De Almaraz a Ascó y Vandellós: se reabre el melón de alargar la vida a las nucleares catalanas
Las nucleares de Almaraz, Ascó y Vandellós están separadas por casi 600 kilómetros, pero unidas por un mismo debate: la prórroga de su funcionamiento. La ampliación hasta 2030 de la vida de la central extremeña ha generado expectativas en las instalaciones catalanas, cuyos partidarios confían en alargar su fecha de cierre, mientras que ecologistas y grupos de izquierda reclaman mantener el calendario previsto.
El melón nuclear se ha reabierto en Catalunya, la comunidad que concentra tres de los siete reactores que hay en España, todos ellos en una única provincia: Tarragona. A falta de las próximas explicaciones parlamentarias que deberá dar sobre el asunto, el Govern ha evitado sumarse a las voces que piden que la prórroga de Almaraz sea la antesala de cambios en el calendario de desmantelamiento de las centrales catalanas.
Los planes actuales contemplan el cierre en 2030 de Ascó I, en 2032 de Ascó II; y en 2035 de Vandellós II. El año 2030 también es la nueva fecha prevista de cierre de Almaraz I y II y de la central de Cofrentes (Valencia), mientras que en el caso de Trillo (Guadalajara) su apagón se contempla para 2035.
En el debate sobre las nucleares se cruzan vectores clave del futuro modelo energético y económico español, pero también locales: Ascó y Vandellós dan trabajo a unas 3.000 personas (en buena medida, empleos de alta cualificación), a los que hay que sumar los empleos indirectos. Todos los municipios con centrales pueden disponer de los fondos de transición nuclear para ayudar a la transición energética y la reorientación de la actividad económica.
El alcalde Ascó, Miquel Àngel Ribes, se declara “totalmente a favor” de prorrogar la vida de la central del municipio. Su posición no se explica por la defensa exclusiva de los intereses de Ascó, recalca, sino por los del conjunto del país. “La nuclear es necesaria si queremos mantener los niveles de industrialización y de reducción de gases contaminantes”, defiende.
Para la alcaldesa de Vandellós, Assumpció Castellví, la seguridad debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. “Si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que la prórroga es segura es porque se ha hecho un estudio riguroso”, remarca. “El debate tiene que ser técnico y no político”, agrega.
Por el contrario, el investigador en energía del Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Alfons Pérez López, cree que el debate sobre las nucleares es indisociable al del modelo económico. “La industria consume mucha energía, pretender un cambio hacia la instalación de centros de datos que todavía consumen más nos lleva a una espiral de demanda infinita de energía totalmente irracional”, valora.
El debate, admite Pérez, es complejo, que tiene claro que los empleos no pueden ser una excusa para no abordarlo: “No se puede situar al trabajador de la nuclear como escudo humano de un problema que es de modelo económico”.
Los alcaldes de Ascó y Vandellós rechazan enmarcar el debate en un dilema entre nucleares y renovables y se muestran partidarios de ambos tipos de energía. “Lo importante es dar estabilidad a la red eléctrica, especialmente para la industria, pero esto a día de hoy solo con las renovables no es posible”, sostiene Méndez, mientras que Castellví recuerda que su consistorio impulsa un centro de investigación en renovables en su municipio.
El apoyo a las renovables no es unánime en todos los municipios catalanes. Catalunya lleva años de retraso en el impulso de energías limpias. Las razones pasan por los complejos trámites burocráticos, pero también por el malestar de colectivos y municipios de Lleida y Tarragona, que ven un agravio territorial en los planes para instalar grandes parques energéticos en sus campos en contraste con otras zonas del país.
El resultado es que en 2025 Catalunya cubrió solo un 15% de su demanda eléctrica con renovables, muy lejos del objetivo del Govern del 50% para 2030. Un retraso que da más alas a los partidarios de alargar la vida de las nucleares. Ante el malestar territorial y ecologista y el alud de 12.000 alegaciones, el Ejecutivo catalán ha aplazado la aprobación del Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya (PLATER) hasta el verano de 2027, cuando inicialmente quería hacerlo este año.
A nivel político, los socios del Govern, ERC y Comuns, han exigido a Illa que se cumpla con las fechas de cierre previstas de las centrales catalanas. En cambio, la diputada en el Congreso de Junts, Pilar Calvo, en declaraciones a TV3, consideró “absolutamente irresponsable mantener el calendario porque pondría en riesgo la garantía de suministro”.
“Gusten más o menos, las nucleares son necesarias porque no tenemos suficiente potencia eléctrica: para construir una urbanización hace falta potencia eléctrica, y para levantar un polígono industrial también”, asevera Castellví (Junts).
Prorrogar la vida de las nucleares catalanas, añade Ribes (del partido municipalista Per Tu), permitiría “dar más tiempo” a los municipios para afrontar la transición y diversificación económica que supondría el desmantelamiento de las instalaciones.
Ribes y Castellví también admiten un contexto internacional más favorable a la prórroga: el accidente de la central japonesa de Fukushima de hace quince años impulsó en buena parte de Europa un programa para cerrar las nucleares al que se empieza a dar marcha atrás por la inestabilidad energética que han generado la invasión rusa de Ucrania y la reciente crisis del estrecho de Ormuz.
“El error del Gobierno ha sido argumentar la prórroga de Almaraz en base a una cuestión coyuntural como la crisis energética derivada de las guerras en Ucrania e Irán, y obviar por completo que el programa para cerrar las nucleares es una política estructural del país”, reflexiona Pérez.
El experto del ODG alerta de que la prórroga de Almaraz “es un error de envergadura que el país pagará muy caro” y que “allana el camino para que PP y Vox hagan lo que quieran con el calendario de cierre” en caso de que obtengan una mayoría tras las próximas elecciones generales.
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