La Unión Europea ha pedido que se restaure la Playa de Tauro (en Gran Canaria) tras una denuncia de Los Verdes. Así lo afirma el partido en un comunicado este sábado en el que acompaña la resolución de la Comisión Europea.

“De la información presentada por el peticionario se desprende que se ha cancelado el permiso para ocupar y trabajar en la playa. Si se ha producido un deterioro de los hábitats protegidos o una alteración significativa de las especies, las autoridades nacionales tienen la obligación de poner remedio a la situación con arreglo a las disposiciones antes descritas. Sobre la base de lo expuesto, la Comisión no adoptará ninguna otra medida a este respecto”, recoge el documento.

En el año 2020, Los Verdes denunciaron ante la Comisión Europea las obras de regeneración de la playa de Tauro, “los desahucios abusivos y las demoliciones de casas de familias residentes, ahora acaba de reconocer los daños y pide que se restaure la playa”. Reconoce ahora la Comisión Europea que la playa de Tauro es un hábitat natural de “interés comunitario” que consta de bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda.

En 2016, se iniciaron las obras de regeneración con 70.000 metros cúbicos de arena traídos del Sáhara, “sin ningún estudio de impacto ambiental, cuyo depósito produce turbidez en la zona especial de conservación de la Franja marina de Mogán”, destaca Los Verdes.

En el comunicado señalan que estas obras causaron daños a los arrecifes y las praderas de fanerógamas marinas en esta zona especial de conservación. Además del depósito de arena, desde 2004 se han descargado diariamente cientos de metros cúbicos de salmuera de la desalinizadora, lo que ha afectado a las praderas de fanerógamas marinas.

La Comisión respondió que los proyectos de reaprovisionamiento de arena que no impliquen obras costeras para combatir la erosión u obras de defensa marítima capaces de alterar la costa no se encuentran entre las categorías de proyectos enumeradas en los anexos de la Directiva de evaluación del impacto ambiental (Directiva EIA)1 . Por consiguiente, la legislación de la Unión no exige una evaluación de impacto ambiental en esta situación.

De hecho, la playa de Tauro está situada junto al área de protección especial denominada “Espacio marino de Mogán-La Aldea» (código del lugar: ES0000530), designado en el marco de la Directiva sobre las aves y cercana a la zona especial de conservación de la Franja marina de Mogán (código del lugar: ES7010017) designada en el marco de la Directiva sobre los hábitats” . Por tanto, ambos lugares forman parte de la Red Natura 2000.

Las Directivas sobre los hábitats y las aves establecen disposiciones para salvaguardar los lugares Natura 2000. Dadas estas disposiciones, los estados miembros deberán adoptar las medidas oportunas para evitar en los lugares Natura 2000 el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto significativo en lo que respecta a los objetivos tanto de la Directiva sobre los hábitats como de la Directiva sobre las aves.

En principio, las Directivas relativas a la conservación de los hábitats naturales y de las aves silvestres no excluyen la posibilidad de realizar proyectos o actividades en los espacios de la red Natura 2000. No obstante, establecen un procedimiento escalonado para evitar cualquier daño significativo. De manera específica, la Directiva relativa a la conservación de los hábitats obliga a que cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma notable a un espacio de la red Natura 2000 se someta a una adecuada evaluación de las repercusiones.

La autoridad competente solo podrá conceder un permiso tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar de que se trate, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 4. Con el fin de ayudar a las autoridades de los Estados miembros en la aplicación de las disposiciones mencionadas, la Comisión ha publicado documentos de orientación titulados «Gestión de espacios Natura 2000: Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, sobre los hábitats» y «Aplicación de las Directivas de Hábitats y de Aves en estuarios y zonas costeras» .

En la respuesta recibida ahora la Comisión europea concluye que “De la información presentada por el peticionario se desprende que se ha cancelado el permiso para ocupar y trabajar en la playa. Si se ha producido un deterioro de los hábitats protegidos o una alteración significativa de las especies, las autoridades nacionales tienen la obligación de poner remedio a la situación con arreglo a las disposiciones antes descritas”.

La Delegación Saharaui para Canarias ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento de Mogán ha depositado “toneladas de arena procedentes del Sáhara para sus playas”.

Según indica la Delegación en un comunicado, ha conocido este hecho a través de una información publicada en un medio de comunicación, un texto que “saquea incluso el nombre del territorio omitiendo la palabra Occidental”, denuncia.

La Delegación ha expresado su condena ante “esta acción llevada a cabo por el citado Ayuntamiento contribuyendo al saqueo de las riquezas del Sáhara”. El Consistorio, dirigido por Onalia Bueno (Ciuca), “pasa a engrosar la lista de aquellos que han saqueado las diversas riquezas de Sáhara Occidental, y que son objeto de denuncias ante los tribunales europeos”.

El escrito recuerda, además, que “el Tribunal de Justicia Europeo (TJE), en su sentencia del 21 de diciembre de 2016, afirma que el Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado de Marruecos, por lo que cualquier acuerdo firmado con Marruecos que englobaría el territorio y las aguas del Sáhara Occidental es ilegal”.

Con este “ilegal y sucio negocio que contradice la sentencia del TJE, el Ayuntamiento de Mogán no hace más que contribuir a la ocupación y represión del régimen marroquí contra la población civil saharaui indefensa”, critica. Además, la Delegación afirma que el negocio, que “ensucia” al propio Ayuntamiento, “en nada beneficia al pueblo mogareño, pero sí a un puñado de empresarios sin escrúpulos y sin importarles el medio por el que obtienen sus ganancias”.

