El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso de las 18 abogadas que demandaron al Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) y al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados por mantener el genérico masculino en vez de utilizar un término inclusivo y cambiar su título al de Colegio de la Abogacía de Sevilla. La sentencia alude a que no existe una “norma imperativa” en la legislación española que obligue a adoptar esta adecuación lingüística en virtud de la igualdad de género y echa mano de las recomendaciones gramaticales de la Real Academia de la Lengua (RAE) para justificar su decisión.

Ante las consideraciones expuestas, el TSJA rechaza de forma “íntegra” el recurso de apelación interpuesto por las letradas y, por tanto, confirma la sentencia del Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según ha podido comprobar este medio. Así, se razona que la decisión del órgano colegial fue “autónoma, soberana y democrática” y viene amparada en el artículo 12 de la ley 10/2003, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, “sin que entrañe el uso de un lenguaje sexista que implique una discriminación por razón de sexo”, en base a lo dictado por la Constitución y a las leyes estatales, autonómicas e internacionales.

Con ello, cita la primera sentencia de la magistrada de Sevilla, en donde se expresa que “dichas normas garantizan la igualdad de hombres y mujeres, pero no obligan al uso de determinados términos lingüísticos como los que aquí se pretenden”. Además, se hace referencia a que las leyes de igualdad “prohíben un lenguaje sexista”, en cambio, el TSJA sostiene que “la denominación aprobada por el Colegio de Sevilla no lo es”. Por tanto, las recomendaciones de los planes de igualdad o del mismo Preámbulo del Estatuto General de la Abogacía “no impide el uso de otras ni las prohíbe”. De esta forma, se legitima el acuerdo votado el 25 de junio de 2022 que llevó a la parte afectada a presentar la demanda conjunta.

Asimismo, sostiene que “la Real Academia de la Lengua Española ha manifestado que el uso genérico del masculino gramatical no supone discriminación sexista alguna y que el uso del desdoblamiento entre masculino y femenino es artificioso e innecesario, fundado principalmente en razones extralingüísticas”, a lo que añade que “la RAE mantiene que la Constitución admite de forma expresa que el término Abogado se use como lenguaje inclusivo”. A renglón seguido se cita el informe emitido por el Colegio de Abogados de Sevilla, en el que se alude el uso de masculino genérico en el Congreso de los Diputados y el Consejo de Ministros.

Sin embargo, se omite que la reforme impulsada por el PSOE y Sumar en julio de 2025 sí que se adaptó al lenguaje inclusivo y, por tanto, la Cámara Baja pasó a llamarse simplemente “Congreso”. El cambio de nomenclatura no se trasladó al edificio ni a la Constitución posteriormente, ya que, en el primer caso, la fachada forma parte de un conjunto protegido como Bien de Interés Cultural y, cualquier modificación, requeriría de la autorización de Patrimonio Histórico, mientras que la Carta Magna necesitaría una reforma constitucional.

Sevilla en comparación con el resto del país

En 2022, ya había más de 30 Colegios de Abogados que pasaron a denominarse Colegios de la Abogacía, como en Almería, Córdoba, Cuenca, Cáceres, Murcia o Santiago de Compostela, de un total de 83 entidades. Pese a lo ocurrido en varias provincias, el Colegio de Abogados de Sevilla señalaba en su propia web tras la polémica suscitada por aquella votación que la opción de mantener el nombre, con más de 300 años de historia, se ratificaba a través de una “amplia mayoría” de los colegiados y colegiadas asistentes a la Junta General Extraordinaria.

En la primera sentencia del juzgado de Sevilla, la magistrada expresó que, aunque “pudiera compartir personal o ideológicamente el argumentario de las recurrentes”, no podía “interpretar ni concluir que dichas normas impongan lo querido por las mismas”. En alusión al Estatuto General de la Abogacía Española de 2021, mantuvo que “no contiene norma alguna por la cual se deba adoptar imperativamente un lenguaje inclusivo como el pretendido en la denominación de los Colegios”, estableciéndolo como “deseable modelo a seguir o recomendaciones”. “No hay exigencia de cumplimiento del mandato legal alguno para la adaptación de los estatutos de la corporación que obligue a sustituir el término ”abogados“ por el de ”abogacía“ en la denominación social”, determinó.

En este sentido, el TSJA concluye que, aún siendo “correcto” el término inclusivo “abogacía” para comprender a los profesionales de ambos sexos, con el mantenimiento de abogados “no podemos concluir que su uso pueda, en la actual conciencia social, invisibilizar a las mujeres, dada la absoluta normalización del ejercicio de esta profesión por ambos sexos”.

“La RAE no es una norma”

Un aspecto que para la abogada María Jesús Correa, una de las 18 abogadas recurrentes, resulta “peligroso”. “La sentencia reduce la conflictividad a un problema gramatical”, asevera en declaraciones a este medio, “pero no se mete en el fondo de la cuestión: la discriminación por razón de sexo”. “Según la jueza, la decisión no es discriminatoria porque la RAE aprueba el uso del genérico masculino, no porque no se vulneren las normas que hay en materia de igualdad”, comenta. Y añade: “la RAE no es una norma, sino que contempla una serie de recomendaciones lingüísticas”. Además, alude que el Colegio, al igual que otro organismos, se debe como corporación pública a la legislación vigente, por tanto, a la adaptación y reformulación de su título.

La abogada especialista en violencia de género comenzó este proceso en noviembre de 2016, hace una década. Con el fin de que el lenguaje inclusivo llegara a la entidad centenaria, presentó en el Registro General del ICAS una misiva dirigida a la Junta de Gobierno para cambiar la denominación de la corporación, apelando al principio constitucional de Igualdad recogido en la Constitución. Como respuesta, el decanato de la entidad trasladó que se abordaría tal debate en el futuro con la reforma de los Estatutos. Así, se desestimó el cambio de nomenclatura en 2022 y, tras las sentencias del juzgado de Sevilla y del TSJA, preparan un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

“La denominación Colegio de la Abogacía de Sevilla es un paso más hacia la eliminación de barreras lingüísticas, que contribuye a la desigualdad de género en nuestro ámbito profesional, donde se hace aún más necesaria la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación”, reflexiona. Este logro se le resiste al grupo de abogadas después de que en 2024 Sevilla cambiara el nombre de la Calle de los Letrados por el de la Plaza de la Abogacía. Momento que contó con la participación de Óscar Fernández, decano del Colegio de Abogados de Sevilla. A preguntas de este medio sobre la sentencia del TSJA, han declinado hacer valoraciones al respecto.

Este proceso también se intentó en la provincia vecina. La abogada granadina Montse Linares intentó que el cambio se produjera en el Colegio de Abogados de Granada en el mismo año 2022, sin embargo, fue acogida con frialdad, ya que solo votaron en el proceso 738 asociados de los 3.509 de los que consta el organismo. La iniciativa no fructificó, denunciando la letrada una campaña de difamación en su contra. Hubo un grupo de abogados que realizó un montaje para difundir por redes sociales que la modificación partía de la “dictadura de lo políticamente correcto” y recibió mensajes similares a su correo electrónico tildando su apuesta como “meras burdas infundadas y sin fundamento, mas que tizne ideológico sesgado”. Así, Granada y Sevilla continúan sin optar por el lenguaje inclusivo.

El pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha decidido dejar fuera de sus órganos directivos a Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Según informa este organismo, Ribón será sustituido en la vicepresidencia por la decana de Barcelona y también se queda fuera de la comisión permanente. Un movimiento que llega en el momento más tenso de las relaciones entre ambos organismos: el Consejo ha demandado por impagos al colegio madrileño por disminuir unilateralmente la cuota que aporta cada trimestre y, además, ha decidido no cobrar la tasa de nueva incorporación a los nuevos colegiados.

Ambas instituciones mantienen un enfrentamiento económico desde hace un año que ha terminado en los tribunales con una demanda por impago interpuesta por el Consejo contra el ICAM. Antes de eso, en diversas entrevistas, el propio Ribón había explicado que sus “desencuentros” con el CGAE, que ahora preside Salvador González, eran “evidentes” desde hace casi tres años. En este último curso, según explican fuentes conocedoras del conflicto, las discusiones se habían trasladado al terreno económico.

Fue a principios de 2025, explican estas fuentes, cuando el ICAM decidió que este colegio de la abogacía, el mayor de toda Europa, iba a disminuir la cuota que pagaba al CGAE. Un dinero que sale de las cuotas que pagan los afiliados y que se destina a financiar la actividad del Consejo a nivel estatal. Esta disminución de los pagos se ejecutó y el pleno del Consejo decidió en julio presentar una demanda por impago contra el ICAM por la vía civil.

A nivel interno, en las juntas del ICAM de finales de 2024, Ribón había justificado que el colegio madrileño estaba pagando dos veces por el mismo servicio al contar Madrid con un Consejo de Colegios que agrupa el de la capital y el de Alcalá de Henares. “Cabe detraer de la aportación presupuestaria la cantidad que el ICAM aporta para el sostenimiento del Consejo de Colegios de la Abogacía de la Comunidad de Madrid”, dijo antes de obtener el apoyo unánime de la Junta de Gobierno madrileña.

En paralelo, indican estas fuentes, el curso 2026 ha arrancado con otro agravio económico con el ICAM anunciando en los presupuestos de 2026 que no exigirá a los nuevos afiliados el pago de la tasa de incorporación que va destinada al CGAE pero que pueden gestionar y recaudar los colegios autonómicos.

En ese contexto de enfrentamiento, aunque sin aludir directamente a ello, el pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha decidido en Cuenca renovar la estructura de su organización y su comisión permanente. Eugenio Ribón es destituido como miembro de esta comisión y como vicepresidente del organismo. Ocupará el puesto de vicepresidenta primera Cristina Vallejo, decana de Barcelona, y como vicepresidente segundo ejercerá Leandro Cabrera, decano de Granada.

En un comunicado, el ICAM de Eugenio Ribón recuerda que el cese “se produce tras las discrepancias mantenidas entre el ICAM y el CGAE en relación con el modelo de financiación y la gestión del presupuesto del Consejo”. El conflicto, explica, está en sus “propuestas” sobre financiación, rechazadas “sin que existiera margen para el diálogo”.

La acusación contra el fiscal general

El Colegio de Abogados de Madrid, que cuenta con más de 74.000 colegiados, tuvo un papel protagonista en la causa judicial que desembocó en el juicio y la condena contra Álvaro García Ortiz, entonces fiscal general, por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El ICAM, a través del propio Ribón, fue el primero en presentar una denuncia conta la Fiscalía en los juzgados de Madrid y llegó a pedir cuatro años de prisión para García Ortiz en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo.

Ese papel como acusación popular se tradujo en peticiones de dimisión contra Ribón por parte de diversas organizaciones, entre ellas la Asociación Libre de la Abogacía (ALA), que acusó al ICAM de buscar la “impunidad” de la pareja de Ayuso en su caso de fraude fiscal, todavía pendiente de juicio. El ICAM aseguró que siempre ejerció su papel en ese caso al margen de cuestiones “políticas y personales”. Su papel en la causa también fue cuestionado por los cursos para abogados organizados en fechas próximas al juicio y en los que participaron tres de los magistrados que formaron el tribunal y apostaron por condenar a García Ortiz, tal y como reveló elDiario.es. Dos de ellos incluso bromearon con que en esas fechas estaban en plenas deliberaciones.

A lo largo del juicio y de la instrucción el propio Ribón esgrimió su papel como vicepresidente de la Abogacía Española para legitimar la denuncia que habían presentado contra la Fiscalía y la acusación popular que ejercían contra García Ortiz en el proceso. Una vicepresidencia que acaba de perder según acaba de decidir el pleno del Consejo General de la Abogacía Española.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha suspendido durante un mes al letrado Juan Antonio Frago Armada, que ejerce la acusación contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. La sanción responde a “un mal ejercicio de la profesión”, o conducta “antideontológica”, en relación con los comentarios “insultantes” que Frago lanzó desde su cuenta de X hacia el investigado en un caso de la Audiencia Nacional donde el abogado ejerce la acusación. El abogado ha mantenido una actitud similar a la que le ha valido la sanción del ICAM durante todo el juicio al fiscal general en el Tribunal Supremo, denigrando en sus mensajes a los testigos y atacando las intervenciones de las partes contrarias.

Juan Antonio Frago representa ante la Audiencia Nacional a una inspectora de Policía que ha denunciado al antiguo agregado de Interior en la Embajada española, un comisario que ejercía como jefe suyo, por acoso y agresión sexual, entre otros presuntos delitos. El comisario permanece imputado por el Juzgado Central de Instrucción número 1 del tribunal especializado.

Como abogado de la acusación, Frago Armada asistió en abril a la primera citación al comisario investigado, quien se acogió a su derecho a no declarar. Tras la comparecencia, Frago escribió en su cuenta de X: “Ver que un comisario pide la suspensión de una declaración de investigado por ‘aparente depresión’ es para que le entre la risa a uno. El que te tendría que defender con su vida que no se atreve a hablar ante un juez. Hora de pasar al patíbulo”. Este tuit (cuya captura aparece justo abajo), como otros por los que Frago fue denunciado, han desaparecido de su cuenta de X.

Después de varios comentarios del mismo tipo en redes sociales, el comisario denunció la actuación del letrado del despacho Frago y Suárez ante el Colegio de Abogados de Madrid. El ICAM abrió un expediente disciplinario el 6 de mayo, nombró a una instructora y un secretario para tramitarlo y escuchó la versión de Frago.

El 23 de junio, la instructora del expediente concluyó su investigación y propuso a la Junta de Gobierno el Colegio que sancionara al abogado por una infracción grave prevista en el artículo 125 del Estatuto General de la Abogacía. El apartado que se le aplica castiga “la falta de respeto debido o la realización de alusiones personales de menosprecio o descrédito, en el ejercicio de la profesión, a otro profesional de la Abogacía o a su cliente”, según la documentación del expediente a la que ha tenido acceso elDiario.es. La Junta de Gobierno confirmó la propuesta de la instructora el pasado 22 de octubre e impuso a Frago un mes de suspensión en el ejercicio de la abogacía, lo que supone la sanción en su tramo inferior “en aplicación del principio de proporcionalidad”, afirma la resolución, que también ha podido leer este periódico.

Frago alegó su derecho a la libertad de expresión, pero el Colegio de Abogados le corrige: “Nos encontramos ante un profesional de la abogacía que interviene en redes sociales comentando un procedimiento penal en el que interviene como letrado, sin que esta actuación pueda reputarse amparada por dicho derecho a la libertad de expresión porque resultan gratuitas, insultantes y absolutamente inconducente para el debido ejercicio del derecho de defensa”.

Pese a la sanción, Juan Antonio Frago habría podido sentarse en el estrado de las acusaciones contra el fiscal general porque a partir de la última resolución del ICAM, de 22 de octubre, tenía un mes para presentar recurso de alzada ante el propio Colegio de Abogados. Sin embargo, un portavoz del ICAM rechaza confirmar si Frago ha presentado ya ese recurso porque no ofrece este tipo de información a terceros. Se da la circunstancia de que el órgano sancionador, el Colegio de Abogados de Madrid, ha compartido la acusación popular contra García Ortiz con Frago y la asociación de fiscales que representa.

Por su parte, el letrado Juan Antonio Frago ha asegurado a elDiario.es que desconoce de qué expediente se trata y ha negado tener conocimiento de ninguna investigación contra él ni de la sanción impuesta. Frago hace esa afirmación pese a que en el expediente aparece cómo se le notificó la apertura del mismo y también las alegaciones que el letrado hizo contra el mismo: vulneración del principio de tipicidad, del principio de reserva de ley y prevalencia de la libertad de expresión. Ante el ICAM, Frago defendió que sus manifestaciones en X contra el policía no eran “faltas de respeto” y que se asentaban en “noticias publicadas”.

“El letrado alega primeramente 'Vulneración del principio de tipicidad', pues estima que el tipo infractor aplicado exigiría que los hechos ocurran 'en el ejercicio de la profesión'. En su apoyo invoca resoluciones del GGPJ sobre procedimientos disciplinarios de magistrados que el letrado estima que serían de aplicación, mutatis mutandis, a este caso. Debe aclararse que no se comparte tal apreciación”, dice el ICAM respecto de las alegaciones que el abogado asegura no ha presentado.

