Durante años, Cataluña ha avanzado a un ritmo más lento que buena parte de España en el despliegue de energías renovables. Ahora, un proyecto situado en Alcarràs, en el Segrià, quiere contribuir a revertir esa tendencia. El parque fotovoltaico de Alcarràs, impulsado por la empresa española Solaria, representa un salto de escala para la generación solar en Cataluña y pone cifras a un reto que la comunidad tiene todavía por delante: acelerar la transición energética sin perder de vista las particularidades del territorio.

La dimensión del proyecto permite entender mejor lo que supone este cambio. Hace apenas unos meses, la potencia fotovoltaica acumulada en suelo rústico en Cataluña no superaba los 400 MW. Alcarràs aporta por sí solo 200 MW de Solaria, dentro de un complejo que alcanza los 300 MW al sumar otros 100 MW de otro operador. La magnitud resulta todavía más significativa si se compara con los objetivos marcados para los próximos años.

“Este proyecto supone un punto de inflexión”, explica Lluís Valle, director de Solaria en Cataluña. Y así lo certifican los datos: la planificación energética catalana contempla alcanzar hasta 4,5 GW de fotovoltaica sobre terreno en 2030. Eso significa que, en apenas cuatro años, Cataluña debería poner en funcionamiento el equivalente a unos diez proyectos de una dimensión similar al de Alcarràs. “El reto sigue siendo mayúsculo para Cataluña”, reconoce Valle, que considera que el proyecto permite “visualizar la escala que tendrá que adquirir el despliegue renovable”.

Un retraso con varias causas

Llegar hasta aquí no ha sido sencillo. Para Valle, resulta difícil atribuir más de una década de retraso a una única causa, pero señala que es deseable que haya estabilidad en la normativa. “A la sociedad y a la opinión pública en el territorio les es difícil diferenciar proyectos serios, maduros y bien planteados, como el caso de Alcarràs, de otros”, señala.

El escenario actual busca precisamente reducir esa incertidumbre. El Govern trabaja en el PLATER, el planeamiento territorial de las energías renovables, con el objetivo de consensuar previamente dónde pueden ubicarse este tipo de instalaciones y agilizar después los procesos administrativos necesarios para llevarlas a cabo. Valle considera que el planteamiento actual puede contribuir a desbloquear el despliegue: “La sensación es que el Govern actual tiene claro los objetivos y pretende consensuar con los diferentes municipios un planeamiento territorial”.

La necesidad de acelerar el despliegue energético convive, sin embargo, con uno de los principales debates alrededor de las plantas solares: su impacto sobre el suelo agrícola. En Alcarràs, Solaria defiende un modelo que trata de demostrar que ambas actividades pueden compartir espacio. Unas 70 hectáreas del proyecto no se destinan a la generación eléctrica y se utilizarán para plantar olivos, con los trabajos de acondicionamiento del riego y las primeras plantaciones ya iniciados.

“En mi opinión no debería existir tal debate”, afirma Valle. Para alcanzar los objetivos climáticos de Cataluña en 2050, calcula que sería necesario ocupar alrededor de un 2% de la superficie agraria del territorio. “Como sociedad madura, somos capaces de consensuar la ubicación de estas instalaciones entre promotores, Administración y gremios agrícolas”, defiende.

Una vez escogidos los emplazamientos, el siguiente reto pasa por reducir su impacto. “Es una cuestión de sentido común y de responsabilidad con el territorio”, asegura. En Alcarràs, la evolución tecnológica también ha permitido optimizar la ocupación del suelo mediante módulos de mayor potencia que los planteados inicialmente. Los olivos contribuirán, además, a reforzar la integración paisajística del parque.

Mucho más que electricidad

El proyecto también aspira a dejar una huella que vaya más allá de la energía producida. La inversión realizada en la construcción ha generado ingresos para las administraciones locales y, solo en concepto de ICIO, el municipio ha recibido más de cuatro millones de euros. A ello se suma el empleo asociado a la construcción y una serie de proyectos vinculados que amplían el impacto económico de la instalación.

“Estamos viendo que el proyecto fotovoltaico de Alcarràs ha propiciado otros dos nuevos proyectos ya reales en el municipio y en las mismas fincas”, explica Valle. Uno de ellos es una planta de biogás promovida por el propietario de los terrenos, que permitirá tratar hasta 140.000 toneladas de purines al año y generar biogás para su posterior inyección en la red de distribución.

El segundo está directamente relacionado con el almacenamiento energético. Solaria prevé poner en servicio en 2027 un sistema BESS de 400 MWh, que permitirá almacenar parte de la electricidad generada por el parque para poder verterla a la red cuando no haya producción solar. “Será con seguridad el más grande en Cataluña hasta la fecha”, apunta Valle.

Y el horizonte puede ser todavía más ambicioso. La infraestructura eléctrica disponible abre la puerta, según Solaria, a nuevas inversiones vinculadas a la transición digital. Entre ellas figura la posible implantación de un centro de datos en el entorno de Alcarràs y Lleida, un proyecto que, según Valle, tendría una escala “diez veces mayor” que las inversiones ya descritas.

Todo ello se produce en un territorio donde el despliegue de renovables también genera debate y oposición. Para Valle, escuchar al territorio forma parte de la responsabilidad de los promotores: “Nuestro deber es escuchar al territorio para adaptar el proyecto en el marco de sus posibilidades técnicas y administrativas”. Pero también reclama que las Administraciones mantengan el rumbo marcado por sus objetivos energéticos.

“Somos una sociedad crítica y siempre habrá oposición. Lo ha habido en cualquier transición y la energética no se queda al margen”, afirma. En su opinión, el avance del cambio climático está haciendo cada vez más visible la necesidad de actuar: “Aunque desearíamos todos no haber llegado a esta situación, es cierto que facilita al municipio y al territorio comprender el coste de no hacer proyectos como el nuestro”.

Alcarràs no puede solucionar por sí solo el retraso renovable de Cataluña. Pero sí puede servir para visualizar lo que significa pasar de los objetivos sobre el papel a las infraestructuras reales: más generación limpia, almacenamiento, actividad económica y nuevas oportunidades para el territorio.

Les renovables són considerades energies netes, però els espais de decisió sobre els projectes, on es catalitzen interessos milionaris, són altament tòxics per a aquest Consell. Fins al punt de provocar conflictes d’interessos i destitucions en les àrees en les quals s’autoritzen declaracions ambientals, es valoren els expedients i s’atorguen les llicències. Fins a formar part del dossier intern del PP que qüestiona la candidatura de Juanfran Pérez Llorca a president de la Generalitat el 2027. Fonts de la direcció nacional d’Alberto Núñez Feijóo, a preguntes d’elDiario.es, neguen taxativament que aquest dossier elaborat a la Comunitat Valenciana haja arribat al carrer Génova.

L’últim a caure, el passat 3 de juliol, va ser el director general d’Energia i Mines, Manuel Argüelles, qui, oficialment, va cessar “a petició pròpia”. L’eixida d’Argüelles no és cap anècdota. Va ser crucial el seu paper en el Consell de Carlos Mazón, qui va apadrinar la seua arribada al càrrec, el 19 d’octubre de 2023, en una Conselleria d’Innovació, Indústria i Turisme, aleshores dirigida per Nuria Montes. Va ser elegit per Mazón per a ser una peça clau en la seua aposta per les renovables després que, segons l’excap del Consell, el Botànic havia propiciat “una paràlisi dels projectes per prejudicis ideològics”.

Abans d’entrar en política, era impulsor i promotor de fotovoltaica, com a empresari i enginyer. I mai va renunciar del tot als seus interessos en alguns projectes, com ell mateix va admetre. Aquest còctel de conflictes d’interessos i polsos polítics pel control de la clau de les autoritzacions de renovables explica les turbulències en les àrees del Consell competents en aquest assumpte. La Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables (Ubiracional), que agrupa 77 col·lectius ecologistes i de defensa del territori, parla d’“estreta relació” entre càrrecs polítics situats en llocs sensibles per a autoritzar les instal·lacions amb empreses del sector i amb la patronal autonòmica Avaesen.

Va deixar els càrrecs però no les accions

El seu nomenament com a alt càrrec va obligar Argüelles a renunciar als seus llocs en els òrgans de govern d’una dotzena d’empreses, sota el paraigua de la matriu PV Ingen Solutions i en algunes de les quals era soci fundador. Entre elles, Pvingenergy Solar Beta, de la qual va ser administrador solidari des del 2 de juliol de 2021 fins al 28 de novembre de 2023, quan va renunciar a aquesta responsabilitat per a evitar incórrer en incompatibilitat amb el seu càrrec públic. Va deixar els seus llocs en les empreses, però no va liquidar les seues accions, com va contar en exclusiva elDiario.es.

El 29 de maig de 2024 la Generalitat va autoritzar la citada Pvingenergy Solar Beta a implantar en sòl no urbanitzable del municipi de Monforte del Cid, pròxim a la ciutat d’Alacant, una central fotovoltaica de 4.000 kW de potència. En tractar-se d’unes instal·lacions amb una potència inferior a 10 megawatts, la competència per a la resolució de l’expedient és dels serveis territorials, que depenen d’Argüelles. Qui en aquell moment era soci de l’adjudicatària.

La propietat de les accions d’aquesta concessionària era d’una segona firma anomenada PV Ingen Solutions, el soci fundador i exadministrador solidari de la qual és el mateix Argüelles. L’exdirector general era, a més, propietari únic de la consultora Efyah Solutions —segons la declaració de béns que va presentar quan el van nomenar—, copropietària de la referida PV Ingen Solutions.

La fotovoltaica va obtindre permís per a 4 megawatts al citat municipi del Vinalopó, una planta solar amb una superfície de 93.591 metres quadrats i amb una instal·lació de 7.290 panells fotovoltaics. L’enginyer responsable del projecte era Gonzalo Navarro, també soci d’Argüelles en PV Ingen Solutions, a través de la seua societat Inversiones Mendinavarro.

El de Monforte del Cid no era l’únic projecte de renovables en el qual té interessos Manuel Argüelles. L’exdirector general participava en una altra planta fotovoltaica a Picassent (l’Horta Sud), com a responsable de la redacció del projecte, de nou al costat del seu soci Gonzalo Navarro. En aquest cas, a través de l’enginyeria PV Ingenergy Solar Epsilon, també sota el paraigua de la matriu PV Ingen Solutions. La central solar de Picassent té 1,72 megawatts de potència i ocuparà 23.302 metres de parcel·la. Estava previst instal·lar 2.730 mòduls.

En la seua declaració d’interessos, Argüelles no va mencionar aquestes dues societats adjudicatàries, malgrat que ja s’estava tramitant la llicència de PV Ingenergy Solar Beta al municipi del Vinalopó i ja estava autoritzada la planta de Picassent. En la seua declaració de béns i activitats sí que va incloure la firma Efyah Solutions i la matriu del grup, PV Ingen Solutions.

La Llei 53/1984 d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, la norma estatal, estableix en l’article 11 que els càrrecs públics no podran exercir activitats privades “que es relacionen directament amb el departament, organisme o entitat on estiguera destinat”. Es refereix a exercir activitats en les empreses, no a ser accionista, encara que fonts jurídiques indiquen que l’esperit de la norma apunta clarament al conflicte que es genera quan tens interessos en el sector que gestiones com a càrrec públic.

Soci del president del “lobby” Avaesen

Manuel Argüelles va admetre ser soci, a través de la seua firma Efyah, de la planta l’autorització de la qual va ser concedida pel departament que ell dirigia. Va dir que participava en projectes “de poca grandària amb un 10% amb diferents inversors”. I va assegurar que en la “territorial d’Alacant [on van autoritzar el projecte] no sabien que jo era soci”. “Ningú sabia allí que jo hi participava”, va sentenciar.

Respecte al pla de Picassent, va adduir que l’enginyeria portava la firma de la seua empresa, però que no hi participava com a accionista. “No tenia els diners per a participar-hi”, va afegir. Va admetre que en aquest cas els funcionaris sí que sabien de la seua connexió amb el projecte. I afegia: “Els vaig dir que donaren el mateix tracte que a tot el món; ells tampoc volen tindre problemes”. De fet, va subratllar, l’expedient porta “dos anys bloquejat”, com tants altres.

La trajectòria empresarial d’Argüelles està lligada en part a Marcos Javier Lacruz, qui des de 2012 presideix Avaesen, la patronal de les renovables. Tots dos van posar en marxa l’empresa Silicon Valen, constituïda el 17 de maig de 2022. Argüelles es va mantindre en aquella aventura uns sis mesos. En aquell temps, van prometre que Silicon Valen fabricaria panells a València i reduiria la dependència de la Xina. El març de 2023, l’empresa va captar la seua primera subvenció, de 362.251 euros, de la Conselleria d’Economia, per a una inversió inicial que tenia previst arribar als 12 milions. Després van anunciar que pretenien captar 475 milions de capital per a tindre una capacitat de producció de 1.200 megawatts a l’any. Tot va quedar en no res.

Va sobreviure a Camps, Fabra i Puig, però no a Mazón

Poc després d’arribar a la Generalitat, Argüelles va xocar amb el número dos de la seua àrea, l’aleshores subdirector general d’Energia, José Miguel López Cortés. Portava en aquell lloc des de 2011. Es va mantindre amb governs de Francisco Camps, Alberto Fabra i, a partir de 2015, amb Ximo Puig. Però amb el nou director general, apadrinat per Mazón, no va durar ni quatre mesos. López Cortés va ser primer arraconat en les seues tasques de supervisió prèvia de les resolucions de l’àrea sobre projectes fotovoltaics i eòlics. Es va enfrontar al seu superior en negar-se a donar la seua firma per entendre que el projecte no complia la legislació territorial i ambiental, segons expliquen a aquest diari fonts coneixedores d’aquelles gestions. La tensa coexistència es va liquidar el febrer de 2024, quan Argüelles va prescindir de López Cortés. I en aquell lloc van col·locar, primer de manera provisional i amb caràcter definitiu des de desembre, José Vicente Sanchis Luis, qui, juntament amb Rosa María Savall, va encapçalar en el seu moment l’equip de Marsan Ingenieros que va treballar en el control de projectes, inspecció i legalització d’instal·lacions, elaboració del pla d’autoprotecció i obtenció de la llicència d’activitat de Terra Mítica.

Una destitució “arbitrària”, segons la jutgessa

En la Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, on es couen els informes d’avaluació ambiental en els projectes de renovables, els interessos també han mogut cadires. El maig de 2025, el director general, Miguel Ángel Ivorra Devesa, va apartar del seu lloc Rafael Soriano, cap de servei d’Avaluació Ambiental Estratègica, només cinc mesos després d’accedir a aquest càrrec de confiança. La defenestració li la va comunicar verbalment. El detonant de la decisió va ser la negativa del cap de servei a prorrogar la vigència de la memòria ambiental, ja caducada, del Pla General de la Vall d’Alba i d’altres instruments urbanístics, tal com s’exigia en la instrucció de 25 de febrer de 2025, dictada pel mateix Ivorra Devesa. “No havia acatat la instrucció i havia actuat deslleialment en les funcions del seu càrrec com a cap de servei”, va esgrimir el director general.

Soriano és tècnic de medi ambient i forma part del cos d’enginyers de camins, canals i ports. Va treballar en Avaluació Ambiental Estratègica des del febrer de 2014. I el gener de 2024 va ser proposat per l’aleshores cap de servei d’aquesta àrea per a substituir-lo una vegada es jubilara. D’aquesta manera, el 4 de gener de 2024, el funcionari Rafael Soriano va accedir a aquest càrrec en comissió de serveis. I el maig de 2025 va ser apartat per Ivorra, també regidor de la Nucia. Soriano va acudir als tribunals i el passat mes d’abril, el jutjat contenciós administratiu número 10 de València va anul·lar el cessament per considerar-lo “arbitrari”. La magistrada va entendre que la destitució “no responia a les raons reals” esgrimides.

