Es posible que la poesía siga siendo “un arma cargada de futuro”, como afirmó Gabriel Celaya en Cantos iberos; posible y conveniente para esa nave llamada Humanidad que siempre va orzando contra su propio viento, a punto de detenerse al primer error; pero si lo es, cosa de la que no tengo la menor duda, se debe a que algunos y algunas poetas se suman al tomar “partido hasta mancharse” del autor de Hernani y al intenso amor por la vida de un gran amigo suyo, Blas de Otero, de quien este domingo se cumplen un siglo y diez años de su nacimiento. “Para qué tantos libros, tantos papeles, tantas pamplinas” —escribió en Expresión y reunión— cuando se puede “callejear a la deriva” y vivir el verdadero libro, uno “de tamaño natural/ lleno de gente, tiendas, puestos de periódicos, casas en construcción/ y otros versos”.

Aquel magnífico poema, cuya presentación lo dice todo (“Dios nos libre de los libros malos/ que de los buenos ya me libraré yo”), es uno de los mejores cantos a la literatura que se han hecho desde la necesidad de “cambiar la vida” (Rimbaud) y la de cambiar el mundo. No es casual que, al hablar de las cosas realmente bonitas de la existencia, empiece con “una pierna de mujer/ la izquierda a ser posible” y acabe en “un buque norteamericano caído en poder del enemigo”. Cántico espiritual, Ángel fieramente humano, Ancia, Redoble de conciencia: se equivoca quien afirme que Blas de Otero hila más fino en ellos que en Pido la paz y la palabra o, por ejemplo, Historias fingidas o verdaderas, de título cervantino y nexos feroces: tan pronto arranca con un verso de Machado (“se borra el camino”) para advertir del peligro de que “se desparramen los cadáveres” como salta a la guerra de Vietnam, nos sitúa frente a una víctima “con el pecho y el vientre impecablemente reventados por una bomba de fragmentación” y añade que los mira y le parece “que esperan, bajo los cielos/ verse una tibia mañana/ cubiertos de brotes nuevos”, tirando esta vez de Juan Ramón Jiménez.

Tal vez se entienda mejor su carácter y su propia concepción de la poesía a partir de la cita que eligió para su antología de 1963, publicada originalmente en San Juan de Puerto Rico. Dice así, en la traducción del texto original: “Esto no es un libro./ Quien vuelve sus páginas, toca un hombre” (Walt Whitman, Hojas de hierba). Aunque no sea relevante desde el punto de vista del sentido de los versos, que además dan título a la compilación, muchos se darían cuenta de que había quitado algo importante, la primera palabra de todas, el sujeto a quien el poeta de West Hills se estaba dirigiendo: “camarada”, claro está; y eso, siendo como era comunista y teniendo una relación intensamente personal con Cuba. Pero a Blas de Otero, como a todos los autores grandes, le gustaba jugar. Esa ausencia es, al mismo tiempo, juego literario y manifestación de la importancia del contexto histórico —empezando por el individual— en cualquier obra, porque si hubiera puesto “camarada, esto no es un libro”, más de uno y de una habría pensado absurdamente que estaba enfatizando en exceso su ideología. 

En una entrevista de 1968, que apareció primero en Ínsula y poco más tarde en España Republicana (ver La poesía histórica de Blas de Otero, de Elena Perulero Pardo-Belmonte), nuestro gran poeta cerró el falso debate entre “poesía social” y cualquier otro tipo de poesía con una facilidad digna de aplauso; Antonio Núñez le preguntó si concebía la creación poética “dentro del partidismo” o la consideraba inaceptable y, tras dejar claro que lo “importante es que el poeta sienta unos temas con plena fuerza y sinceridad”, Blas de Otero sentenció que, a partir de dicha condición, no hay diferencia entre un poema “en defensa del pueblo vietnamita” y un “poema de amor”, por la sencilla razón de que serían lo mismo. Lo esencial para él era, lógicamente, el idioma; su valor, su peso, hasta dándole matices tan políticos como los de En castellano, que no se publicó en España hasta 1977. Y con una puntualización que también aparece en sus Historias fingidas y verdaderas: “que nadie se salva por un libro sino apostando todo a una palabra, la única que escoge el poeta a cambio de su propia vida expresada”.

Quienes duden de su vigencia en la actualidad, lo tiene tan fácil como leer o releer alguna de las obras que he citado o alguna de las que he dejado en sus márgenes (cosas del espacio y la intención). Me atrevo a afirmar que no perderá el tiempo y, sobre todo, que se volverá a topar con la máxima de que un buen poema suele tener el cuerpo en el futuro, con independencia de dónde clave las uñas de los pies. Celaya acertaba en Cantos íberos al hablar de la poesía, y no hay contradicción entre eso y el hecho difícilmente discutible de que, “el mundo, siempre bello” brilla “sin conciencia” tras muerte del poeta (Paz y concierto). Y sin embargo, por muy indiferente que sea tal destello, Blas de Otero no ha dejado de hacer lo que prometió aquí: “Cuando yo muera, el cartero continuará trayéndome cartas durante algunos días. Y yo contestaré a esas cartas, poniendo fecha atrasada”.

Hablar de las gramáticas y de su historia puede parecer cosa de intelectuales. De expertos. De investigadores. Y efectivamente lo es. Pero no tiene por qué ser únicamente de élites. Al igual que la filosofía, la física o la medicina, desde su nacimiento ha tenido muchas utilidades. Es la piedra angular de las lenguas del mundo, una forma de entender la comunicación humana. Y como tal, es una ciencia con unos “sorprendentes usos sociales” desde que hace 2.000 años nació en Alejandría.

Su divulgación no es algo que encontremos más allá de las fronteras de la Real Academia Española (RAE), y mucho menos de manera amena y con anécdotas curiosas. Ese fue el objetivo que el profesor universitario de origen toledano Francisco Escudero se propuso cuando comenzó a dar clases de Historia de la Gramática Española en la Universidad de Salamanca.

Escudero es graduado en Filología Hispánica y en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad de Salamanca. Actualmente, es profesor universitario en la Universidad Rey Juan Carlos. Apasionado de la Lengua Española desde muy joven, el autor acaba de publicar ‘Tú a Salamanca y yo a Alejandría’ (Pie de Página, 2025), un breve pero apasionado viaje por la historia de las gramáticas, es decir, por esos sistemas de reglas y principios que gobiernan la estructura de las palabras (morfología) y combinación en oraciones (sintaxis) de un idioma.

Lo presenta este jueves, día 12 de febrero, a las 19.00 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en el Alcázar de Toledo. El también escritor y profesor Félix Chacón le acompañará en esta puesta de largo de su nuevo libro.

Fue al comenzar a impartir la asignatura en Salamanca y al despertar el interés de su alumnado cuando vislumbró en esta ciencia “cierto potencial”. A medida que preparaba sus apuntes se dio cuenta de que también estaba preparando un libro. “El reto era cómo hacer llegar eso a todo el mundo”.

Se puso manos a la obra y decidió partir desde el origen. Porque ahora, según cuenta el autor, vivimos una época en la que hay mucha divulgación lingüística, pero no siempre ha sido así. La gran pregunta, por tanto, es: ¿para qué sirve la gramática? “Depende de muchos factores. A lo mejor a una conductora de autobús no le sirve, como a mí no me sirve comprender las ecuaciones de segundo grado, pero sí me es útil que otros lo sepan. Quiero que haya otros estudiando ingeniería y tecnología, y dedicándose a muchas profesiones para que todo se desarrolle”.

El punto de vista del libro es el castellano, pero abarca otras lenguas. Por eso habla de “gramáticas”, en plural. “De esta forma, las gramáticas llevan 2.000 años sirviendo para mucho, pero variando en sus usos en función de la época”, cuenta el profesor.

Echando la vista atrás, lo cierto es que la gramática ha sido utilizada en diferentes culturas, épocas y sociedades para diferentes lenguas, y cada una “le ha dado una utilidad diferente o varias al mismo tiempo, todas igual de sorprendentes”.

Todo empezó con Dionisio de Tracia

Así, el primero que escribió un libro de gramática lo hizo como una herramienta para entender textos antiguos del griego, como los de Homero. Fue primero Dionisio de Tracia y luego Apolonio Díscolo, este último inventor de la sintaxis, entre los siglos I-II d.C. Ambos trabajaban en la legendaria Biblioteca de Alejandría. Recopilaban todos los textos que llegaban, escritos en griego medio milenio antes. “Y al estudiarlos tenían que saber gramática, por lo que se convirtieron en los creadores de esa ciencia”.

Posteriormente, sería la gramática romana la que incorporaría utilidades que iban más allá del estudio de los textos antiguos, con “sorprendentes usos sociales”. Durante el Imperio Romano, el pedagogo hispanorromano Quintiliano de Calahorra escribió un libro de oratoria con cuestiones de gramática. “Ahí ya la estaba utilizando para la retórica, para dar buenos discursos. Se produce un vínculo del poder con el conocimiento”.

Después, los árabes le encontraron una función totalmente distinta. “Ellos tenían la necesidad de entender la poesía preislámica, pero también deseaban conocer el árabe clásico, que es en el que está escrito el Corán. Querían entender el mensaje, la palabra de su dios, mantenerlo en su auténtica pureza”, relata Escudero.

Lo curioso es que, avanzando en la historia, para los cristianos no fue así. Cuando los primeros misioneros llegaron a América, lo primero que hicieron fue aprender las lenguas indígenas para transmitir la palabra de dios en su idioma. “Hicieron gramáticas de lenguas indígenas como el quechua y otras muchas. Es decir, los árabes y los cristianos le dieron dos utilidades religiosas a la gramática, pero totalmente distintas”.

El año clave fue el 1492: Antonio de Nebrija escribió la primera gramática del castellano… y fracasó. “Nadie entendió eso. La gente de su propia época no le vio ninguna utilidad a una gramática de una lengua que ya todo el mundo hablaba. Quizás el único sentido fue enseñar el idioma, es decir, una gramática de español para extranjeros, pero eso fue una manera de justificar su obra”.

La cuestión es que Nebrija fue el primero en elaborar una gramática española “después de muchos vaivenes” y que no volvió a haber otra, al menos tan buena, hasta más de un siglo después. La hizo Gonzalo de Correas, por doble partida: una trilingüe y otra del castellano. Pero “ni siquiera ahí hubo un repunte”.

No fue hasta el siglo XVIII, en 1743, cuando Benito Martínez Gómez Gayoso hizo una nueva gramática española. “No tenía gran calidad, pero a partir de ahí nunca volvió a desaparecer la gramática del español, ya no se dejaron de hacer. Este hecho coincide con la Ilustración y con la creación de la RAE, pero incluso para esta última, su objetivo era el diccionario y la ortografía; la gramática se retrasó porque vieron que era muy complicada. Y no se publicó la primera gramática de la RAE hasta 1771”.

Por eso es en el siglo XIX cuando empieza a producirse un desarrollo gramatical importante en España. Vicente Salvá es el primero que elabora una gramática poniendo especial acento en la sintaxis, y posteriormente fue el venezolano Andrés Bello quien elaboró otra que incluía muchas variedades. “Fue el primer gran gramático hispanoamericano, tuvo fama internacional y su legado llega hasta hoy”.

La historia no solo se hacen con ‘nebrijas’, se hace con mucha gente. Su utilidad no es solo lo que dijeron los grandes, sino quienes la han necesitado y han aportado su granito de arena

Pero Francisco Escudero considera que la historia de las gramáticas no corresponde solo a los “grandes hitos”. Explica que a partir del siglo XIX el castellano se empieza a enseñar en las escuelas y los profesores las elaboran para sus colegios. “La historia no solo se hacen con ‘nebrijas’, se hace con mucha gente. Su utilidad no es solo lo que dijeron los grandes, sino quienes la han necesitado y han aportado su granito de arena”. Hasta nuestros días ha sido así, porque en la actualidad la gramática también sirve para el lenguaje forense, el computacional o el inclusivo.

Como toda historia de una ciencia, también está repleta de hechos anecdóticos. El más popular es la creación de las llamadas “gramáticas pardas”. Según el Instituto Cervantes, se constituyen como “la astucia, picardía o habilidad natural para manejarse en la vida, salir airoso de situaciones complicadas o evitar engaños, sin haber recibido una educación académica formal”. Se asocia tradicionalmente con la sabiduría popular de las clases humildes. 

“Es algo muy divertido. En realidad, es una pseudogramática, es un conocimiento asociado a la picaresca. No es conocimiento lingüístico, sino habilidad, lo que llamamos ‘tener calle’”. Destaca en este tipo de sabiduría popular a Ramón Soler, que bajo el seudónimo de Bachiller Cantaclaro alumbró su gramática parda para “enseñar a vivir sin trabajar”. “Lo más interesante es que se utilizan los términos propios de la gramática para hacer humor. Es una parodia y yo solo las he encontrado en el siglo XIX, pero están por investigar. Hay un filón muy grande ahí y es muy divertido”.

