La apertura del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras sorprendió a casi todos el pasado 6 de noviembre. El Ministerio del Interior no avisó ni siquiera al alcalde José Ignacio Landaluce (PP), que montó en cólera porque el ministro Marlaska no le pegase al menos “un telefonazo”. Sin embargo, el nuevo CIE de Algeciras (el único que hay en Andalucía) no ha existido oficialmente hasta tres meses después.

El pasado 7 de febrero el BOE publicó la norma que “dispone la creación” del nuevo centro y la supresión del anterior en la misma localidad, con entrada en vigor al día siguiente. En los tres meses que van del 6 de noviembre al 8 de febrero, el CIE de Algeciras ha servido para retener a unos 60 individuos extranjeros privados de libertad sin existir jurídicamente. La falta de soporte normativo puede poner en cuestión esas detenciones.

La Coordinadora CIE No Cádiz (integrada por entidades como Algeciras Acoge, APDHA Campo de Gibraltar o ECCA Social Andalucía) ha elevado una queja al Defensor del Pueblo, pidiéndole que promueva procedimientos de habeas corpus respecto de todas aquellas personas que fueron internadas en el nuevo CIE antes del 8 de febrero de 2026 y cuya privación de libertad se haya ejecutado en un centro “no formalmente creado conforme a Derecho”, instando a su inmediata puesta en libertad. Además, está informando a abogados que atienden a internos de la posibilidad de pedir la nulidad del internamiento a título individual.

Las organizaciones denuncian el escaso respeto por la legalidad que denota encerrar a personas en unas instalaciones antes de darles entidad jurídica. La propia Orden que crea el CIE dice en su Preámbulo que “se adecúa” a los principios de buena regulación y que “refuerza el principio de seguridad jurídica ya que se da publicidad al cierre de un centro y a la creación de otro de nueva construcción”. El internamiento de personas antes de aprobar esa Orden sugiere que la actuación material ha ido por otro camino.

No es la única norma en contradicción con la realidad material. El reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros (Real Decreto 162/2014) establece que éstos se crean, modifican o suprimen mediante orden del Ministro del Interior, por lo que se presupone que “no existen” si no se dicta y publica tal Orden. La Ley de Extranjería regula la privación de libertad de personas extranjeras en situación irregular respecto a las que se haya dictado orden de expulsión, y dispone que debe ejecutarse por orden de un juez en un centro de internamiento creado conforme a la normativa, en garantía del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Española.

“La privación de libertad es la medida más dura del ordenamiento jurídico, tiene que haber un rigor para aplicarlo”, protesta Jesús Mancilla, uno de los portavoces de la Coordinadora y miembro de Algeciras Acoge. “Esto afecta a personas migrantes, pero se puede extrapolar a otros colectivos, y denota que el Ministerio no está funcionando bien”, lamenta.

El Ministerio del Interior deriva a la Policía, cuyo gabinete de prensa no ha respondido las preguntas de este medio.

Un CIE de gran tamaño: 507 plazas, el 43% del total

La relación de Algeciras con los CIE viene de antiguo. El de La Piñera, una cárcel reconvertida, empezó a funcionar en 2003, y durante más de veinte años pasaron por él miles de extranjeros, acumulando denuncias por la precariedad y saturación o por la detención de menores. Tenía capacidad para unas 60 personas, aunque rara vez había en él más de veinte.

En 2017, el entonces ministro José Ignacio Zoido (PP) presentó el proyecto de otro CIE, de nueva planta y con capacidad para más de 700 personas. Era un momento en que arreciaban las críticas al modelo, pero también un año en el que se triplicaron las llegadas por mar a España (unas 21.000, según la Organización Internacional para las Migraciones), con especial presión en la zona del Estrecho. Zoido presentó el proyecto como una oportunidad laboral en una zona muy deprimida.

El Consejo de Ministros (ya del Gobierno de coalición) no aprobó la autorización para iniciar la construcción hasta 2019, y aún pasaron otros seis años más hasta que listo para usarse. Se ubica en una parcela de 20.000 metros cuadrados, cerca del centro penitenciario de Botafuegos y tiene capacidad para 507 personas (el de mayor capacidad de España, y uno de los mayores de Europa), el 43,7% del total de las que hay en España. Ha costado 21,5 millones de euros, según detalló el Gobierno en una respuesta parlamentaria.

El 6 de noviembre de 2025, la agencia EFE adelantó que había empezado a funcionar “en fase de pruebas” antes de su “inauguración oficial”. Otras fuentes señalan que había empezado a recibir internos el 3 de noviembre. Las entidades asisten a los internos desde entonces.

La sorpresiva puesta en marcha del CIE provocó la reacción no sólo de las entidades de derechos humanos, que convocaron manifestaciones, sino del propio alcalde Algeciras: “Es ilógico, no es sensato ni cabe en ninguna cabeza humana cabe que el ministro del Interior no le pegue un telefonazo a este pobre alcalde y le diga que el CIE se va a abrir”.

Expulsados que podrían acogerse a la regularización

Mancilla observa que no es la primera vez que el Estado se muestra poco escrupuloso con el cumplimiento de la legalidad en los CIE. El de La Piñera empezó a funcionar en 2004 pero la Orden que lo creó es de 2006. Años después, en 2017, Interior encerró a más de 500 argelinos recién llegados a las costas de Almería en un centro destinado a cárcel en Archidona (Málaga) sin inaugurar, que usó durante semanas como CIE “provisional”. Las ONG denunciaron las condiciones del internamiento de personas que no habían cometido delitos y el uso irregular de la futura cárcel como CIE. En ese tiempo murió Mohamed Bouderbala, de 36 años, que fue hallado ahorcado en su celda.

Según las ONG, en el nuevo CIE de Algeciras hay actualmente unas veinte personas. Son ciudadanos extranjeros de nacionalidades diversas en situación irregular que están en España desde hace meses o años, explican. Predominan los marroquíes, pero hay también nacionales de China, de Estados Unidos o de países latinoamericanos. Algunos tienen antecedentes, pero otros no, y podrían aspirar a la regularización recién anunciada por el Gobierno. “Tenemos constancia de expulsados que no tenían antecedentes penales, y con familiares que ya tienen nacionalidad española”, asegura el portavoz de la Coordinadora.

Por ahora, el Centro funciona al ralentí, apenas al 4% de su capacidad, en un momento en que las llegadas por la ruta del Estrecho han caído a mínimos de una década. Al coste de mantener las instalaciones se suma que, para expulsarlos, el Ministerio debe trasladar a los internos de Algeciras a Madrid, desde donde parten los “macrovuelos de deportación” a sus países de origen. Este martes hubo uno con destino Perú y Colombia. “Si el Gobierno quiere hacer una regularización extraordinaria, no es compatible con mantener redadas policiales y macrovuelos de deportación, y que no se les aplique una moratoria a personas que podrían acogerse a ella”, protesta Mancilla.

El portavoz de la Coordinadora lamenta que se dedique una inversión tan relevante a la “represión de la población migrante” en una zona con una de las tasas de desempleo más alta del país, con la Educación y la Sanidad bajo presión y con graves carencias en otros servicios públicos. Los juzgados de lo penal de Algeciras (el palacio de Marzales) están cerrados temporalmente por la ruina del edificio, lo que ha retrasado decenas de juicios pendientes, y el trayecto por tren de alta velocidad une Algeciras con Madrid se realiza en autobús hasta Antequera por tiempo indefinido.

A Marta la expulsaron de España el ocho de abril de este 2025 que está terminando. Había llegado desde Colombia en 2002. Hace 23 años. Marta llevaba una vida normal en Zaragoza. Vivía con su familia. Su madre, su padre, sus hijos. Uno de ellos nació ya en España. Trabajó de camarera, trabajó limpiando, en un almacén de ropa, trabajó cuidando ancianos… Muchas veces, sin contrato. Trabajó para familias, para empresas, para empresarios. Pagó sus impuestos, al comprar o al pagar la factura de la luz. Pero sin contrato, no hay papeles.

Marta tuvo un problema con la persona propietaria de su vivienda de alquiler. Fue denunciada. Y Marta fue detenida y enviada a un CIE. Marta pasó internada en el CIE de Barcelona 40 días, hasta que ese 8 de abril sin previo aviso, el abismo. Expulsada a su país del que salió hace 23 años, en el que no vivía, en el que no trabajaba, en el que no pagaba impuestos, en el que no tenía una madre, un padre, varios hijos. La mandaron prácticamente con lo puesto, sin equipaje, sin dinero, sin contactos, sin nada.

Hablamos con Josep París, periodista, que ha contado esta historia, la historia de Marta, que forma parte de una investigación becada por los Premios Montserrat Roig de Barcelona.

***

Marta, deportada a Colombia por no tener papeles tras 23 años en España: “No pude despedirme de mis hijos”

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Marta fue expulsada de España tras 23 años viviendo en Zaragoza y sin poder despedirse de sus tres hijos. Salma, en cambio, visitaba cada día a su hijo, Jalal, atrapado a la espera de una orden de expulsión casi dos décadas después de haber llegado a España. Como ella, muchas otras mujeres acuden al Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona (CIE) para reencontrarse, aunque solo sea por unas horas, con sus familiares.

¿Cómo acabaron Marta y Jalal en un CIE a pesar de llevar 20 años en España? La decisión se toma con base en un informe policial que detalla si la persona tiene arraigo, domicilio conocido o antecedentes penales. Sin embargo, a menudo la información es incompleta.

Marta, crónica de una expulsión 

El pasado 8 de abril Marta permanecía tumbada en la cama, igual que sus otras dos compañeras, en una celda del pabellón de mujeres del CIE de Barcelona. El módulo femenino donde descansaba se inauguró a principios de 2023 y, ese mismo año, entraron 62 internas. En 2024 fueron 29. Para 2025 todavía no hay cifras oficiales, pero Marta fue una de ellas.

Ese día, según ella misma recuerda, la Policía Nacional irrumpió en la celda con prisas y empezaron a repartir bolsas de basura en las que les ordenaron meter dentro todas sus pertenencias. 

Cuando intuyeron que iban a ser expulsadas, las internas insistieron en que querían pedir asilo y hablar con su abogado, pero según relata Marta, la policía les negó ese derecho. Cuando vio que la deportación era inminente, solicitó hablar con sus tres hijos y con su madre, que viven en Zaragoza. Sin embargo, explica, los policías la cortaron en seco: por razones de seguridad, solo podía hacer una única llamada y tenía que ser internacional. 

Marta recuerda los empujones y cómo fueron trasladadas a la biblioteca del centro. Allí se encontraron con una quincena de internos, hombres de procedencia colombiana y peruana. “Estaba en estado de shock, aterrada”, recuerda durante una conversación mantenida pocos días después de lo sucedido.

Fuera del CIE les esperaban un autobús, varios coches patrulla y furgones de la Policía Nacional. Formaban parte de un vuelo colectivo de expulsión con decenas de internos de toda España y un centenar de agentes. Marta cuenta que les mostraron distintos documentos para que firmaran: la orden de expulsión y la devolución de sus objetos personales. Pero no les permitieron leer nada.

A Marta le tocó viajar en coche. Tras una parada en Zaragoza, llegaron a Madrid. Tenía las manos hinchadas: llevaba más de diez horas esposada y solo pudo ir al baño un par de veces, atada y con una policía a su lado. No pudo cambiarse de ropa: iba manchada de sangre. “Tengo la regla muy abundante, sangro mucho y tengo cólicos fuertes”, dice, indignada por el trato recibido.

Pero no acabó ahí. Marta recuerda que, a la llegada a Madrid, la policía esparció por el suelo las bolsas de basura con sus pertenencias. “Aquello parecía un vertedero”, recuerda. Los internos las iban abriendo en busca de sus cosas, apresurados por recuperarlas antes de subir al avión.

Cuando aterrizaron en Bogotá, Jorge Leonardo, un interno que había conocido en el CIE, le echó una mano. Marta no tenía dinero, pero él contaba con cuarenta euros, en dos billetes de veinte: uno de ellos con un trozo de celo que nadie quería cambiar. Los otros veinte los usó para coger un autobús e ir a ver a unos parientes de su amigo. Sin dinero ni batería en el móvil, Marta tardó dos días en conseguir hablar con su hermano. Ya hacía 72 horas que su familia no sabía nada de ella. 

“Cuando mi hermano me escuchó, se puso a llorar. No podía parar. Empecé a enviar audios a mis hijos para que no sospecharan nada. Pero mi hija se dio cuenta. Casi dejó de comer. El pequeño, de dieciocho años, es quien está más afectado. Me expulsaron sin que pudiera despedirme de ellos; la familia está destrozada”, insiste Marta. 

Hacía pocos meses que la jueza de control del CIE había recordado por escrito al director del centro que la policía está obligada a avisar con al menos 24 horas de antelación de una expulsión. La magistrada había hecho esta advertencia a raíz de un caso anterior, el de otra mujer expulsada sin previo aviso. Le preocupaba que no fuera un hecho aislado, sino una práctica sistemática. La carta se envió “a los efectos de evitar actuaciones o procedimientos que pudieran constituir pautas generalizadas”, señala la resolución.

Cel Far Sicart, responsable de visitas al CIE de la entidad Migra Studium, asegura que han detectado otros casos como el de Marta. Pero además apunta que 24 horas tampoco es tiempo suficiente: “Ese margen tan reducido les impide presentar recursos jurídicos, denunciar vulneraciones y, además, las familias no pueden despedirse, lo que genera un fuerte sentimiento de indefensión y angustia”.

