Hasta tres informes llegaron a recomendar que el Museo de Villena (MUVI) tuviera vigilantes las 24 horas del día los siete días de la semana antes de que se produjera el robo del Tesoro el pasado mes de agosto.

Esta es una de las principales conclusiones de la segunda sesión de la comisión municipal que investiga este suceso en el Ayuntamiento de la localidad y que se ha celebrado este miércoles.

Así lo ha trasladado el portavoz municipal del PP, Miguel Ángel Salguero, quien ha sostenido que el primer informe es el del exjefe de seguridad del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), Tomás Jiménez, uno de los comparecientes hoy y que en su momento actuó como asesor de seguridad del MUVI.

Este expediente fue solicitado por el alcalde de Villena en 2019, Francisco Javier Esquembre.

El segundo informe, según el portavoz popular, fue de una auditoría también a petición del Ayuntamiento, mientras que el tercero es el de la Policía Autonómica.

“Esto deja una reflexión”, ha sostenido Salguero, quien ha añadido que “una cosa es lo que obliga a una institución” y otra es “hacer todo lo que esté en su mano para cumplir con los requisitos necesarios”.

El concejal del PP también ha explicado que el director de Museos de la Generalitat, Nicolás Sergio Bugeda, que había sido citado hoy, ha pedido venir la semana que viene, algo que no se le ha permitido porque, según Salguero, el secretario de la comisión ha afirmado que “esta no es una comisión a la carta”.

Desde Vox, Ana María Cerdán ha explicado que todavía les falta documentación que habían pedido al equipo de gobierno, como informes de la directora del MUVI, Laura Hernández, a Conselleria, además de la documentación que acredite que la cámara era acorazada y la vitrina blindada.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Javier Martínez, del PSPV-PSOE, ha confirmado que esas recomendaciones de incorporar una persona de seguridad las 24 horas se hicieron, pero que en el caso del exjefe de seguridad del MARQ ese mismo informe aseguraba que ya se cumplían las medidas de seguridad exigidas.

Sobre si la presencia de un vigilante durante el robo hubiera cambiado algo, Martínez ha sostenido que “si coincide que cuando hacen la intrusión está delante de los monitores, pues sí que podía haber hecho la llamada en el mismo tiempo de respuesta, pero si está haciendo una ronda, pues el protocolo hubiera sido el mismo”, ya que al saltar la alarma en centralita el vigilante tendría que haber ido a encerrarse a su cuarto y dar información al resto de cuerpos de seguridad.

A la sesión de este miércoles han acudido el intendente jefe de la Policía Local de Villena, Bertino Óscar Ponce, el técnico de mantenimiento del MUVI, Francisco Javier Martínez, el técnico municipal responsable de Patrimonio, Jsoé Pérez Amorós, el responsable de la empresa de seguridad del museo y la directora del MUVI, Laura Hernández, mientras que los cargos dependientes de la Generalitat, como Bugeda y el inspector jefe operativo de la Policía Autonómica, José Antonio Fernández, se han ausentado.

“No deja de ser irónico que sean los cargos del Partido Popular quienes se desentiendan y no quieran venir a una comisión que ha pedido el propio Partido Popular”, ha sentenciado el portavoz municipal. 

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha inadmitido la recusación planteada por la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la designación de la Joyería Yanes como perito para elaborar un informe en relación con las piezas incautadas en la oficina del expresidente del Gobierno durante el registro practicado en su oficina el pasado 19 de mayo.

La defensa de Zapatero alegaba falta de imparcialidad e interés directo o indirecto de la entidad judicialmente designada para elaborar la pericial dado que el director general y uno de los titulares de la firma, Juan Yanes López, había realizado manifestaciones públicas a los medios de comunicación anticipando juicios sobre la autenticidad y el valor global de las piezas. Además, señalaba que había ofrecido aproximaciones cuantitativas que, según la defensa del expresidente, influyen en cuestiones subjetivas como el valor de reposición y la estimación conjunta del lote.

Frente a estos argumentos, el juez explica en un auto que la recusación constituye “un mecanismo de configuración legal estricta que no admite interpretaciones extensivas ni analogías fundadas en meras sospechas de predisposición o apariencia de parcialidad”.

En este sentido, afirma que la defensa de Zapatero no identifica ni acredita la concurrencia de ninguna de las causas legalmente previstas, limitándose a invocar una supuesta falta de imparcialidad derivada de determinadas declaraciones efectuadas ante medios de comunicación por quien ostentaba la dirección general de la entidad a la que pertenece el perito a designar.

“Tal alegación no permite apreciar, ni siquiera indiciariamente, la existencia de parentesco, amistad, enemistad o interés personal del perito recusado en el resultado del procedimiento”, tal y como requiere el artículo el artículo 468 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo relevante, explica Calama, no es la existencia de una opinión previa sobre el objeto en litigio, sino la concurrencia de un interés personal, directo o indirecto, en el resultado del proceso, circunstancia que ni se alega con precisión ni aparece “mínimamente acreditada”.

El magistrado explica también que la ley excluye la posibilidad de la recusación cuando el examen técnico inicial que se practique puede realizarse nuevamente en la hipotética fase de juicio oral bajo los principios de inmediación, oralidad y contradicción. Y en este caso, apunta, los efectos estarán a disposición del tribunal que, en su caso, enjuicie los hechos y de las partes para que el perito proceda nuevamente a su observación, edición, clasificación y valoración. Una prueba que, añade el juez, podrá ser sometida a interrogatorio y contradicción por todas las partes personadas. 

 La resolución señala, además, que la recusación es prematura porque todavía no están identificados los profesionales concretos que realizarán la pericia y solo se ha designado a la entidad Yanes.

 “En definitiva, las manifestaciones públicas realizadas por quien ejerce funciones directivas dentro de la entidad de pertenencia del perito a designar no constituyen una causa legal de recusación, no permiten inferir por sí mismas un interés personal del experto en el resultado de la causa y, en todo caso, quedan neutralizadas por las garantías de contradicción, inmediación y libre valoración que presidirán la práctica de la prueba pericial en el juicio oral”, concluye. 

El caso contra José Luis Rodríguez Zapatero se mueve entre la parálisis y el desánimo, si se atiende a los intereses del expresidente del Gobierno. El último episodio es la revelación por parte de su defensa de que las joyas más valiosas de su ajuar proceden de un regalo del anterior rey de Arabia Saudí, que, por otra parte, es imposible acreditar desde hace tres meses. La ausencia de una respuesta de la monarquía saudí a la petición de Zapatero para que confirme que se produjo la dádiva fía el futuro de la pieza separada a que el juez acceda a enviar una comisión rogatoria al país y que este se decida a contestar, lo que no siempre ocurre. 

El escrito de Zapatero llega en el plazo de tres días que el juez José Luis Calama había concedido al expresidente para aportar la información que no ofreció en su declaración como investigado de junio y que tampoco había facilitado cuando fue entrevistado en TVE en julio. Por lo visto, Zapatero optó por dejar que el escándalo siguiera su curso de especulaciones y confiar en acallarlo con un documento que Riad no ha enviado. 

Ante el fracaso de sus gestiones con Arabia Saudí, la defensa del expresidente ha optado por solicitar al juez José Luis Calama que libre una comisión rogatoria internacional que recabe la confirmación del origen de las joyas.

El régimen saudí acumuló en el pasado un historial de prácticamente muy escasa colaboración con la justicia de países occidentales, entre ellos España, si bien fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que esa dinámica ha cambiado en los últimos tiempos y que se está produciendo “reciprocidad” a raíz de demandas de información de Riad que han sido satisfechas desde Madrid.

El expresidente del Gobierno permanece investigado en una pieza separada a raíz del hallazgo de alhajas y bisutería en una caja fuerte de su despacho que han sido valoradas en 1,3 millones de euros por una prestigiosa joyería madrileña. Los delitos que se le imputan en relación con las valiosas piedras son contrabando y delito fiscal. 

Una respuesta afirmativa de la monarquía saudí habría contribuido ya de forma decisiva a que se disolviera esa acusación. Zapatero afirma en el escrito presentado en la Audiencia Nacional que el rey de ese país le entregó en su “vivienda familiar” el regalo durante la visita oficial a España los días 18 y 19 de junio de 2007. El hecho de que se tratara de un regalo recibido en el Palacio de la Moncloa descartaría el contrabando porque Zapatero no habría introducido nada en España sin declarar. Las obligaciones fiscales, que Zapatero no atendió en su momento al no tributar por una donación tan valiosa, no serían delito atendiendo a la prescripción. 

