Nuevos datos sobre el árbol que ha protagonizado la mayor tragedia asociada al temporal Ciarán en Madrid. Este jueves una joven de 23 años murió en Alonso Martínez, uno de los centros neurálgicos del distrito de Chamberí, al ser golpeada por un olmo siberiano de 20 metros de altura y dos toneladas de peso que cayó sobre un paso de cebra debido a las fuertes rachas de viento. Un ejemplar que, según un documento facilitado por el Ayuntamiento de la capital, pasó su última revisión en mayo de este mismo año.

“Era un árbol completamente sano”, aseguran desde el área de Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad en declaraciones a Somos Chamberí. Para acreditarlo, recalcan que el olmo situado en la calle Almagro aprobó todos los controles pertinentes el 25 de mayo de 2023, al igual que el 28 de mayo de 2022. “En los últimos dos años, el Servicio de Evaluación y Revisión Verde (Server) había inspeccionado ese ejemplar en dos ocasiones debido a su gran porte. En ninguna de las dos se detectó ningún defecto”, añaden estas fuentes municipales.

El Ejecutivo municipal ha ejecutado asimismo nuevos controles después del suceso, que según el consistorio no han arrojado novedades sobre el estado de conservación del árbol: “El Server ha constatado después de producirse el incidente que el ejemplar no sufría ninguna patología ni daño previo al vuelco”. Todo ello en una jornada en la que, solo hasta las 13.00 y según cifras del Gobierno local, se vieron afectados con desprendimientos parciales 290 árboles. 73 de ellos cayeron completamente debido al temporal.

Advertencias en un informe de 2018

Pese a estos dictámenes favorables, el árbol se encuentra en una vía sobre la que un informe municipal del año 2018 arrojó conclusiones muy críticas. El documento, elaborado durante la alcaldía de Manuela Carmena y cuando Inés Sabanés estaba al frente de Medio Ambiente, identificaba la zona donde cayó el olmo siberiano como un área con alcorques más reducidos del tamaño idóneo para árboles de un porte tan grande. Es el caso del ejemplar que acabó con la vida de la joven, con 20 metros de alto; dos toneladas de peso y 1,5 metros de perímetro de tronco.

“Las calles que presentan un valor inadecuado se debe principalmente a que se han empleado marcos de plantación más pequeños a los recomendados para especies de porte grande”, explicaba entonces el Plan del Arbolado Viario de Chamberí, que identificaba otras zonas problemáticas en el mismo distrito como Santa Engracia o Bravo Murillo.

Además, el análisis detectaba otra importante deficiencia en el entorno debido a la falta de homogeneidad: “La aparición de marras o el simple proceso de renovación del arbolado ha dado como resultado calles con distintas variedades en cuanto al tamaño de los ejemplares e incluso distintas especies. Se debe tender a un modelo más homogéneo en unidades, para facilitar de esta manera las labores de gestión y reducir las intervenciones puntuales. En definitiva, se trata de optimizar el trabajo y lograr una mayor armonía en cuanto a la infraestructura verde de la ciudad al tiempo que se aumenta la diversidad”.

El informe, que data del mismo año en el que Sabanés puso en marcha el Server (hasta entonces no existía ningún servicio en Madrid especializado en la evaluación del arbolado), remarcaba ya que “aquellas calles y ejes principales los cuales presentan grandes dimensiones suponen un gran reto a la hora de buscar la homogeneización de toda la unidad de gestión”. Por ello, animaba a “dividir estas unidades en diferentes tramos con el fin de simplificar las labores de planificación y gestión”.

Inés Sabanés (Cubells, Lleida, 1953) da un paso atrás. Tras una vida dedicada a la política activa, la dirigente de Verdes Equo y diputada de Más País los últimos tres años pone punto y final a su etapa en la primera línea institucional donde ha ocupado bancada en las tres administraciones del estado: nacional, autonómica y municipal. Sabanés se retira por “motivos personales” con 70 años. Se va con una larga lista de servicios en la política, siempre ligada a la izquierda y al ecologismo. En sus hitos está el de haber puesto en marcha el primer área de bajas emisiones en Madrid como delegada de Medio Ambiente del Gobierno de Ahora Madrid con Manuela Carmena como alcaldesa.

