El Ayuntamiento de Logroño destinará un total de 1,6 millones de euros hasta el año 2029 en un plan de actuación para sustituir las tuberías de fibrocemento en más de una veintena de calles, situadas en los barrios de San José y Madre de Dios, además de en Avenida de la Paz y Vara de Rey, algunas de las vías que más problemas soportan.

Como ha informado este miércoles el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, en la Junta de Gobierno Local de hoy del Consistorio “se ha dado por bueno un plan de actuación para llevar a cabo unas mejoras en las redes de distribución del agua en la ciudad de Logroño”.

En este sentido, ha explicado que “desde que este equipo de Gobierno llegó al Ayuntamiento, uno de los focos fundamentales que teníamos, por lo menos la Concejalía de Medio Ambiente, era todo lo referente al ciclo del agua”.

Así, ha citado “las actuaciones que haremos a futuro en el Ebro; incrementar parques y arbolado; resolver problemas estructurales endémicos de hace décadas como pueden ser el Corredor Sur, el Barranco de Oión y el Barranco del Horcajo; o la modernización de todas las redes de abastecimiento de la ciudad con el PERTE del Agua”.

A ello ha sumado López que “además de todos estos esfuerzos técnicos y económicos que estamos desarrollando, tenemos un punto muy importante que resolver, como son las renovaciones de redes de fibrocemento de toda la ciudad”, de las que aún quedan instaladas más de 80 kilómetros.

“Si no hacíamos un plan de actuación serio y riguroso para poder llevar a cabo unas actuaciones ordenadas, nos encontrábamos con la tesitura de que íbamos renovando tramos de redes de la ciudad, pero de una forma no programada y no consensuada con los técnicos”, ha detallado el edil.

Por eso, ha valorado que “con el plan de choque que presentamos hoy, lo primero aseguramos a los barrios de San Jos y Madre de Dios el suministro continuo del agua potable, un bien que es necesario y que es de derecho”.

Igualmente, “evitamos molestias por esos cortes puntuaes que en ocasiones cuando se producen roturas de tubería sufren los ciudadanos”; y “evitamos también los costes de reparaciones que no conducen a nada, nada más que a incrementar costes y a que no se renueva la red al completo”.

Por último, en palabras del concejal, “optimizamos el trabajo de los funcionarios operarios de Aguas, porque siempre hay de guardia dos personas de este servicio, pero que cuando se produce un incidente, una rotura o similar, estas dos personas no son suficientes y tenemos que echar mano de personal en su apoyo”.

“Y fundamental, dignificamos la calidad de vida de dos barrios que necesitan de estas renovaciones y que durante muchos años están sufriendo continuas incomodidades y roturas en las tuberías de agua”, ha subrayado Jesús López.

Como ha asegurado, “tenemos muy claro cómo hacerlo, tenemos de hecho perfectamente definidas todas las calles con todos sus diámetros de las tuberías que tenemos que cambiar en estos dos barrios, y tenemos también claro lo que nos va a costar, con una media estimada de coste de metro lineal y añadido a ello diferentes diámetros”.

“Por lo tanto, teniendo claro dónde y lo que nos va a costar, tenemos también que planificar en estos años 2027, 2028 y 2029 actuaciones para estas renovaciones, sin que supongan colapso de las zonas donde vayamos a actuar, programándolas de forma que las molestias hacia la ciudadanía sean las menos posibles”, ha reseñado.

Sutitución de las tuberías de fibrocemento

En concreto, las calles incluidas en este plan son Doce Ligero; Ateneo Riojano; Beato Berrio Ochoa; Beatos Mena y Navarrete; Cervera; Cigüeña; Escuelas Pías; Esteban Manuel Villegas; Luis de Ulloa; Madre de Dios; Manzanera; Oyón; Río Oja; San José de Calasanz; San Matías; San Millán; San Prudencio; Senado; Plaza Fermín Gurbindo; y Plaza Maestro Lope, entre los barrios de San José y Madre de Dios.

Jesús López ha destacado que “además de las canalizaciones de estos dos barrios, una que está muy próxima, Avenida La Paz, una calle de las más importantes de la ciudad, que tiene el problema de que tiene esas tuberías de fibrocemento”, lo que hace que haya “problemas cada cierto tiempo, que afectan a una calle con mucha densidad de viviendas, lo que provoca cortes de agua a mucha gente”.

Y también ha citado el caso añadido de Vara del Rey, “que, entre Avenida de Solidaridad y la calle Pío XII, tiene otro tramo que está muy delicado y en el que hemos tenido dos o tres roturas en este último año y medio”.

El edil de Medio Ambiente ha señalado que “el plan de choque plantea redactar un único proyecto que englobe todas estas actuaciones”, que se prevé redactare en este año 2026, para, después, sacarlo en lotes “para poder ejecutarlo en estos tres próximos años, con los presupuestos de 2027, 2028 y 2029 -a razón de medio millón de euros cada año- y llevarlo a cabo en ese mismo periodo temporal”.

“Con ello conseguiremos que esta zona de la ciudad quede libre de tuberías de fibrocemento y por ello quede libre de posibles roturas que puedan soportar”, ha resumido López, quien ha insistido en que “tenemos muy claras las actuaciones a realizar”.

Así, y aunque aún no hay planificación temporal concreta, “sí que tenemos claro que se pueden hacer actuaciones en diferentes zonas para no crear colapso en circulación, y por lo tanto, como tenemos tiempo suficiente, lo planificaremos para que esos lotes sean coincidentes con repartos zonales”.

El Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, entidad dependiente del Gobierno regional, ha adjudicado a la empresa Excavaciones Fermín Osés, las obras del Proyecto de saneamiento y depuración de Alesón y Manjarrés, Tramo II: Manjarrés-Alesón, con un presupuesto de 1.525.386,50 euros.

Estas obras, que permitirán la conexión de los vertidos de Alesón y Manjarrés a la aglomeración de Nájera y su depuración en la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) del Najerilla, se ejecutan en el marco del convenio suscrito por el Consorcio con el Gobierno de La Rioja para llevar a cabo las actuaciones previstas en el Plan Director de Saneamiento y Depuración de La Rioja.

El Consorcio de Aguas y Residuos prevé que los trabajos comiencen a finales de este mes de octubre y se prolonguen por un plazo de 15 meses.

Las obras consisten en la construcción de un colector de 3.803 metros de longitud con una tubería de hormigón 400 milímetros de diámetro que permitirá el tratamiento de las aguas residuales en la EDAR de Nájera. Además, el proyecto contempla la demolición de las fosas sépticas con las que cuentan actualmente ambos municipios.

El proyecto se ha dimensionado para una población equivalente a 650 habitantes, cifra que incluye la población fija, estacional, ganadera e industrial estimada en el Plan Director para las localidades de Alesón y Manjarrés. En concreto, ambos municipios suman una población empadronada de unos 200 habitantes.

Si bien la actuación forma parte de un plan autonómico plurianual (2016–2027), la adjudicación coincide con el anuncio de un proyecto industrial de grandes dimensiones en el municipio de Manjarrés. En concreto, la actividad alcanzaría los 288.759 m2, lo que significa más del doble de la superficie del casco urbano. Amigos de la Tierra ya ha alegado en contra del proyecto que lo ha tachado de “barbaridad urbanística”, alertando de afecciones al medio ambinte que puede suponer.

Un Plan con 105 actuaciones y una inversión total de 48,2 millones de euros

El Plan Director de Saneamiento y Depuración 2016-2027 de La Rioja tiene como uno de sus principales objetivos la dotación de sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales a todos los núcleos de población. Con una inversión total de 48,2 millones de euros, contempla la ejecución de 105 actuaciones dirigidas al tratamiento de aguas residuales y la eliminación de puntos de vertido.

Desde que se inició la legislatura, se han puesto en marcha las nuevas depuradoras de Ventas Blancas, Trevijano, Villanueva de Cameros, Herramélluri y Ochánduri. Además, se está realizando el colector de Hormilleja para su conexión a la EDAR del Najerilla, así como las infraestructuras necesarias para mejorar la depuración de aguas en Santa Eulalia Somera y Santa Eulalia Bajera con su conexión a la EDAR de Herce.

