La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife invertirá en el próximo año y medio más de diez millones de euros en la ejecución del viario y redes básicas del puerto de Granadilla.

Los trabajos lo ejecutará la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Sacyr Infraestructuras, S.A.U. y AMC Construcciones y Contratas 2014, S.L., cuyas ofertas técnicas y económicas recibieron la mayor puntuación total frente al resto de aspirantes, según ha informado la Autoridad Portuaria en un comunicado este jueves.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha acordado la propuesta de contratación de las obras del edificio de servicios, el cual acogerá las oficinas de esta institución pública, las dependencias de la policía portuaria, prácticos, Policía Nacional y la Guardia Civil.

Por otra parte, el Consejo también decidió seleccionar la solicitud presentada por Tenerife Shipyards, S.A., para otorgarle la concesión administrativa para la instalación de un dique flotante destinado a reparaciones navales en el nuevo puerto de Granadilla.

El mayor buque del mundo en volumen, el Pioneering Spirit, ha atracado este jueves en el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, una infraestructura que sigue sin estar operativa un año y medio después de su inauguración. Según recoge su último informe, correspondiente al mes de agosto, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ni siquiera tiene datos estadísticos del tráfico de barcos, cargas, descargas o suministro de combustible en el mencionado recinto. Su inactividad ha sido, precisamente, el motivo por el que el armador Allseas ha elegido este puerto para operar.

El Pioneering Spirit tiene 477 metros de eslora y 124 de manga y 30 de calado a plena carga, y es el primero de los que el armador tiene previsto reparar en Tenerife, a la que ha elegido como base en el Atlántico Medio.

Se trata del mayor barco del mundo en volumen, desplaza 400.000 toneladas de arqueo neto (GT) y un millón de toneladas en calado máximo. Llegó a puerto con más de 500 tripulantes a bordo.

El armador Allseas, con sede en Suiza, ha contratado para su proyecto en Tenerife a la empresa Tenerife Shipyards, del grupo Hidramar. Según ha explicado su director de producción, Jhon Nestares, a Teknautas (El Confidencial), los trabajos de reparación se alargarán cuatro meses con una inversión estimada de un millón de euros.

Para esta empresa, el Puerto de Granadilla “no es el mejor, sino uno de los pocos en el mundo en el que este buque puede maniobrar sin afectar la operatividad del puerto”. El armador dispone de la totalidad de las instalaciones para el buque. “Esto es así por la inactividad que tiene, no es que sea bueno o malo”.

Al Puerto de Granadilla le ha acompañado la polémica desde su concepción. El proyecto estuvo paralizado en Europa durante un año debido a la denuncia interpuesta por los grupos ecologistas como consecuencia de la afección a los sebadales. Finalmente fue adjudicado, con el apoyo de CC y PP, por 114 millones de euros a OHL, la constructora investigada en la operación Lezo por el presunto pago de comisiones a cambio de obras públicas. El Puerto de Granadilla es, precisamente, una de las adjudicaciones bajo la lupa de la Audiencia Nacional por el presunto reparto de comisiones del 3% entre cargos de CC.

La empresa Tenerife Shipyards reconoce que “no deja de ser un puerto inacabado”, construido “en una ubicación donde el viento sopla con fuerza y supone un inconveniente serio para los trabajos de reparación naval”. Sobre los trabajos que realizará en el puerto tinerfeño, John Nestares menciona “el incremento de la capacidad de izaje del barco o la retirada y reacondicionamiento de los propulsores del barco”.

El astillero tinerfeño también limpiará y pintará la embarcación. “Para estas tareas tenemos un robot que, con magnetismo, se adhiere al caso y realiza la tarea sin tener que involucrar al personal, algo que con los fuertes vientos de Granadilla es importante”, explica su representante, que advierte de que, en caso de que el viento supere los doce nudos, algunos trabajos tendrán que ser detenidos. “Nuestra prioridad está clara: la seguridad laboral de nuestros trabajadores”, concluye en declaraciones a Teknautas.

Longitud y superficie para el acopio de materiales

Longitud y superficie para el acopio de materialesLa Autoridad Portuaria, por su parte, ha destacado la longitud de la “línea de atraque de Granadilla y la superficie disponible para el acopio de materiales y equipamientos”, además de “las facilidades para el trabajo de los talleres”, como las características que han llevado a Allseas a decantarse por la dársena tinerfeña, entre las ofertas internacionales que aspiraban a este contrato.

Según el presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, se trata de un gran logro, ya que este armador ha elegido el puerto “como base de reparaciones para sus unidades en el Atlántico Medio -esta es la primera de otras que vendrán- consolidando después de mucho trabajo a Tenerife como una oferta viable y potente en la actividad de reparaciones navales”.

El responsable de los puertos tinerfeños agradeció especialmente al consignatario que ha abanderado las negociaciones, Alfaship, el trabajo en equipo realizado por el personal de la Autoridad Portuaria junto al Departamento Comercial que lleva meses negociando este contrato.

Con la llegada del Pioneering Spirit, se abre paralelamente una línea de suministro mediante buques cargueros que irán abasteciendo a Granadilla de todo lo necesario, desde este mismo fin de semana, en el que tiene previsto el atraque la primera unidad con piezas y equipos. Está previsto que tras la conclusión de este proyecto, Granadilla acoja a otras unidades de la flota de Allseas de forma regular.

Pedro Suárez ha asegurado que la Autoridad Portuaria facilitará todo el apoyo y colaboración para el buen desarrollo de los trabajos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya tiene concretadas las comisiones que presuntamente fueron pagadas por la constructora OHL a dirigentes de Coalición Canaria por tres de las obras detectadas en su investigación en el marco de la operación Lezo. Por el puerto de Granadilla, la UCO tiene pruebas de que se desembolsaron 1.375.000 euros, mientras que por la ampliación del puerto de La Estaca, en El Hierro, la comisión ascendió a 360.000 euros. Una nueva obra pública de la que hasta ahora no se habían tenido noticias en esta causa, la de la carretera entre Santa María de Guía y El Pagador, al norte de Gran Canaria, generó una comisión de 1.339.000 euros. En total 2.974.000 euros pagados entre los años 2006 y 2008 solo por estas tres obras. Los tres presuntos destinatarios de estas comisiones fueron, siempre según estas investigaciones, los dirigentes de Coalición Canaria Julio Bonis, Luis Suárez Trenor y Antonio Castro Cordobez.

Luis Suárez Trenor ocupaba la presidencia de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife los años en los que se produjeron los hechos ahora investigados, por lo que se le relaciona directamente con las obras de construcción del puerto de Granadilla, en Tenerife, y con la ampliación del puerto de La Estaca, en El Hierro. Antonio Castro Cordobez, por su parte, era el eterno consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias en el momento en el que se adjudicaban a OHL la carretera Santa María de Guía-El Pagador, en 2006, o el dique de abrigo del puerto de Granadilla, en 2007, mientras que Julio Bonis aparece profusamente mencionado por los directivos de la constructora por ser un presunto cobrador habitual de comisiones en México a partir de que la compañía decidiera hacer este tipo de pagos en el extranjero, particularmente en ese país, donde tiene dos filiales.

La UCO ha logrado congeniar las grabaciones entre directivos de OHL de las que se incautó en 2018 con unas hojas de cálculo muy reveladoras en poder de uno de ellos, en concreto de Felicísimo Ramos. En ellas los agentes pudieron encontrar apuntes en los que se cifraba la comisión pagada por el dique de abrigo del puerto de Granadilla en 1.375.000 euros. El método que generalmente se seguía era el de pagos fraccionados, así, en las hojas de cálculo figuran cuatro pagos de 125.000 euros entre agosto y noviembre de 2008, y uno final de un millón de euros en diciembre de ese año. La obra había sido adjudicada en 2007.