En su libro, Francisco Escudero habla también de las lenguas inventadas, las “artificiales”, que vienen a “enriquecer” nuestra propia gramática. La primera que lo hizo fue una mujer, la abadesa alemana Hildegarda de Bingen, en el siglo XII. “No se sabe muy bien para qué lo hizo y, lamentablemente, como siempre sucedía con las mujeres, se olvidó”.

Me parece maravilloso que haya lenguas con fines literarios o de ficción porque se trata de dar verosimilitud a las historias, con sus propias gramáticas y diccionarios. Sirve para pasarlo bien y ser feliz, y esa es otra utilidad importante

Después, en el siglo XIX, proliferó la utilidad de las gramáticas artificiales, la necesidad de crear “una lengua de comunicación internacional y fácil de aprender”. De ahí proceden el esperanto y el volapük. “Umberto Eco decía que los resultados no han sido buenos. Por ejemplo, el esperanto ha tenido cierto peso demográfico y de hablantes, pero está muy lejos de haber conseguido sus objetivos”.

Para el autor, resultan más interesantes las lenguas creadas con fines literarios o de ficción, porque sí han triunfado. Es el caso del klingon (‘Star Trek’), el dothraki (‘Juego de tronos’) o el lenguaje élfico de ‘El señor de los anillos’. “Eso me parece maravilloso porque se trata de dar verosimilitud a las historias, con sus propias gramáticas y diccionarios. Sirve para pasarlo bien y ser feliz, y esa es otra utilidad importante”.

De Beatriz Galindo a todas las “olvidadas”

Finalmente, como puede verse, salvo la abadesa alemana, pocos son los nombres de mujeres mencionados. El autor menciona en su libro a la gran gramática española Beatriz Galindo, que fue institutriz de Isabel I de Castilla. “Las mujeres han sido borradas, no se les ha hecho caso. Ahora mismo, en historiografía lingüística en España hay muchos investigadores e investigadoras que encuentran a mujeres lingüistas, sobre todo en el siglo XIX y se está haciendo una labor muy importante de recuperación de un trabajo totalmente invisibilizado”.

Menciona por ejemplo el libro ‘Lingüística se escribe con A. La perspectiva de género en las ideas sobre el lenguaje’', de Teresa Moure, así como los “magníficos” trabajos de la filóloga de origen vasco, Nerea Fernández de Gobeo.

“Buscar mujeres gramáticas en la historia es un trabajo muy complicado, porque esta ciencia ha sido creada por y para los hombres, pero es la única historia que me sé. Lo que sí sé es que la mía no es la historia real, es la historia que he podido y he sabido contar. Pero detrás de eso, hay un montón de mujeres que seguro que hicieron aportes interesantes y algunas están por descubrir y otras jamás las descubriremos. No está todo contado”, concluye.

FITUR ha abierto este miércoles las puertas de una nueva edición en la que La Rioja participa con un variado programa de actividades que ha tenido como uno de sus principales hitos la presentación de la gran exposición de referencia internacional ‘AutorIA’. En este contexto, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, acompañado por la directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, ha presentado esta “ambiciosa propuesta cultural impulsada por el Gobierno de La Rioja que se desarrollará en el segundo semestre de 2026 en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla, Patrimonio de la Humanidad desde 1997”.

Durante la presentación, Pérez Pastor ha destacado que la exposición permitirá refrendar y fortalecer el lugar que La Rioja ocupa en la historia del español y en el turismo idiomático, al tiempo que servirá para posicionar a la Comunidad como un territorio de referencia en el futuro de una lengua hablada por más de 600 millones de personas en todo el mundo. En este sentido, ha subrayado que el proyecto conectará el origen del español con los retos contemporáneos de la creación, la autoría y el papel de la Inteligencia Artificial en lo que respecta a la lengua española.

San Millán, epicentro de un relato

El consejero ha señalado que la exposición se concibe como una gran muestra de referencia, capaz de situar a San Millán de la Cogolla en el centro de un relato cultural que une patrimonio, conocimiento y tecnología. Un relato que parte de las primeras manifestaciones escritas del español y se proyecta hacia el presente y el futuro de la lengua en un contexto global y digital.

Por su parte, la directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, ha puesto el acento en la dimensión turística y territorial del proyecto, destacando que ‘AutorIA’ contribuirá a reforzar la posición de La Rioja como destino cultural de primer nivel y como enclave internacional vinculado al español y al turismo idiomático. Borges ha subrayado, además, que la exposición se integra en una estrategia más amplia de valorización del patrimonio y de creación de experiencias culturales de calidad asociadas al territorio.

La muestra se enmarca en el proceso de transformación integral del Monasterio de Yuso impulsado por el Gobierno de La Rioja y financiado con fondos europeos Next Generation EU, que contempla varias líneas de actuación complementarias. Entre ellas, la actual rehabilitación de la torre del monasterio, con una inversión de 1.074.000 euros; las obras interiores del conjunto monástico, con una dotación de 1.470.000 euros, que incluyen la mejora de las antiguas bodegas de los monjes, la instalación de un ascensor junto a la sacristía, la creación de nuevas zonas expositivas en las plantas primera y segunda bajo la torre, la unión de antiguas celdas, la ejecución de un forjado o pasarela que permitirá contemplar el altar de la iglesia, así como actuaciones en la cubierta para la mejora del tejado, la impermeabilización y el tratamiento de humedades.

A estas actuaciones se suma el contrato de museografía, ya adjudicado por 2.177.781 euros y actualmente en fase de desarrollo, que comprende el diseño, el desarrollo de contenidos, la producción de elementos expositivos y la dotación técnica necesaria para la puesta en marcha de la exposición.

Esta intervención permitirá abrir y que el público observe espacios hasta ahora no visitables del monasterio, como la sala de códices y cantorales, la Sala Preciosa, el coro alto, la Capilla de convalecientes, el Salón de los Reyes, el claustro alto o antiguas celdas, garantizando su conservación y mejorando la accesibilidad, la iluminación, la climatización y la seguridad del conjunto.

El proyecto expositivo se articula en torno a un recorrido que abordará los orígenes del español y la vida monástica, la evolución del concepto de autoría, la expansión y consolidación de la lengua, la obra de los grandes autores en español y los desafíos actuales y futuros del idioma, incluidos los vinculados a la inteligencia artificial. Para ello, incorporará recursos museográficos avanzados, contenidos audiovisuales, tecnologías inmersivas y herramientas interactivas.

La exposición temporal, que tendrá una duración mínima de tres meses, dará lugar posteriormente a una instalación permanente que ampliará y enriquecerá la visita habitual al conjunto monástico. Todo ello se integra en una actuación global que combina distintas inversiones destinadas a la restauración, rehabilitación y musealización del Monasterio de Yuso, orientadas a ofrecer un San Millán más accesible, más amplio y más conectado con su dimensión histórica, cultural y lingüística.

Territorio de experiencias únicas 

La actividad del estand de La Rioja continuará este miércoles por la tarde con la mesa redonda ‘El arte convierte el territorio en experiencia viva’, a las 16:30 horas, con la participación de Badarán que hablar, 1 km de Arte en Ventosa y Espacio VACA en Viniegra de Abajo; y con la mesa ‘Eclipse: Turismo Rural y Reserva de la Biosfera’, a las 17:30 horas, con Sylvia García Calleja, presidenta de la Asociación Altura, y Susana Gómez Urizarna, jefe de Sección de Integración Territorial del Gobierno de La Rioja.

El jueves 22 de enero, a las 13 horas, el estand de La Rioja acogerá la presentación de la Plataforma Inteligente de Destino La Rioja, a cargo del consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y de la directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges. La programación del día se completará con la presentación ‘50 aniversario de Valdezcaray’, a las 16:30 horas, a cargo de Carlos Pérez, gerente de la estación riojana, acompañado por el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, y con la mesa redonda ‘La Rioja como destino ideal para turismo de incentivos. Experiencias únicas, sostenibles y auténticas’, a las 17 horas, en la que participarán Palacios Vinos de Finca, Amelí Tours y Bodegas FYA.

El ple del Parlament balear ha tombat aquest dimarts la proposició de llei que havia presentat Vox per blindar l'espanyol a l'àmbit escolar, segregant per a això els alumnes en funció de la llengua amb la qual les famílies decidissin que cursin els seus fills i arraconant, de facto, l'ensenyament del català als centres educatius de les illes. El PP, tal com va anunciar immediatament després que els de Santiago Abascal registressin la seva iniciativa, ha votat en contra d'aquesta en considerar que la seva aplicació suposaria, en la pràctica, “carregar-se” el Decret de Mínims, un dels pilars de la política lingüística a l'arxipèlag que, des de la seva aprovació el 1997, garanteix en almenys un 50% l'us del català en l'ensenyament.

La gestió del model educatiu i lingüístic és una de les principals línies de fractura entre PP i Vox a les Balears. Mentre el PP aposta per mantenir per llei l'actual sistema d'ensenyament bilingüe, Vox exigeix un canvi que desmunti el marc normatiu autonòmic en matèria lingüística. Les divergències entorn d'aquest assumpte han posat a prova en diverses ocasions l'estabilitat del pacte subscrit entre tots dos a principis de legislatura i també la del propi Executiu de Marga Prohens.

Aquest dimarts, tant els conservadors com els grups d'esquerra han votat en contra de la PL de l'extrema dreta, que buscava “revertir la imposició del català en l'ensenyament”, malgrat que el coneixement i l'us de la llengua pròpia de les illes -tal com la reconeixen l'Estatut d'Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística-, han patit un important retrocés a les últimes dècades com a conseqüència, principalment, de l'imparable creixement demogràfic produït des dels seixanta, quan residien a les Balears 400.000 persones -una xifra que en l'actualitat s'eleva a 1,2 milions d'habitants-. No en va, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el 94,1% de la població resident a les illes parla bé el castellà, percentatge que descendeix al 59,5% en el cas del català.

També PSIB-PSOE i Més per Mallorca, Més per Menorca, Unides Podem i Esquerra Unida han acusat Vox de promoure una iniciativa que “busca confrontar la societat balear i posar en risc el consens lingüístic assolit a les últimes dècades”. Els grups progressistes han defensat l'actual model educatiu com “una eina de cohesió i d'igualtat d'oportunitats” i han recordat que la immersió en català ha permès que els alumnes de les illes surtin de l'escola dominant les dues llengües oficials. En el cas del castellà, ha subratllat la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon, amb nivells “molt superiors respecte a algunes Comunitats Autònomes monolingües”.

“Aquesta iniciativa neix del xantatge permanent que Vox duu a terme contra els drets bàsics, la col·lectivitat i la identitat. En definitiva, contra el nostre poble. I en aquesta ocasió contra l'educació. Volen convertir la llengua catalana en una llengua secundària a les escoles”, ha recriminat la parlamentària ecosobiranista, qui ha exal·tat el model bilingüe que s'aplica a les Balears, que, ha incidit, ha permès que “els nostres infants, vinguin d'on vinguin, aprenguin a parlar, escriure i viure en català i en castellà, que puguin conviure sense segregació, sense guetos lingüístics, sense diferències entre qui té el català com a llengua familiar i qui no. I això és el que ha fet fort el nostre sistema educatiu i el que Vox vol trencar”. “Perquè” -ha asseverat-, no ens enganyem: quan Vox parla de llibertat lingüística en realitat parla de fragmentació. Quan diuen que volen igualtat per a les dues llengües, el que fan és col·locar el castellà com a llengua de poder i relegar el català a un paper decoratiu“.

En aquesta línia, ha celebrat el vot en contra del PP, encara que ha assegurat no fiar-se'n: “Hem vist aquesta mateixa història massa vegades. Primer diuen que no comparteixen el fons. Després parlen de diàleg i equilibri, i al final acaben cedint davant les exigències de Vox per mantenir la majoria. Aquest és el patró constant d'aquesta legislatura: cedir, callar i claudicar. Per això no ens basten les paraules: volem fets, compromisos i valentia”.

El PP defensa un model de “conjunció lingüística”

Per la seva part, la portaveu adjunta del PP, Marga Durán, ha asseverat que la iniciativa dels d'Abascal “col·lisiona frontalment amb els pilars fonamentals del nostre sistema educatiu” i vol traspassar “línies vermelles que com a partit no creuarem mai”: l'Estatut d'Autonomia, la Llei de normalització lingüística de 1986 -que “garanteix la convivència entre les dues llengües oficials”-, el decret de mínims de l'educació i l'autonomia de centre, un principi, ha subratllat, que els populars consideren “intocable” perquè “creiem en els nostres equips docents i en la seva capacitat de decidir com ha d'adaptar-se el projecte lingüístic i educatiu a la realitat de cada centre educatiu”. Durán ha postil·lat que aquestes línies vermelles “no són capricis”, sinó “concepcions de fons construïdes al llarg d'anys de diàleg, consens i respecte institucional”.

