“La cárcel fue para mí una prueba que intenté aprovechar al máximo. Se suele decir que se aprende a cualquier edad. Es cierto, porque aprendí mucho en [la prisión de] La Santé, tanto sobre los demás como sobre mí mismo”. Como muchos intelectuales y políticos antes que él, Nicolas Sarkozy aprovechó las casi tres semanas en prisión para dedicarse a la introspección y a la escritura.

Fruto de ese proceso, este miércoles ha salido a la venta en Francia el libro Le Journal d’un prisonnier (Diario de un prisionero), en el que repasa su experiencia. “Al igual que en el desierto, la vida interior se fortalece en la cárcel”, escribe el expresidente, que pasó en total 20 días en un pabellón especial de la cárcel parisina (pabellón de personas vulnerables, al que la prensa francesa se refiere como pabellón VIP). Esos 20 días le han dado para un total de 216 páginas.

En los días previos a su publicación, la radio Europe 1 y los periódicos Le Figaro y el Journal du Dimanche ya habían publicado varios extractos a modo de adelanto. “Tenía que responder a esta sencilla pregunta: ¿Cómo he llegado hasta aquí?”, se interroga el expresidente. Sencillo: Sarkozy fue condenado en septiembre a una pena de cinco años de prisión por asociación ilícita, al considerar probado los jueces un “pacto de corrupción” entre su entorno y el régimen de Muamar Gadafi. El expresidente recurrió la sentencia y está previsto que su juicio en apelación se celebre a partir del 16 de marzo.

“Tenía que preguntarme por esta vida tan extraña que es la mía, que me ha hecho pasar por tantas situaciones extremas”, continúa Sarkozy, sobre el que pesan otras dos condenas a penas de prisión, en otros dos casos diferentes: el llamado caso de las escuchas y el caso Bygmalion.

“Rezaba para soportar la cruz de esta injusticia”

Según los extractos revelados por Europe 1, el primer día de su encarcelamiento, el expresidente vivió una “forma de conversión repentina”, un acercamiento a la religión que le hizo arrodillarse y rezar. “Fue algo natural”, relata. “Permanecí así durante largos minutos. Rezaba para tener la fuerza necesaria para soportar la cruz de esta injusticia”, continúa, evocando también sus conversaciones con el capellán de la prisión.

La cárcel le parece insoportable a los inocentes. Ahora puedo dar fe de que lo es. De que deja huellas. Las arrugas más marcadas, el rostro más pensativo y la silueta más delgada

Nicolas Sarkozy

Sarkozy también relata a Le Figaro que escribió el libro “de un tirón […] con un bolígrafo Bic sobre una pequeña mesa de contrachapado”, y que luego pasó las hojas a sus abogados para que las entregasen a su secretaria, encargada de ponerlas en orden. “Luego lo releí [al salir de la cárcel]. Me di cuenta de que había contado varias historias: la de mi vida en prisión, la de mi juicio, pero también la de mi familia, que se mantuvo tan unida y me ayudó tanto”, cuenta el autor, que ya había escrito diez libros antes de este.

El expresidente aprovecha esta nueva obra para defender su “total inocencia”. Se considera víctima de una persecución por parte de los magistrados. “La cárcel le parece insoportable a los inocentes. Ahora puedo dar fe de que lo es. De que deja huellas. Las arrugas más marcadas, el rostro más pensativo y la silueta más delgada”.

No duda en compararse con figuras históricas como Alfred Dreyfus, militar injustamente expulsado y encarcelado por espionaje (primero en la Santé, luego en una colonia penal en Guyana), un caso de antisemitismo que marcó la opinión pública y la historia de Francia. “Dreyfus fue primero degradado en frente de las tropas, le retiraron sus galones y sus condecoraciones. Yo fui expulsado de la Legión de Honor en frente de la nación, sin siquiera esperar el resultado de mi recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, denuncia, estableciendo un paralelismo entre ambos. “Dreyfus fue encarcelado en la prisión de la Santé. Un lugar que ahora conozco bien”.

Apoyo del millonario Vincent Bolloré

El libro, que se beneficia de una gran campaña promocional, está editado por Fayard, que hoy está en manos del millonario conservador Vincent Bolloré, cuyo grupo controla también el canal CNEWS, el diario JDD y la radio Europe 1. La rapidez con la que el libro ha sido editado y puesto a la venta lleva a pensar que el lanzamiento estaba preparado antes incluso de su ingreso en prisión.

Según informa Le Parisien, Fayard ha enviado un mensaje a Sarkozy el lunes anunciándole que, gracias la preventa, el libro ha sido número uno en ventas en Amazon antes incluso de su publicación.

Nicolas Sarkozy, que según Le Figaro tenía el número de preso 320.535, también describe el día a día de su detención. Detalles que van desde sus sesiones de deporte hasta su régimen alimenticio, compuesto por “lácteos, barritas de cereales, agua mineral, zumo de manzana y algunos dulces”.

También reserva algunos comentarios para el mundo político, entre ellos Emmanuel Macron, al que acusa de haber “desviado la mirada”, mientras su predecesor era encarcelado. Su relación con el actual presidente, que durante mucho tiempo fue buena y quien lo recibió unos días antes de su entrada en prisión, está ahora marcada por la “desconfianza”, después de que Macron no impidiese que a Sarkozy se le retirase la Legión de Honor.

No a un 'frente republicano'

Otro de los extractos que más ha llamado la atención es el que dedica a la extrema derecha, que algunos interpretan como una llamada a romper el cordón sanitario entre la derecha gaullista y los partidos ultras.

Sarkozy relata que Marine Le Pen le preguntó recientemente si, en caso de nuevas elecciones legislativas anticipadas, “se uniría a algún frente republicano” (la unión electoral de varios partidos para frenar a la extrema derecha). “No, y además, lo asumiré tomando una posición pública sobre el tema cuando llegue el momento”, le respondió Sarkozy, que considera que la reconstrucción de la derecha pasará por “el espíritu de unión más amplio posible, sin anatemas ni exclusiones”.

En los días posteriores a la publicación de los extractos, el entorno de Sarkozy aclaró a la cadena de televisión LCI que abogaba por la “unión de las derechas”, pero estas precisiones no impidieron que se reavivara el rumor en la prensa francesa de unas posibles primarias de toda la derecha francesa, que incluya también a políticos de extrema derecha.

En cualquier caso, el ex jefe de Estado francés aún no ha terminado su periplo judicial. Además del juicio en apelación por la financiación libia la próxima primavera, Nicolas Sarkozy es objeto de otras investigaciones, en particular sobre sus actividades de consultoría en Rusia, por las que habría recibido un pago de 500.000 euros, la controvertida adjudicación del Mundial de 2022 a Qatar o la extraña retractación de uno de los testigos del caso libio, por la que Sarkozy y su mujer podrían sentarse en el banquillo próximamente.

El Tribunal Supremo francés ha confirmado este miércoles la condena a seis meses de prisión, que podrá cumplir en arresto domiciliario, contra el expresidente Nicolas Sarkozy, por la financiación irregular de su campaña de 2012.

Se trata de la segunda condena firme contra el inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012, que ya ha purgado una pena en un caso de corrupción y tráfico de influencias por la que fue definitivamente condenado por el Supremo en diciembre pasado.

Las investigaciones revelaron que, para ocultar el elevado gasto de su campaña —cerca de 43 millones de euros frente al máximo autorizado de 22,5 millones—, se había establecido un sistema de doble facturación que imputaba a la UMP (Unión por un Movimiento Popular, que pasó a llamarse Los Republicanos en 2015), bajo la apariencia de convenios ficticios, una gran parte del coste de los mítines, informa Le Monde.

Nicolas Sarkozy ha vuelto a pisar la calle tras 20 días en prisión. El Tribunal de Apelación de París que ha examinado este lunes la solicitud de libertad provisional del expresidente francés –encarcelado tras ser condenado en el caso de la financiación libia de su campaña presidencial– ha acordado su liberación bajo control judicial.

La Fiscalía había recomendado su puesta en libertad al considerar que “el [bajo] riesgo de concertación y de presión sobre los testigos justifican aceptar la solicitud”, según había declarado el representante del ministerio fiscal, Damien Brunet, esta misma mañana en la vista.

Durante la audiencia en la que se ha examinado la solicitud de libertad provisional, Sarkozy ha declarado que su detención ha sido “dura, muy dura, como sin duda lo es para cualquier recluso”. También ha dicho querer rendir homenaje al personal penitenciario francés, que “ha sido de una humanidad excepcional y ha hecho que esta pesadilla, porque es una pesadilla, sea soportable”, ha afirmado en videoconferencia desde la prisión de la Santé. También ha señalado que no había “imaginado esperar hasta los 70 años para conocer la cárcel”.

La ejecución de la puesta en libertad ha sido rápida. Sobre las 15.00 horas, el expresidente ha salido por la puerta principal de la prisión de La Santé en su coche oficial, con las ventanas cerradas, y una escolta policial, escena presenciada por medio centenar de medios de comunicación y una decena de curiosos que grababan con sus teléfonos móviles. 

Sarkozy entró en la prisión parisina el pasado 21 de octubre, semanas después de haber sido condenado a cinco años de cárcel por “asociación de malhechores” en el juicio por la financiación libia de su campaña presidencial de 2007. Una condena decretada con orden de ejecución provisional e ingreso inmediato en prisión (aunque se acordó una suspensión de varias semanas para dar tiempo a organizarse al condenado).

El tribunal judicial de París consideró entonces probado el “pacto de corrupción” que permitió a los colaboradores cercanos del presidente acordar con altos mandos del régimen de Muamar el Gadafi un flujo de dinero para la financiación oculta de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007.

A sus 70 años, Sarkozy se convirtió así en el primer expresidente francés bajo el actual sistema político (instaurado en 1958) en ingresar en prisión. También en el primer antiguo jefe de Estado de un país de la Unión Europea en entrar en la cárcel.

El proceso judicial continúa

La decisión del tribunal generó una campaña de indignación en los medios conservadores franceses, especialmente en los del millonario Vincent Bolloré, que apoyaron la tesis del propio Sarkozy de una persecución judicial y una “venganza” motivada por “el odio” de una parte de los magistrados. Se cuestionó particularmente el hecho de que entrase en prisión antes de resolverse la apelación de la sentencia.

Para los jueces, la decisión estaba justificada por la “gravedad excepcional” de los hechos. Además, la magistratura señaló que es el procedimiento habitual en condenas de cinco o más años de prisión. En cualquier caso, los abogados del expresidente presentaron una solicitud de libertad provisional inmediatamente después de su ingreso en prisión.

El proceso en apelación debería tener lugar a partir del mes de marzo, según apuntan medios franceses citando fuentes judiciales, aunque aún no se ha anunciado oficialmente la fecha concreta. Además, en otro proceso judicial diferente, el llamado caso Bygmalion, por el que Sarkozy fue condenado por la financiación ilegal de su campaña, el Tribunal de Casación debe pronunciarse el 26 de este mes. La última instancia de la justicia francesa debe decidir si confirma la condena a un año de prisión, con seis meses de libertad condicional, dictada contra el expresidente en primera instancia y confirmada en apelación.

En régimen de aislamiento

Durante su estancia en la Santé, el expresidente ha estado internado en régimen de aislamiento para evitar contacto con otros presos, protegido por agentes de seguridad instalados en una celda contigua. La presencia de personal encargado de la seguridad del exjefe de Estado (armados) en el interior de la prisión despertó las protestas de varios directores de establecimientos penitenciarios franceses, además de sindicatos de funcionarios de prisiones. Pero según el ministro del Interior, Laurent Nuñez, las medidas se justifican por el “estatus” y las “amenazas que pesan sobre Nicolas Sarkozy”.

Además, a finales de octubre, Sarkozy recibió la visita del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, antiguo protegido del antiguo jefe de Estado, antes de convertirse en tránsfuga al partido de Emmanuel Macron en 2017. Una visita que suscitó también una oleada de críticas, especialmente por parte de los magistrados. De hecho, en una rara intervención pública contra un miembro del Gobierno, el fiscal general del Estado, Rémy Heitz, afirmó que ese gesto planteaba “el riesgo de obstaculizar la serenidad” y, por lo tanto, “atentar contra la independencia de los magistrados” que deben juzgar el proceso de apelación.

De hecho, una de las exigencias que los jueces han incluido en el control judicial de Sarkozy es la prohibición de ponerse en contacto –entre otros– con el actual ministro de Justicia.

Otros condenados

De los tres condenados en el caso libia que también recibieron orden de ingreso inmediato en prisión, el Tribunal de Apelación ya había decretado la puesta en libertad bajo control judicial del exbanquero Wahib Nacer, de 81 años, pero había decidido mantener en prisión al intermediario Alexandre Djouhri. Para este último, condenado a seis años de prisión y a una multa de tres millones de euros, el tribunal había considerado que presentaba garantías “especialmente débiles” en relación a un posible riesgo de fuga.

Además, la Justicia también ha estimado que “siguen existiendo riesgos de presiones” sobre los testigos del caso, en particular sobre el antiguo jefe de gabinete de Muamar el Gadafi, “Bechir Saleh”, condenado in absentia en el mismo caso.

Hablar de Didier Eribon es hacerlo de un gigante del pensamiento europeo progresista. De origen humilde y obrero, rompió con una clase social que le rechazaba por su homosexualidad para estudiar y trabajar en París y convertirse en un sociólogo de referencia en la defensa de las minorías LGTBIQ.

Pero Eribon también constituye una referencia en el estudio del trasvase de votos de la clase obrera a la extrema derecha lepenista en Francia, país donde esta tendencia se produce desde hace casi cuatro décadas. En su libro Regreso a Reims (Libros del Zorzal / Taurus), publicado en francés 2009, relata su regreso a su localidad natal y a los ambientes obreros de su infancia y adolescencia, donde inicia una reflexión sobre su propia negación de su origen de clase como síntoma de un abandono social y económico del estrato obrero. Así, en la obra describe cómo la extrema derecha es el receptor del voto de izquierdas desengañado del sistema ultraliberal.

Eribon ha estado esta semana en Barcelona para dar una conferencia en el marco del certamen Kosmópolis, que organiza el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y que reúne a grandes nombres de la cultura.