Respecto a la obra de la carretera entre Guía y El Pagador, los investigadores detectaron que se realizaron cinco pagos de 200.000 euros y dos de 100.000 entre enero y diciembre de 2007, aunque sus investigaciones posteriores les condujeron a afirmar que por esta obra se llegaron a pagar 1.339.000 euros en comisiones.

El nombre de Antonio Castro Cordobez aparece en varias de las conversaciones en poder de los investigadores, tanto en relación con la obra de esa carretera como respecto al puerto de Granadilla.

En una de ellas, fechada en diciembre de 2006 entre dos de los directivos encausados, Rafael Martín de Nicolás y Paulino Hernández Ros, se habla de ralentizar un pago de 200.000 euros relacionado con el exdirector territorial de SATO (filial de OHL) en Canarias, Andrés Román. Un pago con el que se pretendía cubrir otra comisión a pagar en la Península y que los investigadores opinan que pertenecía a uno de los plazos por la obra Granadilla.

En esa conversación se habla expresamente de Antonio Castro Cordobez:

RMN: Entonces, ¿cuánto es lo que tenemos que soltar, el 3,5?, ¿de cuánto?

PHR: Era un millón trescientos o por ahí.

ARS: El 3,5... Nuestra parte son 39 millones de euros aproximadamente. 39.000.000 de euros...

PHR: 1.300.000 era, o 1.200.000...

RMN: Una pasta...

PHR: Sí. Pero que es una pasta, además, que convendría hacerla antes de mayo, que son las elecciones, porque incluso este puede ser candidato a la presidencia canaria, el Antonio. Entonces, bueno, ya que al final tienes que pagarlo, pagarlo de forma que el tío no se sienta engañado.

Efectivamente, en mayo de 2007 se iban a celebrar elecciones autonómicas en Canarias y Antonio Castro Cordobez volvía a aparecer en las quinielas como uno de los posibles candidatos a la presidencia del Gobierno por Coalición Canaria.

Castro Cordobez, histórico dirigente de Coalición Canaria de la isla de La Palma, tiene una dilatada trayectoria política, que ha mantenido ininterrumpidamente desde que ocupó su primer cargo público en 1979 como consejero de Agricultura en la Junta de Canarias, el embrión de la autonomía.

A partir de ahí, ha ocupado la Consejería de Presidencia (1995-1996) y la de Obras Públicas, desde 1999 hasta 2007, en que fue designado presidente del Parlamento de Canarias. Ha sido diputado regional por La Palma seis legislaturas, es decir, 24 años, y durante ocho, presidente de la Cámara, lo que le hizo acreedor de la Medalla de Oro del Parlamento, que se le iba a imponer la semana pasada. La publicación de los audios de la operación Lezo, una vertiente canaria de las comisiones de OHL, aconsejaron posponer el acto.

El otro dirigente que, según las investigaciones, cobraba comisiones por obras públicas relacionadas con los puertos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife es Luis Suárez Trenor.  En esta otra conversación entre Rafael Martín de Nicolás y Andrés Román, los interlocutores apuntan a que Suárez Trenor cobró de OHL por las obras por la ampliación del muelle de La Estaca la cantidad de 360.000 euros, exclusivamente por “la parte” que correspondía a esta constructora, que acudió en UTE con otras.

RMN: Granadilla..., la verdad que hace tantísimo tiempo que ya no me acuerdo ni cuándo, ni si lo hablé, ¿tú lo has confirmado este tema con Luis o no, lo del tres? ¿Él te ha dicho algo a ti o no?

ARS: Sí, como siempre. (Risas)

ARS: O sea, es que con Luis no hay variaciones. Bueno, hay una pequeña variación.

RMN: A Luis la verdad que solamente le hemos dado en una ocasión, que fue por lo de El Bufadero y le dimos el tres.

ARS: Y en La Estaca.

RMN: Y en La Estaca, perdón, en La Estaca, en El Bufadero no le dimos, en La Estaca. En El Bufadero fue cuando el tío se le estalló.

PHR: Pero en La Estaca íbamos en UTE.

ARS: Sí, sí, ese tío.

PHR: Le dio la UTE, ¿no?

RMN: Le dimos nuestra parte, no, no.

ARS: Cada uno, lo suyo.

RMN: Cada uno, lo suyo. Y habrá que hacer una (ininteligible) de todo, nosotros entregamos lo nuestro. (Ininteligible). Y de esto, pues la verdad es que yo creo que no llegamos a hablar de cifras, pero sí me suena a mí eso de lo de siempre.

ARS: Lo de siempre. Luis lo que sí me dijo, lo que pasa que hace ya tanto tiempo, que necesitaba más rapidez de lo habitual por el tema de que se quiere ir.

Los contratos bajo la lupa de la Audiencia Nacional en la pieza número 8 de la operación Lezo, la que indaga las ‘mordidas’ de directivos de la constructora OHL a altos cargos y funcionarios a cambio de obra pública, incluidos dirigentes históricos de Coalición Canaria (CC), suman cerca de 200 millones de euros, prácticamente la mitad de la cantidad que suman las doce adjudicaciones investigadas en todo el país. Entre ellos figura el de mayor cuantía de cuantos han centrado las pesquisas de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, el del Puerto de Granadilla, en el sur de la isla de Tenerife, que asciende a 114,5 millones de euros. El juez Manuel García-Castellón, instructor de la causa, también ha reclamado información detallada de otros dos contratos adjudicados en Canarias entre 2002 y 2006: las obras de ampliación del Puerto de La Estaca, en El Hierro, por 29,3 millones de euros, y el tramo de la carretera del norte de Gran Canaria (GC-2) entre Guía y El Pagador, por 59,5 millones.

Tres de las 23 grabaciones descubiertas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un registro sorpresa al domicilio de Paulino Hernández, ex director de obra civil de OHL, aluden a presuntos sobornos de la constructora a cargos de CC. En esos audios, difundidos este jueves por Canarias Ahora, tres directivos de la constructora mencionan expresamente a otros tantos dirigentes del partido que ha gobernado ininterrumpidamente en las islas los últimos 26 años y que ahora intenta a la desesperada mantenerse en el poder ofreciendo la Presidencia al PP, tercera fuerza en las Islas, para evitar un pacto progresista en el Archipiélago liderado por el PSOE.

Las pesquisas de la operación Lezo sitúan a Antonio Castro, ex consejero de Agricultura y Obras Públicas y ex presidente del Parlamento de Canarias; a Luis Suárez Trenor, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife durante doce años, y a Julio Bonis, que fue consejero de Sanidad y Presidencia, como presuntos perceptores de comisiones del 3% a cambio de la adjudicación de obra pública. Los dos primeros ya figuran como investigados en la causa, mientras que el tercero aparece citado en las grabaciones por sus negocios en México, país en el que actualmente reside.

Los audios hacen referencia a tres obras concretas, aunque una de ellas, las de ampliación del muelle de El Bufadero, en Santa Cruz de Tenerife, no están siendo objeto de investigación. Una conversación de Paulino Hernández con Felicísimo Ramos, el tesorero de OHL, y Rafael Martín de Nicolás, ex director del departamento de construcción de la compañía, revela el cobro de comisiones por parte de Luis Suárez Trenor, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. “Lo de Granadilla hace tantísimo tiempo que ya ni me acuerdo ni si lo hablé. ¿Tú lo has confirmado con Luis, ese tema del 3%”?, pregunta Hernández. “Sí, como siempre”, le responden, provocando las risas de sus compañeros. “A Luis, la verdad es que solo le hemos dado en una ocasión que fue por lo de El Bufadero, y le dimos el 3. Bueno, y La Estaca”, añade el ‘Villarejo’ de la constructora.

