Un año más, y ya son once, el Partido Animalista y con el Medio Ambiente (Pacma) ha salido a las calles de Sevilla para su manifestación antitaurina. Es la segunda más importante que organiza en España esta formación tras la de Madrid, y este año ha vuelto a recorrer las calles de la capital andaluza bajo el lema 'No matarás'.

Pretendía denunciar “la contradición” que supone para los toreros y sus seguidores confesarse creyentes y, al mismo tiempo, apoyar el maltrato animal.

Han sido más de dos horas de recorrido desde los Jardines de Murillo, en el inicio de la calle San Fernando, hasta las mismas puertas de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la plaza de toros. Aunque ha llegado a ese punto sensible, no ha habido que contar en el recorrido incidente alguno, más allá de algún grito de apoyo al torero Morante de la Puebla por un joven en la calle Arfe, y la recriminación de un aficionado a los toros en la puerta del coso sevillano, que se enfrentó a voces con una de las manifestantes recriminándole su presunto consumo de cordero mientras protesta contra la tauromaquia.

A su lado, un hombre con un abanico de Vox en las manos mandaba “a trabajar” a los manifestantes. Precisamente, una veintena de componentes de este partido ha querido “contraprogramar” la manifestación con una gran pancarta a las puertas de la Maestranza, mientras que algunos hombres más portaban pancartas en defensa de las corridas.

La Policía, “por seguridad”, ha impedido a Pacma montar el escenario preparado para el acto final de la manifestación, a pesar de que algo antes de las 19.00 horas las pancartas han sido recogidas y quienes las portaban se han ido a ver la corrida. La acera, entonces, ha quedado despejada tras una concentración que, al ser de más de 20 personas y cortar el tránsito de una vía pública precisaba de permiso de la Subdelegación del Gobierno en la provincia. Esta redacción ha intentado, sin éxito, conocer por parte de la Subdelegación si el partido de ultraderecha tenía permiso para realizar este acto.

Ante esta situación, Pacma ha anunciado que protestará ante la Subdelegación por el trato recibido. Ya en la salida han tenido dificultades para que el vehículo que abría el acto ocupase su sitio, y han tenido que mostrar los permisos oficiales que han gestionado para que la Policía se lo permitiese.

Lemas en varios idiomas

Por lo demás, el recorrido no ha tenido mayores incidencias. En los carteles se han mostrado lemas contra la tauromaquia en español, japonés o francés, que han sido grabados por centenares de turistas en su recorrido. Algunos se lo han tomado como una actividad festiva más en la tarde de sábado sevillana, sobre todo por la batucada que abría el camino.

Entre los manifestantes, el presidente de Pacma y candidato a la Junta de Andalucía, Javier Luna, ha reclamado el fin de la tauromaquia una vez más en esta manifestación, que se celebra en Sevilla desde hace años, y ha expuesto que, según algunas encuestas, un 80 por ciento de la población la rechaza, para añadir que “se está avanzando muchísimo” en concienciación social, pero a nivel político ve “un poco de retroceso”, porque PP, PSOE o Vox apuestan por sostener y apoyar las corridas de toros.

La coordinadora de Pacma en Sevilla, Clara Márquez, ha asegurado que la tauromaquia está en declive “cada vez más”, aunque en Sevilla existe la “controversia” de ver la plaza de la Real Maestranza llena, aunque considera que “eso no representa a la sociedad sevillana en absoluto”, y enfatiza: “Cada vez somos más gente gritando en redes sociales y en la calle”.

Ha recordado que el aforo de la Maestranza no llega a los 13.000 espectadores, mientras que más de 1.000 personas han protestado en la calle.

Y ha dicho, además, que la próxima semana habrá una nueva protesta de Pacma, en esta ocasión contra los coches de caballos que recorren la capital andaluza, para los que reclaman alternativas con vehículos eléctricos, como se ha planteado en Málaga o se hace desde hace tiempo en Santo Domingo.

El Ayuntamiento de Puertollano, en Ciudad Real, gobernado por el PP, quiere organizar dos festejos taurinos para los días 2 y 3 de mayo en la ciudad. Para ello, ha sacado a licitación mediante un procedimiento negociado y sin publicidad, la contratación de ambos eventos. En concreto, una novillada sin picadores y una corrida de toros en el Coso Polivalente de la localidad, dentro del programa de la próxima Feria de mayo.

El precio de licitación, así como el valor estimado del contrato, asciende a 75.000 euros que, sumados a 15.750 euros de IVA (un 21%), asciende a un total de 90.750 euros.

Así se establece en el pliego de cláusulas administrativas del Portal de Contratación Pública que ha consultado este medio con motivo de una denuncia hecha pública por la Fundación Franz Weber. Este colectivo considera que será “dilapidar” dinero público ya que en la ciudad no existe “una demanda social real”.  

“Sin esta aportación municipal ningún promotor querría arriesgar su dinero, por lo que la realidad evidencia que no existe una demanda de la ciudadanía del municipio por la tauromaquia y esta debe ser subvencionada de forma importante”, argumentan.

Al mismo tiempo afirman que mientras todos los estudios sociológicos “muestran que existe una mayoría de castellanomanchegos que no asiste a corridas de toros ni otras convocatorias taurinas”, el uso de dinero público “ayuda a sostener la actividad de forma artificial”.

En el pliego, el Ayuntamiento precisa que se considera justificada la utilización del procedimiento negociado sin publicidad, al concurrir “razones artísticas, actuaciones artísticas únicas y de exclusividad que limitan la competencia efectiva en el mercado” y hace referencia a un informe técnico municipal con fecha del pasado 3 de marzo.

50 entradas gratis para el propio Ayuntamiento

Además, el pliego contempla, entre otras curiosidades, la obligación de la empresa adjudicataria de entregar 50 entradas gratis “que serán discrecionalmente distribuidas por esta”, es decir, se destinarían a la propia Corporación local.

De hecho, el gasto no solo será de más de 90.000 euros, ya que el Ayuntamiento detalla en el documento obligaciones el empleo de la Banda de Música municipal, personal de plaza y maquinaria, o la preparación del ruedo, lo que sumaría costes a sendos eventos.

La Fundación Franz Weber destaca que el anuncio del contrato se produce semanas después del nuevo posicionamiento del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al respecto de la participación de niñas, niños y adolescentes en la tauromaquia en España. Pero en el pliego no indica la posibilidad de acceso bonificado o con oferta especial  para personas menores de edad.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida también ha expresado su “más enérgico rechazo” a esta iniciativa. “Este tipo de festejos no solo promueven una práctica que genera sufrimiento animal, sino que también ponen en cuestión los valores éticos y los derechos de los animales en pleno siglo XXI”.

Esos fondos podrían emplearse en políticas culturales inclusivas, educación, equipamientos deportivos o actividades que fomenten el bienestar de toda la población

Grupo Municipal de Izquierda Unida

De igual forma, rechazan que se destinen recursos públicos a financiar y promocionar espectáculos “que no cuentan con el consenso ni el respaldo mayoritario de la ciudadanía”, cuando esos fondos podrían emplearse en “políticas culturales inclusivas, educación, equipamientos deportivos o actividades que fomenten el bienestar de toda la población”.

Aseguran que este posicionamiento ya lo han manifestado en el pasado ante otros eventos taurinos programados en la ciudad, calificándolos como “un retroceso injustificable que aparta a Puertollano de su potencial desarrollo cultural moderno y respetuoso con los derechos de los animales”.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Puertollano para conocer su opinión sobre estas valoraciones y también para saber si se permitirá la entrada a menores a estos dos eventos, sin que de momento haya habido respuesta.

Desde la llegada del PP al Ayuntamiento tras las elecciones municipales de 2023, el nuevo equipo de Gobierno municipal ha hecho varios intentos por recuperar la tauromaquia, el primero de ellos en septiembre de ese mismo año con motivo de las fiestas patronales en honor de la Virgen de Gracia.

Lo hicieron con un curso para aficionados de toreo de salón (una modalidad que simula esta práctica sin utilizar animales), así como una jornada de puertas abiertas en la Plaza de Toros, día en el que también se hizo una exhibición de toreo de salón en el Paseo de San Gregorio.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha apostado por ser “un referente taurino” en la comarca, un objetivo que también busca con la celebración de los eventos licitados para mayo.

La Fundación Franz Weber ha denunciado que el Gobierno de La Rioja colaborará con un llamado 'Bolsín Taurino', consistente en “tentaderos donde menores de edad podrán ejecutar violencia real sobre animales ante la mirada de público, donde también podrán acceder niños y niñas”. El Bolsín Taurino que organiza la Federación Taurina de La Rioja ya ha abierto el plazo para apuntarse y permite la participación a partir de los 16 años.

Si bien hasta ahora no se ha informado del apoyo económico del Gobierno de La Rioja para esta actividad este año, la entidad promotora recibió en 2024 y 2025 un total de 76.000 euros en subvenciones públicas, la inmensa mayoría provenientes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Lo que para la Fundación Franz Weber supone “un claro desafío a las Observaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño”.

En el capítulo de 'violencia contra los niños' advierte: “Preocupado por el hecho de que los niños sigan presenciando la violencia y la muerte de los participantes durante las fiestas taurinas populares que se celebran en todo el Estado parte, el Comité reitera sus recomendaciones anteriores y recomienda que el Estado parte, tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas, establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción”.

“Y lleve a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros”.

Es la segunda ocasión que este organismo de Naciones Unidas pone en su punto de mira la tauromaquia, “tras las observaciones formuladas en 2018 y que prácticamente ninguna comunidad autónoma, ni el Gobierno de España, cumplieron”.

Por la información que han podido acceder desde la Organización internacional estas prácticas con menores comenzarían el 1 y 3 de mayo en los términos municipales de Nájera y Villamediana de Iregua. Sin embargo, como señalan los naturalistas, “la convocatoria de tentaderos con participación y asistencia de menores, en este contexto, supone un desafío claro y un incumplimiento de las peticiones del comité de expertos en la Convención Internacional sobre Derechos del Niño”.

Ante esta situación, FFW ha reclamado este domingo al Gobierno de Gonzalo Capellán “la paralización de todo convenio o acuerdo de apoyo institucional y económico a prácticas que impactan sobre el desarrollo físico, social y moral de las personas menores de edad, evitando en el futuro dar soporte a actividades que suponen un menoscabo para los mismos”.

En España, pocas tradiciones dividen tanto a los ciudadanos como la tauromaquia. Durante siglos fue celebrada como una forma de arte, un ritual cargado de simbolismo y valentía. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la imagen del toro agonizando en la arena ya no encaja con la sensibilidad de una sociedad que ha aprendido a mirar el sufrimiento animal con otros ojos. La fiesta nacional, antaño orgullo colectivo, se ha convertido en un espejo incómodo que refleja la tensión entre pasado y presente.

La cuestión no es solo estética ni moral: es cultural. La tauromaquia pertenece a un tiempo en que la violencia era parte del espectáculo y el sacrificio un componente esencial del honor. Pero la cultura, si quiere sobrevivir, debe transformarse con quienes la viven. Mantener vivas prácticas que se sustentan en el dolor contradice la ética contemporánea, aquella que reconoce la vida como valor en sí mismo. En este contexto, insistir en ensalzar la tauromaquia como patrimonio intangible no es un gesto de fidelidad al arte, sino de resistencia al cambio.

Por eso resulta tan llamativo que Castilla-La Mancha haya decidido mantener su Premio Regional de Tauromaquia. El argumento oficial apela a la defensa de la tradición y a la preservación de una identidad cultural. Pero esa defensa es cada vez más difícil de sostener sin caer en la contradicción. ¿Qué dice de una comunidad moderna que premie públicamente una práctica cuestionada por buena parte de sus ciudadanos? ¿No sería más coherente abrir camino a nuevas formas de expresión cultural que encarnen los valores de nuestro tiempo?

Mantener ese reconocimiento institucional revela para mí un problema más profundo: la confusión entre conservar y perpetuar. Respetar las raíces no implica impedir que crezcan ramas nuevas en el árbol. La cultura no se empobrece cuando abandona viejas costumbres; se vuelve más lúcida, más acorde con el pulso del mundo. Al seguir premiando la tauromaquia, Castilla-La Mancha no protege su herencia, sino que la fosiliza. Convierte el arte del toreo en un vestigio, un símbolo que sobrevive más por inercia que por convicción.

