El PP frena a Vox y se opone a blindar el español como lengua vehicular en la educación balear

Las discrepancias vuelven a tensar las relaciones entre PP y Vox en Balears. Los conservadores han puesto freno este lunes a las exigencias de la extrema derecha, que horas antes había registrado una Proposición de Ley (PL) en la que reclama al Govern de la popular Marga Prohens modificar la ley educativa de Balears con el objetivo de incluir el español como lengua vehicular en la enseñanza y “revertir la imposición del catalán en la enseñanza”.

A pesar de ambos ya habían acordado declarar la vehicularidad de esta lengua en la educación balear a través del acuerdo presupuestario que rubricaron el pasado mes de mayo, los populares recriminan que la formación de extrema derecha ha presentado la iniciativa “de manera unilateral”, sin haber sido consensuada con el PP y sin que éste tuviera conocimiento de la misma. Se ha pronunciado así su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, quien ha aseverado que el nuevo texto de Vox pisa varias de las “líneas rojas” marcadas en su día por los conservadores y va más allá de lo establecido en el pacto del mes de mayo.

“La proposición se carga el Decreto de Mínimos”, ha incidido Sagreras en alusión a uno de los pilares de la política lingüística en el archipiélago. Desde su aprobación en 1997, el Decreto de Mínimos garantiza en al menos un 50% el uso del catalán en la enseñanza, un principio que el PP asegura no estar dispuesto a infringir, como propone Vox, que, con esta nueva iniciativa, pretende 'de tapadillo' que se segregue a los alumnos en función de la lengua con la que las familias decidan que estudien sus hijos. Por este motivo, los conservadores han anunciado que votarán en contra de la admisión a trámite de la PL.

La PL de Vox, consultada por elDiario.es, reclama además que la administración educativa establezca un sistema de evaluación de los proyectos lingüísticos establecidos por cada centro, con la supervisión de la Inspección Educativa, que permita revisarlos periódicamente y adecuarlos “con el fin de asegurar el cumplimiento de la distribución de uso de las lenguas oficiales fijada reglamentariamente, y garantizar la competencia comunicativa plena y equivalente en castellano y en catalán”.

La formación de extrema derecha alude así a la autonomía con la que, en la actualidad, cuenta cada centro para decidir la lengua vehicular en la que imparte la enseñanza. No tumbar esta autonomía fue una de las líneas rojas que el PP de Prohens enarboló frente a las exigencias de Vox, que llegó incluso a reclamar la derogación del decreto de mínimos a cambio de dar su apoyo a los presupuestos autonómicos de 2025. 

El redactado propuesto aboga, asimismo, por que “las condiciones de uso de las lenguas en los centros educativos” se desarrollen “acorde a un bilingüismo marcado por la cooficialidad de las dos lenguas, catalán y castellano en la comunidad autónoma”. Asimismo, propone que los padres, madres o tutores legales que quieran hacer efectivo el derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua, sea la catalana o la castellana, puedan ejercer el derecho en el momento que se realiza la matrícula en cuarto de educación infantil o, excepcionalmente, en el primer ciclo de la educación primaria, siempre que no se haya matriculado antes en la educación infantil, en un centro educativo.

Desde Vox alegan que el objetivo de la modificación legislativa busca “empezar a devolver al sistema educativo balear la libertad, el equilibrio y la igualdad entre las dos lenguas oficiales” y aseguran que es fruto de los acuerdos previos alcanzados con el PP en respuesta “a una demanda histórica” de amplios sectores sociales y educativos que “han sido marginados y silenciados durante décadas por políticas lingüísticas excluyentes y sectarias”, obviando la extrema derecha la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra en la actualidad la lengua propia de Balears, el catalán.

Vox pretende así revertir el modelo de inmersión obligatoria en catalán “impuesto por los gobiernos nacionalistas, y garantizar la presencia del castellano como lengua vehicular en condiciones de igualdad”. “No se puede hablar de igualdad mientras se excluye el castellano de las aulas. No se puede hablar de libertad mientras se margina la lengua que es común a todos los españoles. Esta ley marca el camino hacia el objetivo final, la libre elección de lengua”, recalca la portavoz parlamentaria de la formación, Manuela Cañadas.

Frente a tales manifestaciones, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha garantizado este lunes el cumplimiento de los acuerdos con Vox en materia lingüística en la educación, aunque se ha referido a los proyectos lingüísticos de centro como principios rectores que no tienen por qué cambiar. En una entrevista en IB3, Vera ha recordad que el PP alcanzó un acuerdo presupuestario con Vox y “son aquellos acuerdos los que se tienen que reflejar”. “Nosotros somos gente de palabra”, ha remarcado.

Sin embargo, ha aseverado que los proyectos lingüísticos de centro “son principios rectores”, refiriéndose de igual forma a la autonomía de los centros. “Todos los proyectos lingüísticos de los centros continúan como continúan”, ha insistido.