Según se desprende del contenido de esas grabaciones, Suárez Trenor, ex tesorero de CC que fue investigado en el caso Fórum Filatélico después de que la Policía Nacional le atribuyera algo más de medio millón de euros de origen desconocido, habría cobrado la mordida del 3% por primera vez en 1998, con la adjudicación de las obras de prolongación norte del muelle de El Bufadero, en la capital tinerfeño, a SATO, filial de OHL especializada en la construcción de diques de abrigo portuario, por 167 millones de pesetas, algo más de un millón de euros. En 2003, cinco años después de haber formalizado ese contrato, la Autoridad Portuaria de la provincia occidental adjudicó por cerca de 600.000 euros las obras para reparar esa prolongación del muelle a otra empresa, Necso Entrecanales Cubiertas, precisamente una de las empresas con las que la propia SATO concurrió un año antes en una Unión Temporal de Empresas al concurso para la ampliación del Puerto de La Estaca, en El Hierro, que se llevó por 29,3 millones de euros. En esa UTE también estaba la constructora herreña Fronpeca.

La obra de ampliación de La Estaca, que también incluía una vía de acceso y que estuvo financiada en un 82% con fondos estatales de cohesión, fue inaugurada el 23 de junio de 2006, tres años después de haberse iniciado los trabajos. Acompañado del ya fallecido Adán Martín (CC), entonces presidente del Gobierno, Luis Suárez Trenor dijo en el acto que esa infraestructura era “una deuda que tenía adquirido el organismo portuario con la isla” y agradeció “la colaboración, esfuerzo y saber hacer” de los trabajadores de la UTE formada por SATO (OHL), Necso y Fronpeca.

En orden cronológico, la última de las obras canarias mencionadas en las grabaciones de la operación Lezo, la del Puerto de Granadilla, adjudicada en 2006 a la UTE formada por Fomento de Contrata y Construcciones, SATO (OHL) y Promociones Punta Larga, empresa de Antonio Plasencia (condenado en el caso Áridos y el caso Las Teresitas), e inaugurada en 2018, es también la más importante en cuanto a montante (114 millones de euros) y la que más rechazo social suscitó en el Archipiélago por su impacto medioambiental. El empecinamiento de los dirigentes de CC, primero con el Gobierno de Adán Martín y, después, con el de Paulino Rivero, apoyado este último por el PP de José Manuel Soria, hizo posible que la infraestructura terminara haciéndose realidad. Para ello tuvo que sortear incluso un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que paralizó las obras al aceptar un recurso del colectivo ecologista Ben Magec por la afección del puerto a una especie protegida en el Archipiélago, la seba, clave en el hábitat natural de la zona. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en aquel momento en manos de Domingo Berriel (CC), promovió un nuevo catálogo que excluía a los sebadales de la categoría de especie amenazada. El documento fue aprobado por mayoría en el Parlamento de Canarias en mayo de 2010, desbloqueando de esta manera las obras de un puerto que, más de un año después de su inauguración, continúa prácticamente inoperativo.

Aunque los audios no hacen referencia a ella, la Audiencia Nacional investiga una tercera adjudicación en Canarias a OHL. En esta ocasión, el órgano contratante no es , como en las anteriores, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, sino la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias que lideró entre 2003 y 2007 Antonio Castro Cordobez. Se trata de las obras de duplicación del tramo de la GC-2, la carretera del norte de la isla, entre las localidades de Guía y El Pagador. Fue adjudicada en octubre de 2006 a una UTE de la que formaban parte, además de OHL, Félix Santiago y los Hermanos García Álamo, por 59,5 millones de euros.

La mencionada unión de empresas ha acudido en varias ocasiones a los juzgados para reclamar al Gobierno de Canarias el pago del sobrecoste de la obra, cuantificado en 13,4 millones de euros. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado las pretensiones de los adjudicatarios, recordando que la oferta económica presentada por la UTE había sido preponderante sobre los criterios de calidad y seguridad argumentados como causa de ese aumento de costes que las empresas consideraban injusto asumir.

Las grabaciones aportadas a la causa que se sigue por la llamada operación Lezo en la Audiencia Nacional apuntan directamente al corazón de Coalición Canaria. Directivos de OHL aparecen en los audios en poder del juez Manuel García Castellón comentando las comisiones repartidas entre al menos tres altos cargos de ese partido por obras relacionadas con puertos del Estado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: El Bufadero y Granadilla, en Tenerife, y La Estaca, en El Hierro. En todos los casos se habla de comisiones del 3%.

Tres de las 23 grabaciones incorporadas a la causa tienen como protagonistas a otros tantos dirigentes de Coalición Canaria: Luis Suárez Trenor, durante doce años presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; Julio Bonis, consejero de Sanidad y de Presidencia en varios gobiernos autonómicos, y Antonio Castro Cordobez, que pasó por las consejerías de Agricultura y Obras Públicas hasta llegar a presidir el Parlamento de Canarias. Todos ellos aparecen expresamente mencionados en las grabaciones como receptores directos de esas comisiones del 3%. A Castro y a Suárez Trenor ya los menciona como investigados el juez García Castellón en sus últimos autos al entrar a analizar estas pruebas. Julio Bonis reside en México.

Tres hombres aparecen hablando en las tres grabaciones que involucran a dirigentes de Coalición Canaria. Uno de ellos parece ser el conocido como el Villarejo de OHL, Paulino Hernández, ex director de Obra Civil de la compañía, que grababa las conversaciones comprometedoras que fueron encontradas en su domicilio en el marco de una entrada y registro ordenada por el juez.

Los otros dos interlocutores son Feliciano Ramos, conocido como el Bárcenas de OHL, y Rafael Martín de Nicolás, ex director del departamento de Construcción de la compañía que preside Villar Mir.

En uno de los audios los tres interlocutores hablan del porcentaje de comisión que OHL supuestamente pagó por las obras del puerto de Granadilla, una millonaria infraestructura que no solo arrasó con fondos marinos de gran valor ecológico sino que, un año después de su inauguración ha demostrado su absoluta inutilidad por el régimen de vientos imperante en la zona.

Según este audio, OHL habría pagado una comisión del 3% sobre el presupuesto de una obra licitada por 114,5 millones de euros y el receptor habría sido el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, por aquel entonces tesorero de Coalición Canaria en Tenerife y más tarde implicado en el caso Fórum Filatélico, por el que dimitió discretamente desapareciendo del todo de la vida pública.

También se refieren los interlocutores a las obras en El Bufadero, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde OHL construyó una terminal de contenedores que también fue objeto de una dura polémica que acabó en un procedimiento judicial finalmente archivado. La Fiscalía y el partido político Sí Se Puede denunciaron esa ampliación del muelle por levantarse en la desembocadura de un barranco, el de María Jiménez, y afectar al desagüe de la ciudad, que sufrió unas durísimas inundaciones en 2001 que fueron relacionadas con la obra.

Otro 3%, siempre según la grabación a la que ha tenido acceso este periódico, se repartió con motivo de las obras de ampliación del puerto de La Estaca, en El Hierro.

Otro alto cargo de Coalición Canaria señalado en los audios es Julio Bonis, del que se dice que recibía su mordida en su residencia de la Baja California, en México, donde lleva instalado desde que abandonó la vida pública: “Se lo estamos soltando en México, en la Baja California”, se escucha claramente en la grabación. Julio Bonis fue durante muchos años un personaje clave en el engranaje político y empresarial de los sucesivos gobiernos autonómicos de Coalición Canaria. No había operación empresarial con ramificación política de calado que no pasara por su intermediación, y de ahí probablemente que se le señale como presunto receptor de mordidas por parte de esta constructora.