La imputación del expresidente del Gobierno por tráfico de influencias en relación con el rescate de Plus Ultra implicó un terremoto político que alcanza a cuestiones propias de identidad para la izquierda en España, por tratarse Zapatero de un referente de sus políticas. Pero también una crisis tangible para el actual presidente Pedro Sánchez, que no solo reivindica el legado de Zapatero, sino que ha implicado al anterior presidente socialista en asuntos tan relevantes como la negociación política en Catalunya y la defensa pública de su gestión al frente del actual Ejecutivo. Todavía hoy Pedro Sánchez asegura contar con Zapatero para la próxima campaña electoral. 

El descubrimiento de las joyas no debería constituir el principal problema judicial de Zapatero, según el análisis de algunos juristas. El expresidente puede asegurar que las joyas son suyas, que fueron un regalo, y que sea la Audiencia Nacional quien deba demostrar, en su caso, que no es así y que suponen el pago por actuaciones propias del tráfico de influencias que se le imputa. De no alcanzarse esas conclusiones, las joyas quedarían en el futuro como un indicio de un enriquecimiento ilícito que no prosperó hasta convertirse en prueba. 

Pero el expresidente, consciente de la trascendencia pública que adquirió de inmediato el hallazgo, se comprometió a dar explicaciones en diez días. De ello han pasado casi tres meses. En el plano político, el escrito de Zapatero no contribuye al final de la crisis. Su Gobierno aprobó en 2005 el Código del Buen Gobierno, por el que los cargos públicos no debían aceptar los regalos cuyo valor superase los usos sociales y de cortesía. Los presentes deberían ser entregados a Patrimonio Nacional.

El expresidente reconoce en su escrito que recibió las joyas en 2007, dos años después de la aprobación de la norma, y el hallazgo el pasado mayo confirma que se las quedó. Reitera lo que ya dijo en TVE que las joyas no han tenido “uso ni destino alguno”, que tampoco tiene “conciencia de su valor material”, aunque en cualquier caso discrepa abiertamente del valor de 1,3 millones que estableció la joyería Ansorena. 

Zapatero coincide en que los tres juegos de collar, pulsera, sortija y pendientes que le habría regalado el rey Abdullah suponen más del 93% del valor de todo lo requisado por la Policía, que también se incautó de otras piezas de joyería y bisutería que el expresidente atribuye a la herencia familiar tanto suya como de su mujer, Sonsoles Espinosa. 

Sobre el origen de las alhajas puede arrojar luz el informe pericial que el juez ha encargado a los gemólogos y tasadores de la joyería Yanes, distinta de la que hizo la primera tasación. Estos expertos deberán pronunciarse sobre distintos extremos de las piezas, como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad, entre otros extremos. Y con esos datos confrontar con las afirmaciones de Zapatero. 

En la pieza principal, la que atribuye tráfico de influencias a Zapatero, también oscila entre el estancamiento y las malas noticias para el expresidente. Su antiguo socio Julio Martínez le atribuyó en julio estar al frente de todas las mediaciones que él realizaba, sin concretar si eran delito o una labor de lobby. Los ex responsables de Plus Ultra dijeron al juez que ellos estaban convencidos de que Zapatero cobró por mediar en el rescate de la compañía, pero que no tienen pruebas de ello y que tampoco sabían cuánto.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha trasladado un escrito a la Audiencia Nacional en el que atribuye la parte principal de la “colección” de joyas incautada en su despacho a un “obsequio de carácter personal” que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud de Arabia Saudí le entregó cuando era jefe del Ejecutivo. Según el escrito, la entrega se produjo en el Palacio de la Moncloa durante la visita oficial del monarca a Madrid los días 18 y 19 de junio de 2007.

El escrito revela que Zapatero remitió cartas el 16 de junio y el 12 de agosto de 2026 a la Jefatura de Protocolo de la Corte Real de Arabia Saudí para solicitar que confirmara la veracidad de la entrega de dicho regalo, si bien no ha obtenido respuesta. En consecuencia, reclama al juez que solicite una comisión rogatoria a Arabia Saudí para que su Corte Real certifique oficialmente que el obsequio fue entregado en la Moncloa en junio de 2007.

El escrito se refiere a tres juegos compuestos por collar, pulsera, sortija y pendientes en oro blanco, diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros que constituyen la parte más valiosa de las piezas intervenidas al superar el 90% del valor total. La defensa del expresidente señala que esos juegos se guardaron desde 2007 “junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material”. 

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye la investigación abierta contra Zapatero, concedió el pasado lunes tres días a su representación legal para que aportara la documentación de las joyas que se hallaron en el registro de su despacho. Calama también reclamó un nuevo informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes –distinta de la que emitió el primer informe, Ansorena– de las piezas incautadas el 19 de mayo.

Ese primer informe tasó de forma preliminar el valor de las joyas en 1,3 millones de euros. La pieza más preciada, valorada en 278.000 euros, era un collar en oro blanco de 18 kilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia. La defensa del expresidente rechaza esa valoración. Argumenta que la joyería hizo una estimación a “valor de reposición” a precios de mercado de junio de 2026 que está orientada a pólizas de seguro y que no refleja el valor real que tenían las piezas cuando fueron entregadas hace casi dos décadas, en 2007.

En la década de 1960, una excavación realizada en el desierto de Judea, en Palestina, desenterró un pequeño anillo de aleación de cobre grabado con letras griegas. La joya, que se cree que tiene unos 2.000 años de antigüedad, contaba con la inscripción “ΠΙΛΑΤΟ” (Pilato), una referencia al gobernador romano que ordenó la crucifixión de Jesús. 

¿Cuál era la relación entre la pieza y este personaje? Es la pregunta que se han hecho los investigadores desde 2018, cuando se dio a conocer la existencia del anillo y su grabado en griego. Ahora, en una nueva investigación publicada en la revista Palestine Exploration Quarterly, Catherine Bonesho, profesora de judaísmo antiguo, ha planteado una nueva hipótesis.

Según Bonesho, todo apunta a que el dueño del anillo no fuera Poncio Pilato, sino posiblemente un esclavo que trabajaba para él. “El usuario del anillo de Herodión se identifica como alguien que realizaba algún trabajo relacionado con la administración romana, muy probablemente alguien esclavizado o perteneciente a las clases bajas de Judea”, señala en el estudio.

En la investigación, incluso plantea la posibilidad de que la joya en cuestión se utilizara como una herramienta para estampar el nombre de Pilato en sellos de cera o arcilla, los cuales se podrían haber utilizado para marcar diversos materiales destinados tanto al gobernador como a sus socios.

Además de la ortografía de la inscripción, la profesora también analizó los materiales de la pieza. Los miembros de las clases altas romanas no solían usar aleaciones de cobre, prefiriendo el oro o los anillos con incrustaciones de piedras preciosas. Esto, sumado al diseño de la vasija en la superficie del anillo, respalda la idea de Bonesho de que la pieza perteneció a un trabajador local. 

La confusión

Una de las cuestiones más interesantes de este hallazgo y que más confusión ha generado tiene que ver con una irregularidad en la ortografía griega. La transliteración griega exacta del latín PILATO sería ΠΙΛΑΤΩ, con una omega en lugar de una omicron final. Bonesho argumenta, sin embargo, que una persona con conocimientos básicos de latín, podría confundir fácilmente la transliteración y reemplazar la omega por la omicron.

De este modo, ΠΙΛΑΤΟ estaría representando la forma latina “PILATO”, cuyo significado sería “para Pilato” o “perteneciente a Pilato”. Para la autora de la investigación, esta confusión refuerza su teoría de que el propietario probablemente fuera un esclavo judío que vivía en una región colonizada por los romanos.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye la investigación abierta contra José Luis Rodríguez Zapatero, ha acordado citar como investigadas para el 30 de noviembre a las hijas del expresidente del Gobierno. Asimismo, el magistrado concede tres días a la representación legal de Zapatero para que aporte, si lo desea, la documentación de las joyas que se hallaron en el registro de su despacho.

Calama ha solicitado en un auto un nuevo informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes –distinta de la que emitió el primer informe, Ansorena– de las piezas incautadas el 19 de mayo, al tiempo que cita como testigos el 19 de noviembre tanto al exdirectode participadas de la SEPI José Ángel Partearroyo, como a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.