“Se trata de una decisión personal que ya estaba tomada antes del adelanto electoral. He sido abuela y siente que ya es hora de dejar paso a otros perfiles dentro del partido”, explican desde Verdes Equo sobre la decisión de retirarse, si bien seguirá ligada al partido y participando en los actos en los que se la necesite.

Catalana de origen y vallecana de adopción, Sabanés ha terminado su etapa en la vida política como la empezó: como diputada nacional del Congreso. Allí regresaba en 2019 de la mano de Más País con Íñigo Errejón, con quien Verdes Equo había llegado a un acuerdo de coalición tras romper con Unidas Podemos. Sabanés volvía a la Cámara Baja 23 años después, donde había sido diputada por Izquierda Unida entre 1996 y 1999.

En ese impás de tiempo hasta su vuelta al Congreso, Sabanés se empleó a fondo en la política regional y municipal de Madrid. Primero como concejala de IU en el Ayuntamiento de Madrid durante ocho años (1999-2007) y después como diputada y portavoz en la Asamblea de Madrid por esta misma formación entre 2007 y 2011, un periodo en el que denunció sistemáticamente la corrupción de la época de Esperanza Aguirre. Ese año, Sabanés abandonó sus cargos orgánicos en Izquierda Unida, una decisión que justificó en “el distanciamiento con una organización en la que los compromisos de cambio se han diluido en el tiempo”.

Fue en 2015 cuando por primera vez formaría parte de un gobierno después de que Verdes Equo se sumase a la candidatura de coalición liderada por Carmena y en la que también estaban Podemos, que había nacido un año antes, e IU, entre otras formaciones y movimientos ciudadanos. Ahora Madrid fue la sorpresa de aquella noche electoral de hace ocho años y lograba hacerse con el bastón de mando de la ciudad tras dos décadas de gobiernos ininterrumpidos de la derecha.

En aquel gobierno inesperado, a Sabanés le tocó entonces ponerse al frente de la delegación de Medio Ambiente y Movilidad en una ciudad con altos índices de contaminación, a la que Bruselas había dado tirones de oreja en numerosas ocasiones y donde el coche era el protagonista de las calles. El reto estaba servido.

En 2019, otra vez como independiente de Verdes Equo se sumó a la lista de Más Madrid liderada por Carmena, que se presentaba a la reelección en la capital. Aunque Más Madrid ganó las elecciones, no pudo gobernar al no poder sumar los apoyos suficientes para una mayoría absoluta. Cuatro meses después, el anuncio de Íñigo Errejón de dar el salto a la política nacional con Más País la llevó a formar parte de su candidatura como número tres. La formación solo sacó dos escaños, pero la renuncia de Marta Higueras como número dos, hizo que tomase posesión como diputada nacional y renunciase a su acta de concejal.

Madrid Central, renaturalización del Manzanares y Bicimad

Su cartera y su impulso por cambiar la dinámica 'cochista' de Madrid, llevó a Sabanés a tener un rol clave en el Gobierno de Carmena. Su hito más importante fue la puesta en marcha del área de bajas emisiones Madrid Central, que aunque el PP llevó a los tribunales y la tumbó, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ya no ha podido revertir por exigencias de la Unión Europea.

Madrid Central llegó tarde, cuando ya quedaba poco para terminar la legislatura, y todos los consultados le confieren a Sabanés el empeño de sacar adelante una medida a la que se opuso toda oposición de derechas y a la que puso piedras en las ruedas el funcionariado del consistorio tras dos décadas al servicio del PP. La medida es a día de hoy incuestionable y ha ayudado a que Madrid cumpla por primera vez los niveles de calidad del aire que exige Bruselas.