En la grabación dos de los interlocutores dan a entender que Bonis cobra como representante de alguien, pero no se termina de concretar.

El tercer alto cargo señalado por los interlocutores que aparecen en estos audios es Antonio Castro Cordobez, otro personaje imprescindible en la historia de Coalición Canaria. Dirigente de la rama palmera de la organización, Castro ha ocupado altos cargos de la administración autonómica en los orígenes de CC, las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), conglomerado de partidos insulares del que la Agrupación Palmera de Independientes era fundamental. Ha ocupado las carteras de Agricultura y de Obras Públicas y es en esta última donde entabla contacto con las grandes constructoras nacionales.

El también ex presidente del Parlamento de Canarias ha negado cualquier implicación en los hechos por los que está siendo investigado. En recientes declaraciones a la cadena Cope, Castro manifestó que nunca ha participado “en cuestiones de ese tipo, si las ha habido”. “Espero que las cosas se aclaren pronto y sean rápidas porque es una situación muy desagradable para quien ha hecho durante tantos años las cosas de manera honrada y transparente”, dijo.

A pesar de que las obras en puertos del Estado son de competencia estatal, es preciso recordar que a los presidentes de las autoridades portuarias canarias los designa el Ministerio de Fomento a propuesta del Gobierno regional, y es esta administración, con el respaldo del Parlamento autonómico, la que autoriza o deniega las autorizaciones para esas grandes infraestructuras.

Así, obras polémicas como la del Puerto de Granadilla se enfrentaron desde el principio a la dura oposición de los movimientos ecologistas y de algunos partidos políticos, incluso de algunos dirigentes municipales de Coalición Canaria que veían en el proyecto un daño ambiental al municipio donde finalmente se instaló.

En Granadilla llegó a gobernar un alcalde del PSOE favorable a esa infraestructura que se enfrentó a su propio partido, contrario a la misma.

Los interlocutores también hacen mención al Partido Socialista, concretamente cuando uno de ellos asegura que “me consta que Antonio Castro reparte incluso al PSOE”. Sin embargo, no se señala ningún nombre, ni en la causa judicial hay señalado ningún socialista de Canarias.

Aún así, el Parlamento de Canarias tenía previsto entregar este mismo jueves a Antonio Castro la Medalla de Oro de la Cámara, un acto que fue aplazado hace tres días ante las informaciones que le vinculan con esta pieza separada de la operación Lezo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha imputado a seis políticos por el supuesto cobro de comisiones irregulares pagadas por la constructora OHL a cambio de adjudicaciones de obra pública, entre los que se encuentran dos ex altos cargos de Coalición Canaria: Antonio Castro, quien estuvo en todos los gobiernos regionales entre 1987 y 2007, siendo entre otros consejero de Obras Públicas, y Luis Pedro Suárez Trenor, expresidente de Puertos de Tenerife desde 1996 a 2007. Aún no hay fecha fijada para que los dos investigados comparezcan en la Audiencia Nacional.

Las presuntas mordidas, investigadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional dentro de la operación Lezo, fueron destapadas por la Fiscalía y la Guardia Civil, que revelaron una “práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL para la adjudicación de determinadas obras públicas en todo el territorio nacional”, según informa el diario digital Vozpópuli.

Así, en la Audiencia Nacional también se investiga la adjudicación de contratos de obra pública en Canarias entre 2003 y 2014, periodo en el que se adjudicó el dique de abrigo del puerto de Granadilla (sur de Tenerife), a la Unión Temporal de Empresas SATO (filial de OHL), cuando presidía la Autoridad Portuaria de la provincia occidental Sánchez Trenor. Esta operación, que tenía relación con la titularidad de terrenos en la zona que luego se convirtió en polígono industrial, alcanzó los 114,5 millones de euros. En el caso de Antonio Castro, el informe de la Guardia Civil recoge una grabación entre los directivos de la constructora en la que tratan sobre el reparto de dinero que habría que ver “los porcentajes de Antonio Castro”.

Presuntamente, el contrato era amañado previamente a cambio de comisiones ilegales. El dinero que supuestamente gastó OHL para sobornos a funcionarios y altos cargos de diferentes administraciones, principalmente en Madrid, Andalucía, Extremadura y Canarias, se estima en más de 38,6 millones de euros.

Esta cifra corresponde con la cantidad intervenida por orden judicial en el domicilio de Paulino Hernández, quien fue director de Obra Civil de OHL, que declaró la semana pasada ante la Audiencia Nacional. Hernández grababa las reuniones que mantenía y el ejecutivo del área de Control, Felicísimo Ramos, recogía en una memoria portátil la relación de pagos de comisiones ilegales.

Además de Hernández, también ha comparecido José Manuel Sanjurjo, exdelegado de obra civil de Andalucía Oriental, quien estaba al tanto de las presuntas mordidas. Tras estas declaraciones, el próximo 12 de junio, comienzan las citaciones a políticos o altos cargos de administraciones regionales, con el testimonio de Abelardo García Moya (exgerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía); al día siguiente le toca el turno a José Luis Almazán Palomino (exmiembro de la Ejecutiva del PP de Melilla) y, el 13 de junio, el juez Albino Pardo Rodríguez (exdirector del Puerto de Cádiz).

El partido político de izquierdas con implantación sobre todo en Tenerife Sí Se Puede informó este miércoles en rueda de prensa de que ya ha solicitado ante la Audiencia Nacional, trámite que realizó este mismo martes, su personación como acusación popular en el proceso judicial que sigue en ese tribunal el juez Manuel García-Castellón por el conocido como caso Lezo, el supuesto pago de comisiones a cargos políticos a cambio de presuntos tratos de favor en la concesión de obras públicas a la empresa OHL.

En esa causa, según un informe de la Guardia Civil realizado sobre todo a partir del pinchazo de conversaciones telefónicas a directivos de esa empresa, aparecen nombrados tres políticos de CC como supuestos perceptores de compensaciones económicas ilegales, estas principalmente vinculadas al proyecto de construcción del puerto de Granadilla, el tercero del Estado en la isla de Tenerife (junto al de Santa Cruz de Tenerife y Los Cristianos, este último radicado en Arona), y parece que también a obras de mejora en la única instalación estatal que hay en la isla de El Hierro para atender el tráfico marítimo: la de La Estaca, en el municipio de Valverde. Todos los recintos descritos dependen de la Autoridad Portuaria de la provincia tinerfeña, entonces, en el periodo que ahora se investiga, al mando de un cargo de CC, Luis Suárez Trenor. 

La investigación de la Guardia Civil, una de las patas principales en que se apoya el caso que se investiga en Madrid, sospecha del posible pago de sobornos a tres excargos públicos de Coalición Canaria (CC): Luis Suárez Trenor, expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; Julio Bonis, que tuvo varios cargos en el Gobierno de Canarias, y el palmero Antonio Castro Cordobez, exconsejero de Obras Públicas en el Ejecutivo autonómico y diputado canario por la isla de La Palma en esta legislatura, entre otros puestos de responsabilidad pública con CC o antes con la Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), desde mediados del decenio de 1980.

La intención de Sí Se Puede con el paso dado de acudir al proceso judicial como acusación popular, algo que ahora debe ser admitido por la Audiencia Nacional, responde a la “obligación” de esta fuerza política de seguir de cerca ese proceso judicial, en el que ya aparecen políticos relevantes de CC vinculados a supuestos casos de corrupción. También lo hacen, han especificado este miércoles, por el hecho de que Sí Se Puede fue una de las pocas organizaciones de izquierdas en la isla que se negó rotundamente a la construcción del puerto de Granadilla, una instalación que, según afirmó Asun Frías, concejala de ese partido en Santa Cruz de Tenerife, “no podrá operar el 80% de los días del año” por el viento reinante en la zona en que se ubica.

