El relato oficial de Vox sobre la salida de José Francisco Garre en Torre Pacheco se desmorona. Si hace apenas unos días la formación exigía el acta de concejal a Garre bajo la acusación de haber recibido 16.000 euros en transferencias “sin justificar”, una serie de mensajes de WhatsApp revelados por La Opinión de Murcia demuestran que la cúpula nacional de la formación ultraderechista no solo conocía esos pagos, sino que también los habría validado.

La dirección nacional de Vox, a través de la vicesecretaria de Acción de Gobierno, Montserrat Lluis, recibió el pasado 4 de marzo hasta diez capturas de pantalla que acreditaban que el Grupo Parlamentario estaba al tanto de cada euro transferido a Garre, quien además de concejal en Torre Pacheco había sido el número dos del Comité de Garantías del partido a nivel nacional. En esos mensajes, el propio Garre detallaba que los ingresos correspondían a trabajos jurídicos realizados desde 2020, cuando el partido carecía de estructura y él asumía en solitario la asesoría de numerosos municipios y procesos internos.

A pesar de que Lluis agradeció el envío de la documentación y que los pagos estaban acordados con figuras de peso como Rubén Martínez Alpañez (actual portavoz parlamentario tras la expulsión de José Ángel Antelo), Vox decidió lanzar públicamente la acusación de irregularidades económicas solo después de que Garre rompiera con el partido, junto a las ediles Ana Belén Martínez y Maria José Guillén, para formar gobierno con el PP en Torre Pacheco. Un pacto, justificado por Garre, que buscaba “desbloquear servicios esenciales, como limpieza y agua”, los cuales, según los concejales, estaban paralizados ante la falta de un equipo de gobierno sólido.

La cronología de los mensajes reforzaría la versión aportada por Garre, quien califica la actitud de su antiguo partido como una estrategia de “amedrentamiento”. Según el concejal, Vox estaba buscando un mecanismo de presión para evitar que explorara acuerdos de gobierno fuera del control de Madrid. Garre ha dicho que sabían “perfectamente” cuánto dinero y por qué se le estaba pagando, y asegura que incluso ha llegado a recibir disculpas de responsables nacionales por la carga de trabajo que había soportado durante años antes de que se profesionalizara el área jurídica.

Este nuevo capítulo agrava la crisis interna de Vox en la Región. Aunque el partido ha acusado a Garre de “venderse” al PP por supuestos intereses personales y de no justificar sus ingresos, las últimas informaciones apuntan a que todo estaba, previamente, en conocimiento de la cúpula de Santiago Abascal. Lo que Vox presentó como un expediente de expulsión por falta de transparencia parece haber sido, a tenor de las pruebas, una reacción de castigo ante la pérdida de control territorial en Torre Pacheco, que es una de las plazas fuertes del partido a nivel nacional y donde en las elecciones de 2019 llegaron a alcanzar el 38 por ciento de los votos. Por el momento, la dirección nacional de Vox no ha ofrecido una explicación coherente sobre por qué cuestionó unos pagos que sus propios dirigentes habían coordinado meses atrás.

Por su parte, fuentes de Vox afirman que el partido “no tenía constancia de los pagos que realizaba Antelo, ni de las contrataciones o acuerdos que él ejecutaba. Fue tras su cese cuando empezamos a conocer todos estos movimientos, cuya justificación no fue capaz de aportar”. Según añaden desde la formación: “Por eso, durante muchas conversaciones, se le solicitaron esas aclaraciones a Garre. Él, aunque se comprometía a facilitarlas y a colaborar, manifestando lealtad absoluta al partido, nunca lo hizo. En lugar de ello, aprovechó ese tiempo para pactar un acuerdo de gobierno con el PP a espaldas de la dirección nacional y regional”.

Tras ser consultados por elDiario.es Murcia, también han aportado un comunicado de la concejal en Torre Pacheco, Merche Meroño, quien califica el pacto con el PP como un “robo de acta” y una “traición al mandato de los votantes”. Meroño eleva el tono al asegurar que el acuerdo responde a intereses económicos, señalando que el sueldo de Garre pasará de 20.500 a 33.000 euros, mientras que el del alcalde popular subirá hasta los 56.000 euros.

Meroño sostiene que “desde la dirección nacional se le pidieron explicaciones hace semanas, pero no lo hizo”, una afirmación que choca frontalmente con los mensajes del 4 de marzo en los que Montserrat Lluis agradecía a Garre el envío de toda la documentación justificativa.

El goteo de bajas es incesante. Desde que estallase la crisis de Vox en la Región de Murcia y su antiguo líder, José Ángel Antelo, fuera a parar al Grupo Mixto del Parlamento murciano hace menos de un mes, la mayoría de gobierno en Cartagena quedó en entredicho con la salida de Vox en ese mismo momento de Diego Salinas, quien fuera el primer teniente de alcalde en la ciudad portuaria. Este miércoles también se ha dado de baja de la formación la concejala de Turismo, Nuevas Tecnologías y Transparencia, Beatriz Sánchez del Álamo, a quien el partido había presentado como número dos en la candidatura y que era su mano derecha.

En una publicación en X, Sánchez del Álamo ha hecho pública su dimisión haciéndose eco de los mismos términos con los que otros antiguos compañeros han abandonado la formación: “la deriva del partido”. La edila de Cartagena ha acusado a Vox de “dinamitar sus propios principios” y ha denunciado a la cúpula por “convertir el partido en un auténtido despropósito”. “Hasta aquí. No todo vale”, ha zanjado.

La situación de la alcaldesa, Noelia Arroyo, es, de este modo, más frágil, ya que los votos de Salinas y Sánchez del Álamo son clave para sostener al PP junto a los dos ediles que continúan fieles a Vox.

La duda que se plantea ahora es si Arroyo optará por una solución similar a la adoptada con Salinas, manteniéndola dentro del Gobierno, o si decidirá apartarla, asumiendo el riesgo de afrontar lo que resta de legislatura en minoría y bajo la amenaza de una posible moción de censura. En cualquier caso, la aritmética es compleja, marcada por las tensiones entre el partido cantonalista Movimiento Ciudadano (MC) y la edil no adscrita María Dolores Ruiz, así como por la necesidad de sumar apoyos como los de Salinas o la propia Sánchez del Álamo.

Sánchez del Álamo ha sido señalada en varias ocasiones por MC como una de las impulsoras de la fallida moción de censura contra Arroyo en enero del pasado año. Mantiene una estrecha relación con Salinas y, como él, está enfrentada con el actual portavoz local de Vox, Gonzalo López Pretel, a quien Arroyo ascendió a vicealcalde tras destituir a Salinas como primer teniente de alcalde. Pese a todo, la concejala ha participado este miércoles por la mañana en la reunión de la Junta de Gobierno.

Cartagena no es el único avispero de Vox en la Región: los doce del grupo municipal de Totana abandonaron al completo el partido tras la defenestración de Antelo y en Torre Pacheco, uno de los principales bastiones de Vox, el jueves pasado el grupo municipal del partido de ultraderecha alcanzó un acuerdo de gobierno con el PP, en contra del parecer de la dirección nacional.

Acto seguido, el antiguo vicepresidencia del Comité nacional de Garantías de Vox y antiguo portavoz en el municipio murciano, José Garre, abandonó su militancia de la formación ultraderechista y la crisis se amplió con la baja de otras dos concejalas, Ana Belén Martínez y Josefa Guillén. Mientras que ambas edilas permanecen como concejalas no adscritas y asumirán las áreas de de Política Social y Transparencia, y Sanidad y Medio Ambiente; Garre encabezará la Concejalía de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías.

El pacto de gobierno de tres de los concejales de Vox enTorre Pacheco ha desembocado en su salida a cuenta gotas del partido de la ultraderecha. En la noche del pasado jueves, los tres ediles firmaron un acuerdo de gobernanza municipal con el Partido Popular para “darle estabilidad” y sacar adelante los presupuestos, estancados desde 2024. El acuerdo, que se alcanzó sin el conocimiento de la cúpula nacional de Vox ni la dirección regional, ha provocado el abandono del partido de los tres concejales.

El primero en anunciar su salida este pasado viernes, pocas horas después de firmar el pacto, fue el portavoz de la formación de ultraderecha en el Ayuntamiento, José Alberto Garre, quien aprovechó para denunciar “comportamientos cuasi mafiosos” de la cúpula del partido de Santiago Abascal. El portavoz de Vox en Torre Pacheco ha declarado en diversas entrevistas que aunque no había puesto en conocimiento del partido el acuerdo con el PP sí que había solicitado en diversas ocasiones “permiso” para pactar, igual que habían podido hacer otros equipos de Vox en los ayuntamientos de Cartagena, Lorca, Molina de Segura o La Unión.

Y este lunes han seguido sus pasos Ana Belén Martínez y Josefa Guillén, que ocuparán respectivamente como concejalas no adscritas las áreas de de Política Social y Transparencia, y Sanidad y Medio Ambiente; mientras que Garre encabezará la Concejalía de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías. Con la salida de los tres ediles, Vox solo mantiene su representación en el Consistorio con la concejala Mercedes Meroño, quien se ausentó del pleno en el que se materializó el pacto para mostrar su lealtad al partido.

Tras la maniobra de los tres concejales en Torre Pacheco, el partido lanzó un comunicado el pasado viernes en el que se les acusaba de “traicionar a los votantes” aliándose con el PP “a cambio de intereses y ambiciones personales”. La dirección regional de Vox en la Región ha pedido que Garre, quien también era vicepresidente del Comité de Garantías del partido, y las concejalas entreguen sus actas. Desde la cúpula del partido de ultraderecha han acusado a Garre de corrupto y traidor. En este sentido, han apuntado al requerimiento, según Vox, para que justificase “el pago de 8.480 euros que le fue realizado por orden del entonces portavoz en la Asamblea, José Ángel Antelo, apenas días antes de que este traicionara también a Vox”. El mismo comunicado añade que “Garre se comprometió a justificar este ingreso y otro por idéntico importe realizado por igual procedimiento en julio de 2025, este compromiso nunca se cumplió”.

En una entrevista concedida a El País, Garre advierte de que presentará una querella por injurias y asegura que los pagos están “perfectamente justificados y declarados a Hacienda”.

Los movimientos en Torre Pacheco se unen a la fuerte crisis de Vox en la Región de Murcia, después de que el pasado 26 de febrero la dirección regional dimitiese en bloque para forzar la salida del partido de su presidente, José Ángel Antelo. Una ruptura que terminó de materializarse el pasado 5 de marzo con la expulsión del gallego del grupo parlamentario.

José Francisco Garre, que renunció hace unos días a su vicepresidencia del Comité de Garantías de Vox y su baja del partido, está en el punto de mira de sus propios compañeros, que le acusan de corrupto y “traidor” al haber llegado a acuerdos con el alcalde de Torre Pacheco (Murcia) Pedro Ángel Roca, del PP, a espaldas de Vox. Según asegura El País, desde Vox se habrían enterado “por la prensa” de estos acuerdos, y le exigen que devuelva su acta de concejal.

Según informa el mismo medio, Garre, que también fue portavoz de Vox en Torre Pacheco, ha confesado no haber consultado con los directivos del partido su aprobación para realizar estos acuerdos con el alcalde de la localidad, pero sí lo había pedido el permiso “desde hace teimpo”, ya que Vox también gobierna en otras localidades murcianas, como son Cartagena, Lorca, Molina de Segura o La Unión.

Garre, en una conversación con El País, ha insistido en que en Vox “lo sabían de sobra”, pero que en su partido pensaban “que no era el momento, que había que aguantar y esperar”. José Francisco Garre definía la situación como “desesperada, porque el ayuntamiento estaba bloqueado y hay contratos importantes, como la recogida de residuos sólidos, el mantenimiento de parques y jardines o el agua, que han vencido o están a punto de hacerlo”. El mismo que hasta hace unos días fue vicepresidente del Comité de Garantías de Vox, ha confesado que habló com varias compañeras concejales del partido, y “salvo una, las otras dos estuvieron de acuerdo en dar ese paso. En la pasada legislatura teníamos cierta libertad, pero ahora el partido funciona manu militari”.