La conversación con el sociólogo francés ha sido editada para facilitar su comprensión.

Su libro Regreso a Reims abrió los ojos a mucha gente, y no solo en Francia, porque retrata como pocos el motivo por el que los votantes comunistas se pasaron a la extrema derecha. Se publicó en 2009 y desde entonces Agrupación Nacional (AN), antes el Frente Nacional, no ha parado de crecer. ¿A qué lo atribuye?

No son solo los votantes del Partido Comunista quienes se pasan a la extrema derecha, sino los votantes de la clase trabajadora en el sentido más amplio del término. Es un movimiento muy significativo de izquierda a derecha y a la extrema derecha. Lo que cuento en Regreso a Reims es que mis padres, toda mi familia en realidad, todos de clase trabajadora, siempre habían votado por el Partido Comunista, y de repente habían empezado a votar por la extrema derecha. En el libro me pregunto: “¿Qué ha pasado?” Y la explicación que hallé fue que la desaparición del Partido Comunista, que se debió a razones históricas, dejó sin representación a su clase social. Y quien debía tomar el relevo como ideología de referencia, la izquierda institucional tradicional y los partidos socialdemócratas, los descuidaron por completo.

En Francia, en Reino Unido, en Alemania, en Italia, incluso en España y en muchos países más se olvidaron de las clases populares y en especial de la clase trabajadora porque la socialdemocracia se ha convertido a la agenda neoliberal. Y esta conversión ha sido radical y absoluta: intentaron borrar el concepto mismo de clase social de su diccionario. Para los partidos socialdemócratas, ya no existía la clase, simplemente había individuos responsables de sus propias vidas.

Esta última es una definición que fue acuñada por Margaret Thatcher. ¿Es la individualización de lo colectivo la mayor arma del ultraliberalismo?

Sin duda es un arma importante, porque lo cierto es que la idea de la responsabilidad individual, obviamente, es una forma de rechazar los movimientos sociales, las movilizaciones, las reivindicaciones de las clases trabajadoras. Y, claro, dichas clases dejan así de sentirse representadas por la izquierda, no encuentran quien atienda sus reclamaciones. Entonces hacen lo que cabría esperar, ya que la izquierda deja de representarles: optan por votar por otro partido que se proclama el verdadero representante de la clase trabajadora y que dice que les defiende de la casta elitista intelectual y explotadora.

¿El de la extrema derecha es un discurso que funciona porque tiene una agenda social o porque es antisistema?

Obviamente, porque es antisistema, porque va contra las élites que han dejado tiradas a las clases populares y contra, en teoría, los más ricos y sus muchos privilegios, esto funciona. Pero, claro, es un discurso falso, con una supuesta agenda social que nunca termina de convertirse en leyes porque en cuanto le toca votar, AN siempre lo hace con la derecha liberal y en contra de las medidas que implican subir los impuestos, que son las que favorecen a los trabajadores.

Cuando era niño, en mi familia todos decían: 'Nosotros los trabajadores o nosotros la clase trabajadora'. Y luego, 20 o 30 años después, la misma gente empezó a decir: 'Nosotros, los franceses'

Entonces, ¿cómo consigue el lepenismo conectar con el sentir obrero?

Porque sustituye en su discurso el “soy obrero” por el “soy francés”. Cuando era niño, en mi familia todos decían: “Nosotros los trabajadores o nosotros la clase trabajadora”. Y luego, 20 o 30 años después, la misma gente empezó a decir: “Nosotros, los franceses”. Sin duda hay un cambio en el sentimiento de pertenencia, pero siempre desde la perspectiva de ser trabajadores que han sido olvidados por las élites que dirigen el país. De esta forma, los votantes de extrema derecha siempre dicen “nosotros los trabajadores”, “nosotros los precarios”, etc., pero esta sensación de agravio está asociada ahora con la percepción de uno mismo como francés, una víctima de la inmigración masiva.

Y se cambia como enemigo al capitalismo por la inmigración...

No exactamente. El enemigo exterior siempre es el capitalismo. Es el capitalismo el que trae a los inmigrantes y quien les da dinero para que se queden y trabajen más barato que los franceses. Y luego, como resultado, no queda dinero para los franceses. Este es un poco el razonamiento.

¿Y no cree que, junto con la desaparición de los partidos comunistas, también cabe mencionar como elemento de destrucción del colectivo trabajador el cierre masivo de fábricas, que actuaban como polo de reunión, asociación y conciencia de clase?

Lo cierto es que la clase trabajadora ha cambiado, ya no es la clase trabajadora de la que hablábamos en los años 50, 60 y 70. Hoy es totalmente diferente y en gran medida se debe a la desaparición del trabajo industrial en las fábricas. En la factoría donde mi madre trabajaba en los años 80, había 1.700 trabajadores con una presencia sindical muy fuerte, especialmente de la CGT, que era el sindicato cercano al Partido Comunista y que tenía entre 500 y 600 afiliados a la CGT. Luego estaban los simpatizantes y los demás sindicatos... Y hubo huelgas grandes, largas y masivas, que consiguieron sus objetivos.

Pero la fábrica empezó a decaer en los 90 y cada vez hubo menos trabajadores hasta que cerró. Los trabajadores se encontraron desempleados o prejubilados. y entonces ¿adónde fueron los carnés de la CGT? Sin colectivo, dejaron de ser útiles. Esa fuerza sindical desapareció de la noche a la mañana con el cierre de la fábrica. Obviamente, siempre es difícil hablar de estos temas porque no debemos idealizar el trabajo en las fábricas. Cuando mi madre trabajaba en la fábrica, cuando había grandes industrias siderúrgicas en el norte de Francia, las condiciones laborales eran extremadamente difíciles. Mi madre trabajaba en una cadena de montaje durante ocho horas al día, todos los días. Hizo eso durante quince años y su cuerpo quedó destrozado. Pero en aquella época había solidaridad obrera.

¿Ha desaparecido la clase obrera en Europa?

No podemos decir que la clase obrera haya desaparecido; todavía hay una clase obrera. Obviamente, esa clase obrera organizada y movilizada ha desaparecido en gran medida. Pero ahora, por ejemplo, se ha trasladado a los almacenes de Amazon o AliExpress, a las tareas de logística donde el ritmo de trabajo es equivalente a la cadena de montaje, pero donde es casi imposible sindicarse o movilizarse porque hay vigilancia y represión. Es una clase obrera, que ya no puede movilizarse como antes.

No sé si has visto una película de Ken Loach llamada Sorry We Missed You en la que muestra la nueva clase obrera. Es una pareja en la que el marido es repartidor de Amazon, con un ritmo de trabajo infernal. Y la mujer es una asistente de cuidados a domicilio para personas mayores y discapacitadas, también con un ritmo terrible. Lo más significativo es que la trama se desarrolla en el norte de Inglaterra, donde hubo las grandes huelgas mineras contra Margaret Thatcher en los 80.

No me gusta la cárcel, no se la deseo a nadie, tampoco a él, pero quiero recordar que, cuando era presidente, Sarkozy siempre se mostró partidario del cumplimiento íntegro de las condenas

Y, por descontado, la perdida de los servicios públicos ha contribuido al agravio...

Sin duda, la gran obsesión de nuestros gobiernos en Europa, pero también en Latinoamérica y en Estados Unidos, ha sido desmantelar todas las solidaridades colectivas, todo lo que eran servicios públicos: el hospital, el servicio de salud, la escuela pública, el transporte, la vivienda, etc. Todo ha sido desmantelado, año tras año, por nuestros gobiernos, ya fueran de derecha o de izquierda. Uno de los ejemplos más citados en Europa de estas políticas antisociales es, obviamente, Margaret Thatcher, pero en Francia Emmanuel Macron ha demostrado ser un alumno aventajado.

Lo peor es que cuando se cuestiona y se protesta por este desmontaje, el poder responde con extrema violencia. ¿Quién es el gran destructor de los servicios públicos? Macron, por supuesto. Por lógica, sus políticas han provocado reiteradas protestas, como las de los chalecos amarillos a partir de 2018. ¿Qué hizo Emmanuel Macron entonces? Envió a los antidisturbios y los reprimió violentamente. Durante la crisis de los chalecos amarillos, 40 manifestantes perdieron un ojo y, junto a ellos, cientos quedaron mutilados de por vida. La violencia represiva de Macron no tiene precedentes desde las protestas contra la guerra de Argelia en la década de 1950.

Se dijo que los chalecos amarillos estaban dirigidos por la extrema derecha.

Eso dijeron los medios generalistas, una manipulación sin duda, igual que cuando dicen que la Francia Insumisa es un partido antisemita: todo mentiras. Habría gente de extrema derecha como de muchas otras corrientes, porque fue una protesta popular, horizontal. También había personas que después han desarrollado proyectos de izquierda y ecologistas. Los medios generalistas tienden a manipularlo todo en favor del poder.

Entonces, ¿Macron es el gran destructor del Estado de bienestar francés?

Eso son palabras mayores, conviene ser rigurosos; Macron no empezó con esto, antes tuvo a Sarkozy como maestro, que es quien hace saltar por los aires la agenda social del gaullismo. A pesar de que detesto profundamente a Chirac, debo reconocer que respetó en buena manera el pacto social gaullista. Pero Sarkozy lo dinamitó y con Macron el desmontaje se ha acelerado. Ha descapitalizado al Estado francés a base de reducir servicios y quitar impuestos, para entregar el dinero de todos a los ultrarricos. Eso se llama hacer el Robin Hood pero al revés: robar a los pobres para dárselo todo a los ricos. Y luego dice que Francia tiene una deuda insostenible. ¡Pues claro que la tiene! Si no hay dinero porque se le quitan impuestos a quien debe pagarlos, hay que pedir prestado para financiar los servicios y pagar a las empresas privadas que se encargan de sustituir a las públicas...

¿Ve una correlación entre ese desmantelamiento de servicios y el trasvase a Agrupación Nacional?

Hay estudios que muestran que uno de los principales factores que explican el voto a la extrema derecha en Europa es la desaparición de los servicios públicos. Cuando vives en un pueblo pequeño y la escuela primaria ha cerrado, la oficina de correos ha cerrado, la estación de tren ha cerrado, el servicio de salud ha cerrado y para ver a un médico tienes que coger el coche y conducir 100 o 150 kilómetros, te sientes ignorado, relegado, despreciado, y tu reacción es votar a la extrema derecha como protesta.

En 2017, cuando se decía aquello de 'votar a Macron para frenar en Le Pen', yo escribí que votar a Macron en 2017 era asegurar la victoria de Le Pen en 2023

Así que no es muy difícil pronosticar que cuando un político liberal toma el poder, se activa el trasvase de votos de la izquierda a la derecha antisistema. Precisamente en 2017, cuando se decía aquello de “votar a Macron para frenar en Le Pen”, yo escribí que votar a Macron en 2017 era asegurar la victoria de Le Pen en 2023. No fue entonces, pero ahora, tal como está Francia, en su peor crisis existencial desde mayo del 68, con primeros ministros que duran un día, un expresidente entrando en la cárcel y la moral por los suelos tras el robo en el Louvre, creo que AN tiene muchos boletos para ganar. Y ojalá me equivoque, porque eso será un enorme desastre para el país.

¿Qué piensa al ver a Sarkozy entrar en la cárcel?

Bueno, llegó a acuerdos ilegales con los círculos políticos de Gadafi [exdictador Libio entre 1977 y 2011], un régimen que se reconoció culpable de un acto terrorista contra un avión de pasajeros en 1988, que acabó con la vida de 270 inocentes. Esa es la gente que le financió la campaña de las elecciones de 2007. A mí no me gusta la cárcel, no se la deseo a nadie, tampoco a él, pero quiero recordar que, cuando era presidente, Sarkozy siempre se mostró partidario del cumplimiento íntegro de las condenas, no fue alguien piadoso en este sentido.

El personal del Louvre se declaró en huelga el 16 de octubre para protestar por la falta de personal y, por consiguiente, la falta de seguridad

Y para terminar, respecto del robo del Louvre, ¿ha provocado un gran impacto?

Claro, pero en Francia no ha causado tanta sorpresa como en el resto del mundo. El problema del Louvre es el mismo que el de los servicios públicos: no tiene financiación suficiente. El personal del Louvre se declaró en huelga el 16 de octubre para protestar por la falta de personal y, por consiguiente, la falta de seguridad. En los últimos años, la plantilla del Louvre se ha reducido en 200 personas. No hay dinero para el Louvre y como somos ultraliberales, en lugar de reforzar la seguridad, reducimos la plantilla para ahorrar... Al final todo el mundo, al menos en Francia, intuía que tarde o temprano habría problemas.

Condenado a una pena de cinco años de cárcel, Nicolas Sarkozy se ha convertido este martes en el primer expresidente francés bajo el actual sistema político (instaurado en 1958) en ingresar en prisión. Acompañado por cámaras de televisión y policías por las calles de París, Sarkozy ha hecho el trayecto a primera hora de la mañana desde su domicilio hasta la prisión de la Santé.

El expresidente ha llegado a la cárcel unos 20 minutos antes de lo previsto. “¡Oh, bienvenido Sarkozy!”, “¡Ahí está Sarkozy!”, han gritado los presos desde las celdas, según los periodistas de la agencia AFP presentes en el lugar.

Sarkozy, así como varios de sus colaboradores más cercanos, fueron condenados el 25 de septiembre por un delito de asociación de malhechores. El tribunal consideró probada la existencia de “un pacto de corrupción” con el régimen del dictador libio Muamar el Gadafi, que habría enviado grandes cantidades de dinero al entonces candidato a la presidencia, a cambio de posibles contrapartidas financieras, diplomáticas e industriales.

Aunque la defensa de Sarkozy ha recurrido la sentencia, el expresidente se encuentra desde este martes en prisión debido a la ejecución provisional dictada contra él. Una medida que los magistrados justificaron por la “excepcional gravedad de los hechos [… ] cometidos por un responsable político que aspiraba entonces al cargo más alto de la República”. El caso debe examinarse en segunda instancia en los próximos meses.

