Uno de los pocos discursos que el presidente Gabriel Boric ha logrado mantener intacto –con palabras y acciones– durante los 13 meses que lleva de mandato es la defensa acérrima de los derechos humanos, sin dudar en posicionarse contra los gobiernos que los violen, sean del color político que sean.

“Chile promoverá siempre el respeto de los derechos humanos, en todo lugar y sin importar el color del gobierno que los vulnere”, dijo el 11 de marzo de 2022, tras pisar por primera vez el palacio de La Moneda como mandatario. A pesar de las polémicas que desata su posición tanto dentro como fuera del país, toma cada oportunidad que se le presenta para insistir en el tema.

Boric aprovecha foros y cumbres internacionales para llamar la atención del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, que desde 2018, cuando estallaron las masivas protestas en su contra, han reprimido con dureza a manifestantes y disidentes políticos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 355 personas fueron asesinadas durante las movilizaciones y hay miles de exiliados.

En la XXVIII Cumbre Iberoamericana celebrada en República Dominicana hace un par de semanas, Boric instó a no “callarse” ante la “dictadura familiar” nicaragüense. En enero, en el marco de su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), emplazada en Buenos Aires, exigió la liberación de los opositores “detenidos de forma indigna” en Nicaragua. Antes, en septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, había pedido que “en ningún lugar del mundo, tener distintas ideas del Gobierno de turno pueda terminar en persecución o vulneración de derechos humanos”.

A mediados de febrero, Ortega retiró la nacionalidad a 94 ciudadanos, entre ellos escritores, activistas, políticos o religiosos, a quien acusó de “traición a la patria” y etiquetó de “prófugos de la justicia”. Antes lo había hecho con otros 222 presos políticos liberados y expulsados a Estados Unidos.

“No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto”, escribió entonces Boric en sus redes después de que la Cancillería chilena también condenara con dureza la decisión de Ortega, abriera las puertas de Chile a los afectados y les ofreciera la nacionalidad chilena. Una oferta que recogió la escritora y poeta Gioconda Belli, una de las expulsadas, que vive desde hace tres años exiliada en Madrid: “Si hay otro país que siento con todo mi corazón como cercano es Chile”, dijo. También España, Argentina y Colombia ofrecieron la nacionalidad a los nicaragüenses.

“El Gobierno chileno opera solo”

La defensa radical y explícita de los derechos humanos y el repudio de los regímenes latinoamericanos conocidos a menudo como 'vieja izquierda', como Nicaragua, Venezuela y Cuba –aunque criticados con menos dureza–, es una de las principales diferencias entre Boric y sus homólogos progresistas de la región.

“Hay una diferencia importante en el tono de Alberto Fernández, en Argentina; López Obrador, en México; y Petro, en Colombia, porque no condenan y no tienen la misma posición que Boric respecto a la deriva autoritaria de países como Nicaragua, Venezuela y Cuba”, dice la directora de la Escuela Gobierno y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Lorena Oyarzún. “El Gobierno chileno opera solo; los otros países de la región no critican con contundencia las vulneraciones de derechos humanos en países amigos o aliados o bien permanecen en silencio”, añade el experto en Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado Octavio González. Según él, hay actitudes “timoratas” en el Gobierno mexicano y colombiano.

Un silencio que ha sido enmendado en público por Boric, al cuestionar el “doble estándar” de los gobiernos latinoamericanos que se consideran progresistas: “Me molesta cuando eres de la izquierda y condenas la violación de los derechos humanos en Yemen o El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua”, dijo durante un acto en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.

Hace pocos días el presidente chileno reconoció que la relación con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, “no es fácil”. Maduro tampoco ha ahorrado reproches en público en contra del exlíder estudiantil: desde afirmar que hay “más de 2.000 presos políticos jóvenes”, hasta calificar a su gobierno de “repudiado y rechazado”. Aunque el caso de Cuba es el más tibio de los tres, Boric ha lanzado dardos en contra de su presidente: “Me pongo del lado del pueblo cubano que está protestando en contra de Díaz Canel”, sostuvo en un debate de primarias presidenciales en julio de 2021, cuando la isla se oponía a la gestión de la pandemia y la escasez de alimentos. “No hay que elegir entre condenar el bloqueo y condenar las violaciones a los derechos humanos”, añadió.

Uno de los pilares de su discurso ha sido la exministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola, quien como integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó de cerca las violaciones a los derechos humanos cometidos en el país centroamericano y su deterioro democrático. El nuevo canciller, Alberto Van Klaveren, que asumió tras el cambio de gabinete del mes pasado, se ha mostrado menos contundente que su antecesora en esta materia: “En general, Chile no es partidario de señalar con el dedo a países en materia de derechos humanos, salvo algunas excepciones como el caso de Nicaragua”, dijo el domingo.

“Imagen internacional fortalecida”

Salir de la zona de confort y apuntar a los autoritarismos de la izquierda latinoamericana le ha valido a Boric el aplauso y reconocimiento de varios países del mundo, que observan con interés el surgimiento de su liderazgo. Sin embargo, a nivel interno, le ha costado críticas de sus socios de gobierno del Partido Comunista (PC), que se sienten incómodos con el tono del mandatario chileno.

“Hay temas que dividen a la misma coalición gubernamental porque el [bloque de izquierda] Frente Amplio o Convergencia Social, el partido del presidente, reprueban las violaciones a los derechos humanos de estos regímenes sin pelos en la lengua, pero eso es más difícil de hacer para el PC”, apunta Oyarzún.

Por su parte, Octavio González, comenta que la imagen internacional de Boric “se ha visto fortalecida por la defensa que ha hecho de la democracia en distintos países porque habla de consistencia y contundencia”. En su opinión, “cuando los gobiernos tienen una popularidad baja, recurren a la política exterior para compensar o levantar su imagen interna”.

Más allá de cómo sea recordado en Chile, en el exterior pasará a la historia por haberse atrevido a señalar en público y sin tapujos, por primera vez, a los gobiernos que tendrían que haberse convertido de facto en sus aliados regionales en un momento de máximo auge del progresismo latinoamericano.

Ningún informe había sido tan contundente sobre el deterioro sociopolítico de Nicaragua como el que publicó la semana pasada el grupo de expertos en derechos humanos al que la ONU encargó la tarea de investigar las presuntas violaciones y abusos cometidos en el país.

En él concluyen que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han cometido graves abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles motivados por razones políticas que han causado la “destrucción del espacio cívico y democrático” del país centroamericano.

Nicaragua vive una profunda crisis desde 2018, cuando se produjo una gran ola de protestas contra el Gobierno que terminó con la muerte de más de 350 personas en medio de una dura represión, y se acentuó tras las controvertidas elecciones de 2021 en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato. Desde entonces, el Ejecutivo ha cancelado la actividad de partidos opositores y cientos de organizaciones no gubernamentales. En febrero, decidió liberar a más de 200 presos opositores y expulsarlos a Estados Unidos, además de despojar de su ciudadanía a más de 90 exiliados, entre los que se encuentran periodistas, activistas y escritores.

Ángela Buitrago, exfiscal colombiana, docente universitaria e integrante del grupo de expertos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) establecido por el Consejo de Derechos Humanos, cuenta a elDiario.es que aunque la situación en el país centroamericano es muy compleja, “ya ha habido otros casos en los que la comunidad internacional ha podido fracturar sistemas que quieren perpetuarse” e insta a los países a reflexionar y tomar medidas para evitar este tipo de abusos y crímenes. 

Su informe concluye que el Gobierno de Nicaragua, así como altos mandos de la Policía y otras entidades estatales, han cometido violaciones graves de los derechos humanos de la población y crímenes de lesa humanidad. Son acusaciones muy duras. ¿Imaginaban encontrar una situación tan deteriorada en el país?

La investigación nos permitió confirmar que había una serie de actos sistemáticos que generaban graves violaciones [de los derechos humanos] y crímenes, entre los que se encuentran ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, detenciones ilícitas, así como cierre de espacios cívicos y públicos. Llegamos a la conclusión de que se trataba de un ataque preparado, generalizado y sistemático y que todo esto tenía una finalidad [para el Gobierno de Ortega]: mantenerse en el poder y evitar a sus opositores. La investigación, además, nos permite decir que esto surge incluso antes de las protestas masivas de 2018.

El grupo no ha podido acceder al país y el Gobierno nicaragüense tampoco ha facilitado información. ¿Cómo han investigado?

Hicimos un intento con 11 solicitudes, dirigidas tanto a presidencia como a instituciones de justicia y de otro orden administrativo, pero nunca fueron respondidas. Llegaron a enviar una comunicación rechazando y desconociendo el mandato del grupo y de la ONU, lo que llevó al cierre de espacios, a la salida de oficinas del comisionado dentro de Nicaragua y a la toma de decisión por parte del Gobierno de cerrar personalidades jurídicas que tenían que ver con investigaciones en este aspecto. También llevó a la expulsión y cancelación de las credenciales de embajadores en suelo nicaragüense.

Para investigar contamos con tres vías de información. La primera son las informaciones que surgen en un primer momento como parte de un ataque de 2018 de manera coordinada y que causó las primeras muertes en Nicaragua. Una segunda vía tiene que ver con las personas que salieron del país como parte de esa persecución, y en particular las que tuvieron que salir para evitar ser detenidas o salvar sus vidas. Contamos con información audiovisual, vídeos y documentos que permitían evaluar la situación en ese momento. La tercera vía está relacionada con la información que obtuvimos de personas que estaban dentro del Gobierno y que tuvieron que salir y otras que ya estaban fuera.

El elemento material probatorio no solo fue contrastado por la investigación propia del GHREN, sino también por investigaciones que han llevado a cabo otros organismos de manera inicial y que permitieron seguir ampliando información para poder emitir las conclusiones y recomendaciones a las que llegamos como grupo.

¿Cuáles han sido los abusos o crímenes que más les han preocupado?

Se trata de los crímenes más graves que se puedan contemplar en una jurisdicción o en el derecho internacional. La persecución, por ejemplo, es un delito que se encuadra dentro de esta naturaleza y que es un tema que abordamos frente a la estructuración de este comportamiento que lleva a la muerte física, a la detención, torturas, deportación forzada, pérdida de nacionalidad y apatridia.

Hay un cúmulo de comportamientos, además de otras graves violaciones que forman parte del cierre de espacios cívicos como es la cancelación de personalidades jurídicas de más de 3.000 organizaciones, la acción contra la Iglesia católica y, en particular, contra sacerdotes que han sido objeto de detenciones o secuestros. Todo eso nos lleva a emitir una serie de conclusiones en el informe y unas recomendaciones que creemos necesarias para intentar que funcione el principio de protección de los Estados y que se eviten más graves violaciones de lesa humanidad que están construidas de forma sistemática en el territorio de Nicaragua.

¿Por qué constituyen crímenes de lesa humanidad?

El derecho internacional, y en particular, los tribunales ad hoc o ex post, que son los creados para responder a lo que sucedió en Núremberg, la antigua Yugoslavia y Ruanda, han dejado claro que hay crímenes que además de intolerables deben ser repudiados por la comunidad internacional porque pueden llevar a la desaparición de etnias y poblaciones de manera sistemática a través de un ataque que se genera con esa intención. 

Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad hay una construcción internacional que permite decir que tienen un estatus de gravedad inimaginable y se consideran prohibidos por el derecho internacional. La verificación de estas pruebas nos permite decir que estamos frente a comportamientos que deberían ser sancionados inmediatamente sobre la base de todas las pruebas encontradas. 

El presidente del GHREN ha comparado la situación del país centroamericano con los hechos ocurridos en la década de 1930 en Europa al señalar que “todos los elementos que se ven en Nicaragua, desgraciadamente, se pueden ver en los juicios de Núremberg”.

Es un antecedente que efectivamente se homologa a elementos que tienen que ver con persecución y con un resultado de eliminación sobre la base de un componente político o de un componente que tiene que ver con cualquier opositor, o que se sospecha opositor, y debe ser neutralizado. En esos aspectos tiene elementos que pueden compararse con antecedentes históricos múltiples que fueron analizados por varios tribunales y que permiten decir que aquí se prueban grandes semejanzas frente a esta clase de actuación. También se demuestra que no ha sido un ataque casual, sino sistemático, que se repite en el tiempo y que genera un patrón de comportamiento con respecto a estas víctimas y a esta población y que aún en la actualidad se mantiene.

Ha habido deportaciones forzadas con múltiples consecuencias y violaciones de derechos como los derechos de supervivencia, económicos, culturales y políticos. Hay personas a las que les han quitado la nacionalidad, les han borrado del sistema, no tienen derecho ni a volver a su tierra. Significan una alerta porque las consecuencias de estos actos pueden extenderse indefinidamente y de manera múltiple también está amenazando a la otra población nicaragüense para controlar y evitar que se generen manifestaciones de un sistema en particular.

¿Quién es el responsable final de estos crímenes?

