Más de 200 cargos locales vascos se vuelven a movilizar contra las sentencias que “obstaculizan” el euskera

Más de 200 alcaldes y representantes institucionales -makilas en mano- se han concentrado este viernes frente al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra las sentencias judiciales que anulan normativas de impulso a la lengua vasca. Lo han hecho después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la anulación de varios artículos del decreto de desarrolo de la ley municipal recurrido por Vox salvo uno de los censurados en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

“La sentencia rompe el consenso de las últimas décadas y daña gravemente nuestro autogobierno. Es un ataque directo contra la voluntad democrática de la mayoría de la sociedad y contra las instituciones vascas”, ha señalado la secretaria general de Euskalgintza Kontseilua -entidad que agrupa a los principales agentes sociales a favor del euskera-, Idurre Eskisabel, quien ha tomado la palabra en un acto en el que también han estado presentes, entre otros, Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, Martin Aramendi alcalde de Ataun y presidente de UEMA, Esther Apraiz, alcaldesa de Derio y presidente de EUDEL o Garbiñe Mendizabal, directora de Igualdad Lingüística en la Diputación de Gipuzkoa. Tras el discurso, los alcaldes han levantado las makilas en señal de protesta.

Según ha criticado Eskisabel durante su intervención, los tribunales han hecho suyos “los argumentos del partido ultraderechista Vox” por lo que la situación actual es “grave”. “El euskera es una lengua minorizada, y además de la ley municipal, son ya una 30 las sentencias que están debilitando la competencia de las instituciones vascas para llevar a cabo políticas lingüísticas. Hay que responder a todo esto desde la unidad. Es hora de avanzar y para ello es necesario reforzar la seguridad jurídica y cambiar las leyes necesarias”, ha apuntado.

Para los representantes institucionales que defienden el euskera en las administraciones, las sentencias contra estas medidas se han “multiplicado” y son “incompatibles con la normalización del euskera”. “Si no se toman medidas, los obstáculos aumentarán para los que queremos vivir en euskera. Dado que los derechos lingüísticos solo se convierten en verdaderos derechos cuando pueden ejercerse en todos los ámbitos de la vida, no podemos limitarnos a resistir los ataques”, han argumentado los asistentes, que se han comprometido a “impulsar las medidas necesarias” para que “el uso del euskera ocupe el lugar que le corresponde”.

Eskisabel ha criticado que mientras las instituciones vascas y los agentes políticos “están realizando un esfuerzo considerable para que el euskara tenga oficialmente presencia en las instituciones europeas, se multipliquen las resoluciones judiciales que las obstaculizan y frenan su normalización”. “Ya sea anulando Ofertas Públicas de Empleo, o yendo en contra de leyes aprobadas con amplio consenso en el Parlamento Vasco, son ya unas 30 las sentencias que están debilitando la competencia de las instituciones vascas para llevar a cabo políticas lingüísticas”, ha señalado.

Además de las instituciones, han defendido la necesidad de “promover el comportamiento proactivo de la sociedad vasca, con el mayor y más amplio consenso posible para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y normalizar el uso del euskera”. “Necesitamos el euskera y el euskera nos necesita. Porque el euskera es nuestra lengua, lo que nos hace vascos. Es hora de ir más allá, de dar un salto en las políticas lingüísticas. De abrir el camino a una nueva era de revitalización”, han concluido.

Desde Euskalgintza Kontseilua sostienen que “la sentencia resulta especialmente preocupante y grave, ya que obstaculiza el avance en la normalización del euskara y limita las políticas lingüísticas que los ayuntamientos desarrollan de forma democrática”. “El decreto anulado desarrolla la Ley Municipal 2/2016, aprobada con amplio consenso en el Parlamento Vasco. Asimismo, la última Encuesta Sociolingüística muestra claramente que una amplia mayoría social respalda las políticas orientadas a la normalización del euskara. Por tanto, esta sentencia pone en entredicho tanto la capacidad de autogobierno de las instituciones vascas como la voluntad de la sociedad vasca”, lamentan.