La tauromaquia puede tener valor histórico, literario o incluso antropológico, pero su defensa como práctica viva solo se sostiene si ignoramos el cambio moral de nuestra época. Aceptar su anacronismo no significa renegar del pasado, sino reconocer que la cultura, que la ética, evolucionan. Y quizá haya llegado el momento de entender que honrar nuestra historia no pasa por repetirla, sino por aprender a dejarla descansar.

Castilla-La Mancha, al mantener su premio, conserva también un espejo donde el país entero puede mirarse. No se trata de juzgar con desprecio lo que formó parte de nuestra historia, sino de decidir qué nuevos valores queremos. Defender la tauromaquia en el siglo XXI ya no es un acto de amor por la cultura, sino una forma de resistencia a la evolución ética. Y esa resistencia, inevitablemente, la convierte en lo que más teme ser: una reliquia brillante, pero muerta, de un tiempo que ya no nos pertenece.

La reciente decisión de varios gobiernos autonómicos —entre ellos el de Castilla-La Mancha, junto a otras comunidades gobernadas por el Partido Popular— de reactivar la convocatoria del Premio de Tauromaquia, supone un retroceso difícil de justificar. Este galardón, creado como alternativa al Premio Nacional que fue suprimido por el Ministerio de Cultura, pretende otorgar 30.000 euros públicos para ensalzar una práctica que nuestra sociedad cuestiona cada vez más.

Mientras estas comunidades organizan la entrega en el Senado y tratan de envolver la tauromaquia en una imagen de prestigio institucional, la realidad es mucho más simple: no es una prioridad social. Y, sobre todo, no es un destino responsable para el dinero de todos y todas.

Un gasto que no responde a las necesidades reales

En plena crisis de la atención primaria, con listas de espera que desesperan a las familias; con jóvenes que no pueden emanciparse por la falta de vivienda asequible; con aulas saturadas y profesionales educativos exhaustos… resulta incomprensible que se dediquen recursos públicos a celebrar un espectáculo basado en el sufrimiento animal.

Cada euro que se destina a este premio es un euro que no se invierte en sanidad, uno que no va a vivienda pública, uno que no refuerza la educación. No hablamos de simbolismo: hablamos de prioridades presupuestarias que tienen un impacto directo en la vida de la gente.

Una visión cultural que va a contracorriente La tauromaquia no representa hoy a la mayoría social. La sensibilidad hacia el bienestar animal ha cambiado, y España avanza hacia modelos culturales pluralistas, inclusivos y respetuosos. Sin embargo, se insiste en blindar una actividad que divide, que no genera consenso y que se sostiene cada vez más por subvenciones públicas.

Modernizar la política cultural

Premiar la tauromaquia no protege ningún patrimonio: protege intereses económicos y políticos muy concretos. Lo que sí sería proteger el patrimonio común es invertir en bibliotecas, teatros, jóvenes creadores, formación artística, patrimonio histórico, ciencia y cultura accesible.

Otra forma de gobernar es posible

Como co-coordinadora de SUMAR en Castilla-La Mancha, defiendo que la cultura es un derecho, no una excusa. Y que la política cultural debe mirar al futuro, no anclarse en tradiciones que chocan con los valores éticos y sociales de nuestro tiempo.

Por eso les pido al Gobierno de la Junta de Emiliano García Page que dejen de participar en este premio y que redirija esos fondos a lo que verdaderamente importa. Sanidad, vivienda y educación no necesitan más discursos: necesitan inversión real, urgente y valiente. Lo contrario es, sencillamente, fallar a la ciudadanía.

En mayo de 2024, el Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun (Sumar) decidió anular el Premio Nacional de Tauromaquia. Y como respuesta, el Gobierno de Castilla-La Mancha apostó por impulsar, junto a otras comunidades autónomas, todas ellas gobernadas por el PP, el Senado (donde este partido tiene mayoría absoluta) y la Fundación Toro de Lidia su propio galardón.

Ahora, el Ejecutivo de Emiliano García-Page, ferviente defensor de la tauromaquia, volverá a impulsar la segunda convocatoria de este galardón 'alternativo' al que suprimió Urtasun. El año pasado, de hecho, el premio se falló en las dependencias del Gobierno castellanomanchego. Este año se fallará en Santander el próximo 8 de abril y se entregará, como el año pasado, en el Senado, en una fecha aún por determinar.

Concretamente, el galardón está convocado conjuntamente el Senado, la Junta de Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Gobierno de Aragón, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid, Junta de Castilla y León, Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Toro de Lidia.

Al igual que en la pasada edición -que premió al director de cine Albert Serra y a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia- la dotación económica será de 30.000 euros, el mismo importe que el correspondiente a los Premios Nacionales de Cultura.

Las candidaturas al Premio Nacional de Tauromaquia podrán ser presentadas por los miembros del jurado o por las entidades, centros instituciones o profesionales relacionados con la tauromaquia, mediante “propuesta razonada”, dirigida al presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín García.

El desafío de Page

Hace dos años, la iniciativa de Page fue un desafío a la decisión del ministro Urtasun de suprimir el premio. Solo unas horas después de que este último anunciara que ese galardón no se volvería a entregar, el presidente de Castilla-La Mancha anunciaba en redes sociales su intención de contactar con el sector taurino para crear desde Castilla-La Mancha unos Premios de Tauromaquia. A la iniciativa se sumaron finalmente otras comunidades autónomas, todas del PP.

No era la primera vez que Page se enfrenta al Gobierno de Pedro Sánchez por la cuestión taurina. Cuando el Ejecutivo central aprobó el bono cultural para jóvenes y decidió, en un primer momento, no incluir la tauromaquia entre las actividades bonificados, el presidente de Castilla-La Mancha dijo que no le parecía bien “trabajar en el fomento de la cultura excluyendo”. Después, el Tribunal Supremo obligó al Gobierno a la incorporación de estos festejos.

El premio nacional de tauromaquia ahora suprimido se creó en 2011 para añadirlo a los que ya se daban en Bellas Artes, Teatro, Música u otras disciplinas artísticas. Se estableció una dotación económica de 30.000 euros, 10.000 más, por ejemplo, que los que recibían los ganadores de los premios nacionales de literatura. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ya en sus últimos meses, quiso reconocer la tauromaquia como una “disciplina artística” y creó el premio a la vez que traspasaba las competencias del Ministerio de Interior al de Cultura.

La Consejería de Cultura de Castilla y León destina 295.000 euros a la organización del circuito de novilladas 2026, según ha aprobado este jueves el Consejo de Gobierno.

El Circuito de Novilladas que se celebra en Castilla y León se concibe tanto como una medida de promoción y difusión de la tauromaquia como patrimonio cultural de los castellanos y leoneses, como de impulso a la continuidad de la fiesta mediante el apoyo a los jóvenes aspirantes a profesionales taurinos, especialmente a aquellos oriundos de la Comunidad. Con esta subvención se financiarán los gastos subvencionables que se realicen entre el 1 de marzo y el 15 de noviembre, según ha informado la Junta de Castilla y León a través de un comunicado.

La Fundación del Toro de Lidia, que llevará a cabo la organización del certamen, es la única entidad con experiencia en la organización de este tipo de actividades, y desde el año 2021 organiza la Liga Nacional de Novilladas, compuesta en la actualidad por cinco circuitos de novilladas con picadores, en los que participan diferentes comunidades autónomas: además de Castilla y León, Madrid, Andalucía, Extremadura y Comunidad Valenciana.

El Circuito de Novilladas de Castilla y León tiene previsto un calendario de celebración en 2026, entre el 13 de junio al 8 de agosto, y constará de seis novilladas con picadores, que se celebrarán en plazas de toros de Castilla y León, donde intervendrán novilleros punteros de la Comunidad. El objetivo de este certamen taurino es dar visibilidad a aspirantes con demostradas condiciones para esta profesión y que pueden no evolucionar por falta de oportunidades. En el certamen intervendrán un total de seis novilleros, cinco de ellos oriundos de Castilla y León y un novillero de otra comunidad autónoma, que participará mediante un sistema de intercambio, basado en los principios de reciprocidad e igualdad de trato, que propicia la interacción entre los distintos certámenes de novilladas que componen la Liga Nacional de Novilladas.

Estas acciones suponen una innovación en la industria del toro, un modelo con una serie de señas de identidad. Además, el circuito contará con unas normas claras de acceso y participación basadas únicamente en los méritos de sus participantes. Todos ellos estarán sujetos a la normativa taurina vigente.

El calendario de celebración previsto tendrá una primera fase de novilladas, que se celebrarán el 13, 20 y 27 de junio. Seguirán dos semifinales el 11 y 25 de julio, para concluir el Circuito con la final, el 8 de agosto

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte tiene entre sus objetivos dirigidos a promover e impulsar la tauromaquia como bien de interés cultural de carácter inmaterial, la promoción, protección, ilustración, estudio y difusión de la tauromaquia, como manifestación cultural secular. A lograra este objetivo de promoción de la tauromaquia se une el hecho de que la Liga Nacional de Novilladas fomenta e impulsa las carreras de los jóvenes profesionales de la Comunidad, permitiéndoles no solo participar en las novilladas a celebrar en el propio territorio, sino también fuera de la Comunidad en el resto de los circuitos que conforman la Liga Nacional.

La Junta de Castilla y León no sancionará ni a la Escuela Taurina de Salamanca ni al Ayuntamiento de Ledesma o a la Diputación (Salamanca) que permitieron torear a un menor de 15 años en el Bolsín Taurino de marzo de 2024. El menor tenía 14 años en el momento del certamen, y el propio Ayuntamiento reconoció este “error administrativo” en agosto de 2024 en un escrito oficial. Sin embargo, la Junta de Castilla y León no activó el proceso sancionador. En enero de 2026, el Procurador del Común —el Defensor del pueblo autonómico, que también ostenta la responsabilidad sobre la Transparencia con los mismos recursos económicos y humanos— pidió incoar un procedimiento sancionador “para depurar las presuntas responsabilidades”. Pero no se ha hecho al final.

La Consejería de Medio Ambiente, que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha aceptado el escrito del Procurador del Común y ha valorado la posibilidad de incoar el procedimiento sancionador por dos infracciones graves al contravenir las bases del certamen taurino: una persona no habilitada para la lidia intervino en el espectáculo y se incumplieron las condiciones establecidas en la normativa municipal, que en el caso de Ledesma se limitó a mayores de 15 años. Sin embargo, el departamento de Suárez-Quiñones no ve factible iniciar el proceso sancionador porque, como el bolsín taurino se celebró en 2024, las infracciones habrían prescrito. El Procurador del Común, por lo tanto, ha dado por finalizada su intervención y ha archivado el expediente.

Así, quedará impune que, en una serie de “errores” de la Escuela Taurina, el Ayuntamiento de Ledesma o la Diputación de Salamanca, un chico de 14 años participara en un evento taurino a pesar de que no estaba permitido hacerlo hasta no haber cumplido los 15 años, un hecho que se consideró probado e “irregular”, puesto que las normas eran muy claras al respecto. El Ayuntamiento “debía haber excluido, descalificado o denegado la participación del joven seleccionado por la Escuela Taurina por incumplir tal requisito. Este acto hubiera garantizado la legalidad del evento y la seguridad del menor admitido”, zanjó el Procurador del Común hace unos meses. Además, el Ayuntamiento de Ledesma ya subió la edad mínima desde el año pasado hasta los 16 años, según su normativa.

Una documentación que no se sabe quién revisó

Este alumno, que entonces tenía 14 años, estaba en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, donde los padres de dos menores han denunciado que sus hijos han sufrido acoso sexual por parte de compañeros y acoso de un profesor hacia un alumno. Esta Escuela proponía a los alumnos para que participaran en los diferentes bolsines. Las normas del espectáculo taurino obligaban a que los más pequeños tuvieran como mínimo 15 años cumplidos el último día de la inscripción y las candidaturas de los novilleros debían ir acompañadas de su “currículum taurino” con fotocopia del DNI o pasaporte, copia del carnet de novillero del Ministerio de Cultura y el documento de afiliación a la Seguridad Social. Los menores de edad también debían presentar una autorización escrita de los progenitores o tutores legales.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento (PP) han derivado las responsabilidades a la Diputación de Salamanca (PP) a pesar de que  las bases del concurso establecían que el DNI, el “currículum taurino” y la autorización del tutor responsable del menos debían enviarse al correo electrónico del Ayuntamiento. Sin embargo, el alcalde defendió que esos datos no los tramitaban ellos. Al no tramitarse ningún expediente sancionador, no se ha hecho público qué institución o entidad era la responsable de vigilar que todos los participantes cumplieran con los requisitos necesarios.