La diputada popular ha passat a explicar, tot seguit, la pròpia Proposició de Llei que aquest dilluns va presentar el PP per blindar per llei el castellà als centres educatius de Balears sense trencar per a això les anteriors normes i principis. La formació vol modificar la llei d'educació “sense estridències ni imposicions” -com aquest dilluns va exposar el seu portaveu parlamentari, Sebastià Sagreras- amb l'objectiu de “blindar el model de conjunció lingüística de les illes”, a més de donar difusió a les modalitats insulars de la llengua catalana reconegudes en l'article 35 de l'Estatut. “Perquè l'educació no pot ser una eina per dividir, ni la llengua, una bandera per enfrontar. Volem un sistema educatiu que mós endavant, que formi ciutadans preparats, crítics i competents en les dues llengües. Oberts al món, però també ciutadans arrelats a la nostra terra i orgullosos de la seva identitat”, ha espetat. En aquest sentit, ha asseverat que, a diferència de la proposta de Vox, la del PP “no altera el model educatiu: el reforça”.

El pleno del Parlament balear ha tumbado este martes la proposición de ley que había presentado Vox para blindar el español en la escuela, segregando para ello a los alumnos en función de la lengua con la que las familias decidieran que estudiasen sus hijos y arrinconando, de facto, la enseñanza del catalán en los colegios de las islas. El PP, tal como anunció inmediatamente después de que los de Santiago Abascal registraran su iniciativa, ha votado en contra de la misma al considerar que su aplicación supondría, en la práctica, “cargarse” el Decreto de Mínimos, uno de los pilares de la política lingüística en el archipiélago que, que desde su aprobación en 1997, garantiza en al menos un 50% el uso del catalán en la enseñanza.

La gestión del modelo educativo y lingüístico es una de las principales líneas de fractura entre PP y Vox en Balears. Mientras el PP apuesta por mantener por ley el actual sistema de enseñanza bilingüe, Vox exige un cambio que desmonte el marco normativo autonómico en materia lingüística. Las divergencias en torno a este asunto han puesto a prueba en varias ocasiones la estabilidad del pacto suscrito entre ambos a inicios de legislatura y también la del propio Ejecutivo de Marga Prohens.

Este martes, tanto los conservadores como los grupos de izquierda han votado en contra de la PL de la extrema derecha, que buscaba “revertir la imposición del catalán en la enseñanza”, a pesar de que el conocimiento y el uso de la lengua propia de las islas -tal como la reconocen el Estatut d'Autonomia y la Ley de Normalización Lingüística-, han sufrido un importante retroceso en las últimas décadas como consecuencia, principalmente, del imparable crecimiento demográfico producido desde los sesenta, cuando residían en Balears 400.000 personas -una cifra que en la actualidad se eleva a los 1,2 millones de habitantes-. No en vano, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 94,1% de la población residente en las islas habla bien el castellano, porcentaje que desciende al 59,5% en el caso del catalán.

Tanto PSIB-PSOE como Més per Mallorca, Més per Menorca y Unides Podem han acusado a Vox de promover una iniciativa que “busca confrontar a la sociedad balear y poner en riesgo el consenso lingüístico alcanzado en las últimas décadas”. Los grupos progresistas han defendido el actual modelo educativo como “una herramienta de cohesión y de igualdad de oportunidades” y han recordado que la inmersión parcial en catalán ha permitido que los alumnos de las islas salgan de la escuela dominando las dos lenguas oficiales. En el caso del castellano, ha subrayado la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon, con niveles “muy superiores respecto a algunas Comunidades Autónomas monolingües”.

“Esta iniciativa nace del chantaje permanente que Vox lleva a cabo contra los derechos básicos, la colectividad y la identidad. En definitiva, contra nuestro pueblo. Y en esta ocasión contra la educación. Quieren convertir la lengua catalana en una lengua secundaria en las escuelas”, ha recriminado la parlamentaria ecosoberanista, quien ha ensalzado el modelo bilingüe que se aplica en Balears, que, ha incidido, ha permitido que “nuestros niños, vengan de donde vengan, aprendan a hablar, escribir y vivir en catalán y en castellano, que puedan convivir sin segregación, sin guetos lingüísticos, sin diferencias entre quién tiene el catalán como lengua familiar y quién no. Y esto es lo que ha hecho fuerte nuestro sistema educativo y lo que Vox quiere romper”. “Porque” -ha aseverado-, no nos engañemos: cuando Vox habla de libertad lingüística en realidad habla de fragmentación. Cuando dicen que quieren igualdad para las dos lenguas, lo que hacen es colocar el castellano como lengua de poder y relegar el catalán a un papel decorativo“.

En esta línea, ha celebrado el voto en contra del PP, aunque ha asegurado no fiarse: “Hemos visto esta misma historia demasiadas veces. Primero dicen que no comparten el fondo. Después hablan de diálogo y equilibrio, y al final acaban cediendo ante las exigencias de Vox para mantener la mayoría. Este es el patrón constante de esta legislatura: ceder, callar y claudicar. Por eso no nos bastan las palabras: queremos hechos, compromisos y valentía”.

El PP defiende un modelo de “conjunción lingüística”

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha aseverado que la iniciativa de los de Abascal “colisiona frontalmente con los pilares fundamentales de nuestro sistema educativo” y quiere traspasar “líneas rojas que como partido no cruzaremos nunca”: el Estatut d'Autonomía, la Ley de normalización lingüística de 1986 -que “garantiza la convivencia entre las dos lenguas oficiales”-, el decreto de mínimos de la educación y la autonomía de centro, un principio, ha subrayado, que los populares consideran “intocable” porque “creemos en nuestros equipos docentes y en su capacidad de decidir cómo debe adaptarse el proyecto lingüístico y educativo a la realidad de cada centro educativo”. Durán ha apostillado que estas líneas rojas “no son caprichos”, sino “convicciones de fondo construidas a lo largo de años de diálogo, consenso y respeto institucional”.

La diputada popular ha pasado a explicar, acto seguido, la propia Proposición de Ley que este lunes presentó el PP para blindar por ley el español en los colegios de Balears sin quebrantar para ello las anteriores normas y principios. La formación quiere modificar la ley de educación “sin estridencias ni imposiciones” -como este lunes expuso su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras- con el objetivo de “blindar el modelo de conjunción lingüística de las islas”, además de dar difusión a las modalidades insulares de la lengua catalana reconocidas en el artículo 35 del Estatut. “Porque la educación no puede ser una herramienta para dividir, ni la lengua, una bandera para enfrentar. Queremos un sistema educativo que mire adelante, que forme ciudadanos preparados, críticos y competentes en las dos lenguas. Abiertos al mundo, pero también ciudadanos arraigados a nuestra tierra y orgullosos de su identidad”. En este sentido, ha aseverado que, a diferencia de la propuesta de Vox, la del PP “no altera el modelo educativo: lo refuerza”.

Críticas al PP por “facilitar estos disparates”

Mientras tanto, la diputada del PSIB Amanda Fernández, ha rechazado una propuesta, la de Vox, “plagada de barbaridades”. Una iniciativa impulsada, ha señalado, sin razones educativas ni pedagógicas, al tiempo que ha acusado al PP de “facilitar que estos disparates se hagan realidad”. La socialista ha lamentado, en este sentido, que la lengua haya sido moneda de cambio durante toda la legislatura. “[El PP] se lleva las manos a la cabeza ante las propuestas de Vox, pero impulsa medidas contra la lengua propia”, ha aseverado en referencia, entre otras medidas, a la flexibilización de los requisitos en los procesos de empleo público. Fernández ha rechazado igualmente la propuesta alternativa del PP y la ha equiparado con la los de Abascal: “Distintos perros con mismo collar”.

En esta línea, la diputada de Més per Menorca Joana Gomila ha criticado lo que ha considerado un “ataque directo a la lengua, la identidad y la autonomia de centro”. “Quieren convertir la educación en un campo de batalla ideológico con sus intentos de atacar el decreto de mínimos y la autonomía de centro”, ha aseverado la ecosoberanista, quien ha reprochado, asimismo, la intención del PP de blindar la vehicularidad del castellano vía modificación de la ley de Educación. “No son necesarias ni la reforma de Vox ni la del PP”, ha apuntado en este sentido.

En su opinión, la modificación que proponen los conservadores es “una excusa” para no apoyar la propuesta de la extrema derecha, acusándoles de decir una cosa y hacer la contraria, como con el plan de elección de lengua, que ha calificado “de segregador”. En varias ocasiones, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha respondido desde su escaño señalando que “el plan no segrega”, hasta el punto que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha tenido que pedir silencio. Finalmente, el diputado de Unides Podem, José María García, ha reiterado que la lengua que merece protección es el catalán y se ha referido a los beneficios sociales y laborales del dominio de las dos lenguas oficiales. El parlamentario ha instado a no ver la lengua de la escuela como una imposición, y ha advertido de que eliminar la preponderancia de la lengua propia en la educación liquidaría el proceso de normalización, que “aún no ha finalizado”.

El PP ha registrat una Proposició de Llei (PP) amb la qual busca blindar per llei, “sense imposicions ni estridències”, l'espanyol als col·legis de les Balears. Es tracta d'una iniciativa que ha registrat a penes 24 abans que Vox defensi aquest dimarts la seva pròpia proposta en aquest sentit, i contra la qual els conservadors votaran en considerar que va més enllà de l'acord que tots dos van assolir al maig a canvi de tirar endavant els pressupostos d'enguany. La formació d'extrema dreta pretén “revertir la imposició del català a l'ensenyament”, segregant els alumnes en funció de la llengua amb què les famílies decideixin que estudïn els seus fills, la qual cosa, a judici dels conservadors, suposaria en la pràctica “carregar-se” el Decret de Mínims, un dels pilars de la política lingüística a l'arxipèlag.

Amb aquest moviment, el PP vol subratllar el seu compromís amb el bilingüisme i la convivència lingüística entre ambdues llengües, respectant, com ha remarcat el seu portaveu parlamentari, Sebastià Sagreras, el propi Decret de Mínims -que des de la seva aprovació el 1997 garanteix en almenys un 50% l'ús del català a l'ensenyament-, la llei de normalització lingüística de 1986 -que reconeix el català com la llengua pròpia de les illes-, l'autonomia dels centres educatius i, “evidentment, l'Estatut d'Autonomia”. Aquestes són, de fet, les “línies vermelles” que els populars asseguren no estar disposats a traspassar i així ho van traslladar a Vox en el moment en què els de Santiago Abascal van presentar la seva pròpia PL, que aquest dimarts es debatrà i votarà al Parlament balear.

La gestió del model educatiu i lingüístic és una de les principals línies de fractura entre PP i Vox a Balears. Mentre el PP aposta per mantenir per llei l'actual sistema d'ensenyament bilingüe, Vox exigeix un canvi que desmunti el marc normatiu autonòmic en matèria lingüística. Les divergències entorn a aquest assumpte han posat a prova en diverses ocasions l'estabilitat del pacte subscrit entre tots dos a principis de legislatura i també del propi Executiu de Marga Prohens. Els populars han registrat la iniciativa, a més, en plenes negociacions del sostre de despesa balear, un fet que tant una com una altra formació desvinculen de les seves iniciatives lingüístiques.

Davant la negativa dels conservadors a acatar les exigències de Vox, els de Bambú van impedir el passat 30 de setembre la convalidació d'una de les normatives clau del Govern de Prohens, la llei de projectes estratègics, tot i que els dos socis d'investidura havien pactat diverses mesures previstes al decret. La formació d'extrema dreta complia així l'advertència que dies abans havia llançat al PP: s'abstindrien en la votació d'aquesta norma si el PP no accedia a tramitar la seva PL sobre política lingüística, presentada, a judici dels conservadors, “de manera unilateral”, sense haver estat তারা consensuada amb ells i sense que aquests tinguessin coneixement de la mateixa.

En concret, en la seva proposta, Vox introdueix 11 modificacions a la llei balear d'educació, amb les quals reclama, entre d'altres, que l'administració educativa estableixi un sistema d'avaluació dels projectes lingüístics establerts per cada centre, amb la supervisió de la Inspecció Educativa, que permeti revisar-los periòdicament i adequar-los “amb la finalitat d'assegurar el compliment de la distribució d'ús de les llengües oficials fixada reglamentàriament, i garantir la competència comunicativa plena i equivalent en castellà i en català”, la qual cosa xoca de forma directa amb les pretensions del PP.

Per la seva banda, amb la PL recentment presentada, els populars volen modificar la llei d'educació “sense estridències ni imposicions” amb l'objectiu de “blindar el model de conjunció lingüística de les illes, on conviuen dues llengües oficials”, a més de “donar difusió a les modalitats insulars [de la llengua catalana] reconegudes en l'article 35 de l'Estatut”. “Fins ara es garantia l'ús d'aquestes modalitats i a partir d'ara també es vetllarà per la seva difusió”, ha remarcat Sagreras.

El PP ha registrado una Proposición de Ley (PP) con la que busca blindar por ley, “sin imposiciones ni estridencias”, el español en los colegios de Balears. Se trata de una iniciativa que ha registrado apenas 24 antes de que Vox defienda este martes su propia propuesta en este sentido, y contra la que los conservadores votarán al considerar que va más allá del acuerdo que ambos socios alcanzaron en mayo a cambio de sacar adelante los presupuestos de este año. La formación de extrema derecha pretende “revertir la imposición del catalán en la enseñanza”, segregando a los alumnos en función de la lengua con la que las familias decidan que estudien sus hijos, lo que, a juicio de los conservadores, supondría en la práctica “cargarse” el Decreto de Mínimos, uno de los pilares de la política lingüística en el archipiélago.