Frago representa a la minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en el procedimiento contra el fiscal general del Estado. Es autor del escrito en el que se solicita la pena más alta contra Álvaro García Ortiz, seis años de cárcel, frente a los cuatro que pide el afectado por supuesta revelación de secretos, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. APIF también es la acusación popular que intentó, sin éxito, que el Tribunal Supremo apartara de su cargo al fiscal general del Estado cuando comenzara el juicio. 

Pide el “despido fulminante” para un testigo

De uno de los periodistas de elDiario.es, cuya declaración desbarató la tesis de la acusación, Frago publicó en X que merecía el “despido fulminante” y que le “temblaban las piernas” durante su comparecencia. Sobre los abogados del Estado que defienden a García Ortiz se permitió comentar que llevaban “muy mal preparado el asunto”.

Por contra, sobre el testigo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, calificó en X sus declaraciones en fase de instrucción y en la vista como “domadas” y que si se hiciera abogado “se haría rico”.

En su intervención final, Juan Antonio Frago ha afirmado sin pruebas que en la Fiscalía General del Estado “estaban preparando la jugada de la imputación si no detención del señor Alberto González Amador” cuando El Mundo publicó una información tergiversada sobre el acuerdo de conformidad que estaba negociando con el Ministerio Público. El abogado ha llegado a comparar al fiscal general del Estado con José Bretón, condenado por asesinar a sus dos hijos, y ha comparado también esta filtración con una agresión sexual múltiple.

El juez Juan Carlos Peinado ha impuesto tres multas a otros tantos abogados personados en la causa contra Begoña Gómez por hacer declaraciones a los medios de comunicación a la salida del juzgado. El importe más alto de las sanciones es para Antonio Camacho, que recibe una sanción de 5.000 euros, mientras que a los letrados de la acusación popular Javier Pérez-Roldán, de Hazte Oír, y Marta Castro, de Vox, les impone una sanción diez veces menor, de 500 euros.

Peinado ha dictado un auto de cinco páginas –una extensión bastante mayor de la que suele emplear para, por ejemplo, justificar imputaciones– en el que justifica la diferencia de multas entre uno y otros en que los representantes de Vox y Hazte Oír a que presentaron “un escrito de alegaciones o manifestaciones, con reconocimiento expreso de los hechos” y eso “atempera la infracción”.

Por su parte, dice Peinado de Camacho, es quien “transmite de forma clara y extensa todo lo acontecido en la Sala de Audiencias”, durante la sesión en la que declararon su defendida, Begoña Gómez, y otro investigado, Juan José Güemes. Además, alega el magistrado, Camacho “deja transcurrir el plazo que se le concede para realizar alegaciones, sin que haga uso de ese derecho”.

Peinado abrió una pieza separada para analizar la supuesta infracción y pidió a las televisiones que enviaran las declaraciones recogidas a los abogados a las puertas de los juzgados por los periodistas para ejercer el derecho a la información. La multa impuesta está recogida en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La reciente decisión de una jueza de desestimar la demanda por la votación para que el Colegio de Abogados de Sevilla pase a denominarse Colegio de la Abogacía ha reavivado un debate que trasciende lo meramente nominal y pone en el centro la relación entre lengua, discurso y sociedad. Esta resolución no solo ignora principios fundamentales de la lingüística, basándose en un argumentario lingüísticamente (en referencia a tal ciencia) falaz, sino que perpetúa un orden social históricamente patriarcal, al no observar (y la inobservancia de una ciencia no exime de su validez) que la lengua, como herramienta de representación y práctica social, reproduce, refuerza o transforma la realidad. Los discursos mismos reproducen un orden social y cada unidad lingüística con significado de cada nivel formaliza y designa la realidad social, material o natural. 

Como muchos de los argumentos contra el lenguaje inclusivo entremezclan tradición gramatical y estructuralismo (realmente, es un estructuralismo aplicado al prescriptivismo tradicional, caracterizado por un patriarcado y nacionalismo metodológicos), vamos a examinarlos.

No existe, en términos lingüísticos, un masculino neutro, no marcado o genérico, idea en la que fundamenta su discurso la jueza. Si, al decir de la propia RAE y el resto de Academias, en la Nueva Gramática de la Lengua Española, el género neutro como tal no aplica en español a sustantivos, lo de masculino neutro es un sinsentido. Por otro lado, la idea de que el masculino gramatical puede funcionar como un término “no marcado”, abarcando a hombres y mujeres por igual, es una interpretación que ha llegado a nuestros días a través del lingüista ruso R. Jakobson y que, aunque válida en el ámbito de la fonología, resulta discutible cuando se traslada al significado morfológico. Término no marcado es traducción de “merkmallose Glied”, tal como fue escrito por N. S. Trubetzkoy en el original alemán de su libro Principios de Fonología -p. 75- (la traducción literal del alemán al español es “miembro sin rasgos distintivos”, aunque se tradujo en español como término no marcado para nunca más, lamentablemente, volver al original; unmarked member, en la versión en inglés). Es una aplicación fonológica de una conceptualización más nocional que semántica realizada previamente por otro ruso de finales del XIX, miembro de la Escuela de Moscú: F. Fortunatov, que también desarrollarán parcialmente el suizo F. de Saussure y su discípulo Ch. Bally, así como los miembros de la Escuela de Praga (como Jakobson y Trubetzkoy).

Esta conceptualización, relativa al contenido semántico, se produce mucho antes de que, como tal, nazca la semántica moderna (a partir del Congreso de Oslo de 1957) y en un tiempo en el que aún se sabía poco (se estaba en proceso incipiente de saber) sobre qué son y cómo funcionan, de manera interconectada, mente, sociedad y lengua/discurso. Estamos, en la actualidad, en 2025 y, aunque estos y otros hombres (y mujeres, invisibilizadas ellas) son precedentes fundamentales, las limitaciones de su tiempo, trayectoría, estado de ciencia, lugar de enunciación, etc., son hechos que deben ser observados respecto de sus alcances. Es decir, nunca hay que desconocer las condiciones sociales de producción de los conceptos. Todo esto aplica igualmente a la RAE (institución más política que científica), a la jueza del referido juzgado y a mí. 

Si desde la infancia nos hubieran normalizado en femenino, este sería genérico, ya que la designación y la referencia o denotación serían tanto las mujeres como el conjunto social en sí. Lo genérico (en referencia a aquello de masculino genérico), que no es una marca lingüística, es de orden designativo, no semántico per se

El llamado masculino genérico lo es no por una cuestión lingüística, sino de normalización social. Al igual que se ha normalizado socialmente hablar en masculino para referir y designar al conjunto de la realidad social, imaginemos otro escenario. En el actual, hemos normalizado desde nuestra socialización primaria (y, por tanto, así hemos sido endoculturadxs y normalizadxs) que cuando hablamos en masculino incluye o solo a los varones o también a todas las personas que no son varones y a estos (es decir, la designación potencial, así como la referencia o denotación, es la totalidad). Pero si desde la infancia nos hubieran normalizado en femenino, este sería genérico, ya que la designación y la referencia o denotación serían tanto las mujeres como el conjunto social en sí. Lo genérico (en referencia a aquello de masculino genérico), que no es una marca lingüística, es de orden designativo, no semántico per se. 

Téngase en cuenta que la realidad no es la que se formaliza lingüísticamente. Esta (la realidad, el mundo social, material y natural) se formaliza ante todo cognitivamente (categorizamos). Parte de lo que formalizamos cognitivamente se formaliza lingüísticamente, en concreto, semánticamente, tanto léxica como gramaticalmente (de este último ámbito son el género o el número, entre otros significados gramaticales). Al igual que son la y el hablante quienes actualizan cada unidad lingüística con significado al referir a la realidad (el sentido -como correlato comunicativo del significado- denota), el significado como tal designa, lo que implica que apunta de manera constante a la formalización cognitiva previa, reforzándola. Esto implica que si nombramos todo el espectro social en masculino, lo representaremos sociocognitivamente de este modo. Lo mismo sucedería si se nombra en femenino, que devendrá en genérico por las razonas expuestas. El masculino (designativamente) genérico, pues, no es de orden lingüístico, sino designativo y, por tanto, cognitivo y social, producto de representaciones sociocognitivas de realidades socioculturales y sociopolíticas patriarcales. 

Cuando se argumenta el asunto con relación a aquello del término no marcado se apela a un concepto estructuralista que se aplicó automáticamente a la semántica por parte de Jakobson, siendo el significado y todo aquello que lo implica de una naturaleza bien diferente a la del fonema, en tanto rasgo fonológicamente pertinente. Recordemos que la traducción literal del alemán es “miembro sin rasgos distintivos” de una oposición fonológica privativa frente a las oposiciones graduales y equipolentes. Su problemática aplicación sin más a lo semántico (en concreto al significado morfológico) y metiendo con calzador este asunto fonológico en el ámbito de la morfología -de carácter gramatical frente a la fonología y, por tanto, de una naturaleza disímil, al tratarse del significado-, reforzó el prescriptivismo dogmático de las posiciones tradicionalistas, caracterizadas por su falta de rigor científico y más dadas a justificar la empresa nacional y patriarcal que a hacer descripciones científicas sobre cómo funciona nuestra facultad natural -biológica y cognitiva- del lenguaje y de sus productos sociales, las lenguas. 

La lengua no tiene ontología y el argumentario patriarcal y nacionalista habla de ella como si de un ser como tal se tratase, frente a las personas, a las que se deja en un segundo plano. En ausencia de personas, no hay lengua, así que lo uno no se debe deslindar de lo otro

Cuando se aplica a las unidades con significado, debe observarse en qué ámbitos opera este: no solo en su formalización lingüística (como entienden las posiciones estructuralistas, donde es un valor semántico intralingüísticamente formalizado en oposición a otros significados de su misma naturaleza léxica o gramatical -instrumental, categorial y estructural-), sino en lo designativo y cognitivo (lugar en el que, con muchas diferencias, coinciden estructuralismo y cognitivismo). Así, si aplicamos la noción de término no marcado (siguiendo el argumento aducido por “los abogados”, a quienes da la razón la jueza, al basarse en tal concepto, tomado de manera desconectada de sus condiciones sociales de producción y circulación, que de ningún modo deben ser obviadas en tan importante asunto), veremos que, con respecto al uso que se propone (abogacía) por parte del grupo de abogadas denunciantes, con mayor razón estamos ante una designación genérica. Si la aplicación aquella del término no marcado de la fonología a lo morfológico-semántico por parte de las autorías referidas más arriba se hizo en referencia a una mayor generalización semántica y designativa, sin duda, abogacía cumple tal función, al carecer de marcas de ambigüedad designativa, pues, evita tener que estar especificando cuándo se refiere solo a hombres abogados y cuándo incluye a las mujeres. Además, no refuerza el orden patriarcal y no invisibiliza a las otras personas miembros de la abogacía. Si lingüísticamente se invisibiliza, ¿qué sentido tiene seguir usando tal etiqueta? 

La lengua no tiene ontología y el argumentario patriarcal y nacionalista habla de ella como si de un ser como tal se tratase, frente a las personas, a las que se deja en un segundo plano. En ausencia de personas, no hay lengua, así que lo uno no se debe deslindar de lo otro. Confundir lengua con el Estado es como confundir el tocino con la velocidad. Es lo que el sociólogo mozambiqueño H. Martins llamó nacionalismo metodológico. Y seguir hablando de la lengua como un ser vivo, al modo del lingüista alemán del siglo XIX A. Schleicher, es desconocer eso mismo: la lengua solo existe en tanto existen sus seres vivos: las personas. Pero, bueno, si se empeñan: dejen que ‘evolucione’, por coherencia. 

La lengua no es un sistema neutral: formaliza la realidad, la designa y, al hacerlo, construye una representación cognitiva de lo social, lo material y lo natural. Si el masculino ha sido históricamente empleado para nombrar la realidad social en su conjunto, no es porque sea inherentemente el significado que la abarca, sino porque designa un mundo determinado: el de los hombres, configurado por siglos de patriarcado. Ese mismo que hace que a la llegada de una neurocirujana (como hace poco leí), las personas crean que es su asistente y esperen la llegada de -¡tachán!- el hombre.

El uso del masculino como categoría genérica no es una casualidad lingüística, sino el reflejo de una estructura social previa. Antes de que se formalizara, la realidad social y su representación sociocognitiva ya estaban impregnadas de una hegemonía masculina (es su input). El morfema con significado gramatical instrumental de género masculino, como hecho gramatical formalizado, no es un simple marcador técnico; designa, apunta a una realidad conocida por los hablantes y, en ese acto, la representa. Pero este proceso no es unidireccional: al representar, la lengua también refuerza ideológicamente lo que nombra. Nombrar el colegio como “de Abogados” no es un gesto inocuo; es un output que fortalece el espacio patriarcal que históricamente ha excluido a las mujeres de la esfera pública y profesional.

Si queremos una sociedad donde la igualdad no sea solo un discurso, sino una práctica, debemos empezar por nombrarla correctamente. El “Colegio de la Abogacía” no es una concesión al capricho progresista, como algunos dicen, no muy democráticos ni científicos ellos (recordemos una vez más que la lingüística es la ciencia del lenguaje y las lenguas); es un paso necesario para desmantelar las estructuras simbólicas que sostienen la desigualdad

La resistencia a cambiar “Colegio de Abogados” por “Colegio de la Abogacía” no puede justificarse apelando a una supuesta neutralidad del masculino. Esa supuesta, pretendida y falaz neutralidad es una ficción que oculta una verdad incómoda para el machirulado: el masculino genérico es un producto del patriarcado que, al ser adoptado como norma académica (de carácter prescriptivo y un a posteriori del hecho lingüístico per se), naturaliza la exclusión. La abogacía, como concepto abstracto y colectivo, comporta lo genérico sin ambigüedad; “abogados”, en cambio, remite a una categoría marcada por la masculinidad, tanto en su forma como en su historia. En este punto, obsérvese lo dicho sobre la designación potencial del significado y no aquello que, con argumento ciertamente infantil, se dice sobre que no hay que confundir género y sexo, pues las mesas y las sillas carecen de este último (¡menos mal que aquellos académicos sobre los que ironizó Juan Ramón Jiménez están ahí para hablarnos de las camarinas! Y para escribir diccionarios; cf. Platero y yo). 

Mantener el nombre de “abogados” no es defender la lengua frente a no sé quién, sino reproducir en su uso y en la conceptualización epistémica de tal uso las lógicas de un pasado que contraviene lo que hoy sabemos de las lenguas, las personas, la sociedad, la cognición, etc., y los fundamentos de un Estado social y democrático de Derecho, perpetuando así una ideología que ya no se corresponde ni con la sociedad ni con la ciencia social ni con la realidad diversa de la profesión jurídica. 

La decisión judicial, al desestimar la demanda, pasa por alto esta dimensión sociolingüística y opta por la tradición escolar frente a la ciencia lingüística. La lengua no solo refleja el mundo; lo construye. Con la lengua construimos realidad, en un sentido de desigualdad, dominación y opresión o en un sentido de igualdad y justicia social. La lengua no es un ser ahí, como denota el argumentario de la jueza. No la culpo, pues es la idea más generalizada socialmente, aunque en su deber está no hacer de lingüista y, al contrario, asesorarse o dejar que las partes lo hagan con lingüistas profesionales, especializadxs en cuestiones de lengua y género (gender), glotopolítica y sociolingüística crítica.

Si queremos una sociedad donde la igualdad no sea solo un discurso, sino una práctica, debemos empezar por nombrarla correctamente. El “Colegio de la Abogacía” no es una concesión al capricho progresista, como algunos dicen, no muy democráticos ni científicos ellos (recordemos una vez más que la lingüística es la ciencia del lenguaje y las lenguas); es un paso necesario para desmantelar las estructuras simbólicas que sostienen la desigualdad. Es hora de que la justicia se ponga al día en cuestiones lingüísticas. Es hora de que la justicia sea también justicia sociolingüística y aplique este derecho sociolingüístico llamado lenguaje inclusivo, con fundamento en esta ciencia llamada lingüística y en este tiempo, pretendidamente democrático.

Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado una demanda contra el Colegio de Abogados de Sevilla y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados que había interpuesto un grupo de 18 abogadas con la que pretenden (presentarán recurso de apelación) que se anule el acuerdo del 25 de julio de 2022 que mantiene el nombre de la institución frente al de Colegio de la Abogacía de Sevilla.