Sin embargo, Vox no solo acusa a Garre de “traidor”, sino también de corruputo. El propio partido, a tarvés de un comunicado, explicaba que hace unas semanas “se le requirió desde la dirección de Vox para que justificara el pago de 8.480 euros que le fue realizado por orden del entonces portavoz en la Asamblea, José Ángel Antelo, apenas días antes de que este traicionara también a Vox”. El mismo comunicado añade que “Garre se comprometió a justificar este ingreso y otro por idéntico importe realizado por igual procedimiento en julio de 2025, este compromiso nunca se cumplió”.

Según El País, Garre presentará una querella contra su propio partido por injurias, considerándolo “un intento por manchar su honorabilidad”. El que fue vicepresidente del Comité de Garantías de Vox desde 2020 mantiene que no sabe quién ordenó esas transferencias, pero sí que pero sí “responden a un pacto alcanzado en 2023 con el actual portavoz en la asamblea de Murcia, Rubén Martínez Alpañez”, quien, según explica Garre al mismo medio, le pagaría una iguala a cambio de asesoramiento jurídico a los concejales de Vox en Murcia, además de “elaborar informes y borradores de proyectos de ley y dirigir procedimientos judiciales a nivel autonómico y nacional”.

El comunicado de Vox hace referencia a dos pagos que corresponden a sus honorarios del primer y segundo semestre de 2025, justifica Garre a El País: “Hay factura en ambos casos, el importe está perfectamente justificado y declarado a Hacienda”. Garre ha explicado que le dio “todas las explicaciones” a la secretaria general adjunta de Vox, Montse Lluis, tanto por teléfono como en la propia sede de Murcia, y que ella le pidió disculpas. “Me dijo que no conocía mi trabajo, que había preguntado al equipo jurídico y le habían dicho que estaban muy contentos conmigo. Me dio las gracias”, añade Garre.

Ante las acusaciones de sus propios compañeros del partido como corrupto y “traidor”, Garre no está sorprendido, después de las acusaciones de Vox contra el exlíder murciano de Vox, José Ángel Antelo, que define como “comportamientos cuasimafiosos”. Garre cree que “si las denuncias que hacen son ciertas, tienen que llevarlas al juzgado. Y si no, ¿qué necesidad hay de atacar a alguien en lo personal, de poner en la picota a su familia, cuando ya te has cargado su carrera política? El objetivo es amedrentar a la gente pero a mí, que pensaba marcharme sin hacer ruido, me han indignado”.

Echando la vista atrás, Garre recuerda que cuando comenzó su cargo en el Comité de Garantías de Vox “no había injerencias y trabajábamos con plena libertad”. Sin embargo, apunta a que en 2022 se produjo “un punto de inflexión” cuando dos candidaturas al Comité Ejecutivo Nacional no cumplían “los requisitos estatutarios para formar parte de la dirección”. “El CEN las exime de cumplir esos requisitos y las incorpora. Es cosa de ellos, nosotros hemos cumplido con nuestra obligación de ponerlo de manifiesto”, añade Garre.

Garre explica que desde ese momento apreció “un cierto intento de control del Comité de Garantías, que hasta entonces había sido bastante imparcial”, pero intentaban “actuar con objetividad”. En la misma conversación con El País, recuerda que, cuando llegó la denuncia contra Iván Espinosa de los Monteros por supuesto tráfico de influencias, todos los miembros del comité, excepto una, estaban “de acuerdo en que ahí no había infracción alguna”, y que, al hacer una resolución se la echaron para atrás.

“Nos hacen volver a deliberar una y otra vez. Incluso nos meten en una reunión al responsable del Comité de Cumplimiento, Juan de Dios Dávila (dependiente de la Presidencia del partido), que nos presiona insistiendo en que sí hay infracción”. Garre añade que se les presentó un informe escrito por un abogado externo al que se ha contratado “para que diga que, en contra de la opinión del fiscal, que ha archivado dos veces la denuncia, la conducta de Espinosa puede considerarse delito. Como si eso pudiera impresionarnos a nosotros, que también somos abogados. Al final, pese a las presiones, nos mantenemos firmes y no se le sanciona”.

El antiguo vicepresidente del Comité de Garantías de Vox cree que, con ese expediente, quería que lo expulsaran del partido: “Al principio las denuncias eran entre afiliados, un coordinador contra un concejal o viceversa, pero de pronto nos empiezan a llegar denuncias firmadas por la secretaria general adjunta y eso ya impone. El mensaje era claro: si denuncio es porque quiero que lo echéis”, detalla en la misma conversación.

En el expediente contra Antelo, Garre recuerda que se abstuvo por su amistad con él, pero le supuso un distanciamiento con Vox. En relación al caso de Ortega Smith, cree que se utilizó una “técnica antigua”: “Primero lo acosas y, cuando explota ante la prensa, lo expedientas por dañar la imagen pública del partido, que es una falta estatutaria. Creo que en su caso prima la libertad de expresión”. Garre opina que “no se puede ordenar a alguien que dimita. Esa orden es ilegítima”.

José Francisco Garre recibió la visita de la Policía Judicial en su domicilio el pasado viernes, y explicaba a El País que “es por un tema muy grave que he denunciado. Pero la investigación está en marcha y me han pedido discreción. Solo espero que mi expartido no tenga nada que ver”.

El hasta ahora portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, José Alberto Garre, ha anunciado este viernes su baja en el partido de la ultraderecha tras denunciar “comportamientos casi mafiosos en la cúpula” en unas declaraciones a la agencia Europa Press. Lo hace, además, pocas horas después de formalizar un acuerdo de gobierno municipal con el PP. Tras el pleno celebrado este jueves a última hora de la tarde, tres de los cuatro concejales de Vox en el Consistorio han entrado a formar parte del equipo de gobierno.

Abogado de profesión, Garre ha solicitado la baja del partido esta medianoche y ha explicado a Europa Press que mantendrá su acta en el Ayuntamiento, así como la portavocía del grupo, aunque ejercerá su actividad de manera independiente “como están, por ejemplo, Hermann Tertsch en Europa y también Juan Carlos Girauta”.

Según el político, afín al entorno del expresidente de Vox regional José Ángel Antelo, ha tomado esta decisión después de quince días “brutales” de “intentos de amedrentamiento”, tras la expulsión del gallego como líder de la formación el pasado 26 de febrero. “Es un error tras otro”, ha considerado Garre en referencia a la toma de decisiones de la cúpula nacional, y se ha preguntado por qué se le propuso a Antelo en un primer momento la portavocía nacional de Deporte o ser candidato para las elecciones en 2027 “si sospechaban de él”.

Garre también ha anunciado que se desvinculará de la vicepresidencia del Comité nacional de Garantías de Vox, órgano cuya misión es velar para que se respeten los derechos estatutarios de los afiliados.

“Yo creo que nunca se puede despreciar a nadie y mucho menos a compañeros que hemos estado aquí trabajando en muchos casos de forma altruista durante muchos años porque lo hacen por el proyecto y por España”, ha declarado a Europa Press en referencia a las manifestaciones de Santiago Abascal en las que afirmó que “los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer”.

Pacto de gobierno municipal en Torre Pacheco

A última hora de este jueves se confirmaba la entrada de Vox en el gobierno municipal de Torre Pacheco, “para dotarle de estabilidad”.  Lo que queda de legislatura, José Alberto Garre tendrá la responsabilidad de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías; mientras que las concejalas de Vox Ana Belén Martínez López y Josefa Guillén, se harán cargo respectivamente de Política Social y Transparencia, y de Sanidad y Medio Ambiente. Garre no ha aclarado, sin embargo, si seguirán sus pasos y abandonarán la formación.

Una cuarta concejala, Mercedes Meroño, se desvinculó de la decisión de sus hasta ahora compañeros y abandonó el pleno tras el anuncio del pacto, que se hizo al margen del conocimiento de la dirección nacional.

La ultraderecha gobernará en Torre Pacheco de la mano del PP tras una moción de urgencia aprobada esta noche en el pleno celebrado en el Ayuntamiento, uno de los principales bastiones de Vox en la Región de Murcia. Una decisión que según fuentes cercanas a la formación se ha tomado de “manera unilateral”, y “sin el conocimiento de la ejecutiva nacional”, y que argumentan en la “necesidad de dotar de estabilidad política al Ayuntamiento de Torre Pacheco”.

El grupo municipal de Vox, defienden en la moción, “ofrece su apoyo para aprobar los presupuestos (el último en vigor es de 2024) y otras iniciativas si se conforma un gobierno municipal” con el PP. Según el texto, en una reunión mantenida este miércoles entre los portavoces de ambos partidos formalizaron un acuerdo donde se suscribe “que apoyarán el presupuesto para 2026 y 2027”, y “ambas formaciones apoyarán los contratos de servicios públicos que requieran, por su magnitud, ser debatidos y aprobados en el pleno de la Corporación municipal”. Según ha podido confirmar este periódico, Vox entraría al gobierno municipal con tres ediles, que se sumarán a los ocho con los que el PP ha estado gobernando en minoría.

La decisión se ha tomado al margen de la dirección nacional del partido. “Pedimos permiso en reiteradas ocasiones para firmar los presupuestos y siempre nos han dado largas. Nos hemos cansado de que unos tengan trato de favor y otros no”, ha declarado a La Opinión José Francisco Garre, portavoz municipal de Vox en Torre Pacheco. Garre, afín a Antelo, se hará cargo de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías;  Ana Belén Martínez López, de Política Social y Transparencia, y Josefa Guillén, de Sanidad y Medio Ambiente.

Mercedes Meroño, la cuarta edil de Vox en el municipio, no ha votado y ha abandonado el pleno. “Meroño, que sí que guarda lealtad al partido, no tenía conocimiento de la maniobra”, han asegurado fuentes presenciales. “Garre ha defendido en su intervención que desde el partido su formación le quieren imponer una serie de formas de actuar sin conocer la problemática del municipio”, han comentado las mismas fuentes, que han apuntado “que con toda probabilidad estos tres concejales sigan los pasos de Antelo y sean expulsados de Vox”.

Los movimientos en Torre Pacheco se unen a la fuerte crisis de Vox en la Región de Murcia, después de que el pasado 26 de febrero la dirección regional dimitiese en bloque para forzar la salida del partido de su presidente, José Ángel Antelo. Una ruptura que terminó de materializarse el pasado 5 de marzo con la expulsión del gallego del grupo parlamentario.

Torre Pacheco ha sido históricamente uno de los bastiones de Vox, donde en las elecciones nacionales de 2019 llegó a ser la fuerza más votada.

En julio de 2025 la localidad saltó a todas las portadas de la prensa nacional tras protagonizar una cacería de migrantes en el municipio alentada por organizaciones vinculadas a la extrema derecha como Deport Them Now tras la brutal agresión perpetrada contra Domingo, un vecino de 68 años de la localidad, por parte de tres jóvenes de origen magrebí.

En aquel momento, el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, del PP, vinculó inmigración y delincuencia tras varios días de disturbios originados por el llamamiento de la ultraderecha a responder con violencia a aquella agresión.

La Policía Nacional ha liberado a cinco mujeres explotadas sexualmente en un prostíbulo situado en la localidad de Torre Pacheco (Murcia) y ha procedido a la detención de un hombre a quien se le imputan delitos relativos a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores, al considerarlo responsable de explotar sexualmente a mujeres extranjeras.

La investigación se inició en marzo de 2025 tras establecerse un contacto entre la Policía Nacional y una mujer que manifestó ser víctima de explotación sexual en una casa prostíbulo situada en Torre Pacheco junto a otras jóvenes, que habrían sido engañadas bajo condiciones laborales abusivas.

Además, la víctima manifestó a los agentes que no tenían libertad para entrar o salir del domicilio, eran obligadas a consumir alcohol con los clientes y que el propietario del prostíbulo disponía de cámaras de video vigilancia instaladas en todas las estancias llegando a utilizar las grabaciones de los servicios sexuales para distribuirlo como cine pornográfico a través de internet.

Disponibilidad total y multas económicas

Los agentes corroboraron los hechos denunciados y que las victimas debían permanecer disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, además les imponían multas económicas si incumplían normas internas como rechazar a clientes o ausentarse sin autorización y a entregar la mitad de las ganancias.

Dicha investigación culminó el pasado mes de febrero estableciéndose un dispositivo de inspección sobre el prostíbulo regentado por el investigado que permitió localizar a otras cuatro víctimas más de explotación sexual en las mismas condiciones anteriormente descritas.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención del responsable de los hechos como presunto autor de delitos relativos a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores.