Con este movimiento, el PP quiere subrayar su compromiso con el bilingüismo y la convivencia lingüística entre ambas lenguas, respetando, como ha remarcado su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, el propio Decreto de Mínimos -que desde su aprobación en 1997 garantiza en al menos un 50% el uso del catalán en la enseñanza-, la ley de normalización lingüística de 1986 -que reconoce el catalán como la lengua propia de las islas-, la autonomía de los centros educativos y, “evidentemente, el Estatut d'Autonomia”. Estas son, de hecho, las “líneas rojas” que los populares aseguran no estar dispuestos a traspasar y así lo trasladaron a Vox en el momento en que los de Santiago Abascal presentaron su propia PL, que este martes se debatirá y votará en el Parlament balear.

La gestión del modelo educativo y lingüístico es una de las principales líneas de fractura entre PP y Vox en Balears. Mientras el PP apuesta por mantener por ley el actual sistema de enseñanza bilingüe, Vox exige un cambio que desmonte el marco normativo autonómico en materia lingüística. Las divergencias en torno a este asunto han puesto a prueba en varias ocasiones la estabilidad del pacto suscrito entre ambos a inicios de legislatura y también la del propio Ejecutivo de Marga Prohens. Los populares han registrado la iniciativa, además, en plenas negociaciones del techo de gasto balear, un hecho que tanto una como otra formación desligan de sus iniciativas lingüísticas.

Ante la negativa de los conservadores a acatar las exigencias de Vox, los de Bambú impidieron el pasado 30 de septiembre la convalidación de una de las normativas clave del Govern de Prohens, la ley de proyectos estratégicos, a pesar de que los dos socios de investidura habían pactado varias de las medidas previstas en el decreto. La formación de extrema derecha cumplía así la advertencia que días antes había lanzado al PP: se abstendrían en la votación de esta norma si el PP no accedía a tramitar su PL sobre política lingüística, presentada, a juicio de los conservadores, “de manera unilateral”, sin haber sido consensuada con ellos y sin que éstos tuvieran conocimiento de la misma.

En concreto, en su propuesta, Vox introduce 11 modificaciones a la ley balear de educación, con las que reclama, entre otras, que la administración educativa establezca un sistema de evaluación de los proyectos lingüísticos establecidos por cada centro, con la supervisión de la Inspección Educativa, que permita revisarlos periódicamente y adecuarlos “con el fin de asegurar el cumplimiento de la distribución de uso de las lenguas oficiales fijada reglamentariamente, y garantizar la competencia comunicativa plena y equivalente en castellano y en catalán”, lo que choca de forma directa con las pretensiones del PP.

Por su parte, con la PL recién presentada, los populares quieren modificar la ley de educación “sin estridencias ni imposiciones” con el objetivo de “blindar el modelo de conjunción lingüística de las islas, donde conviven dos lenguas oficiales”, además de “dar difusión a las modalidades insulares [de la lengua catalana] reconocidas en el artículo 35 del Estatut”. “Hasta ahora se garantizaba el uso de estas modalidades y a partir de ahora también se velará por su difusión”, ha remarcado Sagreras.

La antropóloga y periodista Idurre Eskisabel (Beasain, 1970) lleva desde el año 2022 al frente de Euskalgintzaren Kontseilua, organización formada por más de 30 asociaciones y agentes que trabajan en favor de la normalización del euskera. Una normalización que, según lamenta “ha tocado techo” y que encuentra cada vez más obstáculos con la llegada de sentencias judiciales que anulan las exigencias de euskera en convocatorias de la Administración Pública por considerarlas “discriminatorias”. “Las sentencias judiciales suponen una ofensiva judicial muy preocupante. Necesitamos políticas lingüísticas más potentes porque percibimos que las estrategias que hemos empleado hasta ahora están perdiendo fuerza”, defiende.

Por ello, lanza un mensaje al Partido Socialista de Euskadi. “Le lanzaría un mensaje al PSE-EE y a sus dirigentes que contraponen los derechos laborales a los derechos lingüísticos. Les diría que estén tranquilos, que entiendan que estamos hablando de justicia social, de parámetros de igualdad lingüística y de cohesión social”, destaca Eskisabel, quien recalca que “el 75% de la población vasca está a favor de pedir el conocimiento de euskera y de castellano para la Administración Pública según la VII Encuesta Sociolingüística. ”Cuando decimos que todos los trabajadores de la Administración Pública deben conocer las dos lenguas oficiales no es algo que exigimos de hoy para mañana, hay un planteamiento progresivo, pero en 15 años es posible que en la Comunidad Autónoma vasca todos los trabajadores públicos lo sepan si tenemos en cuenta las jubilaciones que se van a llevar a cabo y el conocimiento del euskera de la gente joven que se incorpora en el mercado laboral“, asegura.

¿Cómo valora, por un lado, la situación del euskera en la Comunidad Autónoma Vasca, y, por el otro, en Navarra e Iparralde?

Para nosotros hacer esa valoración en esos términos es difícil porque hablamos de una comunidad de hablantes de una lengua. Es cierto que a raíz de las diferencias político-administrativas entre esos territorios en los últimos 40 o 50 años el euskera ha tenido un diferente estatus y reconocimiento, pero para nosotros somos un todo y las fuerzas contrarias al euskera nos afectan a todos. Tenemos un peligro común y es que el euskera es una lengua minorizada. Dicho esto, es verdad que a la hora de hacer políticas lingüísticas a favor del euskera tenemos zonas diferentes y eso hace que haya realidades diferentes. Por ejemplo, en los años 80 el número de personas que sabían euskera en Navarra y en Álava era parecido, 40 años después y gracias a las políticas lingüísticas a favor del euskera, en Álava hay muchos más euskaldunes que en Navarra.

Sin duda, es algo que afecta, pero nosotros estamos preocupados por el euskera en un plano general, porque aunque la normalización del euskera ha tenido avances sobre todo en unas zonas en las que se han podido posibilitar políticas a favor o en aquellas que, aunque no se haya podido, gracias a las iniciativas populares se ha recuperado, como por ejemplo en Iparralde, ese ciclo de avances ha tocado techo. En Iparralde, la migración nacional francesa que llega desde otras ciudades, no para salir de la precariedad, porque me refiero a personas que tienen una situación socioeconómica alta, sino con el objetivo de mejorar su calidad de vida, hace que la cantidad de euskaldunes baje, mientras que en Navarra, seis de cada diez estudiantes no tiene ninguna relación con el euskera en toda su vida académica, por lo tanto, lo que no se conoce no se aprecia.

Sentencias judiciales recientes han anulado exigencias de euskera en convocatorias de la Administración Pública por considerarlas “discriminatorias”. ¿Cómo lo valora? ¿Considera que se está atacando al euskera desde la Justicia y que eso dificulta más la normalización del idioma?

Las sentencias judiciales suponen una ofensiva judicial muy preocupante. Necesitamos políticas lingüísticas más potentes porque percibimos que las estrategias que hemos empleado hasta ahora están perdiendo fuerza.

La realidad es que el conocimiento del euskera en prácticamente la mayoría de las personas que se están incorporando a los puestos de trabajo de la Administración Pública es universal

En julio más de 200 cargos locales vascos se movilizaron frente al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra las sentencias que “obstaculizan” el euskera. ¿Independientemente de la ideología o el partido político el euskera es algo que les une?

Uno de los desafíos importantes es el entender que cuando hablamos del euskera en estos términos lo que estamos pidiendo es un nivel que iguale a una población. En esa movilización participaron alcaldes y cargos locales de dos partidos, PNV y EH Bildu, aunque también se movilizó algún cargo del PSE-EE, pero otros muchos faltaron. Sin embargo, si miramos las encuestas, el apoyo al euskera es mayor que lo que allí se vio. El 75% de la población vasca está a favor de pedir el conocimiento de euskera y de castellano para la Administración Pública según la VII Encuesta Sociolingüística.

El PNV rompió con el PSE-EE y se apoyó en EH Bildu en el Parlamento Vasco para la tramitación de su proposición de ley para retocar la normativa de empleo público de 2022 y blindar la “seguridad jurídica” de las exigencias de euskera en convocatorias municipales. ¿Es suficiente con la modificación de artículo único que plantea? ¿Cómo valora la propuesta de EH Bildu?

Hay dos propuestas en tramitación y se verá cuál se lleva adelante y cuál no. Nuestra propuesta siempre va a ser que para trabajar en la Administración Pública se tenga conocimiento de las dos lenguas oficiales, porque es lo que garantiza los derechos lingüísticos de la población y porque las instituciones tienen la responsabilidad de ser un ejemplo. También hay que tener en cuenta no solo la población actual sino la del futuro. Hay una sentencia en la comarca de Sakana en la que el juez determina que debido al conocimiento de euskera de la población y teniendo en cuenta la cantidad de matriculaciones de alumnos en el modelo D, tiene sentido exigir un nivel de euskera en la Administración Pública porque en el futuro esa será la realidad de la población. Hay otro elemento, que es el derecho lingüístico de los trabajadores. Cuando decimos que todos los trabajadores de la Administración Pública deben conocer las dos lenguas oficiales no es algo que exigimos de hoy para mañana, hay un planteamiento progresivo, pero en 15 años es posible que en la Comunidad Autónoma vasca todos los trabajadores públicos lo sepan si tenemos en cuenta las jubilaciones que se van a llevar a cabo y el conocimiento del euskera de la gente joven que se incorpora en el mercado laboral.

¿Considera que las posiciones sobre el euskera pueden llegar a romper el acuerdo de Gobierno entre el PSE-EE y el PNV?

Parece que el PNV y el PSE-EE tienen puntos de vista diferentes y que existe un conflicto en este sentido. En este caso yo le lanzaría un mensaje al PSE-EE y a sus dirigentes que contraponen los derechos laborales a los derechos lingüísticos. Les diría que estén tranquilos, que entiendan que estamos hablando de justicia social, de parámetros de igualdad lingüística y de cohesión social. Al poner los derechos laborales y los derechos lingüísticos uno frente a otro estamos creando una brecha o un conflicto entre dos sociedades. Estamos creando una división entre la sociedad que sabe y vive en euskera y quienes no tienen contacto con esa lengua. Para nosotros ahí hay una falsa dicotomía porque los derechos lingüísticos son parte también de los derechos laborales, pero también está el derecho de los ciudadanos a ser atendidos de una forma correcta. En una sociedad que reconoce y vive en dos lenguas oficiales su conocimiento es un requisito básico. La realidad es que el conocimiento del euskera en prácticamente la mayoría de las personas que se están incorporando a los puestos de trabajo de la Administración Pública es universal. Estoy hablando de los niveles de euskera que se exigen para trabajar en la Administración Pública y que cuentan con niveles diferentes según el puesto que se vaya a desarrollar.

Pertenecer a una población minorizada genera muchos complejos. Se crean disputas sobre quién o qué es más euskaldun y nos hacen llevar al extremo lo que es la autenticidad, a veces para bien y otras para mal porque nos ponemos demasiado puristas

¿Considera que los discursos que enfrentan el derecho al trabajo con el derecho lingüístico afectan a la hora del aprendizaje o uso del euskera?

Por desgracia la comunidad euskaldun es una comunidad minorizada. A raíz de la capacidad reproductiva de la lengua castellana o la francesa hay una parte de la población que no ha tenido ni la oportunidad de tener relación con el euskera. Puede llegar a afectar y es una pena porque no beneficia a nadie. Estoy segura de que si esas personas conocieran la comunidad del euskera probablemente tendrían otros lazos con la lengua. Hay un fenómeno muy valioso y es que por suerte la mayoría de las personas que conocen el euskera, aunque no sean euskaldunes, hacen una apuesta a favor de él. Hacen, por ejemplo, que sus hijos lo estudien. Siempre digo que hay muchas personas a favor del euskera que no saben siquiera que lo están. Una gran parte de la población que no tiene contacto con el euskera, si le das facilidades, lo reciben de forma positiva, porque muchas veces en sus territorios de origen, como por ejemplo Andalucía o Extremadura, han tenido problemas por no hablar un castellano de Valladolid y saben lo que es sentirse discriminado por su acento o idioma y eso trae consigo una empatía. Eso es algo muy importante también de cara a las poblaciones que están llegando desde el extranjero, que siempre y cuando se les da la oportunidad están muy a favor de aprenderlo y, sobre todo, de que sus hijos lo aprendan.

En el mundo de la cultura en euskera está habiendo una especie de renacimiento con películas, nuevos grupos de música y eventos masivos. Sin embargo, esto también genera críticas porque por primera vez la música en euskera es 'mainstream' y llena estadios de fútbol, como en el caso de Zetak en San Mamés. ¿Se entienden esas críticas?