La Delegación advierte de que “el régimen de ocupación marroquí está desplegando enormes esfuerzos a través de su búnker-Consulado en Canarias para implicar a instituciones locales en busca de cómplices en su genocidio contra la población civil saharaui y romper ese cordón umbilical solidario que siempre ha unido a los pueblos saharaui y canario”.

La Delegación anuncia también que próximamente el Frente Polisario celebrará su XV Congreso, una cita en la que se decidirá la línea a seguir para la “total liberación del territorio nacional”.

El partido ecologista Los Verdes ha denunciado a España ante la Comisión Europea por “connivencia con las obras y vertidos realizados en la Playa de Tauro”, en el municipio grancanario de Mogán, según indica en un comunicado.

Los Verdes basa su denuncia en las afecciones a espacios protegidos por la legislación europea y a la Directiva de Hábitats por las obras y vertidos en la playa de Tauro, situada en el municipio grancanario de Mogán, en relación con el vertido de 70.000 toneladas de arena del Sáhara en 2016 y los vertidos diarios de salmuera que se realizan en la zona de baño desde 2004.

Francisco Ojeda, portavoz local de Los Verdes, ha explicado que “existe una clara dejación de funciones de todas las administraciones que no han hecho nada a pesar de las denuncias realizadas por Los Verdes desde hace 15 años y estar advertidos por la Comisión Europea de la necesidad del estudio previo de impacto ambiental”.

Según Ojeda, estudios realizados por la Universidad de Las Palmas los vertidos de arena han afectado a los extensos sebadales (Cymodocea nodosa), así como poblaciones de algas verdes, y como consecuencia a la riqueza faunística de la zona que alberga especies protegidas por legislación europea.

La aportación de arena para transformar Tauro de una playa de callaos a una de fina arena saharaui rubia afectó a la cercana Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Franja Marina de Mogán, en Gran Canaria, según un estudio llevado a cabo durante las obras realizadas en 2016 por el Grupo de Investigación en Biodiversidad y Conservación, integrado en el Instituto Universitario EcoAqua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). En concreto, la arena llegó a perjudicar tanto a los arrecifes como a los sebadales de esta ZEC. Se trató de unas obras que, además, se realizaron sin la evaluación ambiental exigida por el Gobierno de Canarias y que transformaron la playa, que pasó de 180 metros a 280 metros de largo, y su ancho, de un promedio de entre 10 y 18 metros, a entre 30 y 50 metros.

Como explica el Ministerio de Transición Ecológica en su web, la Franja Marina de Mogán, situada a 300 metros de la ribera de la playa, tiene cerca de 30.000 hectáreas y se extiende a lo largo de la costa suroeste de Gran Canaria. Es una zona caracterizada por tener fondos someros y arenosos que cuenta con extensas zonas de sebadales (especie catalogada como de interés para los ecosistemas canarios en el catálogo de especies protegidas), además de poblaciones de algas verdes. También se caracteriza por un fondo con arrecifes. Su fauna está compuesta por macroinvertebrados, principalmente donde existen estructuras rocosas con cobertura de algas. Dentro de la comunidad de peces destacan especies como el caballito de mar, la vieja o la salema. Además, supone un importante punto de alimentación y descanso de cetáceos grandes y medianos, como el delfín mular, el delfín moteado, el delfín común, el calderón gris o el rorcual común, aparte de ejemplares como la tortuga boba y la tortuga verde.

En el informe, al que ha tenido acceso este periódico tras reclamarlo al Comisionado de Transparencia de Canarias después de que el Gobierno de Canarias incumpliera el plazo para resolver la solicitud hecha a través del Portal de Transparencia, se recoge que “la afección a las comunidades y especies marinas del entorno ha quedado constatada, aunque al ser una visita puntual no se ha podido determinar el grado de afección o regresión que dichas comunidades marinas pueden experimentar por causa de las actuaciones relacionadas directamente con las obras”. Los estudios se hicieron el 26 de mayo de 2016, mes en el que comenzaron las obras.

La arena era traída en camiones, que la vertían en la parte alta de la playa; después varios tractores la distribuían hasta penetrar en el agua, lo que provocaba gran cantidad de sedimentos finos en la orilla, desde donde eran transportados por el oleaje y las corrientes mar adentro. También se constató una gran cantidad de “finos en suspensión” en toda el área prospectada, en especial en la bahía de Tauro, e incluso llegaron a alcanzar el interior de los diques de la playa de Amadores.

“Tanto frente a la bahía de Tauro como frente a la playa de Amadores, la dispersión de finos penetraba en el interior de la Franja Marina de Mogán”, recalcan las observaciones del documento. Los encargados del estudio, además de realizar la observación en superficie, también realizaron tres inmersiones para ver los efectos de las obras en las comunidades biológicas marinas. Aunque se constata que la poca visibilidad era en la zona más cercana al dique de Amadores, los buzos pudieron ver que en el arrecife situado en la zona protegida, aunque la visibilidad era mayor, “se aprecian los efectos de sedimentación sobre los organismos y hábitats bentónicos”. En la tercera inmersión, realizada ya frente a la playa de Amadores, se pudo ver cómo en la zona de sebadales y algas típicas de la ZEC, la visibilidad no era clara por la presencia de sedimentos finos en suspensión.

“Es importante resaltar que tanto el vertido como la posterior dispersión de esos sedimentos finos pueden tener efectos negativos sobre la biota marina en general”, señalan las conclusiones preliminares del estudio, que prosiguen diciendo que “en primer lugar, provocan una atenuación de la penetración de la radiación luminosa, disminuyendo la capacidad fotosintética de las plantas, tanto de las algas como de las fanerógamas marinas. Dependiendo del tiempo de la duración del evento, puede provocar una disminución de la vitalidad de las plantas, incluso la muerte y la desaparición”. A ello agregan que las partículas de sedimentos en suspensión “también pueden provocar abrasión y daños en las estructuras de las algas y las hojas de las fanerógamas”.