La administración penitenciaria francesa ha decidido que el exjefe de Estado pase en régimen de aislamiento su estancia en la cárcel. Como sucede con expolicías, políticos, personalidades mediáticas o cualquier persona que se considere en riesgo por el contacto con otros presos, se ha optado por un régimen que minimice la posibilidad de incidentes.

En este sentido, se barajó también la opción de internar a Sarkozy en uno de los llamados sectores vulnerables, pero esta opción planteaba algunos problemas. Por ejemplo, Sarkozy hubiera tenido que compartir el sector con otros dos condenados en primera instancia por el caso libio: el intermediario Alexandre Djouhri y el financiero Wahib Nacer.

Según los medios franceses, Sarkozy contará con su propia celda, de unos 10 metros cuadrados; además de una cama, un pequeño escritorio fijado a la pared, una ducha y un inodoro. Podrá disponer de una nevera y una televisión (con coste adicional), así como de una cabina telefónica con números pregrabados. También tendrá acceso vigilado a un pequeño patio de recreo vallado, aislado del resto de la prisión. Podrá disfrutar de acceso a un gimnasio y una biblioteca. El expresidente tenía derecho a llevar además tres libros de casa: eligió los dos tomos de El conde de Montecristo y una biografía de Jesús, escrita por el historiador Jean-Christian Petitfils.

Son condiciones notablemente mejores que las del centenar de internos que actualmente duermen en colchones en el suelo de la prisión parisina, en celdas compartidas. Según datos de los sindicatos de prisiones, la Santé cuenta en este momento con una ocupación del 190% de su capacidad. La situación de las cárceles y el hacinamiento de los presos le ha valido a Francia múltiples condenas y llamadas de atención de instituciones internacionales.

Ataques contra la Justicia

En todo caso, no se espera que la estancia en prisión de Nicolas Sarkozy dure mucho tiempo. Sus abogados podrán, desde el primer día de su encarcelamiento, presentar una petición de liberación ante la sala de apelaciones penales. Ésta tendrá un máximo de dos meses para responder. Dada su edad y la notoriedad del caso, es muy probable que pueda beneficiarse de una rápida puesta en libertad. Salvo que la justicia estime que, en caso de liberación, existe riesgo de fuga, reincidencia o presión sobre los demás testigos.

No obstante, los jueces podrían también tener en cuenta –en sentido negativo– la campaña de comunicación del expresidente contra la Justicia. Desde el momento del veredicto, Sarkozy no ha dejado de denunciar “un complot” y que su condena “viola todos los límites del Estado de derecho”. Minutos antes de entrar en prisión, ha publicado un nuevo comunicado en el que denuncia “un escándalo judicial” y afirma “sentir una profunda pena por Francia [...] humilllada por una la expresión de la venganza” contra él.

Una campaña de ataques contra la Justicia en la que Sarkozy ha podido contar con el apoyo del aparato mediático de su amigo el magnate Vincent Bolloré. En el canal de televisión CNEWS un nutrido grupo de tertulianos e invitados han denunciado “la República de los jueces”, un término recurrente con el que sectores ultraconservadores acusan a los magistrados de poner en práctica una agenda oculta abusando de su poder.

Su hijo Louis, que ya ha anunciado que se presentará como candidato a la alcaldía de Menton, en la frontera con Italia, convocó el martes una concentración en apoyo a su padre.

Durante la campaña de ataques contra el mundo judicial apenas se han mencionado las pruebas que aportó la investigación (la instrucción duró más de una década) ni los otros procesos judiciales contra el antiguo jefe de Estado francés.

Otros procesos judiciales

Condenado a tres años de cárcel en el llamado “proceso de las escuchas”, Sarkozy pudo cumplir una parte de la pena con una pulsera electrónica (antes de ser puesto en libertad condicional).

El 26 de este mes se conocerá la decisión definitiva del caso Bygmalion, por el que Sarkozy fue también condenado a un año de cárcel por la financiación ilegal de su campaña de 2012. Otros procesos judiciales están en curso, como el que le liga a la atribución fraudulenta del Mundial de fútbol de 2020 a Qatar.

Reacciones políticas

Si bien los medios de comunicación de Bolloré han decidido apoyar incondicionalmente al expresidente de la República tras su condena, la mayoría de los responsables de su partido, Los Republicanos (LR), han sido más discretos y se han limitado a expresar su “solidaridad personal” o su “amistad en los momentos difíciles” y no han querido cuestionar públicamente la decisión de los jueces.

Una postura similar a la que ha mantenido para el actual ministro de Justicia, Gérald Darmanin, antiguo protegido de Sarkozy, tránsfuga desde LR al macronismo en 2017. Obligado por su cargo a no comentar casos judiciales, Darmanin se reunió hace unos días con Sarkozy, según reveló Le Nouvel Obs. El lunes anunció que iría a “visitarlo a la cárcel”, para preocuparse por las “condiciones de seguridad” durante su detención.

El mismo día se supo que Sarkozy se reunió en el Elíseo con Emmanuel Macron el pasado viernes. “Es normal que, en un plano humano, haya recibido a uno de mis predecesores en este contexto”, justificó el actual presidente.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará el próximo día 21 de octubre en la prisión parisiense de La Santé por la condena de cinco años de prisión dictada en su contra en septiembre pasado en relación con la financiación libia de su campaña presidencial de 2007, han indicado este lunes fuentes judiciales a varios medios franceses.

Sarkozy, que se convertirá en el primer exjefe de Estado francés en ir a prisión, ha comparecido a primera hora de la tarde de este lunes ante la Fiscalía Nacional Financiera para conocer la fecha y el lugar de su encarcelamiento.

Su entrada en prisión se producirá el martes de la semana próxima debido a la orden de prisión emitida en su contra, pese a haber apelado la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Correccional de París hace 18 días.

El político conservador, que ejerció de presidente de 2007 a 2012, fue condenado el 25 de septiembre por conspiración para delinquir al permitir que sus allegados solicitaran al régimen libio de Muamar el Gadafi financiación ilegal para la campaña presidencial que le abrió las puertas del Palacio del Elíseo.

El tribunal justificó esta medida en el caso de Sarkozy, de 70 años, por la “excepcional gravedad de los actos” cometidos por un líder político que entonces aspiraba al máximo cargo de la República francesa.

Una vez en prisión, sus abogados podrán presentar una solicitud de puesta en libertad ante el Tribunal de Apelación, que tendrá un plazo máximo de dos meses para resolverla, es decir, justo antes de las próximas navidades y le permitiría presentarse libre al juicio en apelación previsto, en principio, para el próximo marzo. En caso de ser rechazada, podrán formalizar otras.

Las únicas dos prisiones en la región de París que cuentan con espacios adaptados para presos que necesitan protección son La Santé en París y Fleury-Mérogis en Essonne, ya sea en los llamados “pabellones vulnerables” o en espacios de régimen de aislamiento, en el que, según medios franceses, debería estar Sarkozy, en una celda de unos nueve metros cuadrados.

Fiesta de “despedida”

El ex jefe de Estado, que siempre ha mantenido su inocencia, proclamó tres días después de su condena por asociación delictiva –fue absuelto del delito de corrupción– que lucharía “hasta el último aliento” para que se reconozca su “honestidad”. Y aseguró, con optimismo: “Ganaré”.

Ni su condena ni la cercanía de su entrada en prisión han detenido su vida social. El miércoles pasado celebró una fiesta de “despedida” en un pabellón del Bosque de Boulogne, en París, con un centenar de asistentes, entre los que estaba el actual secretario general del Elíseo, Emmanuel Moulin, y la ministra de Cultura, Rachida Dati, informó el diario Le Figaro.

Pero no solo Sarkozy apeló la sentencia, también lo hicieron los otros seis condenados en el mismo caso de la financiación libia de su campaña presidencial así como la Fiscalía, que contesta las sentencias absolutorias dictadas por el Tribunal Correccional de París, como la de Eric Woerth, tesorero de la campaña electoral de 2007.

Ese juicio en apelación debería celebrarse en una fecha aún no determinada, pero normalmente comprendida dentro de entre seis y 18 meses.

Veredicto del Supremo

Paralelamente, Sarkozy conocerá el próximo 26 de noviembre el veredicto del Tribunal Supremo en el caso de la financiación ilegal de su campaña de 2012, la que perdió frente al socialista François Hollande, y en el que la Fiscalía pide que se confirme la condena a seis meses de prisión impuesta en Apelación en febrero de 2024.

Los jueces en apelación y en primera instancia consideraron probados que en su campaña de 2012 se gastó el doble de lo que autoriza la ley, con una trama de facturas falsas para ocultar una doble contabilidad.

De confirmarse esa pena, sería la segunda definitiva pronunciada contra el expresidente, que en febrero del año pasado fue condenado a un año de cárcel por un caso de corrupción y tráfico de influencias, pena que cumplió en arresto domiciliario con brazalete electrónico entre febrero y mayo pasados, antes de ser puesto en libertad condicional por su edad. 

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ha sido condenado por el Tribunal Correccional de París a cinco años de prisión por asociación ilícita y absuelto de los cargos que pesaban sobre él por encubrimiento de malversación de fondos públicos y corrupción pasiva en el Caso Libia por la financiación de su campaña presidencial de 2007.

Sarkozy estaba acusado de haber sellado “un pacto de corrupción” en 2005 con el dictador libio Muamar el Gadafi, cuyo régimen había enviado grandes cantidades de dinero a cambio de contrapartidas financieras, diplomáticas e industriales, según la acusación.

La condena conlleva también una multa de 100.000 euros, frente a los 300.000 que reclamaba la fiscalía, que pedía siete años de prisión para el antiguo dirigente. La resolución indica que la sentencia se ejecutará incluso si Sarkozy la recurre, y que en el plazo de un mes deberá comparecer para que se le comunique la fecha de entrada en prisión, según explican varios medios franceses.

El antiguo mandatario solo podría evitar la prisión si solicita y se le concede la libertad condicional en atención a su edad, pues ya tiene 70 años.

La sentencia precisa que la responsabilidad penal de Sarkozy solo se extiende hasta el 15 de mayo de 2007: ese día asumió el cargo de presidente y los magistrados consideran que en adelante estaba protegido por la inmunidad aparejada al puesto.

El caso se hizo público en 2012, cuando la web Mediapart desveló una nota de Moussa Koussa, jefe de los servicios de inteligencia exteriores libios, fechada el 10 de diciembre de 2006 y dirigida a Bechir Saleh, director de gabinete de Gadafi y presidente del principal fondo de inversión ligado al Estado libio.

En dicha nota se autorizaba la financiación de la campaña de Nicolas Sarkozy por valor de 50 millones de euros tras una reunión celebrada en Libia el 6 de octubre de 2006 con Brice Hortefeux, estrecho colaborador del expresidente francés y futuro ministro en varios de sus gobiernos.

La nota no ha sido la prueba de cargo de la investigación y, de hecho, la presidenta del tribunal ha dudado de su veracidad durante la lectura de la sentencia. Otorga más valor a las reuniones oficiosas de los colaboradores del futuro dirigente francés con cargos del gobierno libio.

El propio Hortefeux también ha sido condenado a dos años por asociación ilícita y, al contrario que su superior, por complicidad en la financiación electoral de la campaña electoral.

Claude Guéant, a la sazón jefe de Gabinete de Sarkozy y más tarde ministro de Interior, ha sido condenado a seis años. El tribunal ha determinado que es culpable del uso de documentos falsificados, blanqueamiento agravado, tráfico de influencias, corrupción pasiva y asociación ilícita.

Tras anunciarse la sentencia, Sarkozy ha criticado en declaraciones a la prensa que la condena es un “escándalo” y ha insistido en que es “inocente”.

La presidenta del tribunal señaló que el entonces pretendiente al Elíseo permitió que esos dos próximos colaboradores, que posteriormente ocuparían puestos destacados durante su mandato presidencial, “obtuvieran apoyos financieros” de Trípoli para la caja de la campaña de 2007, según detalla EFE.

Sarkozy ya ha sido condenado en dos procesos anteriores, uno por corrupción y tráfico de influencias, por el que fue sentenciado a un año de cárcel y que ya es firme; y otro por la financiación de su campaña de 2012, por el que fue sentenciado en Apelación a seis meses de prisión y está pendiente del recurso ante el Tribunal Supremo.

De todos los procesos judiciales en los que está inmerso Nicolas Sarkozy, el llamado affaire libio es sin duda el más grave. El expresidente francés conocerá este jueves en el Tribunal Correccional de París el veredicto del proceso judicial sobre la presunta financiación de su campaña presidencial de 2007 por parte del régimen de Muamar el Gadafi. Está acusado de haber sellado “un pacto de corrupción” en 2005 con el dictador libio, cuyo régimen habría enviado grandes cantidades de dinero a cambio de contrapartidas financieras, diplomáticas e industriales.

El juicio por “corrupción, encubrimiento de malversación de fondos públicos, financiación ilegal de campaña y asociación ilícita” se celebró en París entre el 6 de enero y el 10 de abril de este año. La fiscalía pide una pena de siete años de prisión contra Sarkozy. Junto al antiguo jefe de Estado francés también fueron juzgados tres de sus exministros, además de varios intermediarios y altos cargos del régimen libio.

La nota de Moussa Koussa

El caso se hizo público en 2012, cuando la web Mediapart desveló una nota de Moussa Koussa, jefe de los servicios de inteligencia exteriores libios, fechada el 10 de diciembre de 2006 y dirigida a Bechir Saleh, director de gabinete de Gadafi y presidente del principal fondo de inversión ligado al Estado libio.

En dicha nota se autorizaba la financiación de la campaña de Nicolas Sarkozy por valor de 50 millones de euros tras una reunión celebrada en Libia el 6 de octubre de 2006 con Brice Hortefeux, estrecho colaborador del expresidente francés y futuro ministro en varios de sus gobiernos.

Para Nicolas Sarkozy y su defensa, se trata de una venganza de exfuncionarios libios y del clan Gadafi por haber liderado la coalición que derrocó al régimen. Apuntan que Koussa ha dado versiones contradictorias sobre la nota y señalan que entre el inicio de la guerra, en febrero de 2011 y la muerte del dictador, en octubre, hubo tiempo de sobra de publicar muchas de las pruebas que hoy faltan a la Justicia.