Pérez Llorca va veure la llum

El 27 de novembre de 2025, Juanfran Pérez Llorca va ser elegit president de la Generalitat. Una de les seues primeres actuacions va consistir a reestructurar el Consell. La Direcció General d’Energia i Mines, àrea encarregada d’autoritzar les llicències de renovables, va deixar de dependre de la Conselleria d’Innovació, la titular de la qual és Marian Cano, i va ser adscrita a la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, que dirigeix el vicepresident Martínez Mus. El canvi suposava concentrar en una mateixa conselleria totes les àrees competents per a gestionar els projectes fotovoltaics i els plans eòlics. Des de l’estudi i declaració d’impacte ambiental fins als tràmits tècnics. Perquè en el departament de Mus es troba la Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, al capdavant de la qual està Miguel Ángel Ivorra Devesa.

Concentrar totes les competències en renovables en una sola conselleria té una lectura en clau política. En cas de produir-se una discrepància de criteris amb informes contradictoris, la resolució la dirimeix el Consell si les àrees enfrontades pertanyen a conselleries diferents. Però si el conflicte sorgeix en una mateixa conselleria, correspon resoldre’l al titular del departament o al secretari autonòmic. És a dir, el xoc a propòsit d’autoritzacions, declaracions d’impacte ambiental o concessió de llicències no implica el Consell ni esquitxa el seu president, Juanfran Pérez Llorca.

De moment, aquesta polèmica continua generant indignació interna en el PP valencià. Tant perquè forme part del dossier intern elaborat per a descavalcar Pérez Llorca.

Las renovables están consideradas energías limpias, pero los espacios de decisión sobre los proyectos, donde se catalizan intereses millonarios, están siendo altamente tóxicos para este Consell. Hasta provocar conflictos de intereses y destituciones en las áreas en las que se autorizan declaraciones ambientales, se valoran los expedientes y se otorgan las licencias. Hasta formar parte del dosier interno del PP que cuestiona la candidatura de Juanfran Pérez Llorca a presidente de la Generalitat en 2027. Fuentes de la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo, a preguntas de elDiario.es, niegan tajantemente que ese dosier elaborado en la Comunitat Valenciana haya llegado a la calle Génova.

El último en caer, el pasado 3 de julio, fue el director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, quien, oficialmente, cesó “a petición propia”. La salida de Argüelles no es ninguna anécdota. Fue crucial su papel en el Consell de Carlos Mazón, quien apadrinó su llegada al cargo, el 19 de octubre de 2023, en una Conselleria de Innovación, Industria y Turismo, entonces dirigida por Nuria Montes. Fue elegido por Mazón para ser una pieza clave en su apuesta por las renovables después de que, según el ex jefe del Consell, el Botànic había propiciado “un parón de los proyectos por prejuicios ideológicos”.

Antes de entrar en política, era impulsor y promotor de fotovoltaica, como empresario e ingeniero. Y nunca renunció del todo a sus intereses en algunos proyectos, como él mismo admitió. Ese cóctel de conflictos de intereses y pulsos políticos por el control de la llave de las autorizaciones de renovables explica las turbulencias en las áreas del Consell competentes en este asunto. La Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables (Ubiracional), que agrupa a 77 colectivos ecologistas y de defensa del territorio, habla de “estrecha relación” entre cargos políticos situados en puestos sensibles para autorizar las instalaciones con empresas del sector y con la patronal autonómica Avaesen.

Dejó los cargos pero no las acciones

Su nombramiento como alto cargo obligó a Argüelles a renunciar a sus puestos en los órganos de gobierno de una docena de empresas, bajo el paraguas de la matriz PV Ingen Solutions y en algunas de las cuales era socio fundador. Entre ellas, Pvingenergy Solar Beta, de la que fue administrador solidario desde el 2 de julio de 2021 al 28 de noviembre de 2023, cuando renunció a esa responsabilidad para evitar incurrir en incompatibilidad con su cargo público. Dejó sus puestos en las empresas, pero no liquidó sus acciones, como contó en exclusiva elDiario.es.

El 29 de mayo de 2024 la Generalitat autorizó a la citada Pvingenergy Solar Beta a implantar en suelo no urbanizable del municipio de Monforte del Cid, cercano a la ciudad de Alicante, una central fotovoltaica de 4.000 kw de potencia. Al tratarse de unas instalaciones con una potencia menor de 10 megawatios, la competencia de la resolución del expediente es de los servicios territoriales, que dependen de Argüelles. Quien en aquel momento era socio de la adjudicataria.

La propiedad de las acciones de esa concesionaria era de una segunda firma llamada PV Ingen Solutions, cuyo socio fundador y ex administrador solidario es el propio Argüelles. El ex director general era, además, propietario único de la consultora Efyah Solutions (según la declaración de bienes que presentó cuando le nombraron), copropietaria de la referida PV Ingen Solutions.

La fotovoltaica logró permiso para 4 megawatios en el citado municipio del Vinalopó, una planta solar con una superficie de 93.591 metros cuadrados y con una instalación de 7.290 paneles fotovoltaicos. El ingeniero responsable del proyecto era Gonzalo Navarro, socio también de Argüelles en PV Ingen Solutions, a través de su sociedad Inversiones Mendinavarro.

El de Monforte del Cid no era el único proyecto de renovables en el que tiene intereses Manuel Argüelles. El ex director general participaba en otra planta de fotovoltaica en Picassent (Horta Sud), como responsable de la redacción del proyecto, de nuevo junto a su socio Gonzalo Navarro. En este caso, a través de la ingeniería PV Ingenergy Solar Epsilon, también bajo el paraguas de la matriz PV Ingen Solutions. La central solar de Picassent tiene 1,72 megawatios de potencia y ocupará 23.302 metros de parcela. Estaba previsto instalar 2.730 módulos.

En su declaración de intereses, Argüelles no nombró esas dos sociedades adjudicatarias, pese a que ya se estaba tramitando la licencia de PV Ingenergy Solar Beta en el municipio del Vinalopó y ya estaba autorizada la planta de Picassent. En su declaración de bienes y actividades sí incluyó la firma Efyah Solutions y la matriz del grupo, PV Ingen Solutions.

La Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la norma estatal, establece en su artículo 11 que los cargos públicos no podrán ejercer actividades privadas “que se relacionen directamente con el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado”. Se refiere a desempeñar actividades en las empresas, no a ser accionista, aunque fuentes jurídicas indican que el espíritu de la norma apunta claramente el conflicto que se genera cuando tienes intereses en el sector que gestionas como cargo público.

Socio del presidente del 'lobby' Avaesen

Manuel Argüelles admitió ser socio, a través de su firma Efyah, de la planta cuya autorización fue concedida por el departamento que él dirigía. Dijo que participaba en proyectos “de pequeño tamaño con un 10% con diferentes inversores”. Y aseguró que en la “territorial de Alicante [donde autorizaron el proyecto] no sabían que yo era socio”. “Nadie sabía allí que yo participaba”, sentenció.

Respecto al plan de Picassent, adujo que la ingeniería llevaba la firma de su empresa, pero que no participaba como accionista. “No tenía el dinero para participar”, apostilló. Admitió que en ese caso los funcionarios sí sabían de su conexión con el proyecto. Y añadía: “Les dije que dieran el mismo trato que a todo el mundo; ellos tampoco quieren tener problemas”. De hecho, subrayó, el expediente lleva “dos años bloqueado”, como tantos otros.

La trayectoria empresarial de Argüelles está ligada en parte a Marcos Javier Lacruz, quien desde 2012 preside Avaesen, la patronal de las renovables. Los dos pusieron en marcha la empresa Silicon Valen, constituida el 17 de mayo de 2022. Argüelles se mantuvo en esa aventura unos seis meses. En ese tiempo, prometieron que Silicon Valen fabricaría paneles en València y reduciría la dependencia de China. En marzo de 2023, la empresa captó su primera subvención, de 362.251 euros, de la Conselleria de Economía, para una inversió inicial que tenía previsto alcanzar los 12 millones. Luego anunciaron que pretendían captar 475 millones de capital para tener una capacidad de producción de 1.200 megawatios al año. Todo quedó en nada.

Sobrevivió a Camps, Fabra y Puig, pero no a Mazón

Al poco de llegar a la Generalitat, Argüelles chocó con el número dos de su área, el entonces subdirector general de Energía, José Miguel López Cortés. Llevaba en ese puesto desde 2011. Se mantuvo con gobiernos de Francisco Camps, Alberto Fabra y, a partir de 2015, con Ximo Puig. Pero con el nuevo director general, apadrinado por Mazón, no duró ni cuatro meses. López Cortés fue primero arrinconado en sus labores de supervisión previa de las resoluciones del área sobre proyectos fotovoltaicos y eólicos. Se enfrentó a su superior al negarse a dar su firma por entender que el proyecto no cumplía la legislación territorial y ambiental, según explican a este diario fuentes conocedoras de esas gestiones. La tensa coexistencia se liquidó en febrero de 2024, cuado Argüelles prescindió de López Cortés. Y en ese puesto colocaron, primero de forma provisional y con carácter definitivo desde diciembre, a José Vicente Sanchis Luis, quien, junto con Rosa María Savall, encabezó en su momento el equipo de Marsan Ingenieros que trabajó en el control de proyectos, inspección y legalización de instalaciones, elaboración del plan de autoprotección y obtención de la licencia de actividad de Terra Mítica.

Una destitución “arbitraria”, según la jueza

En la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, donde se cuecen los informes de evaluación ambiental en los proyectos de renovables, los intereses también han movido sillas. En mayo de 2025, el director general, Miguel Ángel Ivorra Devesa, apartó de su puesto a Rafael Soriano, jefe de servicio de Evaluación Ambiental Estratégica, apenas cinco meses después de acceder a este cargo de confianza. La defenestración se la comunicó verbalmente. El detonante de la decisión fue la negativa del jefe de servicio a prorrogar la vigencia de la memoria ambiental (ya caducada) del Plan General de la Vall d'Alba y de otros instrumentos urbanísticos, tal como se exigía en la instrucción de 25 de febrero de 2025, dictada por el propio Ivorra Devesa. “No había acatado la instrucción y había actuado deslealmente en las funciones de su cargo como jefe de servicio”, esgrimió el director general.

Soriano es técnico de medio ambiente y forma parte del cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos. Trabajó en Evaluación Ambiental Estratégica desde febrero de 2014. Y en enero de 2024 fue propuesto por el entonces jefe de servicio de esa área para sustituirlo una vez se jubilara. De esta manera, el 4 de enero de 2024, el funcionario Rafael Soriano accedió ese cargo en comisión de servicios. Y en mayo de 2025 fue apartado por Ivorra, también concejal de la Nucia. Soriano acudió a los tribunales y el pasado mes de abril, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 10 de València anuló el cese por considerarlo “arbitrario”. La magistrada entendió que la destitución “no respondía a las razones reales” esgrimidas.

Pérez Llorca vio la luz

El 27 de noviembre de 2025, Juanfran Pérez Llorca fue elegido presidente de la Generalitat. Una de sus primeras actuaciones consistió en reestructurar el Consell. La Dirección General de Energía y Minas, área encargada de autorizar las licencias de renovables, dejó de depender de la Conselleria de Innovación, cuya titular es Marian Cano, y fue adscrita a la Conselleria de Medioambiente, Infraestructuras y Territorio, que comanda el vicepresidente Martínez Mus. El cambio suponía concentrar en una misma conselleria todas las áreas competentes en gestionar los proyectos de fotovoltaicas y planes eólicos. Desde el estudio y declaración de impacto ambiental hasta los trámites técnicos. Porque en el departamento de Mus se halla la Dirección general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, a cuyo frente está Miguel Ángel Ivorra Devesa.

Concentrar todas las competencias en renovables en una sola conselleria tiene una lectura en clave política. En el caso de producirse una discrepancia de criterios con informes contradictorios, la resolución la dirime el Consell si las áreas enfrentadas pertenecen a conselleries distintas. Pero si el conflicto surge en una misma conselleria, corresponde resolverlo al titular del departamento o al secretario autonómico. Esto es, el choque a propósito de autorizaciones, declaraciones de impacto ambiental o concesión de licencias no implica al Consell ni salpica a su presidente, Juanfran Pérez Llorca.

De momento, esta polémica sigue generando indignación interna en el PP valenciano. Tanto como para que forme parte del dosier interno elaborado para descabalgar a Pérez Llorca.

Para muchos, hablar de cambio climático es sinónimo de malas noticias y es lógico que sea así. Aún más en los años recientes, cuando España ha vivido episodios agudos de fenómenos que han pasado factura: desde la dana en València hasta la última sequía en Catalunya o los incendios estivales en Madrid y Huelva.

Esta acumulación de malas noticias han alimentado un relato colapsista que, paradójicamente, puede resultar tan paralizante como la negación más burda. Si el desastre es inevitable, ¿para qué actuar? El fatalismo, disfrazado de lucidez, es también una forma de rendición, diría Albert Camus.

Frente a ese doble escollo, el sociólogo Emilio Santiago Muíño (Madrid, 1984) investigador del CSIC especializado en ecología política y ecosocialismo, y el biólogo Héctor Tejero (Madrid, 1981), doctor en Bioquímica y diputado de Más Madrid en la Asamblea, llevan casi una década construyendo, libro a libro, una tercera vía. La iniciaron en ¿Qué hacer en caso de incendio? (Capitán Swing, 2019) y la afinaron en Contra el mito del colapso ecológico (Arpa, 2023). Ahora la despliegan a fondo en España contra el desierto (Arpa & Alfil Editores, 2026), un ensayo que aterriza en las circunstancias concretas de nuestro país las grandes preguntas de la transición ecológica: ¿Es posible descarbonizar sin empobrecernos? ¿Puede la lucha climática ser, además de necesaria, deseable?

La respuesta de los autores es un sí rotundo, aunque no caen en la ingenuidad. No se trata de negar la gravedad de la crisis, que el libro aborda en profundidad, sino de sostener que, por primera vez en dos siglos, la humanidad dispone de una base tecnológica capaz de sacarnos del “paleolítico energético” sin sacrificar el Estado del bienestar. Colocan por tanto el reto no en el plano técnico o científico, sino político. Y aquí es donde nace la utilidad de su obra, ya que la mayoría de la literatura climática camina hacia otros lugares.

La revolución de las fuerzas productivas

El punto de partida de Santiago y Tejero parece una inversión de sentido común: durante décadas, el ecologismo se ha asociado a “vivir con menos”, al conocido pero fallido “decrecimiento”. Los autores sostienen que esa imagen ha quedado obsoleta. La caída en picado del coste de la energía solar, la eólica y las baterías han abierto, dicen, “la llave de la abundancia dentro de los límites planetarios”.

Por primera vez, entonces, la electrificación de la economía permite universalizar niveles de vida reservados hasta ahora a una minoría, sin necesidad de seguir quemando combustibles fósiles. Para aterrizar esa promesa en España, ambos recurren a un acrónimo que funciona como si fuera un mapa de ruta: ALTEA, las iniciales de Agroalimentario, Ladrillo, Turismo, Energía y Automoción, los cinco sectores que concentran buena parte de las emisiones y también de la dependencia exterior del país.

Es en esa vieja España productiva, no solo en los despachos de Bruselas, donde se librará la verdadera batalla climática. Y es ahí donde los autores sitúan su propuesta de fondo: un ecosocialismo democrático que combine una relación distinta con el territorio capaz de devolver a comarcas despobladas un papel productivo en la nueva economía solar. Definen que esto pasa por apostar por la agricultura regenerativa, la electrificación del transporte y la de la industria.

La maldición de Sísifo a la española

España contra el desierto no es un tratado genérico sobre la relación con la energía y los procesos para optimizar su uso más verde. Es principalmente un libro sobre España. Uno de sus capítulos más certeros, “La maldición de Sísifo”, diagnostica los obstáculos sociopolíticos que arrastra el país para acometer esta transformación.

Lo enmarcan en una identidad nacional narrada históricamente desde la derrota y la melancolía, un Estado con menor capacidad fiscal y administrativa que sus vecinos europeos, una clase política atravesada durante décadas por las puertas giratorias del sector energético y un territorio con condicionantes geológicos propios negativos.

A ello se le suma un capítulo imprescindible dedicado a narrar la nueva normalidad que vive España, basándose en datos de la AEMET y haciendo referencia a los múltiples fenómenos adversos que llevamos atravesando los últimos años. Los autores no escatiman en cifras y ese rigor empírico es lo que distingue la obra de buena parte del ensayismo climático.

