Vox acusa al que fue 'número dos' de su Comité de Garantías de corrupto y de pactar con el PP a escondidas del partido

José Francisco Garre, que renunció hace unos días a su vicepresidencia del Comité de Garantías de Vox y su baja del partido, está en el punto de mira de sus propios compañeros, que le acusan de corrupto y “traidor” al haber llegado a acuerdos con el alcalde de Torre Pacheco (Murcia) Pedro Ángel Roca, del PP, a espaldas de Vox. Según asegura El País, desde Vox se habrían enterado “por la prensa” de estos acuerdos, y le exigen que devuelva su acta de concejal.

Según informa el mismo medio, Garre, que también fue portavoz de Vox en Torre Pacheco, ha confesado no haber consultado con los directivos del partido su aprobación para realizar estos acuerdos con el alcalde de la localidad, pero sí lo había pedido el permiso “desde hace teimpo”, ya que Vox también gobierna en otras localidades murcianas, como son Cartagena, Lorca, Molina de Segura o La Unión.

Garre, en una conversación con El País, ha insistido en que en Vox “lo sabían de sobra”, pero que en su partido pensaban “que no era el momento, que había que aguantar y esperar”. José Francisco Garre definía la situación como “desesperada, porque el ayuntamiento estaba bloqueado y hay contratos importantes, como la recogida de residuos sólidos, el mantenimiento de parques y jardines o el agua, que han vencido o están a punto de hacerlo”. El mismo que hasta hace unos días fue vicepresidente del Comité de Garantías de Vox, ha confesado que habló com varias compañeras concejales del partido, y “salvo una, las otras dos estuvieron de acuerdo en dar ese paso. En la pasada legislatura teníamos cierta libertad, pero ahora el partido funciona manu militari”.

Sin embargo, Vox no solo acusa a Garre de “traidor”, sino también de corruputo. El propio partido, a tarvés de un comunicado, explicaba que hace unas semanas “se le requirió desde la dirección de Vox para que justificara el pago de 8.480 euros que le fue realizado por orden del entonces portavoz en la Asamblea, José Ángel Antelo, apenas días antes de que este traicionara también a Vox”. El mismo comunicado añade que “Garre se comprometió a justificar este ingreso y otro por idéntico importe realizado por igual procedimiento en julio de 2025, este compromiso nunca se cumplió”.

Según El País, Garre presentará una querella contra su propio partido por injurias, considerándolo “un intento por manchar su honorabilidad”. El que fue vicepresidente del Comité de Garantías de Vox desde 2020 mantiene que no sabe quién ordenó esas transferencias, pero sí que pero sí “responden a un pacto alcanzado en 2023 con el actual portavoz en la asamblea de Murcia, Rubén Martínez Alpañez”, quien, según explica Garre al mismo medio, le pagaría una iguala a cambio de asesoramiento jurídico a los concejales de Vox en Murcia, además de “elaborar informes y borradores de proyectos de ley y dirigir procedimientos judiciales a nivel autonómico y nacional”.

El comunicado de Vox hace referencia a dos pagos que corresponden a sus honorarios del primer y segundo semestre de 2025, justifica Garre a El País: “Hay factura en ambos casos, el importe está perfectamente justificado y declarado a Hacienda”. Garre ha explicado que le dio “todas las explicaciones” a la secretaria general adjunta de Vox, Montse Lluis, tanto por teléfono como en la propia sede de Murcia, y que ella le pidió disculpas. “Me dijo que no conocía mi trabajo, que había preguntado al equipo jurídico y le habían dicho que estaban muy contentos conmigo. Me dio las gracias”, añade Garre.

Ante las acusaciones de sus propios compañeros del partido como corrupto y “traidor”, Garre no está sorprendido, después de las acusaciones de Vox contra el exlíder murciano de Vox, José Ángel Antelo, que define como “comportamientos cuasimafiosos”. Garre cree que “si las denuncias que hacen son ciertas, tienen que llevarlas al juzgado. Y si no, ¿qué necesidad hay de atacar a alguien en lo personal, de poner en la picota a su familia, cuando ya te has cargado su carrera política? El objetivo es amedrentar a la gente pero a mí, que pensaba marcharme sin hacer ruido, me han indignado”.

Echando la vista atrás, Garre recuerda que cuando comenzó su cargo en el Comité de Garantías de Vox “no había injerencias y trabajábamos con plena libertad”. Sin embargo, apunta a que en 2022 se produjo “un punto de inflexión” cuando dos candidaturas al Comité Ejecutivo Nacional no cumplían “los requisitos estatutarios para formar parte de la dirección”. “El CEN las exime de cumplir esos requisitos y las incorpora. Es cosa de ellos, nosotros hemos cumplido con nuestra obligación de ponerlo de manifiesto”, añade Garre.

Garre explica que desde ese momento apreció “un cierto intento de control del Comité de Garantías, que hasta entonces había sido bastante imparcial”, pero intentaban “actuar con objetividad”. En la misma conversación con El País, recuerda que, cuando llegó la denuncia contra Iván Espinosa de los Monteros por supuesto tráfico de influencias, todos los miembros del comité, excepto una, estaban “de acuerdo en que ahí no había infracción alguna”, y que, al hacer una resolución se la echaron para atrás.

“Nos hacen volver a deliberar una y otra vez. Incluso nos meten en una reunión al responsable del Comité de Cumplimiento, Juan de Dios Dávila (dependiente de la Presidencia del partido), que nos presiona insistiendo en que sí hay infracción”. Garre añade que se les presentó un informe escrito por un abogado externo al que se ha contratado “para que diga que, en contra de la opinión del fiscal, que ha archivado dos veces la denuncia, la conducta de Espinosa puede considerarse delito. Como si eso pudiera impresionarnos a nosotros, que también somos abogados. Al final, pese a las presiones, nos mantenemos firmes y no se le sanciona”.

El antiguo vicepresidente del Comité de Garantías de Vox cree que, con ese expediente, quería que lo expulsaran del partido: “Al principio las denuncias eran entre afiliados, un coordinador contra un concejal o viceversa, pero de pronto nos empiezan a llegar denuncias firmadas por la secretaria general adjunta y eso ya impone. El mensaje era claro: si denuncio es porque quiero que lo echéis”, detalla en la misma conversación.

En el expediente contra Antelo, Garre recuerda que se abstuvo por su amistad con él, pero le supuso un distanciamiento con Vox. En relación al caso de Ortega Smith, cree que se utilizó una “técnica antigua”: “Primero lo acosas y, cuando explota ante la prensa, lo expedientas por dañar la imagen pública del partido, que es una falta estatutaria. Creo que en su caso prima la libertad de expresión”. Garre opina que “no se puede ordenar a alguien que dimita. Esa orden es ilegítima”.

José Francisco Garre recibió la visita de la Policía Judicial en su domicilio el pasado viernes, y explicaba a El País que “es por un tema muy grave que he denunciado. Pero la investigación está en marcha y me han pedido discreción. Solo espero que mi expartido no tenga nada que ver”.