Creo que necesitamos que haya de todo en euskera. Cuando hablamos de la normalización del euskera, hablamos de ser normales y dentro de esa normalidad está el que haya eventos 'mainstream' y otros más pequeños. El pertenecer a una población minorizada te genera muchos complejos y esos complejos te hacen ser peor. Se crean disputas sobre quién o qué es más euskaldun y nos hacen llevar al extremo lo que es la autenticidad, a veces para bien y otras para mal porque nos ponemos demasiado puristas.

Han convocado un evento multitudinario el 27 de diciembre en el Bilbao Arena en favor del euskera. ¿Cuál es el objetivo?

Esperamos crear un gran lugar de encuentro para euskaldunes. Este pueblo ha demostrado más de una vez que el amor por lo vasco y el euskera está profundamente arraigado y eso es muy importante para nosotros. Hay muchas personas que sin saber euskera tienen una actitud proactiva por muchos motivos diferentes. Va a ser un día para todos ellos. Tenemos que dar un salto en política lingüística, pero este evento está dirigido a la sociedad y a los ciudadanos. Ningún idioma tiene sentido si no tiene cultura, así que los agentes culturales y la música tendrán un papel importante, aunque será un acto más bien político para trabajar en el despertar del euskera de cara a los próximos años.

Casi cuatro años después, el caso de la familia de Canet de Mar (Barcelona) que consiguió el 25% de castellano en las aulas de su hija ha vuelto a un juzgado. Los acusados son tres tuiteros por los mensajes denigrantes que lanzaron contra la familia. Pero en la vista se ha hablado poco de X, el antiguo Twitter, y el padre de la menor la ha convertido en un alegato político contra la inmersión lingüística. “El Govern y el aparato independentista nunca han cumplido la ley”, ha llegado a afirmar Javier Pulido.

Ante la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona ha arrancado este jueves el juicio contra tres tuiteros, a los que la Fiscalía pide dos años de cárcel, por sus mensajes “hirientes” contra la familia de la alumna de Canet que logró el aval judicial para recibir un 25% de horas lectivas en castellano, en uno de los casos recientes más polémicos sobre la inmersión lingüística. 

El caso de la familia de Canet, que llegó a formar parte del debate político nacional con declaraciones hiperbólicas del entonces líder del PP, Pablo Casado, ha tenido consecuencias penales únicamente para cuatro tuiteros. La Fiscalía ya descartó que el Govern o el centro discriminaran a la familia, y de hecho destacaron que en todo momento acataron la sentencia que les obligaba a implantar el 25% de castellano.

El escenario descrito por Pulido este jueves en su declaración como testigo ha orillado por completo esta realidad constatada por la Fiscalía respecto al Govern. Ha afirmado que el “aparato independentista” (sin más precisión) y la administración catalana “incumplen la ley ahora y siempre, desde la inmersión lingüística”, el consenso catalán desde los años 80 para que el catalán fuera la lengua vehicular en las aulas y que la acción judicial del Gobierno de Rajoy y los tribunales enterraron.

Es más, a raíz de la medida cautelar que obligaba a la escuela de Canet a aplicar el 25% de castellano, Pulido, quien ocupó un puesto simbólico en las listas de Ciudadanos en su municipio, ha asegurado que desde el Govern se emprendió un “señalamiento” contra él y su familia, del que ha responsabilizado al titular de Educación durante el Govern de ERC, Josep González Cambray.

“Fueron a por mí”, ha remachado Pulido, lo que ha provocado la intervención del tribunal tras varios minutos de valoraciones políticas de un testigo. “Es suficiente, porque eso es una opinión suya”, le ha indicado la magistrada Isabel Delgado.

Tanto el testimonio de Pulido como el de su mujer se han centrado más en el vacío que les hicieron el resto de familias del curso y en el conflicto que supuso en el pueblo la adopción del 25% en Canet, y que generaron secuelas psicológicas en ambos progenitores (el padre llegó a estar tres meses de baja por ansiedad). Sin embargo, en el juicio están acusados tres tuiteros de Barcelona, sobre cuyos mensajes denigrantes apenas se ha hablado este jueves.

“Averiguad y publicad el nombre y dirección de la familia denunciante para que vivan un infierno y sirva de ejemplo, todo lo que no sea eso, postureo”, es uno de los mensajes escrito por un acusado. “Entonces cread el grupo de P5Ñ, poned al niño solo y hacéis 50–50”, escribió el segundo procesado. “Ya tengo la carne de niño castellanohablante para hacer los canelones”, dijo en la redes el tercero.

“Queremos saber el nombre y la dirección donde vive la familia”, el pueblo “tiene que hacer la vida imposible a la familia” o “hay que demostrar que la próxima familia que lo haga tendrá que marcharse del pueblo” son otros de los mensajes que destaca la Fiscalía en su escrito.

Según ha relatado Pulido, ya cuando decidió escolarizar a su hija en el Turó del Drac informó a la directora de que debía “cumplir con el ordenamiento jurídico” y abandonar la inmersión lingüística. Pero tardó un curso en emprender acciones administrativas y judiciales porque, en el momento de la matrícula en P-3, “Urquinaona estaba ardiendo”, ha manifestado, en referencia a los disturbios de 2019 por la sentencia del procés.

Pulido y su mujer han dedicado más tiempo de su interrogatorio en explicar cómo el resto de familias les hizo el vacío y el miedo que tuvieron tras publicarse el caso. Ambos padres han indicado que las otras familias de la clase empezaron el acoso, que hicieron otro grupo de Whats App sin ellos y que “dejaron de invitar” a su hija a los cumpleaños.

“Tuvimos miedo, pasamos meses sin salir de casa y en la calle la gente nos giraba la cara”, ha relatado el padre. Este mal ambiente en la clase con el resto de padres (la menor sigue escolarizada en el mismo colegio) permanece cuatro años después. El psiquiatra que ha comparecido como perito ha corroborado que las secuelas que presentaban los padres se debían a la situación vivida en el pueblo.

Ambos progenitores han manifestado que no usan redes sociales y que si se enteraron de los tuits objeto de juicio fue porque se los mostraron los Mossos (que llegaron a recopilar 50 mensajes denigrantes a la familia) o la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). Además han agregado que fue la policía autonómica quien les “animó a denunciar” a los tuiteros acusados. El juicio quedará visto para sentencia este viernes.

Vox ha advertit que abans de negociar el seu suport al nou sostre de despesa el Govern ha d'establir un calendari de compliment de l'últim acord subscrit amb el PP, ja que el Govern presumeix d'haver complert el 90% del seu programa electoral quan “no s'ha complert ni el 3%” del de Vox. Entre les mesures que exigeix es troba la creació d'un registre autonòmic de migrants i menors estrangers no acompanyats i la construcció d'habitatge destinat prioritàriament a “famílies espanyoles, joves i treballadors”.

“No pot ser que durant dos anys hàgim estat, per responsabilitat, sostenint el Govern, que no té una majoria absoluta, i no hagi tingut el respecte que es mereixen els nostres votants i els acords mantinguts en privat i dels pressupostos”, ha criticat la portaveu de Vox al Parlament, Manuela Cañadas, a la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus.

Així, ha considerat que “pel primer que cal seure” és per establir un calendari de compliment. “No és que hi hagi un preu ni un xantatge, simplement és que per començar compleixin”, ha sostingut després de ser preguntada per les seves condicions per avalar uns nous comptes autonòmics.

D'altra banda, Cañadas ha fet referència a les 20 propostes de resolució derivades del Debat de Política General i que se centren en temes de migració, educació i llengua, entre d'altres.

Així, els de Santiago Abascal reclamen l'eliminació de les classes de religió islàmica i que no es renovi el conveni amb la Comissió Islàmica d'Espanya.

En aquest sentit, la portaveu ha mostrat el desacord amb les declaracions del conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, que ha assegurat que les Balears acataran la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) que reconeix el dret d'una nena a rebre religió islàmica en un col·legi de Palma.

“Sol·licitem al conseller que, per ser coherent amb el discurs de la presidenta --al Debat de Política General--, no destrueixi els costums i tradicions ficant a les aules la religió islàmica”, ha dit, afegint que el seu grup “agafa el guant al discurs cristià” que va fer Prohens.

Entre les seves propostes reclamen una educació “lliure d'ideologia” i sotmesa al “rigor acadèmic”. Per això, proposen implantar l'ús obligatori de l'uniforme escolar a tots els centres sostinguts amb fons públics a partir del curs 2026/2027, de manera que plantegen la prohibició del hijab a les aules per “preservar la igualtat entre alumnes i garantir un entorn lliure d'imposicions culturals alienes a les tradicions espanyoles”.

A parer seu, les seves propostes de resolució són “absolutament viables” i “només cal voluntat política i complir amb la paraula donada”.

Registre autonòmic de migrants

En matèria migratòria, Vox exigeix al Govern balear mesures “fermes i urgents” per combatre la “immigració il·legal” amb la creació d'un registre autonòmic de migrants i menors estrangers no acompanyats, que estaria accessible als ajuntaments ia les Forces i els Cossos de Seguretat.

La formació reclama la deportació “immediata” dels menors migrants, en col·laboració amb els seus països d'origen, així com “el rebuig frontal” a la reubicació de migrants en situació irregular a les Balears.

A més, proposen limitar l'accés a ajudes socials i serveis sanitaris als que hagin entrat a Espanya de “forma il·legal”, pla per garantir la identificació de les persones en situació irregular a “pisos pastera” i “posar fi al frau de l'empadronament que permet l'accés indegut a prestacions socials”.

Pel que fa a l'emergència habitacional, sol·liciten “més habitatge i menys burocràcia” davant la crisi d'accés a l'habitatge a les Balears. Per això Vox exigeix al Govern que “garanteixi el compliment efectiu de les lleis aprovades aquesta legislatura amb el seu suport”.

A més, proposa transformar l'actual Gerència d'Urbanisme en un “òrgan independent, dotat de mitjans i personal” per “agilitzar els tràmits urbanístics i facilitar la construcció d'habitatge” destinat prioritàriament a “famílies espanyoles, joves i treballadors”.

Llengües vehiculars

Un altre dels punts de les propostes del partit reclama que el castellà i el català siguin llengües vehiculars “en totes les etapes educatives” i que s'estengui el pla pilot d'elecció de llengua a tots els centres, a més d'eliminar “l'obligatorietat del català com a requisit per accedir a la funció pública”.

També proposa revisar tots els llibres de text per garantir “la seva neutralitat ideològica”, especialment en matèries com a història i humanitats.

En matèria econòmica, Vox demana una “auditoria integral” de la despesa política i de tots els “organismes duplicats o innecessaris” dependents del Govern, amb l'objectiu de “reduir de manera contundent la pressió fiscal sobre les famílies i les empreses de les illes”. A més, insta l'Executiu autonòmic a fer públics els resultats d'aquesta auditoria en un termini màxim de sis mesos.

D'altra banda, exigeix la derogació de totes les normatives associades a l'Agenda 2030, que, segons la formació, “només ha servit per criminalitzar el sector primari, imposar més impostos i estrangular agricultors, ramaders i pescadors”.

Vox ha advertido de que antes de negociar su apoyo al nuevo techo de gasto el Govern tiene que establecer un calendario de cumplimiento del último acuerdo suscrito con el PP, puesto que el Govern presume de haber cumplido con el 90 por ciento de su programa electoral cuando “no se ha cumplido ni el 3 por ciento” del de la formación de extrema derecha.

“No puede ser que durante dos años hayamos estado, por responsabilidad, sosteniendo al Govern, que no tiene una mayoría absoluta, y no haya tenido el respeto que se merecen nuestros votantes y los acuerdos mantenidos en privado y de los presupuestos”, ha criticado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Así, ha considerado que “por lo primero que hay que sentarse” es para establecer un calendario de cumplimiento. “No es que haya un precio ni un chantaje, simplemente es que para empezar cumplan”, ha sostenido tras ser preguntada por sus condiciones para avalar unas nuevas cuentas autonómicas.

Por otro lado, Cañadas ha hecho referencia a las 20 propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General y que se centran en temas de migración, educación y lengua, entre otras.

Así, los de Santiago Abascal reclaman la eliminación de las clases de religión islámica y que no se renueve el convenio con la Comisión Islámica de España.

En este sentido, la portavoz ha mostrado su desacuerdo con las declaraciones del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, que aseguró que Balears acatará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) que reconoce el derecho de una niña a recibir religión islámica en un colegio de Palma.

“Solicitamos al conseller que, para ser coherente con el discurso de la presidenta --en el Debate de Política General--, no destruya las costumbres y tradiciones metiendo en las aulas la religión islámica”, ha dicho, agregando que su grupo “coge el guante al discurso cristiano” que hizo Prohens.

Entre sus propuestas reclaman una educación “libre de ideología” y sometida al “rigor académico”. Para ello, proponen implantar el uso obligatorio del uniforme escolar en todos los centros sostenidos con fondos públicos a partir del curso 2026/2027, de modo que plantean la prohibición del hiyab en las aulas para “preservar la igualdad entre alumnos y garantizar un entorno libre de imposiciones culturales ajenas a las tradiciones españolas”.

A su parecer, sus propuestas de resolución son “absolutamente viables” y “solo hace falta voluntad política y cumplir con la palabra dada”.