Las víctimas de explotación sexual fueron atendidas por APRAMP, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

La unidad investigadora de la Policía Nacional continúa con las gestiones indagatorias para poder localizar, identificar y asistir a más mujeres que podrían también haber sido víctimas de esos hechos.

El líder del grupo neonazi 'Deport Them Now', investigado por promover los disturbios racistas en Torre Pacheco (Murcia), ya no está en prisión preventiva. Así lo decidió la Audiencia de Barcelona en noviembre, en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Los magistrados destacaron que la investigación no está avanzando ni se ha aportado, por parte de la Guardia Civil, el informe sobre las comunicaciones por redes sociales del joven —arrestado en julio de 2025— con el resto del grupo ultra.

Los Comuns, que ejercen la acusación popular, quieren dar un impulso al caso y han planteado a la magistrada una batería de diligencias para que “a la mayor brevedad” se descubran las conexiones internacionales de 'Deport Them Now' y cómo se relacionaban los integrantes del grupo en Catalunya.

En su escrito, el diputado de los Comuns en el Parlament Andrés García Berrio y el abogado Xavier Muñoz reclaman que el equipo conjunto de Guardia Civil y Mossos d'Esquadra encargado de las pesquisas “proceda al análisis forense completo” de todos los dispositivos electrónicos incautados al joven C.L.

El análisis, agregan el parlamentario y el letrado, debe centrarse en “investigar la estructura y las conexiones nacionales e internacionales” del investigado y del grupo neonazi, toda vez que constan viajes a Italia del líder neonazi en congresos de la extrema derecha, donde se presentaba como jefe de 'Deport Them Now'.

“Cuesta mucho entender que más de medio año después en la causa de 'Deport Them Now' haya una sola persona investigada”, lamenta García Berrio, que recuerda que el grupo neonazi se manifestó “al menos en cuatro ocasiones al lado de Vox”. El departamento de Interior, agrega el parlamentario, “tiene que garantizar más medios y más determinación para hacer frente a un problema de seguridad tan importante como es la ultraderecha violenta”.

El joven neonazi C.L. ingresó en prisión preventiva el 17 de julio del año pasado. En agosto, la Sala de Vacaciones de la Audiencia de Barcelona avaló la decisión de la jueza de Mataró al apreciar que persistía en el neonazi el riesgo de reiteración delictiva —que llamara a nuevos disturbios racistas— y el peligro de que destruyera, ocultara o alterara pruebas clave para la causa. Son dos de los motivos que marca la ley para encarcelar a un investigado antes del juicio.

La sección 2ª de la Audiencia de Barcelona, formada por magistrados distintos a la Sala de Vacaciones, sí atendió un nuevo recurso del neonazi y acordó su libertad inmediata el pasado 13 de noviembre, en contra del criterio de la Fiscalía.

En su auto, los magistrados dejaron sin efecto la prisión preventiva, pero mantuvieron la prohibición a C.L. de acceder a cualquier tipo de red social, que fue el canal a través del que llamó a los disturbios en Torre Pacheco.

El paso del tiempo y la falta de avances sustanciales en la causa fueron los motivos en los que se apoyó la Audiencia para dejar libre a C.L. Entendió el tribunal que, desde el ingreso en prisión del neonazi en julio, “había mediado tiempo suficiente” para haber realizado el análisis de sus comunicaciones tanto en redes sociales como con el resto de miembros de 'Deport Them Now'.

Entre una decisión judicial y otra, el neonazi cambió de defensa: de un letrado del turno de oficio de Mataró pasó a ser asistido por el abogado Juan Cremades, conocido en Catalunya por ser el abogado de Vox en varias causas judiciales.

La respuesta de los Comuns

Además de las conexiones internacionales del grupo, los Comuns, en línea con la Fiscalía, reclaman acelerar la investigación de otros ataques racistas que el grupo promovió en Catalunya antes de los que le dieron relevancia nacional en Torre Pacheco.

Por ello solicitan que la comisaría general de información de los Mossos y los servicios de información de extremismos violentos de la Guardia Civil, entreguen al juzgado “toda la información de la que dispongan sobre la actividad” de 'Deport Them Now 'y sus miembros en Catalunya entre marzo y julio de 2025.

“Especialmente —incide el escrito—, que [los cuerpos policiales] reporten el contenido de los mensajes enviados en redes sociales desde inicios de 2025, y específicamente en Telegram, incorporando toda la información relativa al canal 'Deport Them Now Catalunya'”.

También se pide a los Mossos que aporten “la filiación” del resto de miembros del grupo (por ahora hay solo un investigado), y que amplíen un informe en el que mencionaban que ya tenían identificados a varios de sus integrantes. Todos ellos, indicó la policía catalana, “serían personas ya conocidas por su ideología de ultraderecha y neonazi y la mayor parte residirían en Sabadell”.

Los Comuns quieren averiguar si 'Deport Them Now' está detrás de dos incidentes racistas ocurridos en las mismas fechas que los disturbios de Torre Pacheco: el ataque a un restaurante kebab de Sabadell y a una mezquita de Piera (Barcelona).

La Fiscalía tendrá medio año más para investigar al líder murciano de Vox, Jose Ángel Antelo, por delito de odio. El verano pasado, mientras tenían lugar las cacerías de migrantes en Torre Pacheco, vertió numerosas declaraciones xenófobas: “Toda la violencia que se vive en Torre Pacheco es culpa del PP y del PSOE por financiar y llenar nuestras calles de inmigración ilegal. Con VOX deportaciones, seguridad y paz en nuestros barrios”, sostuvo Antelo a los medios a las puertas del ayuntamiento del municipio.

Sus declaraciones vinieron tras varios días de disturbios originados por el llamamiento de la ultraderecha a responder con violencia a la agresión a un vecino de Torre Pacheco.

Tras esto, Antelo, antiguo socio para los populares en el gobierno regional, fue denunciado el pasado julio por PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Tras la apertura de diligencias previas, la Fiscalía tenía un plazo de medio año para determinar si hay indicios de delito de odio por parte del político de Vox.

De acuerdo con el diario local La Opinión la prórroga de otros seis meses más se ha solicitado debido al volumen de documentación del atestado de la Guardia Civil para este caso. Se trata de una ampliación del plazo acorde al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que contempla prórrogas para casos de especial complejidad.

Al menos ocho hombres investigados

No es la única causa abierta tras los ataques en Torre Pacheco. A partir del próximo mes de abril declararán en el juzgado de San Javier ocho hombres implicados en la agresión a un menor de edad durante las cacerías. El joven compareció hace dos semanas ante el forense para documentar las secuelas físicas y psicológicas que la paliza le dejó.

No se descarta que localicen a más implicados en la agresión y por ello la acusación ha solicitado que se analicen los vídeos de la cacería para identificar a más agresores.

Migrantes, en su mayoría mujeres, y muchas de ellas madres de familia. Trabajadores del campo murciano han sido llamados a una nueva huelga tras meses de conflicto laboral en el seno de la empresa Espace Tecno Agrícola, S.L., dedicada al “comercio al por mayor de frutas y hortalizas de todo tipo”. La firma, cuyo domicilio fiscal se encuentra en Ribarroja del Turia, Valencia, cuenta también con instalaciones en la pedanía de Dolores de Pacheco, perteneciente al municipio murciano de Torre Pacheco. Se trata de la localidad donde el pasado mes de julio se desencadenó una ola de odio racista y violencia contra migrantes tras la paliza que un joven de origen marroquí —ahora en libertad provisional por esos hechos— propinó a un vecino de la localidad de 68 años.

Son precisamente los trabajadores, y sobre todo trabajadoras, ligados a la sucursal pachequera quienes han promovido la convocatoria de huelga, que comenzará este viernes y tendrá carácter indefinido. Lo hacen después de que la empresa “se haya negado reiteradamente a abrir un proceso de negociación” sobre las condiciones de trabajo.

Desde el comité de huelga denuncian “irregularidades en la naturaleza de los contratos, incumplimientos en los llamamientos de trabajadores fijos discontinuos, deficiencias en materia de seguridad e higiene y desigualdades salariales”. Además, manifiestan su rechazo a la reorganización productiva de la mercantil que, según los portavoces de los trabajadores, “está repercutiendo negativamente en la plantilla”.

“No se trata de una decisión improvisada, sino del último recurso tras meses sin ser escuchados”, señalan fuentes del comité de huelga. “Los trabajadores están pidiendo simplemente que se cumpla la ley y que se reconozcan derechos que ya existen sobre el papel”, añaden.

Trabajadores en el limbo tras veinte años en la empresa

En 2007, Zahra empezó a trabajar como fija discontinua para Espace Tecno Agrícola, S.L. Su tarea, que se desarrollaba en los almacenes de la mercantil, era la de envasar las hortalizas cosechadas en los campos por un salario de 8,40 euros la hora. Cuenta que, hasta 2022, coincidiendo con la reforma laboral que consolidó el contrato fijo discontinuo como la principal herramienta para cubrir trabajos estacionales e intermitentes, tenían trabajo “todo el año, excepto un mes de vacaciones”. Sin embargo, todo cambió a comienzos de esta década. La empresa decidió que los mismos trabajadores que recolectaban se encargaran también de la preparación, empaque y acondicionamiento de los productos agrícolas en el propio terreno de cultivo. Eso ocasionó que el volumen de trabajo descendiera en los almacenes.

Los afectados, unos 80 trabajadores, han llegado a estar dos años sin que la empresa haya vuelto a llamarles —lo que constituye su obligación en virtud del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores—, un hecho que ha ocasionado que agoten el paro durante este largo periodo de inactividad en el que, por la modalidad de contratación, tampoco han estado cotizando a la Seguridad Social.

Ante esta situación de incertidumbre, la mayoría de trabajadores piden que se les finiquite para poder buscar empleo en otro lugar, pero la firma no está por la labor, según han contado a elDiario.es Región de Murcia. Así que se encuentran en un limbo laboral y con la presión de haber agotado las prestaciones con las que, durante todo este tiempo, han podido, al menos, mantener a sus familias.

Yusra, envasadora desde el año 2005, no entiende las excusas de los responsables de la empresa, que aseguran que el problema es que no hay trabajo para los almacenes: “Sí que lo hay, pero prefieren que se haga en el campo y ahorrarse el dinero que nos pagaban a nosotros”. Para Ahmed es indignante que no se respete “la antigüedad ni la experiencia” y denuncia la falta de sensibilidad mostrada por los responsables de recursos humanos en las asambleas que han celebrado. “Les da exactamente igual dejarnos en una situación dramática”, se lamenta.

Esta redacción ha intentado, sin éxito, recabar la versión de los responsables de Espace Tecno Agrícola, S.L.

Un conflicto que conecta con una realidad extendida

Aunque la huelga responde a una situación concreta, su trasfondo conecta con una problemática estructural del campo murciano: la precariedad laboral que afecta de manera especial a trabajadores migrantes, muchos de ellos empleados en condiciones de alta temporalidad y escasa protección.

En este contexto, organizaciones sociales recuerdan que la situación actual guarda claras similitudes con las movilizaciones que sacudieron el sector agrícola en 2020, cuando los sindicatos CC.OO, UGT y la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM), denunciaron la explotación laboral y la discriminación que sufrían los jornaleros inmigrantes.

Demandas que se repiten

Representantes de ATIM aseguran que muchas de las demandas planteadas entonces siguen plenamente vigentes. “Lo que está ocurriendo ahora demuestra que los problemas no eran puntuales, sino estructurales”, explican desde la asociación. “En 2020 ya advertimos de que, sin cambios profundos en el modelo laboral del campo, los conflictos volverían a repetirse”.

ATIM denunció en aquel momento jornadas extenuantes, incumplimientos contractuales, falta de medidas de seguridad y una desigualdad sistemática entre trabajadores, especialmente en lo relativo a la población migrante.

“El campo murciano se sostiene gracias a personas que muchas veces no tienen voz. Nuestra labor ha sido y sigue siendo amplificar esa voz”, subrayan desde la entidad.

Desde el entorno sindical y asociativo se advierte de que la precariedad sostenida en el campo murciano revela la falta de soluciones duraderas. Por eso, aseguran que “cada huelga es una señal de alerta que antes no se ha querido escuchar”, apuntan desde ATIM. “Mientras no se aborde la precariedad como un problema estructural, el conflicto seguirá apareciendo en distintas empresas”.