La sentencia analiza los pormenores de aquella votación, pero la jueza expresa, respecto al tema de fondo y al final de la resolución, su “profundo respeto” al derecho de las mujeres recurrentes “a 'sentirse' discriminadas” pero concluye que se ha de respetar “la decisión democráticamente adoptada por los colegiados”, considerando finalmente que “la denominación controvertida no es medida que objetivamente mantenga o promueva la desigualdad entre hombres y mujeres”, por lo desestima íntegramente su recurso.

Y añade respecto a la cuestión que “el llamado 'masculino plural genérico' o 'masculino neutro' puede parecernos, particularmente, como instrumento que perpetúa la invisibilidad de las mujeres, más aún en colectivos fuertemente profesionalizados como este [el de la Abogacía], con mayoritaria presencia masculina en tiempos no tan lejanos, o puede considerarse por contra un elemento útil, expresivo y adecuado a la tradición y al lenguaje”.

“Una posición u otra no dejan de ser opciones o apreciaciones subjetivas compartidas de forma diferente por los distintos sectores de nuestra sociedad, lo que hay que respetar, tratándose de un debate abierto. El término 'abogado' puede apreciarse por las colegiadas recurrentes como no inclusivo, pero no puede ser calificado de sexista ni de discriminatorio, aunque se comprenda el sentimiento de serlo. La inversión de la carga de la prueba no tiene por ello aquí cabida. El empleo del término 'Abogacía' se trata de un tema de corrección lingüística, si se quiere, deseable, pero no obligado.

“No hay exigencia de cumplimiento del mandato legal”

“Por más que esta juzgadora pudiera compartir personal o ideológicamente el argumentario de las recurrentes, no puede interpretar ni concluir que dichas normas impongan lo querido por las mismas”, confiesa en la sentencia, aludiendo a que el Estatuto General de la Abogacía Española de 2021 “no contiene norma alguna por la cual se deba adoptar imperativamente un lenguaje inclusivo como el pretendido en la denominación de los Colegios”, estableciéndolo como “deseable modelo a seguir o recomendaciones”. “No hay exigencia de cumplimiento del mandato legal alguno para la adaptación de los estatutos de la corporación que obligue a sustituir el término ”abogados“ por el de ”abogacía“ en la denominación social”.

Recuerda la sentencia que “varios Colegios denominados hasta ahora 'de Abogados' han votado si se cambiaba la denominación a Colegio de Abogacía, o se mantenía la de Colegio de Abogados, y muchos han optado por no hacerlo”. El mencionado Estatuto “no establece la obligatoriedad de sustituir la palabra 'Abogados' por la de 'Abogacía', insiste la sentencia, que apunta que ”las normas deontológicas, que ante dudas de interpretación, pueden ser de utilidad, tampoco obligan a ello, y de hecho incluso estas, en algún apartado o redacción, mantienen el masculino neutro“.

“Tampoco obliga al cambio” ni la Constitución Española, ni la Ley de Igualdad de 2007, ni la Ley para la igualdad de trato y la no discriminación, ni la Ley para la Promoción de Igualdad de Género en Andalucía de 2007 también “ni la normativa comunitaria e internacional” que citaron las abogadas en su recurso. “Las recomendaciones nacionales e internacionales que se destacan en demanda, son eso, recomendaciones. Dichas normas garantizan la igualdad de hombres y mujeres, pero no obligan al uso de determinados términos lingüísticos como los que aquí se pretenden”.

La “fragilidad de los derechos conquistados”

Para María Jesús Correa, una de las 18 letradas recurrentes y que lideró la llegada al callejero de Sevilla con la Plaza de la Abogacía en sustitución de la Calle de los Letrados, “es peligroso que una resolución judicial se pronuncie ignorando el mandato legal. Conviene tomar conciencia de que normalizar este tipo de hechos pone en peligro nuestro estatus como ciudadanas y la calidad de nuestra democracia”.

“La sentencia contempla una controversia anacrónica, en pleno siglo XXI, que nos reafirma en la necesidad de seguir luchando por la consagración de nuestros derechos. La sentencia deja constancia de que el sistema judicial sigue lastrado por interpretaciones ajenas a la legislación vigente. Esto deja al descubierto la fragilidad de los derechos conquistados, lo que se traduce en un auténtico retroceso social. Pero todo esto tiene una parte positiva, la certeza de que solo se pierde la batalla que se abandona. Nuestra reivindicación es tan legítima como necesaria. Por ello, no podemos permitirnos minimizar las consecuencias de estas resoluciones que, lejos de lo que pudiera parecer, no se trata del empeño de un grupo de abogadas por cambiar una palabra, sino que se trata de una lucha por la Igualdad en mayúsculas, como mujeres, como juristas y como demócratas”, considera la abogada especialista en violencia de género.

Inesperada asistencia masiva

La sentencia, en cuanto al procedimiento en sí de aquella votación en pleno verano de 2022, dice que no aprecia vulneración de normas colegiales, sectoriales o estatales sobre la forma de aprobación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla, con votación a mano alzada y con la regla de que los votos de ejercientes computan el doble que el de no ejercientes. Sí advierte “ciertas irregularidades o dificultades de control ante una inesperada asistencia masiva de colegiados/as interesados/as en participar en esta votación” pero “ninguna de ellas se revela de la envergadura que se pretende”, apuntando que el resultado fue “aplastante” en contra de los intereses de las recurrentes.

“No puede más que respetarse el principio de autonomía de cada Colegio en esta decisión y en cualquier modificación de sus Estatutos”, “y entre el contenido que necesariamente regularán los estatutos está su denominación”, detalla la jueza en otros pasajes de la sentencia.

Paralelamente a este proceso judicial, doce de las 18 abogadas citadas hicieron saber a la Junta de Andalucía (mediante un recurso cada una) que no debió aprobar los nuevos estatutos de la abogacía sevillana. La cuestión está pendiente de resolución.

Elena Mendoza ya no ejerce la abogacía en Cartagena. La letrada se mudó de provincia porque se hartó de tener que encontrarse con su agresor sexual en salas contiguas del Palacio de Justicia de la ciudad portuaria “con una pastilla debajo de la lengua”. Aunque su antiguo compañero fue condenado el pasado 18 de diciembre con una multa de 4.845 euros por abusos sexuales, la abogada unionense no consiguió una orden de alejamiento. Mendoza se ha encontrado “desamparada” durante todo este proceso por la junta del Colegio de Abogados de Cartagena hasta el punto de denunciarla a principios de febrero ante el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) por haberle propuesto una mediación con su agresor y no haberlo sancionado tras confirmarse los antecedentes penales.

Por su parte, el CGAE ha explicado a este periódico que se ha abierto una información previa, “el procedimiento establecido cuando se presenta una denuncia,” y que los plazos para resolver la actuación de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Cartagena “no son sencillos de exponer, pues pueden originarse diferentes situaciones”.

Los hechos se remontan a junio de 2022, cuando el Colegio de Abogados de Cartagena celebró una comida colegial en El Batel, un auditorio situado en el puerto de la ciudad murciana que cuenta con un restaurante. Durante la sobremesa, Mendoza señala que un compañero que no conocía la empezó a merodear y, “en un momento,” aprovechó para tocarle “la parte baja de la espalda y el culo”. Otro compañero lo vio y pudo testificar al respecto en el juicio.

“Me tocó la vulva completamente”

Al poco tiempo, decidieron hacerse una fotografía de grupo. Al ser alta, Elena se agachó para no tapar a quienes estaban ocupando la fila de atrás. “Él vio la oportunidad, se situó a mi izquierda y puso su mano derecha en mi pierna. Entonces, la subió y mientras nos estábamos echando la foto me tocó la vulva completamente”. “No sé con cuántos móviles echaron la foto, pero a mí nunca me la han enviado. Con ella me habría podido ahorrar dos años y medio de instrucción”.

Tras la agresión sexual, Mendoza solo era capaz de repetir “¡qué vergüenza, joder, qué vergüenza!”, mientras se echaba a llorar en una esquina del restaurante. Algunos compañeros se mostraron preocupados por ella y le contaron la situación al decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Ángel Méndez. La letrada abandonó El Batel acompañada de una amiga.

Al día siguiente, la llamó por teléfono el agresor para pedirle disculpas y, seguidamente, el decano. Este último, según cuenta la abogada, le preguntó si estaba “enfadada” y le repitió “dos o tres veces” que su agresor era “una buena persona”. “Los dos son de la misma edad, personas que están a punto de llegar a los 60, con 30 años de ejercicio profesional, abogados del centro de Cartagena y amigos de la infancia”, abunda la abogada.

“No ha ocurrido en el ejercicio de la profesión”

Tres días después de los hechos, Mendoza presentó un escrito al Colegio de Abogados de Cartagena y solicitó que se le abriera un expediente disciplinario al agresor. Para su sorpresa, le respondieron que “deontológicamente” no podían hacer nada porque “no había ocurrido en el ejercicio de la profesión”. Tampoco le informaron de que podía recurrir en alzada al superior jerárquico, que es el Consejo General de la Abogacía Española, como terminó haciendo.

La vicedecana del Colegio de Abogados de Cartagena, Ana Ruipérez, convocó a Mendoza a una reunión y le ofreció “zanjar el asunto con una mediación penal” con el agresor. “En base al estatuto de la víctima, que es una ley de 2015, es completamente ilegal porque uno de los requisitos de la mediación penal tiene que ser que no suponga un perjuicio para la víctima cuando yo, psicológicamente, estaba reventada”, cuenta por teléfono la abogada, quien se decidió por iniciar un procedimiento judicial. “Estoy segura de que jamás se lo hubiesen propuesto a ninguna clienta en su despacho”, añade.

Preguntado por esta cuestión, el decanato del Colegio de Abogados de Cartagena se ha remitido a un comunicado de prensa publicado el pasado enero en el que “rechaza con contundencia cualquier agresión sexual y reitera su apoyo a todas las víctimas”.

La junta de gobierno del órgano representativo de la abogacía en la ciudad murciana también señaló que debe ajustar su actuación “a lo preceptuado en las normas correspondientes, entre ellas el Estatuto General de la Abogacía y sus propias normas internas”. Y añadió que ante la apertura de diligencias previas al agresor, la postura del Colegio fue de “absoluto respeto y total imparcialidad a una cuestión sometida a un proceso judicial”.

Tras ser condenado en firme el agresor el pasado diciembre con una multa de ocho meses, Mendoza presentó tres escritos al Colegio de Abogados de Cartagena, la Comisión de Deontología y la comisión del turno de oficio –tres partes distintas del Colegio– en la que solicitaba su inhabilitación para que “no represente a mujeres víctimas de violencia de género y de violencia sexual como abogado del turno de oficio”.

“Ya me parece demasiado asqueroso que una mujer que denuncia unos hechos así sufra la doble desgracia de que le toque este abogado porque está de guardia”, explica Elena.

También pidió “taxativamente” que al agresor se le prohibiera participar en cualquier comida colegial para que sus compañeras estén “tranquilas”. “En estas comidas también hay alumnas del máster de Abogacía, chicas de 25 ó 26 años, que era la edad que yo tenía cuando lo hice”. Desde el Colegio hicieron acuse de recibo, “pasó el tiempo y nada más”.

Concienciación social

La abogada considera que hay “una dimensión de concienciación social ya que los abusos sexuales, evidentemente, son delitos muy graves”. “No se puede faltar a la dignidad y la protección de las personas, de las mujeres, en este caso”.

“Soy abogada desde que me levanto hasta que me acuesto y me creo mi profesión. También como feminista. Pienso que una mujer fuerte, que da la cara, que pone el nombre y el apellido junto a su imagen y va donde la llaman es más poderoso que cualquier campaña del Ministerio de Igualdad”, reflexiona la letrada, quien lamenta que haya habido compañeros que nunca le hayan preguntado por su situación y hasta se hayan cruzado de acera por no saludarla.

Mendoza tuvo que recurrir a un amigo suyo de la carrera que vive en Murcia para que la representara como abogado ya que ningún compañero de Cartagena se mostró dispuesto a hacerlo.

“Me parece que la actuación que han tenido desde el Colegio es de tal envergadura que la única solución que veo es la dimisión del decano y, tal vez, en bloque de la junta”. La letrada se decidió a denunciarlo ante el Consejo General de la Abogacía Española y continúa a la espera de que resuelvan su actuación.

“No voy a parar”, esgrime contenta tras haber encontrado trabajo en un nuevo despacho en otra ciudad. “La primera semana que empecé a trabajar en otro sitio empecé a dormir y comer mejor, empecé a sonreír otra vez”.

Sevilla ya tiene Plaza de la Abogacía. Ya ha pasado a la historia la Calle de los Letrados, que durante casi 18 años ha sido como tal habitual lugar de tránsito de miles de personas y escenario del día a día de muchos profesionales del mundo judicial, al ubicarse junto al viejo Palacio de Justicia. “Ya era hora”, han gritado algunas de las abogadas que han acudido al acto de inauguración justo en el momento en el que se descubría la nueva rotulación y que supone “un acto de reparación”, según ha destacado en su intervención la letrada impulsora del cambio, María Jesús Correa.

“Y ahora el Colegio”, han reivindicado las presentes acto seguido, aludiendo a que el Colegio de Abogados de Sevilla está codemandado en un proceso judicial por la votación que mantuvo su denominación actual frente a la de Colegio de la Abogacía. De hecho Correa, que a finales de 2022 registró un escrito con 200 firmas que apoyaban el cambio de nominación que hoy ya es visible en la plaza, ha felicitado al Ayuntamiento y “al Colegio de la Abogacía”, al que en la mañana de este miércoles se ha “permitido” llamar así para incluir a abogados y abogadas.

El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández, preguntado a ese respecto tras el acto inaugural, ha dicho a SevillaelDiario.es que respeta la voluntad democrática de aquella votación ya que fue elegido decano “seis meses después”. En todo caso, “es una cuestión que está ahí” y que “paso a paso” se llevará a una junta ordinaria de la corporación donde “habría que votarlo”. “Puede resultar contradictorio”, ha reconocido tras inaugurar la Plaza de la Abogacía, mostrándose “a favor de la igualdad”.

Tras descubrirse la nueva rotulación por parte del alcalde, Correa ha recordado que “la Calle de los Letrados hacía invisible a las letradas”, definiendo a esta jornada significa “la cura de la ceguera” y celebrando “la igualdad, la justicia y la reparación”. “Por fin se nos ve”, ha enfatizado, señalando que “el lenguaje no inclusivo genera discriminación y vulnera la ley”, en referencia a las leyes de Igualdad tanto estatal como autonómica, aprobadas en marzo y noviembre de 2007, precisamente poco después de que el pleno municipal diera el visto bueno por unanimidad (el 15 de febrero de 2007) a la ya extinta Calle de los Letrados.

En su intervención, el decano también ha celebrado el cambio porque “engloba a todo el ecosistema” de la abogacía sevillana apostando por “una solución integradora e inclusiva” que “visibiliza a todas las personas que participan de la abogacía, los abogados y abogadas, en una ecuación en suma de género”, reconociendo al grupo de mujeres que impulsaron la iniciativa por su compromiso de adaptar el nombre a la realidad global de la profesión“, ha destacado el decano. ”Este éxito es todo vuestro“, ha zanjado.

El decano también ha destacado la labor de la Comisión de Igualdad del Colegio como espacio de liderazgo femenino, enfatizando su carácter proactivo para promover la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos en el ámbito legal, así como garantizar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de los/as profesionales del Derecho. Fernández ha recordado que esta plaza compartirá lugar en el callejero sevillano junto al de las abogadas Carmen Moya y Rosa Morán, primera mujer miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados (1986-1990) bajo el mandato de Manuel Rojo y Carmen Moya fue su primera vicedecana (1997-2002).

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha celebrado igualmente el “acto de reparación y justicia” que supone el cambio de nominación porque “no se podía mantener por más tiempo”. “Había que hacerlo”, ha dicho al recordar las 200 firmas de apoyo presentadas hace ahora dos años, agradeciendo “a la asociación” de la que surgió la iniciativa (que no es tal ya que partió de la citada abogada, María Jesús Correa) y que “también impulsa” el Colegio de Abogados. Al acto también han acudido el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu; la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, así como los portavoces de los grupos municipales y autoridades judiciales de Sevilla.