“Sus responsables debían conocer la edad del menor, al estar obligados a disponer del libro de alumnos con sus datos de identificación registrados”, señalaba el Procurador del Común. A pesar de que las resoluciones no son de obligado cumplimiento, es habitual que las Administraciones públicas acaten las recomendaciones e instancias del Procurador del Común.

La Diputación entrega anualmente una subvención de 3.000 euros a la “Asociación Bolsín Taurino Ayuntamiento de Ledesma” porque considera que estos bolsines, “y concretamente el desarrollado por el Ayuntamiento de Ledesma”, son “parte importante de la identidad” de Salamanca y “un escaparate sin igual para que los jóvenes novilleros se muestren su buen hacer y así conseguir oportunidades que les validen en su camino y formación como matadores de toros, siendo esta la meta y aspiración de todos ellos”. El área de Cultura de la Diputación de Salamanca entrega 21.900 euros anuales en subvenciones directas (para los bolsines de Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo, Ledesma, Parada de Rubiales y el Museo Taurino de Salamanca) y otros 190.000 euros en concurrencia competitiva para que los Ayuntamientos organicen novilladas con la participación de alumnos de la Escuela de Tauromaquia. Cada uno de esos bolsines tiene una normativa determinada y limita la edad de participación, que en Castilla y León es como mínimo de 14 años. Igual que en Ledesma era de 15 años la edad, mínima, en otros municipios como Candeleda (Ávila), Alba de Tormes o Ciudad Rodrigo (Salamanca), la edad mínima de participación es de 16 años.

Por un error en la revisión del artículo, se tituló 'Castilla y León deja sin sanción al Ayuntamiento de Salamanca por dejar torear a un menor de 15 años al expirar los plazos'. El Ayuntamiento de Salamanca no tiene nada que ver con esta situación.

La asociación animalista Haiekin, en representación de diversas organizaciones, entregará este próximo jueves en el Parlamento Vasco cerca de 41.000 firmas contra la ley de festejos taurinos con reses pequeñas que tramita la Cámara.  Se trata de una reforma legislativa “de urgencia” planteada por PNV y PSE-EE en el Parlamento Vasco para regular festejos taurinos con reses pequeñas en los que participan menores, como la 'sokamuturra' o las becerradas. Ese texto incorpora, además, artículos y referencias que plantean “divulgar los valores históricos y tradicionales asociados a los festejos”, que destacan que “la tauromaquia popular tiene una larga y documentada tradición en Euskadi” y que hay que asegurar su “continuidad” entre las nuevas generaciones.

Este colectivo ha explicado, en un comunicado, que a través de estos apoyos ciudadanos se pretende acreditar el “rechazo frontal” a la iniciativa. Los colectivos promotores de esta recogida de firmas subrayan que esta iniciativa legislativa “representa un grave retroceso en materia de protección animal e infancia”. En este sentido, han señalado que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha instado a los estados a “proteger a los menores de la violencia física y psicológica inherente a la tauromaquia”, informa Europa Press.

En este sentido, han denunciado que esta ley “no busca regular una actividad tradicional, sino permitir lo que en Euskadi lleva prohibido desde hace 33 años: que menores, sin límite de edad por debajo, participen en festejos taurinos”. Además, han afirmado que esta proposición de ley “obedece exclusivamente al rescate económico de un sector minoritario que se niega a evolucionar conforme a la sensibilidad de la sociedad actual”.

“No existe un interés general que justifique esta norma; por el contrario, se pretende imponer el beneficio de unos pocos sobre el rechazo mayoritario de una ciudadanía que ya no tolera el maltrato animal como forma de espectáculo”, ha indicado. La tramitación de la norma, que no afecta a las corridas de toros, ha sido aprobada con el apoyo de PNV, PSE-EE, PP y Vox, la abstención de EH Bildu, y el rechazo de Sumar.

Dos activistas de PETA, la mayor organización mundial de derechos animales, han protestado en la alfombra roja de los Goya contra Tardes de soledad, el documental sobre la tauromaquia de Albert Serra que llevó al cineasta a ganar la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y que le ha valido la nominación a Mejor Dirección en los premios que concede la Academia.

“El arte crea, la tauromaquia mata”, ha sido el mensaje que han reivindicado ambos activistas con pancartas en español y en inglés. Lo han hecho justo cuando el director pasaba por la alfombra roja, momento que han aprovechado para aparecer y caminar unos metros detrás de él. Estos activistas han sido desalojados por Seguridad.

Tardes de soledad abre debates sobre la moralidad de las imágenes, sobre la representación de la muerte (esta película habría sido impensable como ficción), y sobre cómo se aborda un tema como la tauromaquia. “Si digo la verdad la gente no se la cree, pero no me importaba nada si gustaba o no. No pienso en eso. Suficientes problemas hemos tenido con acabarla a tiempo y que quedara bien”, dijo el director a la prensa tras ganar la Concha de Oro sobre si había pensado si el filme iba a gustar o no.

“Tardes de Soledad es un intento desesperado de glorificar una tradición en decadencia que la mayoría de los españoles ya ha rechazado”, ha dicho Mimi Bekhechi, vicepresidenta de PETA. “Los Premios Goya deberían celebrar el arte, y no hay nada artístico en la tortura y matanza de animales”, ha añadido. Para esta organización, la cinta “ofrece una visión engañosa y romantizada” de unos eventos que considera “crueles y sangrientos”.

Lo cierto es que, tanto taurinos como antitaurinos, muchos han sido los que han alabado el documental, pero Serra prefiere no valorar qué han podido ver unos u otros. Cree que el éxito del filme radica en su “honestidad”. “No rehuye nada. De la misma manera que muestra la intimidad, hay otros planos que muestran otra realidad de violencia. En este equilibrio yo creo que la gente puede encontrar ese mundo que retrata. Por eso es un documental”, indició en la rueda de prensa del Festival de San Sebastián.

Sirat, de Oliver Laxe, y Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, partían como las películas favoritas de la noche. Mientras que Los domingos dejó alguna categoría técnica libre y acabó sumando 13 nominaciones, Sirat le siguía en la cuenta con 11. La cinta de Ruiz de Azúa fue la gran victoriosa de los premios Feroz, pero Sirat llegaba a la gala tras haber triunfado en Cannes y haber logrado llevar a España a los Oscar. Completando el quinteto de nominados se encuentraba la revelación del curso pasado, Sorda, de Eva Libertad —que logró siete nominaciones—; Maspalomas, de Josemari Goenaga y Aitor Arregi —que amasó nueve— y La cena, de Manuel Gómez Pereira, que terminó con ocho.

La plaza de toros de Quintanar de la Orden, en la Mancha toledana, es un coso histórico que se inauguró en 1879. Es de estilo neo mudéjar y tiene capacidad para unos 6.000 espectadores. En esta zona de la provincia de Toledo no hay mucha tradición de festejos taurinos y con los años se ha ido abandonando hasta el punto de que actualmente se encuentra en estado ruinoso, incluido en la Lista Roja de Patrimonio.

Desde hace casi 15 años, en este pueblo de más de 11.000 habitantes ni siquiera se han celebrado corridas de toros, lo que en ocasiones ha llevado a varios colectivos de la localidad a pedir que la antigua plaza de toros se convierta en un espacio multiusos para eventos culturales y conciertos.

Pero con la llegada de PP y Vox al Ayuntamiento tras las elecciones municipales de 2023, la cuestión ha dado un giro con el impulso de la Corporación municipal a la celebración de una corrida de toros en una plaza de toros portátil y, además, el pasado 7 de febrero llevaron a cabo en el municipio las IV Jornadas Taurinas.

A este último acto asistió el alcalde, Pablo Nieto (PP), simbolizando el interés del Ayuntamiento por reavivar la tradición taurina. Pero lo más relevante es que lo presentó Juan Carlos Sánchez Vela. Lo hizo como presidente de la Peña Taurina 'La Encina' y se da la circunstancia de que también es concejal de Agricultura y Medio Ambiente de la localidad.

Sánchez Vela fue presidente de Nuevas Generaciones en el pueblo y forma parte igualmente de la Comisión Ejecutiva del PP provincial de Toledo, que preside Carlos Velázquez, alcalde de Toledo. Es el responsable del programa electoral provincial.  

Y es precisamente el colectivo taurino que preside el que organiza ahora un festival taurino, con el apoyo también del ayuntamiento, para el próximo día 28 de febrero, a las 16.00 horas. Quieren recaudar fondos para rehabilitar la ruinosa plaza de toros y restaurar esta tradición en el pueblo.

La cuestión lleva meses fraguándose, ha corrido de boca en boca y se ha ido construyendo una importante oposición vecinal. De hecho, recientemente se ha constituido la plataforma ‘Quintanar Antitaurina’ para intentar frenar este tipo de eventos. Pablo Heras, representante de este colectivo, afirma que no solo rechazan el regreso de las corridas de toros después de 15 años, sino que denuncian un “trato de favor” a la peña taurina que preside el concejal Sánchez Vela, frente a otras asociaciones del pueblo.

Pone como ejemplo que, en las últimas fiestas locales, en agosto de 2025, se organizaron dos eventos benéficos que consistían en una paella solidaria y en una degustación de calderetas, con un donativo benéfico de 1,5 euros en cada evento, a repartir entre asociaciones como Asodefa (Familiares de Dependientes), Asprodiq (asociación prestadora de apoyos para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo), la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Cruz Roja y Salvando Inocentes.

Contraprogramación y “donaciones privadas”

Pero al mismo tiempo hubo una “contraprogramación”. Se convocaron otros dos actos cuyos fondos supuestamente se destinarían a la rehabilitación de la plaza de toros: una fiesta ‘Krahen Party’ con un donativo de dos euros, y un concierto de pasodobles. Este último, afirman, “ni siquiera estaba anunciado en el libro de las fiestas como evento benéfico”.

Desde ‘Quintanar Antitaurina’ afirman que ese dinero se ha utilizado para organizar el Festival Taurino del próximo 28 de febrero, junto con “donaciones privadas”, y no para rehabilitar la plaza. “Si al final el festival no recauda el dinero suficiente porque no acude la gente necesaria ¿qué va a suceder con esos fondos? El dinero se habrá perdido y es un trato de favor que no comprendemos, cuando el pueblo necesita otras muchas cosas”, afirma el activista antitaurino.

Este medio ha intentando ponerse en contacto en varias ocasiones, vía telefónica y por escrito, con el concejal Juan Carlos Sánchez Vela para recoger su valoración sobre estas acusaciones. Por el momento no ha habido respuesta. Lo que sí ha dejado claro el equipo de Gobierno municipal es su apoyo a la tauromaquia en numerosas ocasiones, no solo con motivo de las mencionadas jornadas sino en otras ocasiones con motivo de eventos culturales.

De momento, en el cartel que ha hecho público la Peña Taurina La Encina, figura, en el encabezado, “Plaza de Toros”, pero no está habilitada para este tipo de eventos. Desde este colectivo han confirmado a este medio que se hará en una instalación portátil junto al coso en ruinas. Es decir, como en la corrida de toros anterior.

En este cartel, los organizadores apuntan explícitamente que el dinero recaudado será para la rehabilitación del ruinoso enclave taurino. Los precios son de 20 euros para el público general y de 10 euros para personas jubiladas. Lo más destacable es que se va a permitir la entrada de menores: de 5 a 14 años pagarán 10 euros y los menores de 5 años podrán entrar gratis.

La entrada y/o participación de menores en eventos taurinos es un debate que está sobre la mesa desde hace años. Tanto la Asociación Franz Weber como el Partido Animalista PACMA piden desde hace décadas impedir la entrada de niños, niñas y adolescentes en espectáculos donde se maltrate a los animales, argumentando que esto puede “normalizar la violencia” y fomentar la aceptación de la agresión.

En ambos casos, los colectivos animalistas esgrimen las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, organismo que ha instado a España a prohibir la entrada de menores de 18 años a las corridas de toros y eventos taurinos.

Se da la circunstancia de que a finales de enero, el Ministerio de Juventud hizo pública su intención de impedir la entrada de menores de edad a eventos en los que se ejerza violencia contra animales, como las corridas de toros. Es una de las propuestas que plantea el departamento dirigido por Sira Rego en la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), en cuya reforma está inmerso el ministerio.