Registro autonómico de migrantes

En materia migratoria, Vox exige al Govern balear medidas “firmes y urgentes” para combatir la “inmigración ilegal”, con la creación de un registro autonómico de migrantes y menores extranjeros no acompañados, que estaría accesible a los ayuntamientos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La formación reclama la deportación “inmediata” de los menores migrantes, en colaboración con sus países de origen, así como “el rechazo frontal” a la reubicación de migrantes en situación administrativa irregular en Balears.

Además, proponen limitar el acceso a ayudas sociales y servicios sanitarios a quienes hayan entrado en España de “forma ilegal”, plan para garantizar la identificación de las personas en situación irregular en “pisos patera” y “poner fin al fraude del empadronamiento que permite el acceso indebido a prestaciones sociales”.

En cuanto a la emergencia habitacional, solicitan “más vivienda y menos burocracia” ante la crisis de acceso a la vivienda en Balears, por lo que Vox exige al Govern que “garantice el cumplimiento efectivo de las leyes aprobadas esta legislatura con su apoyo”.

Además, propone transformar la actual Gerencia de Urbanismo en un “órgano independiente, dotado de medios y personal”, para “agilizar los trámites urbanísticos y facilitar la construcción de vivienda” destinada prioritariamente a “familias españolas, jóvenes y trabajadores”.

Lenguas vehiculares

Otro de los puntos de las propuestas del partido reclama que el castellano y el catalán sean lenguas vehiculares “en todas las etapas educativas” y que se extienda el plan piloto de elección de lengua a todos los centros, además de eliminar “la obligatoriedad del catalán como requisito para acceder a la función pública”.

También propone revisar todos los libros de texto para garantizar “su neutralidad ideológica”, especialmente en materias como historia y humanidades.

En materia económica, Vox pide una “auditoría integral” del gasto político y de todos los “organismos duplicados o innecesarios” dependientes del Govern, con el objetivo de “reducir de forma contundente la presión fiscal sobre las familias y empresas de las islas”. Además, insta al Ejecutivo autonómico a hacer públicos los resultados de dicha auditoría en un plazo máximo de seis meses.

Por otro lado, exige la derogación de todas las normativas asociadas a la Agenda 2030, que según la formación “sólo ha servido para criminalizar al sector primario, imponer más impuestos y estrangular a agricultores, ganaderos y pescadores”.

El PP balear ha insistit aquest dilluns que no recolzarà l'admissió a tràmit de la proposició de llei (PL) que Vox va registrar fa dues setmanes per blindar l'espanyol com a llengua vehicular a l'educació i que va més enllà de l'acord pressupostari aconseguit al maig pels dos socis d'investidura. Si aquell pacte contemplava modificar la llei autonòmica d'educació amb l'objectiu de garantir la vehicularitat del castellà i “el coneixement de l'espanyol en el sistema educatiu”, la recent iniciativa dels d'Abascal busca segregar els alumnes en funció de la llengua amb què les famílies decideixin que estudiïn els seus fills i que Inspecció Educativa vigili que cada centre compleix amb això. A la pràctica, denuncien els populars, això suposaria “carregar-se”el Decret de Mínims, un dels pilars de la política lingüística a l'arxipèlag.

En el marc de les compareixences que cada dilluns efectuen els diferents grups parlamentaris de cara al ple de l'endemà, el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, ha respost a les manifestacions que minuts abans ha efectuat la seva homòloga a Vox, Manuela Cañadas. La dirigent d'extrema dreta s'ha negat a presentar una altra proposta legislativa sobre la vehicularitat del castellà i ha advertit que, si els populars no accepten la seva PL, aquest dimarts no recolzarà la convalidació com a llei d'un dels textos clau impulsats pel PP: el decret de projectes estratègics, que estableix un nou marc regulador dirigit a simplificar i agilitzar la tramitació d'iniciatives tant públiques com privades.

En aquest context, Cañadas ha instat els conservadors a admetre a tràmit la seva iniciativa i a que, més endavant, presentin les esmenes que considerin oportunes. “Hi ha d'haver un debat”, ha asseverat la portaveu de Vox, que considera necessari que els populars “es posicionin” de cara a la ciutadania. “A Vox s'entén que el PP està en campanya electoral contínua des de fa força mesos. Si aquesta llei no s'admet a tràmit, a més de ser una injustícia, és perquè el PP no es vol posicionar de cara als seus electors”, ha incidit.

Davant d'això, Sagreras ha asseverat que el seu grup ha estat “meridianament clar” sobre la no admissió a tràmit de la PL de Vox, insistint que qualsevol altra alternativa que s'emmarqui en l'acord pressupostari de maig i que vagi dirigida a garantir la vehicularidad tant del castellà com del català “serà benvinguda”. “Però això no és el que van presentar l'altre dia”, ha dit, remarcant que el PP vol “complir” amb el seu programa electoral així com els acords aconseguits amb els d'Abascal per tirar endavant els pressupostos autonòmics del 2025. “I si ho volen, que presentin una esmena [sobre la vehicularitat de l'espanyol] a la llei de projectes estratègics. convalideu i que els grups facin les seves aportacions. Fins a l'últim moment ens arromangarem amb la voluntat que es convalidi i que els grups facin les seves aportacions. Però si continuen amb el text que van presentar fa 15 dies, no s'admetrà”, ha sentenciat.

En concret, la PL de Vox pretén que se segregui els alumnes en funció de si estudien en castellà o català i reclama que l'administració educativa estableixi un sistema d'avaluació dels projectes lingüístics establerts per cada centre, amb la supervisió de la Inspecció Educativa, que permeti revisar-los periòdicament i adequar-los “amb la finalitat d'assegurar el compliment de la distribució d'ús de les llengües oficials fixada reglamentàriament, i garantir la competència comunicativa plena i equivalent en castellà i en català”.

La formació d'extrema dreta al·ludeix així a l'autonomia amb què, actualment, compta cada centre per decidir la llengua vehicular en què imparteix l'ensenyament. No tombar aquesta autonomia va ser una de les línies vermelles que el PP de Marga Prohens ha enarborat davant les exigències de Vox, que va arribar fins i tot a reclamar la derogació del decret de mínims a canvi de donar suport als pressupostos d'aquest any.

El PP balear ha insistido este lunes en que no apoyará la admisión a trámite de la proposición de ley (PL) que Vox registró hace dos semanas para blindar el español como lengua vehicular en la educación y que va más allá del acuerdo presupuestario alcanzado en mayo por ambos socios de investidura. Si aquel pacto contemplaba modificar la ley autonómica de educación con el objetivo de garantizar la vehicularidad del castellano y “el conocimiento del español en el sistema educativo”, la reciente iniciativa de los de Abascal busca segregar a los alumnos en función de la lengua con la que las familias decidan que estudien sus hijos y que Inspección Educativa vigile que cada centro cumple con ello. En la práctica, denuncian los populares, esto supondría “cargarse” el Decreto de Mínimos, uno de los pilares de la política lingüística en el archipiélago.

En el marco de las comparecencias que cada lunes efectúan los distintos grupos parlamentarios de cara al pleno del día siguiente, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha respondido a las manifestaciones que minutos antes ha efectuado su homóloga en Vox, Manuela Cañadas. La dirigente de extrema derecha se ha negado a presentar otra propuesta legislativa sobre la vehicularidad del castellano y ha advertido de que, de no aceptar los populares su PL, este martes no apoyará la convalidación como ley de uno de los textos clave impulsados por el PP: el decreto de proyectos estratégicos, que establece un nuevo marco regulador dirigido a simplificar y agilizar la tramitación de iniciativas tanto públicas como privadas.

En este contexto, Cañadas ha instado a los conservadores a admitir a trámite su iniciativa y a que, más adelante, presenten las enmiendas que consideren oportunas. “Tiene que haber un debate”, ha aseverado la portavoz de Vox, quien considera necesario que los populares “se posicionen” de cara a la ciudadanía. “En Vox se entiende que el PP está en campaña electoral continua desde hace bastantes meses. Si esta ley no se admite a trámite, además de ser una injusticia, es porque el PP no se quiere posicionar de cara a sus electores”, ha incidido.

Frente a ello, Sagreras ha aseverado que su grupo ha sido “meridianamente claro” sobre la no admisión a trámite de la PL de Vox, insistiendo en que cualquier otra alternativa que se enmarque en el acuerdo presupuestario de mayo bienvenida y que vaya dirigida a garantizar la vehicularidad tanto del castellano como del catalán “será bienvenida”. “Pero eso no es lo que presentaron el otro día”, ha espetado, remarcando que el PP quiere “cumplir” con su programa electoral así como los acuerdos alcanzados con los de Abascal para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. “Y si lo quieren, que presenten una enmienda [sobre la vehicularidad del español] a la ley de proyectos estratégicos. Hasta el último momento nos remangaremos con la voluntad de que se convalide y de que los grupos hagan sus aportaciones. Pero si continúan con el texto que presentaron hace 15 días, no se admitirá”, ha sentenciado.

En concreto, la PL de Vox pretende que se segregue a los alumnos en función de si estudian en castellano o catalán y reclama que la administración educativa establezca un sistema de evaluación de los proyectos lingüísticos establecidos por cada centro, con la supervisión de la Inspección Educativa, que permita revisarlos periódicamente y adecuarlos “con el fin de asegurar el cumplimiento de la distribución de uso de las lenguas oficiales fijada reglamentariamente, y garantizar la competencia comunicativa plena y equivalente en castellano y en catalán”.

La formación de extrema derecha alude así a la autonomía con la que, en la actualidad, cuenta cada centro para decidir la lengua vehicular en la que imparte la enseñanza. No tumbar esta autonomía fue una de las líneas rojas que el PP de Prohens ha enarbolado frente a las exigencias de Vox, que llegó incluso a reclamar la derogación del decreto de mínimos a cambio de dar su apoyo a los presupuestos de este año. 

El Parlament balear torna a ser escenari de friccions entre PP i Vox. La formació d'extrema dreta ha llançat un nou desafiament als conservadors, als quals ha advertit que no recolzarà la convalidació d'una de les seves normatives clau, la llei de projectes estratègics, si aquests no accedeixen a tramitar la proposició de llei (PL) que els de Santiago Abascal van registrar la setmana passada per blindar l'espanyol com a llengua vehicular a l'educació.

“Els nostres vots no són gratis”, ha asseverat el portaveu adjunt de Vox a la Cambra, Sergio Rodríguez, que ha lligat el suport del seu partit al “compliment exacte” dels acords aconseguits amb el PP el mes de maig passat per aprovar els Pressupostos de 2025.

En aquell document, els conservadors es comprometien a reformar la llei balear d'educació per declarar la vehicularitat del castellà, però els de Bambú volen anar més enllà: mitjançant la iniciativa presentada la setmana passada -“de manera unilateral”, segons el PP, i sense que aquest en tingués coneixement-, els d'Abascal pretenen segregar els alumnes en funció de la llengua amb què les famílies decideixin que estudiïn els seus fills, cosa que, segons el parer dels populars, suposaria “carregar-se” el Decret de Mínims, un dels pilars de la política lingüística a l'arxipèlag.

No en va, des de la seva aprovació el 1997, el Decret de Mínims garanteix almenys un 50% l'ús del català a l'ensenyament, un principi que el PP assegura no estar disposat a infringir. Després de conèixer la Proposició de Llei, els conservadors van anunciar immediatament que votaran en contra de la seva admissió a tràmit, cosa que no ha assegut bé a les files de Vox.

En declaracions als mitjans, Rodríguez ha deixat clar que, avui dia, el seu grup parlamentari “no està del tot d'acord” amb el contingut de la llei de projectes estratègics, que estableix un nou marc regulador dirigit a simplificar i agilitzar la tramitació d'iniciatives tant públiques com privades. El diputat al·lega que la norma no va ser negociada en el marc del pacte pressupostari, per la qual cosa retreu al PP que pretengui “imposar” mesures relatives, entre altres aspectes, a la tramitació de projectes fotovoltaics sense haver dialogat amb Vox.

“Vox sí que compleix la paraula donada, sí que és conseqüent amb els acords signats i sí que va aprovar uns pressupostos a canvi d'uns acords que no poden quedar guardats en un calaix”, ha recalcat Rodríguez, que també ha fet referència a assumptes com la memòria democràtica o la immigració, amb els quals volen ser “extremadament rigorosos”. El parlamentari ha fet, així mateix, un al·legat contra l'Agenda 2030 i ha anunciat que el seu partit no participarà més a la comissió parlamentària que estudia els efectes del canvi climàtic sobre l'agricultura, la pesca i la ramaderia.

En aquesta línia, ha recalcat que si el PP vol els vots de Vox “ha de negociar”, lliscant que no es tracta de “xantatges”, i ha acusat la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), de no tenir “cultura del pacte”.

Sobre si el PP podria haver donat per trencat l'acord de pressupostos, ha aclarit que, a la seva manera de veure, els conservadors “no compleixen la paraula donada” en el moment en què es “priva” el Parlament del debat d'un acord perquè el castellà sigui llengua vehicular a les Balears.