Tanto el Colegio de Abogados de Sevilla como el Ayuntamiento de Sevilla se han hecho eco de la noticia este miércoles aunque en ninguno de los dos casos (en un mensaje de X en el primero y en la web municipal en el segundo), ni se nombra ni se ve en las imágenes a la promotora de la iniciativa, María Jesús Correa.

Historia de un cambio

La propuesta primera partió de un grupo de abogadas encabezadas por María Jesús Correa, fue víctima del silencio administrativo por parte del Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla y fue el Colegio de Abogados el que, meses más tarde, en concreto el 8 de noviembe de 2023, recogió el guante y cursó la solicitud como institución.

Pero lo hizo con unos argumentos algo distintos. La petición ciudadana original venía motivada directamente porque la Calle de los Letrados era considerada “discriminatoria contra las mujeres letradas” y porque “vulnera toda normativa en materia de igualdad de género”. Un año después, como ya se ha dicho, fue el Colegio de Abogados de Sevilla el que hizo la propuesta, pero llamaron la atención los argumentos que trasladaba la corporación colegial a este periódico.

El Colegio de Abogados de Sevilla decía que pedía el cambio de nombre “por la evolución tanto del término 'letrado' como 'abogacía', optando por desarrollar el segundo concepto”. “Consideramos que el termino 'abogacía' engloba con mayor precisión a todo el colectivo de abogados y abogadas. En cambio, el termino 'letrados' se ha singularizado en aquellos funcionarios de la Administración de Justicia, los letrados de la Administración de Justicia”.

Ese hecho, según dijo el Colegio, hacía que hubiera “perdido en parte relación directa con los profesionales de la Abogacía, origen y propósito de significar a la profesión en el callejero de Sevilla”, comentaron fuentes oficiales del Colegio a SevillaelDiario.es. Las mismas fuentes añadieron a ese respecto tras ser vueltas a consultar que el nombre propuesto “ tiene un carácter simbólico, de reconocimiento a la profesión. Y a todo esto suma el empleo de una terminología por supuesto más inclusiva, una llamada a una denominación común que recoja a todo el colectivo de abogados y abogadas”.

El nombre Calle de los Letrados se había adoptado por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento el 15 de febrero de 2007 para reconocer la función de los profesionales de la abogacía. Ahora, la explanada delimitada entre el edificio de los juzgados y la sede de la Audiencia Provincial, y las avenidas Menéndez Pelayo y Carlos V, ha pasado a llamarse Plaza de la Abogacía, que también ha dejado de ser calle. El pleno de la junta municipal del Distrito Nervión dio su visto bueno a la nueva denominación el pasado 25 de septiembre.

La desaparición del género femenino

La solicitud primera por parte del grupo de abogadas de Sevilla se amparaba en la normativa que ya en 2007 existía en materia de no discriminación por razón de sexo, y en la pluralidad de leyes y normativas en materia de igualdad que se han venido aprobando en los últimos 15 años en Andalucía, España y Europa. Según aquella reclamación, “uno de los fenómenos más graves de discriminación lingüística radica en el aspecto gramatical que consiste en el uso del género masculino como neutro, es decir, utilizándolo como si abarcara masculino y femenino”.

Esa regla “es un claro reflejo de la visión androcéntrica del mundo y de la lengua, y otorga carta de naturaleza a uno de los ejes más claros del androcentrismo cual es el reforzamiento de la presencia del género masculino y causa la desaparición del género femenino”, señalaba aquel escrito, donde se explicaba que existe “una íntima conexión entre la lengua utilizada en el mundo público laboral y la posición de la mujer en la sociedad”, razón por la que “hay que potenciar el cambio de una realidad donde mujeres y hombres no gozan de iguales oportunidades”. “Por ello es necesario modificar el lenguaje que se usa en las administraciones públicas y, en el caso concreto que nos ocupa, en una corporación pública que ha de cumplir la legislación vigente”.

La Calle de los Letrados de Sevilla pasará a llamarse Plaza de Abogacía tras la aprobación por parte del pleno de Ayuntamiento hispalense que se celebrará este jueves. El cambio de nominación fue solicitado en última instancia por el Colegio de Abogados de Sevilla, que casualmente está codemandado en un proceso judicial por la votación que mantuvo su denominación actual frente a la de Colegio de la Abogacía. El nombre actual se adoptó por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento el 15 de febrero de 2007 para reconocer la función de los profesionales de la abogacía.

Previamente, el pleno de la junta municipal del Distrito Nervión dio su visto bueno a la nueva denominación el pasado 25 de septiembre después de que el Área de Hacienda, Administración y Transformación Digital sirviera como “medio y cauce de participación de las personas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones de la ciudad” elevara una propuesta en ese sentido. En concreto, más de 200 firmas pidieron el cambio de nominación a finales de 2022 aunque la propuesta de un grupo de abogadas de Sevilla fue víctima del silencio administrativo y fue el Colegio el que, a posteriori, cursó la solicitud con unos argumentos algo distintos.

La petición original de cambio de nombre por abogadas de Sevilla venía motivada directamente porque la Calle de los Letrados era considerada “discriminatoria contra las mujeres letradas” y porque “vulnera toda normativa en materia de igualdad de género”. Un año después fue el Colegio de Abogados de Sevilla el que llevó la cuestión directamente al ámbito municipal. En ese sentido, llamó la atención los argumentos que trasladaba la corporación colegial a este periódico, destacando que pedía el cambio “por la evolución tanto del término 'letrado' como 'abogacía', optando por desarrollar el segundo concepto”. “Consideramos que el termino 'abogacía' engloba con mayor precisión a todo el colectivo de abogados y abogadas. En cambio, el termino 'letrados' se ha singularizado en aquellos funcionarios de la Administración de Justicia, los letrados de la Administración de Justicia”.

La “paradoja” del Colegio de Abogados

Ese hecho, según dijo el Colegio, hacía que hubiera “perdido en parte relación directa con los profesionales de la Abogacía, origen y propósito de significar a la profesión en el callejero de Sevilla”, ya comentaron fuentes del Colegio a SevillaelDiario.es. Las mismas fuentes añadieron a ese respecto que el cambio de denominación “tiene un carácter simbólico, de reconocimiento a la profesión”, a lo cual “suma el empleo de una terminología por supuesto más inclusiva, una llamada a una denominación común que recoja a todo el colectivo de abogados y abogadas”.

Para María Jesús Correa, que registró aquella primera petición con más de 200 firmas para sustituir el nombre de la Calle de los Letrados, resulta “paradójico” que la corporación colegial sevillana pidiera luego el mismo cambio “cuando existe un procedimiento contencioso contra el propio Colegio porque perpetúa el lenguaje sexista en su denominación de Colegio de Abogados. ”Podía haber aprovechado y podía haber dado ejemplo el Colegio para profundizar y avanzar en igualdad, pero en cambio su principal argumento ante el Ayuntamiento es que pedía el cambio de nominación porque el nombre de 'letrados' se podía confundir con los ahora letrados de la Administración de Justicia“, comenta a este periódico a un día de que el Pleno apruebe finalmente la petición que impulsó hace un par de años junto a un grupo de letradas de Sevilla.

Pulsadas las posiciones de los grupos por este periódico, es más que posible que el acuerdo se apruebe este jueves por unanimidad. “Lo de la Abogacía es una petición del Colegio de Abogados con la que estamos de acuerdo”, manifiestan fuentes del PP, mientras que el PSOE también confirma su voto a favor. Desde Podemos-IU se muestran “a favor de los cambios a denominaciones inclusivas”. “Si es el primer paso para futuros cambios como, por ejemplo, en el nombre del Colegio de Abogados... pues bienvenido sea”, comentan desde la coalición de izquierdas al hilo del frente judicial que tiene la corporación colegial sevillano.

“La idea inicial es respaldar el 'paquete' de cambios de nombres que se lleva al pleno”, señalan desde Vox. Efectivamente se prevé aprobar también varias nominaciones en el callejero hispalense, como por ejemplo el espacio verde dedicado a juegos infantiles situado en la calle Fontaneros, que se llamará Lolo Laocoonte Parque Infantil, o el espacio de nueva formación en la confluencia de San Francisco Javier, Ramón y Cajal y Diego Martínez Barrio, que será la Glorieta de la Enfermería Sevillana.

Una terminología “más inclusiva”

La calle, que más bien parece una plaza y que se ubica frente a la fachada del Palacio de Justicia, junto al edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián, es lugar habitual de tránsito de miles de personas en la capital hispalense, tanto de los profesionales de la administración judicial como de estudiantes (el Rectorado de la Universidad está a escasos metros) y ciudadanía que van o vuelven del centro de la ciudad. El Colegio de Abogados tenía solicitado formalmente desde hacía uno meses que en la explanada delimitada entre ambos edificios judiciales y las avenidas Menéndez Pelayo y Carlos V pasara a llamarse Plaza de la Abogacía.

La solicitud primera por parte del grupo de abogadas de Sevilla se amparaba en la normativa que ya en 2007 existía en materia de no discriminación por razón de sexo, y en la pluralidad de leyes y normativas en materia de igualdad que se han venido aprobando en los últimos 15 años en Andalucía, España y Europa. Según aquella reclamación, “uno de los fenómenos más graves de discriminación lingüística radica en el aspecto gramatical que consiste en el uso del género masculino como neutro, es decir, utilizándolo como si abarcara masculino y femenino”.

Esa regla “es un claro reflejo de la visión androcéntrica del mundo y de la lengua, y otorga carta de naturaleza a uno de los ejes más claros del androcentrismo cual es el reforzamiento de la presencia del género masculino y causa la desaparición del género femenino”, señalaba aquel escrito, donde se explicaba que existe “una íntima conexión entre la lengua utilizada en el mundo público laboral y la posición de la mujer en la sociedad”, razón por la que “hay que potenciar el cambio de una realidad donde mujeres y hombres no gozan de iguales oportunidades”. “Por ello es necesario modificar el lenguaje que se usa en las administraciones públicas y, en el caso concreto que nos ocupa, en una corporación pública que ha de cumplir la legislación vigente”.

La Sección 3ª de la Sala Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha admitido la demanda presentada por ocho abogadas contra la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública por aprobar la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 10 de noviembre de 2023. Según las demandantes, la corporación colegial incumplía el mandato legal de adaptación de los estatutos de la corporación en el sentido de sustituir el término “abogados” por el de “abogacía” en su denominación social, lamentando que la Junta haya procedido a su aprobación definitiva ya que “adolece de sexismo lingüístico, ya que reproduce una imagen sobrevalorada de lo masculino (hombres abogados) que invisibiliza a las mujeres abogadas y, por tanto, vulnera el derecho a la igualdad”.

Cabe recordar que aquella modificación estatutaria del Colegio de Abogados de Sevilla, aprobada el 25 de julio de 2022, validó continuar con su actual denominación y no sustituirla por la de 'Colegio de la Abogacía de Sevilla'. La aprobación del nombre del Colegio, al margen de este procedimiento judicial que acaba de abrir el TSJA, está paralelamente judicializada tras una demanda contencioso-administrativa también dirigida contra el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. La demanda tramitada ahora por el TSJA impugna “la totalidad del texto estatutario al prescindir del uso de un lenguaje inclusivo y no sexista”, especifican las abogadas.

La Junta había argumentado directamente a las letradas que había que esperar a que se resolviera ese contencioso, pero las demandantes consideran que la administración andaluza ha dado por bueno un texto que “adolece de lenguaje inclusivo” que viene defendiendo el Consejo General de la Abogacía Española. De hecho, el objeto de la demanda es concretamente una resolución de la Consejería de febrero de 2024, después de la información publicada por este periódico, donde se suspende la tramitación del recurso que ya interpusieron las abogadas contra la aprobación de la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla. Fuentes de la Consejería de Justicia dicen que, al cierre de esta información, no tienen notificación alguna en este sentido por parte del TSJA.

Las demandantes entienden que la Junta “ha incurrido en un defecto de omisión en la previa calificación de la legalidad” ya que el texto estatutario del Colegio “no es ajustado a Derecho por vulnerar lo establecido en la legislación, autonómica, nacional e internacional, e incumplir las prohibiciones de discriminación contenidas en las mismas, que imponen la obligación de erradicar el sexismo en el lenguaje como una exigencia para desarrollo del principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres y, en consecuencia, la resolución recurrida es nula de pleno derecho”.

“Falta de control de la legalidad”

La modificación del texto estatutario aprobada por la Consejería de Justicia y publicado en BOJA el pasado noviembre no obvia la cuestión del lenguaje inclusivo y, de hecho, su 'Disposición Adicional Única' hace mención específica a ello diciendo que “todas las referencias que se encuentren en el presente estatuto sobre personas, colectivos o cargos cuyo género sea el masculino, hacen referencia al género gramatical neutro, entendiéndose incluidos tanto mujeres como a hombres”. Eso denota, según la demanda, “la falta de control de la legalidad en materia de igualdad y uso no sexista del lenguaje del texto” por parte de la Consejería.

La demanda, que cita numerosa normativa autonómica, estatal y europea en materia de igualdad, alude también a las Normas Deontológicas del Consejo General de la Abogacía, con entrada en vigor el 8 de mayo de 2019, que establecen en su preámbulo que “por razones de corrección lingüística se ha preferido utilizar sólo en contadas ocasiones la expresión 'abogado', que exigiría la doble referencia a 'abogado' y 'abogada', o emplear otros métodos para designar los dos géneros. Por eso, se sustituye por 'Abogacía', que designa tanto la profesión como al conjunto de hombres y mujeres que la ejercen (…)”.

Según el escrito de las abogadas, “todo el texto del articulado” es “absolutamente discriminatorios por razón de género”, “contrario a la legalidad vigente” y supone “una frontal vulneración del ordenamiento jurídico”. “El uso sexista del lenguaje está prohibido por la normativa vigente en España, y si bien es un texto no elaborado por la propia Administración Pública, sí requiere de su aprobación, previo análisis, por parte de esta, la cual ha realizado respecto de un texto cuyo lenguaje discrimina abiertamente a las mujeres que ejercen la profesión de abogacía”, relata la demanda.

La demanda se refiere a un “elocuente” informe emitido por la Agencia de la Competencia en julio de 2023, incorporado al expediente administrativo en su análisis del texto estatutario y en el que, a pesar de no hacer mención alguna al uso del lenguaje inclusivo y no sexista en los estatutos colegiales, la administración actuante “lo utiliza a lo largo y ancho del informe utilizando expresiones como 'profesionales de la abogacía', 'Colegio de la Abogacía', y 'Abogacía'. ”Sorprende pues que un organismo público que utiliza de manera natural el lenguaje no sexista, sabedor de la normativa vigente en la materia, no solo no recrimine ni repruebe la falta de uso en el texto estatutario que analiza y al que se refiere sino que ni tan siquiera la somete a valoración alguna respecto del riguroso control de legalidad que debe de ejercer sobre él“, resumen las abogadas.

Fenómenos léxicos y estructurales

Además de recorrer las normativas en materia de igualdad entre hombre y mujeres en este sentido, la demanda reflexiona acerca del asunto y dice que “el lenguaje sexista ha ayudado durante siglos a establecer unas relaciones injustas entre los sexos. En el castellano existen una serie de mecanismos verbales mediante los que la discriminación sexual, directa o indirectamente, se recrea, reproduce y mantiene; y ello es así porque tales mecanismos operan reflejando, construyendo, perpetuando y naturalizando el sexismo y el androcentrismo”.

A ese respecto recoge algunos de esos fenómenos léxicos y estructurales que “en el uso 'normal' de la lengua castellana actúan contra la mujer, como ”la ausencia de nombres para denominar profesiones en femenino, especialmente las más prestigiosas“. ”Denominar en masculino a una mujer que practica una profesión o cargo invisibiliza a las mujeres que lo ocupa, presenta su caso como una excepción que demuestra, no que las demás mujeres podrían, sino que ni podrían ni deberían, y marca con una dificultad más el acceso a algunos cargos, reservando el masculino para actividades prestigiadas“.

Otro de esos “fenómenos” es “la ocultación de la mujer en el lenguaje por el empleo reiterado de voces masculinas en sentido genérico (los castellanos, los abogados, los profesionales...), y, como consecuencia, la identificación de lo masculino con la humanidad”. “Tal ocultación tiene unas implicaciones importantes en el desarrollo de la identidad personal y social, y son eminentemente androcéntricos porque ocultan la presencia femenina o la subordinan a la masculina”, recoge la demanda.