El nuevo informe de las joyas deberá responder a ocho extremos que plantea el juez, desde algunos técnicos al “valor de reposición actual de cada joya de forma individualizada” y el “valor conjunto del lote intervenido”.

La citación de las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, se produce a partir de un informe de la UDEF en el que los agentes acusan a ambas de dar cobertura formal a los pagos por el supuesto tráfico de influencias ejercido por su padre. En el atestado policial que solicitaba los registros del pasado mayo, los investigadores policiales consideraban que el nivel de facturación de Whathefav, la empresa de marketing de las hermanas, era utilizada para “generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”.

Los policías hacían un recorrido por la elaboración de los informes de asesoría de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, y concluían que Whathefav no aporta “un valor técnico especial”. En este sentido, los policías explicaban que “los contactos” a los que enviar los informes los elabora Zapatero, los textos son escritos por uno de los socios de la consultora, Sergio Sánchez, y Whathefav se dedica a maquetarlos y enviarlos a los clientes. 

Análisis Relevante es una consultora que el juez José Luis Calama considera “pieza instrumental” carente de toda “lógica empresarial” y de la que Zapatero y sus hijas habrían obtenido 730.535 euros. De otro lado, Inteligencia Prospectiva, de dos hermanos venezolanos, habría supuesto unos ingresos a la familia de 801.195 euros, pese a ser una sociedad “carente de actividad real”.

La segunda atribución que hacen los agentes a la empresa de las hijas de Zapatero es la “canalización de fondos de los clientes y de la propia red organizada”. En el mismo sentido, la Policía destaca que las hijas del expresidente son “receptoras de importantes cantidades transferidas” desde su empresa, Whathefav, y que lo hacen en cuentas donde consta como autorizado el propio Zapatero.

Los agentes añaden que la empresa “se perfila [como] un elemento finalista del entramado investigado, ya que percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red”. “Se erigiría como un centro de distribución de flujos económicos”, escriben los policías. 

Ante las sospechas que crea en los policías la actividad de Whathefav, los agentes propusieron al juez el registro para establecer “la trazabilidad y el modo o realidad de las comunicaciones remitidas mediante las cuentas de correo” corporativo de la empresa, “respecto de los informes de asesoría o consultoría remitidos. Los policías se encuentran en proceso de cotejar la ”actividad declarada y la actividad real de la sociedad“. Esto permitirá, adelantaba el atestado, ”determinar el grado de participación“ de las hijas de Zapatero y su ”integración en la red organizada“.

En una entrevista el pasado julio en TVE, Zapatero defendió que sus hijas “han hecho su trabajo” y que “en absoluto” ha utilizado la sociedad Análisis Relevante para desviarles dinero. “Mis hijas han hecho su trabajo. Todo eso va a quedar acreditado, sustanciado, y hombre, deberíamos de tener prudencia en general, ¿no?”, ha apostillado. “Lo que faltaba es que yo hubiera intentado que fueran testaferros. Hombre, por favor”, expresó Zapatero.

El Ministerio de Sanidad sacó a subasta pública 158 lotes de joyas procedentes de operaciones contra el narcotráfico, con precios de salida que en algunos casos arrancan en 10 euros. La convocatoria reúne más de 200 piezas, en su inmensa mayoría de oro de 18 quilates, entre ellas anillos, cadenas, pulseras, broches y pendientes, además de algunas joyas con diamantes y esmeraldas. La operación se realiza a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y los ingresos obtenidos se destinarán a financiar actuaciones frente a las adicciones.

La convocatoria corresponde a la Subasta Pública Electrónica 6/2026, comenzó el 28 de agosto y admite ofertas hasta el próximo 17 de septiembre. Sus detalles fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 31 de agosto y todo el procedimiento se desarrolla por vía electrónica a través de la plataforma especializada Escrapalia. Los precios de salida parten de los 10 euros y Sanidad señala como potenciales interesados tanto a particulares como a empresas de compraventa de oro, joyerías, talleres e inversores privados.

Más de 200 piezas de oro y piedras preciosas

El catálogo está formado por más de 200 piezas repartidas en 158 lotes y predominan las confeccionadas en oro de 18 quilates. Entre los artículos descritos por Sanidad figuran pulseras con monedas, anillos tipo sello, cadenas, broches y pendientes, algunos de ellos con piedras preciosas como esmeraldas y diamantes. La variedad de precios permite que determinados lotes comiencen en apenas 10 euros, aunque esa cantidad representa el mínimo de salida de la subasta y no el precio general de las joyas.

Las piezas pueden tener además distintos usos una vez adquiridas. Sanidad destaca la posibilidad de reintroducirlas directamente en el mercado minorista de segunda mano o de aprovechar el metal precioso por su valor al peso. Para participar, los interesados deben registrarse previamente en Escrapalia, aceptar las condiciones recogidas en el pliego de la convocatoria y depositar una fianza de garantía de 1.000 euros.

Qué ocurre con el dinero recaudado

Las joyas proceden del Fondo de Bienes Decomisados, encargado de gestionar este tipo de bienes derivados de actividades relacionadas con el tráfico de drogas. El dinero conseguido con su venta se incorporará al propio Fondo para financiar actuaciones frente a las adicciones. Según explica Sanidad, el propósito es que la recaudación contribuya a revertir en la sociedad los daños provocados por las drogodependencias y el narcotráfico.

Entre los principales destinos de estos recursos se encuentran los programas de prevención de toxicomanías, la asistencia a personas con problemas de drogodependencia y las iniciativas para favorecer su inserción social y laboral. En los últimos años, aproximadamente el 60% de los ingresos del Fondo se ha dedicado a medidas de reducción de la demanda. El 40% restante ha servido para reducir la oferta de drogas mediante la persecución del delito y distintas actuaciones policiales y aduaneras.

La cantidad que mueve este mecanismo supera ampliamente el alcance de esta subasta concreta. Solo en 2025, el Fondo de Bienes Decomisados distribuyó 28,65 millones de euros procedentes de estos activos, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. La cifra permite dimensionar el volumen de recursos que se destina tanto a programas de prevención y asistencia como a medidas dirigidas a combatir la oferta de drogas.

La subasta actual ofrece así dos posibilidades señaladas por el propio Ministerio: la venta de las piezas en el mercado de segunda mano o el reaprovechamiento del oro por su valor al peso. Quienes quieran optar a alguno de los 158 lotes deberán hacerlo a través de Escrapalia, donde se encuentran las condiciones de participación y el catálogo de los bienes puestos a la venta. Para poder pujar será necesario haberse registrado en la plataforma y haber depositado la fianza de 1.000 euros exigida por la convocatoria.

Las autoridades de Austria han lanzado una orden internacional de búsqueda y captura contra dos hombres que el jueves robaron de un museo vienés un histórico collar de diamantes valorado en más de cuatro millones de dólares, según informó este viernes la televisión y radio pública ORF.

Si bien la policía no ha dado a conocer el valor oficial del botín, sí confirmó hoy a la agencia local APA que se trata de una célebre pieza que perteneció a la reina Nazli de Egipto, confeccionada en 1939 en estilo art déco por la joyería parisina Van Cleef & Arpels.

Según la base de datos de la casa de subastas Sotheby's, la joya alcanzó un valor de 4,3 millones de dólares (alrededor de 3,7 millones de euros) en una puja realizada en Nueva York hace diez años.

El collar está engastado con más de 600 diamantes redondos y en talla baguette, con un peso total de 200 quilates, dispuestos en un motivo en forma de sol. La reina Nazli (1894-1978) encargó esta pieza, junto con una tiara a juego, para la boda de su hija Fawzia con el príncipe heredero de Irán y posterior sah, Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980).

La joya se exhibía en una vitrina del Museo de Artes Aplicadas (MAK), situado en el centro de Viena, como parte de la exposición temporal Glanzstücke (Piezas de resplandor), que reúne joyas históricas de la citada firma, fundada en 1906 en París.

Las primeras pesquisas apuntan a que los ladrones accedieron al MAK como visitantes a primera hora de la tarde del jueves, se dirigieron a la sala, rompieron el cristal de seguridad con un martillo y huyeron a pie con la valiosa pieza hacia el colindante Stadtpark, donde se les perdió la pista.