Dentro de la investigación encontramos elementos suficientes para afirmar que las acciones conjuntas que se realizaron fueron coordinadas por Daniel Ortega y Rosario Murillo y también las llevaron a cabo personas dentro de la institucionalidad y actuaron de manera coordinada para lograr los efectos que de una u otra manera se estaban tratando de asegurar a través de la justicia. 

Decimos en el informe que se instrumentalizan las instituciones del Estado, que se rompe la separación entre los poderes y que todo está controlado con una finalidad de obtener un resultado y que los expedientes e investigaciones y las consecuencias buscan “anular o eliminar” a las personas. Hemos visto varias etapas: eliminación física, política y jurídica, y todo ello tiene una significación muy grave. También hemos considerado el grado de sofisticación que implicó empezar a hacer reformas constitucionales, legales, estructurales para asegurar que todo funcione en torno a la posibilidad de mantener el poder y que no haya oposición ni opiniones diferentes.

¿Hay posibilidad de que estos hechos puedan ser juzgados a nivel internacional?

Dentro del informe analizamos dos posibilidades perfectamente válidas. Tenemos el derecho y el principio de protección como una obligación de los Estados, no solo para proteger a sus nacionales dentro de sus territorios, sino para evitar que se cometan delitos de guerra, de lesa humanidad y de otra naturaleza. Los Estados pueden aplicar ese principio y sobre esos supuestos también la responsabilidad penal, que es individual frente a las actuaciones que realizaron los sujetos que actuaron de manera conjunta para realizar acciones que el derecho internacional prohíbe.

¿Qué le piden a la comunidad internacional?

En las recomendaciones se pide una actuación inmediata para evitar que se sigan cometiendo estos hechos y, en el caso en el que haya personas con doble nacionalidad, que se ejerza la jurisdicción por parte de los países a los que también pertenecen, que reivindiquen sus derechos. También tenemos la posibilidad de hablar de la responsabilidad penal que llevaría a la identificación no solo de los máximos responsables en estos graves crímenes, sino de todas las personas que pertenecen a las estructuras que actuaron de manera transversal frente a estas violaciones.

¿Qué opina de que España haya ofrecido la nacionalidad a los presos políticos expulsados y al resto de personas a las que se les ha retirado la ciudadanía nicaragüense? 

Son actos humanitarios, que responden a políticas de solidaridad internacional y que son necesarios ante acciones de esta naturaleza. Sin embargo, también se producen consecuencias que no solucionan la concesión humanitaria de una nacionalidad, porque se priva de derechos a las personas por parte del país que las expulsa y que son obligatorios proteger, y las consecuencias también suponen perder el arraigo, la familia, los bienes patrimoniales y culturales, los bienes de identidad, y eso tiene consecuencias nocivas y deben tratar de restaurarse para garantizar el derecho máximo de tener una nacionalidad. 

El destierro debería estar erradicado, es una pena que no deberían existir, porque priva de derechos fundamentales de forma grave a las personas afectadas. 

Ante este panorama poco alentador, ¿es posible que cambie la situación en Nicaragua?

Es complejo, pero ya ha habido casos en los que la comunidad internacional, a través de decisiones de estos organismos internacionales, ha podido fracturar sistemas que quieren perpetuarse, como es el caso del dictador chileno Augusto Pinochet, que fue detenido a petición del juez Baltasar Garzón. Es un momento de reflexión para los países, de pensar cuáles son las medidas más adecuadas, pensar en la necesidad de evitar, con el principio de protección, que estos crímenes de lesa humanidad se sigan cometiendo.

“América Latina es una región que sigue llevando el legado de impunidad”, dice desde Ciudad de México la abogada en derechos humanos Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Para Guevara, la impunidad, la desigualdad social y la corrupción hacen que los Estados no cumplan con su obligación de proteger a los ciudadanos y dejen a las organizaciones sociales y a los defensores de los derechos humanos solos “peleando en la trinchera”.

En esa dirección, Nicaragua es uno de los países más golpeados de la región. Para Guevara, la liberación de 222 detenidos por razones políticas, que han sido obligados a salir del país hacia Estados Unidos, si bien ha sido un avance, deja en evidencia la arbitrariedad con la que se mueve Daniel Ortega. “Para Amnistía Internacional, esta es una muestra más de una política sistemática de represión que usa el exilio como una nueva forma de castigo”, dice Guevara.

Nicaragua liberó a 222 detenidos por razones políticas, ordenó deportarlos a Estados Unidos y les quitó la nacionalidad. ¿Cómo analiza la situación?

Primero decir que nos congratulamos con la noticia de que 222 personas, detenidas arbitrariamente por motivos políticos, hayan podido salir de los centros de tortura, como El Chipote o La Modelo, en los que estaban en condiciones extremas. Sin embargo, vemos con mucha preocupación cómo la excarcelación de estas personas, a las que además se les retiró la nacionalidad a través de una del pase rápido de una ley ridícula, sean enviadas al exilio forzoso a los Estados Unidos sin que pesase su consentimiento. Esa decisión nos habla de una intervención más dentro de un contexto de reconocida represión sistemática que comete el Gobierno de Daniel Ortega.

Es una muestra más de una política sistemática de represión que hoy día usa el exilio como una nueva forma de castigo

Estas personas han llegado a Estados Unidos sin documentación. Algunas de ellas tienen algunos familiares, otras no, por eso decimos que se encuentran en el total desamparo, sin saber qué va a pasar en el futuro cercano con sus vidas. Hoy día se encuentran en una situación forzada de apátridas, debido a que Nicaragua les ha quitado la ciudadanía. Para Amnistía Internacional esta es una muestra más de una política sistemática de represión que usa el exilio como una nueva forma de castigo.

¿Es legal quitarle la nacionalidad a un detenido?

El Gobierno lo hizo a través del Congreso de mayoría oficialista, en donde decretan la retirada del derecho a la ciudadanía de estas personas. Por tanto, si es legal o no, pues es muy subjetivo.

En Nicaragua es legal porque lo hicieron a través de una ley, ahora, es arbitrario. Hemos venido denunciando múltiples leyes que no cumplen con los estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos, incluida la ley, bajo la cual muchas de estas personas fueron detenidas, que es una ley sobre la “soberanía del pueblo” y que además no cumple con ningún estándar de debido proceso. De ninguna manera. Así que nuevamente vemos la total anulación del Estado de Derecho y de la división de poderes.

¿Cuál es la situación de los liberados que están en Estados Unidos en este momento?

Mientras hablamos, un equipo de Amnistía Internacional de nuestra sección en Estados Unidos está en camino para poder platicar con algunas de estas personas que se encuentran en un hotel. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas de ellas, incluido Félix Maradiaga, uno de los líderes de la oposición y defensor de los derechos humanos. Lo que sabemos es que la situación es de mucha incertidumbre.

En Nicaragua existe una política sistemática de represión que usa al exilio como una nueva forma de castigo

A nosotros, en Amnistía Internacional, nos han hecho llegar información de que esto se trató de una decisión unilateral por parte del Gobierno de Nicaragua y que los Estados Unidos simplemente facilitaron la salida de estas personas. No sabemos en qué condiciones y bajo qué procesos se les garantizará su derecho a solicitar y a recibir asilo. Pero lo que sí sabemos es que muchas de estas personas y sus familias están en situación de precariedad. Hoy leíamos en declaraciones del Ministerio de Relaciones de Asuntos Exteriores de España que les está ofreciendo la posibilidad de que accedan a alguna forma de protección en España. Creo que se irá aclarando la situación individual de cada persona, pero que en general hay una situación de precariedad y de incertidumbre legal.

¿Qué pueden hacer los organismos internacionales para condenar la violación a los derechos humanos en Nicaragua?

Es importante señalar que las Naciones Unidas, en el seno del Consejo de Derechos Humanos, crearon un grupo especial de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos, para analizar aquellos crímenes que pueden constituir delitos de lesa humanidad. Este grupo se someterá en marzo a una extensión de mandato en el próximo Consejo de Derechos Humanos. Esperamos que los Estados apuesten por extender el mandato. Nicaragua no ha firmado el Estatuto de Roma, por ende la Corte Penal Internacional no tiene competencia en ese país, pero existen otros mecanismos para que los propios Estados en el Consejo de Derechos Humanos hagan saber a la Corte Penal Internacional los hechos, abran una investigación y condene a los responsables al más alto nivel, incluido Daniel Ortega.

¿Por qué creen que el Gobierno de Nicaragua ha tomado esta decisión en este momento?

Centroamérica está atravesada por una crisis terrible en materia de derechos humanos. Pienso que es la presión internacional, que ejercen a través de las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, que a pesar de que muchas de ellas se encuentran en el exilio, han logrado continuar su trabajo de documentación para poder evidenciar las graves violaciones en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Pasemos a Perú. Al menos 70 personas han perdido la vida desde diciembre en el contexto de las protestas, que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y un adelanto de elecciones para este año. ¿Cuál es su lectura sobre el tema?

Primero, decirte que mientras estamos teniendo esta conversación Amnistía Internacional ha desplegado uno de nuestros equipos de respuesta de crisis, que desplegamos solo en situaciones en donde las dimensiones de las violaciones a los derechos humanos tienen este contexto de gravedad, en diferentes ubicaciones del país, particularmente en el sur, para registrar lo que está pasando. Pienso que lo que estamos viendo es el resultado de una crisis prolongada en materia de derechos humanos, en donde hay un sistema político que no le ha dado respuesta a las demandas de dignidad de la mayoría de la población.

¿Han documentado el uso excesivo de la fuerza en Perú?

El uso excesivo de la fuerza ha sido documentado en cada una de las protestas que se han dado desde el 7 de diciembre. Con esto me refiero al uso de la fuerza letal, es decir, el uso de armamento letal para intentar controlar las protestas. Nosotros hemos documentado casos de asesinatos de manifestantes en manos de las fuerzas de seguridad que evidencian la intencionalidad de castigo.

En Perú, hemos documentado denuncias de malos tratos y tortura por parte de fuerzas de seguridad

Hemos documentado la detención arbitraria masiva de personas que se encontraban en situación de protesta, sobre todo en zonas de pueblos indígenas, y hemos documentado denuncias de malos tratos y tortura por parte de fuerzas de seguridad. Entonces, estamos frente a una situación de graves violaciones a los derechos humanos, con muy pocas investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía, con un Gobierno que niega que la existencia de protestas pacíficas, que ha tenido una intención de estigmatizar a quienes están protestando en las calles y que no ha cumplido con su rol de protección del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Vamos a Colombia. El Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciaron este lunes el segundo ciclo de negociaciones de paz. ¿Identifica un avance en el tema?

Desafortunadamente, Colombia es un país que sigue sumido en un conflicto armado que está vivo en muchos territorios del país, sobre todo territorios históricamente marginados, de pueblos indígenas, de comunidades negras, en donde las víctimas del conflicto armado continúan sumando grandes números, al igual que las personas víctimas del desplazamiento forzoso. Colombia se mantiene como el país más letal para la defensa de los derechos, particularmente para aquellas personas que defienden el territorio y los recursos naturales, porque la reorganización de estos grupos armados también se debe a la reorganización del poder económico en un momento de transición. El Gobierno del presidente Petro llega al poder con una serie de promesas de reforma estructural, inclusive con una política de paz total, que significa que las negociaciones para la paz se extienden a los diferentes grupos armados.

¿Piensa que Petro consiguió ese objetivo?

Bueno, nosotros consideramos que el Gobierno del presidente Petro va a tener que poner en práctica políticas y reformas estructurales que permitan esta paz total, pero no puede ser a expensas de la justicia. Es decir, se tienen que crear mecanismos en donde las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos puedan acceder a la justicia.

Colombia se mantiene como el país más letal para la defensa de los derechos, particularmente para aquellas personas que defienden el territorio y los recursos naturales

Que la impunidad no siga siendo la norma en un país que lamentablemente sigue enfrentado a múltiples formas de violencia. Le hemos dado la bienvenida a los avances en las negociaciones con la guerrilla del ELN, pero también han sido insuficientes en términos de que no hemos visto un impacto inmediato en el cese de la violencia en comunidades que están bajo el control de la propia guerrilla.

Por último, usted está en México, uno de los países con mayor cantidad de desaparecidos en democracia. ¿Qué lectura hace sobre la situación actual?

Lamentablemente México sigue hundido profundamente en una gravísima crisis en materia de derechos humanos, una de las peores crisis en el hemisferio y en donde los números no mienten. Es el país más letal para el ejercicio del periodismo. El año pasado se conoce que por lo menos 17 periodistas fueron asesinados en el país, de los cuales en 14 casos hay evidencia de que se trató de asesinatos vinculados al ejercicio de su labor periodística.

¿Ha habido avances en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en el caso de las más 97.000 personas desaparecidas?