Entre sus conclusiones, las demandantes señalan que “uno de los fenómenos más graves de discriminación lingüística radica en un aspecto gramatical que consiste en el uso del género masculino como neutro, utilizándolo como si abarcara masculino y femenino. Esta regla, que como el resto de reglas gramaticales que se han dictado, no es de orden natural, eterno e inmutable, sino un claro reflejo de la visión androcéntrica del mundo y de la lengua”. Ello validaría “uno de los ejes vertebradores del androcentrismo más claros, constantes y habituales en la lengua: el que refuerza la presencia del género/sexo masculino y causa la desaparición del género/sexo femenino”.

En ese sentido apuntan que “el problema de discriminación e invisibilidad se produce cuando utilizamos un sustantivo sexuado masculino, que tiene su femenino correspondiente, para referirnos a mujeres y hombres. Por ejemplo, ”si afirmamos que 'en Sevilla hay diez mil abogados' se ignora que existen abogadas en Sevilla, las ha arrinconado, las ha apartado del mundo simbólico, las ha borrado de la realidad textual, creando en nuestro imaginario imágenes masculinas“.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado este jueves el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que instituciones y profesionales de la abogacía redoblen sus esfuerzos para que las víctimas se sientan protegidas por la ley.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios momentos antes de la inauguración del las XII Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género, organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española y que se han celebrado en Toledo, a la que han asistido, entre otros, la consejera de Igualdad, Sara Simón; el decano del Colegio de la Abogacía de Toledo, Ángel José Cervantes; y la presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo.

Según ha indicado, el Pacto “no se está cumpliendo” y, a preguntas de los medios, ha señalado que en la parte en la que interviene la Abogacía es “fundamental” que en todo el territorio nacional se asista a las víctimas de forma previa a la interposición de la primera. “Esto es fundamental, ese es el momento clave”.

Es por ello por lo que ha señalado que para que eso se pueda producir, en los centros de detención de la Policía y la Guardia Civil tiene que establecerse normativamente la obligación de tomar contacto con los colegios de la Abogacía de toda España, para que sean estos los que remitan al profesional especializado en esta materia.

Compromiso y voluntad

Algo que, según ha afirmado, no sucede siempre. “Son miles de puntos de detención en toda España y la persona que está en cada punto de ellos tiene que activar este mecanismo que hemos generado en los colegios de turnos especializados. Será más fácil si conseguimos recoger esa obligación de forma normativa en nuestras leyes, para que ya en el protocolo de cada uno de esos centros de detención se acuda al colegio de abogados señalando que hay un indicio de violencia sobre la mujer”

Es por ello por lo que ha reclamado “compromiso”, “voluntad” y llamar la atención de lo que ha considerado un drama social. “Es una verdadera guerra en el siglo XXI que tenemos que abordar con todos los recursos, con todos los medios, porque a una víctima no podemos decirle que no hay recursos y que no se ha hecho lo suficiente”.

“Tenemos que ampararlas, tenemos que hacer que se sientan protegidas y, por eso, hay que reforzar el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reforzar todos los mecanismos, implementar recursos, aumentar las guardias de abogados de violencia de género en todo el territorio y fortalecer ese sostén que en ese momento ofrece la abogacía”, ha considerado.

Jornadas

Respecto a las XII Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género, ha indicado que serán más de 300 personas de toda España las que participarán en las mismas y que contarán con la participación de los mayores expertos --abogados, magistrados y académicos-- en esta materia.

“Se harán de una forma muy practicada, poniendo encima de la mesa el conocimiento del día a día de cómo las víctimas están sufriendo esta lacra y cómo podemos apoyarlas”, ha manifestado, para afirmar que se trata de unas jornadas “muy enriquecedoras”, que ya tienen un trayecto y fortalecen a la Abogacía y, especialmente, a la Abogacía de Oficio que atiende a las víctimas de violencia de género.

El cambio de nombre de la Calle Letrados de Sevilla lleva bastante tiempo sobre la mesa pero no mucho en el ámbito de quien tiene potestad para cambiarlo, esto es, el Ayuntamiento. El Colegio de Abogados de Sevilla, codemandado en un proceso judicial precisamente por la votación que mantuvo su denominación frente a la de 'Colegio de la Abogacía', tiene solicitado formalmente que dicha vía pase a llamarse Plaza de la Abogacía. El asunto “está avanzado” pues “solo queda ser aprobada por la Junta de Distrito y su posterior refrendo definitivo en el Pleno”, apuntan fuentes de la propia organización colegiada.

“No depende de nosotros pero confiamos en que el procedimiento sea rápido. Hay buena voluntad por parte del equipo de gobierno”, detallan las fuentes. Un extremo acerca del cual no pueden profundizar fuentes municipales, que no han querido pronunciarse a este respecto. La actual denominación Calle Letrados de Sevilla se adoptó por una unanimidad por el Pleno del 15 de febrero de 2007 para reconocer la función de los profesionales de la abogacía, recuerdan desde el Colegio.

El emplazamiento, situado en la fachada del Palacio de Justicia y el edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián, viene siendo objeto de algunas miradas que apuestan por un lenguaje inclusivo. En concreto, más de 200 firmas pidieron el cambio de denominación a finales de 2022 pero la propuesta fue víctima del silencio administrativo. La petición de cambio de nombre venía motivado “por ser su denominación discriminatoria contra las mujeres letradas y vulnerar toda normativa en materia de igualdad de género”.

“Mayor precisión” para el colectivo

Llama la atención los argumentos que traslada el Colegio de Abogados de Sevilla a este periódico, que pide el cambio “por la evolución tanto del término 'letrado' como 'abogacía', optando por desarrollar el segundo concepto”. “Consideramos que el termino 'abogacía' engloba con mayor precisión a todo el colectivo de abogados y abogadas. En cambio, el termino 'letrados' se ha singularizado en aquellos funcionarios de la Administración de Justicia, los letrados de la Administración de Justicia. Hecho que hace que la denominación de la 'Plaza de los Letrados' haya perdido en parte relación directa con los profesionales de la Abogacía, origen y propósito de significar a la profesión en el callejero de Sevilla”, comentan fuentes del Colegio a SevillaelDiario.es.

Las mismas fuentes añaden a ese respecto que el cambio de denominación “tiene un carácter simbólico, de reconocimiento a la profesión”, a lo cual “suma el empleo de una terminología por supuesto más inclusiva, una llamada a una denominación común que recoja a todo el colectivo de abogados y abogadas”. Por su parte, fuentes oficiales del Ayuntamiento hispalense no han querido pronunciarse al respecto pese a la insistencia de este periódico.

Lo cierto es que la solicitud particular que había sido desestimada el año pasado se amparaba en la normativa que ya en 2007 existía en materia de no discriminación por razón de sexo, y en la pluralidad de leyes y normativas en materia de igualdad que se han venido aprobando en los últimos quince años en Andalucía, España y Europa. Según aquella reclamación, “uno de los fenómenos más graves de discriminación lingüística radica en el aspecto gramatical que consiste en el uso del género masculino como neutro, es decir, utilizándolo como si abarcara masculino y femenino”.

Esa regla “es un claro reflejo de la visión androcéntrica del mundo y de la lengua, y otorga carta de naturaleza a uno de los ejes más claros del androcentrismo cual es el reforzamiento de la presencia del género masculino y causa la desaparición del género femenino”, señalaba aquel escrito, donde se explicaba que existe “una íntima conexión entre la lengua utilizada en el mundo público laboral y la posición de la mujer en la sociedad”, razón por la que “hay que potenciar el cambio de una realidad donde mujeres y hombres no gozan de iguales oportunidades”. “Por ello es necesario modificar el lenguaje que se usa en las administraciones públicas y, en el caso concreto que nos ocupa, en una corporación pública que ha de cumplir la legislación vigente”.

La Junta de Andalucía tiene encima de la mesa una docena de recursos por “falta de control de la legalidad en materia de igualdad y uso no sexista del lenguaje” al aprobar la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado 10 de noviembre. De acuerdo a las doce abogadas recurrentes, la corporación colegial incumplía el mandato legal de adaptación de los estatutos de la corporación en el sentido de sustituir el término “abogados” por el de “abogacía” en su denominación social, lamentando que la Junta haya procedido a su aprobación definitiva y pidiendo que rectifique en ese sentido.

Cabe recordar que aquella modificación estatutaria del Colegio de Abogados de Sevilla, aprobada el 25 de julio de 2022, validó continuar con su actual denominación y no sustituirla por la de Colegio de la Abogacía de Sevilla. La cuestión, al margen de los recursos de los que ahora informa SevillaelDiario.es, está judicializada tras una demanda contencioso-administrativa contra el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados interpuesta por un grupo de 18 abogadas, doce de las cuales ya han hecho saber a la Junta (mediante un recurso cada una) que no debió aprobar los nuevos estatutos de la abogacía sevillana.

El texto estatutario aprobado por la Junta de Andalucía no obvia la cuestión del lenguaje inclusivo y, de hecho, su Disposición Adicional Única hace mención específica a ello diciendo que “todas las referencias que se encuentren en el presente estatuto sobre personas, colectivos o cargos cuyo género sea el masculino, hacen referencia al género gramatical neutro, entendiéndose incluidos tanto mujeres como a hombres”.

Los doce recursos están “admitidos”, aseguran fuentes de la Consejería de Justicia, si bien ha dejado “en suspenso” su tramitación en tanto en cuanto no resuelva el juzgado la demanda a la que antes hacíamos referencia. “Es una cuestión de seguridad jurídica, para no entrar en contradicción con lo que determine el juzgado”, comentan las fuentes de la Junta, que explican que se trataría de “una interpretación de la ley” aunque, en todo caso, los estatutos fueron aprobados con los parabienes del Consejo General de la Abogacía y del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

Adaptación al Estatuto General de la Abogacía Española

Tanto la resolución de la Junta como los recursos en su contra recuerdan que en mayo de 2023 el gerente del Colegio de Abogados de Sevilla remite los estatutos a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, desde donde se realizaron una serie de apreciaciones que fueron luego introducidas en el texto. La modificación estatutaria, básicamente, tenía por objeto adaptarse a las diferentes modificaciones normativas operadas en materia de colegios profesionales, en especial su adaptación al Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española.

El referido texto estatutario adolece de sexismo lingüístico ya que reproduce una imagen sobrevalorada de lo masculino (hombres abogados) que invisibiliza a las mujeres abogadas y, por lo tanto, vulnera el derecho a la igualdad

Los escritos, que citan numerosa normativa autonómica, estatal y europea en materia de igualdad, alude también a las Normas Deontológicas del Consejo General de la Abogacía, con entrada en vigor el 8 de mayo de 2019, que establecen en su preámbulo que “por razones de corrección lingüística se ha preferido utilizar sólo en contadas ocasiones la expresión abogado que exigiría la doble referencia a abogado y abogada o emplear otros métodos para designar los dos géneros. Por eso, se sustituye por Abogacía que designa tanto la profesión como al conjunto de hombres y mujeres que la ejercen (…)”.

Con base a toda esa normativa, “la administración actuante, como garante de la legalidad, ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 3 y 4 de la Ley 40/39, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siendo preceptivo dar cumplimiento a las obligaciones que la normativa reseñada impone en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres”.

“Una imagen sobrevalorada de lo masculino”

Ese “mandato normativo” reclama “la igualdad de resultados y la igualdad real en el uso y disfrute de los derechos, lo que determina la exigencia de que las mujeres, al igual que los hombres, sean nombradas y reconocidas a través del lenguaje”, argumentan las abogadas. En este caso, el referido texto estatutario “adolece de sexismo lingüístico ya que reproduce una imagen sobrevalorada de lo masculino (hombres abogados) que invisibiliza a las mujeres abogadas y, por lo tanto, vulnera el derecho a la igualdad”.

Los recursos consideran que la administración andaluza “ha incurrido en un defecto de omisión en la previa calificación de la legalidad, ya que el texto estatutario no es ajustado a Derecho por vulnerar lo establecido en la legislación, autonómica, nacional e internacional, e incumplir las prohibiciones de discriminación contenidas en las mismas, que imponen la obligación de erradicar el sexismo en el lenguaje como una exigencia para desarrollo del principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres”.

Los recursos de alzada solicitan al consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que declare la invalidez de la Resolución de 3 de noviembre de 2023, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, por la nulidad -o, subsidiariamente, anulabilidad- de la misma “por la falta de control de la legalidad en materia de igualdad y uso no sexista del lenguaje del texto analizado”, requiriendo a la Dirección General “que proceda a solicitar del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla la subsanación del texto estatutario para adecuarlo a lo establecido por la legalidad vigente en la materia”.

Hace justo un año, el Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) aprobó continuar con su actual denominación y no sustituirla por la de Colegio de la Abogacía de Sevilla, cuestión que fue impugnada por unos 70 letrados y letradas. Ahora, un grupo de 18 abogadas ha interpuesto una demanda contencioso-administrativa contra el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, organismo que el pasado noviembre rechazó su recurso de alzada contra aquel acuerdo. Tanto la convocatoria de aquella junta general extraordinaria celebrada el 25 de julio de 2022 como el acuerdo de mantener la denominación “resultan absolutamente discriminatorios y, por tanto, vulneran el derecho a la igualdad”, asegura la demanda.

El escrito del grupo de abogadas, que ya ha sido admitido a trámite y al que ha tenido acceso sevillaelDiario.es, pide al juzgado que declare la nulidad de aquella resolución del Colegio de Abogados de Sevilla, y que reconozca el derecho de las demandantes “a no ser discriminadas” e imponga al órgano colegial “la obligación de cambiar su denominación a 'Colegio de la Abogacía de Sevilla, o subsidiariamente, la anulabilidad”. Las letradas entienden que existe “una frontal vulneración del ordenamiento jurídico vigente”.

El escrito recoge los puntos sobre los que debe versar la prueba, relativos a la nulidad de la resolución del Consejo Andaluz que acordó la inadmisión parcial del recurso de alzada interpuesto por las demandantes, la no conformidad a derecho del procedimiento de la convocatoria de aquella junta general extraordinaria y del procedimiento de celebración de la misma, la nulidad de citado acuerdo de mantener la denominación 'Colegio de Abogados de Sevilla' “por vulnerar el derecho a la igualdad”, la “obligación legal imperativa” de los colegios de abogados de modificar su denominación y la “obligada aplicación del lenguaje inclusivo”.

“Otros métodos para designar los dos géneros”

La demanda recuerda las indicaciones del Estatuto General de la Abogacía que, en su artículo 2, dice que “la organización colegial de la Abogacía se integra por el Consejo General de la Abogacía Española, los Consejos Autonómicos y los Colegios de la Abogacía”, aludiendo a esa denominación. Ese Estatuto, en vigor desde el 1 de julio de 2021, daba un año a los colegios a adaptarse a él, también en cuestiones como “la necesidad de avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres”, una mención a ese objetivo que daría origen al cambio de nomenclatura del 'Colegio de Abogados' al 'Colegio de la Abogacía', concluye la demanda. A juicio de las abogadas, se trata de “un mandato contenido legal” que “jamás se debió someter a votación”.

Pese a que más de 30 Colegios de Abogados pasan a denominarse Colegios de la Abogacía “con el objetivo de fomentar la igualdad de género”, el ICAS dijo en su web el año pasado que “la opción de mantener el nombre a Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla ha sido votada por una amplia mayoría de los/as colegiados/as asistentes” a la junta de julio de 2022. “Desde la Junta de Gobierno del Colegio se ha querido evaluar el sentir del colectivo antes de plantear cualquier modificación de un nombre con más de 300 años de historia y sondear la postura generalizada”, apuntó el ICAS por aquel entonces.

La demanda, que cita numerosa normativa autonómica, estatal y europea en materia de igualdad, alude también a las Normas Deontológicas del Consejo General de la Abogacía, con entrada en vigor el 8 de mayo de 2019, que establecen en su Preámbulo que “por razones de corrección lingüística se ha preferido utilizar sólo en contadas ocasiones la expresión abogado que exigiría la doble referencia a abogado y abogada o emplear otros métodos para designar los dos géneros. Por eso, se sustituye por Abogacía que designa tanto la profesión como al conjunto de hombres y mujeres que la ejercen (…)”.