En la cita con los medios de comunicación estuvieron la ya citada Asun Frías; Fidel Vázquez, concejal en el Ayuntamiento de El Rosario, y Mayca Coello, también edil pero en el municipio de Candelaria. Los tres intervinientes reconocieron que el objeto de la actual decisión del partido es “acceder a toda la información que se conozca sobre el caso y hacerlo de forma directa”, sin intermediarios, para así analizar y ver “las supuestas implicaciones de políticos de CC” en la que se presume como otra trama de corrupción de ámbito nacional, aunque esta con implicaciones en las islas.

Tal y como expuso Asun Frías, que forma parte como número dos de la lista electoral de Sí Se Puede en la capital tinerfeña, la que encabeza el abogado Pedro Fernández Arcila, hay sospechas, por lo que se dice en las grabaciones recogidas por la Guardia Civil, de que los tres políticos reseñados de CC pudieron cobrar comisiones (“del 3,5 por ciento por las obras adjudicadas, con un total de 1,37 millones de euros”, apuntó Frías, que se apoyó en los informes policiales) por favores prestados a la empresa de construcción OHL en algunas licitaciones públicas, lo que, de confirmarse, es algo muy grave y además justificaría la afirmación de que CC acude a muchas elecciones “dopada”.

Frías centró su mensaje en que el interés de Sí Se Puede en el proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional, el caso Lezo, tiene mucho que ver con que ese partido, junto a Izquierda Unida y a otros con menor implantación en la isla, fue el que más se opuso a la construcción del puerto de Granadilla, una instalación ya casi hecha pero que sigue siendo muy cuestionada por las dificultades que plantea en la atención del tráfico marítimo.

Según subrayó Asun Frías, lo que vuelve a pasar con CC, ahora, después de la sentencia firme del caso Las Teresitas (el de la compraventa del frente de esa playa de Santa Cruz de Tenerife por el Ayuntamiento), con dos de sus políticos en la cárcel: el exalcalde Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, es que “no atiende las necesidades reales”, sino “el interés económico de Coalición y de sus empresas afines”.

Por todos estos casos de corrupción, unos acreditados y otros aún supuestos, en alusión al proceso de Lezo, resulta urgente que “CC salga de las instituciones públicas”, y “confiamos en que esto ocurra en las elecciones de este domingo”, indicó la representante política en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En su intervención, Mayca Coello, concejala y candidata a la alcaldía de Candelaria por Sí Se Puede, recordó que “12 años después” parece que se va a demostrar que “la política de las grandes infraestructuras” es una “estrategia que permite el enriquecimiento de responsables políticos y empresas afines a estos”. “Una y otra vez se comprueba que son obras públicas para el enriquecimiento y no por necesidad”, recalcó Coello.

La misma fuente además trasladó la postura de su partido de oponerse al proyecto de ampliación del puerto de Agaete, en la isla de Gran Canaria, y a la construcción de la instalación portuaria proyectada en Fonsalía, en el municipio de Guía de Isora. En cambio, sí apoya el plan de inversión pública para Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, pero siempre que sea un puerto “con unas condiciones muy específicas”.

La portavoz de Sí Se Puede no descartó que su partido informe a la Comisión Europea del supuesto fiasco del puerto estatal de Granadilla y que ello incluso pueda suponer la apertura de un expediente por parte de Bruselas con la intención de comprobar que si los fondos comunitarios han sido utilizados de forma adecuada.

Ahora, según ha contado ABC, la Unidad Central Operativa (UCO) ha cedido un informe a la Audiencia Nacional donde se señalan algunos nombres algo conocidos. Entre esos nombres estarían Luis Suárez Trenor, Julio Bonis y Antonio Castro. Del expresidente de Puertos de Tenerife, Suárez Trenor, ya se advertía en 2016 que había movido grandes cantidades de dinero de origen desconocido entre los años 2000 y 2006.

En 2006, Baltasar Garzón conectaba a Suárez Trenor y a Miguel Zerolo, condenado por el caso Las Teresitas, con la filial de la trama Forum Filatélico en Santa Cruz. En 2009, las malas lenguas decían que existía una conexión entre el puerto de Granadilla y el famoso pelotazo de libro. Ahora, diez años más tarde, la Audiencia Nacional conecta la operación Lezo con el puerto de Granadilla.

Del puerto de Granadilla pocas son las buenas noticias que se dan. Si Canarias Ahora contaba hace no mucho que pasado un año de su inauguración ha resultado un proyecto que no tiene una utilidad al cien por cien, en junio del año pasado la Asociación de Geógrafos españoles elaboraba un informe que situaba al puerto de Granadilla como una de las inversiones canarias en las que más se ha despilfarrado dinero público.

El delpilfarro que resalta la Asociación de Geógrafos españoles estuvo acompañado de la polémica y de las voces que gritaron en contra de su construcción. Ben Magec, Ecologistas en Acción o Greenpeace fueron algunos de los colectivos ecologistas que mostraron su descontento con lo que calificaban de “disparate medioambiental”.

El Tribunal Superior de Justicia llegó a paralizar las obras por considerar que podía afectar a los sebadales, una especie protegida en aguas canarias. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente aprobó un nuevo Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias cambiando esa especie de categoría de protección. Continuará la historia de un entramado político-empresarial del que todavía no conocemos su magnitud.

El puerto de Santa Cruz de Tenerife, en su dársena del Este, finalmente tendrá el dique flotante con el que se incrementará la actividad de reparación naval en la capital por parte de la empresa Tenerife Shipyards. Así lo confirmó el presidente de la Autoridad Portuaria en la provincia tinerfeña, Pedro Suárez (PP), según adelantó en su edición de este jueves el periódico El Día.

Según recoge ese mismo medio de comunicación, Suárez reconoció que “en breve se llevará al consejo de administración la concesión a la empresa Tenerife Shipyards de la lámina de agua en el muelle del Este” para la instalación de la citada estructura, con el fin de que luego se pueda iniciar la tramitación ambiental.

Pedro Suárez dejó claro que en ningún momento la Autoridad Portuaria tinerfeña se ha negado a autorizar a Tenerife Shipyards la instalación del dique flotante para la reparación naval de barcos y plataformas petrolíferas, igual que “tampoco en ningún momento hemos dejado de defender esta actividad, que genera puestos de trabajo y riqueza”.

La misma opinión no han trasladado los trabajadores de esa empresa ni la patronal del metal Femete (tampoco el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife), que habían criticado con dureza la intención de la Autoridad Portuaria de trasladar esa actividad naval a la instalación portuaria de Granadilla.

Tanto la entidad concesionaria como la patronal Femete habían denunciado la pérdida de puestos de trabajo y de una inversión millonaria debido a que la Autoridad Portuaria no facilitaba los proyectos empresariales de la principal entidad de reparación naval localizada en puertos estatales de la provincia occidental, Tenerife Shipyards, en el conocido como dique del Este de Santa Cruz de Tenerife.

El bloqueo de esas inversiones, no reconocido por la Autoridad Portuaria, ponía en riesgo 700 empleos e iba a ocasionar pérdidas de 50 millones en tres años, siempre según los datos aportados por la empresa Tenerife Shipyards.