La cuesta que sube desde La Zubia hasta Cumbres Verdes no distingue de edades ni capacidad adquisitiva: 15% o más de pendiente en varios tramos, tres kilómetros que pesan como una mochila de piedras sobre las piernas y el ánimo de quienes se ven obligadas a subirlas. Por ella suben, cuando pueden, algunos de los vecinos que viven en una de las zonas más aisladas de Granada, como lo es Cumbres Verdes, situada en pleno parque natural de Sierra Nevada. Llevan tanto tiempo así que están acostumbrados a sortear sus obstáculos con soluciones temporales y mucho apoyo comunitario, pero están hartos y quieren que La Zubia les dé los servicios municipales que un juzgado reconoce que deben tener. Servicios que pasan por un saneamiento adecuado o un transporte público que acabe con el aislamiento que padecen.

Ejemplos de la necesidad que tienen hay muchos. Uno de ellos es el de María Luisa, 81 años, vecina del barrio desde hace 35. “Yo no me voy de aquí mientras no me traigan con los pies por delante”, dice. Vive sola, conduce cuando puede –aunque asume que le quitarán el carnet en poco tiempo por su edad– y baja una vez por semana a por provisiones. No hay otra. No hay bus. Ni ambulatorio. Ni siquiera una patrulla de policía que pase de vez en cuando. “Aquí estamos fuera de la mano de Dios”, lamenta.

Cumbres Verdes es una urbanización nacida de forma ilegal en los años 70, cuando un particular comenzó a parcelar suelo rústico en pleno corazón de Sierra Nevada. Medio siglo después, unos 400 vecinos –solo la mitad están empadronados– viven de forma permanente en esta zona que pertenece al término municipal de La Zubia. La cifra se duplica en verano. Pero el Ayuntamiento no asume ningún servicio básico más allá del alumbrado público y solo desde hace unos años. El resto –agua, saneamiento, limpieza, transporte o conservación viaria– sigue a cargo de los propios residentes. Según estiman desde la entidad vecinal de Cumbres Verdes, en la última década han invertido alrededor de 500.000 euros de sus bolsillos para mantener el entorno en el que viven.

Sin transporte: andando o en coche

La falta de transporte público explica en gran medida el aislamiento y el hartazgo vecinal. No hay un autobús de línea que conecte a La Zubia con Cumbres Verdes, “a pesar de que hay un minibús en el pueblo que va muchas veces vacío”, lamentan los vecinos. Sí existe un bus los sábados y los domingos que sube a primera hora de la mañana y baja a última de la tarde, pero está únicamente planteado para los excursionistas que quieren hacer senderismo por la zona. Desde el Consistorio deslizan que no hay más buses “porque no es rentable”, pese a tratarse de un servicio que debería ser público.

Hay quienes no tienen coche y han de recurrir a otros vecinos para poder moverse por los municipios del entorno o ir simplemente al centro de salud más próximo. María Luisa, pese a su edad, ayuda a algunos lugareños con su coche, pero recuerda que no es la situación ideal. De hecho, quienes no disponen de vehículo privado, que son minoría, tienden a subir y bajar la interminable cuesta andando. Desde la Delegación de Fomento recuerdan que para que haya un autobús, cuya línea ya existe, debe ser el Consistorio el que lo pida, pero en el ayuntamiento se sienten atados de pies y manos hasta que la situación judicial y urbanística no se desbloquee con la recepción de la urbanización.

Por todo ello, en el equipo de Gobierno argumentan que la situación es “compleja” y que no pueden convertir en una parte más del municipio a esta zona mientras no se resuelva el problema del agua. Según explica el concejal de Urbanismo, José María Montoro, el suministro principal de Cumbres Verdes depende de un pozo construido en los años 90 en una finca privada que pertenece actualmente a un fondo buitre estadounidense. No existe contrato ni concesión formal y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya ha advertido de posibles sanciones.

“El agua no tiene contador. Llenan las piscinas cada quince días y riegan como si aquello fuera Suiza”, denuncia Montoro. Por ello, el Ayuntamiento exige a los vecinos una renuncia expresa a ese pozo “ilegal” como condición para conectarlos a la red pública de Emasagra. Pero el acuerdo está estancado desde hace años. “No tenemos agua, ni autobús, ni recogida de basura diaria. Y pagamos impuestos como todos”, replica Daniel Castro, vecino y antiguo delegado sindical. “Nos usan para presumir de que aquí empieza Sierra Nevada, pero no vienen más que a pedir votos”.

La justicia avala a los vecinos

Además, los vecinos tienen a la justicia de su lado. En septiembre de 2023, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Granada dictó una sentencia demoledora. Reconoció que Cumbres Verdes cumplía con los requisitos exigidos por La Zubia para formar parte del casco urbano y obligó al consistorio a asumir los servicios públicos y el mantenimiento. También autorizó a la disolución de la entidad vecinal de conservación, que ha venido funcionando como un “ayuntamiento paralelo”, gestionando desde el agua hasta la limpieza de residuos fecales. La sentencia está recurrida por el Ayuntamiento de La Zubia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de ahí que aún no se haya cumplido.

Pero el tiempo corre en contra de los vecinos. De los que se quedan porque los años pasan y la edad también, perjudicando su salud y de aquellos que no pueden más y acaban marchándose. “Nosotros ya hemos cumplido todo lo que nos pidieron. Actas, informes, acuerdos. Incluso nos obligaron a pagar una bomba para las aguas residuales que limpiamos nosotros mismos”, denuncia María José Cuevas, presidenta de la entidad. “Yo misma he tenido que sacar compresas de una arqueta. El año pasado me picaron las pulgas. Esto es insalubre”.

Mientras tanto, el día a día en Cumbres Verdes transcurre en una realidad paralela a la que viven los vecinos del resto de La Zubia. Aurore, de origen francés y madre de tres hijos, lleva nueve años en el barrio. “Paso el día en el coche. Bajo dos veces por la mañana para el colegio, luego recojo, luego las extraescolares. Mis hijos están creciendo y no tienen autonomía. Estoy pensando en irme”, lamenta. “Este barrio es un encanto, pero así no se puede vivir”.

El Ayuntamiento de La Zubia sostiene que está elaborando un estudio técnico con Emasagra para sustituir el pozo por una conexión legal. “Si los vecinos renuncian por escrito al uso del agua irregular, lo asumiremos todo. Saneamiento, mantenimiento, limpieza. Estamos dispuestos a pedir un préstamo si hace falta”, afirma Montoro. “Pero no vamos a recepcionar una urbanización donde no hay control sobre lo que se consume ni se vierte.”

Los vecinos, que llevan tanto tiempo viviendo al margen del resto del municipio que ya no saben qué hacer, se están cansando. “Nos planteamos boicotear plenos o cortar la carretera. No nos queda otra”, dice Daniel. María Luisa, por su parte, sigue esperando un autobús. “Uno al día no pido. Dos veces por semana bastaría. Para ir al médico. Para bajar al Dani –un supermercado granadino–. Para tomarme unos churros”.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha establecido el sistema de subvenciones directas que recibirán los municipios afectados por la DANA del pasado mes de octubre de 2024. 

En Castilla-La Mancha se han valorado en 2.391.539,64 euros destinados al Ayuntamiento de Mira, mientras que para el Ayuntamiento de Letur se estiman actuaciones a subvencionar por valor de 2.343.150,15 euros y para Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha un total de 1.616.675,43 euros. 

Los datos se han dado a conocer tras la reunión mantenida en la tarde del lunes entre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, representantes de entidades operadoras del ciclo integral del agua y con alcaldes de municipios afectados por la DANA.

 El objetivo ha sido “presentar y coordinar” la tramitación de las ayudas extraordinarias previstas y destinadas a la reparación y adecuación de infraestructuras esenciales de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas que se vieron dañadas. 

¿A qué se van a destinar en Letur y en Mira?

En el listado provisional de actuaciones para Letur, en Albacete y para Mira, en Cuenca, se contemplan ayudas para las infraestructuras de ámbito municipal. 

Se destinarán a pagar la reconstrucción de los sistemas de abastecimiento y de las redes de saneamiento. En este capítulo Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha también recibirá de esta partida ayudas relacionadas con la depuración.

El MITECO somete a información pública de la relación de entidades gestoras e infraestructuras dañadas, así como la cuantía provisional de ayudas a recibir durante un periodo de diez días hábiles a partir de este 27 de mayo de 2025 y hasta el 9 de junio. 

Las ayudas podrán cubrir tanto gastos directos de reparación como costes indirectos asociados, incluyendo servicios técnicos, auditorías o gastos periciales. Además, se contempla la compatibilidad con otras fuentes de financiación pública o privada. 