Un nuevo aviso al sector y a las instituciones

La huelga indefinida anunciada por el comité de trabajadores de Espace Tecno Agrícola, S.L., ha sido comunicada tanto a la dirección de la empresa como a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía social que dirige la popular María Isabel López Aragón, y se suma a la cadena de conflictos que han marcado la última década en el campo murciano.

Desde ATIM insisten en que estas movilizaciones no solo interpelan a las empresas, sino también a las administraciones públicas.“No hablamos solo de derechos laborales, sino de dignidad, de igualdad y de convivencia”, concluyen desde la asociación. “El campo no puede seguir creciendo sobre la precariedad de quienes lo sostienen”.

Las personas que se informan a través de medios no tradicionales -como las redes sociales, Youtube y otros canales alternativos- son más reacias a apoyar regulaciones contra los discursos de odio. El análisis, elaborado por el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) y publicado en la revista Social Sciences, ha analizado la propagación del discurso de odio que tuvo lugar en los disturbios de Torre Pacheco. En julio de este año ultras procedentes de todo el país invadieron este municipio murciano con la intención de perseguir a la población local magrebí.

Quienes se informan por medios no tradicionales son un 84% menos propensos a medidas de control gubernamental en esta área. El estudio señala que a este factor hay que sumarle las tendencias ideológicas del individuo: “El rechazo de regulaciones se concentra entre las personas con una ideología de extrema derecha, a las que se les puede vincular una retórica antinmigratoria”.

Esta relación entre el consumo de medios no tradicionales y la resistencia a regulaciones contra el discurso de odio confirma, según el CEMOP, el efecto que tiene en la población la exposición selectiva a la información y su interacción con la polarización política: “La percepción de manipulación o sesgo refuerza la resistencia a la intervención [de los medios no tradicionales]”.

“El caso de Torre Pacheco ilustra la conexión entre el discurso digital y la movilización social”, concluyen desde el CEMOP. En conflictos locales, explican, los medios no tradicionales actúan de dos maneras: en primer lugar operan como un impulsor emocional que propaga de forma global la lógica de la extrema derecha, construyendo la identidad colectiva de oposición.

En segundo lugar, “magnifican la polarización de la esfera pública”: “Sus discursos movilizan emociones como el miedo a perder la identidad cultural, el enfado contra un sistema que perciben como corrupto y el resentimiento contra las élites” abunda el estudio. Para la extrema derecha, “oponerse a la regulación deja de ser una opinión, en su lugar se convierte en un acto identitario, un mecanismo de defensa que exacerba el sentimiento de nosotros contra ellos”.

Ante esto, el CEMOP propone estrategias de contradiscurso, además de una educación en alfabetización digital: “Se trata de la forma más prometedora de fortalecer la resiliencia democrática de cara a la desinformación”, concluyen.

En la comunidad autónoma en la que Vox ha sorpasado al PSOE en las encuestas y la migración es la segunda preocupación entre la población, la comunidad musulmana ha decidido decir basta. Tras protagonizar un titular tras otro demonizándolos, acaban de lanzar la Plataforma por los Derechos de la Comunidad Musulmana. 

En menos de seis meses, ciudadanos magrebíes han sido perseguidos por grupos fascistas armados y sin escrúpulos, han intentado prohibir las celebraciones musulmanas en un municipio murciano y han cerrado un centro de menores no acompañados. Y detrás de estos episodios, siempre el discurso de la ultraderecha.

Para abordar estos asuntos nos encontramos en Torre Pacheco con Osama Alalo, politólogo y uno de los impulsores de la Plataforma: “Desde la política se pueden conseguir cambios importantes para el conjunto de la sociedad”, explica convencido y esperanzado. El joven no reside en este municipio, pero sí que se desplaza hasta aquí a diario para cumplir con su horario laboral. El lugar de la entrevista es simbólico: este municipio murciano fue el escenario de una invasión de decenas de ultras organizados a través de las redes sociales y llegados de toda España el pasado julio. Tomaron las calles del pueblo, persiguiendo a la comunidad musulmana y vandalizando sus negocios.

Alalo junto con su mujer Kenza Midoun fueron los responsables de leer los manifiestos antirracistas tanto en la concentración celebrada en Torre Pacheco como en la manifestación que discurrió por el centro de Murcia pocos días después de los disturbios racistas que asolaron esta localidad murciana.

La vida de Alalo ha estado ligada de forma constante al asociacionismo, siendo una de las voces de condena contra los altercados racistas que tuvieron lugar en esta localidad murciana: “Queremos intentar unir a las comunidades musulmanas de los diferentes pueblos. Después de lo ocurrido en Torre Pacheco o en Jumilla, las comunidades musulmanas de estas localidades se han visto solas, por lo que queremos trabajar en esa red de unión”, cuenta. En el municipio del Altiplano, PP y Vox aprobaron una moción el pasado julio para prohibir los rezos islámicos en las instalaciones deportivas.

De padre sirio y madre argelina, el politólogo se ha criado en un entorno que define como “reivindicativo, de lucha contra las injusticias y las desigualdades”. La Plataforma precisamente es fruto de la unión entre amigos: “Tenemos la misma preocupación, sabemos que hay que hacer algo para cambiar la realidad que tenemos y darle voz a aquellas personas que no la tienen”.

¿Cuáles fueron las conclusiones de este primer encuentro de la Plataforma por los Derechos de la Comunidad Musulmana?

Queríamos estudiar cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos como comunidad. Según el último informe FOESSA, la mayor parte de la desigualdad recae sobre la población migrante. Si segmentamos este dato, vemos que es la población del norte de África la que sufre mayores tasas de pobreza y pobreza severa.

También observamos una descohesión comunitaria como comunidad musulmana y una falta de representación y participación política de nuestra comunidad en la sociedad donde estamos viviendo.

¿Cómo visualiza el futuro de la Plataforma?

Nuestra intención es que la plataforma sea horizontal, participativa, donde exista una cocreación de contenido entre la comunidad y sus impulsores. No queremos jerarquías ni que haya dirigentes dentro de la organización, solo facilitadores del proceso, que la realidad surja de la propia comunidad.

¿Cómo definiría el tejido asociativo de la comunidad musulmana en la Región de Murcia?

Es muy precario. No existe ninguna asociación profesionalizada con una estructura orgánica estable que trabaje durante todo el año. Hay asociaciones impulsadas por el voluntariado, pero ninguna con un programa anual, que reciba subvención y cuotas de socios. 

La única organización estable que tenemos son los centros islámicos, las mezquitas, pero al final estamos viendo que no responden a las necesidades sociales.

¿A qué se debe?

Partimos de la base de que nuestras comunidades en general no tienen una cultura participativa por los países de origen de donde vienen. Llegan aquí y la principal preocupación es el trabajo. Lo único que han podido hacer en colaboración o para la comunidad han sido las mezquitas. Pero las mezquitas están focalizadas dentro de sí mismas, los dirigentes en su mayoría no tienen una visión del conjunto.

En la mayoría de los municipios las mezquitas son propiedad privada y lo máximo que han podido alcanzar ha sido impulsar clases de árabe.

¿Esta falta de organización dentro de la comunidad musulmana ocurre en el resto de España?

Tenemos en Valencia un tejido asociativo importante, al igual que en Madrid y Barcelona. Se puede decir que Murcia es una tierra virgen para el trabajo asociativo de nuestra comunidad.

¿Cómo encajan las mezquitas dentro de la Plataforma?

Hemos decidido tomar otro camino, pero sin olvidarnos de ellas [las mezquitas]. Queremos hablar, participar con ellos, enseñarles que se pueden hacer las cosas de otra manera. Debemos reflexionar sobre el significado que tiene una mezquita en la Región de Murcia, no tiene por qué ser el mismo que en Marruecos o Argelia porque estamos en diáspora. Entendemos que la mezquita debe ir mucho más allá de un espacio de oración.

¿Siente que esta falta de representatividad se extiende a los medios de comunicación?

Estamos viendo que siempre estamos en el foco, y de manera negativa. Día a día se va construyendo más miedo hacia nosotros. Hay una 'valentía cobarde' contra nuestra comunidad, que quiere quitarnos derechos. Hemos visto que lo normal es que sean voces ajenas las que hablan sobre nosotros. Cuando pasa algo, [los medios] llaman al tercer sector que, en su mayoría, no atiende a la comunidad inmigrante musulmana como tal, sino a los recién llegados. 

Tenemos bastante desventaja. El enfoque que se le está dando es un enfoque incorrecto y, además, siempre una visión paternalista.

Entrando en política, una de las condiciones para que PP y Vox firmasen los presupuestos de este año era la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en la Región de Murcia. El consejero de Educación, Víctor Marín, insistió en que esto era “beneficioso para el interés general”. ¿Os sentís moneda de cambio?

Piensan que nosotros podemos ser la moneda de cambio de cualquier cosa porque no estamos organizados para reclamar o para hacer absolutamente nada. [El PP] sabe que Vox siempre va a querer reducir los derechos de nuestra población.

Esta posición que tenemos de debilidad, de falta de cohesión y de organización ya nos está perjudicando directamente sobre nuestros derechos. Ayer fueron las clases de árabe, mañana será otra cosa. Esto es una escalada. Como minoría, nos están aplastando.

Estamos en Torre Pacheco. Han pasado más de cuatro meses desde que ultras de toda España vinieron a lo que denominaron como “la caza al migrante”. ¿Cómo está la población musulmana en el municipio?

No sé qué más le tiene que pasar a la comunidad musulmana para que despierte. Sigue todo igual, no hubo ningún movimiento comunitario. No se sentaron a analizar lo ocurrido, cómo evitar que vuelva a pasar. Sigue la misma atomización: cada uno por su lado y esperando el siguiente golpe.

Tal y como lo describe, parece que llevan la situación con resignación.

Parece que están totalmente resignados. La culpabilidad es multidireccional, también tenemos al Gobierno de España, la Comunidad autónoma y el Ayuntamiento. No estamos viendo movimiento por ninguna de las partes. Ha tenido que venir una asociación de Málaga para montar una jornada de convivencia aquí en Torre Pacheco. Es un poco fuerte, que tengan que venir de 450 kilómetros a organizarte algo en tu pueblo.

La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha organizado la jornada “Unidos en la Diversidad: Torre Pacheco Convive”, una gran acción de calle pensada para “sanar, unir y celebrar lo que realmente hace fuerte al municipio: su diversidad humana”.

El encuentro tendrá lugar el viernes 21 de noviembre de 2025, en la Explanada del Mercadillo de Torre Pacheco, de 16:00 a 22:00 horas, convirtiendo el espacio público en un punto de unión, participación y celebración compartida.

“Esta iniciativa nace del deseo colectivo de pasar página, de mirar hacia adelante sin olvidar, pero apostando por el entendimiento, el respeto mutuo y la construcción de un futuro compartido”, han definido desde la asociación.

“Lejos de señalar culpables o avivar tensiones, esta jornada busca abrir espacios de encuentro, diálogo y celebración. No se trata de revivir lo ocurrido, sino de demostrar la capacidad de Torre Pacheco para reconstruirse desde la empatía, la cultura y la participación comunitaria, y de reconocer que este avance ha sido posible gracias a la cooperación entre vecinos, instituciones, asociaciones y colectivos de población migrante”, han explicado desde la Asocación Marroquí.

“Unidos en la Diversidad” es una invitación abierta a todas las personas del municipio: familias, jóvenes, mayores, recién llegados y quienes llevan generaciones aquí. A través de actividades lúdicas, artísticas, deportivas y culturales, se quiere mostrar que la convivencia no solo es posible, sino que puede ser alegre, enriquecedora y transformadora. La jornada aspira a romper la brecha que se generó en la comunidad y recuperar la confianza colectiva desde la cercanía y la convivencia real, devolviendo a la ciudadanía el espacio público como lugar de encuentro y esperanza.

El programa incluye actuaciones musicales de flamenco fusión, dakka marroquí, reggada, rap y poesía urbana; talleres interculturales de henna, caligrafía árabe, mural colaborativo y clases exprés de idiomas; carpas informativas de asociaciones e instituciones locales; un espacio infantil inclusivo; asesoría legal gratuita; intervenciones artísticas en directo, y un cierre simbólico mediante una cadena humana por la paz y la convivencia.