Marta llegó hace veintitrés años a España. Ha trabajado de camarera, cuidando ancianos, en una editorial, en un almacén de ropa, en una empresa de limpieza… Ha hecho de todo. ¿Cómo es posible que no tenga papeles? ¿Quizás estuvo en la cárcel? “Nunca”, responde. En el CIE hay personas que han pasado por prisión y han visto su condena transformada en una orden de expulsión. Pero no era su caso. 

En 2005, durante la última gran regularización, el gobierno de Zapatero concedió permiso de trabajo y residencia a más de medio millón de inmigrantes. Marta tenía una amiga en una empresa de limpieza con la que acordó que le pagaría la Seguridad Social para poder regularizar su situación. Pero cuando fue a renovar su permiso, le dijeron que no había ingresado ninguna cuota. Le abrieron una orden de expulsión por no tener los papeles en regla. Encontró trabajo y recuperó la tarjeta de residencia. Pero cuando perdió el empleo, también perdió el permiso. 

Marta Vallverdú, abogada de Irídia, reconoce que las condiciones para renovar los papeles son muy duras. “Muchos de nosotros [en referencia a las personas nacidas en España] no las cumpliríamos. Tienes que reunir una serie de requisitos, como haber cotizado un tiempo determinado. No es fácil”, especifica.

Desde entonces, atrapada en un ciclo de trabajos inestables y papeles frágiles, se fue perdiendo en el laberinto administrativo. El último mazazo le llegó a raíz de un desahucio: “Lo perdí todo: la ropa, los muebles… Y me abrieron una orden de expulsión. Intenté anularla con un abogado, pero mientras hacíamos el trámite me enviaron al CIE”, relata. 

La abogada de oficio apareció minutos antes de la vista. El juez, el fiscal y su abogada coincidieron en la misma lectura: no creían su historia. “Decían que no tenía padrón, ni un piso alquilado a mi nombre, ni agrupación familiar formalizada”, recuerda Marta. Con estas ausencias administrativas, se dictó el ingreso en el CIE. 

Entonces, su familia buscó un abogado privado para intentar presentar un recurso. Suelen ser los allegados quienes, a contrarreloj, deben aportar pruebas de arraigo que la policía haya podido pasar por alto en su informe: tarjetas sanitarias, certificados de empadronamiento, inscripciones en cursos de lengua… Documentos que pueden marcar la diferencia entre el internamiento y la libertad. Pero no hubo tiempo, la expulsaron.

La decisión final depende, en última instancia, del criterio de cada juez. “Con la misma información, uno puede decidir una cosa y otro, lo contrario”, aclara la magistrada de Control del CIE, Zita Hernández. “Nos encontramos con que faltan datos, pero aun así, tenemos que decidir”, añade.

Salma y su hijo Jalal: cuarenta días de angustia 

“Me levanto por la mañana y tengo un ta-ta-ta-ta aquí”. Se toca el pecho. “No paro de pensar y pensar, cada vez más rápido, bu-bu-bu, empiezo a dar vueltas por casa, vueltas y más vueltas. Entonces me da un mareo, me paro, me encojo, me hago pequeña y cierro los ojos”, explica Salma. Su único hijo, Jalal, lleva 19 años viviendo en Catalunya. Se marchó de su país cuando solo tenía trece, y este año, al cumplir los 32, fue internado en el CIE de Barcelona.

Mientras estuvo encerrado, Salma hacía cada semana un largo viaje para verlo. Preparaba una bolsa con un bocadillo, una botella de agua y tabaco para su hijo. Dedicaba todo el día a visitarlo. Tres horas de ida y tres de vuelta: dos autobuses, tres líneas de metro diferentes y una larga caminata de veinte minutos por una zona desierta, sin gente, donde solo circulan camiones. “El silencio y la ansiedad te acompañan hasta el CIE”, explica mientras recorre la parte final del trayecto.

Los primeros días en el centro, Jalal se quedaba en un rincón, en silencio, dejándose llevar por sus pensamientos hasta que la angustia lo ahogaba. Pensaba en la expulsión, en lo que vendría después. “Al principio me desmayaba, los policías me daban ventolín para respirar, me faltaba el aire”, reconoce acerca de su estancia en el CIE.

Los internos pueden hablar por teléfono, pero solo con móviles sin cámara ni acceso a Internet. La Ley de Extranjería establece que el ingreso en un CIE debe ser un recurso no penitenciario y de carácter excepcional: no han cometido ningún delito, solo carecen de papeles. Sin embargo, como muestran la historia de Marta y Jalal, y el último informe sobre los centros de internamiento, publicado este octubre por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), “se priva de libertad a personas con largas trayectorias de arraigo”.

Hace más de cuarenta años, Salma decidió migrar. Quería preparar un futuro para su hijo. Otras familias de Marruecos hacían lo mismo, pero había una diferencia: ella era mujer. No tenía otra opción que dejar al niño con una conocida. Solo sería por un tiempo. Ella regularizaría su situación y pediría la reagrupación familiar. Pero el tiempo pasó y, de repente, ya habían pasado ocho años. “Siempre me reprocha que lo abandoné, pero yo he sufrido mucho, mucho”.

Hace años que Salma trabaja como cuidadora en distintas residencias cercanas a Barcelona. Se ha formado, tiene el diploma sanitario para la atención de personas con dependencia. Cuando habla del trabajo, asiente y aprieta los labios. “Es un trabajo duro y mal pagado”. 

Años de limpiar casas, levantar cuerpos frágiles, cargar pesos, le han destrozado la rodilla. Cada noche se pincha un calmante fuerte para poder dormir. Pero el problema no es el malestar físico. “Lo peor es esta tristeza. Me bloqueo. Es como si me hubieran colgado al revés, solo tengo un hijo”. 

Durante cuarenta días encerrado, Jalal vivió episodios de discriminación y violencia. “Un día, golpearon a mi compañero de habitación solo porque tardaba en vestirse”, rememora ahora. Desde el Ministerio de Interior aseguran que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizan la seguridad y el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos [...] y actúan en esos términos, con estricto sometimiento al ordenamiento jurídico”. Pero internos como Jalal describen bofetadas, insultos y aseguran que el miedo a ser agredido o deportado eran parte de su día a día.

Aun así, Jalal salió. Y emprendió el camino hacia el pueblo del Vallès en el que vive con su madre: fueron tres líneas de metro diferentes y dos autobuses. Cuando se vieron, se fundieron en un abrazo intenso. Lloraron. Después, prepararon té. Entonces llegaron las primeras preguntas: “¿Y ahora qué vamos a hacer?”, reflexiona en una entrevista mantenida con este medio el día de su liberación.

A pesar de haber vivido casi veinte años en España, el único documento legal que tiene Jalal es una orden de expulsión. Esta es la situación más habitual en el CIE de Barcelona: casi cada año, más de la mitad de las personas internadas no llegan a ser expulsadas. En 2024 solo se ejecutaron 148 expulsiones, el 37% del total, prácticamente la misma proporción que en 2023. El 63% restante quedó en libertad. 

Hay muchas razones por las que los internos pueden salir. La primera es que solo pueden estar en el CIE durante 60 días; si en ese tiempo la policía no ha conseguido preparar un vuelo de deportación, deben quedar en libertad. También puede ocurrir que la frontera entre países esté cerrada; puede ser que la persona haya solicitado asilo y todavía esté en trámite cuando se alcanza el límite de los 60 días; o bien que el juez haya aceptado el recurso con la información que acredita que la persona reside en España desde hace años.

Con todo, Cel Far Sicart, de Migra Studium, aclara que salir del CIE no significa quedar en situación regular, solo que no se ha podido ejecutar la expulsión. “Tener una orden de expulsión implica vivir bajo la amenaza de ser detenido otra vez; sin embargo, teóricamente no pueden volver a internarte en un plazo de dos años”.

Los internos en el CIE no están allí por haber cometido un delito, sino por una falta administrativa: estar en situación irregular. Desde Migra Studium y otras entidades se ha denunciado reiteradamente que los CIE son “mecanismos que generan dolor y sufrimiento, y el hecho de que salgan más internos en libertad que expulsados es una prueba muy clara de ello”.

Ahora Salma y Jalal vuelven a empezar de cero. Tienen que buscar un abogado, y asumir el coste económico para limpiar el expediente de su hijo para que pueda trabajar o alquilar un piso. El joven habrá conseguido la libertad, pero seguirá estrechamente ligado a aquel centro del que lo sacaron a toda prisa y del que no pudo salir durante cuarenta días. 

Los nombres han sido modificados a petición de los protagonistas para proteger su intimidad. 

Premio Montserrat Roig a la promoción de la investigación en el ámbito de los derechos sociales y la acción social en Barcelona.

Acusado de opaco y poco transparente, el Centro de Internamiento de Emigrantes (CIE) de Barcelona está en el centro de las críticas de entidades sociales y algunos partidos políticos. Pero, ¿qué ocurre realmente en su interior? Solo en lo que llevamos de 2025, unas 250 personas han pasado por sus celdas y han vivido la angustia de una posible deportación.

La ley fija un máximo de 60 días de internamiento. Nadie está en el CIE por haber cometido un delito, sino por no tener la documentación en regla. El Ministerio del Interior insiste en que no se trata de una cárcel, pero los muros, las celdas y los horarios estrictos cuentan otra historia.

Tras un largo recorrido judicial, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) consiguió finalmente que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligara al Ministerio del Interior a hacer públicas las cifras de quejas presentadas por internos, familiares u otros agentes. Gracias a esa sentencia, hoy sabemos que en 2024, por el CIE de Barcelona pasaron 401 personas, y se registraron 79 quejas.

Los internos tienen la capacidad de expresar quejas, ya sea sobre su situación personal o sobre el trato recibido dentro del CIE. Si tienen un problema, deben rellenar un pequeño formulario llamado PQ (petición/queja) y depositarlo en el buzón del director, situado en el pasillo, a la vista del resto de internos y de los agentes. El director tiene la obligación de hacer llegar el mensaje a la jueza de control del CIE o a la autoridad competente. Pero el sistema presenta grietas.

El 6 de marzo de este año, Juan hacía gimnasia en el patio. Llevaba diez días en el CIE y todavía no entendía por qué. Hacía once años que vivía en Barcelona y había trabajado en distintos oficios. “No entiendo qué he hecho mal para estar aquí. Nunca he estado en prisión, he intentado hacer las cosas bien”, asegura en una conversación telefónica, mantenida durante su estancia en el centro.

Juan recuerda que, de repente, al fondo del patio, dos internos empezaron a gritarse. Todos corrieron hacia la disputa, también la policía, que, según relata este testimonio, sacó las porras. “Vi a un policía que venía enfurecido detrás de mí. Esquivé los primeros golpes, hasta que me dio varias veces con fuerza en el hombro”. Asegura que le provocó un enorme hematoma en la espalda que fue inmortalizado en unas fotografías a las que este medio ha tenido acceso. Ese mismo día escribió una denuncia, una PQ, esperando que su queja llegara a los juzgados, y la echó al buzón del director.

Al cabo de unos días, una pareja de voluntarios de la Fundación Migra Studium fue a verlo como hacen con cualquier interno que lo pida. Media hora más tarde, se despidió de ellos para volver a su habitación, como era habitual. Pero aquel día fue diferente: la policía lo condujo a una sala para cachearlo. Según recuerda Juan, la policía le ordenó que se desnudara y, durante veinte minutos, le revisaron la ropa y el pelo, buscando una posible droga que, supuestamente, le habrían pasado los voluntarios de la entidad jesuita. 

Este interno asegura que, una vez vestido, los agentes le mostraron su denuncia: la PQ que él había depositado en el buzón del director unos días antes. “Uno de los policías cogió un bolígrafo y escribió algo al final del formulario”, relata. Este medio ha podido ver una imagen de la denuncia; al final de la misma y en otro tipo de letra, se puede leer: “El interno no quiere seguir con el trámite anteriormente escrito”. Y, al final, la firma de Juan. Lo rubricó porque asegura que tenía miedo. Después de ese episodio, su abogada le recomendó que dejara de hablar con periodistas o voluntarios de entidades. Y así lo hizo. A día de hoy, se le ha perdido la pista. 

Los internos también pueden intentar presentar una denuncia a través de sus abogados, pero los letrados del turno de oficio a menudo no responden al teléfono. En ocasiones, tardan tanto que, cuando lo hacen, el interno ya ha sido expulsado. Al final, solo queda una opción: el buzón del director. Una caja blanca metálica, clavada en la pared y a la vista de todos, que se ofrece como una solución aparentemente perfecta. 

A preguntas de este medio, el Ministerio del Interior señala que en los CIE el juez competente recoge las peticiones y quejas que puedan plantear los internos “en cuanto afecten a sus derechos fundamentales” e insisten en que los Centros están “sometidos a autorización y control judicial”. El CIE es un espacio marcado por la ley: sentencias, informes policiales y órdenes definen el día a día de las personas retenidas. Sobre el papel, todo parece regulado. Pero los testimonios cuentan otra cosa. Y entonces surge la pregunta: ¿quién vigila a los vigilantes?

A día de hoy, esta responsabilidad recae en la jueza de instrucción número 1, Alejandra Gil Llima, y en la jueza de instrucción número 30, Zita Hernández Larrañaga. Las magistradas tienen sus despachos en los juzgados de instrucción, donde se encargan de todo tipo de casos delictivos. También hacen turnos de guardia y, además, ejercen como juezas de control del CIE. 