Una vez se hayan resuelto las alegaciones y obtenidos los informes preceptivos, el ministerio procederá a la firma de la resolución final y al pago anticipado del 100% del importe asignado. La previsión del MITECO es que los pagos se realicen antes de finalizar el mes de junio. 

Serán beneficiarios de esta subvención las entidades gestoras que prestan servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración a los municipios. El plazo para la ejecución por parte de los beneficiarios será de 48 meses tras la firma de la resolución.

Los santanderinos comenzarán a pagar en 2026 la nueva tasa de basuras vinculada a la Ley 7/2022 de Residuos y suelos contaminados para una economía circular, que incrementará los recibos de las familias hasta un máximo de 48 euros, aunque variará en función del número de personas que residan en cada vivienda y podrá reducirse mediante bonificaciones por buenas prácticas ambientales así como por situación de riesgo de exclusión.

También cambia “totalmente” la tasa para los residuos no residenciales, que se calcularán mediante una clasificación en 12 categorías según el tipo de negocio -ya que “no todos generan los mismos residuos”- y en base a otro parámetro que tendrá en cuenta la superficie del inmueble, con tramos que incrementan cada 50 metros cuadrados.

Igualmente podrán acogerse a bonificaciones, por un lado si cuentan con un gestor especializado para su recogida de residuos y por otro si implantan medidas medioambientales o contra el desperdicio alimentario.

El Ayuntamiento ha calculado que el coste total del nuevo servicio será de 17,6 millones, tal y como ha dado a conocer este viernes la alcaldesa, Gema Igual, en una rueda de prensa que ha ofrecido para informar del conocido como 'tasazo' de basuras del que ha culpado al Gobierno de España por hacer obligatorio a través de la Ley de residuos recaudar el importe total y que no sea una prestación deficitaria.

Así, ha subrayado que, aunque el marco normativo parte de una directiva europea, ésta “no dice” que el servicio tiene que ser “autosuficiente”. “Eso lo ha dicho el Gobierno de España, y por eso estamos todos los ayuntamientos y alcaldes quejosos”.

En concreto, la ley “obliga a las entidades locales de crear una tasa que sea diferenciada, no deficitaria específica y obligada”, con el objetivo de aplicar el principio de que “el que contamina, paga”. De este modo, y pese a que al Consistorio “no le gusta”, tras encargar un estudio a la Universidad de Cantabria (UC) para buscar la mejor manera de aplicar la nueva tasa, ha elaborado el borrador de la ordenanza al respecto, que aprobará el próximo lunes en la Junta de Gobierno Local.

A continuación celebrará una comisión extraordinaria de Hacienda para dar cuenta a la oposición, posteriormente deberá ir a Pleno para su aprobación inicial y, tras su publicación, se aprobará de forma definitiva para que entre en vigor el 1 de enero de 2026.

Con la nueva ordenanza, el recibo de basuras que hasta ahora se giraba con el agua pasará a ser independiente y lo remitirá directamente del Ayuntamiento de Santander, con una cuota que será anual aunque podrá fraccionarse el pago.

Tasa residencial y no residencial

Hasta ahora, las familias pagaban al año 101,86 por la tasa correspondiente a inmuebles residenciales, que pasa a tener una cantidad fija de 103,64 euros, más una variable en función del número de residentes en el domicilio, para reflejar ese concepto de que “el que contamina paga”.

Así, en el caso de viviendas de una persona se incrementará en 10,92 euros (con lo que pagarán 114,5 euros al año); si son dos, en 28 euros (hasta 132,03 euros); si son tres, en 39 euros (142,94 euros); y si son cuatro o más en 48 euros (151,68 euros, que sería el máximo).

Estos recibos podrán tener una bonificación de hasta el 90% si se trata de personas en riesgo de exclusión o hasta un 30% por adoptar medidas como acogerse a programas de concienciación, recibir formación, etcétera.

Por su parte, la tasa de inmuebles no residenciales se calculará según el tipo de negocio y el tamaño del local y podrá bonificarse de un 15% a un 50% si tiene un gestor especializado para la recogida de residuos, hasta un 10% si aplican medidas contra el desperdicio alimentario o medioambientales y hasta un 20% si colaboran con programas como la recogida puerta a puerta, con la recogida separativa -pilas, medicamentos...- o si cuentan con certificaciones ambientales.

La ría de Villaviciosa vuelve nuevamente a ser el centro de la disputa entre administraciones y colectivos ecologistas, tras la última decisión adoptada por la Consejería de Medio Rural del Principado, autorizando la instalación de un proyecto de la empresa Asga Acuicultura, para el cultivo y engorde de almeja fina (Ruditapes decussatus) y almeja japonesa (Ruditapes philippinarum), en una superficie de 2420 metros cuadrados y por un período de diez años.

La polémica está servida pues, tanto desde la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies como desde el propio Ayuntamiento de Villaviciosa denuncian que la calidad de las aguas en la zona no es apta para la vuelta del marisqueo, suspendido desde hace doce años por los mismos motivos. A mayores, la administración local amenaza con acudir a los tribunales para frenar el proyecto que el Principado defiende alegando que, si rechaza este permiso, la empresa podría acusarles de prevaricación.

El problema de fondo es que hablamos de una zona con contaminación propia del siglo XIX en pleno siglo XXI y, además, en una reserva natural

La ría de Villaviciosa fue durante muchos años el lugar de trabajo para más de veinte mariscadores dedicados a la captura de almejas y navajas por el método tradicional, a los que la administración tuvo que indemnizar por sentencia judicial, al ser privados de su actividad, cuando se prohibió el marisqueo debido a la contaminación por vertidos fecales continuados. “El problema de fondo es que hablamos de una zona con contaminación propia del siglo XIX en pleno siglo XXI y, además, en una reserva natural”, denuncia Pedro Zamora, ecologista asturiano.

El Ayuntamiento de Villaviciosa está dispuesto a llegar a los tribunales para que el Principado dé marcha atrás a este proyecto pues, ya en el período de alegaciones, los servicios técnicos municipales presentaron un informe en el que se consideraba a esta práctica empresarial “contraria a los intereseses medioambientales y tradicionales de la ría”. Recordaban, además, que la cría de marisco está prohibida desde hace más de una década por la contaminación del agua.

Por su parte, Zamora vuelve a poner sobre la mesa los datos extraídos de los últimos análisis que la propia administración autonómica realizó demuestran que la calidad de las aguas ni siquiera llega a buena, con zonas en las que los sedimentos contienen una alta concentración de metales pesados y ausencia total de actividad biológica.

Además, apunta, la zona donde se ubican las parcelas en las que se va a poner en marcha el proyecto registran valores muy altos de contaminación orgánica, lo que hace inviable la cría de moluscos para consumo humano.

Así las cosas, ayuntamiento y ecologistas solicitan la inmediata convocatoria del Foro de participación de la ría, en el que tienen presencia las tres administraciones implicadas, asociaciones eoclogistas y organizaciones vinculadas a la ría, que lleva más de dos años sin reunirse y es el lugar donde, aunque sea simplemente a modo de escucha, como explican desde la Coordinadora, es donde deben plantearse y abordarse las cuestiones relacionadas con la zona.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado que el Ayuntamiento de Badajoz no busque las fórmulas precisas para resolver la problemática de ausencia de agua potable y alumbrado que sufren los vecinos de la barriada de Tulio.

Irene de Miguel, quien ha visitado la barriada pacense, ha afirmado en palabras a los medios que el Consistorio es “el responsable” de la situación que padecen los vecinos pues “mira hacia otro lado” ante esta problemática. Sin embargo, el Ayuntamiento “se gastará un sustancial dinero, por ejemplo, para urbanizar la avenida de Elvas, donde se garantizará el agua o el alumbrado público”, ha dicho.

Irene de Miguel ha preguntado al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, “por qué en la barriada de Tulio es ilegal garantizar un derecho humano básico” y sin embargo “en otras zonas no lo es” por el mero hecho de que cuenten “con casas de lujo”.

La portavoz de la formación ha lamentado que en Badajoz aún haya vecinos “de segunda” pese a que todos “abonan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o tienen escrituras y cédulas de habitabilidad”.