Como antesala del evento, el jueves 20 de noviembre a las 20:00 en el Campo Municipal tendrá lugar el partido mixto “Fútbol por la Convivencia”, donde vecinos de distintas edades y orígenes jugarán en equipos formados desde la diversidad, simbolizando que el municipio avanza unido cuando comparte el mismo campo.

“Unidos en la Diversidad: Torre Pacheco Convive” forma parte del proyecto TETRIS III: ¡Denunciando el Odio!, cofinanciado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Social Europeo +, y quiere mostrar al país que cuando un pueblo, sus instituciones y la sociedad civil —incluida la comunidad inmigrante— trabajan juntos, la convivencia no es solo un ideal, sino una realidad posible.

“La Asociación Marroquí ha sido uno de los motores más activos en este camino. Desde el primer instante, y pese a no tener sede en Torre Pacheco, desplazó equipos, acompañó a las familias, colaboró con instituciones locales, abrió espacios de mediación y trabajó para evitar que las heridas se convirtieran en fracturas permanentes”, han resumido.

“Su presencia constante, sumada a la implicación del tejido social del municipio, ha permitido generar un clima de encuentro que ahora culmina en esta jornada simbólica. Hoy, junto a asociaciones vecinales, centros educativos, entidades culturales, colectivos deportivos y servicios públicos del municipio, convoca a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía a un encuentro que representa ese esfuerzo compartido por reconstruir la confianza y reivindicar una convivencia real”, han abundado.

Nuevo impulso a la investigación del grupo neonazi 'Deport Them Now', cuyo líder permanece en prisión provisional por llamar a los disturbios racistas de Torre Pacheco (Murcia) del pasado mes de julio. La Fiscalía contra los delitos de odio ha avalado ampliar la investigación a otros ataques racistas que el grupo promovió en Catalunya antes de los que le dieron relevancia nacional.

El Ministerio Público, en un decreto al que ha tenido acceso elDiario.es, acoge así la petición de los Comuns, que en julio pidieron investigar “todos los hechos delictivos” realizados por el grupo de ultraderecha en Catalunya y que se identificaran “la totalidad” de sus miembros.

Como la actividad de 'Deport Them Now' ya forma parte de la causa del juzgado de Mataró (Barcelona) que encarceló a su líder, la Fiscalía concluye que ya no puede investigar los hechos y que debe hacerlo el juzgado, tal y como marca la ley.

El pasado mes de octubre, la jueza de Mataró que se ha hecho cargo de la investigación a 'Deport Them Now' aceptó que Catalunya en Comú ejerciera la acusación popular del caso. “Es importante investigar la actuación completa y global de este grupo de ultraderecha violento”, afirma el diputado de los Comuns en el Parlament Andrés García Berrio.

Entre los objetivos de los Comuns figura la identificación de los demás miembros del grupo, toda vez que, a día de hoy, solo uno (su líder) ha sido detenido e investigado. Este es uno de los escollos que presentan las pesquisas. Desde que fuera encarcelado en julio, C.L.F. ha alegado que actuó en solitario y que 'Deport Them Now' no es un grupo que pueda encuadrarse en un delito de asociación ilícita.

Además, García Berrio explica que otro de los objetivos de su personación en la causa es indagar en “el vínculo” entre 'Deport Them Now' y partidos de extrema derecha como Vox. “Es imprescindible aumentar la contundencia de las investigaciones ante los ataques racistas en un momento en el que estos grupos están creciendo en Europa”, agrega el parlamentario de los Comuns.

C.L.F. se enfrenta, por ahora, a tres delitos: incitación al odio (por los mensajes racistas que divulgó en redes); tenencia ilícita de armas (por las armas sin licencia que se hallaron en su casa); y asociación ilícita (aunque la Audiencia de Barcelona matizó que para determinar este delito es necesario investigar más, algo que también expone la jueza de Mataró en el auto por el que acepta a los Comuns como acusación popular).

Pese a alegar que era un lobo solitario, en los mensajes en los que llamó a la “cacería” de migrantes en la población murciana, C.L.F. empleó todo el tiempo la primera persona del plural. Además, en una de las protestas racistas que el grupo impulsó en Mataró, en la que compartieron manifestación con Vox, se aprecia que la organización del acto impulsado por 'Deport Them Now' corre a cargo de más de una persona.

“Nosotros tenemos gran presencia en Barcelona y nos movilizaremos. Esta situación requiere de la máxima atención y la máxima lealtad con nuestros mayores”, dijo en uno de sus mensajes en la red el líder neonazi encarcelado, de 29 años y residente en Mataró y que trabajaba como vigilante de seguridad antes de ser arrestado, encarcelado y despedido.

Además, las fotografías de varias personas tras las pancartas de manifestaciones racistas en poblaciones catalanas como Mataró, Terrassa o Sabadell, llevan a la Guardia Civil y a los Comuns a mantener que se trata de un grupo nuevo pensado para llevar a cabo actuaciones discriminatorias contra los migrantes.

Entre esas fotografías destaca la desvelada por elDiario.es, en la que el líder del grupo neonazi encarcelado aparece junto a un concejal de Vox en Mataró, Jose Casado, el pasado mes de mayo en una protesta racista convocada por el partido en un barrio de la localidad barcelonesa. La excusa era la inseguridad, pero la concentración terminó con gritos de “esto no es Marruecos, esto es Mataró”.

En su decreto, la Fiscalía concluye que la participación de 'Deport Them Now' en la concentración de Mataró así como el resto de manifestaciones racistas denunciadas por los Comuns en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y contra una mezquita de Igualada (Barcelona) pueden investigarse de forma conjunta en el juzgado mataronense.

Será en el seno de las diligencias abiertas en Mataró, insiste la fiscal contra los delitos de odio, “donde deberá analizarse” a través de un informe pericial de inteligencia policial, si la difusión de los mensajes racistas de 'Deport Them Now' contribuyó a un “incremento de ataques a establecimientos o lugares de culto” de los musulmanes.

La versión del neonazi de que desconocía la repercusión social de los mensajes racistas que escribió “no es verosímil”, concluyeron los jueces de la Audiencia de Barcelona para mantenerlo en prisión. C.L.F., advirtieron los togados, tiene presencia en otras redes sociales “donde publica el ideario y actividades de 'Deport Them Now' y mensajes destinados a promover actos hostiles y violentos contra ciudadanos marroquíes”.

A las seis de la mañana la noche es todavía un océano de oscuridad en los descampados de las afueras de Torre Pacheco. A esa hora exacta, Ahmed, un jornalero marroquí de 40 años que trabaja para una de tantas empresas de trabajo temporal (ETT) de la zona, espera en una rotonda desierta, con el chaleco naranja y las botas manchadas de barro, junto a una decena de compañeros, marroquíes y centroafricanos todos. La espera, como la fatiga, parece aquí un atributo más de la vida cotidiana. Al cabo de un cuarto de hora, una furgoneta vieja que chirría al girar el volante los habrá escupido en medio del campo.

“Lo que pasa dentro de esas furgonetas de las ETT nadie lo puede saber. A veces también traen autobuses para que quepa más gente, mucha sin papeles. Las empresas se aprovechan de los trabajadores, los engañan, acuerdan contratos que después incumplen. Son el cajón de sastre de la explotación laboral del campo murciano, pero también es la forma más rápida que tienen los migrantes de encontrar un empleo”, explica a este diario Getsemaní Alcaraz, del sindicato UGT.

Decenas de furgonetas idénticas, como si ninguna tuviera marca ni matrícula, surcan cada mañana abarrotadas de jornaleros inmigrantes el laberinto de caminos y carreteras del Campo de Cartagena. Ha llegado la época de sembrar la lechuga que en los próximos meses se comerá Europa.

En esta comarca coexisten miles y miles de historias como la propia de Ahmed, todas tan parecidas entre sí, tan marcadas por el desarraigo: él llegó sin nada a Torre Pacheco en 2005 y malvivió durante largos años trabajando en los cultivos de forma clandestina y alquilando cuartos compartidos hasta que logró formalizar los papeles. Hoy, tanto tiempo después, se siente atrapado en el puesto de peón. Pero necesita trabajar, sí o sí, “aguantar lo que haga falta, por muy duro que sea”, dice. Ganar unos pocos billetes al final de la jornada, ayudar a su familia, sobrevivir.

Un julio distinto

Esta campaña de lechuga, bien lo sabe él, tiene algo distinto. En julio, igual que muchos otros jornaleros, llegó una tarde del trabajo, exhausto de recoger melón, recién bajado de otra de esas furgonetas de principios de siglo que lo trajo de vuelta al barrio de San Antonio, donde vive, y se dio de bruces con un pueblo que ya no reconocía, donde todos los magrebíes, sin distinción, estaban siendo señalados. El racismo y el rechazo visceral a la inmigración que Vox había tratado de inocular durante meses en la Región de Murcia era aquí una realidad.

“No queremos a gente así en nuestras calles. Les vamos a deportar a todos”, dijo impune el 12 de julio el líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, en pleno centro de Torre Pacheco. Cinco días antes, la diputada en el Congreso de la formación ultra, Rocío de Meer, había fijado la cifra concreta de personas que el partido anhela expulsar del país: ocho millones, incluyendo sus hijos. Varios grupos de Telegram compartían entonces las declaraciones de ambos políticos y fotografías de vecinos marroquíes de la localidad: “Hay que acabar con esta gentuza de mierda”; “Estamos hasta los cojones de los putos moros”.

El laboratorio del campo

La ultraderecha, liderada por Vox y legitimada en la Región de Murcia por el PP, ataca y pretende por esta vía restar libertades a la población migrante y, por ende, no de casualidad, al eslabón más débil y a la vez más imprescindible del sector primario. En estos pueblos agrícolas, reconvertidos de pronto en laboratorio político, la xenofobia sirve para sostener la economía y también para controlar el porvenir de los propios jornaleros, que llegaron a España con el cambio de milenio y han dedicado su vida a sacar adelante las cosechas.

Para todo ello, la formación ultra cuenta con la complicidad silenciosa de los grandes agricultores: ninguno salió ni ha salido aún a defender públicamente a los trabajadores de la horda de nazis que vino a perseguirlos en verano. Pero tampoco se echaron a la calle a gritar contra ellos pidiendo su deportación. La patronal sabe muy bien de dónde bebe su negocio. Cuando llegue la primavera, Murcia habrá exportado, por valor de 656 millones de euros, el 65% del total de facturación nacional de lechuga, según datos de la Consejería de Agricultura. Sin migrantes que siembren y recojan cada pieza esta industria no tendría posibilidad de existir.

Un aprovechamiento estructural

“La Región vincula su identidad a ese lema tan defendido por la clase política, ‘la huerta de Europa’, pero no hay ningún tipo de reconocimiento hacia aquellos que, con sus manos y su energía física, la hacen posible. Esa ausencia de reconocimiento, que podemos calificar de racista, demuestra que la agricultura murciana quiere trabajadores sin ciudadanía, que no planteen problemas, que sean solo pura mano de obra”, reconoce el sociólogo de la Universidad de Murcia Andrés Pedreño.

Vox juega, prosigue el investigador, con una contradicción: por un lado, perpetúa las consignas xenófobas —con sonadas medidas como la prohibición de actos islámicos en otra zona profundamente rural, Jumilla—, y por otro trabaja desde la política para los empresarios del lobby agrario. Las víctimas directas de su rechazo son indispensables para los intereses del gremio.

En esta línea ahonda Mohamed El Gheryb, presidente de la Asociación de Integración de Trabajadores Marroquíes (ATIM). “Digamos que es una relación tóxica: los agricultores necesitan migrantes con necesidades precarias de los que aprovecharse para facturar todo ese dineral que facturan. Los segundos necesitan trabajar para sobrevivir. Pero, ahora, la extrema derecha ha aprovechado los problemas derivados de las malas políticas públicas de integración para señalarlos como culpables de todos los males. Lo que buscan, realmente, es mantenerlos como una fuerza laboral sin libertades”.

40 euros el día

El Campo de Cartagena es tan inmenso que cada metro cuadrado de tierra puede esconder un testimonio crudo de sufrimiento. El termómetro marca treinta grados al sol en este mediodía de finales de octubre. Un compañero le trae agua en una botella de plástico muy usada y Ahmed le agradece el detalle en árabe. Lleva ya varias horas deslomado sobre el suelo. Hace más de una década que vive así: empalmando contratos temporales; haciendo todo el rato lo mismo.