Los avances en términos de justicia son sumamente limitados. Ahora, por lo menos, se tienen mejores estadísticas que cuantifican las personas que permanecen desaparecidas, se ha intentado fortalecer el aparato de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se han hecho algunos esfuerzos para garantizar el escrutinio internacional, como aceptar la competencia del Comité de Naciones Unidas sobre desaparición forzada. Pero todos estos avances han sido no solo insuficientes, sino cosméticos. No ha habido un avance concreto. De hecho, durante el gobierno del presidente López Obrador, han aumentado las tasas de personas desaparecidas en cada uno de los estados de la república mexicana. La violencia sigue incrementándose. El crimen organizado tiene tomados territorios donde la población está sometida a prácticas de terror.

La situación de los derechos humanos en América Latina, según lo que usted describe, es crítica. ¿Cuáles cree que son los motivos que llevan a esta situación?

Las múltiples crisis que enfrentamos dan lugar a un continente atravesado por enormes desigualdades, no solo económicas y sociales, sino desigualdades en el acceso a la participación política. Una región cruzada por la violencia de múltiples formas: la feminicida, la de los grupos del crimen organizado, la violencia estatal.

América Latina es una región que sigue llevando el legado de impunidad

América Latina es una región que sigue llevando el legado de impunidad. Un legado que heredamos de nuestra historia reciente, de la impunidad por las violaciones a los derechos humanos en los contextos de dictadura o de conflicto interno, que ha sido una impunidad, que no solo es un legado, es decir, que ya no es que sigamos arrastrando las violaciones del pasado, sino que ha permeado en las instituciones del Estado. Entonces esa desigualdad, esa violencia y la impunidad, acompañada de la corrupción, siguen siendo un flagelo en todo el continente, que nos lleva a esta situación donde los pocos avances que se van dando gracias a los movimientos sociales y la sociedad civil tienen que seguir peleando en la trinchera sin que los Estados cumplan con su obligación de protección.

El Gobierno de España ha extendido a los últimos 94 ciudadanos nicaragüenses a los que les ha sido retirada su nacionalidad, la oferta de nacionalidad española. Así se lo ha comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha explicado que el titular de la cartera. José Manuel Albares, se lo ha trasladado así al escritor y político Sergio Ramírez, quien se había dirigido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta oferta se suma a la realizada días pasados a las 222 personas expulsadas Nicaragua y a las que se retiró la nacionalidad nicaragüense, a quienes el ministro Albares ya ofreció públicamente nacionalizarse como españoles. 

La propuesta del Gobierno de España, según anuncia Exteriores, se hace extensiva a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación de apatridia por las decisiones del gobierno de Daniel Ortega.

Este jueves se ha conocido que el Gobierno de Ortega también ha retirado la nacionalidad nicaragüense a otros 94 opositores y críticos al declararles “traidores a la patria”. Entre ellos se encuentran los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez, ambos en el exilio, y reconocidos periodistas como Carlos Fernando Chamorro o defensores de los derechos humanos como Vilma Núñez.

El Gobierno española ofreció el pasado viernes la nacionalidad a los 222 expresos políticos expulsados por Nicaragua. Así lo anunció el ministro de Exteriores en declaraciones a la agencia Servimedia. “El Gobierno se felicita ante la decisión de liberar a 222 presos de las cárceles en Nicaragua”, dijo Albares: “También nos ofrecemos a que España acoja a cualquier otro preso que se encuentre todavía en estos momentos en la misma situación que estos, que acaban de ser liberados. Y les anuncio que el Gobierno ofrece la nacionalidad española a estos 222 presos liberados ante las noticias de que se ha iniciado el trámite para declararlos apátridas”.

“Vamos a entrar en contacto con ellos”, anunció Albares: “El ofrecimiento está ya, por decirlo de alguna forma, en vigor. El trámite que se utilizaría es el de otorgamiento de la nacionalidad española por carta de naturaleza, para evitar que queden apátridas. Y es una decisión gubernamental que tardaría muy poco tiempo”.

El Gobierno española ha ofrecido este viernes la nacionalidad a los 222 expresos políticos expulsados por Nicaragua. Así lo ha anunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en declaraciones a la agencia Servimedia. “El Gobierno se felicita ante la decisión de liberar a 222 presos de las cárceles en Nicaragua”, ha dicho Albares: “También nos ofrecemos a que España acoja a cualquier otro preso que se encuentre todavía en estos momentos en la misma situación que estos, que acaban de ser liberados. Y les anuncio que el Gobierno ofrece la nacionalidad española a estos 222 presos liberados ante las noticias de que se ha iniciado el trámite para declararlos apátridas”.

“Vamos a entrar en contacto con ellos”, ha anunciado Albares: “El ofrecimiento está ya, por decirlo de alguna forma, en vigor. El trámite que se utilizaría es el de otorgamiento de la nacionalidad española por carta de naturaleza, para evitar que queden apátridas. Y es una decisión gubernamental que tardaría muy poco tiempo”.

El Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ordenó liberar este jueves a 222 detenidos por razones políticas y enviarlos a Estados Unidos. El presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Rothschuh Andino, ha confirmado que son 222 las personas “deportadas” a Estados Unidos.

Los presos, según la resolución del Tribunal, cometieron “actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación establecidos en el ordenamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de Derechos Humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional”.

El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ordenó liberar este jueves a 222 detenidos por razones políticas y enviarlos a Estados Unidos. El presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Rothschuh Andino, ha confirmado que son 222 las personas “deportadas” a Estados Unidos.

Los presos, según la resolución del Tribunal, cometieron “actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación establecidos en el ordenamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de Derechos Humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional”. Ortega no ha expresado su posición sobre el tema hasta el momento.

Berta Valle, esposa del opositor nicaragüense Félix Maradiaga, ha dicho ante periodistas locales, según la agencia de noticias EFE, que el Departamento de Estado de Estados Unidos le confirmó que las autoridades nicaragüenses que habían liberado a 222 “presos políticos”. “Han sido enviados en un vuelo privado hacia Washington”, ha dicho Bertha Valle, quien afirmó que el Departamento de Estado ha puesto a disposición de los familiares un número de teléfono para que se contacten.

La Alianza Universitaria Nicaragüense ha confirmado que entre los liberados y “desterrados” a Washington se encuentran los líderes estudiantiles Lesther Alemán, de 24 años, y Máx Jérez. “Hoy inicia una nueva fase de lucha. Los presos fueron liberados por la presión del pueblo. Ahora toca luchar por recuperar nuestros derechos y democratizar Nicaragua”, aseguraron desde la organización.

“Lesther Alemán y más de 200 presos políticos fueron liberados. Sin embargo, fueron desterrados por el régimen de Ortega hacia Estados Unidos”, señaló ese grupo estudiantil, a través de una declaración en la que anunció que seguirán luchando para que el líder estudiantil y todos recuperen su ciudadanía nicaragüense y todos sus derechos.

La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, informó en su cuenta de Twitter recibió la confirmación de varias familias sobre las liberaciones. “Han sido enviadas al exilio”, ha dicho Guevara Rosas.

Los detenidos, que estaban en las diferentes cárceles de Nicaragua incluida en “El Chipote”, en donde funciona la sede de la Dirección de Auxilio Judicial, fueron liberados en horas de la madrugada, según los familiares han dicho a EFE. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, en arresto domiciliario, había sido incluido por las autoridades en la lista de personas enviadas a Washington, pero él no aceptó.

El exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, Arturo McFields, dijo a través de sus redes sociales que el Departamento de Estado de EE.UU le confirmó que 222 prisioneros fueron puestos en un avión a Washington el jueves temprano. “Es una liberación masiva”, ha dicho McFields.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado después de las cuestionadas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con los principales líderes de la oposición en prisión o en el exilio.

Con información de EFE

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ha cancelado este lunes la personalidad jurídica de otras 100 ONG, incluida dos creadas por exmilitares y excombatientes sandinistas.

En la nueva lista de ONG afectadas se encuentra la Asociación de Combatientes Retirados del Ejército Popular Sandinista, Movimiento de Renovación (Asocomret), integradas por antiguos miembros del extinto Ejército Popular Sandinista (EPS) y del Ministerio del Interior (ahora llamado Ministerio de Gobernación).

También la Asociación para el Desarrollo Integral de Retirados del Ejército, Ministerio de Gobernación y Desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense Horizonte Azul (Asociación Horizonte Azul), que fue creada en enero de 2007, cuando el presidente Daniel Ortega retornó el poder.

Con la ilegalización de esas 100 organizaciones no gubernamentales, se han clausurado 1.868 entidades de este tipo desde la revuelta popular de abril de 2018, calificada como intento de golpe de Estado por el presidente Ortega.

En lo que va de año, los legisladores sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional (Parlamento) han ilegalizado 1.269 ONG y un total de 1.468 desde diciembre de 2018. Entretanto, el Ministerio de Gobernación ha cancelado la personalidad jurídica de otras 400 ONG –basado en una reciente reforma que le otorga esa facultad, que antes correspondía exclusivamente al Parlamento–, con lo que suman 1.868 las ilegalizadas, de cerca de 6.000 registradas.

La nueva lista incluye la Asociación de Desmovilizados de la Resistencia, integrada por antiguos miembros de la “Contra” que combatieron con las armas a los sandinistas durante la guerra civil de la década de 1980 del siglo pasado. Además, también hay organizaciones ambientalistas, médicas, educativas, de desarrollo comunitario y de atención a grupos en riesgo.

Por incumplir obligaciones

Según el Ministerio de Gobernación, esas 100 ONG incumplieron con sus obligaciones conforme lo establece la Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y su Reglamento, y la Ley Contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Entre otros, el Ministerio de Gobernación argumenta que estaban en abandono, no reportaron los estados financieros por más de 4 y 24 años, detalles de donaciones, su origen y beneficiario final. El Gobierno sostiene que las juntas directivas estaban acéfalas.

Según el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, uno de los promotores de la iniciativa, las ONG afectadas han utilizado recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.

En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza. Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. Ortega, próximo a cumplir 77 años, lleva 15 años y 7 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.

La Policía de Nicaragua entró este viernes a la fuerza en el Palacio Episcopal de la diócesis de Matagalpa, al norte del país, y arrestó al obispo Rolando Álvarez, así como a siete de sus colaboradores, que se encontraban recluidos y retenidos desde el 4 de agosto pasado.

“¡Urgente!. En estos momentos la Policía Nacional ha ingresado a la Curia Episcopal de nuestra Diócesis de Matagalpa”, informó esa sede eclesiástica en Facebook.

Álvarez, de 55 años, obispo de Matagalpa, está acusado por la Policía Nacional de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, aunque de momento los agentes no han presentado pruebas que lo confirmen.

El prelado, un crítico del Gobierno que preside Daniel Ortega, fue detenido junto a los sacerdotes José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral de Matagalpa de San Pedro. También fueron arrestados Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista, así como los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Sequeira, el camarógrafo Sergio Cárdenas y el sacerdote Raúl González.

El periodista nicaragüense Carlos Chamorro, una de las voces más críticas con el Gobierno y actualmente exiliado en Costa Rica debido a la represión, ha informado a través de sus redes sociales que la policía ha confesado el “allanamiento ilegal” contra la mencionada diócesis.

Por su parte, el obispo auxiliar de Managua y exiliado, Silvio Báez, también condenó el arresto y pidió a las autoridades liberar y respetar la dignidad de Álvarez.

“Con el corazón indignado y dolido condeno el secuestro nocturno de Mons. Álvarez. ¡Quienes lo sepan, digan dónde está mi hermano obispo! ¡Que sus secuestradores respeten su dignidad y lo liberen! De nuevo, la dictadura vuelve a superar su propia maldad y su espíritu diabólico”, escribió en un tuit.

Las relaciones Estado-Iglesia

La detención de Álvarez es el enfrentamiento más reciente en una historia de tensión entre la Iglesia católica nicaragüense y los sandinistas encabezados por el presidente Ortega.

En lo que va de año, el Gobierno sandinista ha expulsado del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, ha llevado a prisión a tres sacerdotes, cerrado ocho radioemisoras católicas, sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos, ha entrado por la fuerza y allanado una parroquia y ha expulsado a 16 monjas de las misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta.

El presidente Ortega calificó de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.

La crisis en Nicaragua se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre pasado en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

La comunidad católica representa un 58,5% de los 6,5 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este jueves las personalidades jurídicas de 96 ONG nicaragüenses por no registrarse como “agentes extranjeros”. El martes ocurrió lo mismo con otras 83 organizaciones. Desde las protestas populares contra el presidente Daniel Ortega de abril de 2018, el gobierno ha eliminado 440 ONG en lo que los críticos denuncian como un intento de eliminar la sociedad civil.

La disolución de las 96 ONG a petición del Gobierno de Ortega fue aprobada con carácter urgente por los 75 diputados sandinistas y sus aliados. Otros 14 legisladores, de los 91 que integran el Parlamento, se abstuvieron, y dos estuvieron presentes y no votaron.

Entre las organizaciones afectadas está la Fundación Centro de Estudios Internacionales (CEI) que dirigió Zoilamérica Ortega Murillo –hijastra del presidente Ortega y a quien denunció en 1998 de abusos sexuales–.

También el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), el brazo social del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal cúpula patronal de Nicaragua, que en la víspera aclaró que esa disolución no perjudica su estatus jurídico debido a que desde 2014 están regulados por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).