Sus ojos dentro del CIE son los buzones, de los cuales, según explica Hernández, recibe entre 15 y 20 quejas al año, una cifra muy baja si se tiene en cuenta la conflictividad que, según las entidades, se vive en el centro.

La otra vía para que la magistrada conozca las quejas de los internos es que las hagan llegar a las entidades. Y eso cada vez funciona mejor. Hernández ha presionado para que se faciliten las visitas al CIE por parte de las entidades y para que, al menos una vez al mes, pueda celebrarse una charla con los internos para conocer de primera mano su realidad dentro del centro. 

En 2025, Maria Morell, abogada, dio una de esas charlas: “Había un policía escuchando, pero a los internos les daba igual, la mayoría estaban muy enfadados, cuando acabó la sesión, empezaron a llamar a la centralita de Migra Studium para pedir que los visitaran y recoger toda la información”, asegura. 

Hernández reconoce que, en la carrera judicial, nadie les forma en “humanidad”. “Nos falta formación en extranjería, pero no en los libros, sino una formación más humana, más real”, reconoce. Eso no significa, sin embargo, que le tiemble la mano a la hora de dictar sentencia: “Si una persona tiene que ser expulsada, será expulsada. No puedo hacer más...”

Denuncias que nunca llegan a los juzgados

“Debían ser las doce del mediodía. Un grupo de policías entró en mi celda para llevarme al consulado. Me negué. Un par de horas más tarde volvieron, esta vez eran diez. Tenía mucho miedo, no podía hacer nada. De malas maneras me obligaron a bajar a la entrada del CIE, a la zona de control. Había mucha tensión, gritos… mientras intentaban ponerme las esposas, caí al suelo y empecé a sangrar por la nariz sin parar. La sangre no se detenía. Se asustaron y desistieron. La enfermera me cosió la herida y me devolvieron a la habitación. Tengo mucho miedo…”.

Esta es la historia que un interno contó por teléfono al periodista que escribe este reportaje, quien solicitó una visita en el CIE para contrastar su relato, pero al día siguiente de la llamada ya no estaba: había sido expulsado.

Markus González Beilfuss, profesor de derecho que visita los CIE de todo el Estado, critica que no haya un mecanismo de investigación ágil y eficaz cuando se presenta una denuncia por malos tratos. “A menudo, cuando el juez llega a tener conocimiento del caso, la persona que presentó la denuncia o sus testigos ya han sido expulsados a otro país”, explica.

La cuestión, según apuntan diversos letrados, es que el trámite e investigación de la denuncia es mucho más lento que el proceso de expulsión. “Cuando llega una denuncia, el juzgado de guardia la reparte, el juez que la recibe cuestiona si es competente y la deriva a otro. Al final, cuando un juez se pone a investigar, el denunciante, los testigos y las pruebas de las lesiones ya han desaparecido”, explica Marta Vallverdú, abogada de Irídia.

La letrada pide que, cuando alguien presente una denuncia por malos tratos, se tomen “medidas urgentes, como evitar la expulsión o, en caso de que no sea posible, se cite a la persona denunciante para tomarle declaración, solicitar que no se borren las imágenes de las cámaras de seguridad y asegurar las entrevistas a los testigos”.

Beilfuss, que también fue director general de Inmigración del Estado en 2010, conoce de primera mano las diferencias en la respuesta institucional ante las denuncias de malos tratos. En las comisarías de policía, si se denuncia un caso de torturas, se activa inmediatamente un dispositivo judicial. “Hay una serie de organismos que obligan a iniciar una investigación rápida de los hechos”, explica el jurista. 

En cambio, en los CIE, el mecanismo es muy diferente: “Aquí se abre la puerta de la expulsión y, de golpe, se corta o se dificulta la investigación penal. No hay suficientes garantías para asegurar la defensa de los internos”, resume. Desde 2015 hasta ahora, el colectivo Irídia ha interpuesto quince procedimientos judiciales, pero la expulsión de las personas implicadas y de los testigos ha impedido que ninguno llegara a juicio.

Falta de atención psicológica en el CIE

“Le ponen algo en la comida. Cuando me dan la comida, la separo en dos platos y la mezclo con agua para que no me haga efecto… Por las noches no puedo dormir. Algo que no se puede ver con los ojos me agarra de los tobillos. Quiero salir de aquí con vida”. Quien habla es Velkan; es rumano y padece una psicosis crónica con delirios y alucinaciones. El último informe médico, al que tuvo acceso este medio, emitido antes de su internamiento, recomendaba un seguimiento en la unidad de salud mental de referencia, una unidad que no existe dentro del CIE.

El Defensor del Pueblo, la Fiscalía de Extranjería, Cruz Roja, Migra Studium, Irídia... Son diversas las instituciones que coinciden en la necesidad urgente de incorporar un servicio de psicología en el centro. Tal es el quórum, que la jueza de instrucción número 30, consciente de que “el internamiento puede generar problemas de salud mental”, dictó una interlocutoria solicitando la creación de un servicio de asistencia psicológica. 

Aunque sus resoluciones pueden ser de obligado cumplimiento, en este caso reconoce que la decisión depende del presupuesto disponible. “Yo puedo ordenar que mañana haya un psicólogo, pero si nadie destina recursos, ¿de qué sirve? Si no fuera una cuestión económica, podría ser más contundente”, lamenta la magistrada.

González Beilfuss también se muestra seguro de que el internamiento empeora la salud mental, pero lamenta que no hay manera de estar seguro. “Es como si no quisieran mejorar la situación ni permitir la investigación. En las prisiones hay estudios de cualquier cosa, pero en el CIE no sabemos nada”.

Diversas investigaciones han demostrado que la prisión provoca problemas de salud mental en la mayoría de los reclusos. De hecho, el reglamento del CIE establece que las personas vulnerables no deberían ser internadas. Y en derecho internacional se utiliza el concepto fit to fly (apto para volar): “Si quieres expulsar a alguien, debes asegurarte de que está en condiciones de soportar la expulsión tanto física como mentalmente”, resume Josetxo Ordóñez, abogado experto en extranjería y durante más de diez años responsable del equipo jurídico de Migra Studium.

Entonces, ¿por qué hay personas como Velkan internadas? La respuesta la da Ordóñez: “El juez que ordena el ingreso en el CIE no sabe que están enfermos”. Cuando la policía detiene a una persona inmigrante sin papeles, la lleva a comisaría mientras espera que un juez decida sobre su ingreso en el CIE. La ley establece que debe hacerse un juicio, pero a menudo este se reduce a una breve declaración de pie ante el escritorio del funcionario del juzgado de guardia. 

El abogado de oficio quizás acaba de conocer a la persona detenida, que muchas veces ni siquiera comprende qué está pasando. “Mi experiencia es que podría contar con los dedos de la mano las veces que ha habido encuentros reales con jueces”, afirma Ordóñez.

Una refugiada trans en el CIE: cuando las alertas no funcionan

Sara es una mujer trans que llegó a España engañada por una red de trata que la mantuvo secuestrada durante siete años. Permaneció encerrada en una casa hasta que consiguió escapar. “Estaba sometida a todo, a todo”, recuerda.

Consiguió llegar a Barcelona, pero su situación no mejoró: tuvo que vivir en la calle y se vio obligada a ejercer la prostitución para sobrevivir. “Trabajar en un restaurante o en un bar es complicado. El único trabajo que podemos hacer es putear”, dice. Tampoco podía volver a su país porque, durante ese tiempo, tres familiares suyos fueron asesinados y ella misma recibió amenazas de muerte. 

Para Sara, paradójicamente, el CIE fue una salvación, porque la sacó de la calle. Pero, a su vez, suponía que, en pocas semanas, estaría tomando un avión de vuelta a un país al que no podía regresar. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Qué juez dictó su expulsión? ¿Qué informe policial justificó su internamiento? ¿Por cuántas manos pasó el expediente de una mujer que había vivido toda una vida de maltratos?

Según Cel Far Sicart, responsable del proyecto de visitas al CIE de la Fundación Migra Studium, el ingreso en el centro se ordena “a partir de un informe policial, tras el cual se solicita la medida al juez. El expediente pasa por policías, abogados, fiscal y juez, pero el trámite es rápido y mecánico”.

La trayectoria de Sara es una sucesión de vulneraciones: desde pequeña, maltratada por su condición sexual como persona trans —todavía tiene marcas en las muñecas—, después explotada sexualmente y, finalmente, condenada a vivir con la amenaza constante de morir si volvía a su antiguo hogar. 

Finalmente, tras mucho esfuerzo, Sara salió del CIE y obtuvo la tarjeta roja, el documento que acredita la condición de solicitante en trámite de protección internacional. Un documento que, de haber obtenido antes, le habría ahorrado la experiencia de pasar por el CIE. Es un permiso provisional, pero le permite trabajar. “Quiero traer a mi hermana y a mi madre; me gustaría darles la vida que se merecen”, explica en una entrevista pocos días después de salir del centro. Ahora vive bajo el amparo de una ONG en un municipio cercano a Barcelona.

Algunos de los nombres han sido modificados a petición de los protagonistas para proteger su intimidad.

Premio Montserrat Roig a la promoción de la investigación en el ámbito de los derechos sociales y la acción social en Barcelona.

Después de que a primera hora de este jueves la Coordinadora CIE No Cádiz denunciara la apertura “por sorpresa” del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras (Cádiz), el alcalde de la localidad gaditana, José Ignacio Landaluce (PP), ha lamentado que desde el Ministerio de Interior no se le diera aviso de esta circunstancia, asegurando haber “echado de menos” esa “lealtad institucional y respeto” entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento.

“Es ilógico, no es sensato ni cabe en ninguna cabeza humana cabe que el ministro del Interior no le pegue un telefonazo a este pobre alcalde y le diga que el CIE se va a abrir”. “Es lo menos que se puede hacer”, ha aseverado Landaluce

En ese sentido, ha expresado que si el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, estaba “muy ocupado”, podría haberle dado aviso de esta nueva situación otras personas de su entorno como “un jefe de gabinete, el secretario de Estado, el delegado del Gobierno en Andalucía o la subdelegada del Gobierno en la provincia de Cádiz”, en definitiva, “algún funcionario” que “levante el teléfono y le diga a este alcalde que prevea que ya está abierto el CIE”.

Lo ha dicho en referencia a que como Ayuntamiento tienen que tener esto en cuenta para poder regular la circulación de tráfico y personas en la zona, así como la recogida de residuos o la implantación de vigilancia policial.

Es por eso que ha pedido “respeto institucional”, considerando que con “juntos llegamos más lejos” y que “enfrentados lo único que hacemos es hacernos la vida más difícil y no cumplir con nuestra obligación para administrar bien y responder en las mejores condiciones posibles a los ciudadanos”.

El alcalde de Algeciras ha aludido también a su posición en contra de hacer en su ciudad un centro de estancia temporal de inmigrantes, defendiendo que “tenemos 129 nacionalidades distintas conviviendo” con “respeto” y de forma “pacífica” y que “no podemos permitirnos que la llegada de cientos o miles de personas en una estancia abierta” que “desequilibrase esa convivencia”.

“No tiene sentido práctico alguno”

La Coordinadora CIE No Cádiz ha informado de que se trata de un espacio convertido en “el mayor centro de detención de migrantes del país” con capacidad para “500 personas”, anunciando la convocatoria de una marcha contra estos centros el próximo 22 de noviembre en la localidad algecireña.

En un comunicado la coordinadora ha señalado que este CIE “acentúa la visión criminalizadora hacia las migraciones y la normalización de la privación de libertad por hechos no delictivos como práctica habitual”, convirtiéndose estas instalaciones en “uno de los mayores centros de detención de migrantes de la Unión Europea”.

Este “macrocentro”, construido en las inmediaciones del Centro Penitenciario de Botafuegos, cuenta con una capacidad de 507 plazas y tiene planificado diferentes módulos para el internamiento de hombres, mujeres “e incluso niños”, como han advertido desde esta entidad.

Con ello, han considerado que Algeciras “se posiciona como punto señero en el mapa de lugares donde se vulneran derechos humanos”, ya que los CIE son, “en la práctica, cárceles para inmigrantes, donde el motivo central de su encierro es su condición de migrante en situación administrativa irregular”.

En opinión de esta coordinadora, “supone una clara vulneración del legítimo derecho a la movilidad”, un derecho que “debería ser reconocido y respetado a cada persona”, entendiendo además que la movilidad “muchas veces está motivada por situaciones de extrema pobreza o de riesgo real para sus vidas”.

La Coordinadora CIE No Cádiz ha asegurado también que los Centros de Internamiento de Extranjeros “no son necesarios” y que ubicar uno de ellos en Algeciras “no tiene sentido práctico alguno”, apuntando que “la normativa recoge alternativas mucho menos gravosas y costosas a la utilización de estas cárceles encubiertas, que únicamente prevé la privación de libertad como ultimísimo recurso”.

A juicio de la entidad, los CIE son una figura “en desuso”, señalando que los números de internamiento “se han ido reduciendo significativamente año tras año”, y que en Algeciras ya contaban con un CIE “viejo” con capacidad para 60 personas, que solía albergar “20 personas diarias como media”, por lo que han mostrado su confusión a que “se hayan invertido 30 millones de euros en un macro CIE de 500 plazas”.