No obstante, la instrucción habla de “un conjunto de testimonios coincidentes de antiguos dignatarios libios” que atestiguan que Nicolas Sarkozy, “aprovechando” su viaje a Libia en octubre de 2005, solicitó a Muamar el Gadafi un apoyo financiero oculto para la campaña presidencial de 2007.

Después, ya instalado en el Elíseo, Sarkozy visitó Trípoli en viaje oficial el verano de 2007 y poco después recibió en París al líder libio, que se hallaba en plena campaña diplomática para salir del aislamiento internacional y levantar las sanciones que pesaban contra el régimen.

Causas de la intervención

Sin embargo, para 2011, el contexto político había cambiado radicalmente: Nicolas Sarkozy se puso al frente de una coalición internacional para intervenir en una Libia en plena insurrección. La existencia de un pacto de corrupción entre ambos jefes de Estado podría haber sido un factor oculto en la toma de decisiones que llevó a la intervención militar.

“La mejor forma de borrar pruebas comprometedoras es la guerra”, resumía hace unos meses el periodista de Mediapart Fabrice Arfi, coautor también del libro Avec les compliments du guide y del documental Personne Comprend rien. “Las razones por las que entramos en la guerra son falsas. Y no soy yo quien lo dice, es el Parlamento británico”.

Una referencia al informe del comité de Asuntos exteriores británico publicado en 2016 menciona “el propio interés político” como uno de los motores de la intervención y apunta el hecho de que “el presidente Sarkozy y su Gobierno se mostraron muy decididos al respecto desde el principio”.

El caso es especialmente complejo, por la nutrida presencia de intermediarios, la falta de pruebas documentales, la variedad circuitos financieros para que el dinero se moviese de Trípoli a París y las declaraciones contradictorias de algunos testigos.

Sin embargo, la fiscalía y las tres asociaciones anticorrupción que se personaron en la causa (Anticor, Transparency International y Sherpa) insistieron en que “en materia de corrupción no existe la prueba perfecta, pero que el conjunto de indicios graves y concordantes es una prueba”. Y, en este caso “va más allá de los indicios”.

Libreta de notas

Además de la nota de Moussa Koussa y de las acusaciones de miembros de la familia Gadafi, la justicia francesa dispone de una libreta que pertenecía a Shukri Ghanem, ministro del Petróleo libio en esa época, en la que se mencionan varias reuniones con Hortefeux y Claude Guéant –jefe de Gabinete de Sarkozy y futuro ministro– y de envíos de dinero dirigidos al entorno de Nicolas Sarkozy y su partido. Shukri Ghanem fue hallado muerto en Viena en 2012, en circunstancias misteriosas.

Otro de los “indicios” examinados por el tribunal tiene que ver con la exfiltración de Bechir Saleh, el gran tesorero del Estado libio, hacia Francia en el momento de la caída del régimen. Arrestado por una de las facciones de opositores al régimen, se le trasladó a París vía la embajada francesa en Túnez. Poco después, en el momento en que se dictó una orden de arresto internacional contra él, dejó el país rumbo a Sudáfrica. Los jueces creen que el director general de Seguridad Interior de la época, Bernard Squarcini, orquestó la operación.

Una de las piezas centrales es el testimonio de Ziad Takieddine, intermediario libanés, conocido en Francia por su participación en otro escándalo de Estado (el Affaire Karachi). Takieddine forma parte de los acusados y el tribunal sospecha que fue el encargado de orquestar el traslado de fondos. Con el tiempo, Takieddine habría sido sustituido por un segundo intermediario, Alexandre Djouhri.

Los múltiples cambios de versión de Takieddine (los medios franceses estiman que ha dado 16 versiones del caso) y su rencor por Sarkozy son otro de los argumentos de la defensa para pedir la absolución. Takieddine es además protagonista de uno de los episodios más rocambolescos de la instrucción, que a su vez ha dado pie a otra causa judicial. A finales de 2020, el intermediario se retractó de todas sus declaraciones sobre Sarkozy en una entrevista a Paris-Match, solo para después volver a desdecirse.

Soborno de testigos

La justicia francesa cree hoy que recibió la promesa de varios millones de euros por parte de varias personas, entre ellas la llamada reina de los paparazzi de la prensa francesa, Mimi Marchand. Sarkozy también fue imputado en esta investigación por “encubrimiento de soborno de testigos” y “participación en una asociación ilícita con el fin de cometer el delito de estafa judicial en banda organizada”. También fue imputada por los mismos cargos su esposa, Carla Bruni.

Una de las contrapartidas que esperaba el Gobierno libio en el presunto pacto de corrupción es la retirada de cargos internacionales contra Abdallah Al-Senoussi, cuñado de Gadafi y jefe de los Servicios de Inteligencia. Al-Senoussi fue condenado en Francia en 1999 a cadena perpetua, tras el atentado contra el avión DC-10 de la UTA que costó la vida a 170 pasajeros, entre ellos 54 franceses, y pesa sobre él una orden de detención internacional.

Según los jueces, Claude Guéant, mano derecha de Sarkozy, acudió a una reunión privada con Al-Senoussi para abordar la cuestión. Por eso las familias de las víctimas también forman parte de la acusación particular y estuvieron presentes en el tribunal durante las vistas.

“Para las familias [se ha establecido que] hubo un grupo organizado de seis personas que había ideado un plan a fin de disponer de ingresos ocultos, para hacer realidad el sueño de infancia de Nicolas Sarkozy [ser presidente]”, expuso en su alegato Vincent Ollivier, uno de los abogados de las víctimas. “Un grupo que no veía ningún inconveniente en absolver al asesino de sus seres queridos”.

Otra de esas contrapartidas sería el desarrollo acelerado de plantas nucleares en territorio libio. Así se desprende del testimonio de la directora de la multinacional francesa de la energía nuclear Areva, Anne Lauvergeon, que ha relatado presiones para acelerar los contratos.

En la trama, Claude Guéant, mano derecha de Nicolas en el Ministerio del Interior y posteriormente en el Elíseo, desempeñó, según la acusación, “un papel esencial” en la recepción de los fondos, cuya cuantía exacta no se ha podido establecer. Guéant multiplicó los contactos con los intermediarios Takieddine y Djouhri y alquiló una caja fuerte en un banco francés “en la que una persona cabía de pie”. Él afirma que era para guardar documentos y discursos de campaña de Nicolas Sarkozy, los jueces creen que era para almacenar el dinero en efectivo.

Cuadros, paraísos fiscales y efectivo

El tribunal también cree que Guéant se enriqueció personalmente y que recibió 500.000 euros a través de un circuito financiero particularmente complejo, gracias a la intervención de una familia saudí, los Bugshan. Así pudo comprarse un apartamento en el 16º distrito de París, compra que él defiende haber financiado con la venta de dos cuadros de un pintor renacentista holandés, por el que un abogado malayo (al que la Justicia no ha conseguido localizar) habría pagado diez veces más de su valor estimado.

Pese a la dificultad de seguir el rastro de las transacciones, la Fiscalía Nacional Financiera pudo identificar parte de los tres millones de euros prometidos por Senoussi a los colaboradores de Sarkozy, mencionados en una de las libretas de Ghanem. El dinero llegó en enero de 2006, a una de las cuentas bancarias de Ziad Takieddine, que viajaba regularmente a París para reunirse con Hortefeux y Guéant. Una parte fue transferida después a una cuenta en las Bahamas de Thierry Gaubert, antiguo colaborador del expresidente francés.

En el escrito enviado al tribunal, las dos últimas juezas de instrucción que han llevado la causa resumieron la sucesión de dificultades con las que se ha encontrado la Justicia en la década en la que se construyó la causa contra Sarkozy, incluyendo la falta personal dedicado, “el bajísimo nivel de cooperación judicial internacional” y “la falta de voluntad política en Francia”, además de intentos de “manipulación” y “desestabilización”.

A Louis Sarkozy le han bastado unos meses para convertirse en un habitual de los platós en los canales de noticias franceses. A sus 28 años, el hijo menor de Nicolas Sarkozy y Cécilia Attias ha vuelto a Francia tras haber pasado gran parte de su vida en Estados Unidos. Admirador de Napoleón Bonaparte, defensor del ultraliberalismo y amante de las armas de fuego, su irrupción mediática, cuidadosamente preparada, está sentando las bases de una probable entrada en política en el mismo partido que lideró su padre, ahora llamado Los Republicanos.

En 2007, su madre se instaló en Nueva York en compañía de su tercer marido, Richard Attias, y allí pasó su adolescencia Louis. La fascinación por el mundo militar lo llevó a la Valley Forge Military Academy, en Pensilvania, con intención de hacer carrera en los marines de EEUU. Pero, según ha contado él mismo, su origen francés frenó su proyección en el Ejército estadounidense. “Me hicieron comprender que, con mi pedigrí, siempre habría una sospecha de injerencia extranjera”, explicaba recientemente a Libération.

Pasada la página de su etapa americana, con un máster en Relaciones Internacionales y breves experiencias profesionales como consultor, banquero y empresario de un negocio de mocasines –en compañía de socios españoles–, Louis Sarkozy ha vuelto a su país de origen para comenzar una nueva vida.

En pocos meses se ha convertido en un habitual de los programas políticos, en particular en los medios de comunicación más conservadores. Tiene un espacio de opinión fijo en la cadena de televisión LCI –propiedad de su padrino, el empresario Martin Bouygues– y una columna en la revista ultraconservadora Valeurs actuelles. Le Figaro lo presenta como la nueva “estrella de la derecha”, mientras Le Journal du Dimanche, propiedad de Vincent Bolloré, lo describe como el heredero de una dinastía “a lo Kennedy”.

En las últimas semanas, ha lanzado una gran campaña promocional para presentar la versión francesa de su libro Napoléon Bonaparte, l’empire des livres. Una carta de presentación ante la sociedad francesa que le permite forjarse un perfil de intelectual, hablando de los libros favoritos del emperador, al tiempo que multiplica las citas literarias de los autores que le han marcado a él mismo, de Shakespeare a Stefan Zweig, pasando por el autor de Les Rois Maudits, Maurice Druon.

Ideas de Trump, Milei y Musk

En cuanto a sus posiciones políticas, Louis Sarkozy intenta crearse un espacio en la derecha francesa, siguiendo los pasos de su padre. Su propuesta, según ha explicado a Le Monde, es “inyectar un kilo de testosterona [en el partido Los Republicanos] y lanzarse a fondo”. Sus declaraciones mezclan elementos de la derecha conservadora clásica y de la extrema derecha, como ya lo hiciera su padre, cuya inocencia defiende a capa y espada, pese a las sentencias judiciales que se suceden contra él.

Su paso por Estados Unidos impregna su visión del mundo. Comparte algunos de los códigos estéticos y las obsesiones del universo MAGA (Make America Great Again) de Donald Trump. Luce tatuajes con referencias histórico-militares, del Imperio romano a la Guerra de la Independencia estadounidense pasando por los dragones de Napoleón. Aficionado al arte marcial jiujitsu, no oculta su pasión por las armas –las colecciona y practica el tiro–.

En el plano ideológico, Luis Sarkozy mezcla posiciones conservadoras con elementos ultraliberales, inspirados en parte por Trump y por el presidente argentino ultraderechista Javier Milei, que niegan cualquier virtud a lo público. “Francia necesita un Milei al cubo”, ha asegurado. Pero, sobre todo, profesa una gran admiración por Elon Musk. “[En Francia] no es que necesitemos a un Elon Musk, necesitaríamos cuatro o cinco”, ha declarado.

Del dueño de X y Tesla admira la propuesta de reducir la maquinaria del Estado al mínimo y también la libertad de expresión absoluta que defiende, incluso cuando significa difundir desinformación. En sus múltiples intervenciones también ha hecho varios guiños a los populismos de extrema derecha: ha propuesto expulsar a los extranjeros “que no se integren” y utilizar el servicio militar como herramienta de asimilación. En relación con la detención del escritor franco-argelino Boualem Sansal, retenido en Argelia desde noviembre, ha afirmado: “Si estuviera en el poder, quemaría la Embajada de Argelia”.

Pero, aunque su discurso se alinea en muchos puntos con el partido ultra de Marine Le Pen, descarta cualquier alianza. “Sería como aliarse con los hunos”, ha dicho, asegurando que no comparte su visión económica –“son estatistas”–. Asimismo, ha admitido que es inimaginable asociarse a “ese partido que tanto combatió su padre”.

Elecciones municipales en 2026

Su padre se despidió de la política en 2016 al quedar eliminado en la primera vuelta de las primarias de la derecha y desde entonces ocupa titulares destacados por sus causas judiciales. No obstante, los antiguos compañeros del que fuera presidente de la República entre 2007 y 2012 que hoy están en el Gobierno le han abierto las puertas de los ministerios.

Entre ellos, el ministro del Interior, Bruno Retailleau, que representa el ala derecha del partido Los Republicanos y que acaba de ser elegido para dirigirlo, y a quien Louis Sarkozy alaba como defensor de un “modo de vida francés”.

En un contexto que muchos observadores describen como de “derechización” de la política francesa, Louis ya se proyecta como probable candidato a las municipales de 2026, punto de partida de una carrera política. Según los medios franceses, baraja dos territorios con fuerte valor simbólico: Menton, en la frontera italiana, punto importante en los flujos migratorios; y Neuilly-sur-Seine, a las afueras de París. Esta última es la localidad familiar de sus padres, en la que Nicolas Sarkozy fue elegido alcalde en 1983, cuando tenía 28 años.

 El Tribunal Supremo francés ha confirmado este miércoles la condena por corrupción y tráfico de influencias contra el expresidente Nicolas Sarkozy, lo que convierte esa sentencia en definitiva.

El que fuera inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012 deberá llevar un brazalete electrónico durante un año, lo que le convierte en el primer expresidente francés obligado a cumplir una condena de arresto, aunque sea domiciliario. La condena es a tres años de prisión, pero el expresidente no entrará en la cárcel.