“No pretendemos esconder la realidad de los hombres”

Las abogadas argumentan que “es grande el consenso acerca de cómo cambiar el lenguaje puede contribuir a cambiar el mundo, a acelerar cambios o a perpetuar inequidades. Si tenemos la voluntad de cambiar tenemos el derecho de hacerlo, incluso por encima de la norma gramatical, ya que en ningún contexto posible la norma gramatical es prioritaria frente a los valores de la igualdad y la justicia”.

“Las mujeres tenemos derecho a nombrarnos y definirnos (ya lo hace la legislación), por ello carece de sentido que quienes imponen el masculino genérico, argumenten que el lenguaje inclusivo es imposición: no pretendemos esconder la realidad de los hombres, reivindicamos el derecho a mostrar la realidad de las mujeres, como mitad de la sociedad y, aunque una sola persona tiene derecho a ser nombrada de forma no discriminatoria, olvidar o silenciar a la mitad de la población es un gran problema de salud democrática”, incide la demanda.

Según se explica en la demanda, “la lógica patriarcal sigue insistiendo en que esto va de vocales, que las mujeres están incluidas sin ser nombradas. Con este argumento lo que se intenta es perpetuar el sistema patriarcal, ralentizando la entrada de aquellos cambios que entienden como perturbadores para su funcionamiento. El lenguaje inclusivo implica, no sólo que seamos visibles, ser nombradas, sino también cambiar la posición de los grupos innombrados, esto es, si queremos cambiar lo que piensan otras personas, no puedo usar neutros, ni genéricos, tengo que nombrar con todas las palabras, sólo así se genera conciencia y se crean referentes”.

Votación y recuento

La demanda alude a diversos aspectos concretos de la convocatoria de aquella junta general extraordinaria, el orden del día aprobado y la posterior votación, lamentando que “habiéndose impugnado el Acuerdo de Junta de Gobierno de convocatoria junto con el orden del día, dentro del plazo legal para ello, y con carácter previo a la votación de las dos propuestas, no se obtuvo respuesta antes de la votación sobre dicha impugnación que se dejó sin resolver, y se pasó directamente a la votación”. La demanda profundiza en esas cuestiones

Las letradas aseguran también en la demanda que hubo una “ausencia absoluta de acreditación de identidad del electorado” y que “tan sólo se pedía, de manera aleatoria, el nombre y número de colegiación, si bien con la mera manifestación verbal de dichos datos fue suficiente para acceder, pues no se contrastó ni con el DNI ni con el carnet colegial la veracidad de la misma”, un desarrollo que “se demostrará con las testificales solicitadas”. “Nada impidió que personas no colegiadas o colegiadas no ejercientes pudieran haber suplantado la personalidad de algún colegiado o colegiada y votar”, relatan. El ICAS defendió que “hubo control de acceso y discriminación de acuerdo con el listado de colegiados”.

La votación, por otra parte, “se celebró a mano alzada a pesar de haberse denunciado en el escrito de impugnación y solicitado en la tribuna por una de las abogadas ”en representación de decenas de firmantes“, un total de 66. ”Ante el escrito de impugnación, ni siquiera la Mesa hizo un receso para su valoración, sin darle trámite alguno“, añade la demanda, que asegura que ”la falta de respeto a una institución, la del secreto del voto, y a los valores democráticos que lo consagran“ es ”suficiente para invalidar todo el proceso“.

El precedente de 2016

“El recuento de los votos se realizó desde la tribuna por los miembros de la mesa, y por algún empleado del ICAS, contando de una en una las manos alzadas para una y otra opción, lo que, debido al movimiento incesante de las personas de la sala y al constante alboroto en la misma, resultaba absolutamente imposible, hasta el punto de que uno de los miembros de la mesa preguntó a otro ¿hasta dónde has contado tú, hasta allí?, conforme podrán acreditar testigos allí presentes. ”Una chapuza“, dijeron ya en su momento las proponentes del cambio de nomenclatura.

Una de las demandantes, María Jesús Correa, el 2 de noviembre de 2016 presentó en el ICAS una carta dirigida a su Junta de Gobierno para requerir el cambio de denominación en el mismo sentido que ahora apelando al principio constitucional de Igualdad. El entonces decano, José Joaquín Gallardo, le contestó que la junta quedaba “enterada del deseo” de la colegiada “a los efectos que pudiesen resultar pertinentes cuando en su día se aborde la reforma global” de los Estatutos del ICAS, haciendo constar que ya se estaba utilizando en el anagrama de la institución la expresión 'Abogacía.-Sevilla', lo cual se iría “iremos incrementando paulatinamente conforme se vaya mostrando procedente”.

Hace unos años, varias furgonetas con la palabra “divorcio” escrita en mayúsculas aparecieron en varias ciudades españolas. Se popularizaron bajo el nombre de 'divorcionetas' y ofertaban servicios de abogados para llevar procesos de separación matrimonial a cambio de 150 euros por cabeza. Ahora la Justicia ha rechazado la demanda que el letrado Alberto García Cebrián, precursor de las 'divorcionetas' publicitarias, interpuso contra la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), cuando su presidenta alertó que este tipo de promociones podían esconder publicidad engañosa y precios reales mucho más altos. Los jueces consideran que la asociación no aludió directamente a este abogado y añaden que la advertencia era completamente creíble: la factura de un proceso judicial de divorcio puede irse muy por encima de 150 euros.

Las furgonetas de García Cebrián aparecieron en las calles, las portadas y las televisiones en 2019. Eran vehículos que ofertaban asesoramiento legal para divorcios a 150 euros por cabeza con el lema “Juntos o separados, pero felices”. La promoción especificaba que esos 150 euros por cada cónyuge era el “precio final todo incluido”, aludiendo a un “exprés mutuo acuerdo”. Esta promoción y el sistema agresivo de publicidad no solo llamaron la atención de viandantes y medios de comunicación: también hicieron saltar las alarmas entre los abogados especializados en pleitos de familia, alarmados ante un precio tan bajo que no entraba en sus quinielas más optimistas.

María Dolores Lozano, presidenta de AEAFA, expresó sus dudas en una reunión telemática con Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, en febrero de 2021. Lo hizo sin citar explícitamente la campaña publicitaria de García Cebrián pero haciendo patente su “alarma” ante “el riesgo de publicidad engañosa en las campañas de divorcios a 150 euros o furgonetas rotuladas con precios irrisorios”. 

Ella advirtió entonces de que un proceso judicial de familia podía salir mucho más caro y constató que “muchos clientes se sienten engañados con las publicidades de divorcios a 150 euros porque, posteriormente, luego esta cantidad se dispara o el servicio jurídico es deficiente. Esas publicidades de captación no garantizan que ese será el precio definitivo, salga como salga el procedimiento”, relató Lozano.

El impulsor de las 'divorcionetas', que se ha representado a sí mismo en este proceso, decidió demandar a la presidenta de la asociación, pidiendo una indemnización de 3.600 euros al entender que su advertencia había vulnerado su honor. Un pleito que fue rechazado en primera instancia por un juzgado de Madrid y ahora, según ha sabido elDiario.es, por la Audiencia Provincial.

Los jueces, en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, no solo avalan que las palabras de Lozano estaban amparadas por la libertad de expresión: también que suponían una advertencia obvia y razonable sobre los precios que se ofertaban en este tipo de promociones. El letrado Cristóbal José Pedros Carretero ha sido quien ha defendido a AEAFA en este pleito.

“Se trata de una opinión libre”

Los jueces, que critican la forma “confusa y difícilmente abarcable” con la que el abogado ha presentado una “interminable cadena de escritos” a lo largo de la demanda, destacan que Lozano nunca aludió directamente a él: “En ningún momento se alude al demandante, sino que de forma genérica se está mencionando la existencia de furgonetas en las inmediaciones de los Juzgados de Familia”, dice la Audiencia.

Sus advertencias sobre este tipo de promociones fueron, concluyen los jueces, “una opinión libre manifestada por una profesional del sector”. Para esta sección civil de la Audiencia Provincial, que precisamente dedica buena parte de su tiempo a asuntos de familia como divorcios, “resulta una obviedad señalar que un proceso de divorcio puede terminar implicando desembolsos económicos muy superiores a los inicialmente previstos”.

Explican, por ejemplo, que más allá de un precio inicial cerrado tras aprobarse un convenio regulador pueden surgir numerosos gastos y derivadas procesales: “La ejecución, desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad, o la modificación de medidas definitivas, entre muchos otros”.

La técnica “novedosa” que usó este abogado para promocionar sus servicios con furgonetas que publicitó en numerosos medios de comunicación, dicen los jueces, otorgó un interés público a la noticia que, recuerda la Audiencia, “no puede servir únicamente de instrumento para tener una mayor notoriedad, sino también para estar expuesto a críticas”.

En este caso, la opinión de la presidenta de AEAFA “debe ser considerada absolutamente veraz”, según los jueces. “No contenía inexactitud alguna o faltaba a la veracidad, pues, por un lado, es absolutamente cierto que se estaba ofertando un proceso de divorcio por esa suma, al tiempo que en algún caso, como se dijo, los costes finales podían ser finalmente muy superiores a esa cantidad”, zanja la sentencia, que condena en costas al letrado y que ha sido recurrida ante la sala primera del Tribunal Supremo.

En contacto con elDiario.es, el letrado Alberto García Cebrián afirma que su objetivo es “reducir y superar la tensión que existe con esta cuestión y esperar que sea resuelto por los Tribunales como proceda” al mismo tiempo que explica que se trata de una cuestión “innecesariamente denigrante” y recuerda la existencia de publicaciones por parte de AEAFA que considera un “ataque” a su “dignidad profesional”, como una en la que afirma que se compara sus 'divorcionetas' con un accidente de tráfico. Eso es, según su criterio, “dantesco” y un “ataque innecesario”. “El respeto debe de prevalecer entre compañeros precisamente por el bienestar de las familias. Publicar y mantener esta publicación sólo crea tensión en el sector”, lamenta. “Yo respeto y seguiré respetando profundamente el sistema de trabajo de los distintos profesionales con independencia de que los comparta, o no, pero los míos deben ser igualmente respetados en ejercicio del libre mercado y competencia”.

No mucha gente sabe que la explanada delimitada por el Palacio de Justicia de Sevilla y el edificio de los juzgados se llama calle de los Letrados de Sevilla. Lugar de tránsito para muchos, y de estacionamiento para las unidades móviles de las televisiones cuando cubren algún caso judicial mediático, su nomenclatura la aprobó el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla el 15 de febrero de 2007 por unanimidad de todos los grupos municipales.

Una abogada, una de tantas que por allí pasan a diario, resalta que “la importancia que tiene el lenguaje en la formación de la identidad social de las personas y en sus actitudes motiva la necesidad de erradicar el sexismo lingüístico”. Amparándose en la normativa que ya entonces existía en materia de no discriminación por razón de sexo, y en la pluralidad de leyes y normativas en materia de igualdad que se han venido aprobando en los últimos quince años, ha registrado en el Ayuntamiento hispalense una reclamación para que esa calle, que más bien parece una plaza, pase a llamarse Plaza de la Abogacía de Sevilla o Plaza de Letrados y Letradas de Sevilla “por ser su denominación discriminatoria contra las mujeres letradas, y vulnerar toda normativa en materia de igualdad de género y no discriminación, así como en lo relativo al lenguaje inclusivo”.

Así lo expone la abogada María Jesús Correa en su escrito presentado este miércoles en el registro municipal, acompañado de 200 firmas de apoyo que van a ser registradas en sede electrónica, donde dice que esa forma de nombrar en el callejero de nuestras calles y plazas “ha de ser revisado con el fin de cumplir la normativa en materia de Igualdad entre hombres y mujeres de nuestro ordenamiento jurídico, siendo la utilización del lenguaje inclusivo uno de los vehículos a través del que se articula la igualdad real y efectiva”. La letrada aboga por “erradicar el sexismo lingüístico del lenguaje administrativo, tanto en las relaciones internas como en las relaciones con la ciudadanía”.

“Los usos sexistas del lenguaje hacen invisibles a las mujeres e impiden ver lo que hay detrás de las palabras”, añade a este periódico en consonancia con el sentido de su reclamación. “Hay que poner las luces largas en estos casos. Yo en ese nombre no estoy reflejada. No me incluye. Yo no soy un letrado. Me parece algo muy sencillo”.

La lluvia ha dado una pequeña tregua en Sevilla. Los viandantes, en el epicentro de la ciudad, en el Prado de San Sebastián, pasan por la plaza con destino a otro lugar. Otros, los justiciables o los profesionales que trabajan en la Administración de Justicia, la cruzan para cambiar de edificio judicial. “¿Sabe usted que esta calle se llama 'de los Letrados de Sevilla'?”. Una pequeña encuesta a pie de calle muestra que, al ser sitio de paso, pocos saben de su nomenclatura, menos aún de la iniciativa para cambiarla, que hasta ahora no trasciende públicamente. “Yo no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo”, responde un hombre de mediana edad. “Que se llame 'Abogacía' me parece bien, pero 'letrados' es genérico, eh”, advierte. “A mí la verdad es que me da igual cómo se llame”, dice un joven que pasea con su pareja, quien asiente y confirma: “A mí me da lo mismo”.

A una mujer joven que circula con sus auriculares le parece “bien” que se le pueda cambiar el nombre. Tampoco sabía cómo se llamaba la plaza que atraviesa, al igual que otra mujer, quien se pregunta “dónde están las letradas en ese cartel, dónde están las mujeres, que somos las que movemos el mundo”. Una pareja de trabajadores que, por su puesto, frecuentan la zona, sonríen ante la propuesta de cambio y comentan: “No le doy mucha importancia a ese tipo de cosas. No veo mal cualquier iniciativa siempre que se haga con respeto y educación. No me parece mal pero no tiene la menor importancia”, argumentan al unísono.

“Visión androcéntrica del mundo”

Según la reclamación, “uno de los fenómenos más graves de discriminación lingüística radica en el aspecto gramatical que consiste en el uso del género masculino como neutro, es decir, utilizándolo como si abarcara masculino y femenino”. Esta regla “es un claro reflejo de la visión androcéntrica del mundo y de la lengua, y otorga carta de naturaleza a uno de los ejes más claros del androcentrismo cual es el reforzamiento de la presencia del género masculino y causa la desaparición del género femenino”, señala Correa. En el escrito registrado se explica que existe “una íntima conexión entre la lengua utilizada en el mundo público laboral y la posición de la mujer en la sociedad”, razón por la que “hay que potenciar el cambio de una realidad donde mujeres y hombres no gozan de iguales oportunidades”. “Por ello es necesario modificar el lenguaje que se usa en las administraciones públicas y, en el caso concreto que nos ocupa, en una corporación pública que ha de cumplir la legislación vigente”.

Para Ígor Rodríguez-Iglesias, profesor de Lingüística General de la Universidad Autónoma de Madrid, “rotular los abogados en la tercera década del siglo XXI guarda tras de sí las lógicas del siglo XX: aquellas que hablan del masculino como término no marcado”. “Estamos hablando de justicia social. Si decimos los abogados o la profesión de abogado, a la cabeza se me viene un hombre. Nombrar la realidad a partir de cómo muchos espacios han estado hipermasculinizados, con prohibición expresa de que estuvieran las mujeres, es reproducir la estructura de dominación que guarda tras de sí tal representación”, explica a este medio.

Dice la reclamación también que “la ausencia de nombre para denominar profesiones en femenino tiene como consecuencias la invisibilidad de las mujeres que ejercen esa profesión, se presenta su caso como una excepción, y reserva el masculino para actividades prestigiadas”. En el presente caso, “cabe la sustitución del sustantivo sexuado masculino letrados por sustantivo abstracto no sexuado, que representa al grupo, esto es, abogacía”. Por ello “procede la aplicación de la legislación estatal y autonómica, por encima de la decisión del Pleno, con la implantación del lenguaje inclusivo y no sexista en el callejero de la ciudad de Sevilla”, dice apoyándose en el articulado de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, o en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de Igualdad de Género en Andalucía, o a la reciente Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

También apunta que el Consejo General de la Abogacía Española promueve en su Guía de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación para Colegios de la Abogacía “el uso del lenguaje inclusivo con enfoque de género y no discriminación en las comunicaciones verbales y/o escritas”. Según expone la abogada, “desde hace ya algunos años las cotas de mujeres colegiadas como abogadas se han incrementado hasta alcanzar la paridad” pero “ese fenómeno no ha ido paralelo a la consecución de la igualdad real y efectiva en el ejercicio de la profesión debido al lastre histórico de la desigualdad y a la discriminación estructural que aún sufren las mujeres y que fundamenta toda la normativa sobre igualdad entre mujeres y hombres a todos los niveles”. En el Colegio de Abogados de Sevilla hay 7.851 colegiados, de los cuales 6.367 están inscritos como ejercientes, y 1.484 son no ejercientes. Del total de colegiados, el 61% son hombres y el 39% mujeres.