El PP: “Complir acords, sempre; traspassar línies vermelles, mai”

Durant el ple celebrat aquest dimarts, el Govern de Prohens va assenyalar que acatarà incloure l'espanyol com a llengua vehicular a les escoles de Balears, tal com li exigeix Vox i va quedar plasmat a l'acord pressupostari, si bé adverteix que no traspassarà “línies vermelles”. El vicepresident primer de l'Executiu autonòmic, Antoni Costa, va al·ludir -sense citar-los expressament- als límits marcats pels conservadors en matèria lingüística i que la formació d'extrema dreta haurà de tenir presents si vol que el castellà sigui vehiculat a l'ensenyament: no es derogaran ni la Llei de Normalització Lingüística ni el Decret de Mínims.

“Complir acords, sempre; traspassar línies vermelles, mai”, va deixar anar Costa en resposta a la pregunta que li va formular la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, que va acusar el Govern de mantenir un doble discurs en relació amb els acords amb els d'Abascal. “Davant dels mitjans venen que els acords de Vox són xantatges i després no poden governar sense pactar amb nosaltres”, va manifestar.

La qüestió no és fútil: el PP governa en solitari a Balears, però necessita els vots de l'extrema dreta per tirar endavant decrets, pressupostos i reformes clau. Tot i el pacte pressupostari rubricat al maig, les tensions s'han multiplicat els últims mesos. El nou avís de Vox reobre així un pols que amenaça de complicar l'estabilitat parlamentària de Prohens i torna a posar en relleu que la legislatura depèn d'un delicat equilibri en què cada votació es converteix en una negociació.

El Parlament balear vuelve a ser escenario de fricciones entre PP y Vox. La formación de extrema derecha ha lanzado un nuevo órdago a los conservadores, a los que ha advertido de que no apoyará la convalidación de una de sus normativas clave, la ley de proyectos estratégicos, si estos no acceden a tramitar la proposición de ley (PL) que los de Santiago Abascal registraron la semana pasada para blindar el español como lengua vehicular en la educación.

“Nuestros votos no son gratis”, ha aseverado el portavoz adjunto de Vox en la Cámara, Sergio Rodríguez, quien ha ligado el respaldo de su partido al “cumplimiento exacto” de los acuerdos alcanzados con el PP el pasado mes de mayo para aprobar los Presupuestos de 2025.

En aquel documento, los conservadores se comprometían a reformar la ley balear de educación para declarar la vehicularidad del castellano, pero los de Bambú quieren ir más allá: mediante la iniciativa presentada la semana pasada - “de manera unilateral”, recrimina el PP, y sin que éste tuviera conocimiento de la misma-, los de Abascal pretenden segregar a los alumnos en función de la lengua con la que las familias decidan que estudien sus hijos, lo que, a juicio de los populares, supondría “cargarse” el Decreto de Mínimos, uno de los pilares de la política lingüística en el archipiélago.

No en vano, desde su aprobación en 1997, el Decreto de Mínimos garantiza en al menos un 50% el uso del catalán en la enseñanza, un principio que el PP asegura no estar dispuesto a infringir. Tras conocer la Proposición de Ley, los conservadores anunciaron de inmediato que votarán en contra de su admisión a trámite, algo que no ha sentado bien en las filas de Vox.

En declaraciones a los medios, Rodríguez ha dejado claro que, a día de hoy, su grupo parlamentario “no está del todo de acuerdo” con el contenido de la ley de proyectos estratégicos, que establece un nuevo marco regulador dirigido a simplificar y agilizar la tramitación de iniciativas tanto públicas como privadas. El diputado alega que la norma no fue negociada en el marco del pacto presupuestario, por lo que reprocha al PP que pretenda “imponer” medidas relativas, entre otros aspectos, a la tramitación de proyectos fotovoltaicos sin haber dialogado con Vox.

“Vox sí cumple con la palabra dada, sí es consecuente con los acuerdos firmados y sí aprobó unos presupuestos a cambio de unos acuerdos que no pueden quedar guardados en un cajón”, ha recalcado Rodríguez, quien también ha hecho referencia a asuntos como la memoria democrática o la inmigración, con los que quieren ser “extremadamente rigurosos”. El parlamentario ha hecho, asimismo, un alegato contra la Agenda 2030 y ha anunciado que su partido no participará más en la comisión parlamentaria que estudia los efectos del cambio climático sobre la agricultura, la pesca y la ganadería.

En esta línea, ha recalcado que si el PP quiere los votos de Vox “debe negociar”, deslizando que no se trata de “chantajes”, toda vez que ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), de no tener “cultura del pacto”.

Acerca de si el PP podría haber dado por roto el acuerdo de presupuestos, ha aclarado que, a su manera de ver, los conservadores “no cumplen con la palabra dada” en el momento en el que se “priva” al Parlament del debate de un acuerdo para que el castellano sea lengua vehicular en Balears.

El PP: “Cumplir acuerdos, siempre; traspasar líneas rojas, nunca”

Durante el pleno celebrado este martes, el Govern de Prohens señaló que acatará incluir el español como lengua vehicular en las escuelas de Balears, tal como le exige Vox y quedó plasmado en el acuerdo presupuestario, si bien advierte de que no traspasará “líneas rojas”. El vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, aludió -sin citarlos expresamente- a los límites marcados por los conservadores en materia lingüística y que la formación de extrema derecha deberá tener presentes si quiere que el castellano sea vehiculado en la enseñanza: no se derogarán ni la Ley de Normalización Lingüística ni el Decreto de Mínimos.

“Cumplir acuerdos, siempre; traspasar líneas rojas, nunca”, espetó Costa en respuesta a la pregunta que le formuló la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, quien acusó al Govern de mantener un doble discurso en relación con los acuerdos con los de Abascal. “Ante los medios venden que los acuerdos de Vox son chantajes y luego no pueden gobernar sin pactar con nosotros”, manifestó.

La cuestión no es baladí: el PP gobierna en solitario en Balears, pero necesita de los votos de la extrema derecha para sacar adelante decretos, presupuestos y reformas clave. Pese al pacto presupuestario rubricado en mayo, las tensiones se han multiplicado en los últimos meses. El nuevo aviso de Vox reabre así un pulso que amenaza con complicar la estabilidad parlamentaria de Prohens y vuelve a poner de relieve que la legislatura depende de un delicado equilibrio en el que cada votación se convierte en una negociación.

El Govern de Marga Prohens (PP) acatarà incloure l'espanyol com a llengua vehicular a les escoles de Balears, tal com li exigeix Vox i va quedar plasmat a l'acord pressupostari que el mes de maig passat van rubricar els dos socis d'investidura, si bé adverteix que no traspassarà “línies vermelles”.

Així ho ha expressat el vicepresident primer de l'Executiu autonòmic, Antoni Costa, que, durant el ple celebrat aquest dimarts al Parlament balear, ha al·ludit -sense citar-los expressament- als límits marcats pels conservadors en matèria lingüística i que la formació d'extrema dreta haurà de tenir presents si vol que el castellà sigui sigui vehiculat a l'ensenyament: no es derogaran ni la Llei de Normalització Lingüística, que des de la seva aprovació el 1986 reconeix el català com la llengua pròpia de les illes, ni el Decret de Mínims, que, després del seu impuls el 1997, garanteix almenys un 50% l'ús de la llengua catalana a l'escola.

“Complir acords, sempre; traspassar línies vermelles, mai”, ha etzibat Costa en resposta a la pregunta que li ha formulat la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, que ha acusat el Govern de mantenir un doble discurs en relació amb els acords amb els de Santiago Abascal. “Davant els mitjans venen que els acords de Vox són xantatges i després no poden governar sense pactar amb nosaltres”, ha asseverat.

Cal recordar que, el 15 de setembre passat, Vox va registrar una Proposició de Llei (PL) en què reclama al Govern de Prohens modificar la llei educativa de Balears amb l'objectiu d'incloure l'espanyol com a llengua vehicular a l'ensenyament i “revertir la imposició del català a l'ensenyament”. Els populars, però, es van oposar a la iniciativa en criticar que havia estat presentada “de manera unilateral”, sense haver estat consensuada amb el PP i sense que aquest en tingués coneixement.

El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, va asseverar en aquest sentit que el nou text de Vox trepitja diverses de les “línies vermelles” marcades al seu dia pels conservadors i va més enllà del que estableix el pacte del mes de maig, motiu pel que van anunciar que votarien en contra de la seva admissió a tràmit.

Durant la sessió plenària d'aquest dimarts, Costa ha emplaçat Cañadas a “posar en relleu allò en què el meu partit i el seu estan d'acord: aquells punts en comú en què es van plasmar en un acord que va permetre aprovar els pressupostos de la Comunitat Autònoma per a l'any 2025”. Entre ells, ha recordat, hi ha el de declarar el castellà, juntament amb el català, com a llengua vehicular.

“Aquest Govern defensa les dues llengües cooficials”

“Aquest Govern defensa les dues llengües cooficials i que totes dues siguin vehiculars a l'educació. Tenim la voluntat de blindar aquest dret que tenen els ciutadans, perquè creiem que aquest bilingüisme cordial que reflecteix la nostra riquesa lingüística s'ha de conservar, però sempre respectant les nostres línies vermelles que hem repetit en nombroses ocasions i que mai, evidentment, creuarem”, ha incidit.

En aquesta línia, el també conseller d'Economia, Hisenda i Innovació ha subratllat que l'Executiu de Prohens “ha demostrat que compleix els acords que se firmen entre el Partit Popular i Vox. Complim amb la paraula donada”, ha recalcat, aprofitant la seva intervenció per assenyalar que els acords amb l'extrema dreta han permès “acabar amb l'asfíxia fiscal que l'esquerra havia imposat als nostres ciutadans”.

“Hem fet un canvi de rumb total i absolut en la política d'habitatge davant les receptes absolutament fracassades de l'esquerra. Els dos [PP i Vox] exigim que el Govern d'Espanya canviï radicalment la seva política migratòria, ja que som una ruta d'immigració irregular que més creix a dia d'avui a tot Europa”, ha manifestat, recriminant que es tracta d'un fet que “compromet seriosament la sostenibilitat financera d'alguns Consells Insulars, com el de Formentera”.

Per la seva banda, Cañadas ha alertat Costa que “seria bo que, en comptes de tirar per terra la nostra feina per intentar recuperar els vots que van perdre, valoressin que estan governant gràcies als acords puntuals que des del principi de legislatura els sostenen al govern”. “Nosaltres creixem perquè el nostre discurs és el mateix”, ha conclòs.

El Govern de Marga Prohens (PP) acatará incluir el español como lengua vehicular en las escuelas de Balears, tal como le exige Vox y quedó plasmado en el acuerdo presupuestario que el pasado mes de mayo rubricaron ambos socios de investidura, si bien advierte de que no traspasará “líneas rojas”.

Así lo ha expresado el vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien, durante el pleno celebrado este martes en el Parlament balear, ha aludido -sin citarlos expresamente- a los límites marcados por los conservadores en materia lingüística y que la formación de extrema derecha deberá tener presentes si quiere que el castellano sea vehiculado en la enseñanza: no se derogarán ni la Ley de Normalización Lingüística, que desde su aprobación en 1986 reconoce el catalán como la lengua propia de las islas, ni el Decreto de Mínimos, que, tras su impulso en 1997, garantiza en al menos un 50% el uso de la lengua catalana en la escuela.

“Cumplir acuerdos, siempre; traspasar líneas rojas, nunca”, ha espetado Costa en respuesta a la pregunta que le ha formulado la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, quien ha acusado al Govern de mantener un doble discurso en relación con los acuerdos con los de Santiago Abascal. “Ante los medios venden que los acuerdos de Vox son chantajes y luego no pueden gobernar sin pactar con nosotros”, ha aseverado.

Cabe recordar que, el pasado 15 de septiembre, Vox registró una Proposición de Ley (PL) en la que reclama al Govern de Prohens modificar la ley educativa de Balears con el objetivo de incluir el español como lengua vehicular en la enseñanza y “revertir la imposición del catalán en la enseñanza”. Los populares, sin embargo, se opusieron a la iniciativa al criticar que había sido presentada “de manera unilateral”, sin haber sido consensuada con el PP y sin que éste tuviera conocimiento de la misma, por lo que anunciaron que votarían en contra de su admisión a trámite.

El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, aseveró en este sentido que el nuevo texto de Vox pisa varias de las “líneas rojas” marcadas en su día por los conservadores y va más allá de lo establecido en el pacto del mes de mayo.

Durante la sesión plenaria de este martes, Costa ha emplazado a Cañadas a “poner de relieve aquello en lo que mi partido y el suyo están de acuerdo: aquellos puntos en común en que se plasmaron en un acuerdo que permitió aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2025”. Entre ellos, ha recordado, se encuentra el de declarar el castellano, junto al catalán, como lengua vehicular.

“Este Govern defiende las dos lenguas cooficiales”

“Este Govern defiende las dos lenguas cooficiales y que las dos sean vehiculares en la educación. Tenemos la voluntad de blindar este derecho que tienen los ciudadanos, porque creemos que este bilingüismo cordial que refleja nuestra riqueza lingüística se tiene que conservar, pero siempre respetando nuestras líneas rojas que hemos repetido en numerosas ocasiones y que nunca, evidentemente, cruzaremos”, ha incidido.