Pero Madrid Central no es la única medida que ha dejado huella en la ciudad y tiene el sello de Inés Sabanés. La renaturalización del río Manzanares fue otro de los grandes éxitos de su gestión al frente de la delegación de Medio Ambiente y Movilidad. Desde que el Gobierno municipal de Ahora Madrid autorizase que se abrieran las compuertas de las presas, la recuperación fue todo un éxito medioambiental. Primero, aparecieron islas y orillas, que en seis meses se empezaron a cubrir de eneas, carrizos, álamos y sauces de cinco especies; la calidad del agua mejoró y la población de peces como el barbo creció; con ello, aumentó la cantidad y variedad de aves: hoy hay unas 68 especies; se liberaron tortugas y hasta volvieron las nutrias. Otro hito que el Gobierno de Almeida no ha podido revertir.

Sabanés también endureció el protocolo por picos de contaminación y empezó el camino para remunicipalizar Bicimad, el servicio público de préstamo de bicicletas. Todos estos logros, la convirtió en foco de los ataques del PP, que se querelló contra ella por esta gestión de las bicis eléctricas al denunciar sobrecostes en la operación. La cacería judicial a la que trató de someterla un Almeida entonces portavoz de la oposición, fue archivada. En un momento dado, y ante el ruido mediático por este caso, Sabanés puso a disposición de la alcaldesa su cargo.

Lo que no pudo Sabanés es revertir el problema de la suciedad en la ciudad. Y aunque lo intentó con soluciones intermedias, no pudo hacer nada con los contratos integrales que la anterior alcaldesa Ana Botella había firmado en 2013 y que se extendían hasta 2021.

Ahora Sabanés, licenciada en Educación Física de formación, se retira para dejar paso a las nuevas generaciones. Se va con una cartera de servicios a la vida pública que a más de uno le gustaría tener en el currículum.

Inés Sabanés deja la primera línea política. La diputada de Más País por Verdes Equo y ex concejala de Medio Ambiente del Gobierno de Manuela Carmena no concurrirá a las próximas elecciones generales del 23 de julio, según ha confirmado la propia Sabanés a elDiario.es. Se trata de una decisión “personal” que estaba tomada de antes, pero que se ha acelerado con la convocatoria electoral. “Mantendré si fuera necesaria alguna actividad de ayuda o apoyo puntualmente , pero nada institucional o de representación”, explica la dirigente de Equo a esta redacción.

Desde Verdes Equo explican que se trata “de una decisión personal que ya estaba tomada antes del adelanto electoral”. “Ha sido abuela y siente que ya es hora de dejar paso a otros perfiles dentro del partido”, explican desde la formación ecologista. “En cualquier caso, Inés Sabanés no deja la política sino que seguirá activa en Verdes Equo y apoyará la próxima campaña electoral. Ha tenido un papel de servicio público durante años y lo va a seguir haciendo, no desde la política institucional sino aportando su experiencia a Verdes Equo y el espacio del cambio progresista y verdes”, añaden.

Sabanés entró en la lista de Más País en la repetición electoral de 2019 como candidata de Equo, después de que ambas formaciones llegaran a un acuerdo de coalición tras una consulta a las bases que supuso la ruptura del partido verde con Unidas Podemos. Sabanés ocupó el puesto tres de la lista de Íñigo Errejón, pero la renuncia de Marta Higueras que era la dos la llevó de nuevo al Congreso 20 años después.

“Gracias, Inés Sabanés, por esta legislatura juntos, por todo el trabajo, las enseñanzas y el cariño. Ha sido y será un orgullo, compañera”, ha agradecido en twitter su compañero de Más País en el Congreso.

La dirigentes de Verdes Equo deja así la primera línea de la política tras casi tres décadas ocupando cargos institucionales. Sabanés (Cubells, 1953) ha recorrido los distintos administraciones tanto a nivel nacional, como autonómica y municipal. Fue diputada nacional entre 1996-1999 con Izquierda Unida, concejala en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid por la misma formación entre 1999 y 2007, diputada autonómica y portavoz en la Asamblea de Madrid entre 2007 y 2011 y concejala de gobierno con Ahora Madrid (2015-2019) como delegada de Medio Ambiente y Movilidad.

Sabanés fue una de las integrantes del Gobierno de Manuela Carmena que más protagonismo tuvo durante la legislatura al ser la impulsora de Madrid Central, la medida que restringe el tráfico en el centro de la capital.