“Cierta tensión” ante una convocatoria de protesta

Por todo ello, el colectivo antitaurino de Quintanar de la Orden ha convocado una concentración para el mismo día 28 de febrero, una hora antes del festival. Desde entonces, señalan que han recibido insultos por redes sociales por parte de aficionados a la tauromaquia, por lo que prevén que “haya cierta tensión”. “Esperemos que no llegue a mucho y tengamos que lamentar que nos agredan físicamente”, alertan.

“El pueblo está dividido, pero hay mucha gente que no quiere sumarse por miedo a ser señalados o a perder clientela, como los propietarios de negocios locales”, destacan. Pablo Heras insiste en que a nadie le parecería mal que, en caso de ser viable, la plaza de toros se rehabilitase, pero no para “masacrar toros”, sino “para convertirla en un espacio cultural donde organizar conciertos, congresos u otras actividades, pero sí hay mucha gente en contra de que se lleven a cabo eventos taurinos”.

En su manifiesto publicado en redes sociales, ‘Quintanar Antitaurina’ hace un llamamiento que, aun estando en contra de la tauromaquia, sienten “miedo a las represalias, a perder un negocio, un trabajo o el apoyo del ayuntamiento”. A toda ellas les dicen que “no están solas”.

Por ahora, la organización prevé que acuda a la protesta “mucha más gente” de la que esperaban, porque se está adhiriendo gente de los pueblos de alrededor e incluso de la Comunidad de Madrid. “Y somos muchos más de los que se ven. El maltrato no es cultura. La violencia no es identidad. El cambio empieza cuando dejamos de caminar solos, y nos damos cuenta de que siempre fuimos muchos”, concluye.

El AMPA del colegio público de Pradejón y el Ayuntamiento de la localidad colaboran en una “jornada lúdico taurina” dirigida a menores de entre 8 y 14 años, con prioridad a los socios del AMPA. Será el 7 de marzo en el frontón municipal con la participación de tres rercortadores, que harán actividades con carretones, recortes y anillas. La Fundación Franz Weber ha denunciado que esta actividad “busca normalizar la tauromaquia a través de juegos y simulaciones”.

Por ello, la fundación ha reclamado este miércoles al Ayuntamiento de Pradejón la suspensión de la actividad taurina que implica la participación directa de personas menores de edad y que se promociona como “jornada lúdico taurina”. La convocatoria se produce pocas jornadas después de la nueva advertencia del Comité de los Derechos del Niño.

Este Comité de Naciones Unidas incorporó una solicitud relacionada con la infancia y la tauromaquia en su apartado 23 sobre “violencia contra los niños” en las Observaciones Finales sobre España: “Preocupado por el hecho de que los niños sigan presenciando la violencia y la muerte de los participantes durante las fiestas taurinas populares que se celebran en todo el Estado parte, el Comité reitera sus recomendaciones anteriores y recomienda que el Estado parte, tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas, establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción, y lleve a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros”

La solicitud reitera la petición publicada en 2018, durante el anterior ciclo de informes de España y en esta ocasión ya advierte a las comunidades autónomas sobre sus responsabilidades compartidas en la materia.

“Lo que se ofrece como una actividad aséptica en realidad busca normalizar ciertas prácticas nocivas sobre animales, trivializando que más adelante maltratar a un toro, una vaquilla o un eral, para que niñas y niños lo perciban como una actividad aceptable si median cuestiones sociales, culturales, tradicionales o políticas”, ha explicado Rubén Pérez, coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia. “Los menores aprenden a imitar prácticas violentas entre el refuerzo positivo de adultos, entre ellos sus propios familiares y referentes absolutos en su desarrollo psicosocial y moral”.

La respiración asistida a base de millones de euros públicos que Isabel Díaz Ayuso le inyecta a los toros ha convertido a la Comunidad de Madrid en el refugio de un espectáculo en retroceso. La región ha superado a Andalucía como líder en número de corridas de toros. En 2024, Madrid hizo 85 por 76 en Andalucía, según la última Estadística de asuntos taurinos del Ministerio de Cultura. La primera creció un 11,8%, la segunda cayó un 3,7%. En España, ese año hubo menos corridas que en 2023.

La cuestión es que, cada poco tiempo, la tauromaquia le sirve a la presidenta madrileña para chocar con el Gobierno central. Hace unos días, ante la todavía propuesta del Ministerio de Juventud de impedir la entrada en las plazas a menores de 18 años, el Ejecutivo regional del PP avisó de que no acataría esa medida y de que “fomentamos la asistencia de jóvenes y familias”. Su objetivo declarado es conseguir “un relevo generacional” porque la realidad es que cada vez acude menos gente a los cosos.

Para poder decir del Gobierno que “si pudieran, cancelarían a Picasso y a Goya” y repetir que “atentar contra lo profundamente español y las raíces de la tauromaquia” es lo mismo que “arrebatar la libertad y la prosperidad”, la administración de Ayuso riega las plazas con muchos millones.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026 han incrementado un 59% los fondos dedicados a la tauromaquia que llegan a 7,2 millones de euros (un alto porcentaje dedicado a la modernización de la plaza de Las Ventas). La Fundación Toro de Lidia recibe una subvención directa de 1,7 millones en buena parte dedicados a celebrar corridas de diferentes categorías en un circuito por localidades de la comunidad autónoma. En 2023, los presupuestos ya habían duplicado las transferencias a la tauromaquia respecto al curso anterior.

Además, la televisión pública Telemadrid dobló el dinero destinado a retransmitir festejos taurinos en 2025: pasó de 1,4 millones de euros a 3,1 millones.

Así que sostener la tauromaquia –que sirve de campo para marcar su perfil nacional a base de confrontar con el presidente Pedro Sánchez– ha hecho de los toros un espectáculo fuertemente subvencionado para contrarrestar el declive acusado de interés: en diez años, la fiesta ha perdido el 22% de sus espectadores (de 3,2 millones en 2014 a 2,5 en 2024, según la Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España).

Al tiempo que los toros han ido engordando en transferencias de fondos públicos madrileños, no han hecho más que perder terreno en términos generales. La Estadística de asuntos taurinos muestra que en 2007, las corridas de toros en España llegaron a 953 por las 376 de 2024. Una caída del 60%. En la Comunidad de Madrid, en 2007, tuvieron un pico de 148, para quedarse en esas 85 en 2024. Si se mira el total de festejos taurinos –corridas también de rejones, de novillos o mixtas–, hace casi 20 años se registraron 3.651. En 2024 solo fueron 1.451.

Bola extra: una cuña en el flanco socialista

Además, la defensa a ultranza de la tauromaquia aporta una bola extra en el campo político. Su blindaje como Bien Cultural es una cuña en el flanco socialista. Las iniciativas para dejar de considerar legalmente los toros como patrimonio cultural dividen al partido dirigido por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

En octubre pasado, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para debatir en el Congreso la retirada de ese estatus a la tauromaquia terminó en un rechazo sorpresa que soliviantó a los promotores que habían negociado previamente con el PSOE –y, en teoría, asegurado, al menos, la toma en consideración–. “La traición es tremenda”, comentaron tras perder la votación.

Según contaron algunos de los portavoces de la ILP a elDiario.es, el PSOE les había tranquilizado para que no subieran el tono de las acciones de preparación antes del debate parlamentario, pero, una vez llegado el momento de admitir la propuesta, los diputados socialistas se abstuvieron, en lugar de votar a favor, con lo que el proyecto decayó. El partido alegó después que, tras decidir permitir el debate, hubo “opiniones internas discrepantes que han conducido a la decisión de abstenerse”.

Lo que suben son los espectáculos populares.

Si bien Isabel Díaz Ayuso alude al carácter artístico de la tauromaquia y menciona habitualmente a figuras como Goya o Picasso, lo que realmente se extiende y crece en España son los denominados oficialmente festejos populares.

Las cifras muestran que en 2011 se contabilizaron 13.800 de estos festejos, en 2018 llegaron a más de 17.000 y en 2024 superaron los 19.000. La denominación oficial los describe como aquellos en los que “se juegan o corren reses según los usos tradicionales de la localidad”.

Si se desciende a lo que se vive en esas localidades, en estos festejos caen eventos como los encierros de los sanfermines –que remitirían a Ernest Hemingway–, pero también los bous al carrer valencianos (con los que perdieron la vida 32 personas entre 2014 y 2022 y donde su gran estrella reciente fue el toro Ratón que subía de caché a medida que acumulaba personas fallecidas), toros embolados donde se atan fuegos a las astas de las reses que enloquecen, los toros enmaromados (en lo que se amarra al animal para que no se aleje mientras se lo acosa), el toro de Coria o, en su momento, el ya desaparecido torneo del toro de la Vega.

Denuncian la presencia de niños “e incluso bebés” en los encierros de Autol. La Fundación Franz Weber vuelve a poner sobre la mesa estas conductas “peligrosas e irresponsables”. Y es que advierten de la presencia de “niños, incluso bebés en la zona de talanqueras de los encierros de Autol más aún cuando ”el propio reglamento de festejos taurinos populares de La Rioja no establece medidas protectoras para las personas menores de edad“.

En un contexto donde el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha vuelto a advertir acerca de la participación de menores en la tauromaquia, después de la primera objeción formulada en 2018, “todavía existen personas adultas que consideran a los hijos como absoluta propiedad y son capaces de exponerlos a riesgos por una actividad concreta”. De hecho, los naturalistas aseguran que “fotógrafos profesionales retrataron la presencia de niños en espacios habilitados para participantes y en donde se pueden producir cornadas, tal y como se ha visto en encierros a lo largo de toda la geografía española”.

Por todo ello, esta Fundación se muestra muy crítica con el papel “promotor” del Ayuntamiento de Logroño en la “implicación de niños, niñas y adolescentes, precisamente lo que viene alertando el Comité de los Derechos del Niño desde hace ocho años. A ello se suma un Gobierno riojano que da aval administrativo y legal a su presencia, o participación”. Las imágenes son claras, denuncian, “los niños están en espacios potencialmente peligrosos para su integridad física, psíquica y moral”. Por lo que instan a La Rioja a que “haga caso a las preocupaciones formuladas recientemente por el Comité de los Derechos del Niño, abordando de una vez la reforma del reglamento descrito y adoptar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder en Autol ni en otra localidad”.

El Ministerio de Juventud e Infancia quiere impedir la entrada de menores de edad a eventos en los que se ejerza violencia contra animales, como las corridas del toros. Es una de las propuestas que plantea el departamento dirigido por Sira Rego en la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), en cuya reforma está inmerso el ministerio.

La propuesta, que ya ha enviado al resto de los ministerios de cara a su aprobación en el Consejo de Ministros, contempla que no se permita ni la participación ni la asistencia de los menores en este tipo de actividades, eventos o espectáculos, según han explicado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia. Con ello, Rego quiere cumplir con la recomendación que ya en 2018 hiciera el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España, que reclamaba “prohibir la asistencia de menores de 18 años”, con el propósito de “prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños”.

Recientemente, Rego informó al Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre la incorporación de esta prohibición en la ley de infancia al ser preguntada la delegación española por varios miembros de este organismo sobre esta reclamación.

Según contempla la exposición de motivos de la ley, que fue aprobada en 2021, “las actividades en las que esté presente la violencia conllevan riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica, que puede afectar especialmente a las personas menores de edad”. Y añade que existen “riesgos psicológicos” derivados de la “exposición temprana a la violencia”, que puede “desensibilizar a los menores de edad frente al sufrimiento ajeno, afectando negativamente el desarrollo de la empatía, normalizando la violencia como una forma de entretenimiento, influenciando la percepción de las personas menores de edad sobre la resolución de conflictos y el uso de la fuerza, con efectos duraderos en su bienestar emocional”.

En varias ocasiones, Rego ha asegurado que la reforma “está lista, a falta únicamente de las últimas aportaciones del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes”, para su aprobación en el Consejo de Ministros.

Se amplía la prescripción de delitos sexuales

Cuatro años después de que España diera luz verde a la ley, el ministerio liderado por Sira Rego ha detectado que existen “lagunas estructurales” en su aplicación que justifican su reforma. Entre otras cosas, la modificación propone ampliar en diez años la prescripción de los delitos sexuales contra la infancia, de modo que el plazo de de prescripción que actualmente empieza a contar cuando la víctima cumple 35 años no lo hará hasta que cumpla 45.