Otra ONG ilegalizada es la Federación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua (Conapro), también del Cosep, que antes de la crisis que estalló en abril de 2018 mantuvo un diálogo de consenso con Ortega, en el poder desde 2007.

Además, fueron disueltas la Asociación Sociedad Nicaragüense de Pediatría, la Asociación Internet de Nicaragua, la Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca, y la Fundación Esquipulas, entre otras.

“Agentes extranjeros”

El Ministerio de Gobernación argumentó en un informe que esas ONG incumplieron la normativa por no inscribirse “en el registro de agentes extranjeros, siendo estos sujetos obligados, de conformidad a la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros”, aprobada por los sandinistas tras las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.

Además, según el ejecutivo, esas ONG violaron la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, en vigor desde el 6 de mayo pasado. Así como la Ley Contra el Lavado de Activos.

Con esas nuevas 96 asociaciones, se eleva a 179 las ONG disueltas en los últimos tres días, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua.

En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en el Parlamento, se ha cancelado la personalidad jurídica al menos a 440 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular –originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social– calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.

El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, promotor de las iniciativas, ha sostenido que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega, aunque no ha presentado pruebas.

En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

La opositora Cristiana Chamorro Barrios, a quien el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, evitó enfrentarse en las controvertidas elecciones presidenciales al ser encarcelada, ha sido condenada este lunes a ocho años de prisión por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica.

Chamorro, periodista de profesión de 68 años de edad y que se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021, ha sido condenada por el juez Luden Martín Quiroz, del juzgado noveno distrito penal de juicio de Managua, ha informado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que ha dado seguimiento al caso, en una declaración.

Hija del héroe nicaragüense y periodista antisomocista asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), la periodista Cristiana Chamorro era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales del pasado noviembre, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

“Son sentencias nulas (y) son inocentes. Exigimos libertad inmediata para exdirectivos y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro”, denunció el Cenidh en Twitter.

Siete opositores condenados

Chamorro es la séptima opositora que aspiró a ser candidata a la presidencia de Nicaragua en los comicios pasados en ser declarada culpable y condenada por los delitos de lavado de dinero o traición a la patria.

Los otros seis son el académico Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre (2007-2009), de quien se distanció; el activista, académico y líder de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, y el economista y sobrino político de la expresidenta Barrios de Chamorro, Juan Sebastián Chamorro.

También el periodista Miguel Mora, fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por las autoridades y que ahora se transmite en plataforma de internet; el líder campesino Medardo Mairena; y el abogado y político conservador Noel Vidaurre.

El juicio a Cristiana Chamorro forma parte de una serie de procesos judiciales a una cuarentena de líderes opositores y críticos al Gobierno sandinista, que fueron encarcelados previo a esos comicios y fueron acusados en su mayoría por “traición a la patria” o lavado de dinero.

La Fiscalía acusó a la periodista opositora en su condición de presidenta de la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro con base en una denuncia del Ministerio de Gobernación.

Según Gobernación, esa ONG, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, “incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y, del análisis de los Estados Financieros, durante el periodo 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”.

Más condenas

Junto con la periodista fueron condenados a 13 años de prisión el contador general y el administrador financiero de la Fundación, Marcos Fletes y Walter Gómez, respectivamente, y a siete años el conductor personal de Chamorro, Pedro Vásquez, que fueron acusados por delitos similares.

El juez también impuso una pena de nueve años al hermano mayor de Cristiana, el opositor Pedro Joaquín Chamorro Barrios, de 70 años. Ambos son miembros de la Junta Directiva del diario La Prensa de Nicaragua, que el 2 de marzo pasado cumplió 96 años de su fundación.

Para la investigación de ese caso la Fiscalía llamó a declarar como testigos a una treintena de periodistas, incluyendo al escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado, en su condición de representante legal de la ONG Fundación Luisa Mercado, que mantuvo relación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y se tuvo que exiliar para evitar ser detenido.

Ortega ha tildado a los opositores encarcelados y juzgados de “traidores a la patria”, “criminales” e “hijos de perra de los imperialistas yanquis”.

Este martes arranca el juicio en Managua contra los líderes opositores nicaragüenses Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, que aspiraron a ser candidatos a la presidencia en las elecciones generales del pasado mes de noviembre, en las que fue reelegido Daniel Ortega en medio de las críticas de la comunidad internacional.

Según el comunicado emitido por el Ministerio Público, los opositores son juzgados por haber violentado la Constitución Política, la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la Ley de seguridad soberana y el Código Penal de Nicaragua.

“Serán procesados por menoscabar la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, dice el Ministerio, que los tacha de “criminales y delincuentes” y de “promover y dirigir los actos terroristas de la agresión del fallido intento golpe de Estado de 2018”.

Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009, fue el segundo candidato opositor arrestado el pasado junio y el primero en ser acusado bajo la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, aprobada con carácter urgente en diciembre de 2020.

Después fueron detenidos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Maradiaga es el líder del grupo de oposición Unidad Nacional Azul y Blanco y ocupó el cargo de Secretario General del Ministerio de Defensa de 2002 a 2006, durante la presidencia de Enrique Bolaños. Chamorro es sobrino político de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y también fue viceministro de Hacienda y Crédito Público y secretario de Coordinación y Estrategia en el Gobierno de Enrique Bolaños.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado las “graves afectaciones al debido proceso y al derecho a la defensa en los procesos judiciales de las personas presas políticas en Nicaragua”, y ha pedido la liberación inmediata de todas las personas detenidas en el contexto de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018.

Ante la reanudación de estos procesos, que se suspendieron “arbitrariamente por más de tres meses”, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) recibió información sobre graves afectaciones al derecho penal y falta de garantías judiciales, según afirma la CIDH.

“Particularmente, dichas audiencias se están realizando en las instalaciones de El Chipote, de manera privada y sin permitir el acceso a medios de comunicación independientes, lo cual sería contrario a la propia legislación nacional”, ha puntualizado. En algunos juicios, indica la CIDH, “se niega el ingreso de familiares; mientras que las personas acusadas son presentadas en el juicio sin previo aviso”.

Además, han advertido que representantes legales han denunciado hostigamiento, acoso policial, despojo de pertenencias necesarias para participar en las audiencias, así como registros y revisiones desproporcionadas que derivaron en tocamientos indebidos a mujeres abogadas y familiares.

19 opositores condenados en 14 días

La defensora de los derechos humanos María Oviedo y el banquero Luis Rivas han sido hallados culpables este lunes del delito de conspiración para menoscabar la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad, informó la defensa y un organismo humanitario.

Con Oviedo, coordinadora del equipo especial jurídico de la organización no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), y Rivas, presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), se eleva a 19 el número de dirigentes opositores o críticos al Gobierno del presidente Daniel Ortega declarados culpables en los últimos 14 días.

“Declaran culpable a la defensora de derechos humanos María Oviedo por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas” a través de las tecnologías de la información y la comunicación, ha informado su abogado defensor, Eber Acevedo. La Fiscalía ha pedido ocho años de prisión para Oviedo, según su representante legal.

Oviedo, defensora de los denominados “presos políticos” en Nicaragua, y que se encuentra en prisión desde julio pasado, fue arrestada por primera vez en 2019 tras darle una bofetada a un oficial de la Policía Nacional, “porque éste se negó a entregarle unos documentos que pertenecían a su defendido, el excarcelado Cristian Fajardo”, ha recordado, por su lado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que da seguimiento a los casos.

Rivas, presidente ejecutivo del Banpro del grupo financiero Promerica, ha sido hallado culpable de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, y de portación o tenencia ilegal de arma de fuego, fabricación, tenencia ilegal y uso de armas restringidas, según ha reseñado el diario nicaragüense Confidencial.

Para el banquero, un economista que ocupó cargos en la Administración del expresidente nicaragüense Enrique Bolaños (2002-2007) y quien se encuentra detenido desde el 15 de junio pasado, la Fiscalía ha pedido 13 años de prisión, de acuerdo con la información.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado este martes vetar la entrada al país de su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y el resto de miembros de su Gobierno, tras las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua.

La suspensión de entrada a Estados Unidos también se aplicará a otros numerosos políticos, funcionarios y militares del país, a los que podrá restringirse la entrada si así lo considera el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. “Los actos represivos y abusivos del Gobierno de Ortega y de aquellos que lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar”, ha expresado Biden en una proclamación presidencial difundida por la Casa Blanca.

Estados Unidos ya impuso en los últimos meses restricciones de visado a decenas de funcionarios, legisladores, fiscales y jueves nicaragüenses, y la orden de Biden abre la puerta a que ese tipo de sanción se extienda a prácticamente todos los niveles del movimiento oficialista en el país centroamericano.

Prohibición expresa de entrada al país

La medida prohíbe expresamente la entrada a los “miembros del Gobierno de Nicaragua, incluidos los funcionarios electos y los miembros de sus equipos”, así como los familiares directos -esposos/as e hijos/as- de todos ellos. Además, se vetará la entrada a aquellos “alcaldes, vicealcaldes o secretarios políticos que planearon, ordenaron, asistieron, fueron cómplices, cometieron o participaron” en “abusos graves o violaciones de derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos o negar a los nicaragüenses sus libertades fundamentales”.

Será Blinken quien identificará a esos funcionarios, pero este lunes, el Departamento del Tesoro ya impuso sanciones financieras a los alcaldes de las ciudades de Jinotega, Esteli y Matagalpa. También se prohibirá la entrada a los miembros de los servicios de seguridad de Nicaragua, incluidos los militares, la Policía Nacional, el directorio de Operaciones Especiales de la Policía, los grupos parapoliciales y paramilitares, además de a los funcionarios de la administración penitenciaria del país, según la proclamación.

Además, están incluidos en el veto los miembros de alto rango del sistema judicial de Nicaragua, de la oficina del fiscal público y el ministerio del Interior; los que trabajan para los ministerios gubernamentales, las agencias regulatorias, las “compañías paraestatales”, y los administradores y empleados de servicios de educación superior.

El veto puede aplicarse también a personas que no trabajen para el Gobierno pero ejerzan de “agentes” o actúen en nombre de cualquiera de los sancionados para facilitar o lucrarse de actos como “el fraude electoral, los abusos de derechos humanos o la corrupción”, indica el texto. “Las acciones no democráticas y autoritarias del Gobierno de Ortega han mutilado el proceso electoral y privado a los ciudadanos nicaragüenses del derecho de elegir a sus líderes en elecciones libres y justas”, ha afirmado Biden en la proclamación. 

El presidente nicaragüense se impuso el pasado 7 de noviembre en ausencia de oposición, después de que en los últimos meses fueran arrestados siete aspirantes a la Presidencia que se perfilaban como sus principales contendientes y tras la disolución de tres partidos políticos.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha sido reelegido para un quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo con el 74,99% de los votos en las elecciones generales del domingo, según el primer informe divulgado este lunes por el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Con siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición detenidos y acusados de “traición a la patria”, Ortega, en el poder desde 2007, no tenía un rival real en los comicios. Con el 49,25% de las 13.459 Juntas Receptoras de Votos (JRV) escrutadas, el mandatario ha obtenido una amplia ventaja sobre los demás rivales.

En segundo lugar, según el informe leído por la presidenta del CSE, Brenda Rocha, se ubica el candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el diputado Walter Martínez, con un 14,4% de los votos. Espinoza había intentado dar legitimidad a la votación y había restado importancia a la detención de los siete opositores, entre ellos Cristiana Chamorro, la que más opciones tenía de derrocar a Ortega. El Partido de Espinoza también fue el que denunció a la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad, que fue expulsada de la contienda. El resto de candidatos no supera el 3,5%.

Más de 4,4 millones de nicaragüenses estaban habilitados para elegir a su presidente y vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Según el órgano electoral, en la jornada electoral participó el 65,34% de los nicaragüenses aptos para votar. No obstante, el observatorio multidisciplinario independiente Urnas Abiertas fijó en un 81,5% la abstención.

Las elecciones fueron criticadas por diversos sectores y por la comunidad internacional por el arresto de siete precandidatos a la presidencia de la oposición, así como por la eliminación de tres partidos políticos opositores, la derogación de la observación electoral y el establecimiento de leyes que restringían la participación en el proceso.

Biden califica las elecciones de “pantomima”

Estados Unidos, Canadá y la UE han advertido de sanciones tras los comicios en Nicaragua, entre cuestionamientos a su legitimidad. El presidente estadounidense, Joe Biden, que las ha calificado de “pantomima” y ha amenazado con usar “todas las herramientas diplomáticas y económicas” a su disposición para pedir responsabilidades al presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

“Lo que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han orquestado ha sido una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática”, ha afirmado Biden en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.