Además, han hecho referencia a datos del Ministerio del Interior del año 2024, en los que se indican que “dos de cada tres expulsiones ejecutadas en dicho año se realizaron sin necesidad de recurrir al internamiento en un CIE”, lo que muestra “objetiva e inequívoca que un CIE no hace falta para ejecutar una expulsión”.

Es por eso que han vuelto a solicitar el cierre del CIE de Algeciras y del resto de CIEs que existen en el país, anunciado la continuidad de acciones y sensibilizaciones que muestren a la ciudadanía “la realidad de estos centros y las historias de dolor y sufrimiento que estos provocan”.

La primera vez que Sami (nombre ficticio) fue encerrado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), se tragó las pilas de un mando a distancia para ser hospitalizado y evitar su deportación. Es de Túnez, tenía 48 años y llevaba dos décadas viviendo en Lugo (Galicia), donde tiene mujer y tres hijas de 15, 14 y 9 años. Todas ellas tienen nacionalidad española, aunque Sami solo pudo acceder a un permiso de residencia temporal como familiar de ciudadano de la UE durante cinco años (desde 2014 hasta 2019). Su residencia permanente fue denegada por no cumplir los requisitos legales, ya que contaba con antecedentes penales hacía una década.

A pesar de estar en situación irregular, su vida era, según sus palabras, “organizada y estable”, trabajaba en el bar que su mujer regentaba, llevaba a sus hijas al colegio cada día y no le faltaban amigos en un vecindario que todavía considera suyo y que le había ayudado a superar sus dificultades personales y legales del pasado. Sin embargo, un delito contra la seguridad vial se convirtió en una orden de expulsión que recibió en su casa en febrero de 2022. Eso fue lo que llevó a Sami al CIE de Aluche y a tragarse las pilas del mando de la tele. “Cabe detenerse a pensar qué puede llevar a una persona a tomar esa decisión”, reflexiona el Servicio Jesuita al Migrante (SJM).

“Ese tipo de acciones, fruto de la desesperación, ocurren en ocasiones puntuales en que el internamiento se alarga y se acerca al máximo legal de 60 días”, apunta la organización, que acompañó a Sami durante este traumático proceso que, finalmente, concluyó con su expulsión del país tres meses después.

No fueron las pilas las que evitaron su deportación, sino un cambio en los planes de los vuelos. Tras 57 días encerrado, alejado de su familia y de su entorno, Sami pudo volver a Lugo tras su puesta en libertad en Madrid, pero el alivio fue solo temporal, porque a los tres meses, Sami fue detenido después de dejar a su hija en la puerta del colegio. En apenas dos días aterrizó en Túnez “mediante un rápido dispositivo de traslado hasta el aeropuerto de Barajas para poder ejecutar la repatriación conforme a la ley, dentro del plazo máximo estipulado de 72 horas desde su detención”. No hizo falta que volviera a pasar por el CIE.

Este es uno de los casos con el que el SJM ha ilustrado su informe anual sobre los CIE, titulado este año “Raíces tras los muros”. En el documento, presentado este lunes en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, la organización ha querido denunciar los drásticos efectos de la reclusión y la expulsión de migrantes en un momento en el que el discurso xenófobo de la extrema derecha acapara el foco político y la próxima batalla electoral.

“La privación de libertad en CIE penaliza a personas migrantes con arraigo, familia y trayectorias de inclusión en España, aplicándose a menudo de forma innecesaria y con liberaciones lejos de su lugar de residencia”, señala el informe.

A falta de datos oficiales, el SJM ofrece algunas cifras basadas en el acompañamiento de los voluntarios de organizaciones sociales a más de 600 personas internadas en los diferentes CIE del país, y concluye que “las personas acompañadas contaban con largo tiempo de arraigo e inclusión en España”.

Casi un 60% de ellos llevaba de uno y siete años en el país antes de ser encerrados. Casi el 16% aseguró llevar más de 15 años en el país y un 13,5% llevaría entre siete y 15 años antes de pasar por este trance. Las edades más comunes de las personas internadas están entre los 25 y 46 años, destacando las nacionalidades de Marruecos (30,4%) y, como novedad en el perfil, de Colombia (16%). “Son datos extrapolables a todas las personas internadas”, ha asegurado Iván Lendrino Tejerina, coordinador del programa CIE en SJM y Pueblos Unidos y autor de este informe.

“Sufrimiento inútil”

“La Ley de Extranjería establece que el internamiento debe ser una medida excepcional y no penitenciaria, concebida únicamente para facilitar la repatriación. No obstante, casos acompañados por el SJM muestran que esta excepcionalidad no se respeta: se priva de libertad a personas con largas trayectorias de arraigo, sin valorar circunstancias personales ni contemplar alternativas legales ya previstas”, denuncian.

Con las deportaciones de migrantes y el pánico migratorio en la espoleta de todo el arco político conservador, este informe trata de arrojar luz sobre unos de los procesos menos transparentes de la realidad migratoria española: las detenciones, privaciones de libertad en los CIE y las repatriaciones de migrantes. Una realidad compleja sobre la que el Ministerio del Interior no da cuentas en ningún informe ni balance oficial. Los datos llegan a cuentagotas, denuncia el SJM, gracias a solicitudes de las organizaciones al Portal de Transparencia.

Según estos datos, se sabe que en 2024 fueron deportadas forzosamente 3.286 personas migrantes desde España. De ellas, solo el 33% (1.037 personas) fueron repatriadas desde un CIE. Sin embargo, durante el pasado año, un total de 1.863 personas migrantes fueron encerradas en uno de estos criticados centros, por lo que casi la mitad (55%) de los internamientos resultó ser un “sufrimiento inútil”, ya que no concluyeron en una repatriación efectiva.

“Todas las personas internadas y no repatriadas pueden pasar hasta dos meses para ser liberadas, en muchos casos, a 500 kilómetros de su hogar. Nadie repara ese internamiento, ni siquiera se les paga billete de vuelta a casa. Son internadas de forma inútil”, ha denunciado Lendrino.

El autor también pone el foco en las alrededor de 2.000 deportaciones realizadas desde fuera de los CIE. “Si en los CIE se mantiene la falta de mecanismos efectivos de acceso a la defensa y tutela judicial y la ausencia de garantías y acceso a abogados, ¿cuáles son las garantías en esos otros procedimientos y centros”, se pregunta Lendrino, que exige un monitoreo constante en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), aeropuertos y comisarías.

El informe también cuestiona las condiciones de internamiento, con un “limitado” acceso a la comunicación, con “restricciones al uso de móviles” y “obstáculos en las visitas familiares o de ONG” a las personas internadas. La atención sanitaria es “insuficiente, con un pliego de subcontratación denunciado por organizaciones como el SJM”. En cuanto a la salud mental, “gravemente deteriorada por la propia reclusión, carece de recursos y especialistas, a pesar de las demandas de los jueces de control”, apuntan. A ello se suman “entornos hostiles, la ausencia de canales de denuncia seguros y procedimientos de repatriación con prácticas que continúan presentando irregularidades”, abunda el informe.

Los CIE de Madrid y Barcelona

El 2024 terminó con 358 quejas presentadas por las personas internadas, de las que la gran mayoría (266) se interpusieron en el CIE de Madrid, seguido del de Zona Franca en Barcelona (78). Una “desproporción” que para el SJM convierte a estos dos centros en “lugares de especial preocupación” por el “incremento de situaciones de violencia o tensión”. El informe se basa en las cifras de separaciones preventivas y de aplicación de protocolos de prevención de suicidio y autolisis, que se elevaron a 67 en el de Barcelona y 89 en el de Madrid.

A pesar de todo, el informe advierte de que los CIE “permanecen ausentes del debate social, público y político”, en un contexto decisivo tanto por los discursos de odio contra las personas migrantes como por los “cambios normativos” que se avecinan con la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), la reforma de la Ley de Extranjería. Entre los cambios que más preocupan están los posibles decretos de internamiento en CIE de personas solicitantes de asilo, incluso menores de edad, en determinados casos, incluso por periodos superiores a los 60 días máximos que hay actualmente. “Resulta alarmante que el mismo reglamento avale un régimen de excepción, el cual permite prolongar ”por un período adicional“ de seis semanas el internamiento cuando se entienda que se está produciendo una situación de crisis migratoria”, alerta el SJM.

Ni los indultos a los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo, ni la ley de amnistía, ni la quita de la deuda o el cupo catalán. El acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para que el Gobierno central y Catalunya compartan la gestión de la política migratoria ha sido calificada este miércoles por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la “cesión más grave en la historia constitucional”. “Las consecuencias” del pacto, ha dicho, “desbordan la coyuntura local” y no solo “se perpetra contra el artículo 149 de la Constitución [que establece las competencias estatales], sino también contra el artículo 2, contra la unidad de la nación”, ha concluido.

Así se ha expresado el líder de la oposición durante una intervención ante los miembros de la patronal Faconauto, que celebra su congreso en Madrid. Feijóo ha hecho su habitual defensa de los intereses de los empresarios que le invitan a este tipo de foro, y ha enlazado un discurso meramente técnico en el que ha puesto en duda, otra vez, la transición ecológica, con la situación geopolítica internacional y, desde ahí, al acuerdo anunciado ayer.

Tras señalar al Gobierno de coalición por, supuestamente, no tener una posición ante las negociaciones de paz en Ucrania y el giro dado por Donald Trump a la política exterior de EE UU, Feijóo ha dicho que Pedro Sánchez “está desprotegiendo internamente” a los españoles tras pactar con Junts “el desmantelamiento del control fronterizo de extranjería y de inmigración del Estado”.

Feijóo ha criticado la “negociación clandestina, en el extranjero y de espaldas a las instituciones” que se ha desarrollado entre Junts y el PSOE. Un acuerdo que, ha dicho, va “en contra de los procedimientos reglados”, pese a que ambos partidos han registrado ya una proposición de ley en el Congreso para validar legalmente el pacto.

El acuerdo, ha dicho el líder del PP, está “explícitamente vetado por la Constitución” y se produce “como pago político”. “La única razón de esta decisión es porque un partido lo exige, dar otra excusa es tomar por idiotas a los españoles”, ha apuntado.

“El resultado puede ser muy grave”, ha defendido Feijóo ante la patronal de los concesionarios de automóviles. El líder del PP ha esgrimido argumentos similares a los planteados por Junts para reclamar, sin mucho éxito, que el conocimiento del catalán sea indispensable para obtener permisos de residencia expedidos en Catalunya. El jefe de la oposición ha proseguido: “Las fronteras, la política de inmigración, la política de extranjería es política de seguridad nacional. Son elementos nucleares que definen a cualquier nación. Por lo tanto, lo que se está comprometiendo es la seguridad nacional para que el actual presidente del Gobierno siga siendo presidente del Gobierno”, ha espetado.

“¿A qué nivel de degradación hemos llegado para tener que recordar que ningún español es extranjero en España?”, ha sostenido Feijóo, sin concretar a qué se refiere ya que lo acordado por el PSOE y Junts tiene que ver, precisamente, con lo referido a quienes entran a España desde un tercer país. “Tolerar que en España vaya a haber dos políticas de inmigración, dar al independentismo lo que siempre ha buscado, el control de sus ficticias fronteras, es seguir desmantelando el Estado, si nadie lo impide”, ha añadido.

“La revertiremos cuando lleguemos al Gobierno”, ha dicho Feijóo. “No habrá dos Españas ni 17. España debe ser y volverá a ser una nación de ciudadanos libres e iguales en la que nadie es más que nadie”, ha concluido.

El PP movilizó a decenas de miles de personas contra los indultos, primero, y contra la ley de amnistía, después. DE momento, y ante la “cesión más grave en la historia constitucional”, el primer partido de la oposición no ha anunciado ninguna medida concreta más allá de decir que sus asesores jurídicos estudian la proposición de ley y que su intención es llevarla al Tribunal Constitucional.

Una cesión de transferencias que no existe

El discurso de Feijóo está asentado sobre la idea de que el Congreso va a aproabr una ley que cede las competencias en materia de política migratoria y de extranjería o de fronteras, algo que la Constitución Española establece que es exclusivo del Estado, es decir, del Gobierno central.

Pero la proposición de ley registrada el martes por el PSOE y Junts dista mucho de ser una transferencia de dichas competencias. Es, más bien, una cogestión entre el Gobierno central y el autonómico, como ocurre con muchas otras materias, incluidas estas, con otras comunidades como País Vasco.

Por ejemplo, Catalunya no tendrá competencias en inmigración ya que la normativa aplicable seguirá siendo la estatal. Es decir, la ley será la misma en todas las comunidades autónomas: la dictada por el Congreso de los Diputados.

Tampoco el control de fronteras dependerá de los Mossos d'Esquadra, sino que se ejercerá de manera conjunta con Guardia Civil y Policía Nacional. Pero las competencias no cambian. Como no lo hacen a la hora de conceder permisos de residencia: el Ministerio del Interior tendrá la última palabra.

“Los CIE se siguen tratando como centros policiales: ahora pasan de la Policía Nacional a los Mossos”. El acuerdo entre PSOE y Junts en materia de migraciones, que incluye el cambo en la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros de Catalunya, despierta “dudas” en Jesús Mancilla, de CIES No Cádiz y miembro de Algeciras Acoge, a la espera de que en breve abra el nuevo CIE de la ciudad portuaria, que convive con su CIE nada menos que desde 1991. “Su apertura estaba prevista en el primer trimestre, pero no se ha acordado aún una fecha”, comentan fuentes del Ministerio del Interior.