La constructora Obrascón Huarte Lain (OHL) está en el punto de mira por haber sobornado presuntamente a funcionarios y altos cargos para conseguir adjudicaciones millonarias en varios puntos de España. Entre las obras que están siendo investigadas se encuentra el dique de abrigo del Puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, que apenas ha tenido actividad desde su inauguración. La operación se llevó a cabo en 2007 por 114 millones de euros, cuando era presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz Tenerife José Luis Suárez Trenor.

Según se desprende de la página web de OHL, la constructora ocupa el número 45 como mayor contratista en el ránking internacional. Sus principales filiales en España son SATO, ELSAN y EYM Instalaciones. Precisamente, el Puerto de Granadilla fue adjudicado a una de estas filiares, SATO. La información que compromete a esta empresa fue avanzada por 'El Confidencial' y apunta a que OHL concentró presuntamente el pago de comisiones en el Ministerio de Fomento y las administraciones autonómicas de Madrid, Andalucía y Canarias.

Más allá de la investigación por el Puerto de Granadilla en el marco de la operación Lezo, la empresa se ha hecho con grandes adjudicaciones en el resto de islas en los últimos años. Entre ellas, por 44,4 millones de euros, la polémica ampliación del muelle de Agaete, en Gran Canaria, en la que participará junto a Hermanos García Álamo. Una obra a la que se opone una gran parte de la sociedad canaria y que fue adjudicada por el Gobierno autonómico sin tener actualizados los informes de impacto ambiental así como una justificación socioeconómica. Ambos documentos son de hace más de 15 años. La obra continúa retrasándose y el rechazo por su construcción lo comparte con el Puerto de Granadilla, por el que los movimientos ecologistas y la sociedad tinerfeña lideraron movilizaciones.

También en la isla de Gran Canaria, SATO se ha hecho con otras adjudicaciones, como la ampliación del dique Reina Sofía, en el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Una construcción que se realizará por 23,9 millones de euros. Según destacó Canarias 7 el pasado mes de febrero, la propuesta de esta empresa en principio fue declarada en “presunción de anormalidad”, pero finalmente el departamento de ingeniería del Puerto consideró que sí que resultaba viable que el proyecto pudiera realizarse en los precios ofertados. Sin embargo, las obras siguen paralizadas después de que su competidora Sacyr, que quedó segunda en el concurso, haya recurrido ante el Ministerio de Hacienda al estimar que su oferta no se valoró de forma correcta.

Antes de esta adjudicación había sido beneficiaria de otras en el Puerto de Las Palmas, como una línea de atraque en paralelo al dique Nelson Mandela, la construcción de la dársena de África. Concretamente, se hizo con la tercera fase del dique de abrigo, en 2013, y el contradique de cierre de la misma, en 2015. Así mismo, participó en la UTE que construyó la primera fase de la carretera de La Aldea por 87,92 millones de euros.

En la misma isla, generó polémica la construcción del aparcamiento de San Mateo, unas obras que han sufrido retrasos. La empresa adjudicataria resultó ser OHL, que se comprometía a ejecutar en menor tiempo y a mejor presupuesto. Sin embargo, el pliego ya contenía ciertas anomalías, por lo que otra de las empresas que concursó, pero que quedó segunda, Lopesan, presentó una queja ante la Asociación de Empresarios de la Construcción en 2017. El concurso siguió adelante y OHL anunció al poco tiempo que le era imposible iniciar los trabajos y que se veía obligada a solicitar la paralización temporal de la obra. Posteriormente, se realizaron cambios en el proyecto y el consistorio concedió una prórroga a estos trabajos, que siguen sin finalizarse.

En Tenerife, SATO no solo se ha hecho con la construcción del Puerto de Granadilla, que más de un año después de su inauguración, ni siquiera tiene datos estadísticos del tráfico de buques porque “aún no está completamente operativo”, como han explicado recientemente a este periódico desde la Autoridad Portuaria. En 2013, la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, y el expresidente de Canarias, Paulino Rivero, inauguraban la nueva terminal de contenedores del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Fue adjudicada por un total de 61 millones de euros, de los que más de 40 millones se han destinado a los equipos de manipulación de contenedores. En 2015, la compañía anunciaba la instalación de tres nuevas grúas super post-panamax. En la misma isla, se inauguraba este mismo año el parque urbano más grande de La Laguna, una infraestructura ejecutada por OHL por 6 millones de euros.

Otra de las grandes obras que tiene anunciada OHL desde el pasado mes de febrero es la construcción del contradique sur de Naos en el Puerto de Arrecife. El contrato está valorado en 8,1 millones de euros y contempla las obras de abrigo necesarias para una futura ampliación del muelle de cruceros con la construcción de un dique de 322 metros de longitud. En estos trabajos anuncia que empleará su innovación tecnológica, Cubipod. Una tecnología que OHL también empleó en el contradique de la Dársena de la Esfinge, en Las Palmas de Gran Canaria, en el año 2014.

En Fuerteventura, el Cabildo ha firmado recientemente con OHL el contrato para la construcción de una residencia de mayores por una inversión de 9 millones de euros. Tendrá capacidad para 350 personas y la compañía tiene 15 meses para finalizarla.

Son solo algunas de las grandes obras que la empresa ha ejecutado en Canarias en los últimos años, según se puede apreciar tanto en su página web como en la hemeroteca. No obstante, este medio ha solicitado a OHL el desglose de las obras que le fueron adjudicadas en Canarias desde el año 2007, pero no ha contestado a esta solicitud.

Más de un año después de su inauguración, el Puerto de Granadilla ni siquiera tiene datos estadísticos del tráfico de buques porque “aún no está completamente operativo”, según explican a este periódico desde la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. La actividad de esta infraestructura se reduce al dique exterior, donde “están atracadas las plataformas y se han realizado desembarcos de aspas para los molinos eólicos”.

Fue el 2 de marzo de 2018, un viernes con mucho viento y fuerte oleaje, cuando el entonces presidente de España, Mariano Rajoy, acudió a Tenerife para inaugurar junto al que fuera máximo mandatario de Puertos del Estado, José Llorca, y al líder del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, el Puerto de Granadilla. Una infraestructura que tardó 17 años en ver la luz, según recordó el presidente de Canarias.

El propio acto de inauguración se vio envuelto en la polémica, cuando el presidente de Puertos del Estado abroncó a un jefe de la Policía Portuaria al comprobar que continuaba la descarga de palas de aerogeneradores, contraviniendo sus órdenes. Se trata de un episodio más que se suma al largo conflicto que envolvió una infraestructura contra la que se posicionaron numerosos colectivos ecologistas, que conformaron, con la Plataforma contra el Puerto de Granadilla a la cabeza, una de las mayores luchas sociales que se recuerdan. 

A principios del siglo XXI, el Puerto de Granadilla, una idea que tiene sus orígenes en los años 70, comienza a tomar forma: se trataba de una infraestructura cuya construcción ocuparía cinco kilómetros de la costa, con diques que se adentraban hasta el mar más de un kilómetros y medio, y se destinaría al tráfico de contenedores y al gas. Para apoyar esta obra, gobernantes y patronales defendían que era necesario descongestionar el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, que, según sus percepciones, se colapsaría en unos años y, además, la posibilidad de que la mercancía entrase por el sur de la Isla supondría un ahorro importante. ya que los vehículos de transporte no tendrían que recorrer tanta distancia.

No tardarían las voces discordantes en manifestar su posicionamiento, al percatarse de que el proyecto no tenía en cuenta las zonas protegidas o las especies amenazadas, que se verían seriamente perjudicadas. Así, una vez el Gobierno regional publica la declaración de impacto ambiental, varios colectivos llevan el documento a la Justicia, al considerar que se vulnera la normativa.