Otro de los puntos recoge la obligatoriedad de escuchar a los menores de 18 años en los procesos judiciales que les afecten, independientemente de su edad. Es habitual que jueces y juezas les oigan si tienen más de 12 años, a pesar de que varias leyes reconocen que debe hacerse también con los chicos y chicas más pequeños, un derecho que no está aplicándose en la práctica en todos los casos y que la LOPIVI quiere reforzar.

Además, la reforma recoge la incorporación de la violencia de género al listado de delitos que impiden el ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores de edad.

También contempla el reconocimiento de la violencia institucional, que sería recogida por primera vez en una ley de ámbito estatal. Según Rego, esto supone que “toda omisión, retraso o práctica que comprometa la protección de las personas menores de edad sea identificada, investigada y reparada”.

El Procurador del Común —el Defensor del pueblo autonómico— ha pedido incoar un procedimiento sancionador “para depurar las presuntas responsabilidades” al no haberse impedido la participación de un menor de 14 años en un certamen taurino de Ledesma (Salamanca) en agosto de 2024, a pesar de que la edad mínima permitida era de 15 años. Este alumno estaba en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca,  donde los padres de dos menores han denunciado que sus hijos han sufrido acoso sexual por parte de compañeros y acoso de un profesor hacia un alumno.

Esta institución ha resuelto la queja que recibió por permitir a un menor de 14 años participar en el bolsín taurino, y se dirige a la Consejería de Presidencia para que inicie este expediente sancionador por el “proceso irregular de selección”. El participante era alumno de la escuela taurina de Salamanca, por lo que el responsable de esta institución considera que el centro estuvo implicado en la participación del menor.

“Sus responsables debían conocer la edad del menor, al estar obligados a disponer del libro de alumnos con sus datos de identificación registrados”, señala la resolución. A pesar de que las resoluciones no son de obligado cumplimiento, es habitual que las Administraciones públicas acaten las recomendaciones e instancias del Procurador del Común.

El Ayuntamiento, como ya hizo ante las preguntas de este medio, defendió ante el Procurador del Común que fue la Escuela de Tauromaquia la que cometió “un fallo de comunicación y gestión en la selección”. Sin embargo, el Ayuntamiento tenía responsabilidad en este asunto. El Procurador del Común concluye que el Ayuntamiento de Ledesma no comprobó ni antes ni el día del evento la edad de los participantes en el bolsín taurino, lo que permitió la participación del menor a pesar de que no tenía la edad necesaria, a pesar de que los seleccionados debían enviar documentación legal como la fotocopia de su DNI o pasaporte en vigor y la autorización por escrito de sus padres o tutores legales. Además, esa documentación debía ser requerida de nuevo el día de la actuación para su oportuna comprobación.

La decisión de admitir al menor de 14 años fue “irregular”

La normativa municipal establecía los 15 años como edad mínima para participar: era un requisito “claro e indispensable” en las bases del certamen. El Ayuntamiento “debía haber excluido, descalificado o denegado la participación del joven seleccionado por la Escuela Taurina por incumplir tal requisito”. “Este acto hubiera garantizado la legalidad del evento y la seguridad del menor admitido. La decisión de admitir al aspirante resultó irregular”, zanja el Defensor del Pueblo autonómico. El Procurador del Común ha solicitado el compromiso del Ayuntamiento de Ledesma con la protección de los menores de edad en la celebración de futuros bolsines taurinos.

Esta institución recuerda que el incumplimiento de las normas reguladoras del espectáculo taurino figura como una infracción leve en la Ley sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos. “El no haberse impedido la participación de un menor que no cumplía con ese requisito de edad podría determinar la aplicación del correspondiente régimen sancionador para el municipio y otros gestores del evento, como los responsables de la Escuela de Tauromaquia”, ha manifestado en su escrito.

Subvención anual de 3.000 euros a la Asociación Bolsín Taurino de Ledesma

La Diputación concede una subvención anual de 3.000 euros a la “Asociación Bolsín Taurino Ayuntamiento de Ledesma” porque considera que estos bolsines, “y concretamente el desarrollado por el Ayuntamiento de Ledesma”, son “parte importante de la identidad” de Salamanca y “un escaparate sin igual para que los jóvenes novilleros se muestren su buen hacer y así conseguir oportunidades que les validen en su camino y formación como matadores de toros, siendo esta la meta y aspiración de todos ellos”.

El reglamento de la Junta de Castilla y León, la edad mínima de los participantes para los bolsines taurinos es de 14 años previa autorización por escrito de los padres o tutores, una edad que otros ayuntamientos (como Candeleda, Ciudad Rodrigo o Alba de Tormes) han ampliado a los 16 años.

Las corridas de toros, encierros, festivales taurinos y similares se celebran durante todo el año a lo largo y ancho de los pueblos españoles, casi siempre con motivo de alguna festividad. Es una tradición que procede de la Edad Media y que durante las últimas décadas ha ido perdiendo fuerza conforme la ganaba la sensibilidad social contra el maltrato animal.

Las corridas de toros, en las que el animal es brutalmente estocado y/o apuntillado hasta su muerte, han perdido acólitos en España. Ya no se celebran en territorios como Catalunya. El Govern autonómico las prohibió en 2010, y aunque el Tribunal Constitucional anuló esa decisión, nunca se han vuelto a celebrar ni a reactivar. La situación es similar en Balears y en Canarias, donde apenas se celebran, aunque sean legales.

La contestación y protesta arraigada en la sociedad civil del siglo XXI ha ido tomando fuerza y se cuentan por cientos los colectivos antitaurinos que se manifiestan en ciudades y pueblos contra cualquier práctica relacionada con la tauromaquia.

No protestan solo contra las corridas de toros, también contra los encierros, becerradas y similares, donde el maltrato a los animales y su sufrimiento es más que evidente.

Sí son muchos más populares estos festejos locales y ferias taurinas que las corridas de toros, sobre todo en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha. El Gobierno de esta comunidad autónoma siempre se ha manifestado como un ferviente defensor de la tauromaquia, tanto bajo mandato del PSOE, ahora con Emiliano García-Page, como en los cuatro años que gobernó el PP, con María Dolores de Cospedal.

Page fue uno de los impulsores, junto con otras regiones gobernadas por el PP y la Fundación del Toro de Lidia, del nuevo Premio Nacional de Tauromaquia, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anuló el galardón de carácter institucional, por iniciativa del ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar).  

Dos pueblos que recrean vaquillas y toros

Pero precisamente es en esta región donde pueden encontrarse un par de ejemplos muy significativos de cómo la imaginación colectiva puede evitar esta tradición tan arraigada en el tiempo como brutal, sin restarle ni un ápice de diversión y disfrute de sus vecinos y vecinas.

En la provincia de Toledo, la localidad de San Pablo de los Montes, de unos 1.600 habitantes, celebra los días 24 y 25 de enero la Fiesta de la Vaca, de Interés Turístico Regional. Este festejo comienza días antes con la “reseña”, el anuncio de la proximidad de la fiesta, saliendo los quintos (jóvenes que cumplen la mayoría de edad) a “correr” por las calles del municipio por la noche haciendo sonar los cencerros.

Días después se celebra la “luminaria”, noche anterior al Día de Vaca. Se trata de una gran hoguera que encienden los quintos con leña que han recogido durante el día para que se calienten los asistentes. Esta velada se ameniza con chocolate y posterior baile. 

También se preparan tostones -garbanzos tostados- y limonada para todos aquellos participantes que recorran el pasillo formado por los espectadores, desde la plaza hasta el Ayuntamiento, perseguidos por “la vaca”, que no es tal animal, sino un palo al que se unen un par de cuernos, adornado con cintas y flores. Es decir, se simula una suerte de encierro.

Este es su festejo más querido y no se celebra ningún otro encierro, festejo ni evento en el municipio que tenga que ver con la tauromaquia o donde se maltrate y mate a estos animales.

A casi 170 kilómetros al sur, ya en la provincia de Ciudad Real, se encuentra otro ejemplo de encierro simulado. Resulta relevante porque esta provincia, con la llegada del PP y Vox a muchos pueblos, incluida la capital, y a la Diputación provincial, el toreo y derivados ha experimentado cierto auge.

Pero en la localidad de Chillón, dentro del Valle de Alcudia y con una población muy similar a la del pueblo toledano, se celebra el festejo que lleva su nombre: 'La Vaquilla de Chillón'.

El origen de la fiesta está en la peste que asoló el municipio entre 1582 y 1583. La leyenda afirma que trayendo una imagen de San Roque desde la ciudad de Toledo cesó la enfermedad. Por ello se le toma por patrón y se constituye la Hermandad.

El folclore que incluye la recreación de una vaquilla como armazón de madera

Se trata de la fiesta más famosa del folclore chillonero, también es de Interés Turístico Regional y se celebra los días 13 y 14 de agosto. Todos los “hermanos” (participantes generalmente de la Hermandad de San Roque) van ataviados a la vieja usanza de siglos pasados.

Sus trajes son de colores variopintos, con chaquetilla y calzón cortos, calzas blancas y zapatillas bordadas con oro de canutillo y como remate un sombrero de paño, adornado con una ancha cinta de seda en color.

Pero no hay vaquilla de verdad. Es un armazón de madera que simula el cuerpo y cabeza de una vaca, con su cornamenta. Va cubierto con cuero o ‘skay’, con la cara del animal pintada en la parte frontal. El “hermano” que la lleva se la coloca sobre su cabeza y trata de imitar los movimientos de la vaca. 

Aquí el simbolismo es muy importante, ya que esta “vaquilla” de mentira simboliza la peste. El recorrido que hace por las calles del pueblo en la noche del día 13 de agosto no es sino una clara alusión a cómo esta enfermedad afectó al pueblo.

De hecho, el acto que se celebra en la mañana del día 14 con la muerte fulminante de la vaquilla a manos del “Capitán” recuerda el cese instantáneo de la peste ante la aparición de la imagen del San Roque traída de la ciudad de Toledo, y finalmente, el baile de la bandera es “expresión y símbolo de júbilo popular por la milagrosa curación”, según apunta el Ayuntamiento.

Uno de los momentos más espectaculares es la salida de “La Vaquilla” de la Iglesia Parroquial el día 13 de agosto por la noche. Niños, jóvenes y personas mayores al grito de “¡Erra, Erra!” perseguidos por la bestia. En Chillón tampoco se celebra ningún otro encierro ni suelta de vaquillas o toros con animales reales.

El despatx de Joan Font és l’altar d’un melòman. En deu metres quadrats s’hi acumulen fotografies, discos i, sobretot, llibres relacionats amb la música. D’entre tots els gèneres, el rock-and-roll; i d’entre totes les bandes, els Beatles. John, Paul, George i Ringo exerceixen d’evangelistes en el santoral pagà d’aquest informàtic mallorquí. També hi ha tres guitarres al despatx. Una és acústica i està nua sobre un suport vertical. Les altres dues són elèctriques. Una, dins la seva funda. L’altra –una Fender Stratocaster–, desmuntada i dibuixada en una gran làmina que decora la paret on hi ha encastat un ordinador de sobretaula. Joan, a més d’estimar la música, la toca. Aquesta passió li ve, entre altres raons, pel barri de Palma on es va criar.

“Jo vivia, de jovenet, a cinc minuts d’aquí i ho record bé”, diu l’informàtic, “venir amb el meu pare a aquest pis, que era de la meva tia, i quedar-nos al balcó escoltant Joe Cocker”. Aquella nit d’estiu que rememora en Joan –31 de juliol de 2007– clàssics com Unchain My Heart ressonaven a l’altra banda de les parets neomudèjars que aquest vesí veu des de la finestra de l’habitació des d’on teletreballa. És el Coliseo Balear, la plaça de toros de Palma.

Tot i que durant l’últim any una promotora ha intentat recuperar l’esplendor cultural d’un edifici que està a punt de complir cent anys –ho farà el 2029–, Cort –el nom amb què es coneix l’Ajuntament de la capital de les Illes Balears– ha deixat en suspens el permís per organitzar-hi concerts. La decisió es va prendre a finals de novembre. El motiu: l’excés de decibels. Tot va començar amb les denúncies de diversos vesins. Argumentaven en els seus escrits unes molèsties que altres residents del barri, com Joan, no han percebut.