Empujar sin romper: cómo construir una alianza climática

La teoría política dibuja el núcleo argumental del libro. Apoyándose en referentes como Peter Gourevitch o Peter Hall, Santiago y Tejero recuerdan algo que a veces olvidamos: ninguna política, por acertada que sea técnicamente, se sostiene sin una coalición social que la respalde. “La política requiere política”, resumen citando a Gourevitch, y de ahí se desprende su cita estratégica, que es la de “empujar sin romper”.

Los autores señalan que hace falta construir una mayoría lo bastante amplia como para que no se desintegre en cuanto empiece a incomodar a intereses concretos. De ese principio derivan las cinco reformas que proponen para sostener esa alianza: vivienda asequible, electricidad y climatización para todos los hogares, alimentación justa y de calidad, un nuevo pacto para el mundo rural despoblado y una fiscalidad climática progresiva que financie un Estado capaz de estar a la altura.

Son, en el fondo, políticas de bienestar disfrazadas de políticas climáticas, pensadas para que la transición ecológica se perciba como una mejora tangible en la vida cotidiana de la mayoría. El libro invoca, en este sentido, precedentes históricos como el New Deal estadounidense o el “Pacto de la Vaca” sueco, que fueron grandes acuerdos que unieron a sectores sociales aparentemente distantes en torno a un proyecto común de modernización. De progreso.

Tres narrativas para disputar la hegemonía

Pero el relato, un sustantivo utilizado en abundancia en la política española en los últimos años, también es relevante. No solo basta con legislar o, al menos, intentarlo.

Por eso el libro dedica un capítulo entero a lo que llama las tres narrativas de la coalición climática: la prosperidad ecológica, que habla de vivir mejor; la seguridad climática, que habla de vivir sin miedo y la responsabilidad planetaria, que habla de hacerse cargo del reto para poder vivir en común.

Cada una, sostienen, conecta con un valor distinto de la tríada republicana (igualdad, libertad, fraternidad) y deben usarse para disputar el terreno discursivo a una derecha que, avisan, encuentra en el negacionismo climático y en el libertarismo un combustible ideológico que prende rápido.

La obra, por lo tanto, ofrece también un lenguaje (como si fuera George Lakoff y su “No pienses en un elefante”) para disputar el sentido común. Que esa apuesta convenza dependerá entonces de si la izquierda ecosocialista es capaz de aplicarla con la disciplina que exige, algo que su propio diagnóstico sobre la debilidad organizativa del movimiento climático español pone en duda.

Del Quijote al solarpunk

La imagen del Quijote no podía faltar en una conexión visual elemental. Durante siglos la identidad nacional ha narrado desde la derrota gloriosa de Don Quijote, que se embistió contra molinos que confundía con gigantes. Ahora la tarea es a la inversa, ya que se deben cuidar a los gigantes (los aerogeneradores o las placas solares) que a simple vista parecen solo molinos.

Los autores toman prestada la estética solarpunk, esa “gramática visual de las reconciliaciones improbables” en la que conviven rebaños de ovejas y turbinas eólicas o huertos urbanos y drones, para imaginar una España que deje atrás la melancolía del imperio perdido y mire hacia delante con un tipo de orgullo distinto: el de un país dueño de su propio destino energético.

Se trata de “cruzar el río sintiendo las piedras bajo los pies”, dicen citando a Deng Xiaoping, el exdirigente del Partido Comunista Chino. Avanzar sin certezas absolutas, pero también sin la parálisis de quien espera un mapa perfecto antes de dar el primer paso.

Ofrecen algo poco habitual, casi como una convicción argumentada de que todavía está en nuestra mano intentarlo, y una hoja de ruta concreta, con nombres, cifras y soluciones para que ese intento no se quede únicamente en buenas intenciones.

Aragón generó casi 22.400 gigavatios hora (GWh) de electricidad en 2025, el doble del consumo eléctrico de la comunidad (11.190 GWh), según el último Boletín de Coyuntura Energética del Gobierno de Aragón. La comunidad sigue exportando prácticamente la mitad de lo que produce (46,5%), pero el margen se estrecha: la ratio entre producción total y consumo cae por segundo año consecutivo, al bajar en dos años del 213,4% al 200,1%. Las comunidades deficitarias que reciben este exceso de electricidad aragonesa son la Comunidad de Madrid, Cataluña, la Comunitat Valenciana o el País Vasco.

Es precisamente el peso de las renovables en ese modelo el que retrocede, y lo hace en los dos indicadores que mide el boletín a la vez, algo que no había ocurrido en ningún año en esta década. Sobre el consumo de energía primaria, la cuota renovable cae del 48% al 44,4%, mientras el gas natural recupera peso, del 23,3% al 27,8%. Sobre la producción eléctrica total, el retroceso es todavía mayor: del 90,1% de 2024 al 83,6% de 2025. Entre 2021 y 2024, ambos indicadores habían subido de forma casi ininterrumpida; 2025 es el primer año en que caen a la vez.

La eólica ilustra bien el fenómeno. La comunidad cerró el año con 5.709 megavatios (MW) de potencia eólica en funcionamiento –233 centrales, 409 MW y 16 centrales más que en 2024–, un máximo histórico. Y sin embargo produjo menos electricidad que el año anterior: 10.928 GWh, un 3,1% menos que los 11.278 GWh de 2024. El factor de capacidad –producción real frente a la máxima teórica– cayó al 21,8%, el segundo peor dato del periodo 2021-2025, solo por delante del 23,9% de 2022. Es la primera vez en la serie en que más potencia instalada no se traduce, como mínimo, en producción estable.

La fotovoltaica sí creció en todos los parámetros de potencia y producción, pero también perdió rendimiento. La potencia conectada a red aumentó un 28,9%, hasta 3.270 megavatios, y la producción subió un 5,5%, hasta 4.193 GWh. El autoconsumo –instalaciones que generan su propia electricidad– también se disparó: 19.888 instalaciones y 689 MW de potencia, frente a las 16.468 instalaciones y 560 MW de 2024. Pero el factor de capacidad fotovoltaico cayó del 17,9% al 14,6%, el nivel más bajo de todo el periodo junto al de 2021. La producción crece solo porque la nueva potencia instalada compensa sobradamente la pérdida de rendimiento por megavatio.

Gas natural

El hueco que deja la caída del peso renovable lo llena, sobre todo, el ciclo combinado, la central que quema gas natural para generar electricidad. Su producción se disparó un 115,3% en 2025, hasta 2.240 GWh, frente a los 1.040 GWh de 2024 –el mayor repunte porcentual de cualquier tecnología del año–. El propio boletín del Gobierno de Aragón vincula ese salto a un aumento directo del consumo de gas natural en la comunidad.

Ese repunte coincide con el año del apagón que se registró el 28 de abril de 2025, aunque los datos mensuales de Aragón apuntan a que el ciclo combinado ya producía muchísimo a principio de año que en 2024. La subida se intensifica en el segundo semestre, coincidiendo con las nuevas exigencias regulatorias.

Mientras, la hidroeléctrica protagoniza el mayor desplome porcentual del año: produjo 3.447 GWh, un 17,4% menos que en 2024. Ese año había sido excepcionalmente lluvioso —la producción hidroeléctrica subió un 61,1% sobre 2023—, y 2025 corrigió buena parte de esa subida puntual.

El dato más singular de todo el periodo 2021-2025, sin embargo, no está en ninguna de las grandes tecnologías, sino en el autoconsumo: las instalaciones se han multiplicado por 10,3 en cuatro años, de 1.924 en 2021 a 19.888 en 2025, y la potencia casi se ha quintuplicado, hasta 689 GW. Es el único indicador del boletín que crece todos los años sin excepción, mientras eólica, fotovoltaica a gran escala, hidroeléctrica y ciclo combinado oscilan al alza y a la baja según el año.

En realidad, el techo de la autosuficiencia renovable aragonesa no se tocó en 2025, sino antes: la producción renovable llegó a cubrir el 185,9% del consumo eléctrico en 2024, su máximo histórico, y ya bajó al 167,30% en 2025. Dicho de otro modo, la desaceleración empezó un año antes de que existiera ningún apagón al que atribuírsela.

Little darling, I feel that ice is slowly melting. Esa es una de las estrofas de la canción Here comes the sun de los Beatles. Esa descripción de cómo el hielo se deshace es un alegre canto primaveral en boca de los cuatro de Liverpool, pero una advertencia si vemos las evidencias de lo rápido que avanza el cambio climático. Y, en boca del ambientalista climático Bill McKibben (California, 1960), puede ser ambas cosas. Acaba de publicar con Capitán Swing un libro que comparte nombre con la famosa canción y en el que, aunque dice que hemos llegado a un punto de no retorno, nos tranquiliza señalando la solución.

McKibben apunta al sol como una fuente de energía tan barata, sostenible y estable que, dice, acabará desbancando al petróleo y al gas. Ni siquiera el negacionismo climático de Trump o la presión de la industria fósil podrá evitarlo. La cuestión es cuánto tardará en conseguirse. “No tenemos 40 años”, sostiene el escritor, que insiste en que hay mucha parte del daño que ya será irreparable, pero que todavía estamos a tiempo de “mitigar el cambio climático y tener un planeta vivible”.

Venimos del verano más caluroso desde que hay registros, con las sequías y los incendios arrasando el mundo… Pero usted ha escrito un libro tremendamente optimista.

En cierta manera. El problema es que ya se ha hecho mucho daño. Hace casi 40 años que escribí El fin de la naturaleza [Random House, 1989] sobre el efecto invernadero, que entonces era muy poco conocido, y casi todo sobre lo que alertaba se ha hecho realidad. Los incendios, inundaciones, las olas de calor, la subida del nivel del mar…

Hemos perdido mucho tiempo y no lo podemos recuperar. Lo que sí podemos intentar es que la cosa no empeore. Y, por fin, tenemos una arma con la que luchar. Y eso es muy bueno.

Actualmente, la forma más barata de producir energía es apuntar un trozo de metal hacia el sol

Tenemos placas solares desde la segunda mitad del siglo pasado. ¿Qué ha pasado para que ahora la energía solar sí pueda ser relevante para mitigar el cambio climático?

Siempre hemos contado con la energía del sol y del viento. Las placas se inventaron, como dices, en 1954, pero eran extremadamente caras. Tanto que en lo único en lo que se podían instalar era en satélites. Pero esto ha cambiado gracias a una combinación entre el activismo y avances tecnológicos.

Uno de los momentos clave lo marcó Alemania, cuando el partido verde tuvo la llave del Gobierno y usó ese poder para forzar la Energiewende [plan nacional para priorizar las energías renovables] y eso, a su vez, movió la economía de tal manera que permitió que China se especializara en la construcción de placas solares low-cost.

Hace cinco años conseguimos que fuera más barato producir energía solar que quemar cosas. Deberíamos haber querido llegar aquí antes porque el cambio climático podría destruir nuestra civilización y porque ya hay millones de personas que mueren cada año por respirar la contaminación causada por la combustión fósil. Y, además, necesitamos guerras para conseguir petróleo. Pero ya estamos ahí: la forma más barata de producir energía es apuntar un trozo de metal hacia el sol.

No deja de ser paradójico que debamos agradecérselo, en gran medida, a China, el país que durante mucho tiempo ha sido el que más contaminaba del mundo.

Y eso, otra paradoja, es culpa de Estados Unidos. El presidente Jimmy Carter invirtió montones de dinero en la energía solar con el objetivo de que pudiera producir el 20% de lo necesario de cara al año 2000. Si se hubiera conseguido, China habría acelerado el camino hacia los paneles baratos en lugar de querer quemar todo ese carbón.

Pero, lamentablemente, votamos a Ronald Reagan y eso nos costó décadas. A partir de ahí, el país se instauró en el negacionismo climático. El nuevo presidente quitó las placas solares que Carter había instalado en la Casa Blanca y eso dio muchas alas a las petroleras. Así que, sí, los americanos somos los malos de esta historia.

Y ahora han vuelto a votar a otro negacionista climático. ¿Cree que, aunque la energía solar sea la opción más lógica y barata, Donald Trump podría volver a hacernos perder décadas?

Creo que Estados Unidos ya no tiene ese poder. Si conseguimos apartar a Trump de la presidencia, siempre y cuando no se aferre al poder más de lo que ya lo ha hecho, podremos devolver al país al camino sensato. Pero requerirá mucha lucha, porque la industria es muy poderosa. Más en Estados Unidos que en cualquier otro lugar del planeta.

¿Qué podemos esperar que hagan para frenar el avance de la energía solar?

De todo. Sobre todo si tienen el apoyo de Trump. Cuando estaba haciendo su segunda campaña electoral, le dijo a la industria petrolera que, si le hacían donaciones por valor de mil millones de dólares, les daría lo que quisieran. Lo dijo y no se escondió. Y si eres una empresa de este sector, sin duda es una buena oferta.

La gente no tiene ni idea de lo que está pasando, pero es una locura. Estamos clausurando parques eólicos que están acabados al 90% y estamos prohibiendo la instalación de placas solares en terrenos federales.

He empezado la entrevista alabando su optimismo, pero ya empiezan a salir las pegas. Sobre todo teniendo en cuenta que esta semana la ONU avisó de que el calentamiento global superará pronto los 1,5º… ¿Seguimos a tiempo aunque Estados Unidos se instale en ese negacionismo?

No podemos parar el calentamiento global, ya es tarde para eso. Y, en ese sentido, el trabajo de mi vida ha sido un fracaso. Sin embargo, todavía podemos evitar algunas de esas décimas. Parece poco, pero es importante porque, a estas alturas, cada una de esas décimas es la responsable de desplazar a unos 140 millones de seres humanos de una zona climática peligrosa a otra segura.

Es un trabajo agridulce, porque nada de lo que hagamos va a hacer que todo vuelva a estar bien; simplemente conseguiremos que no se ponga demasiado mal.

A pesar de estas evidencias, sigue habiendo contradicciones. España es el país de Europa más eficiente en la producción de energía solar, pero seguimos importando el 70% de lo que necesitamos…

¿En qué formato?

Principalmente petróleo, con las correspondientes consecuencias del bloqueo de Ormuz

Lo que ha pasado estos meses a raíz de la guerra de Irán debería ser un recordatorio para que espabiláramos. La luz del sol tiene que viajar 150 millones de kilómetros para llegar a la Tierra y ninguno de ellos pasa por el estrecho de Ormuz. El mundo se está dando cuenta de eso, especialmente en Asia, donde están poniendo el foco en mejorar las baterías. Si lo consiguen, la energía solar y eólica española serán todavía más valiosas y eso acelerará vuestra independencia.

La energía nuclear es mejor que la fósil porque para que sea un problema algo tiene que ir mal. En cambio, una planta de gas sí o sí acabará destruyendo el mundo

Ahora, el foco del debate lo tenemos en las nucleares. Recientemente, se ha pospuesto el cierre de la central de Almaraz, lo que ha llevado a plantear la posibilidad de alargar la vida de este tipo de energía, que en España debía acabarse en 2035. Quienes lo proponen alegan que es la única manera de mantener el nivel de producción de la industria y de reducir los gases contaminantes. ¿Está de acuerdo?

La energía nuclear es, ciertamente, mejor que la fósil porque para que sea un problema algo tiene que ir terriblemente mal. Una planta de gas, aunque no haya ningún accidente, acabará destruyendo el mundo igual. La cuestión es que, hoy en día, la nuclear es una energía tremendamente cara.

Si tienes una central que funciona y la puedes mantener sin gastar un dinero disparatado, yo la mantendría abierta. Pero sólo hasta que tengas una infraestructura solar que desbanque esa producción. El kw/h solar nos cuesta céntimos y la energía nuclear nunca se acercará aquí. Es irónico.

¿Por qué?

Pues porque en los años 50 se decía que las centrales nucleares harían que la energía fuera demasiado barata como para cobrársela a la gente. Y eso es lo que está pasando hoy, pero con la energía solar. Australia ha llegado al punto de dar a todo el mundo tres horas de electricidad gratis cada día.