“Estos aportes de arena pueden producir fenómenos de eutrofización en el caso de que se produzca un aporte de nutrientes al medio marino, provocando en este caso la aparición y crecimiento de epífitos sobre las fanerógamas, con efectos negativos sobre estas plantas al reducir su capacidad fotosintética, debilitando en última instancia las plantas”, indica el documento. Pero no solo a las plantas la arena saharaui afectó porque las conclusiones apunta que los invertebrados, “sobre todo los filtradores, pueden verse afectados por el exceso de sedimentación al obstruir el exceso de partículas los órganos de respiración y alimentación”.

Además, insiste el estudio en que “el vertido y suspensión de sedimentos finos asociados a la arena implica una drástica reducción de la penetración de la luz y un notable incremento en la sedimentación de las comunidades bentónicas. Estos efectos negativos en la calidad ambiental permanecen en el tiempo, más allá del periodo de ejecución de la obra en la línea de playa. La entrada de esos sedimentos finos conlleva la introducción de minerales y otros compuestos inorgánicos, que pueden afectar a la fisiología de los organismos presentes en la zona considerada”, finaliza el escrito.

Obras iniciadas sin informe de impacto medioambiental

En Tauro se aportaron 70.000 toneladas que llegaron desde el Sáhara, aunque en un principio estaba previsto que fueran de la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, en una obra que se inició en mayo de 2016. Un año antes, en julio de 2015, en el Informe Técnico sobre la solicitud de la concesión administrativa para la ocupación del dominio público marítimo terrestre el Gobierno de Canarias concluía que el proyecto debería someterse al procedimiento de evaluación ambiental.

En junio de 2016, con la obra ya comenzada, la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, firmó un informe, basado en el trabajo hecho por la ULPGC, en el que advertía a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de que “se prevé un incremento en la turbidez del agua, así como la alteración de otros parámetros físicoquímicos de la misma, por lo que existe un riesgo de afección a las comunidades próximas, entre ellas, los sebadales que se encuentran tanto dentro como fuera de la ZEC próxima”.

Así, el Gobierno de Canarias solicitaba que el proyecto, ya iniciado, debía evaluar “este tipo de afección y presentar las medidas correctoras oportunas o ser modificado para evitar afectar a este hábitat de la Red Natura 2000”. También reclamaba que se realizara un seguimiento ambiental de las praderas fanerógamas marinas próximas “antes y después de la fase de obra”.

Por todo esto, la viceconsejera también concluía que era necesario que el proyecto se procediera a una evaluación de impacto ambiental simplificada. Desde el Ministerio, y a reiteradas peticiones formuladas por este periódico en los últimos meses sobre este asunto, no han respondido sobre si la evaluación se realizó, aunque previsiblemente no se ha hecho teniendo en cuenta que el escrito del Gobierno de Canarias se realizó con las obras iniciadas.

Estas irregularidades se unen a la imputación del por entonces jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, José María Hernández de León, a quien la Fiscalía le pide tres años de cárcel porque permitió que estas obras comenzaran a sabiendas de que Anfi Tauro no había cumplido con las condiciones que se le exigían y después falsificó documentos para aparentar que todo era legal y que había cumplido las instrucciones del Ministerio.

Nueva Canarias Mogán ha solicitado al Ayuntamiento una copia del expediente que permitió a la empresa catalana Desokupa derribar el pasado mes de julio varias chabolas en la playa de Tauro.

La concejala del partido nacionalista, Isabel Santiago, explica que vecinos de esta playa se han puesto en contacto con ella para transmitirles su “preocupación” por el modo en el que se produjo el derribo.

Los vecinos transmitieron a la concejala que ningún responsable el Ayuntamiento de Mogán estuvo presente en el momento del derribo para comprobar, al menos, si la empresa contaba con todos los permisos necesarios para llevar a cabo las acciones de demolición.

A Santiago le sorprende las declaraciones de la alcaldesa, Onalia Bueno, quien declaró que el Ayuntamiento “no tiene nada que ver en este asunto”. La concejala nacionalista recuerda que es precisamente esta administración la que debe haber dado la autorización para que se produjeran los derribos.

Además, la concejala entiende que el Consistorio debió de comprobar, antes de haber dado la autorización para los derribos de las 13 chabolas, la situación social de sus ocupantes pues parece que al menos tres de ellos no tenían otra vivienda, lo que les ha obligado, al menos a uno de estos, a instalarse en una tienda de campaña bajo el puente del barranco de Tauro.

Nueva Canarias ve “vergonzoso” que los servicios sociales no hayan intervenido en el derribo a través de la emisión de informes sociales que recojan la situación de cada una de las personas afectadas.

Por este motivo, y para esclarecer los hechos y las responsabilidades políticas a las que haya lugar, Isabel Santiago ha solicitado por escrito a la concejala de Servicios Sociales el acceso y copia de los informes que debe haber emitido el departamento que dirige sobre los ocupantes de las chabolas.

“Este hecho es muy grave porque de lo que se está hablando es del conflicto que surge entre el derecho constitucional a poseer una vivienda digna y el derecho a la propiedad, y de las herramientas con las que se cuenta para hacer efectivo un derecho sobre el otro”, explica Santiago.

“No se puede consentir, por muchos permisos que puedan tener, actuar de este modo, sobre todo porque algunas de las personas afectadas se han quedado literalmente tiradas en la calle”, concluye la concejala.

La empresa Desokupa, especializada, mediante la amedrentación, en el desalojo de viviendas, ha derribado esta semana varias chabolas situadas en la playa de Tauro, en concreto en la zona trasera del restaurante Vistamar.