“Como he hecho siempre a lo largo de estos doce años de acoso judicial, asumiré mis responsabilidades y afrontaré sus consecuencias”, ha escrito en la red social el expresidente francés. “Me condenan por un presunto 'pacto de corrupción' con alguien con quien nunca hablé, en el que no hubo ninguna contrapartida ni financiera ni de ningún otro tipo”, ha añadido pese a que la condena ha sido ratificada y ha pasado por varios tribunales.

Jacques Chirac también fue condenado, pero a una pena exenta de cumplimiento.

Los abogados de Sarkozy han dejado entrever que apelarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, pero eso no suspende la aplicación de la pena.

Sarkozy, de 69 años, deberá comparecer antes de un mes ante un juez de libertades y detención, que establecerá las modalidades en las que llevará el brazalete electrónico y otras condiciones de su arresto domiciliario.

El expresidente sufre así un enorme revés jurídico, uno más de los que le está reservando la justicia desde su salida del Elíseo en 2012, derrotado por el socialista François Hollande.

Aunque apartado de la primera línea política, Sarkozy sigue teniendo una gran influencia en la derecha francesa y mantiene contactos regulares con el actual presidente, Emmanuel Macron.

Además, es un habitual del palco del Parque de los Príncipes, sus libros se convierten en grandes éxitos de ventas y encadena las dedicatorias por todo el país, pese a la cargada agenda judicial que arrastra, que ha derivado en una primera condena final en el país.

Lo es por un caso de corrupción y tráfico de influencias, conocido en Francia como el 'caso Bismuth', en referencia al nombre falso que eligió Sarkozy para abrir una línea telefónica secundaria.

Supuso la primera condena para el expresidente, dictada por el Correccional de París en marzo de 2021, pena confirmada en apelación en mayo de 2023, a tres años de cárcel, aunque solo uno efectivo, con la posibilidad de cumplirlo en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico, pena que ahora ha confirmado el Supremo.

Las pesquisas se abrieron cuando los investigadores, que tenían bajo escucha los teléfonos de Sarkozy en 2014 en el marco de otro caso, descubrieron que su abogado le había abierto una línea secundaria con la que mantenían comunicaciones y que también fue pinchado.

En las escuchas descubrieron conversaciones que apuntaban a un caso de presunta corrupción y tráfico de influencias.

En concreto, Sarkozy y su abogado hablaban de contactos con un magistrado, Gilbert Azibert, al que pedían datos sobre la instrucción de otra de las acusaciones contra él a cambio de que el ya expresidente usara su influencia para conseguirle un puesto honorífico en Mónaco.

Esas escuchas sirvieron para abrir una investigación que acabó por convertir a Sarkozy en el primer expresidente francés en sentarse en el banquillo de los acusados, ya que Chirac no lo hizo por razones médicas.

Sarkozy tiene por delante un largo rosario de cuentas pendientes con la justicia.

La más inmediata llegará el próximo 6 de enero, cuando se abra el juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, un proceso al que podría acudir ya con el brazalete electrónico.

En ese juicio, previsto hasta el 10 de abril, se sentarán en el banquillo de los acusados dos de sus exministros del Interior, Claude Guéant y Brice Hortefeux.

Sarkozy, que ganó aquellas presidenciales frente a la socialista Ségolène Royal, afronta una pena de hasta diez años de cárcel.

También colea el caso de la financiación ilegal de la campaña de 2012. En febrero pasado fue condenado en apelación a un año de cárcel, de los cuales solo la mitad con cumplimiento y también con un brazalete electrónico, que el presidente no lo lleva aún porque recurrió también ante el Supremo, que no se pronunciará hasta el segundo semestre de 2025.

En este escándalo, fue condenado por haber superado con creces, de 22,5 millones a casi 44 millones, los límites de gasto en su campaña, a través de un sistema de falsas facturas que le permitieron disimular la inversión en sus costosos mítines. 

El arzobispo de París, Laurent Ulrich, ha reabierto oficialmente la catedral de Notre Dame este sábado con un rito que ha consistido en llamar solemnemente a las puertas golpeando con su cruz y esperar la respuesta del templo gótico, que ha sido entonada por los coros en su interior, antes de cruzar el umbral.

A la ceremonia, que se ha tenido que reajustar por culpa del viento y la lluvia y que ha comenzado con el tañido de las campanas de la catedral, asisten decenas de dirigentes de todo el mundo, como el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Jill Biden; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni o el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La exministra sarkozista Rachida Dati será la nueva ministra de Cultura del Gobierno nombrado este jueves por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el que se mantienen los pesos pesados de su partido, el liberal Renacimiento.

Los titulares de Interior, Gerald Darmanin; Economía, Bruno Le Maire; Justicia, Éric Dupont-Moretti; y Defensa, Sébastien Lecornu, representantes de las diferentes facciones del macronismo, mantienen sus carteras en el nuevo Ejecutivo.

Dos días después del nombramiento del exmilitante socialista Gabriel Attal al frente del Ejecutivo, la llegada de Dati, que bajo la presidencia del conservador Nicolas Sarkozy ocupó el Ministerio de Justicia entre 2007 y 2009, se interpreta como un claro giro a la derecha del presidente, que además ha dejado fuera de su nuevo Gobierno a los representantes más progresistas de su partido.

Es el caso del hasta ahora titular de Transportes, Clément Baume, que lideró un amago de rebelión a mediados del mes pasado contra la ley de inmigración, que finalmente fue adoptada gracias al respaldo de la extrema derecha.

Y también del ministro de Trabajo, Oliver Dussopt; de la responsable de Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher, y de la titular de Cultura, Rima Abdul-Malak, que deja su puesto a Dati.

Esta última mostró su deseo de no abandonar el partido conservador Los Republicanos, aunque su líder, Éric Ciotti, anunció su expulsión inmediatamente después de su nombramiento.

Impronta sarkozista 

Considerada como una figura muy cercana a Nicolas Sarkozy, Dati era ahora líder de la oposición en el Ayuntamiento de París a la socialista Anne Hidalgo.

La nueva ministra de Cultura será una de los tres miembros del nuevo gabinete que ya fueron ministros con Sarkozy, junto con Darmain y Le Maire, a los que se suma Catherine Vautrin, que fue vicepresidente de la Asamblea Nacional con ese mismo presidente.

En el nuevo gabinete, Vautrin se hará con una gran cartera social que incluirá las funciones de Trabajo, Sanidad y Solidaridad.

Es un claro signo de la apuesta por la derecha de Macron para su nuevo Gobierno, en el que la actual ministra de Deportes, Amélie Oudea-Castera, suma las funciones de Educación que hasta ahora tenía el nuevo primer ministro, Gabriel Attal.

En un año clave para los deportes con la perspectiva de los Juegos Olímpicos de París en verano, la ex tenista ve reforzada su posición en el Gobierno.

En Exteriores, Catherine Colonna deja el puesto tras 20 meses en el cargo y será sustituida por el eurodiputado Stéphane Séjourné, que era el favorito para encabezar el cartel electoral del partido de Macron para las europeas de junio, en las que la extrema derecha es la favorita de las encuestas.

El nombramiento de Séjourné, que también ha sido la pareja del actual primer ministro, supone además la salida de la última mujer de uno de los principales ministerios, que estarán todos ocupados por hombres.

Siguen en sus cargos los titulares de Agricultura, Marc Fesnau, Transición Ecológica, Christophe Béchu, y Universidades e Investigación, Sylvie Ratailleau.

Relevo también al frente de la portavocía del Ejecutivo, de la que sale Olivier Veran, que fue ministro de Sanidad durante la pandemia de covid-19 y que deja su puesto a Prisca Thévenot, quien hasta ahora era secretaria de Estado de Juventud.

El Elíseo anunció un gobierno de apenas once miembros, a los que se suma la portavoz y otras dos ministras delegadas, Aurore Bergé, encargada de igualdad entre hombres y mujeres, y Marie Lebec, responsable de Relaciones con el Parlamento, un puesto clave ante la ausencia de mayoría parlamentaria del partido de Macron.

La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) de Francia ha solicitado la imputación del expresidente francés Nicolas Sarkozy y varios de sus colaboradores por una posible financiación ilegal de la campaña presidencial de 2007 por parte de la Libia de Muamar Gadafi.

Esta misma semana, los investigadores financieros han interrogado al expresidente por un presunto soborno a un traficante de armas franco-libanés que le acusó de recibir dinero libio para su campaña de 2007. La Oficina Central de la Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales sospecha que Sarkozy presionó a Ziad Takkiedine para que retirase las acusaciones en su contra. En 2020 Takkiedine cambió radicalmente de versión y retiró las acusaciones.

El expresidente, además, está implicado en múltiples procesos judiciales y ha sido condenado dos veces, una en primera instancia y otra en apelación. El pasado 17 de mayo el Tribunal de Apelación de París confirmó la condena de tres años de prisión (incluido uno de internamiento que cumplirá bajo arresto domiciliario) por el llamado ‘caso de las escuchas’.

Sarkozy también fue condenado en 2021 por el llamado ‘caso Bygmalion’, relativo a un sistema de facturas falsas orquestado para manipular las cuentas de su campaña presidencial en 2012. El juicio de apelación de este caso tendrá lugar en noviembre.

Caso de las escuchas

En el caso de escuchas telefónicas, también llamado ‘caso Bismuth’, a Sarkozy se le acusa de haber intentado obtener de un magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert, información confidencial sobre otro proceso judicial en el que estaba implicado (en relación a donaciones realizadas por la heredera de la casa L'Oréal, Liliane Bettencourt, por el que Sarkozy finalmente no fue condenado).

La acusación se basa en escuchas telefónicas de conversaciones entre Nicolas Sarkozy y su abogado, Thierry Herzog, en dos teléfonos de prepago, comprados bajo el pseudónimo Paul Bismuth, que en realidad resultó ser un antiguo compañero de clase de Herzog. Sarkozy y su abogado sabían que la línea principal del entonces presidente había sido puesta bajo escucha en el marco de una tercera investigación judicial (la de la financiación libia). Las conversaciones entre ambos se centraron en el destino de las agendas presidenciales incautadas por los investigadores.

A cambio de información relativa al proceso, Sarkozy habría prometido intervenir en favor del magistrado para que éste obtuviera un puesto honorífico (y remunerado) en Mónaco. “Es cierto que las acciones no tuvieron las contrapartidas esperadas”, señaló el Tribunal de Apelación, ya que Azibert finalmente no consiguió el puesto en el principado. Pero el fallo insiste en “la gravedad del ataque a las instituciones” que suponen las acciones del antiguo jefe de Estado y recordó que en materia de corrupción o tráfico de influencias no es necesario que los hechos se materialicen, basta la mera intención de cometerlos.

Así, el Tribunal de Apelación de París confirmó la condena del expresidente de la República a tres años de prisión, uno de ellos en internamiento (que cumplirá en arresto domiciliario con un brazalete electrónico) por corrupción y tráfico de influencias. También se confirma su inhabilitación por tres años para ejercer sus derechos cívicos, lo que le impide votar y presentarse a elecciones. Los otros dos acusados, el abogado Thierry Herzog y el magistrado Gilbert Azibert, recibieron las mismas condenas y sus abogados han anunciado un recurso de casación que deja la decisión provisionalmente en suspenso.

Caso de la financiación libia

Casi al mismo tiempo que se publicaba la sentencia sobre las escuchas en mayo, la Fiscalía Nacional Financiera solicitaba una nueva imputación de Sarkozy por el caso libio. La Fiscalía sospecha que una parte de la campaña presidencial de 2007 fue financiada con fondos procedentes del régimen de Muamar Gadafi. Consultado por la Agencia France-Presse (AFP), el escrito de acusación, fruto de 10 años de investigación, afirma que existieron “circuitos opacos de circulación de los fondos libios que acabaron dando lugar a desembolsos en efectivo en un calendario y una cronología compatibles con un uso encubierto”.

Por eso recomienda que Sarkozy sea juzgado por “ocultación, malversación de fondos públicos, corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña y asociación para delinquir”. Asimismo, se solicita la inculpación de 12 de sus colaboradores de la época, incluidos los exministros Claude Guéant y Brice Hortefeux. Los jueces de instrucción disponen de un mes para decidir sobre la apertura del proceso.

Caso Bygmalion

El tercer gran proceso judicial que debe afrontar este año Nicolas Sarkoy es el de las cuentas de la campaña de 2012 o ‘caso Bygmalion’. La investigación y el juicio han expuesto un sistema de facturas falsas entre el partido de Sarkozy y la agencia de comunicación Bygmalion, encargada de organizar los numerosos mítines de campaña. El sistema tendría por objetivo ocultar que se había superado ampliamente el límite legal de gastos electorales autorizado por la ley.

“Que mi campaña de 2012 haya costado el doble que la de 2007 es inverosímil”, llegó a exclamar Sarkozy durante los interrogatorios. “La gente habría dicho: ‘Sarkozy se ha vuelto loco, ofrece caviar al público en sus mítines”.

Según los investigadores, no sólo se superaron los límites, sino que el expresidente fue informado de ello en marzo de 2012 mediante una nota que decidió ignorar, optando por aumentar el número de actos de campaña. “Al impulsar su campaña, Nicolas Sarkozy no respetó el valor esencial de la igualdad entre los candidatos. Que asuma hoy las consecuencias junto a quienes trabajaron para él”, resumió la Fiscalía en su escrito de acusación.

En septiembre de 2021, el Tribunal Penal de París condenó a Sarkozy a un año de prisión firme por “financiación ilegal de campaña”. Sarkozy y otros 12 de los 14 condenados han recurrido la decisión. El juicio de apelación comenzará el 8 de noviembre de 2023 y durará un mes.

Otras investigaciones en curso

Además, Nicolas Sarkozy está siendo investigado en el marco de otros dos casos. La Fiscalía mantiene abierta una investigación preliminar por “tráfico de influencias” desde 2020 en relación a una transferencia bancaria de 500.000 euros recibida por Sarkozy a principios de ese año como parte de un contrato de asesoramiento con el grupo asegurador ruso Reso-Garantia.

Según el medio Mediapart, que reveló la existencia de la investigación, “la justicia está tratando de verificar si el exjefe de Estado sólo actuó como consultor, lo que sería perfectamente legal, o si participó en actividades de lobby potencialmente delictivas en nombre de oligarcas rusos”.