Para Mancilla, “si un CIE por definición legal no tiene carácter penitenciario no debería tener peor gestión que una cárcel. La cárcel tiene funcionarios civiles y el CIE policías, no tiene sentido”. En el acuerdo que trascendía este lunes aparece que se delega en la Generalitat “la realización de los traslados de internos en el interior de su territorio”, pero Mancilla recuerda que “allí solo existe uno, no sé si están abriendo la puerta a crear más”. “Nosotros exigimos el cierre definitivo de los CIE pero, mientras sigan funcionando, demandamos que dejen de estar gestionados por la Policía Nacional y que asuma esa labor funcionariado no policial de la administración pública. La gestión de mando y sumisión a la autoridad policial convierten a los CIE en centros peores que una cárcel. Como los definía el juez Ramiro García de Dios, ”espacios de opacidad e impunidad policial“.

Es de recordar que los CIE son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior, destinados a la custodia preventiva y cautelar de extranjeros para garantizar su expulsión, devolución o retorno por las causas y en los términos previstos en la legislación de extranjería, y de los extranjeros que, habiéndoseles sustituido la pena privativa de libertad por la medida de expulsión, el juez o tribunal competente así lo acuerde. El CIE de Algeciras ha pasado por distintos espacios, desde locales en el Puerto de Tarifa, comisarías, viejos cuarteles como el de la Isla de las Palomas en Tarifa, polideportivos, o la antigua cárcel.

Ideado en la etapa de Rajoy, el Gobierno de España decidió hace unos años construir junto a la prisión de Botafuegos un nuevo “macroCIE” en Algeciras que sustituyera al de la vieja cárcel de la Piñera, que “sigue operativo hasta la apertura del nuevo”, apuntan desde Interior. El viejo CIE desde hace muchos años venía siendo objeto de denuncias por parte de organizaciones sociales, Defensor del Pueblo y jueces, por su mal estado y sus malas condiciones para acoger personas.

Entorno penitenciario

El nuevo CIE está ubicado en la zona de Botafuego, junto al centro penitenciario y al Centro de Inserción Social (CIS). “¿Qué hace un CIE, que por ley no puede tener carácter penitenciario, en un complejo junto a la prisión y al CIS? Porque aquí no hay nada más. ¿Acaso no es una forma de seguir criminalizando a la población migrante? Lo fácil es pensar 'si están aquí dentro será porque algo malo habrán hecho'”, señala el miembro de Algeciras Acoge.

En similar sentido, Ana Rosado, coordinadora del Informe Frontera Sur de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA), explica igualmente que “nosotros partimos de la base de que los CIE tienen que estar cerrados”. “Lo que están haciendo, en vez de cerrarlos o que dentro de ellos se garantice el cumplimiento de los derechos humanos, es externalizarlo a las comunidades autónomas”, apuntando a una posible “privatización” en ese sentido.

Rosado también se muestra contrariada con el contenido del acuerdo que delega competencias en la Generalitat: “Lo que se ha transferido no es una cuestión de migración sino de seguridad. No como una cuestión de integración ni de inclusión de las personas migrantes, sino para blindar Catalunya y hacer más controles”. “No tenemos esperanza -continúa- de que apuesten por una transferencia de las competencias en materia de migración que pueda ser más permisiva porque el PSOE, cuando hace acuerdos con el tema de migraciones, hace políticas de derecha y Junts es claramente de derechas”.

Cuando se abra será el mayor centro de internamiento de personas migrantes del Estado. Para CIES No Cádiz, formada por 34 entidades sociales y sindicales, el nuevo CIE “es fruto del empuje entusiasta que se ha dado desde el Ministerio del Interior tanto del PP, con Juan Antonio Zoido, como del PSOE, con Grande-Marlaska, y no nos podemos olvidar del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, aquel que dijo que no quería un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes -CETI- porque traería más inseguridad a la ciudad”.

Una instalación “excesiva”

El inminente CIE de Algeciras tiene una capacidad de ocupación máxima de 507 personas internas, en siete edificios, con más de 17.000 metros cuadrados de superficie construida y un coste cercano a los 25,3 millones de euros, impuestos incluidos, según la información oficial de Interior. La inversión ha contado con financiación de fondos europeos FAMI (hasta del 90% del presupuesto) e incluye el coste de la obra, el mobiliario, las instalaciones y el mobiliario de cocina y lavandería, los almacenes, el equipamiento de vestuarios y oficinas, entre otros.

Precisamente las instalaciones levantan también recelo en CIES No Cádiz por su posible “infrautilización”. Mancilla habla de “falta de necesidad”, de “malgasto de dinero público”. ¿Qué pinta un CIE en Algeciras cuando las expulsiones se realizan por Madrid?“, se pregunta aludiendo también a ”una tendencia de bajada progresiva de los internamientos en el CIE“. ”Este edifico tan nuevo y aseado pretenden usarlo para privar de libertad a inmigrantes donde pueden ingresar hasta un máximo de 507 personas“, señala Mancilla, que insiste en que ”todo hace indicar que es una instalación excesiva y que su uso será parcial“.

“Cada vez se internan menos personas. En el viejo CIE de Algeciras (de 60 plazas) en 2023 fueron internadas 302 personas. Teniendo en cuenta que el periodo de internamiento máximo es de 60 días, calculamos una media de 18-22 internos diarios. El nuevo CIE tendrá 507 plazas. ¿De verdad son necesarias? Si preguntáramos hoy cuántas personas hay hoy en los CIEs abiertos en España, estoy seguro que rondaríamos las 200 personas entre todos pese a que el total de plazas en Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia y Algeciras viejo es de 1.142. ¿Para qué un CIE de 500 plazas en Algeciras que ha costado casi 30 millones?”.

Expulsiones sin CIE

Y añade más datos: “El 93,71% de los internados en el CIE de Algeciras fueron por infracciones administrativas no relacionadas con cuestiones penales. El porcentaje de expulsiones desde los CIE ronda el 50%, mientras que el otro 50% pasa por el CIE, pero termina en libertad. No solo cada vez se interna menos, sino que se sigue expulsando solo la mitad. En el año 2023 un total de 3.091 personas fueron expulsadas del país, de las cuales solo 919 personas pasaron por un CIE. Es decir, dos de cada tres expulsiones no necesitaron un CIE para asegurar la expulsión”.

Según explica Mancilla, las expulsiones se realizan por vía aérea, incluidas a Marruecos, a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con lo cual ejecutar una expulsión requiere el traslado de la persona interna a la capital de España, a veces incluso con escalas en Murcia o Jerez para las devoluciones a Marruecos).

El alcalde de Cabrera de Mar, Òscar Fernàndez, uno de los jóvenes con mayor proyección en Junts, se felicitaba así en X por el acuerdo alcanzado entre su partido y el PSOE en materia de inmigración: “Catalunya tendrá las competencias en inmigración, control de fronteras por parte de mossos, gestión de expulsiones de quienes quieren venir a delinquir y capacidad de gestionar los NIE”.

Para comenzar, Catalunya no tendrá competencias en inmigración. Se le delegarán y deberá gestionarlas en base a la normativa estatal. El control de fronteras no dependerá de Mossos sino que se ejercerá de manera conjunta con Guardia Civil y Policía Nacional, sin que cambien las competencias de ninguno de ellos. Respecto a “la gestión de las expulsiones de quienes quieren venir a delinquir”, más allá de las connotaciones estigmatizantes hacia el conjunto de migrantes, la Generalitat no tendrá la última palabra de ninguna expulsión. Sobre la gestión de los NIE, será puramente la tramitación de estos documentos.

Vayamos a un ejemplo concreto. La Generalitat gestionará el CIE situado en la Zona Franca de Barcelona, un centro de internamiento para inmigrantes cuyas condiciones ahora son indignas. Podrá gestionarlo pero no podrá cerrarlo porque esa decisión, reclamada reiteradamente por oenegés e incluso la mayoría del Parlament (hasta Junts llegó a pedirlo en febrero del 2021, con foto y pancarta incluidas), seguirá siendo potestad del Ministerio del Interior. Ni siquiera se podrá cambiar su funcionamiento interno, pues seguirá rigiendo la normativa estatal aprobada en 2014 cuando el ministro era Jorge Fernández Díaz. 

Otro dato aclaratorio: las expulsiones. La Generalitat podrá abrir expedientes de expulsión, podrá instruirlos e incluso podrá llegar a elaborar la propuesta de resolución. Pero la última palabra la tendrá el Ministerio del Interior, que, eso sí, deberá guiarse por los criterios de la Junta de Seguridad, un ámbito mixto entre Interior y el Govern que ya existía. La Generalitat únicamente podrá devolver a los inmigrantes que ya tengan prohibida la entrada en España o personas interceptadas en frontera, dos casos marginales en Catalunya.

Por lo tanto, el acuerdo no desmantela el Estado, como denuncia el PP ni es una humillación sin precedentes, como añadió su líder, Alberto Núñez Feijóo. Leyendo el texto del acuerdo (¿lo han leído sus críticos?) ni siquiera puede decirse que se quiebre la política migratoria, porque la Generalitat se limitará a gestionar las normas que tendrán todas las comunidades. Solo hay que observar que en hasta 10 artículos de la norma, los principales, se repite la siguiente fórmula: “Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de…”.

Puede parecer una obviedad pero quienes deberán ejecutar el acuerdo son el Gobierno central y la Generalitat y, hoy por hoy, Pedro Sánchez y Salvador Illa. O para ser exactos, sus responsables de Interior, Fernando Grande-Marlaska y Núria Parlón. Decir que se han entregado las políticas de migración a Junts es simplemente falso. Incluso en el caso de que el partido de Puigdemont volviera al Palau de la Generalitat, la normativa que debería aplicar sería la estatal y, al ser una delegación y no un traspaso, el Congreso podría revertir la norma si considerase que se está vulnerando.

Puigdemont puede presumir de haberse apuntado un tanto al haber conseguido que el PSOE se avenga a delegar competencias a la Generalitat y arrogarse la capacidad de mejorar el autogobierno de Catalunya estando en la oposición. Una vez más ha hecho valer sus votos hasta donde ha podido y al tratarse de un ámbito tan sensible como la inmigración intenta frenar las fugas de votos hacia Aliança Catalana. 

Pero tanto si el Congreso acaba aprobando la proposición de ley acordada entre socialistas y Junts, algo que no está nada claro que acabe pasando porque Podemos ha avisado de que no se den por hechos sus votos, como si finalmente logran sacarla adelante, las políticas en inmigración las fijará el Estado, igual que en el resto de comunidades autónomas. 

El PSOE ha conseguido apaciguar a Junts. Al menos hasta la próxima. Pero se ha dejado más pelos en la gatera.

Hace 13 años, Samba Martine, una mujer de 41 años, falleció víctima de una negligencia médica. Murió sin diagnóstico apenas seis horas después de ser trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre en un coche de policía. La autopsia reveló que la causa de su muerte fue una infección tratable: Samba era portadora de VIH, una condición que jamás le fue informada.

Durante los 39 días que pasó en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, solicitó asistencia médica en once ocasiones, pero nunca recibió tratamiento adecuado. Por ello, desde ayer por la tarde, la estación de metro de Antón Martín y las indicaciones de la línea 1 de Madrid llevan temporalmente su nombre: “Samba Martín”. Esta acción simbólica fue impulsada por la Red Solidaria de Acogida, la Parroquia San Carlos Borromeo de Vallecas y otras colectivos más, con el propósito de conmemorar su aniversario y honrar su “coraje al desafiar las lógicas migratorias racistas y mortales de Europa”.

Originaria de la República Democrática del Congo, Samba Martine llegó a Melilla en 2011, donde ingresó en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Un análisis de sangre realizado en el Hospital Comarcal reveló que era portadora de VIH. Sin embargo, esa información nunca le fue comunicada, y su historial médico no se trasladó al CIE de Aluche cuando fue transferida a Madrid. Esta falta de coordinación entre instituciones fue fatal.

En al menos diez consultas, Martine describió síntomas persistentes como fiebre alta, dolor de cabeza intenso y malestar general, pero nunca se le realizaron pruebas diagnósticas que pudieran haber identificado su condición. La falta de un intérprete en la mayoría de las visitas médicas imposibilitó que pudiera comunicar adecuadamente la gravedad de sus síntomas, mientras que los profesionales se limitaron a prescribir analgésicos sin investigar las causas subyacentes. La ausencia de atención médica adecuada en un contexto donde su salud se deterioraba rápidamente dejó claro un patrón de desatención sistemática en el CIE.

Tras años de lucha, en 2020, el Ministerio de la Presidencia reconoció oficialmente la responsabilidad del Estado en su muerte. Fue la primera vez que el Gobierno admitió que un fallecimiento se debió al mal funcionamiento de los CIE, en este caso, el de Madrid (dependiente del Ministerio del Interior), el CETI de Melilla (bajo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y la empresa SERMEDES S.L., encargada del servicio médico del centro en ese momento. Un año antes, dos peritos especializados en enfermedades de transmisión sexual declaraon ante el juez que Samba “habría tenido hasta un 70% de posibilidades de sobrevivir” si se le hubiera hecho el rest de VIH o una radiografía ante sus síntomas gripales persistentes.