De esta manera, el conflicto entre dos partes bien diferenciadas entra en la vía legal: las administraciones autonómica, isleña y local, es decir, Coalición Canaria, junto a las patronales frente a asociaciones ecologistas, científicos, sindicatos, pescadores o partidos políticos, además de gran parte de la ciudadanía.

Pero los actores que estaban en contra de esta infraestructura no solo tenían argumentos ecológicos o medioambientales. También expusieron manifestaciones económicas, pues tras estudiar el proyecto concluyeron que el fuerte viento que existe en la zona provocaría un gran oleaje que impedirían los trabajos de los buques y, por ende, no sería rentable.

Esta lucha obligó a las administraciones a publicitar cada detalle del proyecto, que cambió sobremanera: se redujo a un tercio del original, ocupando una superficie de 800.000 metros cuadrados y 1.000 metros de muelle de ribera, siendo protegido por un contradique de 1.150 metros y un dique exterior de 2.512 metros, quedando a más de un kilómetro de distancia del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), que afecta a numerosas especies y zonas protegidas.

Sin embargo, la movilización continuó hasta desembocar en un correctivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que se opuso a la construcción de la regasificadora. Lejos de cambiar nuevamente el proyecto, las administraciones recurrieron ante el Tribunal Supremo, que denegó la autorización de dicha instalación. Ante esta tesitura, el presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, continúa defendiendo la construcción de la “primera gasinera de Canarias” en Granadilla, postura también compartida por Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife.

De hecho, Alonso desveló que paralelamente al recurso presentado ante el Supremo ya se está es trabajando en un nuevo proyecto que obtenga el visto bueno de la CNMC. Sin embargo, el abogado ambientalista de la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, Isidro López Neira, ya advirtió que recurrirían la nueva resolución que se adopte, lo que alargaría el proceso como mínimo durante dos años y medio y, a su juicio, esto juega en contra de los combustibles fósiles como el gas, porque “con el tiempo se van a acabar”, mientras que las renovables “están desarrollándose a gran velocidad”.

Lo cierto es que, a pesar de toda la oposición, el Puerto de Granadilla salió adelante debido al empeño de las autoridades de Coalición Canaria y acogió la primera operativa de carga en noviembre del año pasado. Actualmente, las obras ejecutadas comprenden el contradique, con una longitud de 1.150 metros (comprende 724 m de escollera) y el dique exterior, de 2.512 metros, además de 361 metros de muelle de ribera con un calado de dieciséis metros y una explanada asociada de aproximadamente quince hectáreas. Todo ello ha supuesto un coste de 140 millones de euros. 

Además de prolongar 160 metros el muelle de ribera, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife aprobó el gasto de 22 millones de euros para llevar a cabo los trabajos de defensa y rellenos de explanada, los del viario y redes básicas, además del suministro de vehículos para el parque móvil de la Autoridad Portuaria o la contratación del servicio de ciberseguridad.

Pero ni mucho menos esta infraestructura ha quedado liberada de nuevas polémicas. Y es que entre la Unión Temporal de Empresas adjudicataria de las obras del dique de abrigo del Puerto de Granadilla se encontraba SATO, una filial de OHL investigada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, dentro de la operación Lezo, que tiene bifurcaciones hacia varias comunidades autónomas, entre ellas Canarias.

La adjudicación de las obras del dique de abrigo del puerto de Granadilla (sur de Tenerife) a la UTE en la que se encontraba la empresa SATO, filial de OHL, está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, después de que se descubriera que la operación Lezo tiene bifurcaciones hacia varias comunidades autónomas, entre ellas Canarias.

Las investigaciones se centran en el que en 2007 era presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, al que su partido, Coalición Canaria, apartó sigilosamente de cualquier cargo público cuando la Policía detectó un desmesurado enriquecimiento a raíz de su relación con el caso Fórum Filatélico, que investigaba el juez Garzón y que tuvo en Tenerife una de sus ramificaciones más destacadas.

El Confidencial ha adelantado este viernes que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 indaga acerca de una de las filiales de OHL dentro de la operación Lezo. Se trata de SATO, que en 2007 formó parte de la unión temporal de empresas que se impuso en el concurso de ejecución de la obra del dique de abrigo del puerto de Granadilla, uno de los empeños más incomprensibles de la autoridades de Coalición Canaria, algunas de las cuales tenía relación con la titularidad de terrenos en la zona que luego se convirtió en polígono industrial. La operación alcanzó los 114,5 millones de euros.

Como adelantó este periódico en 2016, Luis Suárez Trenor fue investigado en el marco de la operación Lavandera, que abarcó los años en los que fue presidente de la Autoridad Portuaria (1996-2007). La Policía detectó que manejó “grandes cantidades de dinero en efectivo cuya procedencia es desconocida”.

Concretamente, entre los años 2000 y 2006, llegó a ingresar cerca de medio millón de euros en sus cuentas, cifra que los investigadores consideran “totalmente atípica” y cuyo origen se desconoce. Pero además, entre los años 2000 y 2003, el también destacado miembro de Coalición Canaria (CC) adquirió cinco vehículos mediante pagos en efectivo por valor de 143.385 euros, cuya contrapartida en cuentas bancarias nunca se encontró.

A los investigadores les llamó poderosamente la atención dos de esas compras, que relacionaron en el tiempo con la presentación ante la Autoridad Portuaria por parte de la empresa Parque Marítimo Anaga del proyecto de construcción de un muelle deportivo en el barrio santacrucero de San Andrés. Y es que las investigaciones se desarrollaron dentro del conocido como caso Fórum, que tenía en la capital dos activos como eran ese puerto y la urbanización Valle Tahodio. La única explicación que los investigadores encuentran en los pagos sin recurrir a transferencias o cheques es que el origen de esas cantidades pudiera ser ilícito.

La aparición de estas noticias coincide en el tiempo con la ratificación de las condenas por el caso Las Teresitas, por las que habrán de ingresar en prisión el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, quien fuera su concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, muy vinculados a millonarias operaciones promovida por Coalición Canaria.

Para colmo, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, se encuentra incurso en dos investigaciones judiciales en los juzgados de La Laguna, el caso Grúas y el caso Reparos, ambos nacidos durante su gestión al frente del Ayuntamiento de esa ciudad.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha indicado este jueves que, para evitar una posible congestión en el puerto capitalino, habilitará los primeros espacios en la dársena de Granadilla para la reparación naval, mientras que en el Dique del Este se compatibilizará esa actividad con la del avituallamiento de buques.

La entidad que gestiona los puertos estatales de la provincia se expresa de esta manera en un comunicado remitido a Efe tras las declaraciones realizadas por trabajadores de la empresa Tenerife Shipyards, SA (una sociedad para la reparación naval que tiene como cliente a Ensco), sobre la posible afección en su carga de trabajo de la gestión que realiza en este aspecto la Autoridad Portuaria de Tenerife, a la que se acusa de poner dificultades para que vayan a Granadilla o al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, lo que pone en riesgo hasta 50 millones de euros en tres años.

La Autoridad Portuaria señala que apuesta desde hace años por potenciar la reparación naval en el puerto de Santa Cruz como alternativa viable para generar puestos de trabajo y como actividad de calidad en sus recintos, lo que a su vez aporta importante valor añadido. Junto a esa actividad, la Autoridad Portuaria debe garantizar la descarga de graneles y el suministro de combustible para la provincia, junto a otros tráficos, se indica en la nota.

Agrega que su prioridad es la gran reparación naval a desarrollar en el Dique del Este, actividad para la que ofrece importantes bonificaciones, de hasta el 40 por ciento, en las tasas portuarias.

El Dique del Este acoge, de manera casi exclusiva, reparaciones para Tenerife Shipyards, SA, indica, y señala además que el puerto de Santa Cruz de Tenerife cuenta con otros muelles para el atraque de buques y plataformas que no vienen para reparación, con permanencia en larga y media estadía, así como para los que cuentan con plazos de autorización próximos a expirar.