El mandatario ha urgido al “régimen de Ortega-Murrillo” a tomar “inmediatamente” los pasos necesarios para “restaurar” la democracia y ha pedido que se libere “inmediata e incondicionalmente” a los opositores que fueron encarcelados antes de los comicios, entre los que se incluyen siete aspirantes presidenciales.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho que los resultados “carecen de legitimidad”. En un comunicado, Borrell ha dicho que el Gobierno de Ortega no ha cumplido “sus propios compromisos en materia de derechos humanos y libertades fundamentales” y ha pedido que se “devuelva” la soberanía al pueblo nicaragüense.

“La integridad del proceso electoral quedó anulada por el encarcelamiento, el acoso y la intimidación sistemáticos de precandidatos presidenciales, dirigentes de la oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de empresas”, ha asegurado el alto representante. Además no ha descartado “adoptar medidas adicionales” contra los “responsables de los sucesos antidemocráticos”, incluso las que puedan ir “más allá” de las restricciones individuales.

España rechaza los resultados

El Gobierno de España ha rechazado los resultados de los comicios por sus “inaceptables y arbitrarias condiciones”. En un comunicado, el Ejecutivo dice haber constado que las elecciones “han carecido de las mínimas garantías democráticas exigibles” y ha pedido unos comicios “libres, justos, transparentes y concurridos que garanticen la participación de todos los nicaragüenses”. Además, al igual que la UE, ha exigido la libertad para los “presos políticos y manifestantes encarcelados arbitrariamente”, así como la nulidad de sus procesos judiciales.

España coincide con Estados Unidos y ha calificado las elecciones como una “burla”. También se ha referido al Gobierno de Ortega como un “régimen represivo y autoritario” y ha condenado el cierre de medios críticos y la expulsión de periodistas nicaragüenses. El Ejecutivo ha reprobado la “denegación de entrada al país a corresponsales internacionales”, y ha mencionado que hace unos días un equipo de Radiotelevisión Española (RTVE) fue denegado la entrada en la frontera con Costa Rica.

Ataques de Ortega a la oposición

Tras depositar el voto junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que también aspira a reelegirse, Ortega ofreció un mensaje en una cadena televisiva y radial en el que atacó a los opositores encarcelados y en el exilio, así como a las protestas que estallaron contra su Gobierno en abril de 2018. “Estamos realizando estas elecciones, y seguros de que en esta batalla, que es una batalla histórica, donde hay que decidirse por el terrorismo, la confrontación, la guerra o la paz”, dijo Ortega desde la Casa de los Pueblos.

El mandatario ofreció sus declaraciones a mitad de la jornada electoral, que ha transcurrido en calma y con baja afluencia de votantes, en contraste con los pronósticos del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que predijo una votación masiva.

Los opositores están utilizando las etiquetas #YoNoBotoMiVoto, #YoNoVoto o #NicaraguaNoVota, entre otros, con las que instan a los nicaragüenses a no salir de sus casas, mantener las puertas cerradas y las calles vacías, porque consideran que “no hay por quién votar” y que, hasta ahora, lo califican como un éxito.

Los exiliados repudian el “circo” electoral

Miles de nicaragüenses exiliados en Costa Rica han protestado por las principales calles de la capital contra el “fraude” y el “circo” electoral orquestado por el presidente Ortega.

En el marco de una jornada de manifestaciones, varios colectivos opositores nicaragüenses se unieron alrededor del mundo, incluido en Madrid, Miami, Panamá y Washington, para repudiar las elecciones y pedir al mundo que no reconozca los resultados electorales en Nicaragua al considerar que el proceso es una farsa que solo busca reelegir a Ortega.

Con pancartas y consignas como “No tenemos por quien votar todos están presos”, “SOS Nicaragua”, “Viva Nicaragua libre”, “Ortega escucha seguimos en la lucha”, “Yo no salgo a votar el 7 de noviembre” los protestantes pidieron a la población no salir a votar y a la comunidad internacional no reconocer las elecciones.

Human Rights Watch (HRW) calificó como una “farsa” las elecciones en Nicaragua, y según escribió en su cuenta de Twitter José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas, “Ortega asumirá su cuarto mandato consecutivo a fuerza de represión, censura y miedo”.

“Hoy el mundo entero será testigo de la coronación de la dictadura en Nicaragua. El sainete electoral está en curso: unas ”elecciones“ sin más candidatos que los del régimen; unos ”comicios“ con toda la oposición en la cárcel y con la soldadezca en la calle”, escribió, por su lado, el expresidente costarricense Luis Guillermo Solís en su cuenta de Twitter.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, sabe lo que es perder unas elecciones (y hasta tres seguidas: 1990, 1996 y 2001). Tras pasar un mandato especialmente convulso por el estallido de las protestas sociales sin precedentes de 2018, la pandemia y la crisis económica subsiguiente, el presidente lleva meses preparando el terreno para ganar las elecciones de este domingo y obtener su cuarto mandato consecutivo. Los ataques a la prensa, la expulsión de partidos de la carrera electoral y el arresto de candidatos opositores se han disparado en los últimos meses.

Para entenderlo, dice Carlos Malamud, catedrático de Historia de América de la UNED e investigador de América Latina del Real Instituto Elcano, hay que conocer la “peculiar” ley electoral, “que es producto de un pacto entre Ortega y el entonces presidente Arnoldo Alemán. Se trata de una ley hecha a imagen y semejanza de Ortega”. La reforma, pactada en 1999, permite evitar la segunda vuelta si el partido más votado saca un 35% de los votos y más de un 5% de diferencia con el segundo. “Esto desnaturaliza totalmente el espíritu de la segunda vuelta, que es dotar de mayor legitimidad al ganador en caso de que no tenga mayoría suficiente”. Ortega ganó en 2006 con un porcentaje del 38%. El pacto Alemán-Ortega de 1999 ha sido muy criticado por los analistas como una forma de reparto de las instituciones entre los dos líderes nicaragüenses.

“En las actuales circunstancias y con el fuerte rechazo entre la población, la ley electoral era insuficiente y Ortega corría el riesgo de no ser elegido en primera vuelta. Si eso ocurriese, podría ser claramente derrotado. Entonces esto nos lleva a la situación actual de prisión o exilio de los candidatos de la oposición, el enfrentamiento con sectores de la Iglesia y con empresarios que hasta ahora habían sido aliados tradicionales de Ortega. Todo lo cual, evidentemente, hace que esto sea una mera farsa”, sostiene Malamud.

Desde junio, las autoridades nicaragüenses han detenido a siete candidatos a la presidencia, incluida la que tenía más opciones de derrotar a Ortega, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y la cual derrotó a Ortega en 1990. Cristiana pretendía repetir la hazaña de su madre, pero fue arrestada e inhabilitada acusada de blanqueo de capitales, apropiación indebida y falsedad ideológica. El segundo fue Arturo Cruz, candidato de Ciudadanos por la Libertad, que se define como la principal formación opositora y la cual también ha sido expulsada de la carrera electoral. Cruz fue embajador en EEUU del Gobierno de Ortega (2007-2009), pero acabó distanciándose. Los otros son Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

Además de estos siete candidatos, hay otros políticos encarcelados. Según el observatorio Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos están avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2021 se han dado 46 detenciones de opositores en la marco de “la escalada represiva del contexto electoral”. Entre los objetivos también está la prensa. Durante el último mandato de Ortega, las autoridades han tomado redacciones y perseguido a periodistas y el país ha pasado del puesto 75 en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras en 2016 al puesto 121 en 2021. “La prensa independiente nicaragüense vive una auténtica pesadilla desde que Ortega fue reelegido para un tercer mandato consecutivo”, sostiene la organización.

Entre las detenciones de opositores hay incluso antiguos aliados revolucionarios de Ortega. “Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y en 1978 volví a arriesgarla para liberar a aproximadamente 60 presos políticos”, decía el exgeneral Hugo Torres Jiménez poco antes de ser detenido el pasado mes de junio. El exgeneral participó en el asalto a la casa de un ministro somocista y la operación acabó con la liberación de varios presos del régimen, entre ellos Ortega. Torres Jiménez es el vicepresidente del partido Unamos, anteriormente conocido como Movimiento Renovador Sandinista, fundado por Sergio Ramírez, otro antiguo aliado cercano y vicepresidente de Ortega que ahora vive en el exilio y cuya novela ha sido secuestrada en el país centroamericano.

“Podía haber pasado a la historia como un líder revolucionario, pero va a ser juzgado como un tirano, un dictador de la vieja tradición de dictadores que ha existido siempre en América Latina. No importa el color ideológico, sin ninguna duda un dictador”, decía Ramírez en una entrevista con elDiario.es. Malamud coincide. “Esta es la historia de una parte de las revoluciones de todo el mundo. Comienzan con buenos propósitos, pero al final el factor humano termina incidiendo y haciendo que, como diría Trotski, la revolución sea traicionada”.

Opositores y 'zancudos'

Entre tanta detención, ¿quién se presenta entonces a las elecciones contra Ortega? Tienen muy pocas opciones y solo uno de los cinco partidos superó el 5% en los comicios anteriores. Los más críticos los acusan de “colaboracionistas” y de dar falsa legitimidad al proceso. “En Nicaragua, los llaman ‘los zancudos’ y son una mera comparsa del régimen que permite a Ortega presentarlos como prueba de que existe pluralidad”, sostiene Malamud. 

Una de esas formaciones, el Partido Liberal Constitucionalista –que obtuvo un 15% en las elecciones de 2016– ha sido por ejemplo la que denunció ante el Consejo Supremo Electoral a la alianza Ciudadanos por la Libertad, que ha sido expulsada de la contienda.

Sin embargo, su candidato, Walter Espinoza, niega las acusaciones de ‘colaboracionismo’ y señalaba en una entrevista: “Ya sabemos que no estamos compitiendo con madre Teresa de Calcuta. Sabemos cómo trabaja esta gente (FSLN, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional), pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. No debemos, es una obligación que tenemos todos los nicaragüenses sabiendo que tenemos un poder en las manos”. Espinoza resta importancia a la detención de los siete candidatos porque sostiene que la oposición solo tiene que tener un candidato unido que, en estas elecciones, cree que es él mismo. En la práctica, la oposición sigue dividida. 

Una encuesta reciente de CID-Gallup con una muestra de 1.200 personas concluía que si las elecciones fueran entre Ortega y un solo candidato de la oposición, cualquiera de los siete que han sido detenidos obtendría un 65% de los votos frente al 19% del actual presidente.

“Acompañantes” en lugar de observadores

Tampoco habrá observadores al estilo tradicional. “No vamos a mandar ninguna misión de observación electoral porque el señor Ortega ya se encargó de encarcelar a todos los opositores que se presentaban a las elecciones”, dijo el martes en Lima el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell. Por otro lado, el Gobierno de Ortega no ha invitado a la Organización de Estados Americanos (OEA) como observadora tras “su participación en un golpe de Estado en Bolivia” durante las elecciones de 2019, según afirmó el ministro de exteriores nicaragüense, Denis Moncada. La misión de observación de la OEA fue muy criticada por su papel en las elecciones bolivianas de 2019, en las que denunció un supuesto fraude electoral que acabó con la salida del país del presidente Evo Morales. “No podemos invitar a alguien que ha participado en la promoción y ejecución de un golpe de Estado contra un país democrático como es el caso de Bolivia”, dijo Moncada.

En su lugar participarán 170 “acompañantes electorales” de diversos países. La magistrada del Consejo Supremo Electoral (CSE), Mayra Salinas, explicó que “el acompañante internacional es como el amigo que llega a tu casa, que vos invitas para que llegue a tu casa y pueda acompañar en un proceso de compartir, de ver, de disfrutar, de conocerlo y que pueda hacer recomendación”. En cambio, “los observadores electorales quieren estar por encima de tu proceso nacional”.

La Unión Europea y Estados Unidos han calificado de “farsa” los comicios. Ambos tienen ya un régimen de sanciones contra el Gobierno de Ortega, pero no descartan ampliarlo. EEUU ha aprobado una nueva ley para ampliar el régimen de sanciones y el portavoz de exteriores de la UE, Peter Stano, ha señalado: “Tenemos en vigor un régimen de sanciones contra Nicaragua y está constantemente en revisión. No excluimos tomar nuevas medidas”.

Malamud cree que las sanciones no son muy efectivas y sostiene que “en estos casos la única solución posible y viable viene del interior de país. No está impuesta por la comunidad internacional”. El experto cree que el descontento social que desencadenó el estallido de las protestas de 2018, que dejaron alrededor de 328 fallecidos, sigue latente, “pero no hay condiciones por el estado de la represión para hacer oposición”.

Una semana antes de que los sandinistas tomaran Managua, Patricia Vaca Narvaja daba su primer paso en Nicaragua. Lo hizo de madrugada para evitar quedar detenida. Había despegado desde Costa Rica en una avioneta Cessna junto a otros cinco argentinos con los que vivía exiliada en México, lugar al que volvería tres décadas después como embajadora argentina. 

Patricia tenía 24 años, formaba parte de la organización peronista Montoneros y estaba embaraza de tres meses cuando decidió viajar a Diriamba, una ciudad a unos pocos kilómetros de la capital, para asistir sanitariamente a los combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con la brigada sanitaria 'Adriana Haidar', una médica argentina desaparecida 1977.