Unos vecinos que en el caso de la barriada de Tulio “no tienen ni agua, ni saneamiento, ni alumbrado público”, por lo que “viven como hace 70 años”, ha criticado. “El agua es un derecho humano que se debe garantizar”, de ahí que Unidas por Extremadura critique que “en pleno siglo XXI no esté garantizado este recurso”, ha dicho Irene de Miguel.

Tarifazo del agua

Por otra parte, la portavoz de Unidas por Extremadura también ha lamentado el “tarifazo” que representan las nuevas tarifas del agua impulsadas por el Ayuntamiento de Badajoz, pues “las facturas de los pacenses se incrementarán en más de un 50%”.

Irene de Miguel ha criticado que Ignacio Gragera “haya impulsado esta subida asombrosa y espectacular cuando ha tenido mayoría absoluta”, lo cual “afectará a todos los consumidores, independientemente del agua que consuman”.

El Ayuntamiento de Badajoz “sube además la tarifa fija” de esta tasa en el objetivo de que “sean todos los consumidores quienes acaben cargando con una factura que no debería producirse”, ha incidido.

Desde que Israel dio comienzo a su brutal ofensiva y bloqueo sobre la Franja de Gaza, el pasado 7 de octubre, los más de dos millones de habitantes del enclave palestino han visto como el agua, los alimentos y otros suministros básicos se han reducido, hasta casi desaparecer. En el caso del agua, llega a Gaza un 94% menos que antes de la guerra, esto es, 4,74 litros por persona al día, lo que equivale a menos de la tercera parte de la cantidad mínima recomendada en situaciones de emergencia, tal y como denuncia la organización Oxfam Intermón en un informe publicado este jueves.

La ONG ha documentado la destrucción de la infraestructuras en Gaza en estos nueve meses, en los que los ataques israelíes han dañado o destruido cinco instalaciones de agua y saneamiento cada tres días. Además, Israel ha destruido el 70% de las bombas de aguas residuales y todas las plantas de tratamiento, así como todas las plantas desalinizadores y el 88% de los pozos, según los datos de Oxfam Intermón.

Además de la destrucción de la infraestructura de agua y electricidad, el Ejército israelí también restringe la entrada de piezas de repuesto y combustible (necesarios para operar las plantas y bombas de agua), lo que ha hecho que la producción de agua baje un 84%. Al mismo tiempo, ha disminuido un 78% el suministro externo, por parte de la compañía nacional de aguas de Israel, Mekorot (que suministraba el 12% del agua de Gaza antes del conflicto). El Gobierno de Tel Aviv ha cumplido de esta forma la promesa que hizo pocos días después de lanzar su ofensiva contra Gaza: “No se encenderá ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna tubería de agua y no entrará ningún camión de combustible” al enclave palestino.

“Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia”, declaró en aquel momento el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, para justificar el corte del suministro de agua y luz, y el bloqueo de los suministros básicos. Esas palabras pueden ser una evidencia de que el Gobierno de Israel está usando la privación del agua como un arma de guerra, según Oxfam Intermón. Además, en su informe ha recogido la opinión de expertos que consideran que los ataques sistemáticos contra las infraestructuras indican que existen unos “esfuerzos coordinados para paralizar el suministro de agua de Gaza”.

“Ya hemos visto a Israel aplicar castigos colectivos y utilizar el hambre como arma de guerra”, lamenta Lama Abdul Samad, especialista en Agua y Saneamiento de Oxfam Intermón. “Ahora vemos cómo hace lo mismo con el agua, y ya se están produciendo consecuencias mortales. Pero la restricción deliberada del acceso al agua no es una táctica nueva. El Gobierno de Israel lleva muchos años privando a la población palestina de Cisjordania y de Gaza de agua potable y en cantidades suficientes”, agrega en un comunicado.

Por su parte, Meraa, una integrante del equipo de la organización en Gaza, cuenta que lleva meses “sin ver el agua salir del grifo”. “La gente tiene que caminar mínimo 300 metros para llenar una o dos garrafas de agua y se forman largas colas por la limitada cantidad disponible”, explica. Familias enteras, incluidos niños y ancianos tienen que esperar horas bajos el sol y repetir este proceso varias veces al día. Meraa relata que desde mayo no han entrado a Gaza productos de higiene corporal, como jabón o champú, y ha decidido cortarse el pelo, porque no podía mantenerlo limpio. La mujer admite ser una “privilegiada” porque puede acceder de forma más fácil al agua que la mayoría de gazatíes, a los que “se les niega su derecho básico”, denuncia.

Impacto en la salud y en el futuro

En su informe, Oxfam Intermón destaca que la falta extrema de agua limpia y saneamiento está teniendo un gran impacto en la salud de los gazatíes: más de una cuarta parte (el 26%) de la población del enclave ha caído gravemente enferma como consecuencia de enfermedades fácilmente prevenibles.

Las enfermedades relacionadas con la falta de agua y saneamiento se han disparado en Gaza, con 727.909 casos registrados hasta finales de mayo, de los cuales, 485.300 de diarrea aguda (y de estos últimos, 112.880 en niños de menos de cinco años). En estas circunstancias, Oxfam Intermón alerta de que existe un riesgo “sustancial” de un brote de cólera en Gaza, incluso en el hipotético caso de que la violencia cese. Cuando se declare un alto el fuego, seguirá siendo “probable” que miles de personas mueran por enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento, porque la reconstrucción de la infraestructura y la mejora del sistema sanitario “no serán suficientemente rápidas para salvar vidas palestinas”.

Aparte del tiempo necesario para reconstruir la infraestructura y restablecer los servicios de saneamiento y agua, el informe ha recogido las estimaciones que hizo el Banco Mundial en enero de este año, según las cuales serían necesarios 503 millones de dólares para su rehabilitación. También hay que tener en cuenta el coste medioambiental por la contaminación de las fuentes de agua en Gaza, que antes del conflicto se abastecía en gran parte de reservas subterráneas y manantiales, además del agua del mar desalinizada.

El vecindario del barrio de Nueva Montaña, en Santander, y la peña Los Chaparrudos, con el apoyo de Ecologistas en Acción Cantabria, han convocado este jueves, a las 12 horas, una concentración de protesta contra los vertidos a la ría de Raos que tendrá lugar junto al tanque de tormentas de Montaña.

Según han explicado ambos colectivos en un comunicado, los “numerosos y cuantiosos vertidos ilegales que se vienen sucediendo desde hace demasiados años” están produciendo un deterioro del medio natural de la marisma de Raos, con afección no solo al medio piscícola y a la avifauna de la marisma, sino también al medio social por la generación de malos olores por efecto de los vertidos y alivios procedentes de la red de aguas residuales de los barrios más al oeste de Santander.

Pese a las “continuas denuncias” al Ayuntamiento de Santander por la “nefasta gestión” de la red de aguas de aguas residuales, “que al mínimo episodio de lluvias (e incluso sin lluvias) proceden a verter aguas residuales mezcladas con las grises procedentes del alcantarillado municipal”, los colectivos afirman no haber obtenido respuesta, cuando “el problema no solo persiste, sino que se cronifica de forma cada vez más alarmante”.

En su opinión, la solución al problema de los vertidos “indiscriminados” pasa por acometer “fuertes inversiones plurianuales” en la red depurativa de aguas del municipio para que se consolide una red separativa de aguas residuales y pluviales, pero, ha subrayado, “en ningún caso la inacción pública del Ayuntamiento de Santander puede ser la no respuesta a un problema que afecta gravemente a la calidad de vida de algunos barrios periféricos, al medio ambiente marismeño de la ría de Raos y, por extensión, al de la Bahía”.

Por ello, los vecinos exigen “soluciones de una vez por todas” y que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander “abandone el tancredismo al que se ha apuntado hace décadas” y que el resto de administraciones a las que concierne de alguna forma el problema (Consejería de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Cantábrico y Dirección General de Costas del MITECO) reclamen asimismo soluciones a la degradación ambiental de la ría de Raos-

Mona, de 17 años, solía sobrellevar los intensos dolores menstruales tomando bebidas calientes y analgésicos, y envolviéndose en mantas. Ahora, vive en un refugio abarrotado en la localidad de Rafah –donde se hacinan casi un millón y medio de gazatíes– y ni siquiera tiene acceso a compresas o a un baño. A menudo vomita debido a los agudos dolores y tiene que lidiar con esta situación, así como con los sangrados, en la casa que comparte con 45 personas desplazadas, donde no hay intimidad.