“Fixa’t, a mi em molestava més al matí”, explica el melòman, “quan els tècnics es posaven a fer proves per veure fins on podia arribar el so, que quan començava el concert en si. I els promotors no només han programat música. Hi ha hagut mercadets, activitats per a nins; quan ho van inaugurar hi va haver una cercavila per tot el barri, li estaven donant un altre aire… Aquí sempre hi ha hagut concerts importants: el peatge a pagar és un poc de remor, però només era un dia a la setmana. I, almenys, és cultura: m’estim aquests plans a la tauromàquia i a tota la gent que reuneix”.

La versió dels promotors

–Noltros no col·laboram en res que tengui a veure amb el maltractament animal. Si t’hi fixes, el nostre Instagram no té res a veure amb el perfil oficial de la plaça.

L’advertiment el fa, des de l’altra banda del telèfon, el responsable d’“una empresa amb quatre treballadors i molts col·laboradors externs que, per cessament d’activitat, està a punt de liquidació”. És Tomeu Font –que no té cap relació amb l’informàtic Joan Font: el primer llinatge de tots dos és molt freqüent a Mallorca–, el màxim responsable d’Es Coliseu. Així va batiar la promotora amb què ha intentat dotar la plaça de toros d’una programació, segons explica, “estable i de qualitat, amb artistes nacionals i internacionals, i esdeveniments oberts a les famílies del barri”.

“Noltros no teníem un contracte de lloguer firmat amb els Balañá, els propietaris del recinte, sinó un acord d’implantació de projecte en diferents fases. Volíem que la plaça fos un element regenerador per al barri i la cultura, un punt de trobada i d’intercanvi. Ara tot això s’ha enfonsat i la nostra competència se n’ha vist beneficiada”, diu Font, en referència a espectacles com el que havien d’oferir Fito Cabrales i els seus Fitipaldis la primavera vinent, que s’ha traslladat al gran recinte que gestiona a Calvià la promotora del Mallorca Live Festival.

–El 2026 havien de venir Hombres G, Sergio Dalma; amb La Gossa Sorda vam fer sold out poc després d’anunciar-ho. Eren concerts amb públic a grada, unes 7.000 entrades a la venda. Ara hauran de buscar una altra ubicació, fora de la ciutat. Noltros ens retiram de la partida. Per sort els hem pogut cancel·lar sense perdre doblers, però no podíem continuar arriscant-nos.

El 2026 havien de venir Hombres G, Sergio Dalma; amb La Gossa Sorda vam fer el ‘sold out’ poc després d’anunciar-ho. Eren concerts amb públic a grada, unes 7.000 entrades a la venda. Per sort els hem pogut cancel·lar sense perdre doblers, però no podíem continuar arriscant-nos

Tomeu Font — Promotor

“Aquests eren els plans que vam anar a presentar”, continua el promotor, “fa just un any, a l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma”. “Ens van dir que els semblava una idea molt bona per tornar la vida a un edifici emblemàtic. El problema és que hi ha tres veïns que no estan a favor del nostre projecte… però tampoc de cap activitat [que es faci] a la plaça, quan és un espai privat al qual se li ha de donar ús. Les seves denúncies, seguint el model del Santiago Bernabéu, han impedit que continuem endavant”, argumenta Font.

–El 2023 va tancar Sa Possessió, un local als afores de Palma que també gestionàveu, per excés de remors. Això vos ha pogut perjudicar?

–Malauradament, l’Administració posa multes a tot tipus de locals d’oci nocturn, és la seva manera de finançar-se. Que ens hagi pogut perjudicar? No ho sé, però ho dubt, la veritat.

Una veïna: “No es pot llegir ni veure la televisió”

Mig centenar de persones es van reunir la tarda de divendres –19 de desembre– a Can Alonso, el casal de barri més proper a la plaça de toros, a tot just tres carrers. Convocava l’Associació Veïnal Coliseu, el col·lectiu que representa una barriada on viuen més de 15.000 persones. Fonts d’aquesta associació entenen que el calendari cultural “era positiu perquè, entre altres coses, va incentivar el comerç i la restauració, va endreçar la plaça, eliminant grafits i restaurant el portal principal, i va programar moltes activitats destinades al públic resident: la cultura donava vida a la barriada”. El mateix punt de vista comparteix l’Associació de Veïnats Arxiduc, que també té la seu a pocs minuts a peu del recinte. Però els directius de l’Associació Veïnal Coliseu –uns 160 membres– volien reunir veus a favor i en contra dels concerts, arribar a un enteniment abans de Nadal.

Segons la crònica publicada per Diario de Mallorca, hi va haver de tot en aquella assemblea. No hi va faltar una persona que, identificada com a María, va relatar per què havia denunciat a Cort el soroll –segons el seu testimoni, més de 90 dB– que entrava a ca seua cada volta que un artista o un DJ pujaven a l’escenari. “No es pot llegir, no es pot mirar la televisió, no es pot fer res (…) Per tirar endavant una denúncia contra una empresa com Es Coliseu cal tenir proves”, va explicar María, xifrant en 15.000 euros el cost de les sonometries que va encarregar per denunciar davant l’Ajuntament de Palma.

elDiario.es es va posar en contacte amb el servei de premsa de Cort en reiterades ocasions per obtenir el seu punt de vista sobre aquesta història, però no hi va haver resposta concreta ni possibilitat d’entrevistar cap responsable polític. Al novembre, l’equip de govern sí que va emetre un comunicat per anunciar la suspensió de les activitats musicals després que la policia corroboràs –amb una sonometria pròpia– la veracitat de les denúncies veïnals. Tot i donar la batalla per perduda, Tomeu Font, el responsable d’Es Coliseu, es defensa:

–Sempre hem complert la normativa i hem estat per sota dels 100 dB –que és el que indica la llicència que tenim–, però és impossible que a casa de les persones que ens han denunciat, que es van construir en el seu moment molt a damunt la plaça, la música soni a un màxim de 35 dB, que és el que especifica l’ordenança municipal, quan un televisor encès pot arribar als 60 dB. Hi ha tanta jurisprudència al respecte que és molt difícil tirar endavant projectes open air, de música a l’aire lliure. No parl ja d’un concert, em referesc a un simple tardeo.

–En el cas de la plaça de toros de Palma, quina seria la solució? Reformar-la? Cobrir-la? L’Ajuntament va demanar a Es Coliseu un estudi d’impacte acústic. El vau presentar?

–No, perquè els enginyers que hem consultat ens han dit que és inviable qualsevol tipus d’intervenció. No només pel cost, que seria immens, sinó perquè es tracta d’un edifici catalogat i no se li poden fer aquest tipus d’intervencions. Pensa, també, que la nostra promotora havia tancat una vintena de dates, això vol dir que hi havia, durant l’any, més de tres-cents dies sense cap tipus de molèstia.

–I en quin estat us vau trobar la plaça quan vau començar a organitzar els primers concerts, el març passat?

–En mínims…

Els enginyers que hem consultat ens han dit que és inviable qualsevol mena d’intervenció. No només pel cost, que seria immens, sinó perquè es tracta d’un edifici catalogat i no se li poden fer aquest tipus d’intervencions

Tomeu Font — Promotor

A set altures de la plaça

Si la plaça de toros no estàs envoltada per uns solars molt amples –que allotgen, en part, els corrals on es guarden els braus abans de la lidia–, Sebastià Salas veuria, des del sèptim pis on viu, el gris de la graderia, el groc de l’arena. Aquest home a la trentena –directiu d’empresa– es va traslladar al barri al final de la pandèmia i, des del balcó, confessa que més d’una vegada pensa en el futur “d’un recinte brutalment gran, que no es pot desaprofitar”.

“Si no”, diu Sebastià, “correm el risc que, tot i tractar-se d’un edifici catalogat, ens passi el mateix que va ocórrer amb el Lluís Sitjar, l’antic estadi del Mallorca. Podem debatre sobre els decibels, però si els concerts acabaven abans de mitjanit… A mi no m’han molestat. Quan va començar aquest projecte d’Es Coliseu vaig notar que hi havia molt de runrún entre veïnats que no sabien què passaria, i patien pel que havia succeït en èpoques passades”.

–Aquella festa de reggaeton que es va permetre celebrar a la plaça el juny de 2021 va ser un despropòsit: s’hi van contagiar estudiants de secundària i es va propagar la covid per tot Espanya.

–Però no podem il·legalitzar l’oci! –respon Sebastià–. No pot ser que tot el que ens agradi hagi d’anar cap a la prohibició. A mi no m’agrada el reggaeton, però si un dia munten allí un concert de reggaeton m’aguant; ja vendran Oques Grasses o Leiva, que m’agraden més. Em sap greu que a Palma, que ja és la setena ciutat d’Espanya en població, sembli que només s’organitzen activitats d’avingudes cap endins. Les barriades estan mortes i qualsevol projecte cultural o d’oci acaba tombant-se. Crec que seria un error repetir el model de ciutats dormitori que alimenten centres econòmics, com passa en els models de Barcelona i Madrid.

Podem debatre sobre els decibels, però si els concerts s'acabaven abans de mitjanit… A mi no m'han molestat

Sebastià Salas — Veï

El soroll del carrer

Na Rosa passeja els seus cans. N’Alejandro estira les cames amb xandall. En Toni pren un cafè mentre fa scroll amb el mòbil a la terrassa d’un bar. Na Gema carrega una bossa del supermercat entre els braços, d’on sobresurt una barra de pa. En Rafa i na Reme tornen a l’oficina després de berenar. Els sis viuen o treballen a les rodalies de la plaça de toros. Els sis –en graus diferents– estan a favor que la circumferència que va imaginar i ornamentar Gaspar Bennàzar i Moner –l’arquitecte municipal que va traçar les quadrícules de l’eixample palmesà– tengui usos culturals.

L’escala de grisos aniria des de na Rosa –“Som antitaurina”–, que fa més de tres dècades que resideix a la zona i recorda amb nostàlgia els recitals de Miguel Ríos o Víctor Manuel i Ana Belén, fins a na Reme, que considera que els concerts “poden ser molestos per als veïnats” i aposta perquè el Coliseo Balear “acabi sent públic” per convertir-se, “per exemple, en un museu”.

Gairebé totes les respostes a la pregunta “emprenya més una correguda de toros que un concert?” van en la mateixa direcció. “A la correguda que fan cada estiu, com que sempre hi ha manifestacions antitaurines, la Policia Nacional ha de tallar aquesta avinguda [dedicada, com no podia ser d’una altra manera, al pare de la plaça, l’arquitecte Bennàzar], amb el que això representa per al trànsit. A més, els voltants solen estar més bruts l’endemà”, diu Toni. “A mi, molt més que els concerts, el que realment em va molestar va ser un espectacle de salts de motos; aquest tipus de coses es continuaran fent allà dins?”, es pregunta Gema. “Si no s’hi fa res més que una o dues corregudes l’any”, pronostica Alejandro, “algun dia passarà a la plaça el mateix que a la presó vella: s’omplirà d’okupes”.

Una ganga immobiliària

A vista de Google Maps, el rectangle del Coliseu Balear es pot detectar sense necessitat d’ampliar gaire el zoom sobre l’eixample de Palma. Envoltat completament d’edificis d’alçades molt diferents –des de dos fins a deu plantes–, aquella parcel·la és un respir enmig de tant de ciment –per on corre l’aire, on escalfa el sol– i, alhora, una ganga immobiliària.

El març de 2023, Cort va expropiar a la família Balañá –a canvi de 4,6 milions d’euros– una part del pastís: 6.000 metres quadrats que, en teoria, s’havien de destinar a places d’aparcament, un dels problemes de la barriada, agreujat, segons diversos vesins, pels esdeveniments de la plaça. Aquella decisió la va prendre una coalició de centreesquerra –PSIB, Més, Podem– a punt d’acabar el seu segon mandat consecutiu. La parcel·la, dos anys després que el PP recuperàs la vara de comandament, continua intacta i, a la premsa, han transcendit altres tipus d’interessos. Privats, però relacionats amb l’agenda ultra del grup polític que sosté, des de fora del govern, les polítiques de l’alcalde Jaime Martínez: Vox.