La guerrilla de izquierda se hizo con el control del país el 19 de julio de 1979 y puso fin a los más de 40 años de dictadura somocista. “Me tocó vivir el ingreso de las columnas del FSLN a Managua. Pudimos desfilar junto a todos ellos. Fue conmovedor haber podido ser parte de ese proceso”, dice.

Patricia, como tantos otros cientos de jóvenes, era parte de las brigadas internacionalistas que desembarcaron desde distintas partes del mundo para respaldar la única revolución de izquierda victoriosa en América Latina después de la cubana de 1959.

“Llegamos a Nicaragua para acompañar a los protagonistas de esa revolución, para solidarizarnos con ellos, con la esperanza de que esa victoria irradiase en la región y marcase el fin de las dictaduras en América Latina”.

Los 'sandalistas'

“¡Hostias! No tengo idea cómo se ordeña una vaca”, fue lo primero que pensó Luis Nieto Pereira después de que un campesino sandinista le pidió un balde lleno de leche. Esa fue una de las primeras experiencias que este hombre de Galicia, nacido hace 62 años, actual portavoz de Podemos en la ciudad de Madrid, le tocó pasar mientras vivió en una zona rural del sur del Nicaragua en 1983.

Luis, graduado en Magisterio, procedente de una familia obrera europea, era uno de los tantos jóvenes extranjeros, apodados por los nicaragüenses como “sandalistas” –por el uso de sandalias–, que llegaron de Europa para trabajar con el Frente Sandinista.

“Me siento parte de una generación que desde muy joven apostó por la lucha antifranquista. Luego llegó la Transición y no cubrió nuestras expectativas. Algunos se fueron para su casa y otros, como es mi caso, buscamos otro sitio donde encajar”, dice este dirigente que pasó de la Asamblea Popular Gallega al sandinismo mientras recuerda los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de viajar a Centroamérica sin billete de vuelta. 

La experiencia en Nicaragua le sirvió, entre otras cosas, para terminar con algunos prejucios. Uno de ellos: la religión. “Yo que en España siempre he sido un ateo redomado, cuando llegue a Nicaragua descubro a los curas en la trinchera, diciendo que si hay un trozo de pan, primero al campesino. Ahí es cuando dije: ¡pero qué pasa aquí!”.

El internacionalismo se volvió en esos tiempos una bandera política para aquellos que consideraban demasiado estrechas las perspectivas locales. Pero además, el caso nicaragüense es el ejemplo exitoso. La revolución que había logrado su objetivo inmediato: terminar con una dictadura.

Luis ejemplifica con un recuerdo de una noche de celebraciones la diversidad de procedencias de los brigadistas. “A ver... los compañeros de Alemania ¡un paso al frente!”, gritó uno de los dirigentes nicaragüenses a la multitud. El grupo de brigadistas alemanes respondió y como recompensa recibió un aplauso. Luego le tocó el turno a los franceses, más tarde a los suecos y también a los españoles: “Los compañeros españoles, ¡un paso al frente!”, se escuchó. Nadie se movió.

No era que faltaran españoles sino que ninguno se reconocía de esa manera. Hizo falta que comenzaran a nombrar una a una las comunidades de Euskadi, Cataluña, Andalucía para que dieran un paso adelante. “Nadie entendía nada. Entonces ahí hubo que explicarles un poco qué es lo que pasaba en España”, recuerda Luis. 

De Chile a Nicaragua

Dos semana antes del último golpe de Estado en Chile que puso fin a la presidencia de Salvador Allende, en agosto de 1973, José Miguel Carrera llegó a La Habana con una beca del Cuba para estudiar medicina. El fin del Gobierno de la Unidad Popular lo soprendió en la isla. La muerte de Allende, además de provocar una hecatombe política en el Partido Comunista, alteró la vida de José Miguel.

Fue en abril de 1975, en un aniversario de la batalla en playa Girón, cuando Fidel Castro les propuso a los estudiantes chilenos que dejaran la medicina para empezar a recibir entrenamiento militar. “Muchos de nosotros dejamos de estudiar y pasamos a ser soldados de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba”, dice el chileno.

Miguel militaba en la Juventud Comunista de Chile donde la idea del internacionalismo siempre estuvo presente. La decisión le pareció acertada, de esa manera podría volver a Chile y recuperar el país de las manos de Augusto Pinochet. “Yo me sentía feliz de prepararme para ir a luchar a Chile contra la dictadura. Ese era nuestro sueño: volver a Chile”.

Pero ya como subteniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, la historia fue otra. En mayo de 1979, José Miguel conoció a Fidel Castro. Fue en una escuela militar, cerca de La Habana, donde el líder cubano garabateó en una pizarra la estrategia militar para entrar por el sur a Nicaragua frente a un reducido grupo de chilenos entre los cuales se encontraba él.

“Nosotros en ese tiempo no teníamos ni idea de lo que era Nicaragua. Yo sabía muy poco. Alguna vez había oído hablar de Sandino pero no teníamos mucha idea. Al otro día empezamos a formar grupos para ir ahí. Fidel Castro nos dijo que nuestra tarea era contribuir a que triunfara esa revolución”, cuenta.

Ya en Nicaragua, en la frontera con Costa Rica, José Miguel se sumó a la guerrilla. “En nuestro caso, a diferencia de otros internacionalistas, nosotros éramos militares de carrera y por eso los sandinistas nos tenían mucho respeto y nos consultaban”. 

En sus días en el país, tuvo una tarea fundamental: entrenar a los jóvenes que venían de otros países que no tenían ninguna experiencia militar y que terminaban heridos o muertos rápidamente por la falta de preparación. La tarea de José Miguel fue, en ese momento, crear una escuela militar para la guerrilla. Y a eso se dedicó mientras estuvo en Nicaragua.

Adiós muchachos

“Aprendimos que se puede luchar con éxito”, dice José Miguel. Para cientos de jóvenes de izquierda de aquella de época, Nicaragua funcionó como sedativo de las derrotas pasadas y una forma de reparar la ilusión rota. 

“Habíamos idealizado que con la Transición haríamos un cambio de país y de repente nos dimos cuenta que no iba a ser así. En lugar de irme, pensé en dónde podía haber otro sitio donde canalizar la lucha por la igualdad y el cambio de modelo. En aquel momento, ese lugar era Nicaragua”, dice Luis.

Si bien los internacionalistas que llegaron ahí lo hicieron impulsados por intereses de lo más diversos, el compromiso político de cada una de estas personas empezaba en su país. Ese era un elemento en común.

“Estas brigadas fueron una manera de hacer frente a todas las dictaduras que se desplegaban en la región, queríamos ser solidarios para poder después replicar el fin de las dictaduras en el continente como una gesta de hermandad revolucionaria”, dice Patricia. 

Pero para algunos, como en el caso de Luis, en esa época ya había indicios de que la historia podía no acabar bien. “En Nicaragua, pasé de la teoría a la práctica. Y ahí empiezas a ver cosas que no te gustan, elementos autoritarios. Pero en ese momento dices 'estamos en la revolución, todos nos equivocamos'. Luego, con los años, te das cuenta que estas cosas se debieron de tratar en su momento y no dejar que llegaran a donde están llegando”.

Entre los elementos que Luis miraba con desconfianza estaba la diferencia marcada entre la dirigencia y las bases. “Comandantes que decían 'estamos en guerra', pero luego uno los veía que en ciertos momentos no eran todos iguales, ni tenían acceso a las mismas cosas. Existía una idolatría del campesinado a sus dirigentes que llevaba a que nadie se atreviese a hacer ninguna crítica”.

Patricia detectó, en medio de los festejos del triunfo, que lo complicado recién estaba empezando. “¿Y ahora cómo sigue? Esa fue la pregunta que nos hicimos muchos de nosotros en ese momento. Lo habían conseguido, pero empezaba la parte más difícil: cómo gestionar esa revolución”.

El presente de Nicaragua

“La revolución no está hecha para estas venganzas”, cuenta Luis que escuchó decir a un dirigente sandinista cuando durante el primer Gobierno de Daniel Ortega, en la década de los 80, impidió que un grupo de campesinos fusilara a otro porque se habían pasado al bando contrario.

“Eso era la revolución. Pero lo que vemos ahora es que esos dirigentes revolucionarios están acusando a otros compañeros de traidores y creando brigadas parapoliciales para matarlos, no lo puedo creer”, dice Luis. 

Las lecturas sobre lo que está pasando en Nicaragua difieren según las historias. Luis lo vive como un drama. “Cuando estábamos en la revolución, nunca creímos que tal persona, con nombre y apellido, pudiera llegar a hacer lo que están haciendo”.

Para Luis algunas cosas tienen su raíz en el pasado, como cuando en 1991 el Frente Sandinista pierde las elecciones. “En ese momento empieza a tomar forma una elite sandinista que se fue apartando de la revolución. Ya vivía en una casa difirente y tenía un coche diferente; las condiciones materiales te van moldeando. Una elite sandinista con una verborrea de la revolución que no coincide con la práctica”, dice el ahora portavoz de Podemos.

“El autoritarismo, ya existía. Algunas violaciones a los derechos humanos, también. Existían algún grado de separación entre la élite sandinista y la gente. Pero todo eso lo ocultamos porque estábamos haciendo la revolución. No entendimos que hacer la revolución también implicaba un cambio de valores, un hombre nuevo. Ahí se fue formando una élite sandinista que se fue apartando de la gente”.

En la vereda opuesta esta la lectura de José Miguel. El chileno, adoptado por Cuba a mediados de los setenta, regresó a Nicaragua para las elecciones de 2016 y no tiene críticas al actual Gobierno. Los últimos movimientos de Daniel Ortega los asocia a una variable externa: Estados Unidos. “A Estados Unidos no le gusta Nicaragua, que ha mostrado dignidad. Históricamente han intentando aplastar a ese país”, dice.

Para Patricia, la situación es más vidriosa. “Es una pena que todos estos valores e ideales que vimos ahí no tengan un buen desarrollo en este momento. Pero las decisiones las tienen que tomar los nicaragüenses. La resolución del conflicto debe ser mediante el diálogo y el voto”.

A la pregunta sobre las faltas de garantías, competitivad y transparencia que las elecciones generales de próximo domingo 7 de noviembre presentan para la oposición, Patricia responde: “Los pueblos siempre encuentran la forma de expresarse, sea con el voto en blanco o la decisión de no participar de una elección”.

La revolución sandinista derrocó a Somoza en 1979 y él era uno de sus líderes más destacado. Formó parte, junto a Daniel Ortega, Violeta Chamorro, Alfonso Robelo y Moises Hassan, de la primera junta de gobierno de la guerrilla. Fue vicepresidente de Daniel Ortega hasta las elecciones de 1990. Perdido el poder, separaron sus caminos. Sergio Ramírez acabó dedicándose por entero a la literatura. Ortega peleó por recuperar el poder con la intención ahora consumada de no volver a soltarlo. En 2018 la policía de Ortega cargó con violencia contra la población harta de pobreza y arbitrariedad. Hubo cientos de muertos y la tensión permanece. De esas revueltas nació Tongolele no sabía bailar (Alfaguara, 2021), la última novela de Sergio Ramírez, una historia que retrata al presidente de Nicaragua y a Rosario Murillo, su mujer y vicepresidenta del país, en toda su vileza y arbitrariedad. “Nicaragua es una historia de repeticiones”, dice Ramírez. “En los 70 el dictador era Somoza, ahora es Ortega; pese a todo no me arrepiento de la revolución”.

La madre de Tongolele, el protagonista de su último libro, estaba muy enfadada porque en Nicaragua se habían plantado muchos más de 69 árboles de la vida ¿qué tan importantes son estos árboles hoy en su país?

Han cobrado una importancia capital puesto que es un régimen que se rige por las reglas no escritas del esoterismo. Sai Baba es un gran sacerdote de esa religión ausente. Todo esto viene de las creencias personales de la señora del presidente, Rosario Murillo, y de sus aficiones personales a interpretar el mundo desde una perspectiva mágica. Por eso cuando empiezan las revueltas en 2018 las primeras víctimas son los árboles de la vida. La gente se empeña en derribarlos. Se concentraban centenares de personas. Pero fue una tala parcial, luego vino la represión y muchos de los árboles quedaron en pie y están siendo resembrados.

La historia se repite, en el 79 los titulares eran que el Ejército reprimía las manifestaciones del pueblo, a partir de 2018 los titulares son casi los mismos. En su libro, Monseñor Bienvenido critica duramente los desmanes de la dictadura; eso ya sucedió con la Iglesia en los 70...

Nicaragua es una historia de repeticiones. Es una historia que se muerde la cola siempre. Los curas han sido importantes en los grandes fenómenos de cambio que ha vivido el país y lo fueron en la época de Somoza, con la ola de los curas comprometidos con el evangelio de los pobres identificados con el Concilio Vaticano II y tuvieron muchísimo que ver con la revolución. Desde la cruzada de la alfabetización que la dirigió un jesuita, el padre Fernando Cardenal, hermano de Ernesto, hasta la mano que metió Gustavo Gutiérrez, el gran teólogo peruano, en la carta pastoral que la iglesia emitió respaldando el proceso de la revolución.