El otro problema que tienen las nucleares es que el agua que se necesita para enfriar las centrales se calienta demasiado, así que las que están cerca de ríos están empezando a ser contraproducentes.

Aun así, hay quien la sigue poniendo en el saco de las energías limpias.

Y es una tontería. Siempre digo a las personas a las que les encanta la energía nuclear que en el tejado de mi casa tengo un receptor para la mayor central nuclear que conocemos, esa que está en el cielo. A veces pienso que la única manera de convencerles es que vean los paneles solares como una especie de receptores de energía nuclear.

Muchos de los argumentos que frenan el avance de las energías sostenibles en España toman el gran apagón de abril de 2025 y sostienen que la red eléctrica no está preparada para ser suficientemente estable sólo con ellas. ¿Qué les diría?

Que no es cierto. Después de mucha investigación, se ha visto que no tuvo que ver con las energías renovables. Y menos lo será cuando se instalen más baterías, que harán que el sistema sea más sólido. Lo vemos en Texas, que es la cuna de la industria petrolera. El director de su sistema eléctrico ha dicho recientemente que han tenido un verano “muy aburrido” debido a la gran cantidad de energía solar acumulada.

Entiendo que la gente que tiene intereses económicos en el petróleo quiera ralentizar el auge de las energías renovables, pero lo hacen con argumentos idiotas. Especialmente, teniendo en cuenta que la energía fósil está destruyendo el planeta mientras hablamos. Aunque tuviéramos apagones cada ciertos años, siendo que creo que eso es bastante improbable, si comparáramos el coste que tendría con la destrucción del planeta, seguiría saliéndonos a cuenta.

Quieren retrasar el cambio todo lo que puedan, porque saben que es imparable. La cuestión es cuánto conseguirán retrasarlo, porque no tenemos 40 años.

La gente que tiene intereses económicos en el petróleo quiere ralentizar el auge de las renovables, pero lo hacen con argumentos idiotas

¿Cree que el hidrógeno verde se sitúa en el marco de esta estrategia? Al final, es menos contaminante que los combustibles fósiles, pero no es totalmente limpia y no deja de ser una apuesta que permite a la industria seguir sacando provecho de los gasoductos.

Totalmente. Quieren seguir quemando cosas. El problema del hidrógeno no es que no funcione, sino que es caro y que no puede competir con la energía solar. Ya hemos encontrado maneras de sustentar industrias enteras con el calor del sol. Lo único en lo que creo que estas alternativas puede ser competitiva es en los vuelos de larga distancia. Las baterías eléctricas serían demasiado pesadas como para que el avión despegara.

China está trabajando con baterías que permitirán vuelos de media distancia y ya es algo. Pero es verdad que habrá cosas difíciles de resolver y, quizás, ahí es donde el hidrógeno pueda jugar un papel importante.

Los vuelos de larga distancia son una de esas cosas que no son necesarias para la vida. ¿Podemos frenar el cambio climático lo suficiente como para tener un planeta vivible sin deshacernos de estos caprichos?

Esa es la gran pregunta. Y es muy difícil de responder. La sociedad cambia despacio y, si le dices a la gente que ya no podrá conducir o volar, todo será mucho más difícil. Los cambios llegarán, seguro. Sé que dentro de 100 años no viviremos como ahora. Y lo sé porque hay muchas cosas que la energía fósil nos permite hacer que no nos hacen tan felices como creemos.

Los humanos estamos diseñados para tener contacto entre nosotros y con la naturaleza. Esas son las cosas que nos hacen felices. Es bueno que la tecnología nos ayude a mantener nuestra vida tal y como es durante el mayor tiempo posible, pero creo que, con el tiempo, nos daremos cuenta de que hay formas mucho más interesantes de habitar el planeta. No creo que el futuro siga siendo combatir o esquivar guerras y ver vídeos de TikTok. Pero quién sabe.

Aunque no creo que la energía solar genere un colonialismo como el del petróleo o el gas, es muy posible que acabe derivando en algún tipo de imperialismo

Hablando de guerras. Dice que una de las ventajas de la energía solar es que, como llega a todo el planeta, no se puede monopolizar y, como cae con más fuerza sobre el ecuador, podría solventar las desigualdades históricas hacia el sur global. Ahora bien, se lo planteo al revés: ¿no puede eso propiciar que gigantes como China acaben expropiando tierras para colocar grandes extensiones de placas solares?

A ver, es cierto que China usa más energía solar que nadie y no es un país muy democrático, que digamos. Pero me preocupa bastante menos que Estados Unidos invadiendo países para conseguir su petróleo. La razón es que no creo que haya tanto dinero que ganar con la energía solar como para que eso salga a cuenta. Una vez pones la placa, la inversión se acaba; la energía ya sale gratis.

Pero ya sabes que la humanidad siempre es capaz de hacerlo todo de la peor manera posible. Así que, aunque no creo que genere un colonialismo igual que el que trajeron el petróleo o el gas, es muy posible que sí acabe derivando en algún tipo de imperialismo. El petróleo es la energía más sucia del planeta, en todos los sentidos. Y, aunque no creo que las renovables vayan a ser totalmente limpias, sí lo serán más que lo que hemos conocido hasta ahora.

Vuelve al optimismo.

Es que vivo en la América rural, lo que significa que la mayoría de mis vecinos votan a Trump. Y muchos tienen placas solares en el tejado. No es porque les preocupe la crisis climática, sino por esa visión individualista de ver sus casas como sus castillos. Y les encanta la autosuficiencia que les da la energía solar.

Hemos conseguido que 11 estados legalicen durante este año la posibilidad de tener placas solares en los balcones. En Europa lo veis normal, pero para nosotros está prohibido. Y muchos de los grandes promotores de este cambio han sido personas conservadoras que están en contra de los servicios públicos y las redes estatales.

¿Así que parte de la esperanza de que Estados Unidos se sume a la revolución solar se basa en los preparacionistas que quieren estar listos en caso de que llegue el apocalipsis?

Pues, básicamente sí. [Ríe]. Si Mad Max se rodara hoy, nadie buscaría bidones de petróleo porque podríamos tener placas solares.

Creo que alguien encontraría la manera de especular, sea como fuera.

Si, siempre pasa. Por eso, aunque sea muy optimista, no se me escapa que va a hacer falta mucho activismo para que esto se haga realidad. Y tenemos que hacerlo con un mensaje bonito, dejando de lado el catastrofismo. Porque sí, la energía solar es necesaria y económicamente más eficiente. Pero es que también es bonita.

Los humanos siempre hemos tenido una gran relación con el sol; piensa en los monolitos, las culturas indígenas y todas las canciones y las obras de arte que nos hablan del sol. Por no hablar de la importancia que tiene en todas y cada una de las religiones. El sol, a diferencia de otras fuentes de energía, tiene la capacidad de unirnos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la concesión de 10,6 millones de euros para el aprovechamiento de energías renovables destinadas a comunidades energéticas y a comunidades de propietarios.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha señalado que “este es un ejemplo de la puesta del Gobierno regional por seguir socializando la energía, un camino que iniciamos con el fuerte apoyo e impulso al autoconsumo y que ahora da el paso a hacerlo de forma colectiva”.

Cuantías de hasta 300.000 euros por comunidad energética

La finalidad de las ayudas, que podrán solicitar comunidades energéticas y comunidades de propietarios, es permitir la financiación de instalaciones de energía solar fotovoltaica y de sistemas de almacenamiento, “esto último, es una novedad no solo en Castilla-La Mancha, sino en el conjunto del país”.

Las cuantías que podrán recibir serán como máximo de 80.000 euros por proyecto y hasta 300.000 euros por comunidad energética, ya que una misma comunidad puede tener varias instalaciones. El plazo de presentación de solicitudes será de seis meses desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria y solo se podrá hacer de forma telemática.

Con esta convocatoria de ayudas se persiguen, además, otras ventajas económicas como son la de apostar por el autoconsumo de forma colectiva a través de estas comunidades energéticas; incrementar la inversión en instalaciones de energía solar fotovoltaica; favorecer la actividad económica de empresas instaladoras, ingenierías, fabricantes y empresas auxiliares del sector energético; o reducir progresivamente los costes energéticos soportados por los beneficiarios. “Todo ello redundará en una mejora de la competitividad del tejido económico regional y en una mayor independencia energética”, apuntan desde el Gobierno regional.

En cuanto a su impacto social, Padilla ha expresado que la convocatoria constituye una herramienta para favorecer y “democratizar la producción energética”, con nuevos modelos participativos de producción y consumo de energía, que implique a “más ciudadanos, más ayuntamientos y pequeñas empresas”, de manera que, por ejemplo, “un ayuntamiento, varias pequeñas empresas y vecinos de un municipio puedan constituirse en comunidad energética, instalar placas fotovoltaicas, almacenar la energía y compartirla entre sus miembros para reducir la factura”.

Apunta, además, que Castilla-La Mancha está entre las primeras regiones del país, pues “hemos pasado de 67 megavatios de autoconsumo en 2019 a 990 en la actualidad, hemos multiplicado por 14 la potencia de generación fotovoltaica instalada para autoconsumo y contamos ya con 57.000 instalaciones”, ha detallado.

En palabras de la portavoz, el objetivo es “que la energía que se produce aquí, se comparta aquí y el ahorro y la parte de actividad económica que se genera, se quede aquí también”.

El Ayuntamiento de Ribera Baja se ha unido a las críticas de diferentes plataformas contra el proyecto Solaria Zierbana Solar 2, el único al que Gobierno vasco no ha denegado la autorización dentro del macroproyecto de placas solares que esta empresa planeaba en Álava, y ha pedido al Ejecutivo vasco que lo paralice “por los mismos motivos que rechazó el resto de centrales”. Desde el consistorio, gobernado por el partido independiente Ribera Baja Bizirik, han pedido una reunión el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad para trasladarles la necesidad de que declare nulo el proyecto y lo archive. “Ribera Baja está saturada de macro infraestructuras”, denuncian, por lo que piden que se realicen estudios de impactos acumulados y que se tenga en cuenta la opinión del Ayuntamiento.

El Gobierno vasco denegó en el mes de julio la autorización a 19 de los parques fotovoltaicos incluidos en el macroproyecto Zierbena Solar, con 29 patas, que Solaria quería desarrollar a través de su filial Solaria Eguzki Sorkuntza. En concreto los denominados Zierbena Solar 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 y 29. Resoluciones anteriores ya habían tumbado los proyectos 3 y 4, mientras que los números 15, 16 y 19 deberían ser revisados por el Estado y los 26, 27 y 28 están en terrenos de Miranda de Ebro, en Burgos. El 'Solaria Zierbena Solar 2' es el único que, de momento, sigue adelante. Ya la plataforma Araba Bizirik criticó el “especial interés” del Gobierno vasco en esta central fotovoltaica, que relacionó con que esta central en concreto se encuentra muy cerca de los centros de datos de Merlin Properties, ubicada en el polígono de Arasur. “De ahí que sea el único proyecto al que el Gobierno vasco no ha denegado la autorización” dentro de la macroinfraestructura proyectada por Solaria, señalaban desde Araba Bizirik.

Desde el consistorio de este municipio alavés, consideran que este proyecto debe archivarse “por los mismos motivos que rechazó el resto de centrales del macro proyecto”. Por un lado, la “caducidad automática de los permisos de acceso y conexión a la red de Red Eléctrica Española, requisito indispensable para cualquier instalación de generación”. Recuerdan en este sentido que la compañía “no logró mantener vigentes esos permisos, lo que deja sin base el proyecto”.

Además, señalan que falta de Declaración de Impacto Ambiental (DIA): “La ley estipula un plazo estricto de 31 meses para obtener una DIA favorable. Al vencer este término sin conseguirla, los derechos de conexión a la red de transporte decaen por completo. Solaria Zierbana Solar 2 sobrepasó la fecha de enganche el 30 de noviembre de 2025, bajo estos mismos parámetros debería estar denegada, igual que el resto de centrales del macroproyecto”.

Representantes del Ayuntamiento trasladarán también a las Juntas Generales de Álava la “problemática” que supone para esta población el que siga adelante esta infraestructura, ya que, además, no es la única que está prevista en esta zona. “Solaria Zierbana Solar 2 es una central fotovoltaica de 49,9 MW, que Solaria quiere instalar entre Quintanilla de la Ribera y Ribabellosa, lo que supone la ocupación de 134 hectáreas de terreno cultivable, a este proyecto se le suma que la empresa Getxo-Mirador Norte FV ha obtenido la DIA, para la instalación de una central fotovoltaica de 7.020 placas con una potencia de 4MW, ocupando ocho hectáreas en Ribabellosa. En el municipio de Ribera Baja ya está instalada en Arasur la central fotovoltaica más grande de Euskadi, Ekian, de 24MW y con una ocupación de terreno de 55 hectáreas. Contiguo a ésta, en el término municipal de Armiñon, municipio colindante con el de Ribera Baja, está prevista la implantación de otra central de 150 MW, Ekienea, con una ocupación de terreno agrícola de 200 hectáreas, un proyecto en el que participa Iberdrola, Krean, la Diputación de Álava y el Ente Vasco de la Energía (EVE)”.

Con ello, recuerdan que “la estimación de terreno ocupado por las centrales fotovoltaicas ya instaladas, las proyectadas y las que están en tramitación, es de 397 Hectáreas, provocando en el municipio el efecto isla de calor que se produce en las instalaciones de gran superficie. A esto hay que sumarle la extensión de la futura línea de alta tensión, llamadas líneas de evacuación, que transportara 132.000 voltios desde Ekienea hasta Puentelarra y que en el municipio de Ribera Baja abarcara 5,588 km con 27 torres diseminadas por una zona que ya soporta la presencia de otros macro proyectos como son el trayecto de la línea del tren de alta velocidad Burgos-Vitoria, su conexión con Miranda de Ebro y la ya mencionada planta de Solaria Zierbana 2”.

Por ello, consideran que Ribera Baja “está saturada de macro infraestructuras” y exigen la “elaboración de estudios de impactos acumulados, ya que no se está teniendo en cuenta la suma de todo lo que se está instalando y proyectando en el municipio”.

En la ribera izquierda del río Grande se extiende La Jara, un paraje natural moldeado por suaves lomas dedicadas históricamente al cultivo del cereal, del que se nutrían los molinos de Coín y panaderías históricas, como La Curruca. Abundan allí especies como el aguilucho cenizo, algunas de águila (perdicera, culebrera, real), el halcón peregrino y, de cuando en cuando, aparece algún martín pescador con su plumaje chillón. Este verano, sin embargo, predominan las excavadoras y camiones que motean de negro el terreno arcilloso.

Una legión de máquinas está preparando el terreno para plantar placas solares. Aplanan los cerros, abren zanjas, pelan la tierra y clavan las placas a más de 40 grados una tarde de terral a mediados de julio, a pesar de que la autorización administrativa pide evitar obra alguna en estos meses para evitar el impacto sobre aves esteparias y rapaces en época de nidificación.

La presunta irregularidad es una más de cuantas denuncian quienes se oponen a la transformación de La Jara, sellada a muchos kilómetros de aquí: si nada cambia, una gran superficie de placas que esperan empaquetadas junto al camino sustituirá al paisaje agrario tiñendo de negro alrededor de 400 hectáreas (cuatro millones de metros cuadrados) apenas a cinco kilómetros en línea recta de la Sierra de las Nieves, declarado parque nacional hace apenas cinco años gracias a su pinsapar, único en Europa. La instalación lindaría con la zona periférica de protección del parque y con la reserva de la biosfera, e incluso atravesaría bajo tierra un par de kilómetros del parque.

Un informe elaborado en 2024 por los catedráticos de la Universidad de Málaga José Damián Ruiz Sinoga, Matías Mérida y Marcos Castro alerta del impacto sobre la Sierra de las Nieves de estos proyectos, que entonces abarcaban aún más terreno: 728 hectáreas y un “expolio paisajístico” de casi 2.000, además de un consumo de agua de entre 11 y 56 millones de litros anuales en una zona sometida a sequías periódicas.