La Red Solidaria de Acogida destacó en sus redes sociales que Samba Martine “es un ejemplo de lucha y un símbolo de movilización social contra los CIE y las fronteras, un legado colectivo que nos recuerda la urgencia de construir modelos de acogida centrados en la vida y los derechos humanos”. Desde la Parroquia San Carlos Borromeo añadieron: “Las razones por las que murió Samba no deben repetirse. Hacer memoria es recordar y luchar por la justicia. Este homenaje a Samba es precisamente eso”.

Desde 2011, colectivos sociales y entidades han mantenido vivo el recuerdo de Samba Martine como una exigencia para cerrar “esos lugares de no-derecho y dolor”. “Que no haya más vidas cercenadas como la de Samba Martine”, reclaman, subrayando que su memoria representa una lucha por la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes. Sin embargo, su caso no es aislado.

Otro ejemplo más reciente que puso el foco en la asistencia médica de los centros estatales de acogida fue el de Diallo Sissoko, un joven maliense de 21 años que falleció el pasado octubre en el centro de emergencias de Alcalá de Henares tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Antes de su muerte, había sido enviado al hospital desde el centro, pero allí solo le recetaron analgésicos. Según testimonios de sus compañeros, Sissoko se quejó durante días de un malestar persistente que terminó siendo fatal.

El nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz), el segundo que acogerá esta localidad, ha sido el lugar en el que este sábado ha concluido la protesta de la Coordinadora CIE No Cádiz ha organizado en protesta por la próxima apertura de unas instalaciones que serán las más grandes de este tipo en España. Los impulsores de la acción han denunciado que “se recortan los derechos de las personas migrantes y refugiadas” y además “se les criminaliza”.

La marcha ha empezado en La Piñera, junto a la antigua cárcel y actual CIE, y ha concluido en Botafuegos, donde el nuevo centro se ubica junto a una prisión. “Este edifico tan nuevo y aseado pretenden usarlo para privar de libertad a inmigrantes, donde pueden ingresar hasta un máximo de 507 personas”, apunta el manifiesto que se ha leído, en el que se ha criticado que la inversión para levantarlo (que cifran en 30 millones de euros) se podría haber destinado a reducir las “carencias” de la comarca.

El CIE de Botafuegos “será el mayor centro de internamiento de personas migrantes del Estado”. La coordinadora recuerda que la capacidad los actuales centros de Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia y Algeciras viejo es de 1.142 personas, por lo que las 507 plazas del nuevo supone el 43,40% del total que hay ahora en España. “Se trata de uno de los centros de internamiento más grandes de toda Europa, se podrá internar también a familias, mujeres e incluso, personas con discapacidad”.

“Emigrar no es un delito”

Los organizadores han criticado el “empuje entusiasta” que el Ministerio del Interior ha dado a estas instalaciones, tanto con Juan Ignacio Zoido (PP) y Fernando Grande Marlaska (PSOE) como ministros. Y también han cargado contra el alcalde Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), “que dijo que no quería un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) porque traería más inseguridad a la ciudad”.

La coordinadora ha lamentado que el Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado recientemente obliga muchos migrantes “a jugarse la vida dificultando su acceso por vías seguras”. De paso, ha criticado que a través de fondos transferidos a terceros países “se financia la vulneración de derechos fuera de nuestras fronteras”, con centros de detención en Turquía y Albania, “así como la violencia en territorios de tránsito cómo Libia, Argelia o Marruecos”. “Emigrar no es un delito, es un derecho reconocido por el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, ha concluido el manifiesto.

El servicio de acogida de menores migrantes de Bizkaia se encuentra al límite de su capacidad, según las autoridades, lo que ha llevado a declarar este jueves 28 de noviembre la situación de excepcionalidad para tratar de descongestionar este servicio. Así lo ha informado la Diputación Foral de Bizkaia tras apeobar en el Consejo de Gobierno un acuerdo que permitirá aplicar la previsión para situaciones excepcionales recogida en la Disposición Adicional Primera del Decreto 131/2008, de 8 de julio, que regula los recursos de acogimiento residencial para la infancia y adolescencia en situación de desprotección social.

Según ha informado, este acuerdo, “permitirá la activación de un dispositivo asistencial de emergencia con carácter transitorio, destinado a descongestionar la red de acogida de menores migrantes no acompañados”. “Esta declaración de excepcionalidad responde a la situación límite en la que se encuentra la red de acogida de menores migrantes no acompañados. Esto mismo nos va a permitir activar el dispositivo asistencial de emergencia. Una activación con caracter temporal que nos ayude a descongestionar la red. Bizkaia seguirá acogiendo a menores extranjeros no acompañados porque es nuestra obligación moral y legal, pero esta Diputación reclama a las autoridades competentes que activen un plan de reparto ordenado y equitativo de estos menores. Solo de este modo podremos ofrecerles una atención adecuada”, ha indicado la portavoz de la Diputación, Leixuri Arrizabalaga.

Los datos aportados por la institución foral alegan que llega una media de tres menores al día a Bizkaia. En la actualidad, el territorio cuenta con 16 centros de acogida en los que atienden a 600 migrantes menores no acompañados. Una cifra que, según reconocen “va creciendo de manera exponencial en los últimos meses”. “A pesar de que en el último año la Diputación Foral de Bizkaia ha abierto cuatro nuevos centros, la llegada de una media de tres menores al día sitúa a la red de acogida del territorio al límite de su capacidad. Además, se prevé que este flujo se mantenga, dado que una parte importante de los menores actualmente en Canarias pueden llegar a Bizkaia”, reconocen desde la Diptuación.

Por ello, y aunque sostienen que “su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad es ineludible y que, además de tratarse de una obligación legal, responde a una convicción firme”, exigen al Gobierno de España que “asuma un papel activo en esta crisis humanitaria, adoptando medidas estructurales que controlen los flujos migratorios y establezcan un reparto justo y equitativo de responsabilidades entre comunidades autónomas, apelando para que asuman su parte en esta labor humanitaria y no eludan su responsabilidad”. “Tenemos serias dificultades para garantizar proyectos socioeducativos que favorezcan la integración de estos menores en la sociedad”, alertan desde la Diputación de Bizkaia.

Esta declaración ha llegado después de que la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe (PNV), señalara que hay que “decir basta” y poner un límite a la acogida de menores migrantes. “Nuestros recursos” no son ilimitados, argumentó el pasado julio en una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, en la que sostuvo que Bizkaia es “un territorio acogedor y convencido con el cumplimiento de los derechos humanos de apoyo a los colectivos más vulnerables, y más si se trata de menores, como es en este caso” pero también que hay que “poner un límite”. “Estaríamos si no haciendo la ficción de que nuestro recursos también son ilimitados y eso no es así”, agregó tras criticar que otras comunidades autónomas no acogen a tantos niños.

“Lo que no puede ser es que haya comunidades autónomas mirando hacia otro lado y nosotros sigamos, de forma continuada, abriendo recursos, como lo hemos estado haciendo todo este año”, indicó. A modo de ejemplo, en dicha entrevista aseguró que Bizkaia estaba acogiendo en la tercera semana de julio a 540 menores no acompañados, mientras que la semana anterior eran 511. A día de hoy son 600. “Y son exactamente más del doble de los que atendíamos el año pasado en la red foral”, recalcó.

A pesar de la situación, desde la institución foral insisten en que continuarán “garantizando la acogida y protección de menores migrantes no acompañados”, pero advierten de que “se necesitan soluciones estructurales y una corresponsabilidad efectiva para afrontar una situación que, de no atenderse, continuará agravándose”.

En la reunión mantenida este miércoles en Madrid entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, que cuenta como objetivo agilizar los traspasos pendientes del Estatuto de 1979, que la parte vasca cuantifica en 29. El lehendakari, entre los temas a tratar destacó la relevancia de las políticas de migración. Ya se hizo una transferencia menor hace unos meses y ahora el nuevo Gobierno vasco demanda una cambio en la normativa de extranjería y nuevas funciones en las autorizaciones laborales e inserción. También desea un reparto “ordenado” de las llegadas -a Pradales le preocupa especialmente el “desequilibrio” con los menores- y que se tenga en consideración la situación de Euskadi como “frontera norte”. En Irún-Hendaya ha habido devoluciones en caliente en los últimos años, así como fallecimientos de migrantes en tránsito.

La plataforma 'CIEs No' ha denunciado “vulneraciones de derechos sistemáticas” en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores (València), en referencia a las conclusiones de la última visita de técnicos del Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP) del Defensor del Pueblo al recinto, de la que ha informado elDiario.es. David García Blasco, portavoz de la 'Campaña por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones', denuncia las condiciones de los migrantes encerrados: “Pese a las denuncias, tanto sobre las condiciones del centro como sobre el trato recibido por los internos, la situación no ha cambiado durante el tiempo que el CIE lleva en funcionamiento”, afirma. 

El Defensor del Pueblo criticaba que la comida que se sirve en el CIE de Zapadores “no es adecuada” y el agua, “reducida”, entre otros aspectos detectados en la visita sorpresa al recinto efectuada los pasados 27 y 28 de febrero por parte de dos técnicas y del director del MNP, acompañados de un especialista externo en medicina legal.

“Podemos comprobar que incluso las recomendaciones que realiza el MNP no son tenidas en cuenta, puesto que, pese a que año tras año este organismo público realiza recomendaciones en relación con numerosas que cuestiones que afectan directamente a la dignidad de los internos, la dirección del CIE, que depende del Ministerio de Interior, no implementa los cambios necesarios para asegurar un trato digno y conforme a derecho hacia los internos”, sostiene David García Blasco.

El portavoz de 'CIEs No' destaca también “la dificultad que existe para acceder a las cámaras de videovigilancia cuando se producen conflictos dentro del CIE, el trato deplorable que reciben los internos por parte de la Policía Nacional y la falta de información a los internos para interponer quejas sobre las condiciones que reciben mientras son internados”. 

“Deplorables condiciones del servicio de salud”

La entidad afirma que recibe “constantes denuncias” y las “deplorables condiciones del servicio de salud, que pese a lo que marca la ley, es proporcionado por una empresa privada y no por la sanidad pública”, tal como criticaba el Defensor del Pueblo. David García Blasco también alude a la “sobremedicación a la que se expone a los internos y la falta de servicio psicológico”.

“Estas condiciones”, abunda el portavoz, “suceden con la observancia de Cruz Roja, que tienen contratada la asistencia social dentro del CIE”. “Debemos recordar que ambas instituciones incumplen directamente el pliego de condiciones contratadas con el Ministerio de Interior y que no existen mecanismos de control interno para asegurar el cumplimiento de sus funciones dentro del CIE”, agrega.

Las condiciones del recinto “afectan directamente al proceso de deshumanizacion que sufren los internos” y a su bienestar físico y psicológico, añade David García Blasco. “Las vulneraciones de derechos en los centros de internamiento son sistemáticas y, pese a las denuncias de la campaña y las inspecciones realizadas por el MNP, las condiciones de los internos no han cambiado desde que entramos al CIE hace 13 años”, concluye el portavoz de la entidad.

Informe “demoledor”, según Compromís

Por otro lado, el diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interesándose por las medidas que piensa tomar “para subsanar las graves deficiencias” detectadas por el Defensor del Pueblo.

“El informe de la visita es demoledor y certifica la vulneración de derechos humanos a las personas internas”, afirma Ibáñez.

El Defensor del Pueblo denuncia que la comida que se sirve a los internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores (València) “no es adecuada”, tras una visita sin previo aviso a las instalaciones realizada los pasados 27 y 28 de febrero por parte de dos técnicas y del director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), acompañados de un especialista externo en medicina legal. “El equipo del MNP tuvo la ocasión de observar el menú del almuerzo y de la cena, lo que permitió constatar el testimonio de los internos en cuanto a su baja calidad”, afirma la ficha de seguimiento de la visita publicada este miércoles. El organismo independiente, encargado de visitas periódicas a los lugares en que se encuentran personas privadas de libertad con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, también detectó la “cantidad reducida de agua” que se ofrece a los internos: “una botella de litro para cuatro en las comidas principales”. “La botella única también provoca conflictos dado que, en el supuesto de que no se consuma totalmente cualquier comensal se apropia de la misma”, agrega. Así, el Defensor del Pueblo pide a la dirección del CIE que mejore la calidad y cantidad de comida y que se ofrezca acceso a agua potable “sin restricciones”. Hace casi un lustro, elDiario.es publicó un video realizado por un interno que reseñaba las mismas quejas en relación con la comida y el agua.

Durante las dos jornadas de visita, los representantes del Defensor del Pueblo mantuvieron entrevistas con varios internos y se reunieron con los responsables del CIE, el personal de la Cruz Roja y con el juez encargado del control del centro. Los técnicos del organismo constataron, de nuevo, el malestar que produce a los internos que los agentes que vigilan el recinto les llamen “por el número asignado en el CIE en lugar de por su nombre”, lo cual “supone una deshumanización de las personas”. A pesar de recomendaciones anteriores del Defensor del Pueblo, el número “se continúa empleando” incluso en el caso de personas con nombres hispanos.

Por otro lado, varios de los internos entrevistados manifestaron su malestar por el hecho de que “a diario” los agentes revolvían sus enseres, testimonios considerados “verosímiles”. El director del CIE, por el contrario, aseguró que todos los días se inspeccionan las celdas pero “no se movía nada” a diferencia de los casos en los que se registraban en profundidad los habitáculos, siempre en presencia de uno de los internos.