Aparentemente, en el museo “se comportaron como visitantes normales” y “sabían exactamente qué pieza querían llevarse”, declaró a APA la portavoz de la Policía de Viena, Anna Gutt, quien añadió que varios testigos están siendo interrogados.

Uno de los asaltantes exhibió un arma de fuego para abrirse paso durante la huida —aunque no llegó a efectuar disparos—, mientras que su cómplice portaba el martillo con el que rompió el cristal de la vitrina. La policía investiga los hechos como un delito de robo con violencia o intimidación.

Asimismo, los investigadores han difundido imágenes de las cámaras de seguridad y han descrito a los sospechosos como varones de entre 1,70 y 1,75 metros de estatura, complexión delgada, pelo y barba oscuros, vestidos con ropa negra y zapatillas oscuras de suela blanca.

Por su parte, el museo MAK anunció en un comunicado que la exposición ha reabierto sus puertas este mismo viernes tras haber permanecido cerrada desde la tarde del jueves.

Cuando la actriz Zendaya apareció en el photocall londinense de La Odisea de Christopher Nolan con dos discos de oro convertidos en pendientes, la polémica no tardó en desatarse. Las piezas, de entre 2.000 y 3.000 años de antigüedad, pertenecen al llamado tesoro de Ziwiye, hallado en el noroeste de Irán a finales de los años cuarenta y disperso después entre distintas colecciones internacionales.

La cuenta de una arqueóloga muy popular en redes, conocida como Dr. Z, avivó ampliamente la polémica calificando el gesto de Zendaya como “asqueroso”, al considerar que la procedencia de las piezas resultaba, cuando menos, dudosa. El debate se volvía aún más incómodo por un detalle que no pasó desapercibido: la actriz es estadounidense, precisamente el país que en esos días bombardeaba Irán. Pocos días después, la investigadora Emiline Smith, especializada en tráfico de bienes culturales, publicaba un análisis en el medio Hyperallergic que situaba el caso en un contexto mucho más amplio.

Según explicaba, la joyería Barron London, encargada de comercializar las piezas, aseguraba contar con documentación sobre su procedencia, aunque nunca la hizo pública. Fue el joyero Glenn Spiro quien transformó los discos originales en un par de pendientes engastados en oro de 18 quilates con diamantes, una pieza que el estilista Law Roach eligió después para completar el look de Zendaya.

Smith recordaba además que existe un precedente legal directamente relacionado, el caso Irán contra Barakat Galleries, resuelto en 2005 por un tribunal británico, que reconoció el derecho de Irán sobre un lote de piezas expoliadas procedentes del yacimiento de Jiroft, en el sureste del país. Aunque Jiroft y Ziwiye son yacimientos distintos, ambos casos ejemplifican el mismo patrón, objetos arqueológicos que terminan circulando en el mercado del lujo sin que su origen quede nunca del todo claro.

La historia recuerda inevitablemente a otra polémica reciente, la del estreno de Cumbres borrascosas, donde la actriz Margot Robbie lució el diamante Taj Mahal, una pieza con una larga historia colonial ligada a la India del siglo XVII y que perteneció después a Elizabeth Taylor, sin que en ningún momento se mencionara ese contexto durante la presentación. No es casualidad que estos días varios expertos se pregunten si ambos casos no son el síntoma de algo más amplio, una tendencia que ya empieza a conocerse como method dressing, la última vuelta de tuerca de un star system dispuesto a apropiarse de cualquier objeto, por delicado o ajeno que sea, con tal de construir un personaje completo hasta en el accesorio.

'Method dressing': colonialismo de nuevo cuño

Para el escritor y fotógrafo especializado en arte islámico Zirrar Ali, el problema no empieza con Robbie o Zendaya, sino mucho antes. “Si miramos al mundo griego también vemos que tiene trazas del mundo egipcio, persa y de Oriente Medio”, explica, recordando que las fronteras culturales que hoy damos por sentadas nunca fueron tan nítidas como el relato occidental sugiere. “La Odisea es una historia de ficción, pero solo en la ficción podemos convertir algunos elementos reales en objetos de ficción. Zendaya en este caso está utilizando unos artefactos que son reales para promocionar una película de ficción, ignorando la historia y haciendo que todo lo oriental sea un mero accesorio para la visión occidental”.

Esa reflexión lleva a Ali directamente al que considera el verdadero núcleo del problema, el poder. “Si no tuvieran el poder, no podrían hacer esto”, explica. En este caso el method dressing cumpliría en realidad una doble función. Por un lado, es puro marketing, una forma de mantener la expectación sobre la actriz, y por extensión la película, ambas fusionándose en un contexto performático. Por otro, es una exhibición de lujo al alcance de muy pocos, donde el objeto deja de ser solo un accesorio para convertirse en la prueba visible de un acceso privilegiado que nadie más tiene. “Es como si dijeran: tomamos esto que proviene de tu cultura, pero tú no puedes tomar nada nuestro”, puntualiza el escritor.

Esa asimetría entre el tratamiento de las piezas orientales en suelo occidental, señala Ali, queda reflejada incluso en los propios catálogos de los grandes museos. “Si vas a ver el catálogo de algunos museos como el British Museum, puedes ver que algunos objetos tienen marcado que su proveniencia es desconocida, porque es vergonzoso. A menudo estas obras provienen de colecciones privadas que no explican cómo fueron obtenidas las piezas”, explica. Pero lo que más le inquieta a Ali no es tanto el silencio de las etiquetas como una disonancia mucho más incómoda, la que vivió al contemplar piezas iraquíes expuestas en un museo londinense mientras el país de origen de esas obras estaba siendo bombardeado. “Es curioso porque, ¿cómo encajas sentirte fascinado por la historia y la cultura de ese país mientras al mismo tiempo lo bombardeas?”, se pregunta.

Para él, esa contradicción solo puede sostenerse dividiendo artificialmente el pasado del presente, tratando la civilización antigua como algo digno de admiración y el país actual como sinónimo de barbarie. Es, explica, una lógica que remite directamente al concepto de otredad que el pensador palestino Edward Said desarrolló en Orientalismo (1978), la idea de que Occidente ha construido históricamente a Oriente como un espacio exótico, estático y fundamentalmente distinto, una representación que le sirvió tanto para definirse a sí mismo como para justificar su dominio sobre esas sociedades.

Del expolio de guerra a las colecciones privadas

Preguntada por el mayor obstáculo para regular este mercado, Donna Yates, catedrática de la Universidad de Maastricht y una de las investigadoras más citadas en tráfico de antigüedades, responde con la precisión de quien lleva años lidiando con el problema desde dentro. En países como Colombia o Irán, explica, la venta de antigüedades está totalmente prohibida, así que el problema no es la falta de leyes, sino la dificultad de aplicarlas retroactivamente a piezas que salieron del país antes de que esas leyes existieran. “El tráfico generalmente no viene con registros sobre la fecha y las circunstancias de la exportación”, señala. Sin pruebas de esa exportación ilegal, añade, resulta casi imposible impedir la venta.

Ese vacío legal se agrava especialmente en contextos de guerra, como el que atraviesa Irán ahora mismo. Como recuerda en el libro El expolio de los bienes culturales la experta en derecho internacional Soledad Torrecuadrada García-Lozano, “los bienes culturales deben protegerse en todo momento, ya que son objeto de vandalismo o de actos que afectan directamente a su conservación, y es precisamente durante los conflictos armados cuando quedan más expuestos”. No es un matiz menor. Los bienes culturales forman parte del derecho humano a la cultura, recogido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y su expolio puede llegar a constituir un crimen de guerra, en la medida en que atenta directamente contra la identidad y la historia de los pueblos.

Yates conoce bien esa lógica porque lleva dos décadas observándola de cerca. Desde su investigación de máster en Cambridge estudia las subastas de alto nivel en Estados Unidos centradas en antigüedades sudamericanas, muchas de ellas piezas de oro colombianas. Lo que le llamó la atención entonces fue un patrón muy concreto, adornos que en su origen se llevaban en la nariz y que el mercado moderno reconvertía en collares, despojados por completo de su contexto original. “¿Qué pensaría un antiguo colombiano si viera a alguna mujer con un gran adorno de nariz alrededor de su cuello?”, se pregunta Yates. “Probablemente les parecería una locura”.