Y este mismo año se autorizó la apertura de otra investigación preliminar por “violación del secreto de instrucción” a causa de un comunicado de prensa publicado por el Elíseo en 2011, durante la presidencia Sarkozy. En él se hacía pública información sobre el proceso judicial de Karachi, un caso de comisiones ilegales por la venta de material de defensa que se remonta a 1995. El expresidente podría ser objeto de una acusación por interferir en dicho proceso judicial.

Inmunidad y sobreseimiento

Además del horizonte judicial que tiene por delante, cabe recordar que ya ha dejado atrás varios procesos importantes. En el citado affaire Bettencourt, en el que estuvo acusado de abuso de confianza, tráfico de influencias y ocultación, el caso fue sobreseído en 2013. Mismo desenlace para otra investigación judicial abierta por las sanciones económicas impuestas por superar el límite de gasto de la campaña de 2012 (los hechos juzgados en el ‘caso Bygmalion’), que Nicolas Sarkozy debería haber reembolsado pero que inicialmente pagó con dinero del partido.

Sarkozy también se ha beneficiado de la inmunidad que corresponde al ejercicio de la presidencia en otros dos casos, el primero resultante de un arbitraje del Estado francés que concedió 404 millones de euros al empresario Bernard Tapie como compensación por las pérdidas que supuestamente sufrió en la venta de Adidas al banco Credit Lyonnais. El arbitraje, que se sospechaba parcial, fue anulado por los tribunales en 2015 y Bernard Tapie fue condenado a devolver el dinero. Christine Lagarde, que había dado luz verde al arbitraje como ministra de Economía, fue condenada en 2016 por “negligencia” por el Tribunal de Justicia de la República (que investiga los casos que envuelven a miembros del Gobierno).

También bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy se abrió una investigación que demostró la adjudicación irregular de varios contratos para realizar sondeos a empresas de dos asesores del presidente. En 2019, la justicia decidió sentar en el banquillo a seis acusados. El exsecretario general del Elíseo y exministro del Interior, Claude Guéant, fue condenado en enero de 2022 a ocho meses de prisión, de los que cumplió dos en internamiento en la prisión de la Santé en París.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido condenado en apelación a tres años de cárcel —dos exentos de cumplimiento— por un delito de corrupción cometido en 2014, la misma pena a la que fue sentenciado en marzo de 2021 en primera instancia.

Sarkozy, el primer ex jefe del Estado condenado a una pena de prisión efectiva, no ingresará en prisión, porque el tribunal precisó en su condena que puede cumplir la pena en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico.

El expresidente fue condenado en primera instancia en marzo de 2021 a tres años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento, por un delito cometido en 2014, dos años después de abandonar el poder.

Según la sentencia, el expresidente francés, con la ayuda de su abogado y amigo íntimo, Thierry Herzog, habría ofrecido a un magistrado del Tribunal Supremo, Gilbert Azibert, un empleo en Mónaco a cambio de recibir información sobre un proceso judicial que involucraba a Sarkozy. El tribunal consideró que hubo un “pacto de corrupción” entre los tres hombres. 

Durante el dictamen, el tribunal señaló que los delitos cometidos por Sarkozy son “de especial gravedad” por haber sido cometidos por un expresidente de la República, “alguien que ha sido garante de la independencia del poder judicial”.

El presidente ejecutivo de Mediaset, Borja Prado, cenó este miércoles con el expresidente del Gobierno José María Aznar y con el expresidente francés Nicolas Sarkozy en el restaurante Horcher de Madrid, según ha podido saber elDiario.es.

El encuentro a tres bandas en ese exclusivo establecimiento en la capital cobra relevancia en un momento en el que la figura de Prado, un hombre de la jet y del Ibex, ha salido a la palestra como responsable del giro ideológico de Telecinco, perteneciente a Mediaset.

Fuentes de la compañía de la familia de Silvio Berlusconi no han confirmado la existencia de ese encuentro, que entra dentro de la “agenda privada” de Borja Prado, ejecutivo del grupo mediático desde enero.

La cadena va a liquidar Sálvame de la parrilla de Telecinco para dar el hueco de las tardes a Ana Rosa Quintana, musa de las tertulias de la derecha. El evidente viraje de Telecinco ha provocado malestar en el Gobierno, en pleno año electoral, y tiene importantes implicaciones empresariales y políticas.

El detonante de este proceso fue la producción del documental de HBO Salvar al Rey, muy incómodo para la Casa Real, con la que Prado tiene hilo directo, y que reveló cómo el servicio secreto operó para proteger los escándalos del rey Juan Carlos I.

Prado llegó a la presidencia de Mediaset hace un año. Tras la salida de Paolo Vasile como ejecutivo, desde principios de 2023 tiene funciones ejecutivas en materia de relaciones externas e institucionales, asuntos jurídicos y regulatorios, auditoría interna, cumplimiento normativo y responsabilidad social.

“Asumirá las labores de apoyo y colaboración a la línea editorial de los programas informativos”, decía el comunicado de Mediaset que anunció su ascenso. Del día a día de la empresa se encarga el consejero delegado, Alessandro Salem, histórico de los medios de la familia Berlusconi.

Cabe recordar que durante la etapa de Prado en la presidencia de Endesa, la eléctrica fichó como asesor a José María Aznar. El expresidente español está muy vinculado al lobby Atlantic Council. En esta entidad trabaja Borja Prado Benítez, el hijo menor del actual presidente de Mediaset.

Prado montó en 2015 un fondo, Peninsula Capital, para gestionar patrimonio del fondo soberano de Qatar (QIA). Con sede central en Londres, Peninsula tiene como socios o asesores a, entre otros, el hijo del financiero, Javier Prado, y al hijo de Sarkozy, Jean Sarkozy.

En las semanas previas al Mundial la idea del boicot se planteó a menudo en los medios de comunicación franceses. Desde Éric Cantona a Virginie Despentes, diferentes figuras públicas criticaron “la aberración ecológica” y “la muerte de miles de personas” derivadas del evento deportivo. Varias ciudades, París incluida, anunciaron que este año no instalarían pantallas para proyectar los partidos. Sin embargo, una vez que el balón comenzó a rodar se disipó cualquier sombra de boicot y las audiencias que han seguido el avance del equipo francés hacia la final han superado las de 2018.

“Es verdad que ha habido elementos negativos para la imagen de Qatar, con el mundial se ha visto la estigmatización de la situación de los derechos humanos, las denuncias de las ONG sobre los trabajadores que han muerto en las obras o la prohibición de la bandera arcoíris”, analiza David Rigoulet-Roze, investigador asociado del Institut de Relations Internationales et Stratégiques, especializado en Oriente Medio. “Pero, como organizador del Mundial, el balance en términos de soft power para ellos va a ser globalmente positivo, porque el evento ha transcurrido sin graves incidentes y porque además se está aportando una imagen de solidaridad panárabe, por el apoyo del emir Tamir que a Marruecos y por la presencia tolerada de banderas palestinas, sabiendo además que Qatar financia Hamas desde hace tiempo en la Franja de Gaza”.

La Copa del Mundo ha servido también para que la imagen del emirato vuelva a estar en el centro de los debates en la opinión pública francesa, entre nuevas revelaciones, viejas polémicas y críticas a Emmanuel Macron por desplazarse a Doha. En realidad, la amistad franco-qatarí se remonta a más de medio siglo. En diciembre de 1971, con el final del protectorado británico, Abu Dhabi y otras seis pequeñas monarquías crearon la Federación de Emiratos Árabes Unidos, a la que Qatar no quiso sumarse.

Desde entonces el pequeño estado nunca ha dejado de buscar aliados para escapar a las limitaciones que le impone la geografía, y a la influencia de sus vecinos de Arabia Saudí e Irán. También se esforzaba por evitar la dependencia de Londres (tradicionalmente cercano a su rival, Bahrein) o Washington (próximo a Arabia Saudí). Para el emirato, apenas más grande que Córcega y lleno de recursos energéticos, Francia se perfiló desde un principio como un candidato ideal para aumentar su círculo de aliados.

La primera piedra de la relación París-Doha se firmó tres años después de la independencia, en 1974, con un primer acuerdo de cooperación económica que permitió a la empresa francesa Total consolidar sus posiciones en la región y a Qatar asociar una potencia occidental a sus proyectos de desarrollo petroquímico. Tres años antes las prospecciones habían descubierto un inmenso yacimiento submarino de gas natural, el North Field, en las aguas del golfo Pérsico que comparten Irán y Qatar.

Energía y defensa

En los años 80 y 90 continuaron tejiéndose lazos en los sectores de hidrocarburos, aviación (Airbus será proveedor privilegiado de Qatar Airways) y Defensa. Se estima que en 1985 las fuerzas armadas qataríes estaban equipadas en un 80% con material francés. El emir Jalifa bin Hamad al Thani pasaba cada vez más tiempo en Suiza o en sus apartamentos del Hôtel Crillon de París, bajo la protección del francés Paul Barril, exmiembro de la unidad antiterrorista del Elíseo, reconvertido en la seguridad privada.

En junio de 1995, el príncipe heredero Hamad aprovechó una estancia en Ginebra de su padre para deponerle y proclamarse emir en su lugar. El golpe de estado provocará algunas turbulencias en las relaciones entre los dos países. El nuevo emir afirmó su intención de convertir Qatar en una potencia gasística, explotando North Field con Irán, inquietando a Riad y Abu Dhabi.

La presencia de Barril, experto en operaciones encubiertas, en Abu Dhabi, complicó aún más la situación: el nuevo poder temía el regreso del viejo emir mediante un golpe de estado apoyado por Arabia Saudí y los EAU. En 2018, en una entrevista concedida a Al-Jazeera, Barril afirmaba haber recibido una llamada telefónica de Jacques Chirac, entonces presidente de la República, pidiéndole que se “dejase de tonterías” que “pudieran avergonzar a Francia”.

El episodio empañará durante varios años las relaciones entre ambos países. Chirac y su ministro de Exteriores, Hubert Védrine, se esforzaron en recuperar la confianza del emir Hamad. Ese trabajo permitió mantener a Total en las operaciones de extracción en North Field. En 2003, la oposición de París a la invasión de Irak consiguió acercar aún más a París y Doha: el discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU de Dominique de Villepin fue aplaudido y ampliamente difundido por Al Jazeera.

La era Sarkozy

Francia vuelve a establecer vínculos personales con la familia real y se establecen las bases para que durante todo el mandato de Nicolas Sarkozy la relación alcance una nueva dimensión. Uno de los hijos de Hamad, Joaan, es enviado a estudiar a la Academia de Saint-Cyr en lugar de a Sandhurst, tradicional destino de las élites del golfo.

En mayo de 2007, el emir fue el primer jefe de Estado extranjero recibido por el nuevo presidente francés. En ese desplazamiento el Elíseo confirmó la venta de ochenta aviones A350, valorados en 16.000 millones de dólares. Unas semanas después, Qatar colaboró en la mediación del presidente francés en la liberación de las enfermeras búlgaras detenidas por el régimen de Gadafi.

En enero de 2008, Nicolas Sarkozy realizó su primer viaje a Doha y anunció una modificación del artículo 17 del tratado fiscal entre ambos países. Esas nuevas disposiciones eximen a los qataríes del impuesto sobre dividendos y plusvalías inmobiliarias obtenidas en Francia. El acuerdo pasó relativamente desapercibido, pero marcaba la entrada de Qatar en el corazón del capitalismo francés.

Bajo el mandato de Sarkozy la presencia en la sociedad francesa del aliado del golfo se multiplicó, con la compra del PSG, del Prix de l'Arc de Triomphe de caballos, la adquisición de hoteles de lujo (como el Royal Monceau o el Carlton de Cannes) o la entrada en el sector audiovisual con el lanzamiento del canal Al Jazeera Sport, rebautizado BeIN Sports. Además, a través de grupos de inversiones, Qatar entró en el accionariado de los grupos Lagardère y Accor, así como en LVMH, Total Veolia o las galerías Printemps, entre otros.

“En plena crisis financiera de 2007-2008 Qatar, con sus miles de millones, se convirtió en un actor interesante”, explicaba recientemente Christian Chesnot, autor de varias investigaciones sobre Qatar, en los micrófonos de la emisora RFI. “Los qataríes han invertido 25.000 millones de euros en territorio francés. En realidad, es menos que en el Reino Unido (45.000 millones), sin embargo no tienen la misma relación estrecha con Londres que con París”.

En los años de Sarkozy, las recepciones del embajador qatarí en Francia, Mohamed Jaham Al-Kuwari reunían a la flor y nata de los dos grandes partidos de entonces, socialistas y derecha gaullista. Una relación que hoy encuentra muchos ecos en la actualidad, con el llamado Qatargate. En el libro de 2016 Nos très chers émirs, Chesnot y Georges Malbrunot se hacen eco de un enfado de Al-Kuwari ante la codicia de sus invitados. “Pero estos políticos franceses, ¿se creen que mi despacho es una máquina de billetes de 500 euros o qué?”.

Hollande y Macron

“En realidad es una cuestión que va más allá de Qatar, son muchas las petromonarquías que operan así”, explica Rigoulet-Roze. “Cuando al mismo tiempo existen intereses poderosos y mucho dinero eso provoca situaciones como la que ha ocurrido en el Parlamento Europeo. Porque esos países están convencidos de que todo tiene un precio, de hecho, no entienden cuando la gente declina una oferta financiera generosa, simplemente creen que tal vez no hayan propuesto la cantidad suficiente”.

En 2012, elegido con un discurso antiélites económicas, François Hollande intentó distanciarse de los excesos de la era Sarkozy, sin renunciar a la amistad qatarí. El nuevo presidente no tocará el famoso artículo 17 del convenio fiscal (como tampoco lo hará Emmanuel Macron). Y la ascensión de Tamir a la jefatura de Estado en Qatar en 2013 no cambiará excesivamente la dinámica. No obstante, Macron y Hollande han marcado -hasta cierto punto- las distancias con Doha y han buscado nuevos apoyos en la región.