En otro apartado, la ficha de seguimiento de la visita alude a la dificultad de los internos para lavarse los dientes “de manera adecuada” con los cepillos “con el mango previamente cortado” que se les presta. También pide que se instalen separadores en las duchas que no los tiene, “a fin de preservar la intimidad de los internos”. Los migrantes entrevistados también lamentaron que no se les entregan almohadas para su descanso nocturno.

La visita del MNP concluyó que las instalaciones del CIE de Zapadores estaban limpias, si bien “resulta necesario” realizar reparaciones en paredes, aseos y suelos del módulo 3. Por otro lado, la ficha de seguimiento advierte de que el recinto no dispone de una dependencia específica para internos en situación de aislamiento sanitario.

El Defensor del Pueblo también reseña que los locutorios no disponen de sillas en el lado por el que acceden los internos y, en el de los visitantes, “hay dos bancos corridos que no son adecuados para mantener una posición normal durante la visita”. Además, algunos locutorios tienen un espacio abierto y otros no, a pesar de que el MNP reclama “de manera insistente” que los cristales que se instalen en los locutorios “puedan abrirse como si fueran una ventana, de tal manera que permitan que las visitas y los internos puedan mantener contacto”.

La ficha de seguimiento de la visita sorpresa alude a un incidente, del pasado 16 de enero, que motivó la entrada en el recinto de la Unidad de Intervención Policial (UIP). El video del incidente no se facilitó a los técnicos del Defensor del Pueblo al haberse usado el sistema anterior de grabación. Una vez solicitadas las imágenes a instancias superiores encargadas de las telecomunicaciones “éstas no habían llegado al centro”.

El MNP lamenta que “no consta la existencia de ningún protocolo de actuación para el caso de que se produzcan incidentes graves” (tales como fallecimientos, malos tratos o fugas) y también reitera la obligación de que los agentes que vigilan el recinto “porten su placa identificativa”. El recinto tampoco dispone de libro de registro de alegaciones, quejas y denuncias de malos tratos.

El CIE de Zapadores, recuerda el Defensor del Pueblo, no dispone de médico perteneciente a la sanidad pública (se trata de un servicio externalizado), a pesar de que el Estado debe garantizar el acceso a una asistencia sanitaria de calidad, según un informe del Comité contra la Tortura. La “mayoría” de las personas internas presentan patologías en su dentadura “y la única posibilidad de tratamiento es la toma de antibióticos y calmantes”, por lo que el MNP ha solicitado información sobre las actuaciones realizadas para prestar asistencia odontológica.

Además, el CIE tampoco cuenta con ningún recurso o programa específico de atención a drogodependencias “y el apoyo que debería prestar la Unidad de Conducta Adictiva (UCA) no es el deseable”, a pesar del “importante número de internos” con este tipo de problemas. El informe advierte de que la falta de atención educativa o psicológica a los internos con problemas de adicción “puede repercutir de manera grave en la convivencia”. 

11 procedimientos judiciales

El servicio médico del CIE no tiene acceso a la historia clínica de las personas ingresadas y cuenta con “serias dificultades” para obtener informes de asistencia sanitaria a los internos cuando han tenido asistencia en algún punto del Sistema Público de Salud. 

Los técnicos del Defensor del Pueblo también detectaron tres historias clínicas con el certificado médico de salida del CIE firmado “con bastante anterioridad” a la expulsión de los internos, a pesar de que el reconocimiento debe realizarse inmediatamente antes de la fecha de salida del recinto.

La ficha de seguimiento de la visita recuerda que los partes de lesiones deben reflejar la hora en la que se produjeran los hechos y la asistencia así como la versión del lesionado sobre lo sucedido. Además, también insiste en que los partes se deben remitir desde el servicio médico al juzgado de guardia, “independientemente de que se pueda enviar adicionalmente a otros órganos judiciales”.

En “los últimos años”, según la documentación consultada por los técnicos del Defensor del Pueblo, ha habido 11 procedimientos judiciales, “sin que se indique la causa de su incoación”.

En el momento en el que se escriben estas palabras, aún no ha finalizado la campaña para las elecciones europeas del domingo 9 de junio, por lo que no va a ser un análisis sobre los resultados, aunque el desánimo, la desmovilización y la fuerza que están tomando sectores antidemocráticos en alianza con otros democráticos, nos hacen preveer el resultado. Puede que estar en un festival de la democracia, con constantes convocatorias de elecciones en estos últimos años, haya generado cierta fatiga. Fatiga que se acrecienta cuando se utiliza constantemente el llamado antifacista para realizar políticas neoliberales en el mejor de los casos, o justificar políticas reaccionarias bajo el paraguas de partidos progresistas, en otros.

El contexto global en que nos encontramos de partidos situados en marcos reaccionarios y anti-derechos (fascistas, extremaderecha, derecha radical) apoyados en movimientos fundamentalistas, es algo que evidentemente preocupa. Y se pudiera considerar, desde un prisma de izquierdas, que el peligro de estos partidos es por el miedo que tienen a la democracia, tanto que su naturaleza es corromperla y destruirla. Sin embargo, no temen a la democracia sino que la odian.

Una pregunta que nos puede rondar la cabeza es la de cómo recuperar y ensanchar las políticas de base, porque sin estas las políticas institucionales siempre tenderán a ser lo más "quietistas" posible

En cambio, a otras muchas, habiendo crecido y vivido en un régimen democrático, la democracia nos asusta por lo que ha supuesto y en lo que está derivando. Ojo, que la democracia no es mala, pero en muchas ocasiones se la nombra con un halo de paz y concordia irreal en el que bajo su nombre se justifican muerte, guerra y genocidios.

En nuestra democracia, 4.227 días han pasado desde la Huelga General del 14 de noviembre de 2012, la última convocada a esa escala por parte de los grandes sindicatos de clase. Otros 3.268 días desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015, del 30 de marzo, sobre protección de la seguridad ciudadana, también conocida como la Ley Mordaza y que sigue sin ser derogada. 2.287 han pasado desde la huelga convocada por los movimientos feministas en aquel 8 de marzo de 2018.

1.463 días han transcurrido desde que personas y organizaciones negroafricanas y afrodescendientes organizamos movilizaciones en todo el Estado contra el racismo en el contexto de España. 718 días han pasado también desde la masacre de Melilla y desde que el presidente del Gobierno más progresista de la historia lo describiera como un trabajo bien hecho (para después rectificar). Y se protegió, junto a lo que en su momento fue Unidas Podemos (actualmente por separado como Sumar y Podemos), al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Estos ciclos políticos en los que se acrecienta la distancia entre las políticas institucionales y las políticas de base quedan demostrados con estos pequeños ejemplos de avances y retrocesos citados más arriba. Una pregunta que nos puede rondar la cabeza es la de cómo recuperar y ensanchar las políticas de base, porque sin éstas las políticas institucionales siempre tenderán a ser lo más “quietistas” posible.

No se puede abanderar la defensa de la democracia y mientras las líneas rojas sobre las migraciones sean "evanescentes"

Pero centrándonos en la relación de las izquierdas con las políticas migratorias, las propuestas desde las llamadas izquierdas, fuerzas progresistas o la etiqueta que queramos utilizar, se encuentran desde hace décadas en el marco de la derecha. Parecemos olvidar que fue el PSOE el que creó los infames CIEs, lugares cuya existencia supone una vulneración constante de derechos humanos. También han sido reiteradas las veces que se han negado a apoyar la regularización de las personas migrantes durante estos cuatro años en los que desde RegularizaciónYa se presentaba en sede parlamentaria la cuestión. O han votado a favor del nuevo Pacto de inmigración y asilo de la UE.

Como dice Moha Gerehou, “las políticas racistas y contra la migración son un pegamento indispensable de los partidos conservadores y una línea roja evanescente en los partidos progresistas”.

No se puede abanderar la defensa de la democracia mientras las líneas rojas sobre las migraciones sean “evanescentes”. Pues sin una posición y estrategia clara sobre las migraciones y contra de la vulneración de derechos en la frontera (tanto fuera como una vez dentro), ¿podemos confiar en el desarrollo de una democracia amplia que decida ser ciega a estas cuestiones? ¿O esta ceguera es la muestra de la naturaleza de esta democracia?

Porque si las necropolíticas son el corazón de la democracia, lo admito, le temo a la democracia.

El primer CIE en España lo montó la dictadura franquista y fue para quienes emigraban desde el interior a las zonas industriales. Si bien las ordenanzas municipales permitían desde mucho antes la deportación, el denominado “Centro de Clasificación de Indigentes” de la ciudad de Barcelona fue el primer caso sistematizado que se conoce en España.

Lo curioso de todo esto es la poca memoria que hay al respecto, apenas algún trabajo académico, algún artículo periodístico en Andalucía, en Catalunya y en Euskadi. O incluso de andaluces en Catalunya. Pero sobre todo muy poca presencia en el debate político en cuanto a memoria histórica se refiere.

La primera vez que escuché la existencia del Pabellón de las Misiones, fue cuando asistí hace unos años a la obra de teatro “Forasters vindran” en el Teatre Lliure (Barcelona) de Marta Galán con la interpretación de Susanna Barranco, Núria Lloansi y Juan Navarro . La temática tenía que ver con lo que traté en mi último artículo: la emigración del interior a Catalunya en el franquismo.

Que el primer Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) que hubo en España fuera en la Catalunya franquista para las y los inmigrantes del interior es algo que no sólo no está presente sino que además la demolición de dicho edificio ha facilitado el olvido.

 El contexto de aquel centro era el de los años 50 y 60, donde hubo una importante emigración de los territorios más pobres hacia las urbes industriales, y que se movió en la conocida tensión entre la necesidad de una mano de obra barata pero sin la inversión necesaria para que pudieran vivir con dignidad.

La primera reacción del franquismo fue tratar de controlar una inmigración, que en la mayoría de los casos era irregular, por la vía de la represión

Esta política de control de la inmigración se conoce fundamentalmente porque quienes lo vivieron se lo han ido contando a sus descendientes. Si bien es cierto que en las últimas décadas la memoria histórica ha avanzado mucho, que esto perviva gracias a la tradición oral no parece muy normal.

La primera reacción del franquismo fue tratar de controlar una inmigración, que en la mayoría de los casos era irregular, por la vía de la represión. Y con un apoyo importante de los medios de comunicación. Si la Policía Armada veía que alguien era forastero y no tenía forma de demostrar trabajo y vivienda legal, lo llevaban a este CIE en condiciones infrahumanas situado en Montjuic y de ahí era deportado de vuelta en tren.

A veces quienes sufrían la deportación saltaban del tren para volver a intentarlo en Catalunya: lo que fuese por evitar la miseria. Y a veces la única forma de demostrar que se tenía trabajo era probar suerte enseñando las manos, porque papeles para todas las personas migrantes tampoco había entonces.

Y es que los y las andaluzas no emigraron huyendo de un franquismo que para algunos parece que no existía en Catalunya, pero tampoco emigraron patrocinados por la dictadura con la intención de acabar con la identidad de ningún otro pueblo. Emigraron por motivos económicos, una constante que se cumple a día de hoy. Es decir, por una cuestión de clase social.

El modelo de los CIEs no sólo es injusto y cruel, sino que ni funcionó en la dictadura franquista ni funciona en la actualidad

Sirvan estas palabras como recordatorio ante la ausencia de siquiera una placa en los jardines de Joan Maragall, que es donde antes se situaba el Pabellón de las Misiones. Pero también para recordar que Andalucía tiene presencia e historia fuera de nuestras fronteras.

Que nos une un pasado con otros pueblos de España que también tuvieron que emigrar y que tras sortear la represión tuvieron una vida mucho más digna. Y que el modelo de los CIEs no sólo es injusto y cruel, sino que ni funcionó en la dictadura franquista ni funciona en la actualidad.

No más Pabellones de las Misiones. Que nuestra propia historia como pueblo emigrante interpele a quienes hablan de forma despectiva de la inmigración. 

Medio centenar de migrantes encerrados en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Madrid ha enviado un escrito al juzgado de instrucción número 20 de Madrid, con competencias en el control de estos espacios, para denunciar presuntas agresiones cometidas por agentes de la Policía Nacional contra varias personas internas. “Han agredido brutalmente a varios internos con porras, patadas en la cabeza, puñetazos, además de insultarnos y tratarnos como animales”, dice la misiva adjunta en la queja, a la que ha accedido elDiario.es, presentada en el juzgado por varias ONG para solicitar la investigación de los hechos.

Algunos internos aseguran tener diferentes marcas en sus cuerpos a consecuencia de los supuestos golpes de la Policía y, para probarlo, han mandado al juzgado una serie de fotografías a las que no ha accedido este medio. Los internos han añadido también en su carta el número de placa de uno de los agentes que, según su testimonio, les golpeó. Fuentes de la Jefatura General de la Policía aseguran que “en caso de haber algún incidente” en el CIE “se trata de utilizar la fuerza mínima imprescindible”, sin entrar a dar información concreta sobre los hechos denunciados del 14 de febrero.

Los denunciantes aseguran que el pasado 14 de febrero, entre las once y las doce de la noche, irrumpieron en el CIE 11 agentes que “cometieron actos de extrema barbaridad” contra los internos. Según el texto escrito a mano por uno de los migrantes y firmado por medio centenar de ellos desde el interior del centro de internamiento, los policías agredieron a varios internos “con porras, patadas en la cabeza y puñetazos”.