Según explican desde la Asociación de Vecinos de Tauro y Playa de Tauro, la presencia de representantes de esta empresa en la zona ha incomodado por sus prácticas intimidatorias. Como muestra de ello, el vídeo en el que uno de los representantes de Desokupa se graba diciendo “os hemos avisado, con Desokupa no se juega, chabolas a tomar por culo”, instantes antes de que una excavadora se preparara para el derribo.

“No nos parece aceptable que se utilicen estos métodos intimidatorios que buscan amedrentar. Se fueron diciendo que volveremos, chabolas fuera”, aseguran desde la asociación.

Según uno de los vecinos de la zona, las infraviviendas estaban situadas en terrenos que son propiedad de Anfi. Sin embargo, desde el Grupo Anfi no han querido dar su versión. Su portavoz solo ha señalado que “no puedo decir nada”. Mientras, el Ayuntamiento tampoco ha querido concretar nada sobre lo sucedido ni explicar quién ha podido contratar a esta empresa, emplazando a contactar con ellos la semana que viene.

En declaraciones a Canarias 7, uno de los representantes de Desokupa ha dicho que “la compañía ha conseguido reubicar a las personas que vivían allí y les hemos conseguido dinero. Mucha gente nos ha atacado por quitar las chabolas, pero el ayuntamiento tenía un permiso de demolición porque los terrenos son privados. Somos una compañía legal, que hace todos los trabajos de forma pacífica y en regla”.

Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán lleva al pleno de este mes de diciembre una moción en la que pide al grupo de gobierno que desbloquee la situación de la playa de Tauro, finalizada en diciembre de 2016 pero todavía sin inaugurarse por orden judicial debido a las irregularidades detectadas en su construcción.

En la moción se insta a la Dirección General de Costas a que agilice los trámites oportunos “que permitan abrir de forma inmediata y segura” la playa al uso de los ciudadanos de Gran Canaria.

También se le pide a la alcaldesa de Mogán que “inicie los trámites oportunos para la elaboración y puesta en marcha de un plan de vivienda para los vecinos de Tauro”, que están en situación de “desamparo” porque “tendrán que abandonar” sus casas a pesar de que hay vecinos que llevan residiendo en la zona desde hace 40 años.

Por ello también se le solicita a la alcaldesa que “dé las órdenes oportunas a la Concejalía de Vivienda y Servicios Sociales para que, de forma coordinada con la Consejería de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, elabore las bases que fijen los requisitos que deberán cumplir los vecinos que se pueden beneficiar del plan de viviendas”.

Así mismo, el grupo liderado por Isabel Santiago también aboga por que se cree una comisión municipal que haga seguimiento de las acciones que se deriven de la ejecución de la moción y que esté compuesta por una representación de los vecinos de Tauro y los portavoces municipales.

A todo esto suma una petición al Ayuntamiento relacionada con el origen de la arena expoliada del Sáhara para que la administración inste a la Comisión Europea a que ejecute la sentencia que declara ilegal la importación de productos saharauis sin permiso del pueblo saharaui y para que se inste al Gobierno de España “a que prohíba a las empresas españolas comerciar con Marruecos cuestiones relacionadas con el Sáhara Occidental sin el consentimiento expreso del Frente Polisario”.

Hace casi un año, el 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló que la entrada de productos agrícolas y pesqueros saharauis en la Unión Europea no puede hacerse sin el acuerdo del pueblo saharaui y no puede beneficiarse de ninguna de las preferencias acordadas en el marco de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos, ya que este carece de cualquier tipo de soberanía sobre los territorios ocupados en el Sáhara Occidental. Medio año antes de esta sentencia llegaba al Puerto de Arinaga dos veces cada semana el buque de bandera neerlandesa DC-EEMS cargado de arena saharaui con un destino: la playa que Anfi remodelaba en Tauro y que hoy en día, a pesar de que los trabajos ya se acabaron, no está abierta debido a la suspensión de la concesión administrativa de la Demarcación de Costas tras encontrarse varias irregularidades a la hora de otorgarse a la empresa los permisos. Según señalan desde la empresa del sector turístico, aunque en un principio en el proyecto se preveía arena de la playa de Las Canteras, tras ver que esta no cumplía con las garantías, decidieron en el proyecto se preveía arena de la playa de Las Canterasencomendarle la búsqueda de la misma a la empresa Galway Marine, que la trajo desde el desierto africano.

Mientras que los políticos canarios han pasado este expolio de arena por alto, fuera de las Islas el tema está llegando a diferentes cámaras tanto nacionales como internacionales. En el Senado el senador Iñaki Bernal, de Unidos Podemos, registró el pasado mes de julio una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en las que pedía explicaciones por la utilización de esta arena registró el pasado mes de julio una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en las que pedía explicaciones por la utilización de esta arenay que todavía no está respondida. Igual suerte ha corrido la europarlamentaria de Izquierda Unida Paloma López, quien a mediados de septiembre dio entrada en la Comisión Europea a varias cuestiones que tampoco han sido respondidas en las que, entre otras cosas, ponía el ojo en las medidas que exigirá la Comisión ponía el ojo en las medidas que exigirá la Comisión para asegurar que las autoridades nacionales impidan el expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui, ante el incumplimiento de la legislación internacional y la sentencia del TJUE. Sin embargo, no solo políticos nacionales se han preocupado por el caso de la arena de Tauro ya que desde la Embajada de los Países Bajos en España se pusieron en contacto en verano con la Guardia Civil, a raíz de una investigación realizada por a raíz de una investigación realizada por The Guardian que tuvo repercusión en la tuvo repercusión en la prensa del país, para poder responder a una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al por entonces ministro de Exteriores, Bert Koenders, debido a que el barco DC-EEMS pertenece a la empresa neerlandesa EemsWerken. La respuesta de Koenders, en líneas generales, indicaba que el Ejecutivo no tenía constancia de ninguna denuncia sobre violación de la legislación del país, española o europea, y que desde los Países Bajos se recomienda no hacer negocios en el Sáhara sin que se beneficie a la población original.