“Con François Hollande hubo una mayor orientación hacia Arabia Saudí, lo que al final fue menos fructífero en lo relativo a grandes contratos, como el del metro de Riad que finalmente fue para un consorcio español [FCC]”, dice Rigoulet-Roze. “Y, en cuanto a Macron, hay una orientación más marcada hacia los EAU; en líneas generales se puede decir que Macron es más próximo a MBZ [Mohammed ben Zayed] que a Qatar o Arabia Saudí, aunque existen igualmente acuerdos estratégicos con estas dos petromonarquías”.

Algunos aliados de Qatar también complican la relación con París -y Washington- en relación a su apoyo a grupos como Hamas o los Hermanos Musulmanes. Hasta el punto de que Macron señaló tanto a Qatar y a Arabia Saudí como “estados que habían financiado indirectamente el terrorismo” en una entrevista a la revista Le Point.

El juicio ante el tribunal de apelación de Nicolas Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias en el llamado ‘caso de las escuchas’ ha quedado visto para sentencia esta semana. Sarkozy, su abogado Thierry Herzog y el antiguo magistrado Gilbert Azibert comparecieron de nuevo ante los jueces después de apelar la decisión en primera instancia que les condenaba a tres años de cárcel –incluido uno de prisión obligatoria– por corrupción, tráfico de influencias y, en el caso de Herzog y Azibert, también por un cargo de violación del secreto profesional. El veredicto convirtió a Sarkozy en el primer expresidente de la República francesa condenado a una pena que implicase su entrada en prisión.

En la apelación, la Fiscalía ha eliminado el año de prisión obligatoria de su petición, aunque ha mantenido los tres años de condena. Además, los fiscales solicitan una prohibición de cinco años para ejercer derechos cívicos para Sarkozy y Azibert (implica la imposibilidad de presentarse a cargos públicos y al voto, entre otras cosas) y mantienen la inhabilitación durante el mismo periodo que impediría a Herzog ejercer la abogacía. La sentencia definitiva se conocerá el 17 de mayo de 2023. En el primer juicio la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) había solicitado cuatro años de cárcel, con dos de prisión obligatoria, para los tres acusados.

El caso se basa en el contenido de las conversaciones telefónicas entre Nicolas Sarkozy, alias Paul Bismuth, con su abogado y amigo Thierry Herzog a principios de 2014. El nombre de Paul Bismuth corresponde a un compañero del colegio de Herzog que el letrado utilizó en una tienda de Niza para registrar los dos teléfonos móviles con los que Sarkozy y él se comunicaban. El presidente y su abogado sospechaban –correctamente– que la línea principal de Sarkozy había sido intervenida en el marco de la investigación sobre la presunta financiación de la campaña presidencial de 2007 por parte de la Libia de Gadafi.

Sin embargo, una frase en una de las conversaciones en esa línea principal –“llámame al otro teléfono”– puso en alerta a los investigadores. El contenido de los diálogos en esa línea alternativa es la base de los cargos que valieron al exjefe de Estado, a su abogado y al exmagistrado Gilbert Azibert la condena en primera instancia. Se trata de 24 conversaciones entre Sarkozy y Herzog en las que discuten sobre el desarrollo del llamado ‘Affaire Bettencourt’, en el que Sarkozy estaba implicado por una posible financiación ilegal de su campaña con dinero de la multimillonaria Liliane Bettencourt, heredera del grupo L'Oréal. El caso contra Sarkozy fue sobreseído.

Agendas incautadas

El problema es que la Fiscalía había requisado varias agendas de Sarkozy que, pese al sobreseimiento, éste temía que fueran utilizadas en sus otras causas penales. Herzog informó a su cliente regularmente sobre la cuestión gracias a los conocimientos privilegiados del caso que le llegaban por su relación con Azibert. A cambio de esa información, según la acusación, el magistrado debía recibir el apoyo del exjefe de Estado para obtener un puesto honorífico –y remunerado con 5.000 euros anuales– en la judicatura del Principado de Mónaco.

El contenido de los mensajes ya se había leído en el primer juicio, pero durante la audiencia del pasado 6 de diciembre se escucharon por primera vez en el tribunal. “Me ha hablado de algo en Mónaco”, explica Thierry Herzog en uno de los fragmentos, “una oferta de trabajo a la que se ha presentado, al parecer está bien situado pero quizá haya que echarle una mano”. “¿Quiere trabajar en Mónaco?”, responde Sarkozy, “no te preocupes, dile que yo me encargo porque voy a Mónaco y voy a ver al príncipe”.

Cada detalle de estas conversaciones ha sido escrutado por la defensa y la acusación en sus alegatos, a menudo con interpretaciones opuestas. La acusación sostiene que Sarkozy y Herzog no se limitaron a intentar obtener información, sino que también buscaron influir en la decisión del tribunal a través de Azibert, de ahí el delito de tráfico de influencias que se les imputa. La defensa, por su parte, no percibe más que “conversaciones intrascendentes” entre “un cliente preocupado y su abogado afectuoso”.

Una de las principales líneas de la defensa es precisamente que las comunicaciones entre abogado y cliente nunca deberían haber sido admitidas como prueba. Jacqueline Laffont, abogada de Sarkozy en la causa, mencionó la evolución reciente de la jurisprudencia nacional y europea, que en general está reforzando la protección del secreto de las conversaciones entre un abogado y su cliente. “Estas escuchas que nos traen aquí no podrían existir hoy. Así que podemos evitar una condena a Francia”, añadió, en relación al probable recurso que la defensa presentará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si los jueces de apelación confirman la culpabilidad de los acusados.

“Llegaré hasta el final”

Tanto la fiscalía como el tribunal que juzgó la causa en primera instancia consideran irrelevante el hecho de que Gilbert Azibert no obtuviera finalmente un puesto en el Mónaco ni que el tribunal que juzgaba el caso Bettencourt fallara en contra de los intereses de Sarkozy en lo relativo a la agenda. De acuerdo con la ley, han explicado, no es necesario que haya una contrapartida para que se produzca la corrupción y “el delito de tráfico de influencias no se mide por su resultado”. 

Nicolas Sarkozy se ha esforzado ante el tribunal por reivindicar su inocencia “con la mayor firmeza”, así como su intención de limpiar su “honor”, negando “haber corrompido a nadie”. “Siempre he odiado la injusticia, señora presidenta”, ha explicado Sarkozy al tribunal, “por eso llegaré hasta el final y no pediré perdón por un delito que no he cometido; lucharé hasta el fin porque soy inocente”.

Para el ex Jefe de Estado francés este caso es solo una parte del entramado de acusaciones judiciales en el que se halla inmerso. Múltiples inculpaciones pesan sobre él, incluidas la presunta financiación libia de su campaña de 2007 y la condena en septiembre de 2021 -que también implica un año de prisión obligatoria- en el llamado caso Bygmalion, relativo a su campaña de 2012. En este último tiene programado otro juicio de apelación para noviembre de 2023.

El 23 de noviembre de 2010, tres semanas antes de que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunciase la atribución del Mundial de 2022, se organizó una comida en el Palacio del Elíseo. Alrededor de la mesa se sentaron el presidente francés Nicolas Sarkozy, el entonces príncipe heredero de Qatar Tamim Al Thani (actual emir), su primer ministro, Hamad Bin Jassem y el presidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), Michel Platini. Diez años después, el contenido de las discusiones que tuvieron lugar en aquella reunión está en el centro de una investigación de la Fiscalía Nacional Financiera francesa (PNF) por sospechas de “corrupción activa y pasiva”, “blanqueo” y “encubrimiento”.

La Justicia sospecha que el encuentro sirvió para sellar un pacto: el apoyo de Michel Platini a la candidatura de Qatar a cambio de la generosidad del emirato con varios intereses estratégicos franceses que incluirían un gran contrato de defensa, la compra del PSG y la entrada de fondos de inversión qataríes en el accionariado de grandes empresas galas, además de ciertas ventajas personales para los participantes.

En las semanas previas al arranque del Mundial, se han filtrado y publicado en varios medios de comunicación franceses partes del sumario. Diversas piezas de esa presunta operación de lobby de Estado orquestada desde el Elíseo, con la influencia de Michel Platini en el Comité Ejecutivo de la FIFA como principal moneda de cambio. Por el momento, el expresidente Sarkozy, imputado en otras causas judiciales, aún no ha sido interrogado por los magistrados de este caso, a diferencia de sus colaboradores presentes en el almuerzo. 

Porque, además de Sarkozy y Platini, el secretario general del Elíseo, Claude Guéant y la asesora de Sarkozy en materia deportiva, Sophie Dion, aparecen en la lista de comensales en varios documentos oficiales. Ambos han negado públicamente haber participado en ese almuerzo, pero los diarios Le Monde y Libération evocan varios testimonios recogidos en el sumario que los sitúan en el comedor del Elíseo.

El cambio de opinión de Michel Platini

Triple balón de oro y leyenda del equipo nacional francés, Platini ha recibido las atenciones de todos los presidentes franceses desde Giscard a Macron. Nicolas Sarkozy, gran aficionado al fútbol, tenía una relación especialmente cómplice con el exjugador de la Juventus, convertido en jefe de la UEFA y miembro influyente del comité ejecutivo de la FIFA. Según revelan Le Monde y Mediapart, Sophie Dion subraya en una nota dirigida a Sarkozy que “Platini tiene una influencia significativa en el voto de los miembros de la FIFA”, aunque advierte que “podría ser reacio a la candidatura de Qatar”.

Platini defiende hoy que su decisión de votar por el emirato estaba tomada antes del encuentro en el Elíseo. Sin embargo, numerosos testimonios de la investigación contradicen esta versión y apuntan que iba a votar por la candidatura de Estados Unidos (país que mantiene abierta otra investigación judicial sobre la atribución de la Copa del Mundo) hasta el punto de expresar cierto “desprecio” por la de Qatar que, debido a sus temperaturas estivales y falta de infraestructuras, había recibido la calificación más baja en los informes técnicos de la FIFA. “Recuerdo que en un desayuno en Johannesburgo [en 2010] el señor Platini nos dijo que si los mundiales se atribuían a Rusia [en 2018] y después a Qatar, sería el fin de la FIFA en términos de imagen”, declaró su jefe de gabinete, Kevin Lamour, a los investigadores, según revela Libération.

En una entrevista para la televisión francesa en 2014, el propio Platini reconocía presiones desde la jefatura de Estado: “Me pareció entender que Francia estaría contenta si yo votaba por Qatar; al fin y al cabo no era el presidente de Australia el que estaba sentado en la mesa [...] Pero nadie me lo pidió, más bien me lo dieron a entender”. En la misma entrevista, Platini repite que la decisión de votar en favor del emirato ya estaba tomada, algo que contradicen las declaraciones de Sepp Blatter. “La historia ha demostrado que la presión del presidente francés sobre un miembro de la FIFA cambió el voto para el Mundial 2022”, aseguró en el programa de la televisión pública francesa Complément d'Enquête. 

Según revela el mismo programa, Blatter confirmó esta declaración a la fiscalía en 2017, durante la investigación preliminar: “Platini me dijo: '¿Qué harías tú si tu presidente te pidiera algo así?'. Le contesté que en Suiza no tenemos presidente”. De acuerdo con la versión de Blatter, Platini habría influido en varios representantes europeos en el comité ejecutivo de la FIFA: al menos cuatro votos europeos que, a la postre, inclinaron la balanza a favor de Qatar (el emirato consiguió la Copa del Mundo -para sorpresa general- por 14 votos frente a ocho de Estados Unidos). 

Infraestructuras y defensa

A su llegada al poder en 2007, Nicolas Sarkozy se esforzó por ampliar los vínculos entre Francia y Qatar. La Justicia cree que esos intereses militares y diplomáticos franceses motivaron el apoyo a la candidatura qatarí. Una de las notas de la célula diplomática recuperadas de los Archivos Nacionales, y citada por Le Monde, recomienda que durante la comida del 23 de noviembre de 2010 debían tratarse “otros temas bilaterales” con Qatar, país que “tiene los medios financieros para llevar a cabo sus ambiciones”, ya que posee la “tercera reserva de gas del mundo”. 

En este documento también se mencionan las “principales perspectivas de venta de armas”, en particular “los aviones de combate” de Dassault. También se subraya que “el comité de selección qatarí” estudiaba “la posibilidad de adquirir entre veinticuatro y treinta y seis cazas Rafale (por un importe de entre 3.000 y 4.000 millones de euros)” para sustituir los Mirage que ya poseía. La transacción se llevaría a cabo aunque no se concretó hasta 2015, ya bajo la presidencia de François Hollande, con la venta de 24 Rafale por 6.300 millones de euros. 

Además, varias notas del gabinete de la presidencia hacen referencia a diversos contratos potenciales para empresas francesas ligadas a la construcción de infraestructuras para la Copa del Mundo en Qatar. Una nota de la delegación interministerial de inteligencia económica, del 10 de diciembre de 2010, evoca los “45.000 millones de dólares que serán licitados próximamente como colaboraciones público-privadas” y propone “poner marcha los dispositivos de apoyo a las empresas francesas para estos contratos estratégicos”.

Diplomacia deportiva

En cuanto a Qatar, la candidatura para ser sede del Mundial formaba parte de una estrategia de diplomacia e imagen a través del deporte, especialmente en el fútbol. La comida en el Elíseo tuvo lugar solo seis meses antes de que se formalizase la adquisición del Paris Saint-Germain (PSG) por parte del fondo Qatar Sports Investments (QSI) y 18 meses antes del aumento de la participación de Qatar Holding LLC en el capital del grupo Lagardère y del lanzamiento en Francia del canal BeIN Sports.

Sarkozy, seguidor del club de la capital, es además amigo personal de Sébastien Bazin, representante en Europa del fondo estadounidense Colony Capital, entonces propietario del PSG. Bazin, que hoy ocupa el cargo de director general del grupo hotelero Accor (del que Qatar posee el 10,2%), buscaba un comprador para el club, que por entonces tenía importantes deudas y una reputación dañada por los graves incidentes protagonizados por sus ultras. Para entonces, Emiratos Árabes ya se había hecho con el control del Manchester City y la entrada de Qatar se perfilaba como una solución ideal para deshacerse del club. 