Según Laura Limón, profesora de Secundaria en Huelva y experta en lenguaje inclusivo, “nuestro lenguaje es tan rico que nos permite hablar y escribir de manera inclusiva, sin tener que desdoblar continuamente en masculino y femenino, usando términos universales como abogacía”. “Estamos en el siglo XXI y el lenguaje inclusivo no debería ser ni siquiera un debate, por lo que debemos usarlo. Lo que pasa es que, ante los avances del feminismo tambien hay avances de un machismo que se opone a que las mujeres seamos visibilizadas”.

Limón, que considera “certera” esta propuesta de la abogada sevillana, resalta que “las leyes vienen pidiendo que usemos el lenguaje inclusivo para sentirnos todas las personas visibilizadas”. “Es interesante que podamos decir que las mujeres estemos visibilizadas en todos los espacios. El uso de universales como profesorado o abogacía es lo más natural, y el alumnado es ya lo más natural. El lenguaje inclusivo estará más normalizado cuando haya más mujeres sentadas en los sillones de la RAE, porque llevamos mucho tiempo usándolo, y el buenos días a todos y a todas, por ejemplo, es algo ya habitual”, por lo que considera “importante” que se hagan este tipo de reclamaciones.

Discriminación estructural

La reclamación destaca también que “el lenguaje no inclusivo cuando hablamos de igualdad entre mujeres y hombres debe considerarse discriminación, y el mantener una nomenclatura masculina y/o no permitir, impedir o no facilitar que quienes no se sientan incluidas y representadas en ella puedan verla modificada, debe considerarse sin ninguna duda un acto discriminatorio cometido en un contexto de discriminación estructural que busca su motivación, y así reconoce, en razones históricas de exclusión de las mujeres del ejercicio de la profesión de la abogacía. El adoptar prácticas inclusivas como la existencia lingüística es una referencia para favorecer la visibilidad y el reconocimiento, en este caso, de las mujeres abogadas, letradas, en condiciones de igualdad social y profesional”.

Para Rodríguez-Iglesias, “en una sociedad pretendidamente democrática y de Derecho, hay que luchar contra la desigualdad, dominación y opresión implícitas y explícitas en todos los sentidos. La lengua no tiene ontología. La lengua solo se hace en el hablar y con ella construimos las relaciones sociales y la realidad social, reproduciendo y transformando tales relaciones, incluyendo las de desigualdad”. “Por justicia y por coherencia con nuestro tiempo y realidad, la calle debe ser rotulada como Calle de la Abogacía. La cuestión es muy sencilla: no se puede discriminar a nadie por cuestión de sexo. La invisibilización es una forma de discriminación. Con la lengua se hace, aunque no lo perciba la persona invisibilizada”.

Según añade en ese sentido, “si hay reacciones simbólicamente violentas ante el planteamiento de despatriarcalizar la denominación ‘los abogados’, es porque allá donde se producen las mayores opresiones, se dan las mayores resistencias por parte de quienes oprimen o contribuyen a esa opresión”. “Las personas que hablan desde posiciones feministas, es decir, de igualdad y justicia social, no lo hacemos desde la ignorancia. Hay mucha investigación académica de ciencia social detrás. Así que cuando alguien reacciona insultando como ”ignorantes“, pone boca arriba las cartas: opresión violenta, reacción violenta, en tanto nos ponen absurda y ridículamente de ignorantes, quienes con manifiesta ignorancia defienden posiciones de opresión con argumentos que hoy no sostendría alguien que curse la Primaria”, defiende. “Se hace pasar por lingüístico algo que pertenece al ámbito de la normalización social. Si desde la infancia normalizamos que el femenino nombra a toda la realidad, el femenino sería genérico. Por tanto, hay que poner al masculino genérico en su sitio: es otra pata del patriarcado”, concluye.

El Gobierno aprobó en julio una modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita para excluir a los profesionales condenados por maltrato del turno de oficio especializado en violencia machista, al que tienen acceso estas víctimas de manera gratuita. La ministra de Justicia, Pilar Llop, dijo entonces que se trataba de una modificación “muy importante” que iba a “garantizar” que las víctimas de violencia de género reciban un “asesoramiento de calidad”, tal y como vienen reclamando desde hace “mucho tiempo” las organizaciones de mujeres. La medida también es extensiva a otras víctimas especialmente vulnerables como las de delitos de terrorismo o trata de seres humanos, menores o personas con discapacidad.

Dos meses después, la nueva regulación ha entrado en vigor —este miércoles 28 de septiembre— y el Ministerio de Justicia y los colegios profesionales mantienen diferencias sobre su aplicación. Es decir, sobre cómo se va a asegurar que los profesionales que defienden a víctimas de violencia de género y otras especialmente vulnerables carecen de antecedentes penales por hechos similares a los que han sufrido esas víctimas. El real decreto establece que la nueva regulación “no conlleva nuevas cargas administrativas” para los colegios de abogados y procuradores y les encomienda “adaptar sus respectivos turnos de oficio” a las “novedades” incluidas en la norma. 

Las organizaciones profesionales consideran que es una medida “acertada”, “cabal” y “legítima”. Sin embargo, se quejan de que es “difícil” de implementar porque cualquier solución es “poco operativa en la práctica''. El año pasado había 20.614 abogados adscritos al Servicio de Violencia de Género en todo el país. Comprobar los antecedentes de cada uno de ellos es complejo. ”Hay que introducir las modificaciones en los distintos Estatutos, Reglamentos de Justicia Gratuita, Protocolos de turnos especiales de violencia contra la mujer…“, afirma Eva García Fernández, presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General de Procuradores. 

Los colegios no están legitimados para acceder al Registro Central de Penados y Rebeldes, donde se inscriben las sentencias firmes por la comisión de delitos. Se han explorado, por tanto, otras opciones. Fuentes del Consejo General de la Abogacía (CGAE) dicen estar a la espera de que el Ministerio de Justicia valide la fórmula propuesta —de la que no ofrecen detalles— y lo plasme en una orden ministerial. En el Ministerio de Justicia, sin embargo, aseguran que ya “existen mecanismos para garantizar su aplicación” sin necesidad de más regulación.

En el departamento que dirige Pilar Llop aluden al certificado de penales, que incluye todos los antecedentes en caso de que se tengan. Explican que los propios colegios, gratuitamente y con el consentimiento de sus colegiados, podrán solicitarlos a las gerencias territoriales de Justicia, que lo emitirán de manera automatizada. Además, los propios colegiados pueden pedirlo por vía electrónica tras abonar una tasa de 3,86 euros. “Estos certificados son utilizados de manera generalizada en muchos ámbitos, y este es uno más”, sostienen en Justicia. 

El problema es que en ese documento consta todo el historial penal de una persona, lo que puede suponer una vulneración del derecho a la intimidad por tener que comunicar otras situaciones que rebasan lo exigido en el reglamento. También hay dudas sobre con qué periodicidad se debería exigir ese certificado a los colegiados. 

Según Justicia, los abogados o procuradores que consideren que el certificado de penales es “excesivo” pueden solicitar al Registro Central de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género un certificado que no aporte más información que la requerida. El inconveniente es que es un trámite que se puede demorar porque no existe un servicio automático y cada solicitud debe tramitarse de manera manual. De hecho, en el ministerio están trabajando en un sistema que permita la emisión automática de certificados específicos “de acuerdo a las necesidades de cada momento”. Aunque advierten de que el hecho de que la emisión de estos certificados específicos no esté automatizada “no exime a los interesados del cumplimiento de la normativa vigente”. 

En todo caso, las fuentes consultadas por elDiario.es afirman que, de manera provisional, algunos colegios profesionales están optando por exigir una declaración responsable relativa a sus posibles antecedentes penales tanto a los profesionales que están ahora en el turno de oficio especializado como a los que se vayan sumando próximamente. 

El Observatorio de Justicia Gratuita que edita anualmente el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) da cuenta de las suspicacias de las organizaciones profesionales respecto a esta medida. El apartado de recomendaciones de los expertos detalla que su aplicación “no está exenta de inconvenientes”. Asimismo, subraya que es una limitación profesional que se debería llevar a cabo a través de una modificación legal y no reglamentaria y debería afectar también a otros profesionales que tienen contacto con las víctimas de malos tratos. 

Defensor del Pueblo

Este real decreto deriva de una recomendación que el Defensor del Pueblo hizo al Ministerio de Justicia a propuesta de una federación de asociaciones de mujeres. La abogada Pino de la Nuez, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, asegura que esta medida es un “viejo reclamo” de las asociaciones feministas. De la Nuez celebra la reforma que, a su juicio, supone un “plus de exigencia” que va a aumentar “el nivel de calidad para garantizar el derecho de defensa'' de las víctimas. ”Se nos hacía difícil, cuestionable y nada justo que compañeros condenados y con antecedentes vigentes estuvieran llevando la defensa de algunas víctimas“, agrega. 

Ni en el Ministerio de Justicia ni el Consejo de la Abogacía tienen cifras del número de abogados con antecedentes por violencia machista inscritos en el turno específico que da asistencia a estas víctimas. No obstante, los colegios de abogados y procuradores consideran que es “algo residual”. “No había alarma social pero, aun así, es una medida acertada”, dicen fuentes del Consejo de la Abogacía. “La casuística se da. Lo veíamos las acusaciones particulares y los juzgadores. Aunque las cifras van a empezar a conocerse ahora”, añade De la Nuez. 

Los abogados y procuradores que asisten a víctimas de violencia de género y otras especialmente vulnerables no son los únicos profesionales que deben justificar que no tienen ciertos antecedentes para ejercer su labor profesional. Desde 2016, los empleados que están en contacto de forma habitual con menores deben acreditar a sus empleadores públicos o privados que carecen de antecedentes penales por delitos sexuales, ya sea contra adultos o contra niños. 

En este caso, se puso en marcha un certificado específico. Ese documento lo expide el Ministerio de Justicia tras comprobar que el interesado no está inscrito en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que recoge la identidad y el ADN de todas las personas condenadas en sentencia firme por delito contra la libertad e indemnidad sexual o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía.

La propuesta de la abogada granadina Montse Linares para que el Colegio de Abogados de Granada pasara a ser Colegio de la Abogacía de Granada ha fracasado. La proposición quería eliminar el sexismo del nombre al identificar solo a los abogados y no a las abogadas, siguiendo la recomendación del Consejo General de la Abogacía (CGAE). Sin embargo, un grupo de letrados ha rechazado la idea acusando a la abogada de hacer “propaganda” de “sesgo ideológico”. Algo de lo que no tiene noticia el propio Colegio, según aseguran a este medio.

Todo comenzó el pasado mes de marzo cuando la abogada Montse Linares, presidenta del Grupo de Violencia del Colegio de Abogados de Granada y experta en este ámbito desde 1997, propuso a la Junta de Gobierno que se cambiase el nombre de la institución para adecuarlo a los tiempos y a las recomendaciones del CGAE que ha promovido ya ese mismo cambio en 18 de los 83 colegios profesionales que hay en España. Como el granadino está en pleno proceso de actualización de sus estatutos, que debe acabar en julio, Linares consideró que era el momento indicado para llevar a cabo la propuesta. Para ello, elaboró un documento con todas las claves jurídicas que indican que es necesario modificar la denominación.

A través de una propuesta formal, la abogada solicitó la posibilidad a la Junta de Gobierno que decidió someter el asunto a referéndum en lugar de aplicar el cambio directamente ya que tiene potestad para ello. La votación se produjo el pasado 19 de abril y ganó la opción de que no se cambiara el nombre del Colegio de Abogados de Granada por un 80% de los votos frente al 20% que sí estaba de acuerdo con la modificación, aunque apenas participó un 20% del censo total de colegiados (738 asociados de 3.509). Ya entonces hubo reacciones por parte de algunos letrados y simpatizantes de la extrema derecha en redes sociales que calificaron la derrota de la propuesta como de un éxito contra el “inclusismo mediocre”.

Lo que no se sabía en ese momento es que la abogada proponente ya había recibido mensajes similares a través de su correo electrónico por parte de otros colegiados. “Se trata de un puro acto de adoctrinamiento de doctrina de género”, “el pasado no era un caos informe antes del socialismo, huevo cósmico del que, al parecer, debe nacer hasta una nueva gramática que abandone el género no marcado (el masculino)” o “meras burdas infundadas y sin fundamento, más que tizne ideológico sesgado”, fueron algunas de las frases de las misivas que recibió Montse Linares desde que realizó la propuesta hasta que se votó. Además, y paralelamente, un grupo de estos abogados realizó un montaje para difundir por redes sociales su mensaje contra la modificación pidiendo decir no a “la dictadura de lo políticamente correcto”, a “la ideología de género” y “al debate ideológico”.

El lenguaje no es “inocuo”

Quienes se han opuesto a esta idea para cambiar el nombre y hacerlo más inclusivo insisten en la idea de que la palabra “abogado” ya incluye tanto al hombre como a la mujer, tal y como indican las normas de la Real Academia de la Lengua Española (RAE). Un discurso que para Montse Linares, la abogada proponente, esconde que hay un grupo “muy fuerte” de personas que no “quiere avances en igualdad”. La letrada, que lamenta que el colegio granadino se haya puesto de perfil convocando el referéndum sin darle cobertura a la propuesta, afirma sentirse muy orgullosa de la abogacía en general porque se están dando pasos en ese sentido que están costando “mucho” y son fruto de un trabajo “muy duro”, tal y como ella misma ha podido comprobar con su propuesta de cambio de nombre.

“Llevo trabajando en el ámbito de la violencia machista desde el año 1997 y sé perfectamente que el lenguaje no es inocuo y que hay que luchar contra lo discriminatorio. Entendí que como presidenta del Grupo de Violencia no me podía quedar sin hacer nada”. Especialmente en un colegio profesional como el granadino en el que el 40% de los colegiados son mujeres. “Uno de los puntos de la guía que propone el Consejo General de la Abogacía es que los colegios deben promover el cambio de nombre al de abogacía. Es verdad que no dice que sea obligatorio el cambio, pero la ley integral contra la violencia de género tampoco dice que sea obligatoria la asistencia gratuita en ese ámbito y sin embargo se ha montado un equipo para ello”.

Respuestas de agradecimiento

Pese a lo agrio de los mensajes recibidos, Montse Linares prefiere quedarse con lo positivo: “Ha habido muchas respuestas de agradecimiento y muy bonitas”. Afirma que no le preocupan tanto las respuestas negativas porque sabe que la igualdad aún “provoca reacciones de este tipo”. “Me han llamado adoctrinadora y hasta pastora. Creo que el resultado ha sido bueno porque nos ha servido para ver la reacción que ha habido por parte de un sector muy minoritario”. Para Linares lo que ocurre le recuerda a lo que se está viviendo judicialmente en los últimos años en el ámbito de la violencia de género. “La aparición de Vox está impregnando su política en el mundo de la abogacía y está impidiendo que se desarrollen los avances tan necesarios que se están dando. Mensajes como el de la violencia intrafamiliar están calando en el mundo judicial”.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Granada dice no saber nada de la campaña de acoso machista que ha sufrido la abogada Linares. En declaraciones a este medio, el decano del colegio, Leandro Cabrera, afirma que “la obligación de cambiar el nombre no existe”. “Lo que hemos hecho en el colegio de Granada ha sido un ejercicio puro de democracia para que todos los colegiados se pronunciaran para cambiar el nombre”. El máximo representante de la institución de la abogacía granadina llega a afirmar que el cambio sí que tiene “una carga ideológica, aunque ella lo fundamentó jurídicamente muy bien”.