En esta línea, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha subrayado que el Ejecutivo de Prohens “ha demostrado que cumple los acuerdos que se firman entre el Partido Popular y Vox. Cumplimos con la palabra dada”, ha recalcado, aprovechando su intervención para señalar que los acuerdos con la extrema derecha han permitido “acabar con la asfixia fiscal que la izquierda había impuesto a nuestros ciudadanos”.

“Hemos hecho un cambio de rumbo total y absoluto en la política de vivienda ante las recetas absolutamente fracasadas de la izquierda. Los dos [PP y Vox] exigimos que el Gobierno de España cambie radicalmente su política migratoria, puesto que somos una ruta de inmigración irregular que más crece a día de hoy en toda Europa”, ha manifestado, recriminando que se trata de un hecho que “compromete seriamente la sostenibilidad financiera de algunos Consells Insulars, como el de Formentera”.

Por su parte, Cañadas ha alertado a Costa de que “sería bueno que, en vez de tirar por tierra nuestro trabajo para intentar recuperar los votos que perdieron, valoraran que están gobernando gracias a los acuerdos puntuales que desde el principio de legislatura les sostienen en el gobierno”. “Nosotros crecemos porque nuestro discurso es el mismo”, ha concluido.

Les discrepàncies tornen a tibar les relacions entre PP i Vox en Balears. Els conservadors han posat fre aquest dilluns a les exigències de l'extrema dreta, que hores abans havia registrat una Proposició de Llei (PL) en la qual reclama al Govern de la popular Marga Prohens modificar la llei educativa de Balears amb l'objectiu d'incloure l'espanyol com a llengua vehicular en l'ensenyament i “revertir la imposició del català en l'ensenyament”.

Malgrat tots dos ja havien acordat declarar la vehicularitat d'aquesta llengua en l'educació balear a través de l'acord pressupostari que van rubricar el mes de maig passat, els populars recriminen que la formació d'extrema dreta ha presentat la iniciativa “de manera unilateral”, sense haver estat consensuada amb el PP i sense que aquest tingués coneixement d'aquesta. S'ha pronunciat així el seu portaveu parlamentari, Sebastià Sagreras, qui ha asseverat que el nou text de Vox trepitja diverses de les “línies vermelles” marcades en el seu moment pels conservadors i va més enllà del que s'estableix en el pacte del mes de maig.

“La proposició es carrega el Decret de Mínims”, ha incidit Sagreras en al·lusió a un dels pilars de la política lingüística en l'arxipèlag. Des de la seva aprovació en 1997, el Decret de Mínims garanteix en almenys un 50% l'ús del català en l'ensenyament, un principi que el PP assegura no estar disposat a infringir, com proposa Vox, que, amb aquesta nova iniciativa, pretén 'd'amagatons' que se segregui als alumnes en funció de la llengua amb la qual les famílies decideixin que estudiïn els seus fills. Per aquest motiu, els conservadors han anunciat que votaran en contra de l'admissió a tràmit de la PL.

La PL de Vox, consultada per elDiario.es, reclama, a més, que l'administració educativa estableixi un sistema d'avaluació dels projectes lingüístics establerts per cada centre, amb la supervisió de la Inspecció Educativa, que permeti revisar-los periòdicament i adequar-los “per tal d'assegurar el compliment de la distribució d'ús de les llengües oficials fixada reglamentàriament, i garantir la competència comunicativa”.

La formació d'extrema dreta al·ludeix així a l'autonomia amb què, actualment, compta cada centre per decidir la llengua vehicular en què imparteix l'ensenyament. No tombar aquesta autonomia va ser una de les línies vermelles que el PP de Prohens va enarborar enfront de les exigències de Vox, que va arribar fins i tot a reclamar la derogació del decret de mínims, un dels pilars de la política lingüística en l'arxipèlag que, des de la seva aprovació en 1997, garanteix en almenys un 50% l'ús del català a l'ensenyament.

El redactat proposat advoca, així mateix, perquè “les condicions d'ús de les llengües en els centres educatius” es desenvolupin “concorde a un bilingüisme marcat per la cooficialitat de les dues llengües, català i castellà en la comunitat autònoma”. Així mateix, proposa que pares, mares o tutors legals que vulguin fer efectiu el dret a rebre el primer ensenyament en la seva llengua, sigui la catalana o la castellana, puguin exercir el dret en el moment que es realitza la matrícula a quart d'educació infantil o, excepcionalment, al primer cicle de l'educació primària, sempre que no s'hagi matriculat abans a l'educació infantil, en un centre educatiu.

Des de Vox al·leguen que l'objectiu de la modificació legislativa cerca “tornar al sistema educatiu balear la llibertat, l'equilibri i la igualtat entre les dues llengües oficials” i asseguren que és fruit dels acords previs aconseguits amb el PP en resposta “a una demanda històrica” d'amplis sectors socials i educatius que “han estat marginats i silenciats durant dècades per polítiques lingüístiques excloents i sectàries”, obviant l'extrema dreta la situació de vulnerabilitat en què es troba actualment la llengua pròpia de Balears, el català.

Vox pretén així revertir el model d'immersió obligatòria en català “imposat pels governs nacionalistes, i garantir la presència del castellà com a llengua vehicular en condicions d'igualtat”. “No es pot parlar d'igualtat mentre s'exclou el castellà de les aules. No es pot parlar de llibertat mentre es margina la llengua que és comú a tots els espanyols. Aquesta llei marca el camí cap a l'objectiu final, la lliure elecció de llengua”, recalca la portaveu parlamentària de la formació, Manuela Cañadas.

Davant d'aquestes manifestacions, el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha garantit aquest dilluns el compliment dels acords amb Vox en matèria lingüística a l'educació, encara que s'ha referit als projectes lingüístics de centre com a principis rectors que no han de canviar. En una entrevista a IB3, Vera ha recordat que el PP va aconseguir un acord pressupostari amb Vox i “són aquells acords els que s'han de reflectir”. “Nosaltres som gent de paraula”, ha remarcat.

Tot i això, ha asseverat que els projectes lingüístics de centre “són principis rectors”, referint-se d'igual forma a l'autonomia dels centres. “Tots els projectes lingüístics dels centres continuen com continuen”, ha insistit.

Las discrepancias vuelven a tensar las relaciones entre PP y Vox en Balears. Los conservadores han puesto freno este lunes a las exigencias de la extrema derecha, que horas antes había registrado una Proposición de Ley (PL) en la que reclama al Govern de la popular Marga Prohens modificar la ley educativa de Balears con el objetivo de incluir el español como lengua vehicular en la enseñanza y “revertir la imposición del catalán en la enseñanza”.

A pesar de ambos ya habían acordado declarar la vehicularidad de esta lengua en la educación balear a través del acuerdo presupuestario que rubricaron el pasado mes de mayo, los populares recriminan que la formación de extrema derecha ha presentado la iniciativa “de manera unilateral”, sin haber sido consensuada con el PP y sin que éste tuviera conocimiento de la misma. Se ha pronunciado así su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, quien ha aseverado que el nuevo texto de Vox pisa varias de las “líneas rojas” marcadas en su día por los conservadores y va más allá de lo establecido en el pacto del mes de mayo.

“La proposición se carga el Decreto de Mínimos”, ha incidido Sagreras en alusión a uno de los pilares de la política lingüística en el archipiélago. Desde su aprobación en 1997, el Decreto de Mínimos garantiza en al menos un 50% el uso del catalán en la enseñanza, un principio que el PP asegura no estar dispuesto a infringir, como propone Vox, que, con esta nueva iniciativa, pretende 'de tapadillo' que se segregue a los alumnos en función de la lengua con la que las familias decidan que estudien sus hijos. Por este motivo, los conservadores han anunciado que votarán en contra de la admisión a trámite de la PL.

La PL de Vox, consultada por elDiario.es, reclama además que la administración educativa establezca un sistema de evaluación de los proyectos lingüísticos establecidos por cada centro, con la supervisión de la Inspección Educativa, que permita revisarlos periódicamente y adecuarlos “con el fin de asegurar el cumplimiento de la distribución de uso de las lenguas oficiales fijada reglamentariamente, y garantizar la competencia comunicativa plena y equivalente en castellano y en catalán”.

La formación de extrema derecha alude así a la autonomía con la que, en la actualidad, cuenta cada centro para decidir la lengua vehicular en la que imparte la enseñanza. No tumbar esta autonomía fue una de las líneas rojas que el PP de Prohens enarboló frente a las exigencias de Vox, que llegó incluso a reclamar la derogación del decreto de mínimos a cambio de dar su apoyo a los presupuestos autonómicos de 2025. 

El redactado propuesto aboga, asimismo, por que “las condiciones de uso de las lenguas en los centros educativos” se desarrollen “acorde a un bilingüismo marcado por la cooficialidad de las dos lenguas, catalán y castellano en la comunidad autónoma”. Asimismo, propone que los padres, madres o tutores legales que quieran hacer efectivo el derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua, sea la catalana o la castellana, puedan ejercer el derecho en el momento que se realiza la matrícula en cuarto de educación infantil o, excepcionalmente, en el primer ciclo de la educación primaria, siempre que no se haya matriculado antes en la educación infantil, en un centro educativo.

Desde Vox alegan que el objetivo de la modificación legislativa busca “empezar a devolver al sistema educativo balear la libertad, el equilibrio y la igualdad entre las dos lenguas oficiales” y aseguran que es fruto de los acuerdos previos alcanzados con el PP en respuesta “a una demanda histórica” de amplios sectores sociales y educativos que “han sido marginados y silenciados durante décadas por políticas lingüísticas excluyentes y sectarias”, obviando la extrema derecha la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra en la actualidad la lengua propia de Balears, el catalán.

Vox pretende así revertir el modelo de inmersión obligatoria en catalán “impuesto por los gobiernos nacionalistas, y garantizar la presencia del castellano como lengua vehicular en condiciones de igualdad”. “No se puede hablar de igualdad mientras se excluye el castellano de las aulas. No se puede hablar de libertad mientras se margina la lengua que es común a todos los españoles. Esta ley marca el camino hacia el objetivo final, la libre elección de lengua”, recalca la portavoz parlamentaria de la formación, Manuela Cañadas.

Frente a tales manifestaciones, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha garantizado este lunes el cumplimiento de los acuerdos con Vox en materia lingüística en la educación, aunque se ha referido a los proyectos lingüísticos de centro como principios rectores que no tienen por qué cambiar. En una entrevista en IB3, Vera ha recordad que el PP alcanzó un acuerdo presupuestario con Vox y “son aquellos acuerdos los que se tienen que reflejar”. “Nosotros somos gente de palabra”, ha remarcado.

Sin embargo, ha aseverado que los proyectos lingüísticos de centro “son principios rectores”, refiriéndose de igual forma a la autonomía de los centros. “Todos los proyectos lingüísticos de los centros continúan como continúan”, ha insistido.

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha desestimat que el 25 % de l'ensenyament sigui impartit en castellà als centres educatius públics de les illes, després de desestimar un recurs interposat per l'entitat Plis Educació contra la modificació dels projectes lingüístics de tres col·legis de Mallorca.

La sentència, datada dilluns passat, rebutja així la implantació d'una quota mínima de castellà en horari lectiu i condemna en costes el recurrent. El tribunal ja es va pronunciar l'any passat sobre la constitucionalitat del model lingüístic balear, avalat per la Llei d'Educació de 2022. L'Obra Cultural Balear (OCB), que es va personar en el procediment juntament amb l'advocacia de la Comunitat Autònoma, ha celebrat la fallada com “una victòria” enfront dels intents d'“imposar” el castellà i“erosionar”un model educatiu“consolidat i consensuat en les darreres dècades”.

El seu president, Antoni Llabrés, ha considerat que la resolució se suma “al fracàs del pla de segregació lingüística” impulsat per PP i Vox i al suport de les famílies al català com a llengua de primer aprenentatge, destacant el consens de la comunitat educativa per resistir els “atacs” al sistema.

La causa va ser oberta arran del recurs presentat per un pare que sol·licitava al Govern que el seu fill rebés almenys el 25% de les assignatures en castellà. L'Executiu autonòmic va desestimar la sol·licitud i es va oposar a la demanda. La Conselleria d'Educació i Universitats, a través de l'advocacia autonòmica, va justificar la seva posició en què la normativa de les Illes Balears no és com la de Catalunya.

“A la nostra comunitat, la normativa lingüística permet als pares triar la primera llengua d'ensenyament”, recalcaven. Des de la seva aprovació el 1997, el Decret balear de Mínims garanteix en almenys un 50% l'ús del català en l'ensenyament.

Per part seva, la Llei de Normalització Lingüística, norma fonamental que regula l'estatus del català en la Comunitat Autònoma, va ser aprovada en 1986 després de dècades de marginació de la llengua pròpia de les illes -com així la reconeix l'Estatut d'Autonomia- i estableix que les institucions han d'assegurar el seu coneixement i ús progressiu en l'àmbit de l'ensenyament.