Beneficiant-se de l’aliança de la dreta i l’extrema dreta per derogar la llei de toros a la balear que va impulsar el primer Govern Armengol, Francisco d’Agostino, el veneçolà que, després de fer fortuna amb el petroli del seu país, està apostant fort per fomentar la tauromàquia a Mallorca. A l’estiu va oferir cinc milions d’euros –poc més que l’expropiació municipal– per quedar-se els terrenys annexes –molt més extensos que els del futur aparcament–, allà on es troba la plaça. Els Balañá van rebutjar l’oferta d’un empresari capaç de congregar en els festeigs taurins que ja ha organitzat en altres pobles de l’illa diverses cares visibles de Vox a Mallorca i algun dels pocs polítics de la dreta regionalista que conserven poder, com Miquel Porquer, l’alcalde de Muro.

En aquest municipi de la Part Forana, la firma de D’Agostino –Balears Cambio de Tercio– és a prop de gestionar La Monumental, una petita plaça, també històrica, que estava abandonada. Però aquest fanàtic de la tauromàquia –és íntim d’antics toreros com Enrique Ponce o Javier Conde, de la mateixa manera que el seu pare ho va ser de Luis Miguel Dominguín– sap que la joia de la corona és l’edifici neomudèjar situat a l’eixample de la capital balear. Davant les seves portes, aquests dies, s’hi veuen dos cartells. Antagònics.

En el primer cartell, el logotip de Es Coliseu, la marca impulsada per Tomeu Font, convida a escanejar un codi QR i conèixer el calendari de concerts de 2026: l’enllaç, després de tot el que ha passat, no porta enlloc. En el segon cartell s’anuncia una novellada que es va celebrar durant el pont de la Puríssima. Un festeig orientat al foment de l’afició taurina entre els jóvens. En una pausa, diu l’anunci, s’hi va servir un dinar amb productes típics.

Tomeu Font s’estima més no mullar-se quan sent aquesta pregunta:

–Han influït altres interessos a l’hora de decretar la suspensió dels concerts?

–Ho desconec. [silenci] No sé si algú està ajudant aquestes tres persones a denunciar per uns interessos ocults i secrets. El que sí que em consta, però, és que la propietat no té intenció de vendre.

El despacho de Joan Font es el altar de un melómano. En diez metros cuadrados se acumulan fotografías, discos y, sobre todo, libros relacionados con la música. De entre todos los géneros, el rock and roll y, de entre todas las bandas, los Beatles. John, Paul, George y Ringo ejercen de evangelistas en el santoral pagano de este informático mallorquín. Hay también tres guitarras en el despacho. Una es acústica y está desnuda sobre un soporte vertical. Las otras dos son eléctricas. Una, dentro de su funda. La otra –una Fender Stratocaster–, desmontada y dibujada en una gran lámina que adorna la pared donde se empotra un ordenador de sobremesa. Joan, además de amar la música, la toca. Esa pasión le viene, entre otras razones, por el barrio de Palma en el que se crio. 

“Yo vivía, de chaval, a cinco minutos de aquí y recuerdo bien”, dice el informático, “venir con mi padre a este piso, que era de mi tía, y quedarnos en el balcón escuchando a Joe Cocker”. Aquella noche de verano que rememora Joan –31 de julio de 2007– clásicos como Unchain My Heart resonaron al otro lado de las paredes neomudéjares que este vecino ve desde la ventana de la habitación desde donde teletrabaja. Es el Coliseo Balear, la plaza de toros de Palma.

Aunque durante el último año una promotora ha intentado recuperar el esplendor cultural de un edificio que está a punto de cumplir cien años –lo hará en 2029–, Cort –el nombre que recibe el ayuntamiento de la capital de les Illes Balears– ha dejado en suspenso el permiso para organizar allí conciertos. La decisión se tomó a finales de noviembre. El motivo, el exceso de decibelios. Todo arrancó con las denuncias de varios vecinos. Argumentaban en sus escritos unas molestias que otros residentes del barrio, como Joan, no han percibido. 

“Fíjate, a mí me molestaba más por la mañana”, explica el melómano, “cuando los técnicos se ponen a hacer pruebas para ver hasta dónde puede llegar el sonido, que cuando empezaba el concierto en sí. Y los promotores no sólo han programado música. Ha habido mercadillos, actividades para niños, cuando lo inauguraron hubo un pasacalles por todo el barrio, le estaban dando otro aire al barrio… Aquí siempre hubo conciertos importantes: el peaje a pagar es un poco de ruido, pero sólo era un día a la semana. Y, al menos, es cultura: prefiero estos planes a la tauromaquia y a toda la gente que junta”.

La versión de los promotores

–Nosotros no colaboramos en nada que tenga que ver con el maltrato animal. Si te fijas, nuestro Instagram no tiene nada que ver con el perfil oficial de la plaza.

La advertencia la lanza, desde el otro lado de la línea telefónica, el responsable de “una empresa con cuatro empleados y muchos colaboradores externos que, por cese de actividad, está a punto de liquidación”. Es Tomeu Font –que no guarda ningún tipo de parentesco con el informático Joan Font: el primer apellido de ambos es muy frecuente en Mallorca–, el máximo responsable de Es Coliseu. Así bautizó la promotora con la que ha pretendido dotar a la plaza de toros de una programación, según cuenta, “estable y de calidad, con artistas nacionales e internacionales, y eventos abiertos a las familias del barrio”. 

“Nosotros no teníamos un contrato de alquiler firmado con los Balañá, los propietarios del recinto, sino un acuerdo de implantación de proyecto en distintas fases. Queríamos que la plaza fuera un elemento regenerador para el barrio y la cultura, un punto de encuentro e intercambio. Ahora, todo eso se ha caído y nuestra competencia se ha visto beneficiada”, dice Font, en referencia a shows como el que iban a ofrecer Fito Cabrales y sus Fitipaldis la próxima primavera, y se ha trasladado al gran recinto que gestiona en Calvià la promotora del Mallorca Live Festival:

–En 2026, iban a venir Hombres G, Sergio Dalma, con La Gossa Sorda hicimos sold out poco después de anunciarlo. Eran conciertos con público en grada, unas 7.000 entradas a la venta. Ahora tendrán que buscar otra ubicación, fuera de la ciudad. Nosotros nos retiramos de la partida. Por suerte hemos podido cancelarlos sin perder dinero, pero no podíamos seguir arriesgándonos.

En 2026, iban a venir Hombres G, Sergio Dalma, con La Gossa Sorda hicimos sold out poco después de anunciarlo. Eran conciertos con público en grada, unas 7.000 entradas a la venta. Por suerte hemos podido cancelarlos sin perder dinero, pero no podíamos seguir arriesgándonos.

Tomeu Font — Promotor

“Estos eran los planes que fuimos a presentar”, continúa el promotor, “hace justo un año, al equipo de gobierno del Ajuntament de Palma”. “Nos dijeron que les parecía una idea muy buena para devolverle la vida a un edificio emblemático. El problema es que hay tres vecinos que no están a favor de nuestro proyecto… pero tampoco de ninguna actividad [que se realice] en la plaza, cuando es un espacio privado al que se le tiene que dar uso. Sus denuncias, siguiendo el modelo del Santiago Bernabéu, han impedido que sigamos adelante”, argumenta Font.

–En 2023, cerró Sa Possessió, un local, a las afueras de Palma, que también gestionaban, por exceso de ruido. ¿Les ha podido perjudicar?

–Por desgracia, la Administración pone multas a todo tipo de locales de ocio nocturno, es su forma de financiarse. ¿Que nos ha podido perjudicar? No lo sé, pero lo dudo, la verdad.

Una vecina: “No se puede leer ni ver la televisión”

Medio centenar de personas se reunieron la tarde del viernes –19 de diciembre– en Can Alonso, el casal de barri que más cerca queda de la plaza de toros, a apenas tres calles. Convocaba la Associació Veïnal Coliseu, el colectivo que representa a una barriada en la que viven más de 15.000 personas. Fuentes de esta asociación entienden que el calendario cultural “era positivo porque, entre otras cosas, incentivó el comercio y la restauración, adecentó la plaza, eliminando grafitis y restaurando el portón principal, y programó muchas actividades destinadas al público residente: la cultura daba vida a la barriada”. El mismo punto de vista lo comparte la Associació de Veïnats Arxiduc, que también tiene su sede a pocos minutos a pie del coso. Pero los directivos de la Associació Veïnal Coliseu –unos 160 miembros– querían reunir voces a favor y en contra de los conciertos, llegar a un entendimiento antes de Navidad.

Según la crónica que publicó Diario de Mallorca, hubo de todo en aquella asamblea. No falló una persona que, identificada como María, relató por qué había denunciado a Cort el ruido –según su testimonio, más de 90 db– que se colaba en su casa cada vez que un artista o un dj subían al escenario. “No se puede leer, no se puede ver la televisión, no se puede hacer nada (…) Para llevar adelante una denuncia contra una empresa como Es Coliseu hay que tener pruebas”, explicó María, cifrando en 15.000 euros el coste de las sonometrías que encargó para denunciar ante el Ajuntament de Palma. 

elDiario.es se puso en contacto con el servicio de prensa de Cort en reiteradas ocasiones para obtener su punto de vista sobre esta historia, pero no hubo respuesta concreta ni posibilidad de entrevistar a algún responsable político. En noviembre, el equipo de gobierno sí emitió un comunicado para anunciar la suspensión de las actividades musicales después de que la policía corroborara –con una sonometría propia– la veracidad de las denuncias vecinales. Aunque da la batalla por perdida, Tomeu Font, el responsable de Es Coliseu, se defiende:

–Siempre hemos cumplido con la normativa y hemos estado por debajo de los 100 db –que es lo que indica la licencia que tenemos–, pero es imposible que en casa de las personas que nos han denunciado, que se construyeron en su momento muy encima de la plaza, la música suene a un máximo de 35 db, que es lo que especifica la ordenanza municipal, cuando un televisor encendido puede alcanzar los 60 db. Hay ya tanta jurisprudencia al respecto que es muy difícil sacar proyectos open air, de música al aire libre. No hablo ya de un concierto, me refiero a un simple tardeo.

–En el caso de la plaza de toros de Palma, ¿cuál sería la solución? ¿Reformarla? ¿Cubrirla? El Ayuntamiento pidió a Es Coliseu un estudio de impacto acústico. ¿Se presentó?

–No porque los ingenieros a los que hemos consultado nos han dicho que es inviable cualquier tipo de intervención. No sólo por el coste, que sería inmenso, sino porque se trata de un edificio que está catalogado y no se le pueden hacer ese tipo de intervenciones. Piensa, también, que nuestra promotora había cerrado una veintena de fechas, había más de trescientos días sin ningún tipo de molestia.

–¿Y en qué estado os encontrasteis la plaza cuando empezasteis a organizar los primeros conciertos, el pasado marzo?

–En mínimos…

Los ingenieros a los que hemos consultado nos han dicho que es inviable cualquier tipo de intervención. No sólo por el coste, que sería inmenso, sino porque se trata de un edificio que está catalogado y no se le pueden hacer ese tipo de intervenciones

Tomeu Font — Promotor

A siete alturas de la plaza

Si la plaza de toros no estuviera rodeada por unos solares amplísimos –que albergan, en parte, los corrales donde se guardan las reses antes de la lidia–, Sebastià Salas vería, desde el séptimo piso en el que vive, el gris del tendido, el amarillo del albero. Este treintañero –directivo de empresa– se mudó al barrio al final de la pandemia y, desde su balcón, confiesa que más de una vez piensa en el futuro “de un recinto brutalmente grande, que no se puede desaprovechar”. 

“Si no”, dice Sebastià, “corremos el riesgo de que, aunque se trate de un edificio catalogado, nos pase lo mismo que ocurrió con el Lluís Sitjar, el antiguo estadio del Mallorca. Podemos debatir sobre los decibelios, pero si los conciertos se acababan antes de medianoche… A mí no me han molestado. Cuando empezó este proyecto de Es Coliseu noté que había mucho runrún entre vecinos que no sabían qué ocurriría, pensando en épocas pasadas”.

–Aquella fiesta de reguetón que se permitió celebrar en la plaza en junio de 2021 fue un despropósito: se contagiaron estudiantes de Secundaria y propagaron el covid por toda España.