Para Florent Marcellesi, eurodiputado de Equo, con el expolio de arena saharaui existen dos prismas que se deben aplicar, por un lado el jurídico y por otro el político. Sobre el jurídico entiende que aunque la sentencia del TJUE está relacionada con los productos agrícolas y pesqueros, y por tanto la arena queda fuera de ella, sí se han marcado precedentes y jurisprudencia que se deben aplicar al punto de vista político y ético “para recordar que según el TJUE el Sáhara Occidental no es un territorio marroquí, es un territorio distinto y separado” y que por tanto cualquier acuerdo de asociación tiene que contar con el consentimiento explícito del pueblo de Sáhara Occidental. “No estamos hablando de beneficios, como se suele hacer, sino de consentimiento, es un asunto democrático y al mismo tiempo no hablamos de las poblaciones locales sino del pueblo saharaui, que es diferente porque con poblaciones locales podrían ser los colonos, hablamos del pueblo con derecho a decidir sobre el futuro del Sáhara Occidental”.

Pero Marcellesi también cree que este tema hay que tratarlo desde un punto de vista ético ya que “si entendemos esta jurisprudencia a cualquier tipo de producto que se extrae desde el Sáhara Occidental, como la sal, la arena o fosfato, desde luego tenían que contar con la misma jurisprudencia, es decir, por un lado el territorio del Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos, es un territorio no autónomo y en proceso de descolonización y por tanto no puede hacerse dentro de un marco de comercio entre la Unión Europea y Marruecos”, reclama, y subraya que en el caso de los áridos se trata de un comercio que desde el punto de vista internacional es ilegal porque es un expolio no consentido.

El político francés opina que las empresas encargadas de traer la arena para Tauro, es decir, Anfi y Galway Marine, son partes implicadas en el conflicto del expolio y pone de ejemplo una compañía danesa que decidió dejar de importar sal saharaui tras la sentencia. “No se puede decir que son los demás, no, una vez que se ha decidido comerciar con estas normas y reglas con el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí, las empresas empiezan a ser parte de la ocupación marroquí”. Por tanto, llama a las compañías relacionadas con la arena de Tauro “a ponerse en contacto con el Frente Polisario y preguntarle y pedirles su consentimiento, si lo tiene podrán seguir adelante, si no fuera este el caso tendrán que retirarse para no ser parte del expolio del Sáhara Occidental”.

Sobre una posible batalla judicial contra las dos empresas, el representante de Equo sostiene que el Frente Polisario debería valorarla “para recordar que hay una ley, una sentencia, que marca precedentes y que las empresas pueden acabar en los juzgados simplemente porque todas las empresas tienen que respetar el derecho internacional”. Por el contrario, el senador Iñaki Bernal estima que hasta que no se transponga la directiva europea al territorio español, algo que suele tardar años, acudir a la vía judicial es optar por un proceso “que sabes que no lo vas a ganar”. “Hasta que no se transponga esa normativa europea a territorio español no es de ejecución obligada, entonces [las empresas] se aprovechan del limbo legal”, advierte.

Por su parte, Paloma López recuerda que con la arena saharaui existe un “absoluto negocio, muchas veces oculto y de una forma muy irregular”. La eurodiputada recalca que está a la espera de la contestación para pedir responsabilidades sobre lo que está sucediendo y que afecta a la playa del suroeste grancanario y que, aunque sabe que la sentencia del TJUE es posterior a la construcción, avanza que estará atenta a lo que suceda en el futuro cuando esta necesite más aporte de áridos. También apunta que por ahora no existe ningún precedente de empresas que hayan sido sancionadas por comerciar con productos saharauis sin permiso del pueblo, pero en cambio sí que existen países que se han negado a descargar material proveniente del Sáhara.

López también se preocupó por otro caso ocurrido en España con arena saharaui de por medio. En mayo de este año en Baleares tuvo repercusión la llegada de un buque con 35.000 toneladas de áridos destinados a tareas de mantenimiento de un campo de golf en Calvià. En este caso las preguntas registradas en la Comisión Europea sí fueron respondidas por Pierre Moscovici, actual comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas. El político francés señaló que las autoridades aduaneras, en caso de dudas razonables sobre el origen de los bienes, “deberán realizar investigaciones de conformidad con las disposiciones de cooperación administrativa establecidas en el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos” y que desde la Comisión se está trabajando “de la mejor manera” para dar aplicación a la sentencia del Tribunal, “teniendo en cuenta la duradera asociación entre la UE y Marruecos, así como los intereses de la población del Sáhara Occidental, y a fin de mantener los intercambios comerciales en un contexto de seguridad jurídica. Con tal propósito, el Consejo ha autorizado a la Comisión a negociar un acuerdo sobre la adaptación de los protocolos del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos”.

Precisamente esta negociación es la que preocupa ahora a los dos eurodiputados, quienes denuncian el ocultismo con el que se está haciendo. López manifiesta que el actual mandato de negociación es “confidencial” y por tanto no conocen cómo afectará a la sentencia del TJUE. “Nos tememos que se quiera bordear todo el tema de la sentencia que está establecida sobre los recursos del Sáhara”, acusa. Mientras, Marcellesi indica que Equo ha marcado varias pautas y piden transparencia en esta negociación “totalmente opaca”. “Hemos pedido que la Comisión Europea respete al dedillo la sentencia del TJUE, lo que supone reconocer que el Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado y que necesita por tanto un consentimiento del Sáhara Occidental, lo cual significa que la Comisión Europea se tiene que poner en contacto con Marruecos y con el Frente Polisario, que hasta el momento no ha sido el caso, es ahí donde más enfoque estamos haciendo”.