“Mira cómo llevo la camiseta, mojada de tanto sudar, sin un minuto para poder cambiarme, haciéndome polvo la espalda. Y todo por 40 euros. Todos aquí estamos igual, desde que amanece hasta que casi se hace de noche”, cuenta. “Llegué a Torre Pacheco hace veinte años con la urgencia de trabajar y mandar dinero a mi familia. Desde entonces no he hecho otra cosa. La gente y los políticos pueden decir lo que quieran de nosotros, pero lo único que queremos es esto, seguir trabajando”.

Economía sumergida

Las estadísticas oficiales reflejan que el 60% de los trabajadores del campo en la Región de Murcia son de origen extranjero, y que su sueldo medio mensual ronda los 1.100 euros. Pero un sinfín de jornaleros como Ahmed cobra por debajo de ese salario y trabaja más horas de las que permite la ley.

En ese 60% de extranjeros solo se cuentan los que están dados de alta en la seguridad social. UGT calcula que la cifra real puede superar el 90%. Sobre el terreno, en esta mañana, los únicos nacidos en España que hay en las fincas son los jefes.

“La economía sumergida ocupa un papel demasiado importante. Hay pocas empresas que cumplan las reglas. Solo cuando salen a la luz desgracias como accidentes o acosos comprobamos las penosas condiciones en que trabajan los migrantes. Es como la punta de un iceberg. Tenemos el producto de mejor calidad de Europa, sí. Pero a costa de la dignidad de muchas personas”, destaca Gerardo Medina, de CCOO. El sindicalista denuncia la nula predisposición que hay entre los agricultores para mejorar los convenios colectivos.

El cambio del discurso

Esta reticencia no es fortuita: los empresarios del agro murciano se han mimetizado en los últimos tiempos con el discurso de Vox. La situación que describe Medina no ha cambiado, sin embargo, en los más de treinta años que los migrantes llevan siendo el capital laboral de la comarca.

El silencio de la patronal en los disturbios raciales de Torre Pacheco, que sucedieron a un paso de todas estas fincas, fue demasiado elocuente para Mohamed El Gheryb. “El que se calla ante las injusticias acaba convirtiéndose en cómplice. Los jefes no dieron la cara por quienes trabajan para ellos porque no necesitan personas que vivan tranquilas, sino esclavos que estén a sus pies”, manifiesta. Durante aquella semana, la recogida del melón no paró ni un solo segundo.

A finales de los noventa, recuerda el exalcalde del municipio Antonio León, los agricultores incluso llegaron a sacar los tractores a la calle pidiendo que se abrieran de par en par las fronteras. “Exigían flexibilizar las condiciones para que entrara más gente en España, porque las cosechas se quedaban sin recoger”. “Ahora”, observa, “esas demandas han dado un giro de 180 grados”.

Manuel Martínez representa a la patronal Asaja en la cuenca del Mar Menor. Vicente Carrión, por su parte, es portavoz de Coag. Ambos reconocen, con palabras muy parecidas, que la inmigración es clave para el crecimiento de la industria, pero afirman que debe haber un control exhaustivo en esas mismas fronteras que un día pidieron romper. Que solo es bienvenido quien tenga la predisposición de trabajar incansablemente.

“Desde que entran de manera ilegal hasta que consiguen un contrato de trabajo pasan dos o tres años. En ese intervalo la gente necesita medios para vivir, y si uno no tiene para comer puede ser capaz de cualquier cosa. Si dejas pasar una frontera, hay que dar la opción de trabajar al día siguiente”, explica Martínez.

“La solución”, continúa, “está en contratar en origen. Que vengan con acuerdos formalizados, los cumplan y vuelvan a sus países”. Este es un punto también muy reclamado por Vox. Según El Gheryb, se trata más bien de “una trampa”: “Vendría gente para trabajar, pero no habría ningún control. Les tendrían viviendo en casetas, trabajarían horas y horas y no pasaría nada, porque ni siquiera conocerían cuáles son sus derechos”.

La jaula de hierro

“Todas esas afirmaciones concuerdan con la estrategia de deshumanización de la ultraderecha”, abunda Andrés Pedreño. “Ningún empresario va a negar que se necesitan migrantes. La clave está en el cómo: sin que tengan las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos, porque tenerlas los llevaría a acceder a otros mercados laborales, y así, la agricultura, estaría condenada”.

A diez minutos por carretera de la parcela donde Ahmed se está dejando la espalda, Said supervisa la recogida de lechuga de un manto verde donde ya no se ve la tierra. Todas las piezas que arrancan de sus raíces viajarán esta noche en camiones rumbo a Francia. Este marroquí de 48 años que, en 2006, tras un lustro de empleo indocumentado, accedió a ser encargado de peones, es otro ejemplo de lo que Pedreño denomina “jaula de hierro”: una estructura invisible hecha de precariedad y falta de políticas de integración que encierra a miles de trabajadores en los mismos puestos durante generaciones. “Y no puedes quejarte”, dice Said, “porque si te quejas y pides algo más te amenazan con echarte y hay cientos como tú dispuestos a sustituirte”.

El dueño de todas estas hectáreas de lechuga hoy tiene más de 60 hombres a su cargo. Cuando se le pregunta por la situación de sus trabajadores, y por el señalamiento racista que están recibiendo, prefiere no dar su nombre, pero sí responde: “Sin ellos sería imposible exportar lo que se está exportando. Tienen que estar aquí, tienen que seguir viniendo. Quien plantea expulsarlos no sabe de lo que habla”.

Antes de que acabe el invierno, este agricultor habrá vendido cerca de cuatro millones de ejemplares frescos de lechuga. Con el próximo amanecer regresarán todos los jornaleros. Esta desagradecida huerta no se detiene nunca.

Este periódico se ha puesto en contacto en varias ocasiones con Vox para recoger su punto de vista, pero no ha obtenido respuesta.

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de los servicios establecidos para prevenir y perseguir el tráfico de drogas, ha desarrollado en Torre Pacheco la operación ‘Kusuyi’, en la que se ha desarticulado un grupo delictivo que dirigía el punto de venta de droga más activo del municipio.

Durante la operación, los guardias civiles han detenido a los tres integrantes del clan familiar que dirigía el punto de venta de drogas, incluida su cabecilla, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, elaboración de drogas y receptación; a los que también se les ha incautado base de cocaína o crakc, útiles empleados para el ‘cocinado’ de la cocaína y su manipulación, efectivo y numerosos efectos sustraídos, utilizados como moneda de cambio para adquirir droga.

La base de cocaína o crakc, ha detallado la Benemérita, se suele elaborar cocinando la cocaína en polvo con amoníaco mientras se calienta con fuego, utilizando habitualmente un recipiente metálico. Se presenta en formato rocoso y es de color blanquecino o amarillento. A diferencia de la cocaína, solo se consume fumada. Para ello se utiliza, normalmente, una pipa y estropajo, produciendo unos efectos mucho más rápidos y potentes que la cocaína en polvo, normalmente consumida esnifada. El bajón de los efectos del crakc o base de cocaína, ha alertado la Guardia Civil, es mucho más rápido que el de la cocaína esnifada, siendo este el principal motivo de que resulte altamente más adictiva.

Casi un año de investigación

Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita abrieron la operación el pasado mes de febrero, para investigar una serie de indicios que vinculaban a un grupo de personas con la venta masiva de sustancias estupefacientes en Torre Pacheco.

Los primeros pasos de la operación permitieron a los guardias civiles identificar a los integrantes de un clan familiar, compuesto por un matrimonio y su hijo, que estaban distribuyendo, presuntamente, grandes cantidades tanto de cocaína como de la conocida como base de coca o crakc.

Los guardias civiles del Área de Investigación continuaron con las pesquisas y establecieron un dispositivo de vigilancia sobre el inmueble donde residían los sospechosos, el cual había sido ocupado. 

Fruto de la investigación, la Guardia Civil constató el tráfico de drogas, principalmente cocaína, en la residencia del clan familiar, donde se verificaron el elevado trasiego de personas y con ello el considerable número de transacciones de dosis cocaína, así como no despreciable número de ventas de base de cocaína

Durante las vigilancias, los guardias civiles comprobaron que los consumidores interactuaban con los ahora detenidos accediendo a la vivienda o a través de una de sus ventanas. Muchos de estos consumidores habituales, procedentes tanto de Torre Pacheco como de municipios limítrofes, así como otros pequeños traficantes, eran inspeccionados por patrullas de la Benemérita y se les incautaban la droga que acababan de comprar.

Los investigadores de la Benemérita constataron que la cabecilla del grupo delictivo era la esposa y madre del clan familiar, y se encargaba de adquirir las cantidades de droga para su posterior manipulación y distribución. También adquiría todo tipo de objetos robados –como comida, teléfonos móviles, equipos de sonido de vehículos y herramientas, entre otros– y utilizaba como moneda de cambio una dosis de base de cocaína.

El hijo del matrimonio también se dedicaba a la venta de cocaína y crack, pero, además, gozaba de cierto prestigio entre los consumidores, al parecer, por su capacidad para cocinar la base de cocaína. También era el encargado principal de realizar las labores de vigilancia en la zona para advertir de la presencia policial.

El tercer integrante del clan familiar ahora desarticulado, el esposo y padre, tenía una única función, aunque no menos importante, que era la de distribuir las dosis de cocaína.

Mientras los guardias civiles iban desgranando la jerarquía del grupo delictivo y determinando el rol de cada componente del grupo, también detectaron que el índice de delitos contra el patrimonio, sobre todo robos con fuerza en vehículos y robos en establecimientos comerciales, en el casco urbano pachequero estaba aumentando notablemente. Detrás de estos hechos delictivos, en la mayoría de ocasiones, se comprobó que se encontraban consumidores de base de cocaína o crac, que también fueron detenido por los propios investigadores.

El Tribunal Supremo ha rechazado una querella que el Sindicato Unificado de Policía presentó contra Ione Belarra, secretaria general de Podemos, por denunciar “un serio problema de infiltración neofascista” en la Policía y la judicatura en plenos disturbios racistas en la localidad murciana de Torre Pacheco el pasado mes de julio. Los jueces entienden que las expresiones de la diputada “evidencian una falta de respeto y educación”, pero prevalece su libertad de expresión al estar en “un contexto político y social concreto”, en ese caso el auge del odio contra los migrantes tras la agresión a un anciano en la localidad.

Este sindicato, uno de los que tiene más representación y trayectoria dentro de la Policía Nacional, anunció su querella contra Belarra el pasado mes de julio por delitos de odio e injurias graves a las fuerzas de seguridad. Sus palabras, denunció entonces el SUP, “tienen una influencia social que puede derivar en la generación de sentimientos de hostilidad y rechazo hacia los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

La secretaria general de Podemos acudió a Torre Pacheco a la cabeza de una amplia delegación del partido para denunciar los disturbios racistas que se sucedían en la localidad después de que un anciano de 70 años fuera víctima de una agresión a manos de un grupo de jóvenes magrebíes, paliza que la extrema derecha instrumentalizó para fomentar el odio y las cacerías contra la población migrante. Belarra también criticó la actitud de las fuerzas de seguridad y la Justicia al entender que no actuaban con la contundencia suficiente: “Tenemos un serio problema de infiltración de la ideología neofascista, tanto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en la Justicia en España, que no funciona iguala en función del color de piel”, denunció.

El Supremo, con el juez Ángel Hurtado como ponente del auto y con el apoyo de la Fiscalía, ha decidido inadmitir la querella del SUP que pedía la imputación de Belarra. Sus expresiones, dice el tribunal, “se enmarcan el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de expresión, emitidas, además, en el contexto de un debate político, pues así lo exige el pluralismo político”. Una causa penal, añade la Sala que preside Andrés Martínez Arrieta, no puede ser un “factor de disuasión”.

Los jueces cargan con dureza contra Belarra por sus declaraciones sobre la Policía y su actuación en los disturbios racistas de Torre Pacheco: “Evidencian una falta de respeto y educación”, dice, y pueden ser consideradas “no sin razón, inconvenientes, desabridas o inoportunas” pero, lamenta, “no son extrañas en el debate político que reina en nuestros días”. La Fiscalía también solicitó en su informe que la querella fuera rechazada de plano y que el Supremo no llegara a imputar a Belarra, que “reúne la doble condición de Diputada de las Cortes Generales y Secretaria general del partido político Podemos”, lo que refuerza su libertad de expresión.