Ese cambio de contexto no le interesa solo por su ironía. Yates apunta que buena parte de estos objetos probablemente procedían de tumbas, lo que abre una pregunta incómoda sobre lo que los compradores prefieren no saber, o no preguntarse, sobre el origen de lo que llevan puesto. Y, sin embargo, admite, entiende también el atractivo. Lo compara con el gesto casi universal de tocar una vitrina táctil en un museo, la fascinación por sentir que algo ha sobrevivido miles de años y que conecta con manos humanas muy anteriores a las nuestras. “Una réplica es bonita, pero no tiene nada del simbolismo de la supervivencia y la rareza. No contiene el tiempo profundo de las piezas reales”, resume.

Conviene no perder de vista, sin embargo, que este fenómeno no siempre necesita una guerra ni un país lejano para producirse. El vestido de Marilyn Monroe que Kim Kardashian llevó a la Met Gala de 2022, y que tuvo que ser forzado para que la empresaria pudiera ponérselo, es prueba de que la lógica de la apropiación funciona igual de bien con patrimonio made in USA, un patrimonio que está en manos privadas pero que pertenece simbólicamente a lo colectivo. Ali extiende esta reflexión al mercado negro de antigüedades en general, que describe como un fenómeno tanto público como privado. “Al final hay gente muy rica que no sabe qué hacer con su dinero y en muchas ocasiones lo gasta en esto para sentir que poseen unas piezas históricas que no ha visto nadie, o que nadie puede poseer, y eso ha ocurrido a lo largo de la historia”, explica. “Este caso ha salido a la luz pública por tratarse de una actriz, pero normalmente estas cosas se libran en la esfera privada, de la que poco podemos saber”.

El delito por el que el juez José Luis Calama imputó al expresidente Zapatero fue básicamente el delito de tráfico de influencias en el marco de la operación de rescate en forma de concesión de un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

Con base en dicha imputación dictó una orden de registro del despacho profesional de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que la policía judicial no encontró indicio o prueba alguna del delito de tráfico de influencias, pero sí unas joyas en una caja fuerte.

Tener joyas en una caja fuerte no es delito. Si lo fuera, las cajas fuertes no se venderían porque nadie las compraría. El hallazgo de las joyas debería o no haber sido puesta en conocimiento del juez instructor o haber sido puesta en su conocimiento, a fin de que este decidiera si ponía en marcha una investigación con la finalidad de averiguar si había alguna relación entre las joyas y el recate de la aerolínea Plus Ultra. Y por supuesto, sin hacer público el hallazgo de dichas joyas. Únicamente si, como resultado de la investigación se llegara a la conclusión de que hay una relación entre las joyas y el rescate de la aerolínea, se podría dictar un nuevo auto de imputación al expresidente y poner en conocimiento de la opinión pública la existencia de las joyas encontradas en la caja fuerte.

Estoy dando por supuesto que el auto de imputación por tráfico de influencias fue dictado constitucionalmente, sin vulneración de derechos fundamentales y de las garantías constitucionales que presiden el proceso penal, algo que, como el lector sabe, no ha sido así, en mi opinión. Pero vamos a dar por supuesto que así ha sido.

Cuando un juez dicta un auto de imputación, él mismo delimita en el auto la naturaleza de la investigación susceptible de ser puesta en marcha. No puede extenderse la investigación a todo lo que el investigado haya hecho desde su mayoría de edad o a su conducta desde que llegó a ser secretario general del PSOE o presidente del Gobierno, o de su ejercicio profesional tras dejar la presidente. Con el auto de imputación el juez instructor se autolimita.

Claro que en la investigación se pueden encontrar indicios o pruebas de nuevos delitos, pero siempre que tengan relación con el delito con base en el cual se ha dictado el auto de imputación. Imputar los delitos de contrabando y delito fiscal del mero hallazgo de las joyas, sin investigación alguna sobre la relación con la operación Plus Ultra y sin preguntar siquiera al expresidente sobre las mismas, supone una extralimitación del propio juez sobre los términos en los cuales él ha establecido la naturaleza y contenido de la investigación.

Mientras el juez instructor no de explicación alguna de por qué las joyas encontradas en el registro del despacho profesional de José Luis Rodríguez Zapatero son relevantes para la investigación del tráfico de influencias en la operación Plus Ultra, no hay base alguna para exigir una explicación al expresidente. Nadie tendría por qué saber nada de la existencia de las joyas y, por lo tanto, ninguna explicación se podría exigir sobre las mismas.

Es el juez José Luis Calama el que tendría que dar explicaciones de por qué ha considerado presuntamente delictiva la tenencia de las joyas en una caja fuerte por parte del expresidente. La mera posesión de joyas en una caja fuerte no es que no sea delito, es que no es indicio de que lo sea. La posesión se presume de buena fe. También a la posesión de joyas se extiende la presunción de inocencia.

¿Cómo ha llegado el juez instructor a la conclusión de que la tenencia de joyas en una caja fuerte era indicio de dos delitos? ¿Por qué ha permitido, sin analizar la posible conexión de las joyas con el tráfico de influencias en la operación Plus Ultra, que se haya hecho pública la tenencia de las mismas por José Luis Rodríguez Zapatero?

El orden de los factores en el mundo del derecho altera el producto. En una investigación penal es el juez instructor el que tiene que explicarle a la persona que imputa, por qué le exige que de explicaciones de la conducta por la que se le imputa. Da los indicios de que dispongo deduzco que usted puede haber cometido presuntamente tal delito. Explíqueme cuál ha sido su participación en los hechos presuntamente constitutivos de delito.

El juez instructor lo ha explicado malamente respecto del delito de tráfico de influencias, pero es que no lo ha explicado en absoluto respecto de las joyas. No se le puede exigir a nadie que dé explicaciones sobre una imputación sobre la cual el juez no explica con qué base decide la imputación. Una imputación delictiva no se puede basar en el mero hallazgo de joyas en una caja fuerte. El hallazgo puede ser el punto de partida de una investigación, pero no el punto de llegada para una imputación y para la exigencia de explicaciones públicas al imputado.

La Guardia Municipal de Donostia ha detenido a una trabajadora de un hotel como presunta autora de un robo en una habitación del establecimiento. Entre los efectos sustraídos se encontraban un reloj Rolex, unos pendientes de oro, una pulsera de diamantes y 600 dólares estadounidenses. El montante total del botín está valorado en unos 63.000 euros.

Según informan desde la Guardia Municipal, tras tener conocimiento de los hechos, agentes de policía se desplazaron al hotel y procedieron a custodiar la habitación donde se había producido el robo. Asimismo, efectivos de la Unidad de Investigación y de la Unidad de Inspecciones Técnico-Policiales se personaron en el establecimiento, mientras las víctimas eran trasladadas para prestar declaración.

Como resultado de las primeras investigaciones, agentes de la Unidad de Investigación detuvieron a una trabajadora del hotel. En un primer momento, se le intervino una de las piezas sustraídas, concretamente una pulsera.

Posteriormente, una vez trasladada a dependencias policiales, durante el cacheo realizado por los agentes de custodia antes de su ingreso en los calabozos, los agentes localizaron en su poder los pendientes y el reloj Rolex sustraídos. De este modo, la Guardia Municipal logró recuperar los efectos sustraídos.

La investigación continúa para el total esclarecimiento de los hechos.

El 15 de junio, en 'El caso Plus Ultra y Rodríguez Zapatero: las cosas en su sitio', expliqué detenidamente cómo acabó siendo imputado por el delito de tráfico de influencias en la operación de concesión de un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. El expresidente no había aparecido en ningún momento en la tramitación del expediente de concesión del préstamo. Tampoco en la investigación del Juzgado número 15 de Madrid al que correspondió la tramitación de la querella de Manos Limpias contra los propietarios de Plus Ultra y varios miembros del Gobierno, que archivó la causa al no encontrar indicio alguno de delito. Tampoco en la advertencia de la justicia francesa y suiza a la justicia española de que, no en la operación de concesión del préstamo, sino en el uso por los propietarios de Plus Ultra del importe de dicho préstamo, se podían haber cometido varios delitos: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Ante la advertencia de las justicias francesa y suiza, el Juzgado 15 se inhibe y envía la causa a la Audiencia Nacional, que acaba siendo atribuida al Juzgado Central de Instrucción número 4, del que es titular el juez José Luis Calama.

Sin una sola mención al expresidente en todo lo investigado hasta el momento, el juez Calama decide, en un auto de 18 de mayo de 2026, imputarlo por el delito de tráfico de influencias, fundamentalmente por su participación en la operación Plus Ultra; es decir, en la concesión del préstamo a la aerolínea con dicho nombre.