Las empresas ven normalidad en estas importaciones

Anfi, la empresa que promovió la transformación de la desembocadura del barranco de Tauro de una playa de callaos a una de arena rubia, lanza balones fuera sobre su responsabilidad a la hora de formar parte de este expolio. Así, recuerda que en el proyecto que sirvió de base para la concesión administrativa se incluía arena de Las Canteras o de procedencia externa “ se incluía arena de Las Canterassin concretar su origen exacto para que el contratista pudiera acudir al libre mercado, únicamente se explicaba el diámetro de la arena entre 0,25 mm y 1.0 mm de color claro”. Tras descartarse la arena de la capitalina playa, contrataron con la empresa Galway Marine el volumen de arena con las características del proyecto y esta “se encargó de comprarla en el mercado, sin tener nosotros nada que ver con ello”.

Anfi se defiende asegurando que “muchas playas de Canarias tienen el mismo origen y la Administración Pública no se ha manifestando en contra” y que en el Archipiélago la arena saharaui se emplea “no solo para regenerar playas sino para el sector de la construcción, donde es muy habitual su uso”.

Sobre lo que plantea Florent Marcellesi de ponerse en contacto con el Frente Polisario como representante del pueblo saharaui, desde la compañía aclaran no entender “por qué se debe” hacer “si su origen es legítimo” y que en todo caso lo tendría que hacer el contratista. “Es un problema político del país de origen de la arena, no nuestro”, sentencia.

En cuanto a Galway Marine, su responsable es el empresario Manuel Barreto. En declaraciones a Diario de Mallorca en mayo de este año, admitió que lleva 25 años desarrollando estas operaciones y que se trata de una actividad “legal” ya que cuentan “con la autorización de la autoridad, que en estos momentos es la autoridad marroquí”.

En esas declaraciones al diario balear sostuvo que “no hay nada que lo haga ilegal. Quien es competente es el Gobierno español y no lo prohíbe. Así que todo es absolutamente legal” y que la arena se compra a ciudadanos que “son marroquíes legalmente, pero hablo de familias saharauis”.

La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha registrado en la Comisión Europea una una serie de preguntas sobre “el expolio de tierra saharaui” para reformar la playa de Tauro.

López recalca que, al constatar que la arena utilizada en la remodelación en la Playa del Tauro, en Gran Canaria, por la empresa Anfi, procede de los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental, se trata “una grave violación del derecho europeo e internacional”.

Tal como recuerda la formación de izquierdas, en diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló que la entrada de productos saharauis en la Unión Europea no puede hacerse sin el acuerdo del pueblo saharaui y no puede beneficiarse de ninguna de las preferencias acordadas en el marco de los acuerdos comerciales entre la UE y el Reino de Marruecos, ya que este carece de cualquier tipo de soberanía sobre los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental.

López pretende conocer “qué acciones se están llevando a cabo en relación a este caso, confirmar si desde el Parlamento Europeo hay constancia de la utilización ilegal de arena procedente de los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental en otros proyectos en España y qué medidas exigirá la Comisión para asegurar que las autoridades nacionales impidan el expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui, ante el incumplimiento de la legislación internacional y la reciente sentencia del TJUE por parte de los Estados Miembros”.

“Una vez más, el pueblo saharaui ve cómo su tierra es usurpada por capricho de países como España, que para nada se ha preguntado cómo va a afectar en el medio ambiente este expolio de arena en el Sáhara o en sus propias costas”, sostiene Izquierda Unida.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana contra el exjefe de Demarcación de Costas José María Hernández, que autorizó la construcción de la playa Anfi Tauro, en Mogán.

Hernández fue destituido el pasado mes de julio por irregularidades en este proyecto. Ahora, el Ministerio Público explica que ve indicios de prevaricación administrativa y delito de falsedad en documento oficial cometido por un funcionario público.

El 1 de octubre de 2015 se otorgó, por Orden Ministerial, la concesión de ocupación de 11.200 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre para convertir estos terrenos una playa de arena. Sin embargo, la autorización del Ministerio de Medio Ambiente tenía una condición “taxativa”, que debía cumplirse antes de empezar las obras: que la empresa cediera a favor del dominio público (es decir, del Estado) 3.683 metros cuadrados de su propiedad.

Este detalle, fue además, detonante para que se concediera dicho proyecto a este grupo empresarial en detrimento de otro licitador Miguel Cazorla e Hijos. Según el marco jurídico, estos 3.683,73 metros cuadrados de terrenos que se iban a incorporar (sobre los que se asentarán gran parte de los servicios de playa) debían quedar reflejados con carácter previo al inicio de las obras y no fue así.

La Fiscalía explica que el exjefe de Demarcación de Costas no tuvo en cuenta estas condiciones y dio una orden verbal para que comenzaran las obras, a pesar de que el ingeniero de la demarcación sí que le había advertido por correo electrónico de que faltaban documentos significativos y no se cumplía con el Pliego de condiciones generales de la Orden Ministerial.

El ingeniero se negó a firmar el acta de replanteo de las obras y dio cuenta por escrito una serie de incumplimientos que también trasladó a la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

El fiscal Javier Ródenas considera que Hernández prevaricó al autorizar verbalmente esas obras, a pesar de las advertencias de “incumplimientos graves” y luego cometió un delito de falsedad, al redactar el pasado mes de abril un acta de replanteo firmada por él como si hubiera sido emitida el mismo día en que comenzaron los trabajos, el 4 de febrero de este año, en la que se daban por solventadas todas las irregularidades.