En la actualidad los tribunales catalanes mantienen en prisión provisional al supuesto líder del grupo ultra 'Deport Them Now' acusado de incendiar las redes sociales y promover los incidentes racistas.

El SUP no fue el único sindicato del ámbito policial que anunció acciones legales contra Belarra por sus declaraciones en Torre Pacheco. Jupol criticó que Belarra no acudiera esta semana a un acto de conciliación, anunciando que interpondrá una querella por las mismas declaraciones, condenada en ese aspecto al archivo tras este pronunciamiento del Supremo. Este segundo sindicato añade a sus acusaciones un mensaje que Belarra escribió en la red social X esos días denunciando “racismo institucional” en la Policía Nacional.

Si el líder del grupo neonazi 'Deport Them Now' quedara en libertad, podría volver a publicar mensajes “de incitación al odio contra colectivos extranjeros e inmigrantes” que causaran “nuevos altercados” como los que este joven de Mataró (Barcelona) promovió en Torre Pacheco (Murcia) este verano. Así lo sostiene la Audiencia de Barcelona, que denegó la puesta en libertad que reclamaba el ultra.

El joven neonazi C.L. permanece en prisión preventiva desde el pasado 17 de julio. En un auto del 13 de agosto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión de la jueza de Mataró al apreciar que persistían en C.L. el riesgo de reiteración delictiva (esto es, que llamara a nuevos disturbios racistas) y el peligro de que destruya, oculte o altere pruebas clave para la causa. Son dos de los motivos que marca la ley para encarcelar a un investigado antes del juicio.

La causa sobre el líder de 'Deport Them Now' por instigar a los disturbios se ha quedado en Mataró y discurrirá en paralelo a la que un juzgado de Murcia mantiene abierta a una decena de personas por los altercados racistas de Torre Pacheco.

En uno de los mensajes investigados, C.L. convocó a una “cacería” de migrantes los días 15, 16 y 17 de julio “para reunirlos con Alá”. También hizo un “llamamiento a las organizaciones antiinmigración estatales” para acudir a Murcia en nombre de 'Deport Them Now'. Y publicó fotografías de dos varones de origen marroquí con dianas en su cabeza.

Para intentar salir en libertad, el neonazi C.L. alegó que 'Deport Them Now' no era una organización que él liderara, sino que actuó en todo momento como un lobo solitario. Detrás de la entidad, recalcó, estaba solo él, y él solo escribió los mensajes racistas de Telegram que contribuyeron a incendiar el municipio murciano en verano. Es más, indicó que las llamadas a “cazar magrebíes” que admitió haber escrito fueron un “arrebato” tras ver una noticia de un pensionista agredido por un grupo de hombres.

También afirmó que las armas halladas en su domicilio las compró en Andorra y eran de aire comprimido, no de fuego real; y que su intención de matricularse en la Universidad este curso se vio frustrada por su ingreso en prisión. Tal y como desveló elDiario.es en julio, C.L. había trabajado como vigilante de seguridad y fue interino de la Generalitat.

Los jueces descartaron todos los alegatos del neonazi para salir de la cárcel. Recordó el tribunal que C.L. se enfrenta, por ahora, a tres delitos: incitación al odio (por los mensajes racistas que divulgó en redes); tenencia ilícita de armas (por las armas sin licencia que se hallaron en su casa); y asociación ilícita (aunque los jueces matizan que para determinar este delito es necesario investigar más).

La versión del neonazi de que desconocía la repercusión social de los mensajes racistas que escribió “no es verosímil”, concluyen los jueces, ya que C.L. tiene presencia en otras redes sociales “donde publica el ideario y actividades de 'Deport Them Now' y mensajes destinados a promover actos hostiles y violentos contra ciudadanos marroquíes”.

“No estamos ante una conducta puntual, fruto de un acto impulsivo, inconsciente, visceral e irracional, sino ante una conducta acorde con las ideas que defiende a través de 'Deport Them Now'”, apostillan los magistrados sobre el papel del neonazi a la hora de promover los disturbios de Torre Pacheco.

La ideología “claramente racista y promotora de la violencia hacia el colectivo magrebí”, ahondan los jueces, no permite descartar que el neonazi encarcelado escribiera nuevos mensajes “de incitación al odio” y para crear nuevos altercados en caso de quedar en libertad, remarca el tribunal.

No es suficiente, agregan los jueces, que se prohíba a C.L. acceder a redes sociales, ya que la tecnología actual permite acceder a las redes sociales “a través de perfiles a nombres de terceros y desde IP ajenas”. El riesgo de reiteración delictiva solo se puede combatir con su permanencia en prisión, ya que, además, observan los jueces, el neonazi podría borrar los mensajes que son pruebas clave del caso.

Tampoco resultaron creíbles para los jueces las explicaciones que dio C.L. sobre las armas halladas en su casa. El neonazi alegó que ninguna de las armas que la Guardia Civil se incautó en el registro de su domicilio en julio (una carabina de aire comprimido, una pistola de fogueo, una ballesta con tres proyectiles, una porra eléctrica, otras dos extensibles y una navaja) era de fuego real y nunca habían salido de su casa.

Los jueces recordaron que tanto la porra eléctrica como las dos porras extensibles son consideradas armas prohibidas por los reglamentos, por lo que era necesario tener una preceptiva licencia de la que el neonazi no disponía.

En lo que va de año, el Ministerio de Migraciones ha documentado más de 600.000 mensajes de odio en redes sociales, disparados especialmente durante el mes en que se produjeron los ataques racistas en Torre Pacheco. Se trata de un incremento desproporcionado en comparación con el 2024, cuando los discursos reportados no alcanzaron los 3.000, debido a la mejora técnica de la herramienta de monitorización utilizada por el Gobierno. Pese al aumento en su detección, solo han sido retirados de redes sociales en torno a un 35%, según ha confirmado la ministra elma Saiz este lunes.

Con estos datos sobre la mesa, analizados por el Observatorio para la Eliminación del Racismo y la Xenofobia en España (OBERAXE), la titular de Migraciones ha mantenido este lunes una reunión con representantes de las principales plataformas digitales (Facebook, Youtube, Instagram y TikTok, dado que X no ha podido asistir) para colaborar en el rastreo de mensajes de odio y frenar la viralización de contenidos que incitan la discriminación y la violencia. Se trata del segundo encuentro mantenido entre el Ministerio y las compañías líderes de las redes sociales, tras el proceso iniciado el pasado mes de julio tras los hechos producidos en Torre Pacheco, cuando se comprometieron a poner en común los datos relacionados con mensajes de odio de manera trimestral.

Durante la reunión, en respuesta al bajo índice de retirada del contenido reportado por Inclusión, ambas partes han acordado “crear grupos de trabajo técnicos” para “reforzar la colaboración público privada en la lucha contra el discurso xenófobo y racista en redes sociales, según ha explicado Saiz al término de la reunión. 

Estos grupos de trabajo pretenden buscar fórmulas para abordar cuestiones técnicas, como las consecuencias de la implementación de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) o encontrar una definición homogénea para el “discurso de odio” para evitar la obstaculización de la retirada de estos mensajes. 

En este sentido, el Ministerio ha alertado sobre el alto porcentaje de contenidos reportados por el Observatorio que igualmente permanecen en las plataformas pese al aviso. Migraciones recuerda que “los contenidos monitorizados y notificados por el sistema podrían ser constitutivos de delito, de infracción administrativa o violan las normas de conducta de las plataformas digitales”. Los informes del OBERAXE apuntan que “el 65% de los contenidos reportados en 2024 y el 66% en la primera mitad de 2025 nunca fueron retirados de los canales de difusión de estas plataformas”. 

La ministra ha defendido que la creación de grupos de trabajo técnicos buscará “concretar mejor qué contenidos pueden ser susceptibles a ser calificados como de delito”, así como “explorar mucho más la colaboración entre los canales que tienen las propias plataformas, como sus propias normativas”. Los representantes de las empresas digitales han propuesto también la celebración de una cumbre internacional en España contra el discurso de odio en redes sociales, una idea valorada positivamente por Saiz. 

“Recojo el guante para la celebración de una Cumbre contra el odio en las redes sociales, que analice y compare la situación de España con respecto a la de otros países”, ha afirmado la titular de Migraciones.

En 2024, los mensajes se ensañaron especialmente con las personas originarias del norte de África: el 35% del total de los posts denunciados fueron contra ellas, según los datos el Observatorio. En cuanto le tipo de discurso de odio más observado, destaca la “deshumanización”, que el OBERAXE lo ha identificado en el 37% de los mensajes notificados. En un 29% de los post reportados, existen “amenazas directas o indirectamente contra las personas migrantes o de origen extranjero”, según los datos de Inclusión. A ello se añaden el contenido que “incita a la expulsión del colectivo”, situado en un 15%.

Francisco Lucas Ayala (Murcia, 1989) toma posesión este viernes 12 de septiembre como nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia. Su nombramiento llega en plena escalada de tensión social tras los episodios de violencia racista registrados este verano en municipios como Torre Pacheco y Jumilla, así como en un contexto de creciente protagonismo de la ultraderecha en la agenda política regional. Secretario general del PSRM desde marzo, Lucas compaginará desde ahora ese cargo orgánico con una responsabilidad institucional que, durante los últimos años, ha sido el principal espacio de poder del PSOE en la Región.

Lucas es uno de los pocos líderes regionales del PSOE que compatibiliza su labor en la Comisión Ejecutiva Federal como secretario de Reforma Constitucional con sus responsabilidades orgánicas en Murcia.

Dado que usted ocupa ya un puesto orgánico dentro del Partido, que todo apunta a que será el candidato a la presidencia autonómica en 2027, y sobre todo que la anterior delegada del Gobierno llevaba poco tiempo en el cargo y lo estaba desempeñando con soltura, ¿a qué se debe su nombramiento? El PP dice que es un uso partidista de un cargo institucional.

Mi compromiso con la Región de Murcia no ha cambiado con mi nombramiento como Delegado del Gobierno. Desde que fui elegido secretario general del PSRM, he trabajado exclusivamente para defender los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad. Por eso, quiero agradecer públicamente la confianza que el presidente del Gobierno ha depositado en mí y reconocer también la labor de mi compañera Mariola, que ha estado al frente de esta institución con profesionalidad y dedicación. En cuanto al relevo, entra dentro de la normalidad democrática: es una decisión del presidente del Gobierno y yo la he aceptado tras una reflexión profunda. No oculto que los hechos ocurridos este verano han influido en mi decisión. Me refiero a la aprobación de presupuestos que fomentan el odio, a las cacerías racistas que vimos en Torre Pacheco o a mociones como la de Jumilla, que ponen en riesgo la convivencia

En este contexto, creo que es más necesario que nunca tender puentes con el Gobierno de España y defender con firmeza el diálogo, el consenso y los valores constitucionales. Frente a quienes criminalizan a la inmigración y alimentan el conflicto social, como ha hecho Vox recientemente en Santa Cruz, voy a utilizar todos los instrumentos de los que dispongo para combatir el fascismo en la Región de Murcia. Y lo haré desde una posición clara: no he venido a confrontar con el Gobierno regional, sino a ser útil. Esa es mi prioridad como delegado del Gobierno. Lo que la sociedad civil me ha trasladado estos meses es que hace falta cooperación institucional. Y eso es exactamente lo que voy a hacer: actuar como puente con el Gobierno de España para que esta tierra avance, frente a un presidente autonómico que se ha instalado en la confrontación permanente y ha quemado todos los canales de diálogo.

Tender puentes como ofrecerse a aprobar unos presupuestos sin líneas rojas. ¿Cree que fue una decisión inteligente?

Por supuesto que fue una decisión inteligente, y no solo lo creo: los sucesos de este verano me han dado la razón. La propuesta de aprobar los presupuestos sin condiciones ni líneas rojas fue un intento sincero de evitar que la Región de Murcia siguiera siendo rehén de la ultraderecha. Lo que hemos vivido en los últimos meses —las cacerías racistas en Torre Pacheco, la presión frente al centro de menores en Santa Cruz— demuestra que normalizar y comprar los discursos de odio solo nos lleva al desastre. No se puede seguir legitimando el fascismo en las instituciones. Por eso volvería a hacer esa propuesta. Porque mi prioridad es combatir el odio y proteger la convivencia.