¿Y qué dice el papa Francisco de lo que está ocurriendo?

No lo sé. El Papa Francisco ha guardado un silencio que se escucha en todo el mundo sobre la situación en Nicaragua y el obispo Monseñor Báez, que es el modelo del obispo que sale en el libro, fue enviado a Roma por un acuerdo entre el Vaticano y el régimen de Ortega, supuestamente para ocupar un cargo en la Curia romana, pero después nadie le hizo caso y se tuvo que ir a Miami a vivir con su familia.

¿En Nicaragua se espera de alguna manera la voz del Papa en este momento? 

Sería aconsejable que todos los fieles católicos de Nicaragua, que son la mitad de la población, escucharan qué es lo que el Papa tiene que decir sobre esta barbarie que está ocurriendo desde 2018 y que sigue ocurriendo ahora con la detención de tanta gente, con el crecimiento imparable de los presos políticos. 

Las elecciones son el domingo 7 de noviembre y en los últimos meses han sido detenidos todos los candidatos que le podían hacer sombra a Ortega.

Los candidatos que quedan son de mentira, inventados por el régimen. Hay una lista divertida de esos partidos fabricados a última hora, en donde el candidato a presidente lleva en la lista de diputados a sus hermanos, sus tíos, sus primos. El modelo de Nicaragua se va acercando mucho al de los antiguos países del Este de Europa en los que los gobernantes eran elegidos con el 99% de los votos.

¿Quién es Daniel Ortega hoy?

Podía haber pasado a la historia como un líder revolucionario, pero va a ser juzgado como un tirano, un dictador de la vieja tradición de dictadores que ha existido siempre en América Latina. No importa el color ideológico, sin ninguna duda un dictador. Sin apellidos. Un dictador, sí.

Usted tuvo una relación muy cercana con él durante mucho tiempo. Apoyó la revolución, formó parte de la primera junta de gobierno sandinista y luego llegó a ser vicepresidente con Ortega de presidente ¿No lo vio venir?

Creo que viéndolo desde el punto de vista del novelista, como me gusta ver a mí las cosas, la gente cambia, la gente va evolucionando. Daniel Ortega pasó siete años en la cárcel por asaltar un banco -en ese tiempo asaltar bancos era parte de la mística revolucionaria para llegar fondos a la revolución- y fue liberado por un comando en el que estaba Hugo Torres. Hoy Hugo Torres está preso por orden de Ortega. Eso da la idea de cómo aquella persona que seguramente estuvo agradecido en ese momento por el gesto de ese comando que lo sacó de la cárcel, se comporta hoy frente a sus libertadores. Creo que uno de los elementos transformadores más definitivo que tiene el ser humano es el poder, la ambición, el deseo de poder. Eso está en la literatura universal, me recuerda mucho a Macbeth.

Creo que hay dos grandes momentos del Frente Sandinista, el de 1979, cuando toma el poder por las armas y en 1990 cuando lo deja por los votos

¿A Ortega le cambia la ambición de poder?

Sí. Es decir, la determinación de regresar al poder y no irse nunca más. Siempre estuvo convencido de que cometió un error al entregar el poder a Violeta Chamorro tras las elecciones de 1990, porque significaba perder lo que él consideraba la revolución. El Partido Sandinista se hundió con la derrota porque era sufragado por el erario público. El Ejército se fue a buscar su propia institucionalidad, lo mismo que la policía. Entonces ese reino en el que él creía se deshizo.

¿Alguna vez pensó que no se tendrían que haber convocado esas elecciones?

No, yo siempre creí que no había otra salida que convocar elecciones democráticas. Creo que hay dos grandes momentos del Frente Sandinista, el de 1979, cuando toma el poder por las armas y en 1990 cuando lo deja por los votos. Es decir, eso hubiera podido constituir para el sandinismo un prestigio doble, enorme. El primer movimiento guerrillero que yo conozca que deja el poder porque pierde unas elecciones. Pero eso lo arruina el propio Ortega conspirando contra la señora Chamorro, buscando cómo derrocarla, cómo desestabilizarla.

Acaba de decidir que se exiliará definitivamente en Madrid ¿Por qué no puede regresar a Nicaragua?

Antes de salir de Nicaragua me habían llamado a declarar por el caso de Cristiana Chamorro [candidata a las elecciones ahora detenida], a la que estaban acusando de lavado de dinero. Y como mi fundación, que lleva el nombre de mi madre, Luisa Mercado, tenía un convenio de cooperación para organizar seminarios y talleres de periodismo con la Fundación Violeta Chamorro, que presidía Cristiana, me llamaron. Pero en realidad lo que querían como decimos en Nicaragua era marcar la tarjeta. Era una advertencia. Estaban metiendo preso a todo el mundo. Fueron sumando y sumando presos. De manera que yo cuando terminé un tratamiento médico en los Estados Unidos decidí irme a Costa Rica. Y estando allí me enteré de la orden de detención contra mí por los mismos delitos que estaban acusando a Cristiana. 

¿Por qué ha decidido quedarse en España? 

Me siento bien aquí. Aunque he estado una infinidad de veces, es una experiencia nueva vivir de continuo en España. Es una decisión que tomé con mi mujer. Me parece que regresar a Centroamérica es empezar a respirar otra vez ese ambiente tóxico que es el que me llevó al deterioro físico. Quiero poner el océano de por medio y ensayar aquí la búsqueda lo que yo llamaría una paz espiritual, aunque eso no exista.

Una de las víctimas inmediatas de la situación en Nicaragua ha sido el periodismo. De nuevo en esto la situación se parece mucho a los tiempos de Somoza...

No hay periodismo libre en Nicaragua. Terminaron con La Prensa [el principal periódico que en 1979 fue bombardeado por la aviación de Somoza], empezaron por no entregar los embarques de papel en la aduana y enseguida lo ocupó la policía. De manera que la edición digital de La Prensa se hace desde la clandestinidad en Nicaragua. Hay muchos periodistas en el exilio, y han nacido pequeños medios electrónicos, que son los que trabajan haciendo un periodismo muy importante ahora en Nicaragua. Y no hay que olvidar el exilio de Carlos Fernando Chamorro, miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo, como yo mismo, que tuvo que salir clandestinamente para evitar que lo apresaran. Hay una orden de captura contra él, igual que la que dictaron contra mí. Confidencial, su medio, se está haciendo desde Costa Rica.

Cuando en Nicaragua Somoza cerró todos los medios, surgió lo que se llamó el periodismo de las catacumbas. Los periodistas iban a las iglesias y desde el altar mayor leían las noticias, informando de lo que estaba pasando, la represión, los muchachos desaparecidos, los muertos, el bombardeo de los barrios. Y ahora hay un nuevo periodismo de las catacumbas, que es este que se hace por medios digitales que no lo pueden evitar a menos que impongan un apagón, un apagón electrónico en el país.

¿Quién sostiene a Ortega desde el exterior?

Rusia, Venezuela, Cuba, Irán, Turquía son sus aliados. Erdogan defiende a Ortega, Putin defiende a Ortega, los ayatolás defienden a Ortega, pero a la hora de traducir esto en un respaldo real no sé lo que hacen. Lo más que hace Putin es enviar unos autobuses que ni siquiera llegan preparados para el trópico. No se pueden bajar las ventanas. Y en Nicaragua se descomponen al año. Me intriga saber cuál es la asistencia real, salvo la presencia de fuerzas de inteligencia y seguridad. Eso sí, porque hay un búnker de los rusos en Nicaragua donde operan sistemas de comunicación de espionaje. Y también está presente la colaboración cubana y venezolana en asuntos de inteligencia, de seguridad.

¿Qué papel está jugando Estados Unidos?

Muy contradictorio, porque el presidente Biden, en su discurso de las Naciones Unidas no incluyó a Ortega en la lista de dictaduras. Y por otro lado, el secretario de Estado tiene un discurso muy enérgico contra Ortega. Pero el Fondo Monetario Internacional entregó a Ortega de una sola vez 370 millones de dólares. Entonces, me parece que esta política contradictoria es quizás porque Nicaragua no es una prioridad para los Estados Unidos como sí lo es Venezuela.

No hay prensa, los líderes de los partidos están presos, la oposición al régimen está en manos de los jóvenes, pero a un coste en vidas muy alto...

Cuarenta mil se han ido al exilio solo desde mayo, más los miles que ya había antes. Pero el germen de la resistencia está ahí siempre. Eso no lo pueden cambiar ni lo pueden dominar, por mucho que le pongan una losa de plomo encima. En la última encuesta de Gallup resulta que solo el 19 por ciento de la población votaría por Ortega. Si hubiera unas elecciones verdaderas el 65 por ciento votaría por cualquiera de los candidatos que está preso.

Un premio Cervantes, una novela secuestrada en la aduana de Nicaragua y la sombra del exilio acechando de nuevo a Sergio Ramírez. El escritor de 79 años se encuentra estos días atrincherado en Madrid mientras que su último libro no consigue entrar a su país de origen. Ambos se han quedado fuera de las fronteras nicaragüenses por mandato del Gobierno de Daniel Ortega, el presidente que ha emprendido una oleada de detenciones contra las voces críticas y supuestos opositores del país. Entre ellos, Ramírez, al que la Fiscalía acusa de “conspirar”, incitar al odio y la violencia y menoscabar la integridad nacional, entre otros delitos.

La novela en cuestión es Tongolele no sabía bailar y Alfaguara ha sido la casa elegida para editarlo y distribuirlo en los países hispanohablantes. La fecha de publicación es el próximo 16 de septiembre en España, donde no habrá problemas para encontrarlo en librerías. El autor recibió el Premio Cervantes en 2017 y goza de buena prensa a este lado del Atlántico. No así en Nicaragua. 

Los paquetes de Alfaguara llevan dos semanas secuestrados en la aduana a la espera de que la editorial envíe un resumen de la trama antes de liberarlos. Pero mientras tanto, han encontrado una fórmula para burlar los controles fronterizos: WhatsApp. El libro lleva circulando desde el viernes pasado en formato PDF como una suerte de mensaje en cadena. La etiqueta de “libro prohibido” ha funcionado como un resorte y ha ayudado a que se distribuya entre los móviles de los nicaragüenses. No obstante, Ramírez aún no se ha pronunciado sobre este “pirateo solidario” –como el que ocurrió con Fariña y que criticó el propio autor– cuando la novela todavía no ha sido lanzada al mercado. 

Pero ¿qué esconde Tongolele no sabía bailar para que no permitan su entrada al país? ¿Tiene que ver únicamente con la novela? La enemistad y rivalidad política entre Ramírez y Ortega se remonta a finales del siglo pasado, pero la trilogía que culmina ahora y empieza por El cielo llora por mí (2009) y Ya nadie llora por mí (2017) ha echado más leña al fuego. 

El protagonista es el inspector Dolores Morales, antiguo agente de la revolución sandinista que ejerce como detective privado en la Nicaragua contemporánea y sirve de vehículo para repasar las cloacas del sistema político del país. “La novela negra que uno lee proveniente de Estados Unidos, de Suecia, está basada en personajes que tienen detrás un aparato policial impoluto, un sistema de justicia transparente, fiscales que no se dejan mover por ningún viento”, expresó Ramírez en la promoción de su anterior libro. “En América Latina desde México hasta el sur, pasando por Nicaragua, un policía, privado o público, tiene que contar con que entra a investigar un caso en arenas movedizas”. 

La corrupción y la tentación del dinero son algunas de las temáticas predilectas del autor. Y aunque siempre diga que sus personajes son ficticios, reconoce que Dolores Morales es su alter ego y que sus novelas son “un espejo” de lo que está ocurriendo en América Latina y en Nicaragua, que según el autor es lo que mejor conoce. La trama de Tongolele, de hecho, se centra en las revueltas de 2018, reprimidas con brutalidad por la policía y por grupos paramilitares sandinistas. Hubo 427 muertes. Tongolele es un mercenario que trabaja para el régimen y mueve los hilos políticos al que Morales debe enfrentar.

Podría tratarse tan solo de un escenario novelado de no ser por la cercanía del propio Sergio Ramírez con el Gobierno y su pasado como político de primera fila. Llegó a ser vicepresidente con Daniel Ortega entre 1984 y 1991. Cinco años más tarde se retiró de la política, pero en 1999 publicó unas memorias –Adiós muchachos– en las que dejaba patente su enemistad con Ortega. 

Todo ello ha servido de excusa al presidente para condenar la última novela, acusarla de desestabilizar el país y emitir una orden de detención y de allanamiento de morada contra Ramírez. “Como anuncian que van a allanar mi casa, lo que van a hallar es una casa llena de libros. Los libros de un escritor. Los libros de toda mi vida. Soy un escritor comprometido con la democracia y la liberad, y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre”, ha publicado el Premio Cervantes en sus redes sociales. Ramírez ha reconocido una condena al exilio en el movimiento desestabilizador de Ortega y estos días en Madrid ha asumido que “regresar a Nicaragua significaría la muerte” para él. 