José Luis Rodríguez Zapatero no aparece en la documentación de la que hace uso el juez Calama para imputarlo. Aparecen personas que hablan de él, pero no hay ni en video, audio o papel, ninguna presencia directa del expresidente.

A pesar de ello, y a pesar de que toda la información de la que dispone el juez Calama sobre el presidente procede de la extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas, obtenido en 2021 por la Agencia de Estados Unidos Homeland Security Investigations (HMI) y puesto a disposición en 2025 de la Brigada Central de Investigación, de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional, sin intervención judicial en ninguno de los pasos dados en este proceso de “cooperación policial”, el juez Calama considera que dispone de información suficiente para imputar a José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias en la operación de concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra.

José Luís Rodríguez Zapatero no solamente no aparece personalmente en ningún tipo de soporte, sino que, además, lo que se dice de él se obtiene no mediante cooperación judicial, sino mediante cooperación policial sin control judicial de ningún tipo.

La Constitución española no permite de ninguna manera que se pueda proceder a dictar un auto de imputación en estas circunstancias. El auto de 18 de mayo de 2026 es un auto nulo de pleno derecho.

Consciente de que es así, el juez Calama, mediante auto de 17 de junio, intenta blanquear el auto de 18 de mayo, e intenta convertir la cooperación policial del 18 de mayo en “cooperación judicial”: “el dispositivo móvil ha sido puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de los Estados Unidos”, dice en el nuevo auto. Pero no proporciona prueba alguna de que así ha sido. Da la impresión de que el juez Calama ha cometido un error al incluir esta frase en el auto, ya que la alternativa sería que el juez hubiera mentido deliberadamente al incluirla en el mismo.

En todo caso, hasta el momento José Luis Rodríguez Zapatero no ha aparecido directamente en ningún momento de toda la operación Plus Ultra. E indirectamente, sólo en conversaciones de terceros aportadas a la investigación sin control judicial, es decir, con vulneración flagrante de la Constitución.

A pesar de todo ello, el juez Calama ordenó el registro del despacho profesional del expresidente. Se supone que, si la imputación era por tráfico de influencias en la operación de concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra, la policía judicial estaba habilitada para buscar indicios o pruebas respecto de esa conducta delictiva. No de cualquier conducta potencialmente delictiva del expresidente, sino de la conducta que el juez consideraba delictiva en el auto de imputación, aunque no dispusiera de ningún indicio obtenido sin vulneración de derechos fundamentales que le permitiera fundamentarlo.

Pues bien, los miembros de la policía judicial no encuentran en el registro ningún indicio o prueba del delito de tráfico de influencias. Ni de ningún otro delito. Encuentran unas joyas en una caja fuerte. ¿Qué tienen que ver las joyas en la caja fuerte con el préstamo a la aerolínea Plus Ultra? ¿Desde cuándo es delito tener unas joyas en una caja fuerte?

Es evidente que las joyas no tienen nada que ver con el préstamo y es, también, evidente que tener joyas en una caja fuerte no es en sí un delito. Las cajas fuertes se fabrican y venden para que los compradores de las mismas puedan guardar de manera segura objetos de valor, entre los que las joyas ocupan un lugar destacado.

Del hallazgo de unas joyas en una caja fuerte no se puede deducir que el propietario, incluso el mero poseedor, de las mismas ha cometido un delito. En el Código Civil español y en el de todos los países de nuestra cultura jurídica la posesión se presume de buena fe. De lo contrario, la convivencia sería imposible.

Las joyas en la caja fuerte no son indicio de nada, excepto de que las joyas y la caja fuerte están en una oficina en la que desempeña su actividad profesional José Luis Rodríguez Zapatero. No cabe siquiera sospecha alguna, a menos que se dieran otras circunstancias que pudieran proyectar dicha sospecha: una denuncia de robo de joyas en el entorno en que se ha movido el expresidente o la desaparición de joyas en lugar frecuentado por él o por sus familiares. Porque, insisto, tener joyas sin más en una caja fuerte no permite levantar sospecha de ningún tipo.

Pero, aún dando por supuesto puede generarse algún tipo de sospecha sobre el potencial carácter delictivo en la forma de adquisición de las mismas, la policía judicial podrá solicitar del juez la autorización para adoptar la medida que se considere pertinente para asegurar que las joyas no van a desparecer y nada más. A continuación, el juez podrá decidir si es pertinente o no iniciar una investigación y, si considera que debe iniciarla, tendrá que motivar por qué es así y qué potenciales delitos se pueden haber cometido en su adquisición.

Pero lo que no puede hacer la policía judicial es mezclar churras con merinas e incluir en el atestado de un registro por tráfico de influencias las joyas encontradas en la caja fuerte. Y lo que tampoco puede hacer el juez es dictar, con base en el mero hallazgo de joyas en la caja fuerte, un auto de imputación por contrabando y por delito fiscal.

La orden de registro del despacho profesional del expresidente, si no estuviera viciada porque la información se ha obtenido sin control judicial, no supondría una vulneración del derecho a la intimidad personal y profesional de José Luis Rodríguez Zapatero, pero la inclusión de las joyas en el atestado policial y los autos de imputación dictados por el juez Calama con base en dicho atestado sí suponen una vulneración de dicho derecho.

El agravante de haberlo dado a conocer urbi et orbi y el de iniciar el interrogatorio a José Luís Rodríguez Zapatero por el delito de tráfico de influencias que figuraba en al auto de imputación del 18 de mayo con una pregunta sobre “las dichosas joyas”, es una prueba inequívoca del desconocimiento de la presunción de inocencia del expresidente, dentro de la cual se incluye la posesión de buena fe reconocida en el Código Civil.

Nadie debía tener conocimiento en este momento de las joyas que estaban en la caja fuerte en la oficina del expresidente. Si la policía judicial y si el juez instructor hubieran cumplido con su obligación y hubieran comprobado si las joyas tenían algo que ver con el delito de tráfico de influencias de la operación Plus Ultra, nadie habría tenido conocimiento de las mismas.

Únicamente el ejercicio desviado de sus competencias por los miembros de la policía judicial y del juez instructor han posibilitado la continuación de la cacería del expresidente del Gobierno. Con proyección incluso en el Pleno del Congreso de los Diputados y la publicación escalonada de la agenda del expresidente.

La defensa de José Luís Rodríguez Zapatero podría plantearse si, además de recurrir los autos del juez, puede adoptar alguna decisión más.

Esta semana está prevista por fin la declaración de Zapatero ante el juez Calama. Todo está en el aire. En cualquier caso, ya no lo hará imputado, que no es poco, por tráfico de influencias o por hacer unas facturas falsas para encubrir un supuesto lobby irregular, ahora se añaden dos imputaciones más: contrabando y delito fiscal… Todo esto a partir del registro en el que se incautaron joyas de su despacho que, según una tasación independiente, están valoradas en total en más de un millón de euros. 

¿Qué podrá decir que pueda recomponer su imagen y su futuro judicial? Analizamos, con el periodista de la sección de economía de elDiario.es Álvaro Celorio, a qué delitos fiscales se podría enfrentar el ex presidente del Gobierno si no es capaz de aclarar el origen de las joyas. También, con la redactora jefa de política en elDiario.es, Marta Barandela, indagamos sobre los viajes que Zapatero hizo como presidente y que nos podrían dar una pista de la procedencia de estos supuestos regalos. 

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Junio de 2008. Apenas llevo 3 meses como ministro de Industria, Turismo y Comercio (además de Energía y Telecomunicaciones), pero la agenda es enloquecida. Mi colega, el ministro de Asuntos Exteriores (MAE) español me pide que vaya a Arabia Saudí el fin de semana, para asistir a una reunión internacional de ministros de energía en Jedah. No era un viaje previsto en la agenda, era fin de semana y me resistí porque mi equipo estaba muy tensionado. El ministro me insistió, porque se trataba de un deseo personal del rey Abdalá, importante para las relaciones de Estado y me ofrecía uno de los Falcon para ese viaje, poder estar de vuelta el domingo por la noche y no tener que alterar más la agenda. Y allá que nos fuimos.