“En el lugar donde nos refugiamos sólo hay un baño compartido por hombres, mujeres y niños. Me da vergüenza hacer cola cuando tengo la regla y me causa ansiedad mental y física”, afirma la adolescente.

Cinco meses después de que Israel lanzara su ofensiva sobre Gaza, la mayoría de las personas atrapadas en el territorio pasan hambre y apenas tienen acceso a agua potable, saneamiento o energía eléctrica. Pero para las mujeres, la guerra también representa un horror adicional cada mes. “Los bombardeos israelíes y los desplazamientos han generado un estrés inmenso, pero tener la regla en estas circunstancias hace que la guerra se sienta de forma totalmente diferente”, explica Mona.

Naciones Unidas calcula que casi 700.000 mujeres y niñas de Gaza tienen su ciclo menstrual, que sobrellevan cada mes con escasa intimidad y sin compresas, inodoros ni agua limpia. En los refugios gestionados por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) sólo hay un retrete por cada 486 personas de media. “Los bombardeos israelíes son aterradores, pero lo son aún más cuando tengo la regla”, agrega Mona.

Sarah, de 27 años, vive en Egipto, pero estaba visitando a sus tías en el norte de Gaza cuando empezó el conflicto y quedó atrapada en la Franja. Tuvo su primera regla en tiempos de guerra en el centro de Deir Al Balah donde se refugió con unos amigos del colegio tras quedar separada de sus familiares durante una frenética evacuación.

“Intenté conseguir compresas por todos los medios y me sentí profundamente avergonzada por no poder conseguir ninguna”, cuenta. Cuando la ofensiva israelí se desplazó hacia el sur, la joven huyó a Rafah, donde se ha reubicado en una tienda de campaña sin ni siquiera los servicios sanitarios básicos.

Más estrés y más dolor

“La inminente llegada de la regla se ha convertido en una pesadilla”, dice Sarah. “Tengo que compartir el baño con más de cien mujeres y niños: no hay compresas ni analgésicos en las farmacias y todos los supermercados han cerrado porque se han quedado sin mercancía”.

El frío en su tienda y los dolores de estómago por beber agua contaminada se suman a los calambres menstruales. Consideró la posibilidad de intentar detener la regla con fármacos, pero tampoco pudo encontrarlos. “Los bombardeos israelíes son aterradores, pero se vuelven aún más horripilantes cuando tengo la regla”, afirma la joven. “Siento que mi salud mental se resiente cuando se juntan los bombardeos y el dolor menstrual”.

Las compresas son tan difíciles de encontrar que una chica refugiada en una escuela de la UNWRA en el campamento de Maghazi relata que se ha visto obligada a lavar las compresas usadas para poder volver a utilizarlas. Explica que las compresas recicladas o el jabón que utilizaba para lavarlas le causan irritación, pero no tiene otra opción debido a la falta de compresas nuevas.

Por su parte, Mona consiguió algunas compresas durante la distribución de ayuda humanitaria, pero eran de tan mala calidad que contrajo una infección al usarlas. Entonces recurrió a trozos de tela rotos y ahora ha recurrido a los pañuelos de papel, aunque no absorben la sangre del todo. “He buscado compresas en muchas farmacias, pero por desgracia no las he encontrado”, lamenta. “Incluso cuando hay compresas disponibles, la calidad es extremadamente mala y los precios son desorbitados”.

Además, ahora sangra con más frecuencia que antes, lo cual atribuye al estrés. Hasta octubre, su principal preocupación era sacar buenas notas para poder acceder a la facultad de Medicina. Ahora su única preocupación es sobrevivir día tras día. “Antes tenía periodos regulares, pero ahora me viene la regla dos veces al mes. Atribuyo este cambio al miedo y la tensión”.

Traducido por Emma Reverter.

El Ayuntamiento de Santander ha comenzado este lunes las obras de mejora de drenaje de pluviales para evitar las inundaciones en el barrio de Corbanera, con un plazo de ejecución de seis meses.

La actuación, ejecutada por la empresa Servicios y Obras del Norte (SENOR) por un presupuesto de 465.360 euros, consiste en la ejecución de una tubería separativa para el drenaje de las aguas pluviales hasta el arroyo La Regata, y es consecuencia de las frecuentes inundaciones que se producen en esta zona en épocas de lluvias e intensos temporales.

El proyecto se concretará en una canalización que parte del vial entre los números 81 y 95 del barrio, y discurre hacia el sureste hasta la intersección con la calle San Pedro del Mar. En ese punto, el trazado cruza y sigue por un camino de tierras del paraje Yudina, continúa hacia el sureste por el camino asfaltado del paraje Bolado, y llega a la intersección de Prado Medio, donde, a la altura del cementerio de Monte, gira hacia el sur para desembocar en la cabecera del arroyo La Regata.

En dicha cabecera se desagua el caudal de aguas pluviales mediante una obra de fábrica de entrega al cauce, por lo que se proyecta también la ampliación de las obras de drenaje que el arroyo La Regata posee bajo los caminos que comunican el barrio San Miguel con Corbanera y el que va desde Los Foramontanos hasta San Román.

La intervención incluye la reposición de todos los elementos que ha sido necesario demoler, servicios afectados (muros, tuberías, etcétera) así como la pavimentación sobre la zanja y en todo el ancho de los caminos y viales que están pavimentados actualmente.

En Candina

Respecto al proyecto de Candina, Media ha explicado que el Gobierno debe ejecutar dos proyectos, el primero de ellos, la obra de acondicionamiento de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), denominada 'CLH'.

La actuación sobre esta Estación, que se encuentra situada en terrenos del Puerto de Santander y dentro de la red de saneamiento en alta del Gobierno, está dirigida a minimizar la frecuencia de inundaciones en el polígono de Candina.

Este proyecto se encuentra en fase de licitación con un presupuesto cercano a 465.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El plazo de presentación de ofertas concluye el 28 de noviembre.

El objeto de esta obra es aumentar la capacidad de evacuación de las bombas actuales, debido a que la estación no da abasto para aliviar todo el agua que recibe cuando llueve de forma intensa, lo que provoca inundaciones en el entorno de la zona de Candina.

“Con esta actuación que el Gobierno va a financiar al 100% se va a poder evitar en el futuro esta situación”, ha precisado Media.

En cuanto a la segunda actuación comprometida por el Ejecutivo, se encuentra en fase de estudio con un informe del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria. El proyecto va dirigido a hacer un alivio de aguas en Raos, para evacuar los caudales que llegan desde Candina a esta zona en momentos de lluvia intensa y evitar las inundaciones.

La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves, con la única oposición del PP, el proyecto de Ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua de Extremadura, que reconoce el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano y garantiza la prestación de los servicios en condiciones adecuadas y de igualdad para toda la ciudadanía extremeña. Se trata de la primera norma de este tipo en 40 años de autonomía en la región.

Según la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, “esta ley reconoce a todos los extremeños el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano y garantiza una prestación de calidad de estos servicios, independientemente de dónde vivan”.

Con ella también se reconoce a los entes supramunicipales como herramientas necesarias para garantizar la sostenibilidad de las poblaciones de menor tamaño ante la falta de recursos técnicos y económicos. En esta dirección con esta nueva ley y desde el respeto a la autonomía municipal, se impulsa una gobernanza compartida entre todas las administraciones que tienen competencias en materia de agua.

La nueva norma apuesta por la transparencia, la planificación y la participación pública y destaca especialmente en su contenido, según ha destacado la Junta, la importancia de la planificación de infraestructuras, de forma que cada 6 años debe elaborarse un plan regional en coherencia con la planificación hidrológica asegurando la viabilidad técnica, ambiental, social y económica de las obras hidráulicas que ejecute la Junta de Extremadura.

La consejera ha calificado esta ley como una norma moderna y consecuente con la necesidad de afrontar el cambio climático y finalmente la valora como “muy positiva para Extremadura y los extremeños, porque nos da herramientas para defender y aprovechar mejor este patrimonio común que es el agua”.

Valoraciones de la oposición

El pleno de la Cámara ha debatido este jueves las 86 enmiendas de la oposición -51 de Unidas, 6 de Cs y 29 al PP- reservadas para su debate en la sesión tras la incorporación de las cinco del Grupo Socialista en comisión. De las presentadas por la formación morada, catorce han sido transaccionadas por el PSOE -y aceptadas por Unidas- en un debate en el que todos los grupos han coincidido en la necesidad de esta norma, a excepción de los populares, que ya presentaron una enmienda de totalidad a la misma sin éxito.