“No hay ninguna reticencia”

“Teníamos dos opciones: que la junta de gobierno cambiase el nombre (que somos 15 personas) o que se hiciese un referéndum. La participación fue más importante de la que pensaba que iba a haber y el resultado fue abrumador”, dice. A pesar de que solo votaron un 20% de los colegiados, para Cabrera es una movilización importante ya que no suele ser un colectivo que participe mucho en estos sufragios. No cambiaron el nombre pese a que la propuesta estaba fundamentada jurídicamente porque entendieron que “tenía una trascendencia en la que todo el colegio debía pronunciarse”. “Desde el principio y antes de la convocatoria del referéndum dijimos que se respetaría el resultado”.

“Cuando llegue, llegará el cambio de nombre, si al final lo imponen normativamente”, sostiene el decano. Por parte de la Junta de Gobierno “no hay ninguna reticencia” a ello y por eso se convocó la votación. Pero con respecto a los mensajes que ha recibido Montse Linares y al tinte machista de los mismos, desde el Colegio de Abogados de Granada no van a tomar ninguna medida. “No vamos a investigar nada porque cada uno es libre de hacer y decir lo que quiera. Hemos sido absolutamente asépticos porque respetábamos el resultado”.

15 de mayo de 2020. Mientras España empezaba a salir del confinamiento, los abogados del procés debatían por videoconferencia y mensajes sobre la inesperada discrepancia entre un juez de vigilancia penitenciaria y la Fiscalía a cuenta del modo de cumplimiento de las condenas por sedición. Por aquellas fechas el 'software' espía Pegasus infectó el móvil de Andreu van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras. El programa pudo acceder a todo el contenido de su teléfono, además de activar su micrófono. Toda la vida profesional y personal del abogado contenida en su móvil estuvo a disposición del organismo que encargó el ataque con Pegasus.

El 'hackeo' indiscriminado mediante el programa espía de origen israelí no solo afectó a políticos independentistas, sino también a varios abogados. Además de Van den Eynde, el defensor de Carles Puigdemont y otros políticos de Junts, Gonzalo Boye, recibió hasta 18 ataques entre marzo y octubre de 2020. Interceptar las comunicaciones de un letrado es una vuelta de tuerca al espionaje, ya que acaba con un pilar básico de su profesión –el secreto con su cliente– y puede poner en peligro el derecho de defensa y las estrategias jurídicas en una investigación en curso.

“Pegasus es una invasión total y absoluta del secreto de las comunicaciones y de la intimidad de las personas, porque puede activar el micrófono o la cámara del teléfono. Cuando esto le pasa a un abogado, es como si te escucharan en el despacho: el secreto profesional con el cliente salta por los aires”, reflexiona Joan Ramon Puig, presidente del Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC), que agrupa a los 40.000 letrados repartidos entre los 14 colegios de la abogacía de la comunidad.

La catedrática de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Mercedes García Arán explica que, con el Código Penal en la mano, el hecho de espiar a un abogado no supone una agravante en el delito de revelación de secretos en el que se encuadraría el espionaje con Pegasus. Que no esté reflejado en el Código Penal, abunda García Arán, no resta gravedad a la “descalificación moral y penal” que merece desmontar la confidencialidad entre letrado y cliente sin causa justificada. “Espiar ya es grave de por sí, pero hacerlo a un abogado es un paso más”, agrega.

Puig recuerda que, al ser integral y masivo, el espionaje no solo ha afectado a las conversaciones con el cliente, sino que también puede abarcar los debates con otros letrados con los que los afectados comparten las defensas de una causa. “Se ha atentado contra el derecho de defensa, es un ataque a la línea de flotación del sistema y a un aspecto fundamental en el funcionamiento de la justicia”, alerta el presidente del CICAC.

El alcance, tanto a nivel de víctimas como de intrusión en las comunicaciones, del espionaje con Pegasus no tiene antecedentes en nuestro país. Las escuchas de las conversaciones entre acusados y sus abogados son excepcionales, aunque se han producido en la historia judicial española. El caso más relevante fue el del juez Baltasar Garzón, condenado por intervenir las conversaciones entre los imputados de la trama Gürtel en prisión y sus abogados. En otros casos el juez que ordenó los pinchazos entre letrados y acusados no fue condenado y simplemente se declararon nulas las pruebas. Por ley, las comunicaciones entre un preso y un abogado no pueden intervenirse salvo por orden judicial en casos de terrorismo. El problema es que, en el caso Pegasus, a día de hoy no se sabe quién dio la orden de espionaje.

La Abogacía reclama explicaciones

Para Puig, las explicaciones que hasta ahora ha dado el Gobierno son “insuficientes”. El presidente de la abogacía catalana se muestra escéptico con una comisión de investigación parlamentaria –“puede conducir a juicios paralelos sin hallar la verdad material”– y aboga por profundizar la investigación judicial abierta en Barcelona hace dos años tras el primer episodio de espionaje con Pegasus padecido por los republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall. “El espionaje ha existido y no se puede discutir. Ahora hay que averiguar sus autores, si es preciso levantando secretos oficiales”, reclama.

Por ahora, el juez que investiga desde hace dos años en Barcelona el espionaje de Pegasus a los republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall, las primeras víctimas conocidas, no ha apuntado hacia el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como lo reclamó Van den Eynde. La causa por ahora se encuentra a la espera de respuestas de Israel, sede de la empresa israelí que comercializa Pegasus, e Irlanda, pero se espera una oleada de personaciones de víctimas del programa espía, que a su vez pedirán más diligencias al juez.

Las peticiones judiciales para que el Gobierno comparta información reservada son excepcionales, pero no inéditas. El Ejecutivo desclasificó en 2018 documentación secreta sobre la operación Kitchen, diseñada por el Ministerio del Interior en 2013 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas. Con la desclasificación, el juez pudo llamar a declarar a algunos testigos clave, exaltos cargos policiales, sin que estuvieran sujetos a la Ley de Secretos Oficiales.

La hipótesis que barajan la mayor parte de los espiados es que el encargo de Pegasus habría partido desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Una ley de 2002 obliga al servicio de inteligencia a obtener el permiso de un único juez del Supremo para intervenir las comunicaciones, pero ahí acaba la fiscalización judicial de su trabajo. Los resultados son materia clasificada que debe ser remitida al presidente del Gobierno.

¿El espionaje a abogados puede conducir a anular las causas relacionadas con el proceso soberanista en las que intervienen? García Arán prefiere no aventurar una respuesta hasta que la investigación no arroje más luz sobre el autor del espionaje, mientras Puig sí apunta a la posibilidad de nulidades: “La opción de escuchar a un abogado está muy restringida y debe justificarse mucho, además de tener una constancia previa de un hecho delictivo en el que esté implicado”.

Un tema al día, el podcast de elDiario.es

En abril de este año Erola Gracia encaraba la recta final de su embarazo con molestias e incomodidad. En una revisión su ginecóloga le recomendó reposo. Con el informe médico en la mano, esta abogada de Barcelona de 34 años presentó un escrito para suspender el juicio que tenía señalado poco después. Como el juzgado no respondía, “tuvimos que llamar cada día para insistir”. Finalmente, la respuesta fue no. Así que Erola tuvo que presentarse en el juicio “con el cliente llevándome la mochila; yo no podía ir en transporte público, era esperpéntico”. No mucho después, dio a luz. Su historia es una más de las que acumulan muchas abogadas en España: si trabajan por cuenta propia, no tienen derecho a permiso de maternidad y, a día de hoy, las normas que rigen los juicios y plazos procesales siguen sin contemplar esta circunstancia como motivo de suspensión o aplazamiento.

En el escrito que Erola Gracia presentó al juzgado notificaba que se encontraba en reposo absoluto debido a su embarazo y que no contaba con ningún compañero que pudiera sustituirla. “El presente juicio se señaló inicialmente para el 09/02/2021, y en ese momento, no hubiera tenido problema alguno en asistir. Sin embargo, la parte Actora solicitó la suspensión porque le faltaban documentos. Ahora me es imposible acudir sin poner en riesgo mi salud y la de mi embarazo. Les agradeceré que comprendan la delicada situación por la que estoy pasando”, decía el documento.

Sin embargo, el juzgado no suspendió el juicio: la jueza argumentó que podía hacer uso de la figura de sustitución entre letrados. “Tengo un despacho con una compañera y no podía acudir nadie más porque solo yo estoy especializada en laboral. Pero es que además el cliente te busca a ti como abogada por algo, quiere que hagas tú el juicio”, explica la abogada, que estuvo a punto de empezar su intervención con un alegato. “Me pensé señalar que era una vergüenza que me hubiera tenido que levantar de mi cama poniendo en riesgo la vida de mi hijo, que parecía que estábamos en la Edad Media, pero creo que no hubiera gustado a la jueza”.

Lo que cuenta no es una excepción, sino más bien un hecho habitual para las abogadas. La presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía, Marga Cerro, asegura que últimamente los casos denunciados son más frecuentes, probablemente, cree, porque en la profesión ahora hay más conciencia acerca de la conciliación. “Desde el Consejo recogemos esa reivindicación, no puede ser que en cada tribunal cada juez haga una cosa. No estamos amparados por una ley clara”, señala.

A día de hoy, la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla la suspensión de las vistas “por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad del abogado de la parte que pidiere la suspensión”. El problema es que las abogadas y abogados que trabajan por cuenta propia, bien en régimen de autónomos o en la mutualidad de la abogacía, no tienen una baja de maternidad y paternidad como tal, sino una contraprestación económica. La “imposibilidad absoluta” o enfermedad sería, por tanto, el precepto en el que podrían entrar las letradas que no puedan acudir antes o después del parto, algo que, sin embargo, es interpretable.

“No ha lugar a la suspensión”

Mónica Gil, abogada de 30 años que ejerce en Madrid, consiguió la suspensión por los pelos. “Tuve un buen embarazo y trabajé hasta las últimas semanas. Iba a las vistas, pero me daba miedo ponerme de parto o que pasara algo y se me fueran los plazos procesales. Tenía dos recursos de apelación que presentar poco antes de dar a luz, y registré una solicitud para ampliar el plazo hasta después del parto, pero ninguno de los dos juzgados me respondió”, explica. Ante la falta de respuesta, Gil presentó los recursos y una semana después parió. Mientras, por si acaso, le pasaba por correo a una compañera los escritos que iba preparando, “por si me ponía de parto en cualquier momento y no me daba tiempo a mí a presentarlos”.

Con su hija recién nacida en brazos, la abogada Mónica Gil solicitó la suspensión de dos vistas que tenía menos de un mes después de su parto. "Uno de esos juzgados me dijo que no, era la primera vez en mi carrera que me denegaban una suspensión

Con su hija recién nacida en brazos, este agosto la abogada solicitó la suspensión de dos vistas que tenía menos de un mes después de su parto. “Uno de esos juzgados me dijo que no; era la primera vez en mi carrera que me denegaban una suspensión. Al final mi cliente tuvo COVID-19 y se terminó suspendiendo por ese motivo”, afirma.

Fue la contestación del otro juzgado, que también le denegó la suspensión, la que soliviantó a Mónica Gil: “No ha lugar a la suspensión solicitada, a la vista del tiempo transcurrido desde que se tuvo conocimiento por la empresa del señalamiento, 18/03/2021, por lo que se pudieron prever las contingencias que ahora se alegan para pedir la suspensión”. La abogada subraya que ese razonamiento sugiere que si una abogada está embarazada no debe aceptar un caso por si tiene alguna complicación. “Me pregunto si tengo que decir que estoy embarazada a todos mis clientes a ver si quieren contratarme o no. Al principio del embarazo no sabes si va a seguir adelante o no, si vas a tener complicaciones... Ya cuando di a luz fue cuando me puse a solicitar las suspensiones de los juicios que tenía, no podía hacerlo antes”, se queja esta abogada.

Me pregunto si tengo que decir que estoy embaraza a todos mis clientes a ver si quieren contratarme o no

Finalmente, Gil acudió al Defensor del Abogado del Consejo General de la Abogacía, que intervino y consiguió el aplazamiento. La presidenta de su Comisión de Igualdad también critica la respuesta que recibió la abogada, “veladamente se le dice que como el juicio se señaló de marzo para agosto pues que no haber cogido el caso, te están diciendo que no trabajes porque luego vas a tener que parir”.

El Consejo General de la Abogacía y el Ministerio de Justicia llevan dos años negociando cambios que permitan introducir en la legislación mejoras en la conciliación de la profesión. “Pedimos que la maternidad y la paternidad para los abogados por cuenta propia sean motivo de causa de suspensión durante, como mínimo, las mismas semanas que marca la ley general, las primeras seis semanas después del hecho. Ahora estamos al arbitrio de los letrados de la administración de justicia, del órgano judicial o de los jueces que quieran suspender, porque como no está recogida específicamente depende de la interpretación”, explica Marga Cerro. Su demanda incluye que sean modificadas la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las tres expliciten de la misma forma este derecho. La solicitud incluye que las abogadas embarazadas puedan suspender sus vistas al menos diez días antes de su fecha prevista de parto.

Un juicio una semana después de parir

María Benito tiene 31 años, es abogada y vive en Cáceres. En diciembre de 2020 le llegó la citación para un juicio: la fecha era dos días después de su fecha prevista de parto. “Le pedí a la matrona un certificado en el que apareciera la situación porque no iba a estar en condiciones de asistir. Presenté un escrito con el certificado pidiendo la suspensión precisamente para evitar perjuicios a todas las partes”. El juzgado se lo denegó y ella recurrió. No hubo tiempo a recibir una nueva respuesta: el viernes anterior a su fecha de parto y también al juicio, María ingresó en el hospital con una rotura de bolsa. Ingresada y ya con el niño en brazos recibió un nuevo “'no”.

En una revisión en la semana 28 me dijeron que tenía síntomas de parto prematuro y que tenía que descansar y hacer reposo. Pedí la suspensión de un señalamiento que tenía días después y el juzgado me dijo que tenía que ir y que me buscara un apaño

El juzgado instó a sus clientes a acudir con otro abogado o bien a asumir uno del turno de oficio. “Yo les dije a mis clientes que fueran ellos y que en el juzgado vieran que su abogada no podía ir. No hubo más remedio que suspenderlo porque no fui y nadie del turno de oficio podía hacerse cargo”. El juicio se pospuso diez días y allí se presentó Benito, dos semanas después de haber dado a luz. “El niño se quedó con su padre. Había tenido un parto bueno y me encontraba fenomenal pero podía no haber estado así y la situación me estaba provocando ya más ansiedad y trabajo entre recurrir esto y lo otro”.

La historia de Raquel López Abellán, abogada de 36 años que trabaja en Murcia, se remonta a 2013, cuando se quedó embarazada de su primer hijo. “En una revisión en la semana 28 me dijeron que tenía síntomas de parto prematuro y que tenía que descansar y hacer reposo absoluto, me dieron la baja. Esto fue a finales de noviembre, yo tenía un señalamiento a primeros de diciembre en Almería, tenía que viajar. Hice un escrito solicitando la suspensión del señalamiento porque estaba de baja por riesgo de parto prematuro. Me dijeron que no, que tenía que acudir y que me buscara el apaño”. Después de muchas conversaciones con el juzgado y de amenazar con llevar el caso a la prensa, la letrada consiguió la suspensión.

“Les dije que no podían obligarme a hacer un viaje de dos horas en esa situación médica ni podían obligar a que el cliente se hiciera con otros abogado porque te contratan a ti y confían en ti. Me lo suspendieron 'in extremis' y me dijeron 'pues se va a ir al último de la cola' y así fue, me lo señalaron para año y pico después”, relata. Es frecuente que los tribunales insistan en que los abogados recurran a la figura de la sustitución por otros letrados, algo que, subrayan desde el Consejo de la Abogacía, muchas veces no es posible por la relación de confianza que se establece y también por el perjuicio económico que puede suponer.

La presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía, Marga Cerro, defiende la necesidad de actualizar las leyes para garantizar el derecho a conciliar de la profesión y asegura que es absolutamente compatible con una justicia rápida y diligente. “Es imposible que se impute la lentitud de la justicia o que los juicios tengan más duración de lo normal por la maternidad o paternidad. Para la cantidad de tiempo que supone la tramitación de un procedimiento, la duración de un permiso de maternidad o paternidad no influye, igual que las vacaciones. Los únicos que cumplimos los plazos procesales somos los abogados que, obviamente, somos los primeros que defendemos los intereses de nuestros clientes y que no tomaríamos una decisión que les perjudicara”.