La misiva alerta al juzgado de que varias personas han resultado heridas, entre ellas un hombre del que los denunciantes aseguran desconocer su paradero. “Uno de los heridos ha salido de aquí inconsciente, además de estar sangrando mucho. Ha desaparecido, no tenemos ni idea de donde puede estar esta persona, ya que algunos internos se han puesto en contacto con su familia y su familia dice que no lo encuentra en ningún hospital”, indican en la carta que ha llegado a manos del juzgado encargado del cumplimiento de la normativa en los CIE, los centros donde son privadas de libertad  personas extranjeras durante un máximo de 60 días por su situación irregular (lo que supone una falta administrativa, no un delito) con el objetivo de proceder a su expulsión.

Aunque el CIE cuenta con servicio médico privado, aquella noche los servicios de emergencias sanitarias de Madrid recibieron un aviso desde el centro de internamiento de Madrid a las 23:30 horas. Según confirma una portavoz del Samur, una ambulancia básica fue enviada al centro de internamiento de Aluche para atender a una persona, de la que no consta ningún dato más, con “dolor músculoesquelético”. El paciente fue atendido in situ “sin requerir traslado hospitalario”.

Más allá de lo ocurrido el pasado 14 de febrero, los internos también han denunciado en su misiva una presunta agresión a una mujer ocurrida tres días antes: “Otro hecho atroz ha ocurrido hace tres días: un agente ha estrangulado a una interna hasta dejarla inconsciente”, indica el escrito. Los migrantes cuestionan también los “cacheos” realizados por los agentes en las celdas o supuestas “visitas” de los policías en las habitaciones de los migrantes para “golpear a los internos, aprovechando que en las habitaciones no hay cámaras”.

Las personas firmantes del escrito reconocen el “miedo a represalias” de los internos que han sido testigos de los hechos, por lo que no incluyen sus números identificativos en la denuncia, pero se muestran “dispuestos a declarar lo que han visto a un juez o a cualquier ONG que nos conceda una entrevista en persona”. El escrito fue mandado por los internos por Whatsapp el pasado 15 de febrero a las ONG acreditadas para realizar visitas en el CIE de Aluche: Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, Coordinadora de Barrios y Mundo en Movimiento.

Las ONG han solicitado al juzgado la investigación de los hechos. Entre otras diligencias, las organizaciones piden el reconocimiento por parte de un médico forense de las posibles lesiones que puedan presentar las personas denunciantes, el traslado de la víctima y testigos a dicho juzgado para tomarlas declaración, así como la suspensión de la expulsión de las personas agredidas con el objetivo de evitar la repatriación de los denunciantes. Las organizaciones también han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo.

La Plataforma CIEs No lleva años denunciando la deportación de internos que denuncian posibles irregularidades cometidas por los agentes de la Policía Nacional en el interior de estos centros, así como de los testigos de los hechos, lo que en muchas ocasiones frustra la investigación. 

Debido a la frecuente expulsión de denunciantes o testigos de supuestas agresiones policiales en el CIE, en 2020 el Defensor del Pueblo pidió al director general de la Policía la emisión de una instrucción que incluyese “un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos de las personas privadas de libertad” en los CIE. La institución recalcó entonces que el protocolo debería incluir “el principio de realización de una investigación efectiva” y “la no expulsión de un interno o interna mientras determina si existen indicios de que ha sido víctima de un hecho disciplinariamente reprochable o delictivo”. También exigió a la Policía establecer la forma en la que debe ser enviada la “información oportuna a juzgado” que corresponda para investigar debidamente los hechos denunciados.

Estas nuevas quejas llegan dos meses y medio después de la reapertura del CIE de Madrid, que permaneció casi un año cerrado por obras. “Es inconcebible que cada vez que el CIE está en funcionamiento, en distintos momentos, tods los años, diferentes personas internas denuncien una y otra vez hechos muy similares y jamás se deriven consecuencias jurídicas de estas denuncias porque siempre terminan por archivarse”, han alertado en un comunicado la plataforma CIEs NO Madrid.

Mientras, los migrantes que siguen en el centro de internamiento piden mejores condiciones y el cese de los malos tratos denunciados. “Solicitamos la ayuda de los derechos humanos. No aguantamos más ser tratados peor que a los animales. Lo único que pedimos es ser tratados como seres humanos”, concluyen los internos desde el interior del CIE de Madrid. 

El Juzgado de Instrucción 46 de Madrid autorizó el pasado martes a la Policía a internar en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la capital a medio centenar de solicitantes de asilo originarios de Marruecos y Senegal que estaban hacinados en las salas de protección internacional de dos terminales de Barajas. Esas estancias que acogen a demandantes de protección internacional e inadmitidos en el aeropuerto vive desde hace meses una situación de colapso. Los traslados se iniciaron este miércoles, según confirman fuentes del Ministerio del Interior.

La decisión ya ha sido recurrida por la Fiscalía. El Ministerio Público ha solicitado la nulidad del auto que autoriza lo que define como un “internamiento masivo” al considerar que se basa en una “aplicación indebida” de la ley de extranjería y que el juzgado no tiene competencia para tomar esa decisión, según recoge el recurso al que ha tenido acceso elDiario.es. 

El juez José María Escribano dio curso a la solicitud de los agentes del puesto fronterizo del aeropuerto basándose en el artículo 60.1 de la ley de extranjería, que requiere que la autoridad judicial acuerde una “medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión” cuando la “devolución” de las personas a las que no se permite la entrada en el país no se puede ejecutar en el plazo de 72 horas. A su juicio, en el presente caso “se cumplen todos los requisitos” de ese precepto. Y añade que al deducir de la solicitud de los agentes que el retorno a los países de origen de estas personas va a superar el plazo legal acuerda su “internamiento” en el CIE. 

Según el juez, el CIE opera en este caso como una “extensión de las salas de alojamiento de asilo del aeropuerto como dependencia habilitada de urgencia (...) en tanto no se resuelve su expediente de solicitud por parte de la Oficina de Asilo y Refugio”. En esos centros los internos permanecen privados de libertad hasta un máximo de 60 días a la espera de una expulsión a sus países de origen, que finalmente se produce en menos del 50% de los casos. Los extranjeros son encerrados debido a su situación irregular en el Estado español, lo que supone una falta administrativa, no un delito. 

“No es conforme a Derecho”

En su recurso, la fiscal Cristina Pírfano admite que “como no podría ser de otra forma” se mantiene “plenamente” el trámite abreviado del procedimiento de asilo en frontera. No obstante, pide la nulidad del auto del juez al entender que “no es conforme a Derecho” porque vulnera “las normas de competencia y de procedimiento”. 

Así, considera que la resolución judicial hace una “aplicación indebida” de la ley de extranjería. Explica, en este sentido, que el “internamiento en el CIE” es una medida prevista para los extranjeros en situación irregular para los que se ha decretado su expulsión o para quienes, a su llegada a España, se les deniega la entrada. El caso analizado, sin embargo, se refiere a personas solicitantes de protección internacional que están a la espera de que se tramite su expediente de asilo. 

Por eso, según la fiscal, se les debe aplicar la legislación de asilo, no la de extranjería. Y, en concreto, el artículo 22 de la ley de asilo, que establece que durante la tramitación de esa petición, los solicitantes deben permanecer “en las dependencias habilitadas”. “No prevé intervención judicial, siendo por tanto la autoridad administrativa con competencia en materia de asilo la que ha de disponer la permanencia del solicitante en las salas habilitadas”, señala el escrito. Y añade que es la autoridad administrativa la que, en caso de necesidad, debe procurar que esa “permanencia” tenga lugar en “otras dependencias que reúnan las condiciones de habitabilidad acordes con la dignidad de toda persona”. 

Además, el escrito del Ministerio Público entiende que “no es posible, con carácter general, acordar el internamiento en el CIE de personas solicitantes de asilo, salvo casos extraordinarios de motivos de seguridad o salud pública” que, a su juicio, no concurren en este caso. Se basa, para ello, en la ley de asilo y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en València, ha notificado este jueves a G. L., un hombre de 68 años con VIH y la enfermedad de Chagas crónica, su expulsión para este viernes a las 23h35 en un vuelo a Bolivia, su país de origen, desde el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Tras la visita al recinto de Alberto Ibáñez, diputado en el Congreso, y de Isaura Navarro, parlamentaria autonómica, ambos de Compromís, para interesarse por la situación del interno, la dirección del CIE ha notificado una nueva orden de expulsión, a pesar de que inicialmente estaba prevista para el próximo 4 de diciembre, tal como ha informado elDiario.es.

La situación del interno supone un “grave riesgo para la salud”, según ha denunciado la campaña 'CIEs No'. G. L. presenta “enfermedades infecciosas complejas” como la enfermedad de Chagas crónica y el VIH, ésta última diagnosticada en 2009, según un informe médico.

El interno vivía en Madrid, donde cuenta con familiares regularizados y donde fue identificado por la Policía Nacional. En situación irregular, G. L. fue internado en el CIE de Zapadores al estar el recinto de Aluche de la capital en obras. Las ONG que conforman la campaña 'CIEs No' han alertado de que al hombre se le ha acabado la medicación “hace días”.

La coinfección que arrastra “puede incluirse entre las complicaciones oportunistas en pacientes VIH”, reza el informe médico elaborado por un facultativo especializado en Medicina Tropical, que también indica que ambas patologías “potencialmente graves” requieren de controles analíticos y de otras pruebas complementarias “de manera frecuente”.

Los dos diputados de Compromís se han acercado la mañana de este jueves al centro de internamiento para interesarse por la situación de G. L. Ambos parlamentarios, acompañados por activistas de 'CIEs No', han constatado el grave estado de salud del interno y se han entrevistado con el director del centro de internamiento y con el médico adscrito al recinto. En paralelo, un abogado de 'CIEs No' ha solicitado una medida cautelarísima al juzgado de Madrid para tratar de paralizar la expulsión.

Los parlamentarios han realizado gestiones ante la Delegación del Gobierno en València para intentar frenar la expulsión. También han contactado con el Ministerio del Interior. Las entidades que conforman la campaña 'CIEs No' también han remitido al Defensor del Pueblo la situación de G. L.

Fuentes de la Delegación del Gobierno de València niegan que haya un efecto causal entre la visita de los diputados y la modificación de la fecha de la orden de expulsión, dictada por el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid. Las mismas fuentes señalan que el interno estaba siendo atendido en un hospital de València por el VIH y en el CIE en relación con la enfermedad de Chagas.

En este tipo de situaciones, con la orden de expulsión dictada por un juez, la Policía Nacional busca la disponibilidad de vuelos. A pesar de que la notificación inicial preveía la deportación para el próximo 4 de diciembre, finalmente se ha adelantado a este viernes.

“Por una falta administrativa, será deportado”

Alberto Ibáñez continuaba la tarde de este jueves presente en el recinto de Zapadores, en un ambiente de “calma tensa”, según ha afirmado en una conversación telefónica con este diario.

Ibáñez ha descrito al interno como un “hombre frágil e indefenso”, con dos enfermedades crónicas y depresión que, “por una falta administrativa, será deportado”. El diputado de Compromís ha lamentado que la mañana de este jueves les comunicaron durante su visita la posibilidad de alargar la estancia en España de G. L. “por razones humanitarias y para garantizar la atención médica”. “La sorpresa es que este mediodía le han avanzado la expulsión”, agrega.

G. L., un hombre de 68 años y nacionalidad boliviana, permanece encerrado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en València, desde hace 24 días con un “grave riesgo para la salud”, según denuncian las ONG que ejercen tareas de acompañamiento a los internos. Este miércoles ha recibido la notificación de expulsión, prevista para el próximo 4 de diciembre.

El hombre, según un informe médico de un profesional que colabora con la campaña 'CIEs No', presenta “enfermedades infecciosas complejas” como la enfermedad de Chagas crónica y el VIH, ésta última diagnosticada en 2009.

El interno vive en Madrid, donde cuenta con familiares regularizados, y el informe médico ha sido remitido al juez de la capital que ordenó la expulsión (fue internado en València al estar el CIE de Aluche en obras). Paralelamente, la entidad 'CIEs No' pretende remitir el informe al director del recinto de Zapadores y al Defensor del Pueblo.

Aunque los responsables del CIE derivan al interno a un hospital de València, el médico especialista que controla su estado está adscrito al Hospital Ramón y Cajal de Madrid. “Es una cuestión médica que necesita profesionales muy especializados”, alega la campaña.

La coinfección “puede incluirse entre las complicaciones oportunistas en pacientes VIH”, reza el informe médico. El facultativo, especializado en Medicina Tropical, también indica que ambas patologías “potencialmente graves” requieren de controles analíticos y de otras pruebas complementarias “de manera frecuente”. Al hombre se le acabó la medicación para la enfermedad de Chagas “hace ya unos días”.

Cuando fue detenido en Madrid, a consecuencia de su situación irregular, “nadie se preocupó ni vio oportuno” que el hombre “pasara por su domicilio a recoger una medicación tan especial e imprescindible para su salud”, lamenta el informe.

“Discontinuidad” en el tratamiento

El médico se ha puesto en contacto con el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, que trata al paciente desde 2009, y considera que “lo más adecuado sería su puesta en libertad” para seguir con los controles y el tratamiento.

El ingreso en el CIE de València ha provocado, según el facultativo, una “discontinuidad” en el tratamiento que podría acarrear “serias consecuencias”, dado que el fármaco para tratar su enfermedad de Chagas cuenta con “problemas serios de acceso”.