Ante vecinos de Valencia del Ventoso (Badajoz) -que en los últimos días han protestado por la calidad del agua que reciben en sus domicilios- y de un representante de la organización de consumidores FACUA, que han acudido a la sesión, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha subrayado la “necesidad” de esta ley porque el agua no es una “mercancía” sino un “derecho”.

Tras defender su gestión desde los poderes públicos para “alejarse de las lógicas de mercado”, ha valorado que la norma “por fin” establezca que los canon concesionales deber ser finalistas “y reinvertirse en la gestión del agua”.

Entre las enmiendas de su grupo, ha destacado las que reclaman que la administración pública ayude a los municipios para eliminar paulatinamente las tuberías de fibrocemento, “prohibidas en la UE desde 2001”, y la gestión pública de saltos hidráulicos para “no dejarlos en manos del oligopolio eléctrico”.

Para el portavoz de Cs, Fernando Balsega, es también una ley “muy necesaria” porque “estamos hablando de la salud de la gente y del acceso al agua para todos en condiciones dignas”, pero ha subrayado la necesidad de que esté acompañada de partidas presupuestarias. Con sus enmiendas -una de ellas aprobada-, la formación naranja ha pedido, entre otras cuestiones, garantizar la representación de las asociaciones de consumidores; que el desarrollo reglamentario de la ley se lleve a cabo en el plazo máximo de un año; incrementar la sanción leve mínima de 60 a 200 euros, y ampliar a un año el plazo para impedir que grupos vulnerables y marginados se vean privados del acceso al agua.

El PP, por contra, se ha mostrado muy crítico con la norma al considerar que limita la iniciativa privada, establece un “control férreo” de la gestión por parte de la Junta, interviene la autonomía municipal e incrementa la burocracia y el gasto público.

Además, “regula aspectos ya regulados”, ha aseverado su diputado Víctor del Moral, que ha pedido al Ejecutivo y el PSOE que “deje de reírse de la gente” porque en España el agua es pública desde 1978 porque así lo establece la Constitución, así como los servicios relacionados con el abastecimiento, el saneamiento y la depuración desde 1985, porque lo regula la Ley de Bases de Régimen Local.

Con sus enmiendas, el Grupo Popular ha pedido la supresión de algunas de las atribuciones de competencias que la ley concede a la Junta, a su juicio contrario a normativa autonómica y estatal, y eliminar las obligaciones que se impone a los municipios en materia de concesiones, así como el régimen de responsabilidad de estos con los tratados internacionales.

Por el Grupo Socialista, su diputado Carlos Labrador ha lamentado que el PP “vuelve a dar la espalda” a los ciudadanos y ha defendido el respeto de la norma a la autonomía municipal, pues “solo serán los ayuntamientos quienes decidan voluntariamente”, así como su compromiso con las persones vulnerables, a las que protege. 

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, ha apuntado a mejorar la depuración de las aguas de la Comunidad de Madrid para proteger el curso medio del Tajo, receta a la que ha sumado la ya enunciada “optimización” del trasvase Tajo-Segura y una mayor en infraestructuras en Levante para sacarle más partido al agua que llega “sin tener que estar pendiente” de lo que ocurra en la cabecera, según recoge Europa Press.

A preguntas de los medios tras visitar el toledano barrio de Azucaica tras las últimas tormentas, Ribera ha insistido en que tiene la impresión de que “el problema más serio que tiene el Tajo” a su paso por Toledo, más allá de los trasvases, es la mala depuración y la calidad del agua en Madrid.

Por ello, ha dicho, se está trabajando para una “correcta adecuación de la depuración de Madrid” y el vertido al río Jarama, afluente del Tajo antes de pasar por la provincia de Toledo. El trasvase, ha dicho, “es otra cuestión importante” pero tiene más que ver con el volumen del agua que con su calidad. “Pero el elemento de calidad más relevante son las condiciones en las que el río Jarama vierte al Tajo”, ha afirmado.

No es algo nuevo. Ya lo apuntaba el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el pasado mes de marzo durante su participación en un encuentro virtual organizado por la Consejería Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha por el Día Mundial del Agua, bajo el lema ‘Valoremos el agua’.

Entonces se refería a la necesidad de “preservar el patrimonio común del río Tajo” a medio y largo plazo y comentaba que ya se habían iniciado los trabajos de la Estrategia de Recuperación Integral del Río Tajo en su tramo medio. “Se basa en acciones integrales para la mejora de los caudales que transporta el río, de su configuración morfológica, de la composición físico-química de sus aguas y de sus ecosistemas y hábitats amenazados”.

El Ministerio se plantea “una amplia” batería de medidas dirigidas a “mitigar las presiones entre el embalse de Bolarque, en Guadalajara y Talavera de la Reina” y también desvelaba que se había iniciado en la Comunidad de Madrid la tramitación ambiental de las alternativas para un nuevo sistema de saneamiento y depuración. “Será una inversión a varios años que alcanzará los 1.000 millones de euros”.

Además, en el municipio de Aranjuez, entre el azud de El Embocador y la confluencia con el río Jarama, Morán refería hace unos meses al “avance” en el diseño de una mejora integral del medio fluvial. Se restaurarán varios tramos que, decía, “junto a la aplicación de los caudales ecológicos permitirá revertir el deterioro”.

Redefinir caudales ecológicos y disminuir el agua a trasvasar de forma progresiva

Sobre el trasvase Tajo-Segura y como solución, ahora aboga Ribera por atender a las sentencias judiciales y “redefinir los caudales ecológicos”, estrategia para la que ya hay propuesta elevada a información pública.

Otra cosa, ha dicho, “es qué volumen es trasvasado y cuáles son los ritmos temporales de esos trasvases”, algo que es “mejorable” y sustenta la razón por la que se han modificado a la baja algunas de las reglas de explotación del acueducto.

Todo con el objetivo de “garantizar un buen estado del Tajo en todos sus tramos”, ya que “es importante respetar una regla tan esencial que ya ha acarreado el disgusto de ver sentencias en contra”. El Tajo es, asegura Ribera, el único gran río de España “que no tiene caudal ecológico definido”.

El Ministerio que dirige Teresa Ribera cree, según ha indicado su titular, que es “más fácil disminuir progresivamente la cantidad de agua trasvasada para asegurar con más claridad la disponibilidad de agua en cuencas cedentes”. Eso ayudaría en Levante a no tener que “confiar mayoritariamente a una única” fuente. En este punto, y tal y como dijo ayer en Alicante, ha argumentado que el discurso pasa por que “es capital que no sólo se piense en el trasvase” para conseguir recursos en el este del país.

“El volumen de agua disponible cambia y podemos ver episodios de poca o mucha agua, pero se observa una constante disminución de cantidad disponible en el Tajo”, ha alertado, proponiendo explorar “otras aportaciones de agua” como la procedente de la desalación, la reutilizada o la que se consiga a base de ahorro favoreciendo “un reparto eficiente que permita acceder al agua a todos los rincones de la cuenca receptora”, algo que ahora “no ocurre”.

De este modo, las recetas de Ribera pasan por conseguir que Madrid “sepa que hace una aportación importante al Tajo” y mejore su depuración; optimizar la gestión del volumen trasvasable “por razones obvias de equidad”; e invertir en infraestructuras de seguridad “aguas abajo para no tener que estar pendiente de lo que ocurra” aguas arriba.

“Estas cuestiones hay que trabajarlas, y gracias a los fondos europeos tenemos muchos recursos que nos van a permitir acometer la mayor inversión en infraestructuras hídricas que se ha hecho nunca. Es fundamental agilizar al máximo respetando el contexto en el que nos movemos”, ha rematado Ribera, añadiendo que el agua es “un bien precioso para todo el mundo, no sólo por razones ecológicas, sino también por calidad de vida en hogares, por su ventaja paisajística y por ser un bien cultural de primer orden”.

Page: “De facto se ha anulado el Memorándum del Tajo”

La ministra mantiene hoy un encuentro con el presidente regional, Emiliano García-Page, quien se ha referido a los trasvases y a la cuestión del agua para asegurar que en Castilla-La Mancha “estamos yendo con mucha prudencia y diligencia. Hace tiempo que prescindo del ruido de las declaraciones y me quedo con los hechos”

En este punto se ha referido a la postura del actual Gobierno de España que “es el que menos aportación de trasvases está haciendo en toda la democracia e irá a más. Se está trabajando por una nueva definición en la demanda de Levante y lo está haciendo con tacto”.