El rey, en efecto, estaba muy contento con mi presencia y, cuando íbamos a despegar de vuelta, un emisario real trae a pie de pista un regalo envuelto en papel de seda. Se trataba de una bonita cartera de piel. Como yo tenía varias, le ofrecí el regalo a los miembros de mi equipo, que se habían sacrificado tanto o más que yo con este viaje. El asesor que se quedó con la cartera, cuando ya estábamos en vuelo, descubrió que la cartera no estaba vacía. Contenía diversas joyas: una pulsera, unos pendientes, un anillo, todos de esmeraldas y brillantes, así como un reloj de brillantes. Todos ellos aparecen en la foto que encabeza este artículo.

Nuestro avión aterrizó en el aeropuerto militar de Torrejón, donde me esperaba el coche oficial, también a pie de pista, para trasladarme a mi domicilio, pues ya era una hora bastante intempestiva. Pedí a mi equipo que las joyas las llevaran al Ministerio al día siguiente, para ver qué hacía con ellas. Y ahí surgió el debate. Mi equipo estaba dividido sobre qué hacer con el obsequio, las secretarias me señalaban que todos los ministros se llevaban sus regalos, pues eran personales.

Consulté a mi oficiala mayor, la recientemente fallecida Laura Morso, que me indicó que lo habitual era que los obsequios se los quedaran los ministros, pues se trataba de regalos a la persona y, más en mi caso, cuyo motivo era satisfacer un empeño personal del monarca saudí. Me dijo que no había un protocolo establecido, que no se trataba de renta en especie, porque no era remuneración por ningún trabajo (los ministros nunca cobramos por ningún servicio, dentro o fuera de España), por lo que no se tenía que declarar y que era una decisión personal mía.

Nunca pudimos sospechar el valor de esas joyas, a nadie se le ocurrió pedir una valoración a Ansorena ni a ningún joyero. Tampoco quise elevar el tema al resto del gobierno y, discretamente, mandé construir una vitrina en la sala de espera de las visitas al Ministerio, donde iríamos colocando todos los regalos de un cierto valor y ahí siguen, propiedad de Patrimonio Nacional y convenientemente registrados.

Nunca he considerado que dejarlos en el Ministerio en vez de llevármelos a mi casa, fuera una decisión “moralmente superior”. Detesto la moralina puritana que se ha instalado en nuestro país y nunca he sacado pecho de este gesto. Tampoco lo he mantenido en secreto, pues las joyas están a la vista del que quiera verlas. He guardado un discreto silencio sobre este episodio hasta hoy, en que ya no puedo soportar más las barbaridades que se están diciendo, en medios y redes, sobre las joyas encontradas en el registro del despacho profesional de Zapatero.

Me repugna escuchar que las joyas estaban “ocultas”. Curioso lugar para “ocultar” unas joyas: guardarlas en un despacho. Siempre he considerado “ocultar” el dárselas a otra persona, enterrarlas, esconderlas en un altillo o, si me apuran, llevarlas a una caja de un banco. Pero ¿tenerlas a la vista en una caja fuerte de un despacho es “ocultar”? Es el lugar habitual para guardar, y eso es lo contrario a “ocultar”.

Lo segundo que me repugna es apelar al “origen turbio” de las joyas. No hay ningún origen turbio. No lo hubo en mi caso y, con toda seguridad, no lo habrá en el caso de Zapatero. Se tratará de un regalo de algún país árabe con motivo de alguno de sus viajes. En cuanto vi sus fotos en la prensa, por cierto, un secreto revelado a toda la población, pese a tratarse de muchas joyas familiares, violentando su derecho a la privacidad, vi que algunas de ellas guardaban una semejanza con las que yo había recibido en 2008 y que adjunto en la foto. Ni turbio ni remuneración por ningún servicio.

Y lo tercero que más me repugna es la hipocresía de la clase política española con respecto a este tema. Sobre todo, del Partido Popular, que ha gobernado 15 años en España, algunos de ellos con importantes negocios bilaterales con Arabia Saudí, como, por ejemplo, el AVE de La Meca a Medina. ¿Es que hemos sido Zapatero y yo los únicos ministros, presidentes de gobierno, alcaldes o presidentes de comunidades autónomas que hemos recibido joyas o regalos valiosos de los países árabes? Por mis sesgos cuantitativos, sé que la probabilidad de ese suceso es cero. No hemos podido ser los únicos. Por otra parte, ¿en serio se puede considerar “contrabando” aceptar un regalo personal y llevártelo a tu casa? ¿Por qué no se ha llenado entonces la vitrina ya habilitada en el Ministerio? ¿De verdad hay que declarar todos los regalos que se reciban? Es posible que en la actualidad lo sea, lo desconozco, porque llevo 15 años fuera de la política. Pero no lo era en 2008. E insisto, no me parece “moralmente superior” el dejarlo en una vitrina en el ministerio correspondiente. Es una opción personal tan aceptable como la otra.

Para terminar, por mis sesgos estadísticos, considero imposible que España haya sido el único país al que los monarcas del Golfo hayan hecho regalos. Pero no conozco ningún otro Estado en el que esto haya sido motivo de escándalo nacional y de vapuleo personal de una familia. Esta hipocresía no nos la merecemos como país.

El peritaje de las joyas incautadas en su oficina al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero informa sobre un grupo de piezas de gran valor –la más cotizada es un collar de 278.000 euros– y otras a las que los expertos de Ansorena no ponen precio por tratarse de “bisutería”. La pieza más preciada es un collar en oro blanco de 18 kilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia. El informe al completo se puede consultar al final de este texto.

En el segundo puesto se sitúa otro collar, tambien de oro blanco de 18 kilates y que en este caso va decorado con diamantes de origen tailandés. El precio establecido por los tasadores es de 220.000 euros. Otro collar de similares características pero con rubíes es tasado en 155.000 euros.

En el otro extremo hay un par de collares de perlas “de imitación”, que Ansorena califica como “sin valor” o una pareja de gemelos “de plata y nácar, desparejados”, igualmente sin valor.

Tras este peritaje ordenado por el juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, este ha ordenado abrir una pieza separada para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno, cuyo origen “en estos momentos no está justificado” y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

Una tercera pieza supera los 100.000 euros. Es un collar, también de oro blanco de 18 kilates, que lleva brillantes y que está tasado en 155.000 euros. A partir de ahí hay varias piezas por debajo de los 100.000 euros. Son pulseras de oro blanco. Una de ellas con rubíes (72.000), otra pulsera con esmeraldas (95.000) y una tercera con zafiros tailandéses (80.000 euros). También hay sortijas y pendientes que rondan ese valor, hasta descender a los 12.000 euros.

A partir de ahí se produce un descenso en los precios y aparecen varias piezas entre los 1.000 y los 12.000 euros. Hay una pulsera con rubíes de 11.800 euros y un collar de tres hilos de amazonitas pulidas con entrepiezas de oro caladas, de 1.200 euros. Hay un reloj de 100 euros y dos cruces de la Sagrada Familia de 100 y 50 euros, respectivamente.

En el apartado de piezas “sin valor” están una pareja de pendientes de metal chapado y perlas de imitación, un alfiler de metal dorado con iniciales y un pendiente de metal chapado en oro con piedras de imitación.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado abrir una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno, cuyo origen “en estos momentos no está justificado” y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

En un auto, el magistrado acuerda comunicar la imputación a Rodríguez Zapatero a través de su representación procesal, para que pueda tomar conocimiento de ellos y ejercer su derecho de defensa, al tiempo que señala la declaración por estos hechos para el mismo día para el que ya estaba citado en la pieza principal del denominado caso Plus Ultra, esto es, los próximos 17 y 18 de junio.

El juez indica que, una vez recibida la tasación preliminar y sin perjuicio de una pericial posterior que abarque otros datos de interés, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye “un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico”.

Para el magistrado, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de José Luis Rodríguez Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46%. De esta forma, añade, la inexistencia de declaración o pago de cualquiera de estos tributos permite inferir la posible existencia de una cuota defraudada superior al umbral típico, que se sitúa en 120.000 euros. Por todo ello, estos hechos, indiciariamente, según el juez, pueden ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública.

Además, Calama argumenta que la actuación de Rodríguez Zapatero también podría encajar en un delito de contrabando. Y lo explica “en la medida en que la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles”.

El magistrado añade que la ausencia de documentación aduanera, de facturas de importación o de cualquier justificante de despacho de aduanas impide descartar que las joyas hubieran sido introducidas en España al margen de los procedimientos de control aduanero, superando ampliamente el umbral cuantitativo de 150.000 euros previsto para la tipicidad penal.