El Ministerio Público reprocha también al acusado haberse “apartado de forma grosera” del marco legal que regulaba esa concesión y subraya que, a día hoy, con esa zona ya transformada en una playa artificial, las irregularidades detectadas siguen sin haberse solventado.

Ben Magec-Ecologistas en Acción ha anunciado este viernes que ha solicitado formalmente ante la Jefatura de la Demarcación de Costas de Canarias del Ministerio de Medio Ambiente “la inmediata paralización y precintado” de las obras de regeneración de la Playa de Tauro.

Los ecologistas reiteran que estas obras irregulares están afectando a la cercana Zona Especial de Conservación (ZEC) Franja Marina de Mogán, por lo que consideran necesario la suspensión de los trabajos de Anfi Tauro.

La organización recuerda que existen indicios de varias irregularidades, en primer lugar porque las obras carecen de las correspondientes actas de replanteo y titularidad, y porque ha habido omisión del procedimiento de audiencia a los afectados (titulares de los terrenos afectados por el nuevo DPMT), una acción que tildan de “muy grave en el procedimiento”.

Por otro lado, consideran que “existen deficiencias en la licencia municipal y que el expediente administrativo es incoherente con los informes sectoriales y contiene deficiencias en los informes preceptivos”.

Ben Magec hace hincapié en que estas anomalías son “muy graves” porque suponen “un claro beneficio a una empresa privada frente al interés público”, sobre todo al tener en cuenta que los trabajos “han supuesto una afección ambiental que es necesario evaluar”.

Así, aparte “del gravísimo impacto de las obras sobre la franja litoral”, los ecologistas estiman que el medio marino se ha visto afectado por la gran la turbidez generada por las obras, tanto por las excavaciones y extracciones como por el vertido de áridos, que han incidido de manera negativa sobre la ZEC Franja Marina de Mogán que se encuentra a 300 metros de la costa.

“Es probable que se hayan producido alteraciones significativas de hábitats de interés comunitario y las especies contenidas en los mismos, en concreto los sebadales formados por la seba (Cymodocea nodosa) incluida en la categoría de ”vulnerable“ dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas”, asegura la federación.

Por todo esto, instan a la Fiscalía a que actúe de oficio y llegue hasta el final “en un tema en el que existen serias sospechas de actuación desproporcionada de la administración a favor del interés privado y contra el interés público que ha de primar la conservación del litoral y de los espacios naturales frente a su destrucción con fines especulativos”.

El Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) no abrió el expediente de caducidad del proyecto de obra del paseo de la playa de Tauro, como tendría que haber hecho en 2013 tras cumplirse dos años desde su concesión.

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas investiga las irregularidades denunciadas por la Guardia Civil en la autorización que la Demarcación de Costas otorgó a la empresa Anfi para transformar la cala de piedras de Tauro en una playa artificial.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha explicado que a su Ayuntamiento sólo le compete el paseo marítimo anexo a la playa, que obtuvo licencia en 2011, otorgada por el anterior grupo de gobierno (PP) y condicionada a la corrección de una serie de deficiencias del proyecto de regeneración.

Estas deficiencias quedaron subsanadas en 2015 cuando se presentó nuevamente el proyecto de regeneración, “pero el técnico de la Agencia de Protección del Medio Urbano Rural ha cuestionado el permiso porque no se caducó a los dos años”, ha indicado.

La caducidad de la licencia tendría que haberse tramitado en 2013, al cumplirse un plazo de dos años, pero el Ayuntamiento “nunca lo hizo de oficio y por eso se mantiene activa”, ha explicado Bueno.

El proyecto de construcción de la playa artificial de Tauro incluye el paseo marítimo, los servicios de temporada y los comercios, motivo por el que la pasada semana varios agentes del Seprona solicitaron el expediente del paseo al Ayuntamiento de Mogán por orden de la Fiscalía.

A juicio de la alcaldesa de Mogán, estas supuestas irregularidades entre el promotor y Costas podría tener consecuencias, como la no recepción de la playa por el Ayuntamiento.

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) ha respaldado la nueva playa de Anfi Tauro situada en el municipio de Mogán, Gran Canaria. Tras casi dos décadas de trabajo, este lugar se convierte en la primera playa realizada en la isla en los últimos 25 años.

Para el representante de la patronal, José María Mañaricua, se está ante una inversión empresarial privada que creará un “bien público” que servirá para “atender mejor a la demanda turística”.

La empresa turística Anfi, encargada de la construcción de la playa, ha finalizado la nueva playa de Anfi Tauro “en un tiempo récord”, alrededor de unos tres meses. Este espacio incluirá todos los requisitos que requiere “una playa cinco estrellas”. En la creación de este nuevo emplazamiento se han depositado más de 70.000 toneladas de arena, según ha detallado el Grupo Anfi.

Además, la empresa hotelera Anfi ha cedido suelo público para el “mejor acondicionamiento” de un producto que “responderá con todas las garantías a un cada vez más exigente reclamo turístico”. Con estas reformas, se incluirá un nuevo paseo marítimo que unirá Amadores y Playa del Cura.

Asimismo, esta nueva playa tendrá una longitud cercana a los 300 metros y una anchura de otros 50, que duplicará las medidas anteriores y donde se ha sustituido un paisaje de piedras por arena fina. Esta nueva infraestructura contará con un amplio abanico de servicios que incluyen: baños, parking, hamacas y vigilancia. Además, este espacio tendrá una capacidad para albergar hasta 2.000 personas.

Finalmente, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, concluyó comentando que “el desarrollo de esta infraestructura tendrá un beneficio directo sobre la economía del municipio y de la isla”.