Ha recordado que ya hay una consecuencia: “De facto se ha anulado el Memorándum del Tajo. Lo vamos a poder cambiar”. Un memorándum auspiciado por Dolores de Cospedal en su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha sobre el que ha ironizado García-Page. “Tendría que estar en el museo del ejército como documento de rendición de Castilla-La Mancha”.

Sobre la reunión, el presidente castellanomanchego no ha desvelado contenido alguno. Tan solo ha comentado que se plantearán “algunos acuerdos” con el departamento.

Estoy seguro de que mi admirado y querido director se habrá llevado las manos a la cabeza al leer el titular de este apunte. Sin embargo les aseguro que trata de un tema muy serio que no tiene nada escatológico. Un apunte cuyo enunciado se ajusta a la verdad mucho más de lo que el lector podría llegar a imaginarse.

Dicen que la mejor manera de alcanzar a comprender el alcance de una privación es intentar experimentarla en primera persona: evidentemente siempre y cuando no pongamos en riesgo nuestra seguridad al hacerlo.

El ejercicio que les voy a plantear no lo hace en absoluto. De hecho, no puede ser más simple. Se trata de que en este preciso instante abandonen la lectura para dirigirse al lavabo y cerrar la puerta por fuera. Una vez hecho se trataría de que, cuando tengan necesidad de hacer uso de él, se olviden de que disponen de su propio lavabo con retrete.

Imposible ¿verdad? Hay cosas que resultan inimaginables en nuestra bien equipada y confortable sociedad. Sin embargo ahí va el primer dato para la reflexión: actualmente alrededor de 4.200 millones de personas, más de la mitad de la población mundial, carecen de acceso a un retrete o de los servicios mínimos para gestionar de forma segura su higiene íntima. Y hay más.

Hoy en día 2.000 millones de seres humanos se siguen abasteciendo, para cocinar sus alimentos y para beber, de agua contaminada por heces. Un dato más: 673 millones de personas hacen sus necesidades al aire libre a diario. No de manera extraordinaria y muy puntualmente: siempre.

Todos estos datos son oficiales y pertenecen a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el organismo de la ONU dedicado a promover el cuidado de la salud en el mundo y que este pasado martes, como cada 19 de noviembre, conmemoraba el Día Mundial del Retrete.

Como cada año, la OMS ha aprovechado la efeméride para recordarnos que la falta de equipamientos básicos de saneamiento, de algo tan elemental como disponer de un simple retrete donde hacer tus necesidades y un grifo en el que lavarte las manos, provoca cada año cerca de medio millón de muertes por diarreas y otras enfermedades intestinales relacionadas con la exposición a patógenos. Más de la mitad de esas muertes son niños.

De todo el aluvión de datos aportados por la ONU para reclamar la atención mundial respecto a este importante tema, hay uno que me parece especialmente estremecedor. El que señala que un tercio de todas las escuelas primarias del mundo carecen de cuarto de baño: de retretes, de grifos y del resto de los servicios básicos de saneamiento e higiene para los escolares. Algo que afecta a millones de niñas y niños en todo el mundo. ¿Entienden por qué he considerado oportuno titular así este apunte?

A menudo no somos conscientes de los privilegios que nos son otorgados por el simple hecho de nacer en la cara buena del mundo. Unos privilegios a los que no damos valor porque forman parte del equipo básico del ciudadano del primer mundo. Por eso son tan oportunas este tipo de llamadas a la reflexión por parte de la ONU. Aunque como en este caso nos pillen tan lejos, nos resulten tan incómodas y nos puedan provocar cierta incredulidad. Por cierto, disculpen: ya pueden abrir la puerta del lavabo.

El Consejo Insular de Aguas de La Palma ha sacado a licitación la elaboración de un exhaustivo trabajo de diagnóstico de las redes de saneamiento, depuración, regeneración y reutilización de aguas residuales de La Palma con el objetivo de identificar y poner en marcha las medidas necesarias para avanzar en un uso más eficiente y sostenible de los recursos y atender las obligaciones jurídicas en materia de transición ecológica, se informa en nota de prensa.

Según detalla el consejero de Aguas del Cabildo, Carlos Cabrera, el objetivo de este estudio es analizar el funcionamiento de las redes de saneamiento urbano de los municipios con el fin de adecuarlas a las necesidades actuales y futuras. También se contemplarán alternativas para dotar de estos servicios a las pequeñas aglomeraciones urbanas y los ámbitos industriales.

Las tareas se realizarán en dos fases. En una primera se llevará a cabo la recopilación y análisis de documentación existente y la elaboración de nueva información y revisión de aglomeraciones urbanas, mientras que la segunda fase se centrará en el análisis de la situación y la definición de una propuesta de actuación que incluya un plan de acciones, valoración económica y priorización de las medidas.

El presupuesto base de licitación para la elaboración de este estudio es de 54.9669 euros.

La investigación de la trama de presuntas mordidas en el Ayuntamiento de València por la que la Guardia Civil detuvo este martes al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá, apunta a que el cobro de comisiones estaría relacionado con los contratos de alcantarillado de la ciudad.

Según han informado fuentes municipales, agentes de la UCO de la Guardia Civil registraron por la tarde la Central Operativa de Saneamiento (COS) ubicada en el Cabanyal y se llevaron contratos y facturas relacionados con la empresa Acciona, que gestiona actualmente el correcto funcionamiento de la red de saneamiento de la ciudad y de todas las instalaciones asociadas.

La Guardia Civil sospecha que Corbín pudo cobrar alguna comisión de la mercantil a cambio de mediar para lograr que le adjudicaran diferentes contratos en la época de Barberá como alcaldesa.

De hecho, el Ayuntamiento aprobó en julio del año 2006 la adjudicación del mantenimiento del alcantarillado por 8,6 millones de euros y un plazo de 10 años a la unión temporal de empresas formada por Acciona Infraestructuras e Infilco SA. También se le adjudicó a Acciona la construcción del COS, registrado este martes por la Guardia Civil.

En ese momento, el concejal responsable del área del Ciclo Integral del Agua era Ramón Isidro, tío del expresidente del Consell Francisco Camps.

La UCO investiga presuntas mordidas de Corbín de hasta 4 millones de euros en comisiones a empresas constructoras a cambio de mediar en recalificaciones o en adjudicaciones previamente amañadas en el seno del Ayuntamiento de València. Corbín está casado con Asunción Barberá, hermana y mano derecha de la ex primer edil de la ciudad durante sus años de mandato, también imputada en la causa.

La 'operación Azud', que está siendo coordinada por el juzgado de instrucción número 13 de València, se ha saldado hasta el momento con una decena de registros en viviendas y despachos y con varios detenidos, entre ellos José María Corbín, e investigados como su esposa y sus hijas, con acusaciones de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

La UCO ha registraso este miércoles por la mañana el chalet de Xàbia de José María Corbín y Asunción Barberá.

Rita Corbín Barberá, una de las hijas imputadas de José María y sobrina de la exalcaldesa de València, se perfilaba como integrante de las listas municipales de Vox. El dirigente provincial de la formación, José María Llanos, lejos de marcar distancias, ha advertido que el partido defiende “la presunción de inocencia para todos”.

La Comunidad ha iniciado las obras destinadas a la mejora de la red de saneamiento del centro urbano de San Pedro del Pinatar, que ha supuesto una inversión de 846.456 euros y renueva la red de colectores existente.

Asimismo, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, ha sido acompañado por la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, quien ha visitado la actuación. La regidora ha explicado que “los colectores tienen una antigüedad considerable, lo que unido a la agresividad de las aguas transportadas y al cambio de emplazamiento de la estación depuradora, han provocado problemas de atascamientos y filtraciones en la red”.

En este sentido, se ha proyectado la ejecución de 2.335 metros de colectores de PVC de 630 y 800 milímetros, que ampliará el servicio de saneamiento en el centro del casco urbano y en la carretera del Mojón. El consejero ha resaltado que “estos diámetros aumentan la capacidad hidráulica de la red, adaptándola a las necesidades actuales que se han modificado debido al gran desarrollo urbano de las últimas décadas”.

En esta línea, según ha expresado Del Amor que esta actuación “beneficiará a cerca de 200 bloques de viviendas y residencias individuales que verán mejoradas sus acometidas domiciliarias y el desagüe de aguas pluviales, lo que supone un beneficio para casi dos mil personas”.