En 2021 los proyectos en ciernes llegaron a ocupar un tercio del término municipal de Coín y la propia Diputación pidió al Gobierno central y a la Junta una moratoria en las tramitaciones en la provincia. Con el paso del tiempo, algunos de esos proyectos han sido rechazados, otros eran meramente especulativos y otros cuantos han llegado a la fase definitiva: entre ellos, el que linda con la Sierra de las Nieves.

Toda la corporación en contra

La perspectiva de una Jara colonizada tiene en contra a toda la oposición municipal en el Ayuntamiento de Coín (PSOE, Vox, Andalucía X Sí y Por Andalucía), como se pudo comprobar en el último Pleno, en el que se escucharon lamentos por el “impacto brutal” que tendrá. El alcalde Francisco Javier Santos (PP) relató que fue el primero en oponerse, pero asegura que no puede hacer nada, porque el proyecto tiene el aval del Gobierno central, que lo ha declarado de utilidad pública. Sin embargo, el Ayuntamiento ha evitado durante cinco años modificar las normas urbanísticas, lo que hubiese permitido poner condiciones mucho más estrictas. Tampoco ha acudido a los tribunales para paralizarlo.

Ahora, la batalla se libra también ante la opinión pública, que en Coín lleva tiempo a flor de piel por el proyecto de un macrocomplejo turístico sobre el gran acuífero del pueblo. El destino de La Jara también lleva años movilizando a un puñado de objetores. Cada dos semanas, junto al río, informan a los vecinos del impacto que tendrá esto en sus vidas; invitan a periodistas y políticos, piden reuniones y alegan a cada oportunidad. Su esperanza ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que han interpuesto varios recursos.

“¿Tú crees que cargarse todo esto es ecológico? ¿Cómo pueden poner un polvorín aquí, a los pies del Parque Nacional?”, pregunta Marisa Casal, que encarna la resistencia de la Asociación Valle Natural Río Grande, mientras muestra a ambos lados del camino un paisaje ya pelado.

Una cuestión de rentabilidad: 2.600 euros por hectárea frente a 300

Para los dueños de la tierra la cuestión parece tener más que ver con la rentabilidad que con la biodiversidad o el paisaje. “Desde fuera se ven las cosas muy bien, pero aquí no hay futuro, y esto hay que vivirlo”, explica uno de los propietarios que ha alquilado sus tierras a la promotora y que prefiere no dar su nombre. Tiene 68 años, las ha trabajado sin descanso desde que era un crío y dice que ahora quiere hacer lo que no ha podido antes: “Ver mundo”.

Para él no es fácil, por eso se ha reservado una parcelita para sus gallinas, algunos olivos y una pequeña piscina para disfrutarla con sus nietos. Pero no ve otra opción: el kilo de trigo se paga apenas a 24 céntimos, nada que ver con lo que sacará de alquilar la tierra. No revela cuánto le pagan, ni el total de hectáreas, pero sí cuenta que es un alquiler a 25 años, renovable cada cinco años y pagadero anualmente. Los promotores del proyecto ofrecen dinero abundante y rápido por tierras que la nueva generación ya no está dispuesta a trabajar. Según dijo el alcalde en el Pleno, 2.600 euros por hectárea y año, frente a 300 que puede rendir con cereal.

La mayoría cede, pero no todos. Unos cientos de metros más abajo está Juan, camisa abierta, agua en bandolera, vara en mano para pastorear a sus ovejas: “Los demás tienen cereales, es normal que hayan entrado, pero nosotros es que vivimos de esto, ¿sabes?”. Ahora le quedan unas 500 ovejas, cien fanegas de tierra que van a quedar rodeadas, pocos años para jubilarse y una pequeña nave junto a la casa, pero es que a él le gusta hacer lo que ha hecho toda su vida. Así que respeta a quien cede o vende sus tierras (“es verdad que el campo deja poco”), facilita el trabajo si hace falta, pero él ni vende ni alquila, salvo un “cachito” del que tuvo que desprenderse. No quiere líos.

El regidor aseguró que 108 de los 110 propietarios de Coín han accedido a alquilar sus tierras, una cifra que los activistas cuestionan porque el BOE recoge al menos 324 parcelas “sujetas a expropiación”. “Estuve nueve días, de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Ayuntamiento de Coín, Alozaina, Casarabonela, Álora, Pizarra y Cártama, acompañando a los vecinos que se oponían a la expropiación, ayudándoles a presentar la documentación”, recuerda Casal.

Recursos ante el TSJ de Madrid

La otra gran pata de la estrategia de resistencia está en los tribunales. Sobre el papel, los activistas combaten contra tres parques fotovoltaicos diferentes (inicialmente eran cuatro y de mayor extensión), colindantes y del mismo promotor, autorizados por el Ministerio de Transición Ecológica (por tener capacidad para generar más de 50 MW), además de una gran línea de evacuación eléctrica desde Coín a Cártama.

Orla I y II y Natera están promovidos por sociedades instrumentales de Verbund, la principal eléctrica austriaca y una de las mayores compañías hidroeléctricas de Europa. El 51% de su capital pertenece al Estado austriaco. Muy cerca están previstos también los parques de Arcos VI, Jara y Ardenis, en estos casos con la autorización de la Junta de Andalucía.

El abogado Salvador Campos lleva desde 2021 recurriendo en nombre de la asociación. Primero, frente a las primeras resoluciones de autorización administrativa previa: “El Ministerio tardó dos años en resolverlo, cuando la ley marca tres meses”. Además, se presentaron 356 alegaciones particulares y se opuso el municipio de Alozaina.

También recurrieron la declaración de utilidad pública, que funciona a modo de chantaje, según la asociación: con ella en la mano, los promotores pueden solicitar la expropiación de las tierras si no llegan a un acuerdo con los propietarios, lo que desequilibra la negociación de partida. Casi todos los dueños de las tierras donde se ubicarán los parques han acabado llegando a acuerdos privados con Verbund, pero no ocurre así con muchos de quienes tienen tierras atravesadas por la línea de evacuación, que se han opuesto al levantamiento de las actas previas de ocupación, el pasado abril.

Verbund ha respondido al cuestionario remitido por este medio con un comunicado en el que no cuantifica las fincas expropiadas, los acuerdos que ha alcanzado con los propietarios ni su valor económico, tal y como se le había pedido. La empresa subraya que cumple de forma “rigurosa” la ley y asegura que está “impulsando” un “Programa de Impacto Local” para “maximizar los beneficios de las instalaciones en la región y su entorno”, sin dar detalles de en qué consiste. El Ministerio no ha respondido.

Obras en pleno verano

Ahora, la asociación ha llevado el asunto a los tribunales. La vía en el contencioso es doble: contra la autorización de los parques y contra la línea de evacuación, que atraviesa los municipios de Coín, Casarabonela, Álora, Pizarra y Cártama. Sin embargo, los recursos no paran las máquinas porque no son suspensivos.

La asociación denuncia que los proyectos originales (realizados entre octubre de 2020 y julio de 2022) y el de ejecución no han incorporado los condicionantes de la declaración de impacto ambiental y de la autorización administrativa, que son posteriores.

A finales de junio solicitaron la inspección y paralización urgente de la obra por entender que tampoco se ajusta a lo previsto. En un escrito dirigido tanto al MITECO como a la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, la asociación subraya que los desbroces, movimientos de tierra y retirada de cubierta vegetal van más allá de lo autorizado (que es lo estrictamente necesario para los módulos). Sospechan que el proyecto no recoge un plan de restauración vegetal e integración paisajística para minimizar el impacto; ni prospección de campo para identificar flora amenazada o posibles hábitats de interés comunitario; ni estudio de campo de la avifauna y cronograma para minimizar el impacto, a pesar de que la declaración de impacto obliga a tener en cuenta los ciclos biológicos de las especies protegidas; ni medidas compensatorias por la tala de cientos de olivos, sin contar con la afección sobre especies como el espino negro o el palmito.

Verbund no ha respondido a las preguntas sobre los incumplimientos concretos recogidas en el formulario, pero lo niega todo: “Los proyectos que actualmente promovemos en Coín se están construyendo conforme a las autorizaciones, permisos y licencias otorgados por las administraciones competentes, tanto a nivel nacional, autonómico, como local”. Según la empresa austriaca, la autorización ambiental ya recoge un amplio paquete de medidas preventivas, correctoras, compensatorias y de seguimiento. Lo que denuncian los activistas es, precisamente, que ese documento está siendo ignorado.

Tampoco hay constancia de un estudio sobre el impacto hidrológico y sobre el suelo y el subsuelo de instalar módulos en lomas con una pendiente mínima del 15%. A pie de campo, Tere, la mujer de Juan, dicta sentencia con la experiencia de toda la vida sobre el terreno: “Aquí cuando llueve las tierras andan. Esto no lo conocen ellos”.

“Nadie vigila nada”

La empresa insiste en que, en todo caso, la obra está sujeta a las inspecciones y controles pertinentes. “El problema es que dan la autorización, pero luego nadie vigila nada”, lamenta Casal a los pies del puente de Carranque, donde han llegado a coincidir tres camiones de gran tonelaje.

Tras las crecidas del otoño que arrastraron el de Valenciana, este puente el único que queda en pie; las grietas y las abolladuras muestran el impacto visible del trasiego continuo de vehículos de obra, que en teoría debían acceder a la zona de obras desde Alozaina y Casarabonela y no por este camino, sufragado por los propios vecinos. Cerca de allí, un poste y un cable reposan en la cuneta, apenas señalizados por un cartel de advertencia. Ha pasado apenas una semana del incendio de Los Gallardos cuyo origen apunta a la caída de un poste eléctrico.

La asociación tiene la sensación de estar batallando contra un gigante que ni se inmuta, porque el árbitro que debe vigilar está de su parte. “Presentamos unas alegaciones fundamentadas de 60 páginas y ni contestaron”, lamenta el abogado, que también denuncia que no pudieron acceder a documentación esencial porque la web daba error y nunca se publicó en los tablones municipales: “Ahora hemos solicitado a Coín que nos remita los expedientes y las licencias, y no lo hacen. Es una actuación extraordinaria que debería ser sometida a información pública”.

Nada de esto ha servido contra el gigante que toma forma en las tierras de La Jara.

En pleno mes de agosto, los planes de Iberdrola para ampliar la potencia energética de su emblemática central térmica de Aceca en la Sagra toledana han hecho aguas. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha tumbado su proyecto fotovoltaico denominado 'FV Aceca' en los términos municipales de Toledo, Almonacid de Toledo y Mocejón. Su objetivo era hibridar una nueva planta solar de unos 350 megavatios con la histórica central térmica existente a unos cinco kilómetros, en Villaseca de la Sagra.

El complejo de Aceca de esta compañía -que debe su nombre a un antiguo poblado- juega un papel crucial en el sistema eléctrico de España, actuando principalmente como un “pilar de seguridad, estabilidad y transición energética” para el país, según destaca la empresa.

Situado en el municipio toledano de Villaseca de la Sagra, junto al río Tajo, es una instalación energética propiedad de Iberdrola y Naturgy que ha evolucionado desde el fueloil (con el inicio de sus operaciones en 1969) hasta el gas natural, desde 2003.

Su importancia a escala nacional se sostiene en su cercanía a la Comunidad de Madrid, con una enorme demanda eléctrica, evitando las pérdidas de energía que ocurren cuando la electricidad se transporta desde regiones periféricas.

Además, a diferencia de las antiguas centrales de carbón o las nucleares, el ciclo combinado de Aceca puede arrancar, detenerse o regular su potencia de forma muy rápida. De hecho, Red Eléctrica de España (el operador del sistema nacional) la utiliza de forma estratégica para equilibrar la curva de consumo en tiempo real, garantizando que el país nunca sufra problemas de voltaje o apagones estructurales

La negativa del Miteco: argumentos

El proyecto de parque solar de Iberdrola Generación Térmica S.L. para hibridar esa central de Aceca, no obstante, ahora se ha visto truncado con la negativa del Miteco. Según la declaración de impacto ambiental (DIA) consultada por este periódico, la propuesta técnica para una nueva instalación fotovoltaica buscaba hibridar una nueva planta de más de 500 hectáreas distribuidas en tres sectores.

Pero tras un análisis exhaustivo, el Ministerio determina que el estudio de alternativas presentado por la empresa es “insuficiente” y “carece de rigor técnico”. Ha identificado “riesgos severos para la fauna protegida”, como el águila imperial ibérica y diversas aves esteparias, debido a la pérdida de hábitats de caza y nidificación.

Concretamente, sobre el águila imperial, especie en peligro de extinción, la DIA identifica la posible pérdida, fragmentación y alteración del hábitat de su alimentación y campeo. El proyecto se ubicaría sobre cultivos tradicionales de secano y pastizales que constituyen un hábitat propicio con alta densidad de presas, especialmente el conejo de monte.

Identifica hasta seis nidos con tres parejas de águilas que podrían verse alterados. Entre ellos, en la zona Aceca-Oeste, la planta fotovoltaica proyectada solaparía directamente con zonas de uso intensivo y frecuente de una pareja de águilas, afectando un hábitat de caza calificado como de “calidad óptima”.

En Aceca-Norte, otro recinto de 25 hectáreas podría invadir el área de exclusión de 2.500 metros de otro nido, lo que implicaría la “pérdida de un cazadero localizado para esta pareja y se considera un impacto severo”. Y en Aceca-Norte, se proyectaban instalaciones sobre 46 hectáreas dentro del buffer de 2.500 hectáreas de un tercer nido, “incumpliendo las directrices de conservación al no ubicarse en zonas de baja calidad de hábitat”.

De igual forma, el Miteco argumenta que la construcción de unos 14 kilómetros de líneas de evacuación aéreas a 220 kilovoltios representa la principal “amenaza de muerte por colisión” para el águila imperial y otras rapaces debido a la envergadura y tipo de vuelo de la especie.

El trazado aéreo de evacuación es considerado “manifiestamente incompatible” por discurrir a distancias peligrosas de nidos activos; y las líneas aéreas proyectadas generan un “efecto barrera acumulativo” al sumarse a otros tendidos ya existentes en la zona comprometiendo el libre desplazamiento de las parejas entre sus áreas de nidificación, campeo y el corredor ecológico del río Tajo.

Además, la resolución advierte sobre posibles alteraciones negativas en la hidrología y geomorfología del terreno por los movimientos de tierra proyectados. En consecuencia, la administración concluye que no se ha demostrado que la opción seleccionada sea la de menor repercusión ambiental.

¿Se han pronunciado los municipios afectados?

Se da la circunstancia de que en la fase de participación pública y consultas a las administraciones afectadas, se consultó formalmente al Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra, donde se ubica la histórica central térmica de Aceca, pero este no remitió ninguna respuesta al expediente.

El término de Mocejón, el más cercano a la central de ciclo combinado, sí es objeto de menciones específicas debido a los riesgos e impactos detectados en el sector Aceca-Norte. La Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad del Miteco determina que las parcelas de este sector debían descartarse por ser una zona crítica de invernada y alimentación para el sisón común, también especie en peligro de extinción.

Para evitar este impacto, el organismo recomendó explícitamente reubicar estas instalaciones hacia una zona más próxima al núcleo urbano de Mocejón, situada al suroeste de la poligonal proyectada.

Se da la circunstancia de que Iberdrola participa actualmente en el desarrollo y suministro de energía para centros de datos en España mediante grandes alianzas estratégicas e inversiones millonarias. Entre sus proyectos se encuentra el de la zona Madrid Sur, con una superficie de 160.000 metros cuadrados, colindantes con esa zona de la Sagra toledana.

Fuentes de Iberdrola precisan a este periódico de que ya informaron al conocerse la DIA de que el proyecto había obtenido una Declaración de Impacto Ambiental negativa por parte del Miteco. Indican que la planta fotovoltaica a trámite puede reubicarse en otros terrenos que no tengan “valores ambientales singulares”, para lo que ha encargado trabajos de inventariado en el entorno, vía una empresa independiente

Un dato curioso es que esta misma semana, Iberdrola ha hecho público un convenio de colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha para reforzar su programa recuperación del cernícalo primilla que desarrolla en su planta fotovoltaica de Barcience, situada en el término municipal de Bargas (Toledo).

