pública” en Sevilla pero le pide “que reflexione” sobre la medida de sancionar rebuscar en la basura por ser “inoportuna en estos momentos, ineficaz en la práctica y que sanciona además una situación de grave exclusión y desesperada”. “Mucha de la gente que rebusca lo que necesita es comer”, sentencia

El Defensor propone mejor “orientar a estas personas a los bancos de alimentos, a los comedores sociales, etc.”. Maeztu, en relación esta ordenanza municipal de limpieza, también ha señalado que su departamento ha abierto una investigación de oficio para arrojar en un punto limpio los excesos de aceite.

El 23,9% de los chicos y chicas menores de 16 años de Andalucía vive en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza, lo que supone que casi una cuarta parte se encuentra en riesgo de pobreza. El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha presentado en el Parlamento el informe anual de la institución, en el que destaca también que casi la mitad de las quejas presentadas han hecho referencia a materias educativas, principalmente a los procesos de escolarización.

Maeztu ha explicado en rueda de prensa que, en 2012, el umbral de pobreza en España se situó en 7.182,1 euros anuales por unidad de consumo y en Andalucía de 5.902 euros anuales por unidad de consumo. Es decir, para un hogar monoparental con dos menores, el umbral de pobreza en Andalucía es de 9.443,8 euros anuales, mientras que para una pareja y un menor es de 10.972,8 euros anuales, y para una pareja con tres menores es de 14.166 euros anuales.

Baja respecto a 2011

El porcentaje de 23,9% que recoge este último informe del Defensor del Menor es ligeramente inferior al registrado en 2011 (26,7%). La tasa de pobreza relativa de los menores de 16 años en 2012 es casi 5 puntos porcentuales más elevada que la de la población de todas las edades. Maeztu ha aludido a un “problema de fondo” relacionado con la “pobreza integral” entre los menores andaluces, y que redundan en otros ámbitos como la educación, la justicia, o la vivienda.

Ante ello, ha anunciado que está “negociando” con la Consejería de Presidencia y las organziaciones sociales del Tercer Sector establecer “una hoja de ruta común” para luchar contra la pobreza y hacer “un esfuerzo colectivo muy bien coordinado” entre administraciones y entidades privadas ante “la red de recursos desperdigados”. Maeztu, que no ha podido concretar cómo se articularán estos procedimientos, ha incidido en que el objetivo es ejecutar “medidas y respuestas concretas”, “que no sean aisladas”, para combatir la pobreza infantil, la pobreza energética, las “carencias graves en la alimentación”, etc. “Todo eso hay que coordinarlo”, ha enfatizado.

El problema de la trata y la “nueva cultura” de la mediación familiar

En el marco del informe en sí, que recoge las quejas tramitadas en materia de salud, educación, familia, sistema de protección, menores inmigrantes, menores con necesidades especiales, responsabilidad penal de menores, menores y medios de comunicación social, deportes, juego, etc., Maeztu ha querido destacar el tema de la trata de menores, “una gravísima amenaza” para los menores inmigrantes que pueden llegar a ser objeto de malos tratos físicos o psicológicos, víctimas de explotación sexual o sujetos a adopciones ilegales.

En este sentido ha lamentado la “especial situación de vulnerabilidad” de estos menores que exige un esfuerzo de todas las administraciones que intervienen en el proceso, acompañados de los recursos que sean necesarios, para otorgarles la protección que les reconocen las normas internacionales, nacional y autonómica. Maeztu ha incidido en el hecho de tener presente que se trata de “un negocio sumamente lucrativo” que mueve anualmente, en todas sus manifestaciones, entre 5 y 7 billones de dólares.

Asimismo, el Defensor ha destacado el nuevo panorama de la mediación familiar en Andalucía como “medio de solución pacífica” de los conflictos familiares y en los que se ven implicados los menores de edad, si bien le preocupa a la institución que este sistema de mediación, conforme a su actual configuración, no llegue a desplegar todas sus potencialidades. Maeztu ha lamentado que no esté interiorizada esta “nueva cultura” y ha anunciado que ya trabaja con la Fiscalía en un protocolo que pueda “potenciar” el sistema para “no judicializar” estos asuntos.

“Aún se está lejos de conseguir que las personas tengan interiorizado el recurso a la mediación antes que la vía directa de la solución judicial”, señala el Defensor, apostando de nuevo por “un esfuerzo informativo” para divulgar en que consiste la mediación, “la facilidad de acceso al servicio y las ventajas que entraña en detrimento de la solución judicial”. La mayor parte de las llamadas recibidas en el Teléfono del Menor se refirió a problemas derivados de litigios por rupturas familiares.