La administración ha señalado que “una vez finalizada la obra, se pavimentará la calzada en los viales afectados por los trabajos de mejora y se repondrán los servicios necesarios”.

El Ejército de Tierra iniciará este mes de diciembre obras de mejora de la red de saneamiento de la Base General Alemán Ramírez, en La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria), según la respuesta del Gobierno central a una pregunta formulada por el diputado y edil Pedro Quevedo (NC).

Un comunicado del Ayuntamiento de la capital grancanaria destaca que estos trabajos tienen previsto que finalizarán en la primavera de 2019.

Quevedo presentó el pasado 25 de septiembre en la Mesa del Congreso de los Diputados una pregunta dirigida a la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre los plazos previstos por su departamento para acabar con la “situación de obsolescencia” de la red de saneamiento en la zona militar de La Isleta.

La cuestión subrayaba que esa infraestructura podría ser “una de las posibles causas, aunque no la única, de los problemas de contaminación” identificados en la playa de El Confital.

“Es una buena noticia para las más de 2.000 personas que trabajan en la Base de La Isleta y, por supuesto, para la ciudad”, insistió el dirigente nacionalista.

En su respuesta por escrito, el Gobierno central asegura que “el Ejército de Tierra está iniciando la contratación plurianual de la actuación, de forma que se pretende iniciar las obras en 2018 y finalizarlas en la primavera de 2019”.

El concejal muestra su satisfacción por la “colaboración mostrada por parte de las autoridades militares, en especial el Coronel Jefe de la Base General Alemán Ramírez, Luis Molina”, con quien se reunió el pasado mes de agosto, “y por la implicación del Ministerio para solucionar esta situación”.

Quevedo insiste en que el origen de la contaminación de El Confital se ha calificado como “difuso”, es decir, que no se ha localizado un foco concreto.

En este sentido explica, que se deben “agilizar” todas las actuaciones que lleven a “eliminar todas las posibles causas”, y que una de ellas, dado su estado, podría ser la red de saneamiento en la zona militar.

“Defensa reconoce que existe un problema en las canalizaciones y se ha comprometido acometer lo antes posible estas obras de mejora”, apuntó Quevedo, quien valoró el ambiente de cordialidad y colaboración con la ciudad mostrada por los responsables militares de la Base General Alemán Ramírez del Ejército de Tierra.

“Estamos de acuerdo en la necesidad de actuar conjuntamente sumando esfuerzos en este asunto”, ya que, El Confital, además de un espacio de ocio deportivo y playero fundamental en Las Palmas de Gran Canaria, forma parte de “un espacio natural único e insustituible”.

Tres grupos políticos con representación en los ayuntamientos del Valle de La Orotava (Los Realejos, Puerto de la Cruz y La Orotava) han alertado este jueves sobre el estado de la gestión pública de las aguas residuales en esta comarca del norte de Tenerife, con más de 150.000 residentes.

Los partidos Unidos Sí Podemos (USP), de La Orotava; Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), de Puerto de la Cruz, e Izquierda Unida Canaria (IUC), de Los Realejos, advirtieron, por ejemplo, del “evidente fracaso a la hora de lograr la conexión a la red de saneamiento de los hogares y las empresas de todo el Valle de La Orotava”, se indica en una nota de prensa.

Ese fracaso se traduce en que, dos decenios después de la construcción de la depuradora comarcal de Punta Brava (EDRAR), en el Puerto, y casi 15 años después de su puesta en funcionamiento, “más de la mitad del Valle continúa sin engancharse a la red, lo que significa que la mayor parte de las aguas residuales siguen yendo a parar a pozos negros, lo que provoca filtraciones que contaminan el subsuelo”, sin duda un gravísimo problema medioambiental.

Según los partidos denunciantes, la grave situación del saneamiento y la depuración de aguas residuales en el Valle de La Orotava responde a “décadas de desidia del Cabildo de Tenerife y del resto de administraciones competentes”. Por ello, ahora reclaman que se dé prioridad a las actuaciones destinadas a solucionar ese problema de gestión.

USP, ACP e IUC, que cuentan con ocho concejales y concejalas en el conjunto del Valle, reprochan a las autoridades insulares que ahora, con las sanciones de la Unión Europa y el aumento de la concienciación ciudadana sobre los vertidos, manifiesten su preocupación por ese asunto, cuando hace muchísimos años que se les viene advirtiendo del retraso de la isla en esa materia.

En esta misma línea, las tres mismas formaciones políticas lamentan que las actuaciones en saneamiento y depuración, pese a ser de vital importancia para el medio ambiente y muy positivas desde el punto de vista del empleo, ya que son intensivas en mano de obra, se hayan ido postergando durante tanto tiempo, en beneficio de otras con mayor rentabilidad electoral.

Respecto a la contaminación por nitratos de los acuíferos de la parte baja del Valle de La Orotava, recuerdan que ya el geólogo Telesforo Bravo alertaba de este problema en la década de los ochenta, y después de él, muchos otros.

Así, subrayan que en 2000 se declaró a ese sector del Valle zona vulnerable a la contaminación por nitratos y, casi veinte años después, “no se han producido descensos significativos en los niveles de nitrógeno registrados”, lo que demuestra “el poco interés que se le ha puesto a este asunto”.

A día de hoy, destacan varias zonas de Puerto de la Cruz que continúan sufriendo una restricción parcial en el consumo de agua de la red pública por exceso de nitratos, a pesar de lo cual “el Cabildo ha pospuesto hasta 2025 el objetivo de mantener los niveles por debajo de los 50 miligramos por litro, los fijados por la normativa europea”.

Unidos Sí Podemos, Asamblea Ciudadana Portuense e Izquierda Unida Canaria también critican “el incumplimiento del compromiso adquirido por las autoridades insulares al inaugurar la depuradora comarcal, el de completar el ciclo integral del agua con el fin de poder reutilizar las aguas depuradas para el riego”.

Para esas tres formaciones de izquierda, es urgente revisar las actuaciones previstas en Tenerife y, particularmente, en el Valle de La Orotava, “para poner en marcha un plan de choque que adelante las inversiones con el objetivo de paliar el enorme retraso que se arrastra en este terreno”.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha firmado este jueves en Madrid con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) un convenio por el que Canarias recibirá 10 millones de euros que serán destinados a obras relacionadas con ciclo integral del agua, de interés insular y municipal, que complementan otras obras de interés general del Estado, se indica en una nota de prensa del citado departamento regional. En La Palma, la inversión asciende a 1.572.769 euros. Las actuaciones que se contemplan son: Conducciones de saneamieto de aguas residuales del Observatorio del Roque de Los Muchachos (830.769 euros); depósitos de tormenta y elementos de tamizado y desarenado previo de la estación depuradora de aguas residuales -Edar- comarcal de Los Llanos de Aridane (468.326 euros), y separata numero de la mejora del ramal sur de la red de riego de Aduares en Breña Alta y Breña Baja (273.673 euros).

La firma del convenio, se apunta en la nota, ha coincidido en Madrid con la rúbrica de otros convenios con un destino similar y un importe de 7,5 millones de euros, a la que también ha asistido el consejero, quien ha estado acompañado por el director general de Aguas del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Felipe. Estos convenios han sido firmados por los representantes de los municipios y Cabildo de Lanzarote, beneficiados por esa inversión. En ambos casos de trata de convenios negociados durante el debate de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Quintero ha destacado que “lo importante es que el convenio que hemos firmado de 10 millones de euros incluye obras que son de interés local y municipal, de gran importancia y que van a complementan a las de interés general que están ya consensuadas con los Cabildos insulares para ser incluidas en el protocolo hasta 2029, que espero que se pueda firmar a principios del próximo año”. El consejero ha añadido que las obras del convenio firmado este jueves se ejecutarán a lo largo de 2018.

El primero de los convenios, rubricado por Narvay Quintero y la secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, María García, supone la inversión de 10 millones de euros en 25 obras en todas las Islas y referentes a acciones vinculadas al ciclo integral del agua. Por Islas, la mayor inversión es para Gran Canaria y Tenerife (2,1 millones), Lanzarote (1,6), La Palma (1,5) y Fuerteventura (1,4). Mientras que por tipo de obra, los bloques principales son las mejoras en saneamiento (58%) y abastecimiento, al que se destinará el 32% de la inversión.