–¡Pero no podemos ilegalizar el ocio! –responde Sebastià– No puede ser que todo lo que nos guste tenga que ir hacia la prohibición. A mí no me gusta el reguetón, pero si un día montan allí un concierto de reguetón me aguanto, ya vendrán Oques Grasses o Leiva, que me gustan más. Me sabe mal que en Palma, que ya es la séptima ciudad de España en población, parece que sólo se organizan actividades de avenidas hacia dentro. Las barriadas están muertas y cualquier proyecto cultural o de ocio se acaba tumbando. Creo que sería un error repetir el modelo de ciudades dormitorio que alimentan centros económicos, como ocurre en los modelos de Barcelona y Madrid.

Podemos debatir sobre los decibelios, pero si los conciertos se acababan antes de medianoche… A mí no me han molestado

Sebastià Salas — Vecino

El ruido de la calle

Rosa pasea a sus perros. Alejandro estira las piernas en chándal. Toni sorbe un café mientras hace scroll con el móvil en la terraza de un bar. Gema carga una bolsa de supermercado entre los brazos de la que asoma una barra de pan. Rafa y Reme vuelven a la oficina después del almuerzo. Los seis viven o trabajan en las cercanías de la plaza de toros. Los seis –en diferentes grados– están a favor de que la circunferencia que imaginó y ornamentó Gaspar Bennàzar i Moner –el arquitecto municipal que trazó las cuadrículas del ensanche palmesano– tenga usos culturales.

La escala de grises iría desde Rosa –“Soy antitaurina”–, que lleva más de tres décadas residiendo en la zona y rememora, con nostalgia, los recitales de Miguel Ríos o Víctor Manuel y Ana Belén, a Reme, que considera que los conciertos “pueden ser molestos para los vecinos” y apuesta porque el Coliseo Balear “acabe siendo público” para convertirse, “por ejemplo, en un museo”.

Casi todas las respuestas a la pregunta “¿causa más molestia una corrida de toros que un concierto?” van en la misma dirección. “En la corrida que hacen cada verano, como siempre hay manifestaciones antitaurinas, la Policía Nacional tiene que cortar esta avenida [dedicada, cómo no, al padre de la plaza, el arquitecto Bennàzar], con lo que representa para el tráfico. Además, los alrededores suelen estar más sucios al día siguiente”, dice Toni. “A mí, mucho más que los conciertos, lo que realmente me molestó fue un espectáculo de saltos de motos; ¿ese tipo de cosas se van a seguir haciendo ahí dentro?”, se pregunta Gema. “Si no se hace nada más que una o dos corridas al año”, pronostica Alejandro, “algún día ocurrirá en la plaza lo mismo que en la cárcel vieja: se llenará de okupas”.

Una bicoca inmobiliaria

A vista de Google Maps, el rectángulo del Coliseo Balear pueden detectarse sin necesidad de ampliar mucho el zoom sobre el ensanche de Palma. Rodeado por completo de edificios de alturas muy diferentes –desde las dos a las diez plantas–, aquella parcela es un respiro en medio de tanto cemento –por el que corre el aire, donde calienta el sol– y, a la vez, una bicoca inmobiliaria.

En marzo de 2023, Cort expropió a la familia Balañá –a cambio de 4,6 millones de euros– un pedazo del pastel: 6.000 metros cuadrados que, en teoría, se iban a destinar a plazas de aparcamiento, uno de los problemas de la barriada, agravada, según varios vecinos, por los eventos de la plaza. Aquella decisión la tomó una coalición de centroizquierda –PSIB, Més, Podem– a punto de terminar su segundo mandato consecutivo. La parcela, dos años después de que el PP recuperara la vara de mando, sigue intacto y, a la prensa, ha llegado otro tipo de intereses. Privados, pero relacionados con la agenda ultra del grupo político que sostiene, desde fuera del gobierno, las políticas del alcalde Jaime Martínez: Vox.

Beneficiándose de la alianza de la derecha y la ultraderecha para tumbar la ley de toros a la balear que impulsó el primer Govern Armengol, Francisco d’Agostino, el venezolano que, tras hacer fortuna con el petróleo de su país, está apostando fuerte para fomentar la tauromaquia en Mallorca. En verano, ofreció 5 millones de euros –poco más que la expropiación municipal–para quedarse con los terrenos –mucho más extensos que los del futuro parking– donde se encuentra la plaza. Los Balañá rechazaron la oferta de un empresario capaz de congregar en los festejos taurinos que ya ha organizado en otros pueblos de la isla a varias cabezas visibles de Vox en Mallorca y a alguno de los pocos políticos de la derecha regionalista que conservan poder, como Miquel Porquer, el alcalde de Muro.

En ese municipio de la Part Forana, la firma de D’Agostino –Balears Cambio de Tercio– está cerca de gestionar La Monumental, un pequeño coso, también histórico, que estaba abandonado. Pero este fanático de la tauromaquia –es íntimo de toreros como Enrique Ponce o Javier Conde igual que su padre lo fue de Luis Miguel Dominguín– sabe que la joya de la corona es el edificio neomudéjar situado en el ensanche de la capital balear. Frente a sus puertas, estos días se ven dos carteles. Antagónicos.

En el primer cartel, el logo de Coliseo Balear, la marca impulsada por Tomeu Font, anima a escanear un QR y conocer el calendario de conciertos de 2026: el enlace, después de todo lo ocurrido, no lleva a ninguna parte. En el segundo cartel se anuncia una novillada que se celebró durante el puente de la Inmaculada. Un festejo orientado al fomento de la afición taurina entre los jóvenes. En un descanso, dice el anuncio, se sirvió un almuerzo con productos típicos.

Tomeu Font prefiere no mojarse cuando escucha esta pregunta:

–¿Han influido otros intereses para decretar la suspensión de los conciertos?

–Lo desconozco. [silencio] No sé si alguien está ayudando a esas tres personas a denunciar por unos intereses ocultos y secretos. Sí me consta, sin embargo, que la propiedad no tiene intención de vender.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvieron este miércoles su primer encuentro bilateral, en el que acordaron la constitución de una comisión mixta para la reconstrucción tras la dana en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de coordinar actuaciones y acelerar las obras necesarias para evitar nuevas inundaciones.

En el encuentro, Pérez Llorca entregó a Sánchez un documento (completo al final de la información) con las 100 exigencias que considera prioritarias para la Comunitat Valenciana. Se trata de un informe de 43 páginas que en muchos casos incide en el argumentario crítico del Gobierno valenciano en relación con la dana, por ejemplo con la gestión de las ayudas estatales. Fuera de la dana, las peticiones van en la línea del acuerdo de investidura alcanzado entre el PP y Vox en materia de inmigración, de apuesta por la energía nuclear o incluso la recuperación del premio nacional de tauromaquia, suprimido en mayo del pasado año por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Barrancos, presas y ayudas

Las primeras peticiones están encaminadas a la ejecución de las grandes infraestructuras hidráulicas para prevenir nuevas avenidas. Entre otras actuaciones se pide agilizar las obras de laminación y mejora del drenaje del barranco del Pozalet y de la Saleta; acondicionamiento del barranco de la Saleta; encauzamiento y drenaje en la Cuenca del Poyo; aumento de la capacidad de drenaje transversal de la A 3 en varios puntos como en su cruce con el AVE o el barranco del Poyo; encauzamiento de los tramos más peligrosos del río Turia; ampliación de la capacidad de desagüe del cauce del río Turia. Reducción del riesgo de inundación de la ciudad de Valencia y de l’Horta Sud mediante la ampliación de la capacidad de desagüe del nuevo lecho del Turia; presas de Villamarxant y de Cheste; y reparación urgente de la Presa de Forata.

En cuanto a las ayudas, plantean la resolución “de forma inmediata” de los expedientes pendientes del Consorcio de Compensación de Seguros: “Más de 1.100 expedientes empresariales continúan pendientes o con pagos a cuenta insuficientes, comprometiendo la recuperación económica de las zonas afectadas. Además, se debe revisar las tasaciones para que se ajusten al valor real de los bienes dañados”. Además, insisten en que “las ayudas del programa DANA, gestionadas por el Gobierno, están siendo tramitadas con una notable lentitud, lo que está generando retrasos en su llegada a los beneficiarios”.

Defensa de las nucleares y reforma del sistema de financiación

En cuanto a política energética la Generalitat Valenciana exige “autorizar la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá de 2030, ya que aporta cerca del 45 % de la demanda eléctrica de la Comunitat Valenciana” así como “garantizar un trato equitativo respecto a otras comunidades autónomas en materia nuclear.

Por otra parte, recuerda que el actual Sistema de Financiación Autonómica, fue aprobado el 18 diciembre de 2009 y en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la propia Ley 22/2009 que regula el sistema actual, establece que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, valorará los distintos aspectos estructurales del Sistema de Financiación, con carácter quinquenal.

Una Ley que dejó relegada a la Comunitat Valenciana “al último lugar en ingresos por población, una Ley que debió ser revisada en 2014, y que por tanto lleva once años de retraso en su actualización”. Una actualización que debería “corregir la insuficiencia global y vertical del subsector de comunidades autónomas, debiendo garantizar la suficiencia estática del modelo como la dinámica, teniendo en cuenta los efectos del envejecimiento sobre el gasto público”, así como “establecer un grado de nivelación que sea al menos total en el gasto para los Servicios Públicos Fundamentales y reducir las divergencias de financiación por competencias homogéneas por habitante ajustado”.

Vivienda, protección de mujeres y dependencia

El presidente valenciano exige en el documento presentado, entre otras cuestiones, “agilidad en el proyecto del Cuartel de Ingenieros de València, frente al bloqueo del Gobierno de España la Generalitat Valenciana ha asumido su responsabilidad y ha impulsado directamente la licitación de 25 viviendas públicas en suelo propio”

Además, recuerda que “en noviembre de 2024 se solicitó formalmente al Ministerio de Vivienda la cesión gratuita a la Generalitat Valenciana de 1.056 viviendas de SAREB en la provincia de Valencia para ponerlas a disposición de personas afectadas por la DANA y atender realojos”.

También se solicita al Gobierno de España “el incremento de efectivos y dispositivos policiales para garantizar la protección efectiva de las mujeres en situación de riesgo”.

En cuanto a la dependencia, se insiste en la necesidad de que el Gobierno financie el 50% del coste efectivo de la dependencia, como está establecido en la Ley y como ya han acordado con Cataluña y el País Vasco. Del mismo modo, se exige el pago de la deuda acumulada que asciende a 4.000 millones de euros.

Devolución de menores migrantes

El documento recoge la petición de la derogación del Real Decreto 2/2025, (que ya se ha recurrido ante el Tribunal Constitucional) para frenar un reparto de menores migrantes no acompañados en la Comunitat Valenciana: “Nos oponemos a un reparto que utiliza a los menores como mercancía y que deja fuera de la distribución a sus socios separatistas de Cataluña y el País Vasco. Se trata de una decisión impuesta, sin consensuar con las CCAA; sin dotarla de recursos y sin planificar que no puede ser asumida por unos centros de menores valencianos que ya están saturados”.

En este punto asume el argumentario de Vox al asegurar que “donde mejor está un menor es junto a su familia y por eso instamos al Gobierno a colaborar en la búsqueda de fórmulas legales que han llegado a nuestra Comunidad vuelven con sus padres y familias. Una apuesta que se combina con la coordinación en los países de origen para darles una oportunidad de futuro”.

Señas de identidad y dama Elche

El documento pone de relieve que “existen diversos organismos públicos, algunos de ellos financiados por los correspondientes ministerios, cuyas páginas web se encuentran en castellano, en alguna lengua extranjera, y en tres de las cuatro lenguas cooficiales presentes en España (catalán, gallego y euskera), omitiéndose el valenciano. Esto supone un incumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía y un ninguneo a la Comunitat Valenciana”

Además se reivindica la vuelta de la Dama de Elche, “una reivindicación histórica de la ciudad de Elche, que no está siendo atendida desde el Gobierno por lo que se solicita que se hagan públicos los informes técnicos que desautorizan el préstamo de la Dama de Elche para poder subsanar espacial y técnicamente esos informes y exhibir a la Dama de Elche con todas las garantías de conservación necesarias. El gobierno tiene la obligación de la cesión temporal de una pieza tan importante para la ciudad de Elche y toda la Comunidad Valenciana como es la Dama de Elche”.

También se pide el impulso del derecho civil valenciano que surge “en el siglo XIII y estuvo en vigor hasta 1707 con la supresión de la Corona de Aragón. Estas normas se han recuperado en otras autonomías como Aragón, Cataluña, Islas Baleares, País Vasco, Navarra y Galicia”.