En otra de las investigaciones publicadas estas últimas semanas, Mediapart ha revelado mensajes de texto enviados por Sébastien Bazin, que fue interrogado esta primavera por los jueces de instrucción. En uno de ellos, Bazin aseguraba a sus socios: “NS acaba de llamarme, va a comer hoy con S.A Tamin en el Elíseo... Le di los mensajes clave”. El día después: “NS ha vuelto a llamar a S.A. [...] confirma que el acuerdo se producirá después del 2 de diciembre [fecha del anuncio de la sede del Mundial 2022]”. 

El entorno de Sarkozy

En los meses y años posteriores, Qatar multiplicará sus gestos hacia el entorno de Nicolas Sarkozy. Según revela la misma investigación de Mediapart, citando un informe de la Oficina de Lucha contra la Corrupción (Oclciff), el emirato contrató al Grupo ZNZ, una empresa propiedad del comunicador François de La Brosse, que había trabajado en la campaña presidencial de Sarkozy en 2007 y que luego fue asesor del Elíseo. Los investigadores sospechan que la operación está ligada a la financiación de los gastos de la campaña electoral (que se sitúa en el centro de otras causas judiciales). De hecho, esa parte del sumario ha sido transferida en febrero de 2020 a otra investigación, que se ocupa de la posible financiación libia de la campaña de Sarkozy en 2007.

En marzo de 2012, la asesora de Nicolas Sarkozy, Sophie Dion, participó en la creación de un máster de ética y seguridad en el deporte, una colaboración entre la Universidad París-I Panthéon Sorbonne (donde era profesora titular de derecho deportivo) y una fundación de derecho privado qatarí, el Centro Internacional de Seguridad para el Deporte. Por su parte, el hijo de Michel Platini, Laurent, fue contratado como asesor de Pilatus Sport MGMT, un holding propiedad del fondo qatarí QSI, que gestiona la marca de equipamiento Burrda Sport, de la que se convirtió en director general un año después.

En 2012 Qatar también acudió al rescate de otra persona muy cercana a Nicolas Sarkozy, el empresario Arnaud Lagardère. Qatar Holding adquirió una participación del 12,8% en el grupo Lagardère, que ya entonces atravesaba dificultades (otra parte sería posteriormente adquirida por el grupo de Vincent Bolloré). Hoy Sarkozy forma parte del consejo de administración de Lagardère y del grupo Accor, donde es presidente del comité de estrategia internacional. 

Unos meses después de su derrota en las presidenciales de 2012, Sarkozy reapareció en Qatar en un fórum sobre el deporte, Doha Goals, financiado por el Qatar National Bank y organizado por Richard Attias, marido de su exesposa Cécilia. “Yo aplaudí la decisión [de conceder el mundial a Qatar], yo apoyé esa decisión”, dijo entonces el expresidente.

Desde hace nueve años, la Justicia sigue el rastro del dinero procedente del régimen libio de Muamar Gadafi en el entorno de Nicolás Sarkozy. Fondos que habrían servido para financiar su campaña presidencial de 2007. Desde hace una década, la prensa francesa documenta, además, pequeñas piezas de un complejo entramado de relaciones oficiales y diplomacia paralela entre París y Trípoli que se prolongó desde 2005 hasta 2011, año de la intervención militar internacional –liderada entre otros por Francia– y de la caída del dictador. Nuevas pruebas encontradas a raíz de otro caso paralelo de corrupción debilitan aún más la defensa del expresidente francés.

Durante los últimos años de la presidencia de Jacques Chirac, Sarkozy y sus aliados más cercanos utilizaron su posición en el Gobierno para crear lazos con el país norteafricano, que salía de décadas de sanciones y embargo internacional. Se tejió entonces supuestamente una complicada red de favores, contratos y flujos de dinero que la justicia trata ahora de desentrañar. Sarkozy hizo su primera visita oficial cuando aún era ministro del Interior y cultivó la relación con el jefe de Estado libio que continuó después de su victoria en las elecciones presidenciales francesas de 2007, como demuestra la recepción a Gadafi ese mismo año, cuando instaló su jaima en el jardín del Hôtel Marigny, residencia de los invitados oficiales de la presidencia.

El rompecabezas de intermediarios e intereses del caso de la financiación libia que tratan de recomponer los investigadores suma ahora nuevas piezas, gracias a un disco duro y una memoria USB que ha estado 11 años en los armarios de la fiscalía anticorrupción, requisados como parte de otra investigación diferente, según revela Mediapart. Pruebas descubiertas este verano y que debilitan una de las líneas de defensa de Nicolas Sarkozy. 

El expresidente francés se enfrenta hoy a una acusación formal por corrupción pasiva, financiación ilegal de una campaña electoral y recepción de fondos públicos libios por la que fue detenido e interrogado en 2018. A esos cargos se añadió en 2020 el de asociación ilícita. No es el único proceso judicial en el que se encuentra inmerso. Sarkozy ya fue condenado en septiembre del año pasado a una pena de un año de prisión por la financiación ilegal de su campaña de 2012, en el llamado caso Bygmalion. Precisamente esta semana se ha anunciado la fecha del proceso de apelación, que comenzará el próximo 8 de noviembre. Se trataba, además, de la segunda condena a Sarkozy en menos de un año, ya que en marzo de 2021 un tribunal le condenó a tres años por corrupción y tráfico de influencias en el llamado “caso de las escuchas”.

Un disco duro y una memoria USB

Las autoridades hallaron los dispositivos en armarios sellados, incautados en 2011 en el marco del caso Karachi (otro escándalo de Estado alrededor de comisiones en varios contratos de defensa firmados con Pakistán). Contienen los archivos personales de Thierry Gaubert, empresario condenado por el caso Karachi e imputado también en la investigación sobre Libia.

Los agentes de la oficina anticorrupción de la policía judicial habrían encontrado en su interior múltiples documentos que mencionan las iniciales “NS” en las notas de Gaubert (“cena NS”, “regalo NS” o “reunión NS”). Sarkozy ha negado en múltiples ocasiones, ante los jueces y la prensa, tener relación alguna con Gaubert, al que afirma no haber visto desde 1996. Como señala Mediapart, los documentos suponen la prueba de que el exjefe de Estado “mintió” y de que trataba regularmente a Gaubert, a veces por mediación del exministro del Interior Brice Hortefeux, que también aparece como “B” o “BH” en las notas del empresario.

Los archivos son un registro “de toda la diplomacia paralela y los asuntos ocultos del gabinete Sarkozy”, añaden los autores del artículo. En particular una nota, fechada en enero de 2006 y etiquetada como “NS-campaña”, está además asociada a un correo electrónico en el que le desea “buen viaje” a Ziad Takieddine, personaje clave en la red de intermediarios entre Sarkozy y Gadafi, transformado después en principal acusador del expresidente francés.

Takieddine fue supuestamente el encargado de transmitir los mensajes necesarios para iniciar la normalización de las relaciones. En comunicación con los antiguos ministros de Sarkozy Claude Guéant y Brice Hortefeux (ambos imputados en el caso), Takieddine participó en conversaciones sobre intereses políticos y económicos, incluyendo contratos de hidrocarburos, defensa y tecnología. Guéant, que ocupó la Secretaría General del Elíseo y el ministerio del Interior, ya ha sido condenado a penas de cárcel en dos otros escándalos ocurridos durante la presidencia de Sarkozy. 

Ahora uno de los documentos hallados en la memoria y el disco duro viene a confirmar las “interacciones secretas” de Guéant y Hortefeux con Takieddine y Gaubert, según Mediapart. Varios testimonios recogidos por los investigadores habían mencionado reuniones entre los dos colaboradores cercanos de Nicolas Sarkozy y los intermediarios Takieddine y Gaubert, confirmadas ahora por un correo electrónico y una nota con fecha de 2006. 

Acceso al Ministerio del Interior

De autentificarse, supondrían un golpe adicional a la defensa de Sarkozy, que siempre ha afirmado que todas las acusaciones fueron fabricadas después de 2011, como venganza por su papel en la intervención en suelo Libio.

Además la memoria y el disco duro prueban que Takieddine habría sido recibido en varias ocasiones en el Ministerio del Interior, bajo la presidencia Sarkozy. “Los archivos de Gaubert demuestran que, pese a la distancia que el entorno de Sarkozy quiere poner con Takieddine, el intermediario estaba en el corazón de la maquinaria del Elíseo sobre Libia”, continúa la web de noticias. 

También habría rastro de un mensaje enviado por este último en 2009 a Thierry Gaubert, relativo a una reunión secreta entre Claude Guéant y el hijo de Gadafi, Saïf al-Islam (buscado desde 2011 por la Corte Penal Internacional, sospechoso de crímenes contra la humanidad). Precisamente Al-Islam fue el primero en lanzar la acusación contra el entonces presidente galo, en ese mismo 2011. “Sarkozy tiene que devolver el dinero que tomó de Libia para financiar su campaña electoral. Nosotros lo financiamos y tenemos todos los detalles y estamos dispuestos a revelar todo”, declaró entonces en una entrevista en Euronews.

En 2011, la subida del coste de las materias primas agrícolas auguraba un aumento de los precios de productos de primera necesidad. Aquella primavera, la situación se tradujo en un repentino aumento de artículos como el café, las galletas, el aceite, el queso, el pan o la mantequilla, y eso llevó al Gobierno de Nicolas Sarkozy a buscar medidas de urgencia para tranquilizar a los hogares, preocupados además por la subida del precio de la energía y el paro.

Así que, para hacer frente a esta situación, el ejecutivo anunció un acuerdo con nueve de las principales cadenas de supermercados del país para que ofrecieran a sus clientes una serie de productos básicos a precios bajos. Bautizada como “cesta de los esenciales” (panier des essentiels, en francés), la medida de Sarkozy ha sido recordada después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz planteara en una entrevista en elDiario.es un acuerdo con las distribuidoras para limitar los precios de alimentos básicos como el pan o la leche.

En la experiencia francesa, que a diferencia de la propuesta de Díaz no suponía acordar un precio máximo para productos básicos sino en realizar ofertas, las marcas firmantes del convenio –voluntario y sin ningún tipo de obligaciones legales ni limitaciones– seleccionaban una propuesta semanal de diez productos básicos y saludables: carne, pescado, algunas bebidas, productos lácteos, frutas y verduras de temporada. Todo ello a precios “atractivos” (en torno a 20 euros por cesta). El objetivo declarado entonces por el secretario de Estado de Consumo, Frédéric Lefebvre, principal impulsor del convenio, era que “todos los franceses pudieran llevar una dieta equilibrada con productos de calidad”, esperando que cada cesta permitiese elaborar tres comidas para cuatro personas.

La medida fue recibida ya entonces con bastante escepticismo por parte de las asociaciones de consumo. La principal agrupación de consumidores rurales de Francia, Familles Rurales, “se congratuló por la iniciativa”, pero desde el principio expresó dudas sobre su aplicación. Otras, como UFC-Que choisir, fueron aún más críticas y expresaron su “amarga decepción” por una “medida efectista, al servicio de la gran distribución y la comunicación gubernamental”. 

Falta de etiquetas y de seguimiento

Solo unos meses después del anuncio, una investigación realizada por esta organización en diez hipermercados parisinos apuntó “una desvinculación total de la gran distribución” con la medida: ocho de los comercios no tenían expositores ni menciones sobre el panier des essentiels. Y los dos que sí no cumplían el objetivo fijado por el Gobierno, ya que los productos elegidos para la cesta no eran los más adecuados, ni en términos de precio ni de valor nutricional.

El análisis fue confirmado por otra asociación de consumidores, Consommation Logement Cadre de vie (CLCV), que realizó varios seguimientos sobre la implantación y continuidad que confirmaron la débil adhesión por parte de los distribuidores. Por ejemplo, un año después de su creación y pese a que el Gobierno había anunciado su prolongación, la cesta de productos básicos había sido “prácticamente abandonada por los supermercados”: en el 59% de los 214 comercios visitados no había ningún cartel ni etiqueta que permitiera a los consumidores identificar los productos. 

Desde un principio las asociaciones habían señalado fallos de concepción en la medida, empezando por el hecho de que no incluyese ninguna obligación ni ningún sistema de monitorización, además de considerar el número y la selección de productos como insuficiente. Por otro lado, reclamaban que se atajasen problemas más profundos, como “una mayor transparencia en el proceso de formación de los precios” y que el Observatorio de Precios y Márgenes, entidad dependiente de los ministerios de Economía y Agricultura, examinase los márgenes netos para analizar el reparto del valor añadido a lo largo de la cadena de suministro“. 

Qué hacen ahora los supermercados

De vuelta a 2022, en un contexto similar de aumento de los precios, las cadenas no han esperado al Gobierno para desplegar sus estrategias. En primavera, Supermercados E.Leclerc lanzó una campaña “destinada a proteger el poder adquisitivo de los franceses mermado por la inflación” congelando el precio de 234 productos, etiquetados como esenciales, hasta el 4 de diciembre. 

Lo cierto es que la subida de los precios al consumo se ha vuelto a acelerar en los últimos meses en Francia, alcanzando el 6,1% en un año. En este contexto, la iniciativa de E.Leclerc ya ha sido seguida por Carrefour, que en agosto presentó su propia versión con el “plan anti-inflación de 100 productos de uso cotidiano” durante cien días. 

Estas promociones presentan varias ventajas potenciales para las marcas. Como señala Philippe Moati, profesor de Economía en la Universidad de París y cofundador del Observatorio Sociedad y Consumo (ObSoCo), “la gran distribución se basa en el descuento, el argumento del precio bajo; desde siempre, los minoristas han competido en esta guerra de precios para intentar innovar y convencer a los consumidores de que les elijan a ellos en lugar de a la competencia. Lo que no tiene precedentes es quizás la respuesta a estos anuncios: gracias a la inflación, E.Leclerc y Carrefour han encontrado mucho eco en los medios de comunicación, que han difundido especialmente su iniciativa”.

Por otro lado, estas medidas ayudarán a las cadenas en las negociaciones con el ministro de Economía, Bruno Le Maire, que el pasado junio anunció que el ejecutivo se asegurará de que las empresas francesas que se han beneficiado de la elevada inflación utilizan parte de sus beneficios para aliviar el poder adquisitivo de los hogares.