No sería la primera vez. En 1977, Anastasio Somoza le acusó por medio de la Fiscalía de delitos “parecidos a los de ahora”, se lamenta Ramírez: terrorismo, asociación ilícita, delinquir y atentar contra el orden y la paz. Entonces tuvo que refugiarse en Costa Rica. A pesar de los años de rivalidad con el Gobierno de Ortega, los nicaragüenses percibían al autor como uno de los intocables. La realidad ha cambiado y él no duda de que ha sido por la novela. 

Apoyo internacional y de otros tótems literarios

La RAE y otras 14 Academias de la Lengua latinoamericanas han emitido un comunicado en apoyo a Sergio Ramírez para exigir al gobierno de Nicaragua que retire las acusaciones y la orden de detención contra el autor. La RAE “defiende las libertades de pensamiento y expresión como los primeros valores de cualquier sistema de convivencia y lamenta el grave intento de cercenarlas”. Según la institución, “evitar la manifestación libre de toda clase de opiniones, muy especialmente de contenido político, es la forma más intolerable de ejercicio arbitrario del poder porque conduce a la opresión de los ciudadanos en beneficio exclusivo de los imperantes”.

En los últimos meses la Fiscalía de Nicaragua ha atribuido los mismos cargos que a Ramírez a otras 34 personalidades críticas con el Gobierno. “Rechazamos rotundamente las infundadas acusaciones realizadas por la Fiscalía nicaragüense contra el escritor Sergio Ramírez, para el que han cursado una orden de detención y decretado el allanamiento de sus propiedades”, ha dicho el Gobierno de España mediante una carta conjunta firmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Cultura.

Además, este lunes, más de 250 firmas de la literatura, música, interpretación, periodismo o diplomacia han publicado una carta en contra de las acciones de Daniel Ortega, las cuales perciben como un “atentado a la libertad y un insulto a la inteligencia”. Entre ellos se encuentran escritores como Héctor Abad Faciolince y Leila Guerriero; cantantes como Ana Belén y Miguel Ríos; actrices como Aitana Sánchez Gijón; directores como el argentino Juan José Campanella; y periodistas como Sol Gallego Díaz y Joaquín Estefanía.

“Nadie los ha visto. No sabemos cómo están”, dice Héctor Mairena a elDiario.es sobre las condiciones de los más de 30 opositores detenidos en los últimos meses en Nicaragua. Mairena es miembro de la mesa nacional de Unamos, un partido que nació a mediados de los 90 como una escisión del sandinismo y que suma más de media docena de dirigentes de su espacio político privados de su libertad.

“Nosotros los definimos como secuestrados y desaparecidos porque, exceptuando el caso de Cristiana Chamarro, María Fernanda Alemán y Berenice Quezada que han sido detenidas en sus casas, no sabemos nada del resto”, denuncia Mairena.

Los principales candidatos opositores no podrán competir en las elecciones el 7 de noviembre que definirán al próximo presidente y vicepresidente además de los 90 diputados nacionales. La mayor parte de ellos están detenidos, exiliados o inhabilitados.

Existe una diferencia entre los detenidos: unos tienen prisión domiciliaria y otros son llevados a centros de detención. Los arrestos domiciliarios, por lo general, se respaldan en medidas cautelares cuando ya existe acusación. Eso se aplica para los casos de Cristiana Chamorro y Berenice Quezada, pero en la mayoría de los casos se encuentran en una instancia previa, por eso no pueden permanecer en sus hogares.

Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más, coincide con Mairena. “Desde que fueron privados de su libertad ilegalmente e inconstitucionalmente, sin orden de captura y sin quedar claro cuál es el delito por el que se los acusa, no sabemos dónde están. No sabemos si están vivos, si están muertos, si están enfermos. No sabemos nada de ellos”, explica a este medio.

A los dirigentes de la oposición se suma la detención del gerente del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, acusado del delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales. El día anterior, el medio había denunciado el ingreso de la Policía Nacional a su redacción.

Los defensores de derechos humanos en Nicaragua denuncian que no hay ningún respeto al debido proceso en las investigaciones judiciales. En todos los casos han sido capturados sin una orden judicial, un modo de accionar que va en contra de cualquier ley nacional e internacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó, en su último comunicado, el conjunto de acciones que desde los poderes públicos se vienen desplegando con el objetivo de impedir la participación de la oposición en las elecciones.

Si bien mucho se habla de los arrestos poco se conocen las condiciones una vez detenidos. “En casi la totalidad de los casos se desconoce el estado físico y psicológico de los presos”, dice a este medio el exfiscal regional del Ministerio Público de Nicaragua, Boanerge Fornos.

“Métodos de guerra”

Una vez que quedan detenidos recién ahí es cuando el Ministerio Público emite un comunicado donde, en la mayoría de los casos, aclaran que están acusados de “traición a la Patria” por violar la Ley 1055, llamada “Ley de Defensa de la Soberanía” por el Gobierno.

En enero, el presidente ordenó una reforma del Código Penal que cambió las reglas del juego. Si antes las normas establecían que la Policía podía detener a un sospechoso solo por 48 horas antes de pasarlo al juez de la causa, en enero de 2021 eso cambió. El nuevo Código habilitó hasta 90 días antes de que haya acusación formal. 

Human Rights Watch sostiene que todo esto ha sido posible gracias a “nuevas leyes represivas” que violan las garantías al debido proceso del derecho internacional de los derechos humanos y que están siendo utilizadas para dar una apariencia de legalidad a detenciones arbitrarias.

“Se presume que las personas detenidas arbitrariamente se encuentran en las instalaciones de Auxilio Judicial Nacional de la Policía, pero ante la falta de comunicación con sus abogados y sus familiares, decimos que están desaparecidos. El Estado de Nicaragua está obligado a demostrar dónde se encuentran detenidos y si están en buen estado de salud física y psicológica”, explica el exfiscal nicaragüense.

La mayoría de los detenidos no tiene acceso a un abogado. Y en el caso de tenerlos, se les impide tener una comunicación libre, regular y en privado con sus defensores, según denuncian los entrevistados.

Pero además, las audiencias judiciales son a puerta cerrada. Nadie sabe qué pasa ahí dentro e incluso hay quienes dudan si efectivamente existen. Es por eso que desde del amplio arco opositor denuncian la violación al derecho a audiencias orales y públicas.

También denuncian que el poder Judicial oculta información sobre el proceso. “Lo que vulnera el debido proceso y deja desprotegidas a las personas acusadas e investigadas”, explica Boanerge Fornos.

Todo esto constituye una violación al debido proceso que permite que los detenidos queden desvinculados de sus familiares y no tengan acceso a la defensa. “El Gobierno de Daniel Ortega ha venido usando métodos de guerra contra una resistencia cívica”, sintetiza Gonzalo Carrión.

Una vez desplegada la estrategia de control de la política interna, el Gobierno de Daniel Ortega endurece su posición frente a la comunidad internacional. El presidente de Nicaragua ha comenzado a responder con dureza a los gobiernos que han llamado a consulta a sus embajadores después de la oleada de detenciones a dirigentes opositores y periodistas que empezó en junio.

Es el caso de España. En una nueva nota dirigida al Ministerio de Exteriores español, la Cancillería de Nicaragua ratifica que “exige a España que cumpla con sus propios compromisos internacionales, sobre todo alrededor de tantos crímenes, ni reconocidos, ni investigados, y todavía sin justicia para las víctimas”.

La crisis diplomática entre España y Nicaragua se agravó este miércoles, cuando el Gobierno español llamó a consultas a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, como respuesta a las “graves e infundadas acusaciones” de la Cancillería nicaragüense contra España y sus instituciones.

“No nos corresponde analizar la profunda crisis política, democrática, económica y social que vive esa nada perfecta España, denunciada por todos los sectores de ese pueblo amigo. Sin embargo, en vista de su reiterada intromisión en asuntos nuestros, de inauditas pretensiones coloniales a 200 años de independencia, ratificamos y ampliamos lo dicho ayer”, continuó Managua.

El Gobierno de Daniel Ortega exigió “cumplir con todas sus obligaciones en términos de Derechos Humanos y Democracia, en un marco legal no represivo, que garantice los procesos sociales, políticos, electorales y ciudadanos, en esa España que luce tan arrogante, jactanciosa y falsa”.

En la nota, el Ejecutivo nicaragüense pidió a España cumplir, “igualmente, con los protocolos de Derechos Humanos, incluyendo asumir y resarcir por el tan denunciado terrorismo de Estado que les manchó para siempre; que garanticen la libre expresión y participación política de todos sus ciudadanos, conforme sus propias voluntades y creencias”.

“El día llegará en que sus rabiosas, ridículas, altisonantes y falaces voces, darán lugar a otras, fraternales, respetuosas, y verdaderas. Estamos seguros de que un mundo mejor es posible, y para eso trabajamos, y vamos”, concluyó.

España rechazó “de manera tajante” el contenido de la nota de la Cancillería nicaragüense y exigió al Estado de Nicaragua que “cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política”.

La Unión Europea y España así como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido han criticado el hecho de que, desde mayo pasado, ya son 32 los líderes y candidatos de la oposición nicaragüense detenidos y acusados de traición a la patria, lo que les impedirá presentarse a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre. El exdiplomático Mauricio Díaz es el último arresto conocido.

Contra México, Colombia, Argentina y Costa Rica

El Gobierno nicaragüense llamó este lunes también a consultas a sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Costa Rica, cuyos gobiernos criticaron la ola de detenciones a opositores y rivales del presidente Daniel Ortega, según anunció la vicepresidenta Rosario Murillo, quien indicó que se debe a una acción de “reciprocidad” en el marco de la Convención de Viena.

Murillo manifestó que “ha observado y considerado con seriedad y madurez, con gran paciencia los constantes e inmerecidos señalamientos irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos de parte de las máximas autoridades de estos países”.

Argentina y México retiraron a mediados de junio a sus embajadores, mientras que Costa Rica congeló el nombramiento de su representante y Colombia hizo lo propio el mes pasado en medio de una ola de arrestos a opositores.

Los embajadores que fueron llamados a consultas son Duilio Hernández Avilés (Costa Rica), Orlando Gómez (Argentina), Juan Carlos Gutiérrez Madrigal (México) y Yara Pérez (Colombia).

La opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) denunció este miércoles el arresto e inhabilitación de su candidata a la Vicepresidencia de Nicaragua y exreina de la belleza, Berenice Quezada, en medio de una ola de detenciones cuando faltan tres meses para los comicios en los que Daniel Ortega busca la reelección.

Quezada “fue notificada en su casa por las autoridades judiciales y del Ministerio Público, acompañadas por la Policía, que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria, sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular”, señaló la Alianza CxL en una declaración.

La joven de 27 años, que fue Miss Nicaragua 2017 y cuya candidatura había sido inscrita de manera oficial el pasado lunes, “se encuentra actualmente en su casa con custodia policial”, agregó la agrupación.

De momento las autoridades nicaragüenses no han confirmado ni desmentido esa denuncia.

Un grupo de ciudadanos que se identifican como “víctimas y familiares del terrorismo golpista de 2018” solicitaron inhabilitar la candidatura de Quezada, por supuesta apología del delito e incitación al odio, ante la gubernamental Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Según la denuncia, reportada por medios oficiales, Quezada incitó al odio luego de que su alianza inscribiera a sus candidatos cuando dijo a los periodistas que “en Nicaragua las condiciones (electorales) nunca han estado” y que “las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone?, saliendo a votar”.

También hizo un llamado a votar el 7 de noviembre para demostrar que en Nicaragua no quieren “más dictaduras”, en alusión al Gobierno de Daniel Ortega.

Además dijo que, a su juicio, los nicaragüenses se definieron políticamente tras la revuelta popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza. “De 2018 para acá Nicaragua trazó una línea, cada quien decidió dónde quiere estar”, indicó.

Daniel Ortega califica esas revueltas -que dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como un intento de golpe de Estado.

Ya suman 32 los arrestos en los últimos dos meses

Quezada se convierte en la primera candidata inscrita oficialmente a un cargo de elección popular en ser arrestada por las autoridades, que desde fines de mayo han detenido a 32 personas, entre ellos siete aspirantes a la Presidencia de la oposición, mientras otros dos abandonaron el país para evitar ser capturados.

En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, también ha aprehendido a un excanciller, dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama y cinco dirigentes opositores.

Además, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, una abogada y defensora de los derechos humanos, un politólogo y especialista en sistemas políticos y electorales, un periodista, un comentarista, dos extrabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.

Otros dos aspirantes a la Presidencia de la oposición, María Asunción Moreno y el exlíder de la “Contra” Luis Fley, abandonaron Nicaragua argumentando razones de seguridad.

El sandinista Daniel Ortega, que retornó al poder en 2007, buscará su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Dichos comicios serán claves para Ortega, ya que se jugará 42 años de dominio casi absoluto de la política nicaragüense.