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz recibió 6.926 quejas en 2013, lo que supone un 4,3% menos que en 2012, si bien crecieron las consultas, y en general, el número de personas y colectivos que han planteado sus problemas en este organismo: 42.500, un 5,5% más. Lo ha explicado este lunes el titular de la oficina, Jesús Maeztu, cuando ha presentado el informe anual en el Parlamento de Andalucía, 1.300 folios donde se detalla una labor de vigilancia y auxilio centrada básicamente en problemas relacionados con la aplicación de la ley de la dependencia y otros servicios sociales, la vivienda (desde cláusulas suelo hasta desahucios) y los menores. De hecho, el 40% de las quejas están relacionadas con estos temas.

Por el contrario, destaca un descenso notable de la actuaciones de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz, que con 152 representan un 38% menos. Jesús Maeztu lo ha atribuido a un criterio suyo “más restrictivo” por ejemplo con las quejas de oficio, “que son como pequeños informes” y que se hacen cuando entiende que la situación “lo requiere”. En este sentido, ha recalcado que este informe anual está marcado por la “identidad” de las dos personas que han ocupado el cargo en 2013, dado que él relevó a Jesús Chamizo el pasado verano.

De hecho, Jesús Maeztu ha sido más parco en la valoración del trabajo de los políticos que su predecesor, pero sí ha insistido en la necesidad de que se reduzca “la distancia con la que analizan la realidad y dan respuesta a los problemas de la gente”. Les ha recordado que “la ciudadanía es más consciente y se ha vuelto más exigente”, por lo que no se puede dejar “que esto derive en un aumento de la abstención o el populismo”. Ha abogado por “la creación de puentes, entre las administraciones y entre los distintos grupos políticos porque hay temas que exigen consenso, independientemente de la discrepancia ideológica”.

Es más, tras reconocer que lo que presenta “es una radiografía de lo que no funciona”, porque es lo que llega a la institución, ha insistido en que es un “reflejo de esta crisis de la desigualdad”, como lo es el reciente informe de Cáritas, cuya mirada ha molestado en el Gobierno de la Nacióninforme de Cáritas, y que Jesús Maeztu ha citado expresamente.

Sobre la situación de la dependencia, ha insistido en el trabajo que se ha ido desarrollando desde la oficina, que ha recibido 588 quejas nuevas en la materia, sobre todo por la demora en las prestaciones, lo que se arrastra del año anterior. “No me cansaré de decir que tienen que entrar más usuarios en el sistema. No se puede reconocer un derecho y luego decir 'pero no te lo aplico porque no tengo presupuesto'”, ha enfatizado, para recordar que se ha reunido con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para plantearle esta cuestión. Tras el pago de las cantidades pendientes de 2012 a los proveedores de estos servicios, exige que se ponga fecha a todos los pagos de 2013.

Propone renta básica y suministros esenciales

Es una de las leyes del estado de bienestar “en riesgo”, por lo que ha incidido en que “hay unos mínimos que no pueden desaparecer”. Entiende la situación económica, pero insiste en que “es fundamental mantener la red de mínimos” para que cuando llegue “la recuperación no nos encontremos con que el estado de bienestar se ha roto”. Y las principales víctimas, por lo que arroja este estudio, son las mismas: mayores, mujeres y niños. Eso sí, también ha resaltado que “los datos estadísticos reflejan el aumento de unos sectores de la población, hasta ahora ajenos a las consecuencias de la crisis, que han acudido a la oficina denunciado la pérdida de derechos”.

Junto a este aliento a los más vulnerables, el documento recoge una serie de propuestas en las que la oficina quiere trabajar para mejorar las cosas, como es la reclamación de una renta básica para que no haya riesgo de exclusión social -existe ya un grupo de trabajo en el Parlamento de Andalucía para ello- y la garantía de los suministros esenciales -luz y agua- para los más pobres, tema que IU está peleando dentro del Gobierno de Andalucía. Junto a ello, Jesús Maeztu ha abogado por “dar una respuesta al problema del sobreendeudamiento”, es decir, “que también haya una ley de segunda oportunidad para las familias, igual que por ejemplo los promotores pueden aplazar el pago de sus deudas”.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, cree que “no hacía falta” la reforma de la Ley del Aborto aprobada en el Consejo de Ministros, porque “nadie la demandaba tanto”. En su opinión, “se trata de un problema donde tiene que primar la norma de la conciencia y la decisión de la persona”. En una entrevista a Canal Sur Radio, recogida por la agencia Europa Press, ha recordado que la legislación en vigor “estaba ya consolidada, no aumentaba los casos y evitaba clandestinidad en situaciones económicas graves”.

“Es una cosa que no se invita a hacer a nadie y es una decisión dolorosísima que hay que respetar”, ha agregado. También ha reconocido que es “lógico” que “las mujeres digan que es su conciencia la que tiene que decidir”. Para apostillar: “Está bien que la ley proteja la vida en muchísimas situaciones, pero hay muchas maneras de hacerlo, y al mismo tiempo hay que hacerlo con un control, como un prestación sanitaria de primera orden y una decisión de conciencia”.