Gracias a este acuerdo, los nuevos ejemplares de cernícalo primilla criados en el Centro de Recuperación de Rapaces Ibéricas (CERI) de Sevilleja de la Jara (Toledo) serán liberados en el primillar construido por Iberdrola dentro del parque fotovoltaico, incrementándose además el número de aves previstas inicialmente.

La iniciativa forma parte del 'Programa Convive' de Iberdrola, una estrategia que integra medidas de protección de la flora y la fauna en el diseño, construcción y explotación de sus instalaciones renovables.

Además del proyecto para la recuperación del cernícalo primilla, la planta fotovoltaica incorpora actuaciones dirigidas a favorecer la biodiversidad del entorno, como la instalación de colmenas para la protección de insectos polinizadores, el mantenimiento de cubierta vegetal natural y diferentes medidas de integración paisajística y ambiental.

La Graciosa vivió este domingo una complicada jornada después de que una avería en el tendido eléctrico dejara isla sin suministro durante unas once horas. El apagón, que comenzó durante la madrugada y se prolongó hasta aproximadamente el mediodía, afectó a residentes y a visitantes que se encuentran estos días en la isla.

La interrupción del suministro eléctrico también tuvo consecuencias directas sobre la actividad económica. Bares, restaurantes y otros establecimientos se vieron obligados a cerrar o permanecer inoperativos durante buena parte de la jornada, pese a que la incidencia eléctrica quedó finalmente resuelta en torno al mediodía.

Ante esta situación, la comunidad energética El Sol de La Graciosa ha reclamado la puesta en marcha urgente de un “verdadero plan de contingencia energética” para la isla y ha advertido de la vulnerabilidad que supone depender de una única línea eléctrica sin sistemas de respaldo.

Según ha señalado la comunidad energética en un comunicado, la avería se produjo, presumiblemente, tras un fogonazo en una torre situada en la zona baja de El Risco, en un punto de muy difícil acceso. La asociación ha criticado además que el incidente se produjera en pleno domingo de agosto, cuando La Graciosa registra uno de sus mayores niveles de ocupación y actividad comercial, hostelera y turística.

“Desde El Sol de La Graciosa consideramos que esta situación demuestra una vulnerabilidad que llevamos tiempo señalando: La Graciosa carece de una alternativa capaz de mantener operativos sus servicios básicos cuando esa conexión falla”, ha afirmado la asociación.

La comunidad insiste en que la isla no puede seguir dependiendo de una sola conexión eléctrica sin contar con sistemas de respaldo y reclama planificación, seguridad e infraestructuras acordes con las necesidades reales de residentes y visitantes.

Como solución, El Sol de La Graciosa propone el denominado GRID de El Sol, un sistema energético propio basado en placas solares instaladas en las cubiertas de edificios y espacios públicos, combinadas con almacenamiento eléctrico.

Según la propuesta, esta infraestructura permitiría mantener operativos durante una interrupción del suministro los servicios esenciales de la isla, entre ellos los sistemas de desalación, almacenamiento y bombeo de agua, el centro de salud, las cámaras frigoríficas de la Cofradía de Pescadores, las telecomunicaciones y los servicios de emergencia, además de los futuros sistemas de saneamiento y otros servicios públicos.

“La Graciosa dispone de sol, superficie pública aprovechable y una comunidad preparada”

Como alternativa o complemento, la comunidad plantea instalar un sistema de baterías de alta capacidad conectado a la red general, capaz de sostener temporalmente el suministro eléctrico de toda la isla y recargarse mediante la energía solar generada en azoteas, edificios y espacios públicos.

“La Graciosa dispone de sol, superficie pública aprovechable y una comunidad preparada para participar en la transición energética. Lo que falta no es energía: falta decisión para convertirla en seguridad y autonomía”, sostiene la asociación.

Para El Sol de La Graciosa, el apagón no debe considerarse únicamente una avería puntual, sino una advertencia sobre las consecuencias de no disponer de redundancia, almacenamiento ni protocolos energéticos específicos para un territorio aislado.

Por ello, la comunidad energética ha reclamado a las administraciones competentes, a la compañía suministradora y a los organismos insulares y autonómicos que se sienten con la asociación para diseñar y financiar una solución estable. “En pleno 2026 depender de un único cable no es un plan energético, es sencillamente tentar a la suerte”, concluye el comunicado.

La plataforma Araba Bizirik sospecha que el proyecto de planta solar en Ribavellosa (Álava) denominado 'Solaria Zierbena Solar 2' servirá para abastecer los centros de datos de la empresa Merlin Properties, ubicada en el polígono de Arasur, y de ahí que sea el “único proyecto al que el Gobierno vasco no ha denegado la autorización” dentro de la macroinfraestructura proyectada por Solaria.

El mes de julio el Gobierno vasco denegó la autorización a 19 de los parques fotovoltaicos incluidos en el macroproyecto Zierbena Solar, con 29 patas, que Solaria quería desarrollar a través de su filial Solaria Eguzki Sorkuntza. En concreto los denominados Zierbena Solar 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 y 29. Resoluciones anteriores ya habían tumbado los proyectos 3 y 4, mientras que los números 15, 16 y 19 deberían ser revisados por el Estado y los 26, 27 y 28 están en terrenos de Miranda de Ebro, en Burgos. El 'Solaria Zierbena Solar 2' es el único que, de momento, sigue adelante, por lo que Araba Bizirik considera que el “especial interés” del Gobierno vasco en esta central fotovoltaica está en que se encuentra muy cerca de los centros de datos de Merlin Properties.

“Al no actuar el Gobierno vasco de la misma forma que con las otras 21 centrales del macroproyecto, nos tememos que la intención de Solaria sea usar la línea de evacuación de Ekienea, que pasa por encima de la central. Una línea de 17 Km, de 132 Kv, para evacuar en el nudo ST Puentelarra. Esta infraestructura se utilizaría para vender la energía generada a los centros de datos ubicados en Arasur”, denuncian.

Recuerdan en este sentido que Ekienea promovida por el EVE, la Diputación Foral de Álava, Iberdrola y Krean, va a ser la central fotovoltaica más grande de Euskadi, y que ha firmado un acuerdo por valor de 375 millones de euros para suministrar energía a Merlin Properties. “El Gobierno vasco nos vendía que la energía generada en Ekienea abastecería a 47.500 hogares, pero la realidad es que van a ocupar 200 Ha, que tienen el coeficiente de calidad agrológica más alto de Euskadi, para alimentar una nueva industria, como son los centros de datos de hiperescala”, ha denunciado el colectivo. Una denuncia que ya se planteó el año pasado por EH Bildu.

Desde Araba Bizirik han interpelado de forma directa al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi: “¿Cuántas más mentiras va a contar para tratar de justificar el destrozo del territorio? ¿cómo pueden declararse de interés general una central y sus infraestructuras asociadas, si el objetivo es proporcionar energía a una empresa privada como son los centros de datos de Merlin Properties?”. Denuncian que estos centros de datos de hiperescala son “grandes consumidores de energía”. “Si Merlin Properties desarrollara la segunda fase con otros tres edificios más, consumiría la misma energía eléctrica que todo Álava, un consumo anual de 2628 GWh, lo que supone un gran negocio para las empresas energéticas”, denuncian.

Consuma Crudeza, después de cinco temporadas siendo la sección sobre consumo sostenible de Carne Cruda, se convierte en podcast. En todos los episodios abordaremos un tema monográfico para facilitar el consumo responsable, entrevistaremos a una persona conocida que consume conscientemente, o por lo menos lo intenta; resolveremos dudas de la audiencia en un consultorio, haremos nominaciones a los greenwashing y socialwashing más sonrojases, y recomendaremos libros, películas, documentales o eventos sobre consumo crítico o transformador.

#10. Investigación: el lado tóxico de los coches eléctricos

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Cuando compras un coche eléctrico lo haces para cuidar el medio ambiente. Sin embargo, la fabricación de sus componentes a miles de kilómetros de distancia está contaminando ríos y enfermando a las personas que viven a su alrededor. La electrónica que se usa para los coches eléctricos, móviles y ordenadores salen de una zona de la India donde hay más de 750 fábricas que contaminan el medio ambiente sin pudor.

En este episodio de Consuma Crudeza contamos los datos de una reciente investigación desarrollada durante ocho meses en la India por la propia Brenda Chavez, Varsha Torgalkar (en India), Khalid Bencherif (de Marruecos) gracias a una beca de periodismo de investigación del Journalism Fund Europe. Podéis ampliar la información en Público en el artículo “El rastro tóxico de los coches eléctricos fabricados en España contamina y enferma a la India”.

Pero también hablamos de alternativas: entrevistamos a Miquel Ballester, jefe de Producto cofundador de FAIRPHONE, que no contribuye a la crisis climática ni a la explotación laboral. También con la actriz Elisabeth Laren, conocida por su papel de Andy en 'La que se avecina', sobre su consumo sostenible y nominamos a las empresas por su greenwashing.

#9. Dónde invierten los bancos tu dinero

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Nunca usarías tu dinero para invertir en la industria armamentística. Pero, ¿y tú banco? ¿Qué hace con el dinero que tú ingresas en sus cuentas? ¿Sabes si apoya proyectos que impulsan la deforestación? Hablamos con María Fraile, investigadora en Centre Delàs y presidenta de Setem País Valencià, y Edu Aragón, activista de la Campaña Banca Armada. Ambos nos desgranan ejemplos que implican a La Caixa o el Santander. Y nos ayuda en este camino Enrique Quintanilla, veterano y legendario activista de Ecologistas en Acción. Entrevistamos, también, a Juan González Arroyo, de Capitán Denim, una marca de jeans de Albacete que apuesta por una producción sostenible de vaqueros asequibles.Y sabremos cómo consume la actriz Silvia Marsó en su día a día: cómo hace la compra, cómo se mueve por la ciudad y cómo reduce el consumo de plásticos.

#8. Cómo diferenciar una cerveza artesana (de verdad)

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¿Por qué deberías comprar cervezas artesanas? ¿Qué estás apoyando exactamente con su compra? Estefanía Pintado (Fábrica Excepcional) y Daniel de Julián Rodríguez (Valle del Kash) te cuentan todo el proceso de su elaboración. Además, Rubén Hernández de Errata Naturae explica cómo ser sostenible desde una editorial y Fernando Valladares, uno de los divulgadores y activistas contra la crisis climática más conocidos, se sincera y habla de cómo consume día a día (y hasta cuál es la compra menos sostenible que hace).

#7. Huertos que transforman vidas y ciudades

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Si estás pensando en montar un huerto en la ciudad tienes que escuchar la entrevista con Kois Fernández Casadevante, autor de Huertopías, un libro con historias inspiradoras de huertos urbanos y consejos para crear uno. ¿Es seguro consumir tomates cultivados en el barrio?

Además, el actor Alberto San Juan nos cuenta qué empresa energética tiene contratada, cómo hace la compra, cómo se mueve por la ciudad y cómo consigue consumir de manera consciente y sostenible. 

#6. ¿Tóxicos en mis cosméticos?

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¿Sabes leer la etiqueta de los productos cosméticos y de higiene? ¿En qué te tienes que fijar a la hora de comprar un champú o una crema para evitar las sustancias nocivas? Te contamos cuáles son los más tóxicos y cómo identificarlos. Además, entrevistamos a Martín Barreiro, presentador de El Tiempo de TVE, y su pareja, Ana Mariño, creadora de proyectos, contenidos y productora audiovisual. Nos cuentan cómo ser sostenible en una familia con niños pequeños.

#5. Alimentos kilométricos: tus garbanzos recorren 7.500km

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El consumo de CO2 de los alimentos que consumimos es muy alto porque viajan miles de kilómetros desde su lugar de producción hasta nuestra mesa. No solo los garbanzos; el café de tu desayuno recorren entre 8.000 y 10.000 km y el trigo del pan entre 2.000 y 7.000 km. Te contamos cómo reducirlo con pequeños gestos diarios. 

Además, Yago Álvarez, Econocabreado, nos cuenta qué compañía tiene de teléfono y luz y qué tarea todavía se le resiste para ser más sostenible.

#4. Navidades sostenibles: ¿es posible?

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Cuando llevas 11 meses al año intentando ser responsable con tu consumo, ¿qué haces en Navidad? ¿Te subes al carro del consumismo? Te damos las claves para seguir siendo responsable con el nutricionista Aitor Sánchez, la responsable del área de biodiversidad de Greenpeace, Celia Ojeda, y la actriz Manuela Velasco.

#3. Residuos textiles: ¿Qué pasa con mi ropa?

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¿Qué hacemos con la ropa que no nos ponemos? ¿La podemos reciclar? ¿Realmente se recicla? Hoy nos preguntamos por los residuos textiles de esta industria glamourosa que a veces no lo es tanto.

#2. Megafestivales: cómo reducir su impacto ambiental

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En España se celebran más de 850 festivales de música. Eso supone un desplazamiento masivo, un consumo de recursos y un gran impacto en el entorno. ¿Qué medidas están tomando los festivales para reducir ese impacto? Hablamos con Antonio Cañas, managing director de Greenize Projects (empresa de consultoría sobre sostenibilidad y circularidad) y Simone Firmani, coordinador de Cultura de Rototom. Nos visita el cantante Lasai para contarnos cómo consume responsablemente y nos interpreta dos canciones en directo. Además, te aconsejamos cómo buscar cepillos de dientes y dentífricos sostenibles y nominamos a las empresas de greenwashing del mes.

#1. Independencia solar ¿Cómo lo hago? Autoconsumo y comunidades energéticas fácilmente

Puedes escuchar este programa en iVoox, Spotify o tu plataforma de podcast favorita

Hablamos de independencia solar y de cómo auto-consumir energía (individual, colectivamente y como comunidades energéticas) sin quebraderos de cabeza con Laura Feijoo, Coordinadora de autoconsumo y comunidades energéticas de Ecooo Energía ciudadana. Entrevistamos a Javier Gallego Crudo sobre cómo consume conscientemente, nominaremos a los greenwashing y socialwashing a varias multinacionales, y recomendamos dos lecturas sobre el presente de Amazon y el pasado de El Corte Inglés.

Escucha aquí todos los programas y secciones pasados de Consuma Crudeza en Carne Cruda.

La explosión de la Inteligencia Artificial (IA) está multiplicando la necesidad de procesamiento y almacenamiento de información, lo que acarrea un crecimiento exponencial de centros de procesos de datos (CPD). Estos centros consumen enormes cantidades de electricidad, tanto que el tamaño de los CPD se mide por los megavatios (MW) que necesita para operar y refrigerar los equipos, que operan 24/7 todos los días del año.

La Agencia Internacional de la Energía prevé que la IA generativa hará que los CPD dupliquen el gasto de energía entre 2024 y 2030, pasando de un consumo eléctrico mundial de 415 a 945 teravatios-hora (1 TWh equivale a 1 millón de MW/h), o del 1,5% al 3% del gasto global de luz. Cuando se expresa en porcentajes, no parece un problema, pero la cuestión es que ese consumo está concentrado en los países más avanzados tecnológicamente (Estados Unidos, China y Europa) y, dentro de estos, en algunas regiones; como Aragón, en el caso de España.

Irlanda es el país europeo paradigmático para analizar el crecimiento de los CPD y su impacto en el consumo de electricidad. Ya acaparan el 21% de la luz consumida en el país y se espera que en 2030 sumen un tercio de la electricidad. Por tanto, es un caso del que España puede extraer muchas lecciones, ya que aquí estamos ante un crecimiento exponencial de estas infraestructuras. No hay ningún sector que pueda presentar semejantes expectativas de crecimiento y cómo se gestione será vital para muchos otros sectores.

Según datos de Spain DC, el lobby español de las empresas de CPD, la potencia instalada de estas infraestructuras sumaba 439 MW a finales del año pasado en España, con un crecimiento del 24%. Parece escaso si se tiene en cuenta que los diferentes planes de inversión van a multiplicar esta red por seis en cinco años, hasta alcanzar 2.537 MW, según los datos elaborados por la consultora Pb7 Research, especializada en este sector. Este crecimiento implicará una inversión total de 66.900 millones de euros, de los que 25.000 millones es construcción y el resto es el equipamiento tecnológico y otros servicios que van asociados a dicho despliegue.