Explica que el investigado dispone de la ocasión procesal adecuada para ofrecer las explicaciones que estime pertinentes y aportar la documentación que “que pudiera disipar la indiciaria ilicitud de la posesión de los efectos intervenidos, ya sea acreditando su lícita adquisición, o su correcta importación”.

Una pieza separada

El auto señala que la aparición de estos hechos autónomos de la pieza principal, que se sigue por delitos tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal, entre otros, exige tramitarlos en una pieza separada en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo para evitar la innecesaria complejidad y la denominada “elefantiasis procesal” que el legislador ha querido corregir.

Para el juez, existen elementos suficientes para investigar lo relacionado con las joyas en una investigación autónoma, sin perjuicio de las diligencias que se puedan acordar para determinar su origen y eventual relevancia penal.

Considera que Los hechos relativos a la intervención de las joyas presentan naturaleza, estructura y posibles responsables distintos de los investigados en la causa principal, pues estos hechos, inicial e indiciariamente, aparecerían vinculados únicamente a José Luis Rodríguez Zapatero.

Por todo ello procede incorporar en esta pieza la documentación y efectos intervenidos y poner en conocimiento del investigado de esta nueva imputación con el fin de pueda ejercer el derecho de defensa en relación con estos nuevos hechos.

El presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, que ejerce como portavoz del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido perdón este viernes por “haber inducido a error” al asegurar que las joyas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente estarían valoradas en “entre 30.000 y 50.000 euros”. La joyería a la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama solicitó una tasación las ha valorado en 1,3 millones de euros.

“Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero. Él dará explicaciones ante el juez, también sobre esto”, ha escrito en un mensaje en X, en el que añade que “siempre” trata de informar “con honestidad y veracidad”.

Según el atestado de la Policía sobre la entrada y registro en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero, presente en las diligencias, atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a “regalos de viajes”.

Calama ordenó el análisis de las joyas para “determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición”, así como el fabricante, el sello o la marca del joyero y la fecha aproximada de fabricación. Lo hizo sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque “otros datos analíticos de interés”, agregó.

El juez encargó el trabajo a una joyería “previa prestación de juramento o promesa” y precisó que será documentada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, “con expresión de todos los requisitos necesarios en orden al cumplimiento de la cadena de custodia”.

La joyería a la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', solicitó una tasación ha valorado en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero.

Ese valor ha sido calculado por la joyería Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español, según ha adelantado 'Okdiario' y han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

Calama ordenó el análisis de las joyas para “determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición”, así como el fabricante, el sello o la marca del joyero y la fecha aproximada de fabricación. Lo hizo sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque “otros datos analíticos de interés”, agregó.

El juez encargó el trabajo a una joyería “previa prestación de juramento o promesa” y precisó que será documentada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, “con expresión de todos los requisitos necesarios en orden al cumplimiento de la cadena de custodia”.

Según el atestado de la Policía sobre la entrada y registro en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero, presente en las diligencias, atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a “regalos de viajes”.

La UDEF se incautó de relojes, collares, pulseras y otros efectos en el registro realizado el pasado 19 de mayo, que tuvo lugar tras la imputación del expresidente al apreciar el juez que sería presuntamente el líder de una presunta trama de tráfico de influencias en el marco del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea española Plus Ultra en la pandemia.

Por su parte, Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid y que ejerce como portavoz autorizado del expresidente del Gobierno, aseguró que estarían valoradas en “entre 30.000 y 50.000 euros”.

La Guardia Civil ha detenido a una vecina Villafranca de los Barros como presunta autora de la sustracción de joyas en el interior de una vivienda de este municipio pacense valoradas en más de veinte mil euros.

Los hechos ocurrieron el pasado marzo cuando una vecina de la localidad denunció la sustracción de las joyas de oro, anillos, pulseras, sellos, colgantes y cadenas que tenía en el interior de en su domicilio sin haberse forzado ninguno de los accesos al mismo.

Con la inspección pericial, se pudo comprobar que para adentrarse en el inmueble supuestamente se utilizaron llaves de la propia vivienda, ha informado este miércoles el instituto armado en una nota.

En el transcurso de la investigación, al tratarse de material susceptible para su comercialización en establecimientos de compraventa de oro, se inspeccionaron los comercios más próximos, pudiendo localizar en Mérida y Almendralejo la totalidad de las alhajas sustraídas, que entregó para su venta una villafranquesa.

La mujer fue detenida este pasado lunes y supuestamente habría sustraído las llaves de la vivienda a un familiar de la víctima.

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de cuatro personas, por su presunta participación en la sustracción de forma continuada de joyas en una joyería de Logroño, y su posterior venta a otros establecimientos para obtener dinero efectivo a cambio de las joyas sustraídas.

Los autores actuaban aprovechándose de la confianza que tenían con la propietaria de la joyería. Por un lado, una amiga íntima tenía permiso para acceder libremente a las zonas privadas del local, lo que le facilitaba apoderarse de las joyas. Y por otro lado, un empleado del taller de la joyería realizaba funciones que le permitían manejar joyas y metales preciosos. Ambos presuntamente se apropiaron de joyas durante meses.

Tras la sustracción de las joyas o el oro, la hermana de la amiga, presuntamente a cambio de un beneficio económico, acompañaba a esta a los establecimientos donde ambas por separado y en nombre propio vendían lo sustraído. De igual forma y por otro lado, actuaba la mujer del empleado del taller, que le acompañaba también a su marido para vender las joyas de las que se había apropiado vendiéndolas también por separado y en nombre propio.

El pasado día 22 de enero de este año, se personó en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, una mujer para confesar ser la autora del hurto de joyas en una joyería de una amiga. Se atribuía la sustracción de una pulsera valorada en 5.000 euros que había devuelto unos días después. Cuando la propietaria se dio cuenta de que le faltaba, la volvió a colocar en la joyería para que la encontrara. Pero a pasar de ello la propietaria, se dio cuenta y además comprobó que le había sustraído más anteriormente por lo que le reclamó que le devolviera todo lo sustraído y si no lo hacía la denunciaría. Y así procedió a devolverle joyas por valor de 11.300 euros. Y por ese motivo se había personado en la Policía Nacional para confesar los hechos.

Tras esta declaración auto inculpatoria, se inicia una exhaustiva investigación por el grupo UDEV de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja para el total esclarecimiento de los hechos, en la que se procedió a recopilar toda la información disponible de fuentes propias y también la facilitada por la propietaria de la joyería, analizando pormenorizadamente la trazabilidad de las joyas, piedras y metales preciosos que formaron parte del inventario del establecimiento.

Dentro de las averiguaciones llevadas a cabo por el grupo de investigación, se han podido recoger indicios de los que se infiere que no solo presuntamente la amiga le habría sustraído joyas, sino que también el empleado del taller de la propia joyería presuntamente le habría sustraído piezas de diferente valor, incluso llegando a trocear alguna joya de oro para su venta por piezas para eludir la trazabilidad de las joyas.

Los hechos investigados, concluyen que tanto la amiga que se auto inculpa en compañía de su propia hermana, y por otro lado el empleado del taller acompañado de su propia mujer, habían vendido las joyas y metales sustraídos en otros establecimientos, con la finalidad de obtener dinero en efectivo. Tanto la amiga como el empleado, como quienes les acompañaba en las ventas, lo hacían vendiendo las joyas por separado para evitar superar la cantidad de 1.000 euros en cada operación y así obtener los pagos en efectivo y no dejar rastro del dinero recibido.

De la propia investigación se desprende que la amiga presuntamente habría usado también los servicios del empleado del taller para trocear joyas sustraídas, además de ayudarle a guardar dinero con el fin de eludir la investigación policial.

El grupo de investigación de la Policía Nacional, aporta indicios de que las sustracciones de las joyas por ambos alcanzan al menos los 75.000 euros aproximadamente, si bien en fases posteriores de la investigación se podría determinar que esta cifra es mayor.

La conclusión de la investigación, ha dado lugar a la entrada y registro en dos domicilios, y una caja de seguridad de una entidad bancaria, en la que se han incautado diversas joyas y metales preciosos por un valor aproximado de unos 300.000 euros en una primera valoración. Resultando por todo ello detenidas las cuatro personas por la sustracción de las joyas y su posterior venta en otros establecimientos.