La remodelación de la playa de Tauro, en el suroeste de Gran Canaria, ha vuelto a levantar la polémica de la compra de arena saharaui por parte de empresas canarias, que la destinan mayormente al sector de la construcción y para crear playas artificiales o modificar las ya existentes. En este caso concreto la empresa Anfi, a través de la constructora Santana Cazorla, convertirá en arena rubia unos 300 metros de costa de callaos y arena negra.

Se trata de un proyecto que está previsto que concluya a finales de este año y en el que la empresa ha invertido siete millones de euros. Según comenta el departamento de comunicación de Anfi, con esta iniciativa buscan hacer una playa “más segura y acogedora para el uso de todos”. Una renovación que busca que el visitante se bañe “con todas las garantías y la seguridad evitando posibles caídas por culpa de los desniveles”. Además de la renovación de la playa, el proyecto está acompañado de un paseo que unirá Playa Amadores y Playa del Cura.

En un principio querían traer la arena rubia del banco de arena situado en Pasito Blanco, en el sur de Gran Canaria, pero se les negó esta posibilidad. Por tanto, tuvieron que recurrir al exterior y decidieron comprar la arena al mismo proveedor de la Playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife.

“En total son 50.000 toneladas de arena que se ha analizado para contrastar su calidad con un grado de humedad que hace que se cimente mejor en el fondo y que no sea arrastrada por las corrientes”, explican desde Anfi. De este modo, dos veces por semana un barco trae 4.500 toneladas de arena desde El Aaiún y la desembarca en Arinaga, y de ahí en camión hasta Mogán.

El hecho de desembarcar en el municipio de Agüimes, en el este de la isla, ha hecho que la obra se haya encarecido en un 20%, ello a pesar de que en Mogán existen hasta tres puertos, Mogán, El Pajar y Arguineguín, intentándolo en estos dos. “En Arguineguín se nos dijo que era imposible que el barco pudiese entrar por falta de calado, pero vamos a presentar un escrito argumentando que sí es posible desembarcar la arena ahí. Respecto a nuestro intento de atracar en El Pajar se nos negó de forma rotunda, lo que nos llevó a optar por Arinaga como última opción”, anuncian desde la empresa, que resalta que otro hecho que ha encarecido la obra es que la Autoridad Portuaria de Las Palmas les obliga a llevar el barco hasta Las Palmas de Gran Canaria para que un práctico esté presente a la hora de entrar en el puerto de Arinaga, con el consecuente gasto de combustible. Esto lo ven ilógico porque entienden que sería más barato que el práctico esperara en el mismo puerto agüimense.

Expolio de recursos naturales

Para Sergio Ramírez, que fue miembro del Observatorio de los Recursos del Sáhara Occidental (WSRW por sus siglas en inglés Western Sahara Resource Watch), este caso es un ejemplo más de “expolio” al pueblo saharaui, sobre todo después de que en diciembre del año pasado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anulara el acuerdo pesquero con Marruecos en el Sáhara Occidental.

“Hay múltiples resoluciones internacionales que dicen a las claras que el territorio del Sáhara Occidental tiene una situación concreta pendiente de referéndum y que mientras ese referéndum no llegue, la protección del pueblo saharaui está bajo el manto de las Naciones Unidas”, sostiene Ramírez, y añade que “si la ONU dijo que en cuanto a la protección de los recursos naturales y a la posibilidad de negociar o no negociar con los recursos naturales del pueblo saharauis, esto no se puede hacer sin que los beneficios de este comercio reviertan en el pueblo saharaui, ni siquiera tiene que revertir en los colonos”.

En la misma línea se expresa Carmelo Ramírez, consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, una de las instituciones más comprometidas con la causa y la defensa de los derechos del pueblo saharaui. Ramírez recuerda que traer arena del Sáhara Occidental es “una vulneración de la legalidad internacional y de los derechos que tiene el pueblo saharaui” y apunta que “es una violación de los derechos que tiene el Sáhara ocupado”.

“Los recursos naturales como la pesca, los fosfatos o la arena no le corresponde gestionar al Gobierno de Marruecos. Es un territorio sujeto a un proceso de autodeterminación y que Marruecos no tiene la soberanía en ese territorio. Cualquier empresa canaria que saque recursos naturales de ese territorio está yendo en contra de la legalidad internacional, los acuerdos y los intereses saharauis” sentencia el consejero de Nueva Canarias.

No obstante, el Cabildo no puede hacer nada más que “denunciar políticamente” esta práctica, pero señala que desde el movimiento solidario presente en la isla, al que él pertenece, van a promover acciones jurídicas para denunciar la extracción de áridos. “Vamos a ver ante quién tenemos que denunciar el asunto, pero ante la propia ONU en primer lugar y ante las propias autoridades españolas. No puede ser que una empresa española se beneficie de una actividad delictiva”, exclama.

También la Delegación Saharaui para Canarias envió a los medios de comunicación un comunicado en el que consideraban como un acto “delictivo e ilegal el saqueo de esta riqueza, al igual que la pesca y la agricultura” y solicitaron a Anfi Tauro S. A. a desistir de esta actividad “como lo han hecho muchas empresas europeas y atenerse a la legalidad internacional”.

Por contra, una fuente pertenecientes al proyecto que lleva a cabo Anfi en Tauro lamenta que se ponga el ojo en esta playa cuando es una práctica que se lleva haciendo años en las Islas, una arena que ya se empleó en Las Teresitas, cuando se construyó hace más de 40 años, y que se sigue utilizando diariamente en Canarias en la construcción. Así, defiende que Anfi es “un consumidor más de un servicio que presta una empresa canaria” y que los activistas tienen que protestar contra los que tienen la concesión en el Sáhara Occidental.