Esta inversión y la creación de empleo es la parte positiva de la expansión de los CPD, pero hay que gestionar su voracidad eléctrica para que no se produzcan problemas en un país que sabe qué es un apagón en el siglo XXI. Las estimaciones son que un CPD de 100 MW consume entre 880 y 1.050 GWh al año, de manera que una red de 2.537 MW en 2030 consumiría entre 22.200 y 26.600 GWh, que es alrededor del 10% del consumo anual de electricidad en España. Por tanto, está claro que es necesario invertir en materia de generación y, sobre todo, de transporte y distribución de esa electricidad.

España no tiene hoy un problema de producción de electricidad, en gran medida gracias a la renovable fotovoltaica y eólica, pero sí tiene deficiencias claras en los nudos de conexión y en el transporte, que es trascendente, dado que no hay correlación entre los lugares de producción y consumo. La Comunidad de Madrid es paradigmática: sólo produce el 3% de la energía que consume. De hecho, Red Eléctrica Española (REE) acaba de plantear al Gobierno la necesidad de revisar su plan de inversiones, con una inyección adicional de más de seiscientos millones, ante los problemas que está detectando en el sistema y que se hicieron presentes en el apagón del 28 de abril de 2025.

Un estudio de la Asociación Española de Empresas Eléctricas (AELEC), asegura que la red eléctrica española tenía un nivel de saturación del 83,4%, en septiembre del año pasado, lo que implica que casi nueve de cada diez subestaciones ya no pueden admitir más conexiones. Endesa, la mayor distribuidora de España junto con Iberdrola, asegura que el 96% de sus 1.840 nudos de red no pueden aceptar nuevas conexiones. Por tanto, el reto de enganchar a la red los nuevos CPD es enorme. Solamente en Aragón se ha planteado la construcción de 31 nuevos CPD, que han solicitado acceso a la red para 6GW, que es el equivalente a casi la mitad de la potencia eléctrica instalada en dicha región.

Irlanda lleva más de una década conviviendo con este problema, hasta el punto de que el operador de la red eléctrica irlandesa, EirGrid, no admitió nuevas conexiones de CPD en el área de Dublín entre 2021 y 2025 por falta de capacidad. El levantamiento de la prohibición lleva condiciones estrictas. Así, los promotores de CPD tienen que aportar generación eléctrica propia o capacidad de almacenamiento equivalente a su demanda, que al menos el 80% de su consumo anual proceda de nueva generación renovable que se haya desarrollado en Irlanda y, dependiendo de los casos, incluso devolver electricidad a la red general cuando haya momentos de máxima demanda.

Irlanda ha transitado un camino que implica pasar de la libertad total a la prohibición en determinadas zonas, para finalmente aportar un modelo que llaman “Bring you own power”, que supone que cada CPD debe casi autoabastecerse. Este cambio se ha producido en gran medida por la presión del mundo rural irlandés, que se vio amenazado y fue capaz de trasladar a los políticos su preocupación de que la demanda de recursos de esta industria restara atención al campo. Los CPD instalados en la región de Dublín por las grandes tecnológicas americanas (Google, Microsoft, Amazon Web Services y Meta Platforms) consumen más electricidad que todos los pueblos irlandeses. No es extraño que temieran que, en caso de problemas, les cortaran a ellos la luz para que el universo urbano siga viendo Netflix.

El Grupo Ingka, retailer de Ikea, ha adquirido sus dos primeros parques solares en España, lo que ha supuesto un “paso importante” en el refuerzo de su presencia en el sector de la energía renovable en la península ibérica. Uno de ellos está en Villasequilla, en la provincia de Toledo.

Así, el Grupo ha consolidado estos proyectos ibéricos como parte de la amplia cartera global de energía renovable, con 4.300 millones de euros ya invertidos.

“La península ibérica es un mercado prioritario para nosotros y estas inversiones están diseñadas para apoyar un sistema energético más fiable, asequible y sostenible a largo plazo”, ha afirmado el responsable de Energías Renovables de Ingka, Frederik de Jong.

En este contexto, el brazo inversor de Ikea ha adquirido un primer parque solar en Villasequilla (Toledo), el cual ya está operativo y genera unos 51 gigavatios/hora (GWh) anuales y, el segundo, ubicado en Los Alcázares (Murcia), que sumará otros 55 GWh al año.

La producción local es cada vez “más importante”

De esta forma, los dos parques juntos producirán 106 GWh de energía renovable al año, lo que respaldará la creciente capacidad de esta energía en España en un momento en el que la producción local es cada vez “más importante”.

Además de los nuevos parques solares en España, Ingka ha instalado también paneles solares en su parque eólico en Portugal, lo que ha aumentado la producción, mejora la estabilidad de la red y maximiza la infraestructura existente.

Por su parte, el director de Sostenibilidad de la compañía, Karen Pflug, ha considerado que, como comercio minorista global, es importante ayudar a desarrollar la “resiliencia energética y la seguridad” en las regiones donde operan.

En conjunto, la expansión del Grupo Ingka en España y Portugal ha puesto de manifiesto un “cambio práctico” en la forma en la que las compañías han ayudado a asegurar y diversificar las fuentes de energía renovable.

Ha sido un proceso “duro y largo”. Pero lo han conseguido. Más de la mitad de las personas particulares, empresas y otros espacios que integran la Comunidad Energética del Casco Histórico de Toledo ya dispone de energía fotovoltaica. En total, más de una treintena de socios y socias.

Se ha convertido, de esta forma, en la primera Ciudad Patrimonio de la Humanidad en conseguir que placas solares instaladas en espacios municipales “extramuros” viertan energía eléctrica dentro del conjunto monumental.

La cuestión es muy relevante. Toledo no solo es una las ciudades más calurosas y con más días de sol en el país, sino que también alberga uno de los conjuntos monumentales más grandes de Europa. Fusionar la protección de ese patrimonio con la energía fotovoltaica y sus vistosas placas solares ha sido muy complejo.

No es de extrañar que la Comunidad Energética del Casco Histórico haya tardado casi dos años y medio en conseguir que este proyecto sea una realidad. Porque fue en 2023 cuando todo comenzó: el Ayuntamiento de Toledo solicitó una ayuda pública para la apertura de una Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), a través de fondos europeos destinados al asesoramiento para el uso de energías limpias.

La solicitud de la subvención se hizo en enero de 2023, es decir, fue una iniciativa del anterior equipo de Gobierno a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

Esa solicitud salió adelante y fue la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) la encargada de gestionar la OTC. Desde allí se impulsó la creación de la actual Comunidad Energética del Casco Histórico. El reto, desde el primer momento, “parecía imposible”, cuenta a este periódico el presidente de este colectivo, Enrique García.

La prohibición de placas solares “intramuros”

Porque el primer obstáculo a sortear era la prohibición de instalar placas solares en las cubiertas del Casco Histórico, que recoge el Plan Especial de este distrito (PECHT) por motivos de estética y por el “resplandor” que podría generarse en las vistas panorámicas de la ciudad.

Por eso el proyecto solo tenía una salida: buscar cubiertas de edificios con titularidad municipal ubicados “extramuros” y donde pudieran instalarse paneles fotovoltaicos. Pero, al mismo tiempo, no podían estar a más de dos kilómetros de los futuros receptores de la energía generada, según la normativa española para compartir esta renovable en comunidades energéticas.

Ahora, la normativa de autoconsumo ha ampliado ese radio a cinco kilómetros, pero cuando arrancó la iniciativa, el “perímetro inicial” se realizó bajo el parámetro de esa primera distancia.

Así arrancó hace unas semanas la primera conexión de energía solar en el Casco Histórico de Toledo. La instalación: la cubierta de la pista de patinaje de la Escuela Municipal de Gimnasia de la ciudad. Placas solares, instaladas por la empresa Kaylo, con capacidad para generar un total de 100 kilovatios (el máximo permitido) que ahora suministran energía a una treintena de los integrantes de la Comunidad Energética.

Entre los beneficiarios, los conventos que elaboran repostería

Un dato curioso: entre estos primeros beneficiarios se encuentran todos los conventos de Toledo, con facturas altísimas de luz debido a elaboración artesanal de repostería. Ahora, algunos de ellos ya están ahorrando hasta 200 euros mensuales en la factura eléctrica.

Enrique García precisa que cuando el proyecto se impulsó a través de la OTC de Toledo, lo hicieron al mismo tiempo otros similares en Castilla-La Mancha. “Pero somos los únicos que hemos salido adelante. Hemos tenido la suerte de encontrarnos con muchas facilidades para el asesoramiento, pese a las horas y horas de dedicación. Sin la colaboración del Ayuntamiento, el apoyo y las ganas de todos, con la cantidad de trámites burocráticos que esto supone, cualquiera se hubiera echado atrás”, destaca.

En la Comunidad Energética del Casco Histórico actualmente hay 71 integrantes. Desde su origen, se concibió, no solo para los vecinos y vecinas, sino para que también participaran empresas, comercios, empresas de restauración y cualquier interesado. “Aquí no solo estamos los que vivimos, sino también los que trabajan y hacen posible la vida social”.   

Aunque ahora son 34 los socios y socias que ya disponen de energía solar desde la mencionada instalación, la previsión es que próximamente haya una segunda conexión que permita “conectar” al resto de los integrantes de la Comunidad. El espacio será la cubierta de la piscina del Salto del Caballo. “Ya está realizado todo el montaje de placas y la conexión a la red, pero quedan las autorizaciones del Ministerio de Industria y de la empresa, en este caso, Iberdrola”, avanza. También en este caso es de 100 kilovatios.

Lista de espera y “democratización” del proyecto

Y ahí no terminará el proyecto. La Comunidad Energética tiene “lista de espera” y a lo largo de este verano iniciará los trámites para una tercera instalación, en la cubierta de la tribuna del campo de fútbol, también en el Salto del Caballo.

Este miércoles, día 17 de junio, el colectivo celebra una asamblea general a la que están invitadas todas las personas y empresas interesadas, sobre todo las de esa “lista de espera”. Allí se les informará de la primera conexión a la red y de las previsiones y cuentas. “Ante todo, queremos transparencia y claridad y que, desde luego, nunca nadie se quede con ganas de conocer cualquier mínimo aspecto de lo que estamos haciendo”.

Para “democratizar” el proyecto y dar cobertura al mayor número posible de personas, Enrique García precisa que han establecido que los particulares puedan pedir un máximo de 5 kilovatios y las empresas o comercios hasta 7,5 kilovatios. “Lo que no vamos a hacer es estar todos dedicando tanto tiempo a esta iniciativa para que luego algún hotel o cualquier empresa privada absorba toda la energía de la instalación. No tendría ningún sentido”, avisa.

Y tras varias semanas en marcha, en la factura eléctrica de los primeros “enganchados” a la red ya hay cambios notables. Cuenta el presidente de la Comunidad Energética que él mismo, en el mes de mayo, se ha ahorrado 45 euros, y que uno de los restaurantes socios ha tenido un ahorro de más de 200 euros.

Teniendo en cuenta que el proyecto se ha llevado a cabo sin ningún tipo de subvenciones públicas, y que los integrantes han pagado “a escote” las instalaciones en función de la energía demandada, comenzar a notar cómo la factura se reduce es “todo un alivio”. Destaca su presidente que en cinco o seis años estará amortizada la inversión en esa primera instalación, cuyo plazo de vida útil es de 30 años.

Pero ante todo, más allá del ahorro, destaca que el objetivo inicial es aportar su “grano de arena” a minimizar los efectos del cambio climático reduciendo las emisiones de CO2. “Es un objetivo múltiple y posible, y lo estamos consiguiendo”, celebra. El cálculo es que con las previsiones de las instalaciones actuales, se dejen de emitir unas 170 toneladas de CO2 anuales.

Por eso ahora son “muy optimistas”. El boca a boca está funcionando entre los habitantes, empresas y comercios del Casco Histórico y ya hay grandes empresas de hostelería y restauración interesados en cambiarse a las energías limpias.

“Vamos a seguir instalando siempre que tengamos autorización y cesión de cubiertas de propiedad municipal. Según vayamos teniendo inscripciones, iremos montando instalaciones. Y que nadie que viva en el Casco Histórico y que tenga interés en acceder a la energía solar se quede sin ella”.

Sin el futuro tenemos subvenciones, las utilizaremos para obras o actividades de ámbito social

La Comunidad Energética cuenta con la posibilidad de que en el futuro sí puedan acceder a subvenciones. Pero incluso en ese caso “no se van a repartir entre los socios”, sino que “las utilizaremos para obras o actividades de ámbito social” como plantaciones de árboles o puntos de recarga de coches eléctricos para los socios.

El alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, ha celebrado el arranque de esta conexión. “Esto sí que es un salto cualitativo, un elemento diferenciador tremendo el que tiene ahora mismo el Casco Histórico ”, manifestó. De hecho, avanzó la intención de impulsar esta iniciativa en el Polígono industrial, aunque hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre la misma.

Tras agotar la subvención recibida para la creación de la OTC -136.000 de los 180.000 euros que se invirtieron-, el Ayuntamiento ha asumido la gestión renombrándola como Oficina Municipal de la Energía de Toledo (OMET), aunque por el momento no dispone de una página web actualizada. Sí sigue habilitada la de la OTC, con contactos e información sobre su actividad.

Según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) el autoconsumo fotovoltaico en España continúa avanzando y alcanza ya los 9,3 gigavatios de potencia instalada, consolidándose como “una de las principales palancas de la transición energética, la competitividad empresarial y el ahorro energético de los consumidores”.

Salvemos los Campos denuncia que la construcción de una macroplanta fotovoltaica de Solaria afecta a aves en peligro de extinción.

El macroproyecto 'Helena Solar' plantea 10 macroplantas fotovoltaicas al Oeste de Toledo unidas por una vía de evacuación de más de 60 kilómetros. Según destacan desde Salvemos los Campos, “la destrucción de áreas críticas para la supervivencia de especies en peligro de extinción y de un paisaje cultural de gran relevancia regional como la campiña vitivinícola de la D.O. Méntrida”, son elementos nucleares del contencioso administrativo interpuesto por el colectivo.

Aseguran que la promotora ha iniciado las obras este mes de mayo, coincidiendo con el período reproductor de las especies afectadas, como el sisón o el águila imperial ibérica, algo “explícitamente prohibido” por la Declaración de Impacto Ambiental.

La alerta saltó a inicios del mes de mayo, cuando vecinos del norte de La Torre de Esteban Hambrán y Méntrida (Toledo), así como agentes forestales de la Junta de Castilla-La Mancha observaron cómo, “aún sin contar con todas las licencias oportunas para el inicio de las obras, maquinaria pesada entraba en los campos cerealistas del Sur de Méntrida” donde se proyecta una de las “mayores secciones” de placas solares del macrocomplejo 'Helena “Solar', promovido por Solaria. Se trata de una zona con ”riquísimos valores ambientales“ al ser área reproductora de dos especies ”icónicas“ en peligro de extinción: el sisón común y el águila imperial ibérica. Pero sus valores ambientales no quedan ahí, al dar cobijo también al aguilucho cenizo, al aguilucho pálido, el milano real o el buitre negro. Desde el colectivo apuntan que el lugar ”reúne las condiciones“ para ser declarada como Zona de Especial Relevancia para las Aves (ZEPA).

La planta se sitúa en un “área crítica” para superviviencia de las especies

La iniciación de las obras de este parque promovido por Solaria “es especialmente grave, no solo porque aún no cuenta con todas las licencias necesarias, como la calificación urbanística o la licencia de construcción, sino porque además la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) prohíbe explícitamente la realización de actividad alguna en la zona en el periodo reproductor de las especies afectadas, como el sisón, siendo el momento más crítico de su ciclo biológico”. Salvemos los Campos asegura que esta especie ha visto mermadas sus poblaciones “en más del 50% solo en los diez últimos años”, y los terrenos de ubicación de las plantas Helena Solar 2, 3 y 6 constituyen “un área crítica para su supervivencia”, como ha sido alegado por el colectivo en el procedimiento de autorización de las plantas. El sisón fue oficialmente declarado en peligro de extinción en abril de 2023, “y aún no se ha aprobado su plan de conservación, como exige la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad”, exponen.