Me sorprende que ahora el Gobierno regional y el Partido Popular hayan acusado a Vox de indecentes por lo ocurrido en el centro de menores de Santa Cruz, cuando han sido ellos quienes, a cambio de unos presupuestos, han jugado con los derechos de niños y adolescentes. Han sido ellos quienes han permitido que se criminalice a la inmigración y quienes han encendido una hoguera que ahora se les va de las manos. La responsabilidad es suya, y los hechos lo han dejado claro.

¿Puede garantizar la Delegación de Gobierno que no volverá a haber agresiones multitudinarias a ciudadanos y periodistas? La presencia de los FFCC de Seguridad del Estado en Torre Pacheco no impidió bastantes agresiones antes de que se tomaran medidas fuertes.

Creo que lo he demostrado esta misma semana en Santa Cruz. Comenzó a circular por redes sociales una convocatoria ilegal para concentrarse frente al centro de menores y, de inmediato, di instrucciones claras a la Guardia Civil para impedirlo. Se evitó esa concentración y se les impidió acceder al centro. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han actuado con eficacia y determinación. Como ya he reiterado en esta entrevista, la Delegación del Gobierno va a actuar con firmeza para garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y la protección de sus derechos fundamentales.

Dicho esto, también es imprescindible que el Gobierno regional actúe con responsabilidad. No basta con calificar como indecentes ciertos comportamientos si al mismo tiempo se siguen validando los discursos de odio. No es suficiente decir que uno no es racista: hay que demostrar con hechos que se es antirracista. Si queremos proteger la convivencia y salvaguardar la democracia en la Región de Murcia, necesitamos actuar de forma clara y comprometida. Y eso implica romper definitivamente con la retórica que pone en la diana a colectivos vulnerables.

Sobre la financiación autonómica, el Gobierno Regional ha hecho de ella uno de sus principales estandartes en la pugna con el Gobierno central. ¿Qué responsabilidad puede asumir el Partido Socialista en esta disputa?

Lo primero que quiero dejar claro es que el Partido Socialista considera urgente abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, y compartimos el diagnóstico de que la Región de Murcia está infrafinanciada. Ahora bien, esa afirmación debe ir acompañada de rigor. Para reformar el modelo actual se necesita un pacto de Estado, un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, no un uso partidista del problema. El Partido Socialista ya tiene una posición clara: fue aprobada en nuestro último Congreso Federal en Sevilla. En cambio, seguimos sin conocer la postura del Partido Popular a nivel nacional ni tampoco la del propio Partido Popular de la Región. Además, conviene recordar que no toda la deuda de la Región —más de 13.500 millones de euros— se debe a la infrafinanciación. Solo un 30% tiene relación directa con el modelo; el resto responde al despilfarro y la mala gestión de tres décadas de gobiernos del PP.

Por eso resulta incomprensible que López Miras haya rechazado la condonación del 27% de la deuda regional —3.318 millones de euros— que plantea el Gobierno de España. Una medida que no solo es buena para todas las comunidades autónomas, sino especialmente beneficiosa para una región como la nuestra. En 2023 el propio López Miras pedía la condonación de 3.200 millones; ahora que el Estado le ofrece incluso más, la rechaza por puro interés partidista porque está utilizando el Gobierno regional como instrumento al servicio de Feijóo. Desde aquí le pido responsabilidad. Esa condonación permitiría destinar más recursos a sanidad, educación y dependencia. Es decir, a los servicios públicos que más necesita la Región de Murcia. Espero que recapacite.

¿Qué consideraría una financiación 'justa' para la Región de Murcia?

Para el Partido Socialista, una financiación justa para la Región de Murcia pasa por un modelo que garantice la equidad entre territorios y asegure una financiación adecuada por habitante. Esa es nuestra posición, y ya fue fijada en el último Congreso Federal. Lo que no sabemos todavía es cual es la postura del Partido Popular, que lleva treinta años gobernando la Región. Dicho esto, conviene subrayar un dato clave: en 2026, la Región de Murcia recibirá 5.300 millones de euros, la mayor cifra de financiación de su historia. Esto demuestra que el Gobierno de España está comprometido con nuestra tierra y reconoce su singularidad. Además, medidas como la condonación parcial de la deuda autonómica no benefician únicamente a Cataluña, como algunos intentan hacer ver, sino que favorecen a todas las comunidades, incluida la nuestra.

Por eso resulta incomprensible que el presidente López Miras haya decidido rechazar la condonación del 27% de la deuda murciana —más de 3.300 millones de euros— en un momento en el que Murcia es la única comunidad que ha empeorado sus cifras de deuda respecto al año anterior y una de las dos más endeudadas del país. Renunciar a esa condonación es un error grave que perjudica de forma directa los intereses de nuestra ciudadanía. No se puede anteponer la estrategia partidista a una oportunidad real de aliviar las cuentas públicas y reforzar los servicios esenciales que tanto necesita esta región.

Entonces, ¿por qué lleva treinta años gobernando el PP la Región? ¿Qué ha pasado para que esto ocurra? ¿Por qué Delegación de Gobierno es la única parcela de poder que tiene, intermitentemente, el PSOE aquí?

Siempre he defendido que la autocrítica es necesaria, y como secretario general del PSRM fue lo primero que hice: asumir que durante estos 30 años no hemos sabido trasladar con suficiente claridad a la ciudadanía que el Partido Socialista es una alternativa real de gobierno. Pero eso ha cambiado. Hoy no solo tenemos un proyecto claro, sino que lo estamos demostrando con hechos. Contamos con compañeras y compañeros preparados, y eso se ve en la gestión eficiente que realizan nuestros alcaldes y alcaldesas en numerosos municipios de la Región. Tenemos equipo, tenemos ideas, y tenemos voluntad de cambio.

Dicho esto, ahora mismo no estoy centrado en qué pasará en 2027, sino en ser útil a la Región de Murcia desde la Delegación del Gobierno. Me preocupan los problemas reales de la ciudadanía: la falta de vivienda para los jóvenes, los discursos de odio que ponen en peligro la convivencia, la criminalización de la inmigración y la utilización partidista de la seguridad por parte del Gobierno regional. Lo que me ocupa y me preocupa es que esta región avance, que haya más bienestar, más justicia social y más oportunidades. La ciudadanía decidirá a quién le otorga su confianza, pero nosotros vamos a seguir trabajando desde ya para merecerla.

Y respecto al desarrollo de la Región, llevamos mucho retraso con ciertas infraestructuras clave, como el Corredor Mediterráneo que conecte Murcia, Cartagena y Almería vía Lorca. ¿Qué fechas maneja el Gobierno para su inauguración?

Lo primero que hay que entender es de dónde partíamos. Cuando llegamos al Gobierno en 2018 nos encontramos una red ferroviaria abandonada, con goteras y sin un solo kilómetro de vía electrificada. Desde entonces se ha hecho una inversión histórica para modernizar toda la red ferroviaria de la Región. Hemos traído la alta velocidad a la ciudad de Murcia y lo hemos hecho de forma soterrada, solucionando además un conflicto social que el anterior Gobierno del PP agravó con represión. Frente a los palos de entonces, hoy hay una estación soterrada, moderna, y un AVE en funcionamiento. En cuanto al Corredor Mediterráneo, todos los tramos entre Murcia y Lorca están en ejecución y avanzan a buen ritmo. En el caso de Cartagena, dos tramos están ya en obras y el resto se encuentra en fase de redacción y planificación.

La inversión del Gobierno de España en infraestructuras ferroviarias en la Región supera ya los 2.200 millones de euros desde 2017. Es una cifra sin precedentes que desmonta el mantra del abandono que repite el Partido Popular. La realidad es que el compromiso del Ministerio de Transportes y del Gobierno de España con la Región de Murcia es incuestionable. La nueva Estación del Carmen estará lista para su inauguración a finales de este año o principios del que viene. Y mi compromiso, como delegado del Gobierno, es seguir impulsando todos y cada uno de los proyectos que están en marcha y asegurar que se cumplan los plazos. Porque lo importante no es repetir discursos victimistas, sino ejecutar obras y cumplir con los compromisos.

¿Y el tranvía en la ciudad de Murcia hasta la Estación del Carmen?

El caso del tranvía hasta la Estación del Carmen es otro ejemplo claro del compromiso del Gobierno de España con la ciudad de Murcia. Se firmó un primer protocolo para ejecutar este tramo, pero caducó porque el Ayuntamiento de Murcia no cumplió con su parte y dejó pasar los plazos. Aun así, el Gobierno de España renovó el convenio, demostrando una voluntad firme de seguir adelante con el proyecto. Sin embargo, hasta la fecha no tengo constancia de que el Ayuntamiento haya cumplido con sus obligaciones ni que haya impulsado los pasos necesarios. El compromiso del Estado está ahí, pero ahora son el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma quienes tienen que demostrar, con hechos y con presupuesto, que de verdad quieren ejecutar esta infraestructura clave para la movilidad en la ciudad.

Hay muchos analistas políticos que coinciden en que Vox es la oposición real al gobierno de López Miras. Básicamente, dicen que la izquierda pinta poco. ¿Qué papel debe jugar el PSOE en este contexto?

Yo discrepo de esa afirmación. Para mí, Vox no es simplemente la oposición real al gobierno de López Miras: Vox es quien está gobernando la Región de Murcia. No hacen oposición, gobiernan de facto. Lo vemos todos los días, lamentablemente. Desde la imposición de discursos de odio hasta el condicionamiento de políticas públicas. Ante esto, el papel del Partido Socialista es claro: trabajar con responsabilidad, abordar los problemas estructurales que arrastra la Región desde hace décadas y ofrecer soluciones reales. Lo estamos haciendo desde el Gobierno de España, y también desde la Delegación del Gobierno, donde mi compromiso es servir de puente institucional para garantizar avances y proteger la convivencia. Eso es lo que la sociedad civil nos está pidiendo: responsabilidad, paz social y un rumbo claro frente al ruido.

Y en tan solo una semana, hemos dado pasos firmes. Ordenamos la retirada inmediata de simbología franquista detectada durante la Feria de Murcia, y evitamos una concentración ilegal frente al centro de menores de Santa Cruz. Ese es el tipo de oposición que estamos haciendo: firme, pero constructiva. El Gobierno de España también lo demuestra con su posición internacional, como al denunciar el genocidio en Gaza. Y ese es el modelo que defiendo: una política útil, con determinación pero sin caer en la crispación. Ser útil a la ciudadanía es también plantar cara al fascismo, garantizar derechos y mejorar el bienestar. En eso está el Partido Socialista, y en eso voy a seguir trabajando.

También se comenta que el PP se ha adueñado del discurso regionalista y se le ve más cómodo hablando de temas como el Trasvase Tajo-Segura

Desde que fui elegido secretario general del PSRM, hemos trabajado para recuperar un perfil propio en la defensa de los intereses de la Región de Murcia, y lo estamos demostrando con hechos. En el Congreso Regional del PSOE, delante del presidente del Gobierno y del secretario general del partido, dejé claro que el trasvase Tajo-Segura no se va a cerrar. Lo dije con contundencia y sin ambigüedades, también en presencia del propio presidente regional, Fernando López Miras, y de todos los diputados y diputadas del Partido Socialista. Frente a los mantras del PP, que lleva tres décadas repitiendo los mismos discursos sin resolver los problemas reales de la región, nosotros hemos optado por la responsabilidad, la claridad y el compromiso con las necesidades estructurales que siguen sin resolverse. Porque lo importante no es quién grita más, sino quién defiende con hechos lo que esta tierra necesita.

Si en 2027 una abstención del PSOE eliminase la influencia de Vox en el PP, ¿estarían dispuestos?

El Partido Socialista va a salir en 2027 a ganar las elecciones y a gobernar esta Región. No me planteo otro escenario que no sea ese. Somos un partido de Estado, pero también somos un partido ambicioso y con vocación de mayoría. Y lo vamos a demostrar. Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa clara, sólida y creíble que devuelva a la Región de Murcia un gobierno progresista y comprometido con los problemas reales de la ciudadanía. Lo demás, en este momento, no forma parte de nuestras prioridades. Estamos centrados en construir ese proyecto ganador.