La política de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife es de total prioridad para los buques que solicitan atraque para reparaciones, prosigue la entidad, que precisa que en estos momentos dos empresas de reparación naval compiten para disponer de dique flotante en Granadilla y así trabajar los buques en seco. Una de ellas es Tenerife Shipyards.

Indica también que el puerto de Santa Cruz de Tenerife ha dedicado todo el espacio posible en el Dique del Este a las reparaciones navales, espacio de por sí limitado debido a que también deben asegurarse atraques estratégicos para un territorio insular.

“Nos referimos a las alineaciones donde se descarga clinker, grano y otros graneles, donde se desarrolla suministro de combustible tanto a escala insular como el destinado al resto de las islas y, por ello, el Dique del Este debe configurar y compatibilizar los tráficos de avituallamiento estratégico con las operaciones de reparación naval”, se recoge en la misma nota.

Para paliar la posible situación de congestión, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ya ha puesto a disposición de sus clientes de reparación naval los primeros espacios en la dársena de Granadilla, tanto para reparación a flote como de larga estadía, ofreciendo además la posibilidad de instalar diques flotantes para incrementar los servicios al efecto.

En definitiva, la Autoridad Portuaria reitera su compromiso de apostar por la reparación naval tanto en el Dique del Este en Santa Cruz como en Granadilla, se reafirma en el comunicado.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha indicado que para evitar una posible congestión en el puerto capitalino habilitará los primeros espacios en la dársena de Granadilla para reparación naval, y el Dique del Este compatibilizará esta actividad con la del avituallamiento.

La entidad que gestiona los puertos de la provincia se expresa de esta manera en un comunicado ante las declaraciones realizadas por trabajadores de la empresa Tenerife Shipyards SA sobre la posible afección de la gestión de la Autoridad Portuaria de Tenerife en su trabajo.

Al respecto, señala que apuesta desde hace años por potenciar la reparación naval en el puerto de Santa Cruz como alternativa viable para generar puestos de trabajo y una actividad de calidad en sus recintos, lo que a su vez aporta importante valor añadido.

Además, la Autoridad Portuaria “debe garantizar la descarga de graneles y el suministro de combustible para la provincia junto a otros tráficos”, añade. También agrega que su prioridad es la gran reparación naval a desarrollar en el Dique del Este, actividad para la que ofrece importantes bonificaciones, de hasta el 40% en las tasas portuarias.

El Dique del Este acoge, de manera casi exclusiva, reparaciones para Tenerife Shipyards SA, indica. Señala también que el puerto de Santa Cruz de Tenerife cuenta con otros muelles para el atraque de buques y plataformas que no vienen para reparación, con permanencia en larga y media estadía, así como para los que cuentan con plazos de autorización próximos a expirar.

La política de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife es de total prioridad para los buques que solicitan atraque para reparaciones, prosigue la entidad, que precisa que en estos momentos dos empresas de reparación naval compiten para disponer de dique flotante en Granadilla para poder trabajar los buques en seco y una de ellas es Tenerife Shipyards SA.

El comunicado recoge también que el puerto de Santa Cruz de Tenerife ha dedicado todo el espacio posible en el Dique del Este a las reparaciones navales, espacio de por sí limitado debido a que también deben asegurarse atraques estratégicos para un territorio insular.

“Nos referimos a las alineaciones donde se descarga clinker, grano y otros graneles, donde se desarrolla suministro de combustible tanto a nivel insular como el destinado al resto de las islas y por ello el Dique del Este debe configurar y compatibilizar los tráficos de avituallamiento estratégico con las operaciones de reparación naval”, asegura.

Para paliar la posible situación de congestión, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ya ha puesto a disposición de sus clientes de reparación naval los primeros espacios en la dársena de Granadilla, tanto para reparación a flote como larga estadía, ofreciendo además la posibilidad de instalar diques flotantes para incrementar los servicios al efecto.

En definitiva, “la Autoridad Portuaria reitera su compromiso de apostar por la reparación naval tanto en el Dique del Este en Santa Cruz como en Granadilla”, concluye.

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) no ha autorizado la construcción de la regasificadora que Enagás -a través de Gascan- pretende ubicar en Granadilla porque el proyecto no cuenta con garantías de sostenibilidad económica, informó la agencia Europa Press.

El acuerdo, avanzado por El Economista y al que ha tenido acceso Europa Press, demanda también una actualización del proyecto que recoja la demanda de gas, las características del mercado y el volumen de inversiones, ya que los criterios han podido quedar “desfasados”.

La CNMC también entiende que el proyecto está “incompleto” porque no está diseñado para prestar determinados servicios como carga de cisternas, carga de buques, trasvase de gas natural licuado de buque a buque, puesta en frío de buques y bunkering.

Asimismo, alude al desarrollo del tratamiento singular previsto para Canarias en la Ley de Hidrocarburos como garantía de sostenibilidad económica.

La regasificadora, cuya declaración de impacto ambiental fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2015 y se resolvió finalmente en verano del año pasado, contempla una inversión aproximada de 260 millones de euros hasta 2020.

El presidente del Observatorio Ambiental de Granadilla (creado como condición para desarrollar la instalación portuaria radicada en esa localidad del sur de la isla), Antonio Machado, desvinculó este jueves la construcción del tercer puerto del Estado en Tenerife de la pérdida de arena actual que se sufre en las playas del entorno de El Médano, en el mismo municipio.

El biólogo Antonio Machado dijo que no asocia la posible disminución de arena en esas playas con el proceso de construcción del nuevo puerto, cuyas obras está previsto que finalicen este año.

Las declaraciones de Machado se producen después de que el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Arquipo Quintero, alertara en un comunicado de prensa sobre la imagen que presentan las playas de El Médano, que es “desoladora”. Quintero recordó que la Autoridad Portuaria de la provincia tinerfeña asumió junto al proyecto de puerto de Granadilla realizar un trasvase permanente de arena de norte a sur para mitigar el impacto del puerto, el sistema conocido como bypass.

Acerca de esta misma problemática, el presidente del Observatorio Ambiental señaló que “el mar quita arena y la pone”, y que la ausencia de arena en estos momentos “no tiene nada que ver con el puerto”, pues es demasiado pronto para que esa infraestructura haya producido tal merma.

No obstante, informó de que está previsto introducir 2.000 metros cúbicos de arena al año para reponer los efectos de la instalación portuaria en el litoral con playas, recinto que, a largo plazo, sí interrumpirá el paso de la arena desde Tajao a las playas de El Médano.

Esa es una medida compensatoria, detalló Machado, que además explicó que en estos momentos se estudia cómo cambiará el flujo de la corriente con la nueva instalación, para así determinar de forma exacta hacia dónde irá la arena. De esta manera sabrán en qué punto verter la arena para que se distribuya por las playas de El Médano, agregó el también biólogo.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha sacado a licitación las obras correspondientes a la prolongación del arranque del muelle de ribera del puerto de Granadilla, trabajos que darán forma a un atraque de trescientos metros de longitud.

Los trabajos a concurso, que cuentan con un presupuesto de 7.694.693 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, consisten en la construcción del segundo tramo del citado muelle, en una longitud de 166 metros y dieciséis metros de calado, a continuación de los 132 metros ya ejecutados.

Dicha obra requerirá de la construcción de cajones de hormigón armado de 33,05 metros de eslora sobre los que se colocará la viga cantil que albergará todas las conducciones para instalaciones, así como dos galerías para combustibles.

Las obras han salido a concurso tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado, 27 de febrero.