Respecto al águila imperial ibérica, la zona “es un territorio de presencia histórica de la especie”, y también “área crítica”, con numerosas nidificaciones coincidentes o en el entorno del proyecto. “Tanto es así que en el inicio de las obras ha aflorado una nidificación a escasos metros de la zona de ubicación de las plantas Helena Solar 2, 3 y 6, constatándose la vital importancia del mantenimiento de estos terrenos para la recuperación de su estado de conservación, igual que para otras numerosas especies con un acusado declive de sus poblaciones”, explica el colectivo ecologista.

Por otra parte, la DIA también exige la elaboración de un Programa de Vigilancia Ambiental, cuyos condicionantes se fijan en su apartado tercero. “Ante el atropello causado contra especies en peligro de extinción en época reproductora mediante el uso de maquinaria pesada, solo caben dos alternativas: o la empresa promotora no tiene Programa de Vigilancia Ambiental, pues no sabe ubicar dónde están criando las especies protegidas (ante lo que el Ministerio debería revocar de inmediato la Autorización Administrativa Previa como pide Salvemos los Campos), o por el contrario ha actuado negligentemente al iniciar obras en pleno período reproductor, ocasionando molestias y perturbaciones que provocan daños irreparables a las especies afectadas, y con las eventuales responsabilidades a que ello diera lugar”, señalan.

Daños “irreparables” a especies en peligro de extinción

Salvemos los Campos explica que han podido documentar -al igual que vecinos, técnicos forestales de la Junta de Castilla-La Mancha y expertos ornitológicos independientes-, que maquinaria pesada ha estado trabajando “en esta zona vetada para actividad alguna” al menos entre los días 4 a 18 de mayo. “Como queda acreditado por las fotografías aportadas, se trata de maquinaria que habría realizado unas 150 perforaciones en toda la zona para insertar barras de metal codificadas con la letra ”H“ y seguidas de numeración correlativa, que presuntamente delimitan las diferentes secciones de la planta fotovoltaica”, recalcan.

Sabiendo que el sisón común y otras esteparias como el aguilucho pálido y cenizo anidan en el suelo de estas llanuras cerealistas entre los meses de marzo a julio, “es difícil imaginar una actuación más nefasta para los valores ambientales de la zona antes de la posible construcción de la planta”. Apuntan que se trata de unos trabajos realizados “en el momento más crítico del año”, en una zona donde ya se documentó por parte de esta y otras asociaciones la existencia de machos reproductores de sisón, “algo de lo que también son conocedores la Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio para la Transición Ecológica”.

El papel del Ministerio en este proyecto: “Muy discutido desde el inicio”

El papel jugado por el Ministerio para la Transición Ecológica “ha sido muy discutido” desde los inicios de este proyecto. Por una parte, en su papel de órgano ambiental, desde Salvemos los Campos consideran “inconcebible que se siga tramitando un proyecto que la propia DIA estima como de impacto crítico sobre especies en peligro de extinción”. El colectivo apunta que entre las muchas menciones al caso del águila imperial ibérica, “encontramos en la página 7: El impacto sobre esta especie debe considerarse crítico y de principal atención en la ejecución del proyecto”.

Por otro lado, Salvemos los Campos denuncia que “la DIA, publicada en el BOE el 2 de febrero de 2023, fue firmada por Marta Gómez Palenque, incursa en una investigación penal por autorizaciones ambientales a centrales fotovoltaicas en Cáceres promovidas por Iberdrola, y relacionada con el caso Forestalia”.

Apuntan que “otro de los atropellos medioambientales de la DIA” es la aceptación de la ubicación de una de las subestaciones del complejo, en la zona de las Loberas (Méntrida, Toledo), que se ubicaría en terreno “especialmente protegido”.

Salvemos los Campos critica “el doble rasero de la DIA, al plantear a Solaria unas limitaciones respecto a los hábitats de especies en peligro de extinción como el sisón o el águila imperial más laxas que las establecidas para otras plantas fotovoltaicas en la misma zona”.

Desde el colectivo ecologista denuncian que el Ministerio está poniendo “una infinidad de obstáculos” al contencioso administrativo interpuesto por ellos, donde han solicitao “innumerables veces” la aportación del expediente completo del proyecto por parte del Ministerio, “que de forma recurrente ha incumplido los plazos para proveer dicha información, poniendo además un sinfín de trabas que no hacen sino añadir opacidad a todo el proceso y creando una situación de clara indefensión a la asociación”.

En este contexto, Salvemos los Campos expresa que seguirá vigilante tanto en el terreno como en los tribunales para asegurar la preservación “de los riquísimos valores ambientales de la zona”, reservándose para ello el derecho a recurrir a cuantas medidas legales estime conveniente.

Este medio ha contactado con Solaria para conocer su versión, sin respuesta hasta el momento.

El Tribunal Supremo ha declarado nulo de pleno derecho, a raíz del recurso planteado por el Gobierno de Jorge Azcón en Aragón, el real decreto de 2024 con el que el Ejecutivo central establecía el régimen jurídico aplicable a la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en los embalses situados en el dominio público hidráulico de las cuencas intercomunitarias. La sentencia, fechada el 29 de abril de 2026, estima íntegramente el contencioso-administrativo interpuesto por la comunidad autónoma y condena al Estado al pago de las costas.

La norma anulada pretendía regular las concesiones administrativas para la puesta en servicio de instalaciones solares flotantes en embalses gestionados por la Administración General del Estado, para lo que modificaba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 1986.

El Supremo funda la nulidad exclusivamente en un vicio formal de procedimiento: la omisión del trámite de consulta pública previa exigido por la normativa en el momento de la tramitación. El Estado intentó justificar esa supresión alegando la existencia de graves razones de interés público, concretadas en la memoria del análisis de impacto normativo como una situación extraordinaria de encarecimiento del suministro energético. Sin embargo, el Alto Tribunal rechaza ese argumento y aplica su propia doctrina consolidada, según la cual esta omisión solo es admisible cuando concurren acumulativamente dos condiciones: que la norma tenga carácter presupuestario u organizativo y que, además, se acrediten razones graves de interés público. El decreto de plantas flotantes no cumple el primero de esos requisitos, lo que hace imposible justificar la supresión del trámite.

La Abogacía del Estado intentó también ampararse en la tramitación urgente prevista en la Ley del Gobierno, que permite prescindir de la consulta previa. El Supremo descarta igualmente esa vía: no existió ningún acuerdo formal del Consejo de Ministros que declarase la urgencia, ni el procedimiento se desarrolló sobre esa base jurídica, pues el proyecto de la norma data de marzo de 2022 sin mención alguna a razones de urgencia.

Legitimación de Aragón

La cuestión de la legitimación activa de Aragón, que el Estado había impugnado, también quedó resuelta a favor de la comunidad. El tribunal recuerda que la ejecución de la norma afectaba a competencias autonómicas en materia de medio ambiente, ordenación del territorio, turismo, deporte, pesca en aguas continentales y aprovechamientos hidroeléctricos, lo que otorga a Aragón un interés legítimo que transciende la mera defensa de la legalidad.

El Alto Tribunal rechaza, en cambio, el resto de motivos del recurso. Considera que el decreto no vulneraba los principios de buena regulación ni suprimía los mecanismos de participación autonómica previstos en la normativa general, y que la remisión a otras normas sectoriales no constituye per se una infracción de la seguridad jurídica.

La sentencia deja sin efecto toda la regulación contenida en el decreto, incluida la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico que introducía un nuevo artículo 139 ter sobre el régimen concesional de estas instalaciones. El sector fotovoltaico flotante sobre embalses de cuencas intercomunitarias queda así sin el marco reglamentario específico que el Gobierno había aprobado hace menos de dos años, en una materia que, según el propio Consejo de Estado ya advirtió durante la tramitación, precisará a medio plazo de una norma más completa y sistemática.

Matrix Renewables, compañía de energías renovables con presencia internacional, ha anunciado la conexión a la red de dos nuevos proyectos renovables en Castilla-La Mancha denominados 'Cruz de los Caminos' y 'Piedra de la Sal', ambos en la provincia de Cuenca, según ha indicado en un comunicado este miércoles.

“Este avance supone un nuevo hito en la estrategia de crecimiento y consolidación de la compañía dentro del mercado renovable español”, ha señalado, apuntando que con la puesta en marcha de ambos proyectos, Matrix alcanza ya los 15 proyectos interconectados en España, sumando una capacidad instalada conjunta de 691 megavatios (MW).

La firma ha destacado que este logro pone de relieve la “sólida capacidad” de ejecución de la compañía y su “firme apuesta” a largo plazo de apoyar la transición energética en España mediante el desarrollo de activos renovables de alta calidad.

Cuentan con un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo

Los proyectos han sido diseñados, según la compañía, para suministrar “energía limpia y fiable al sistema eléctrico nacional, contribuyendo a la reducción de emisiones y al fortalecimiento de la seguridad energética”, han completado con éxito todos los requisitos técnicos y regulatorios necesarios para su conexión a la red. Estos activos alcanzaron su cierre financiero a principios de 2025 y cuentan con un PPA (acuerdo de compraventa de energía) a largo plazo con Merck, una de las corporaciones “más solventes a nivel mundial”.

El director de Europa y Latam de la multinacional, Sergio Arbeláez, ha subrayado “la relevancia de este hito en la consolidación de Matrix en el mercado español”. “La conexión a red de Cruz de los Caminos y Piedra de la Sal representa un nuevo logro para la compañía, apenas cinco años después de su fundación”, ha recalcado, concluyendo que “este hito afianza aún más su actividad en España, un país de referencia mundial en el sector de las energías renovables”.

En paralelo, Matrix ha recordado que continúa impulsando una estrategia centrada en la hibridación de sus plantas operativas y futuras, integrando sistemas de almacenamiento de energía y tecnología eólica para optimizar el rendimiento de los activos y así poder aportar mayor flexibilidad a la red.

Asimismo, la compañía avanza en el desarrollo de sistemas independientes de almacenamiento de energía en baterías (stand-alone BESS), reafirmando su objetivo de construir una cartera de activos equilibrada y diversificada, capaz de responder a las necesidades cambiantes del sistema eléctrico y de los mercados energéticos.

A través de este enfoque integrado, Matrix ha enfatizado que busca “maximizar la resiliencia, la eficiencia y el valor a largo plazo de su cartera, mientras continúa contribuyendo al desarrollo de un sistema energético más sostenible, flexible y seguro en España”.

La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), Ecologistas en Acción, la Plataforma Aliente y la Plataforma de Afectados por el Parque Solar Fotovoltaico 'Haza del Sol' han escenificado este lunes en Guadalajara su rechazo frontal al proyecto fotovoltaico previsto en Fuentelencina y han reclamado una moratoria inmediata que permita abrir un proceso de diálogo y revisión del expediente.

Con la presencia también en la comparecencia de numerosos agricultores, estos colectivos han denunciado la “falta de información” del Ayuntamiento de Fuentelencina, criticaron la actuación de la Junta de Castilla-La Mancha y han reclamado públicamente el cese del delegado provincial de Agricultura, Santos López Tabernero, que además es alcalde del municipio afectado.

El proyecto 'Haza del Sol' contempla una planta fotovoltaica de 275 hectáreas --2,75 millones de metros cuadrados-- y una línea de evacuación de 41 kilómetros que atravesaría distintos municipios de la provincia hasta conectar con Madrid. Según APAG, el parque supondrá una “agresión” al sector agrario, al paisaje y al ecosistema de la Alcarria.

El presidente de APAG, Juan José Laso, sostiene que la infraestructura “no aporta ningún beneficio” a la provincia y que únicamente servirá para exportar energía fuera del territorio. “Esto va a ser una cicatriz más para transferir energía a Madrid, sin ningún beneficio para los que habitamos el medio rural de Guadalajara”, ha afirmado.

Laso ha defendido que el Ayuntamiento todavía dispone de herramientas urbanísticas y administrativas para frenar o replantear la instalación y ha pedido que se apruebe una moratoria municipal “para abrir un periodo de discusión y diálogo”.

Uno de los aspectos más duros de la comparecencia ha sido la crítica al doble cargo de Santos López Tabernero como alcalde de Fuentelencina y delegado provincial de Agricultura. APAG ha calificado de “incomprensible” que quien representa institucionalmente al sector agrario respalde, a su juicio, un proyecto perjudicial para agricultores y ganaderos.

“Un delegado de Agricultura tiene que apoyar al sector agrícola y defender las incorporaciones de jóvenes agricultores, no ser un adalid de empresas fotovoltaicas”, ha declarado Laso, que ha pedido al consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, que lo cese “y explique por qué favorece un proyecto que va contra los intereses agrícolas de la provincia”.

Más de 50 afectados

Por su parte, la Plataforma de Afectados ha denunciado además que los propietarios y agricultores no tuvieron conocimiento oficial del proyecto hasta febrero de este año, cuando comenzaron a recibir cartas de la empresa promotora planteando contratos de alquiler o advirtiendo de posibles expropiaciones.

Aurelio Urigoga, portavoz de la plataforma, ha asegurado que los vecinos se sintieron “desprotegidos” y ha denunciado que el Ayuntamiento “en ningún momento” les informó previamente de la tramitación. “O cedíamos las tierras por 1.000 euros por hectárea o nos las quitaban”, ha resumido.

Según ha detallado, muchos afectados no pudieron presentar alegaciones en fases anteriores porque desconocían la publicación del proyecto en el Boletín Oficial del Estado. “Ningún agricultor de Fuentelencina se lee el BOE todos los días”, ha lamentado.

Calculan que existen más de 50 afectados directos e indirectos entre propietarios, agricultores y explotaciones agrarias vinculadas a la zona del proyecto y a la línea de evacuación.

Durante la rueda de prensa también se ha alertado de las consecuencias económicas para los jóvenes agricultores que recientemente se incorporaron al sector mediante ayudas públicas.

Víctor Plaza, representante de Jóvenes Agricultores de APAG y vecino de Fuentelencina, ha advertido de que algunos podrían incumplir los compromisos adquiridos con la Administración si pierden las tierras de cultivo. “Hay jóvenes que han invertido en maquinaria, modernización y explotaciones y ahora podrían verse obligados a devolver ayudas públicas”, ha denunciado.

“Mientras unas administraciones fomentan el relevo generacional, otras permiten proyectos que nos expulsan del territorio”, ha añadido.

Impacto

También desde Ecologistas en Acción y Aliente han respaldado las críticas y denunciado “prepotencia” por parte de las empresas promotoras. Se han cuestionado especialmente las cartas remitidas a los propietarios con plazos de 15 días para aceptar acuerdos antes de iniciar posibles expropiaciones.

La organización ecologista ha asegurado haber trasladado esta situación a la Consejería de Desarrollo Sostenible y criticado la ausencia de una normativa autonómica clara que proteja a los propietarios frente a este tipo de proyectos.

Además, los colectivos han insistido en que no se oponen a las energías renovables, pero sí al modelo de implantación elegido. Los afectados han cuestionado también aspectos técnicos del expediente, como la ausencia de un plan de desmantelamiento de la planta al finalizar su vida útil o de estudios de seguridad específicos frente a incendios.

Asimismo, han advertido de posibles impactos sobre la fauna protegida y sobre explotaciones ganaderas próximas, entre ellas una finca de caballos árabes situada junto al trazado de la línea de evacuación. Durante la comparecencia, técnicos de APAG han recordado que el proyecto inició su tramitación ambiental en 2021 y obtuvo posteriormente declaración de impacto ambiental favorable con modificaciones.

Sin embargo, ha apuntado que todavía queda pendiente el procedimiento vinculado a la declaración de utilidad pública y las expropiaciones. Todos ellos han insistido en que todavía existen vías administrativas y municipales para intentar frenar el proyecto, especialmente a través de alegaciones y de la ordenación urbanística local.

En este sentido, han citado ejemplos de municipios de Guadalajara que aprobaron moratorias o restricciones a instalaciones fotovoltaicas. “Se llenan la boca hablando de la España despoblada y del medio rural, pero luego permiten que se expulse a agricultores y jóvenes de los pueblos”, han resumido los convocantes.