El cambio climático y el cuidado del medio ambiente preocupan a gran parte de la ciudadanía en todo el planeta. También a los españoles. Pero mientras en países del norte de Europa los partidos verdes o ecologistas triunfan con sus propias siglas e incluso algunos han logrado entrar en gobiernos, como en el caso de Alemania –el canciller socialista, Olaf Scholz, gobierna en coalición con liberales y verdes–, en España el proceso de implantación del llamado 'voto verde' camina lento y se ha encontrado a lo largo de los procesos electorales con muchas dificultades.

Ninguna formación de las que han surgido con programas específicamente ecologistas y medioambientales ha conseguido per se representación parlamentaria, por lo que estos partidos han tenido que aliarse con formaciones tradicionales consolidadas en el tablero político nacional para que se pueda escuchar su voz en las distintas cámaras. Los expertos consultados por este diario y también los representantes de estas formaciones denominadas 'verdes' creen, sin embargo, que la tendencia está variando y que cada vez hay una mayor concienciación sobre los daños que sufre el planeta, por lo que vaticinan que habrá un auge de este voto en las próximas elecciones tanto autonómicas como generales.

Históricamente ha sido en los comicios europeos donde más han cuajado estos mensajes en el conjunto de la UE. En 2019 Los Verdes consiguieron 70 escaños en el Parlamento Europeo y se consolidaron como cuarta fuerza política convirtiéndose en llave para la formación de alianzas. La lucha contra el cambio climático ganó protagonismo en Alemania, donde registró su mayor crecimiento en los últimos años, y se mantuvo fuerte en Francia, Bélgica y Países Bajos. Sin embargo, este grupo de ecologistas del Parlamento Europeo apenas tiene miembros de países del sur. España aporta tan solo dos eurodiputados –Diana Riba, de ERC, y Ernest Urtasun, de En Comú Podem– ; Portugal, uno, pero Italia y Grecia, ninguno. El panorama contrasta con los 25 europarlamentarios verdes de Alemania y los 13 de Francia.

Pese a la raquítica representación española, Ernest Urtasun, de En Comú Podem y vicepresidente de ese grupo verde europeo, cree que en España han sido “la izquierda y los sindicatos los que siempre han tenido una comprensión mayor del conflicto medioambiental que la que han tenido izquierdas de otros países”. “Yo siempre pongo el ejemplo de Francia, donde los partidos de izquierda y los sindicatos, el Partido Comunista por poner un ejemplo, se incorporaron tarde y mal a la cuestión medioambiental”, afirma, a lo que añade: “En Francia la izquierda es productivista y pro nuclear y yo creo que esa es una de las razones por las cuales emergió con mucha fuerza y existe allí un partido verde”.

El optimismo del eurodiputado 'verde' Ernest Urtasun

“En España la izquierda ha sido menos productivista y prueba de ello es que en el actual Gobierno hay ahora ministros que representan muy bien las ideas medioambientales, como Teresa Ribera (PSOE), en el Ministerio de Transición Ecológica, o Alberto Garzón (IU), que ha demostrado ser una persona en el Ministerio de Consumo con mucho capacidad”, señala Urtasun.

Urtasun es optimista y vaticina que “de cara al futuro la expresión verde será cada vez más plural en España”. “Hoy en día podemos decir que tanto Más Madrid como Catalunya en Comú, Compromís y Unidas Podemos representan muy bien el movimiento ecologista en su diversidad”, apunta. Además cree que “el futuro de la ecología en España no tiene por qué parecerse a la alemana o a la francesa. Cada país encuentra su vía y lo que es importante al final es que haya partidos políticos que sean capaces de representar esa ambición verde y yo creo que en eso estamos”.

Una de las formaciones ecologistas de referencia de España es Equo –ahora denominada Verdes Equo–, que se presentó en 2011 en solitario a las elecciones generales después de rechazar hacerlo en una candidatura conjunta con Izquierda Unida. Juan López de Uralde, que fue director ejecutivo de Greenpeace, e Inés Sabanés –ahora diputada de Más País-Verdes Equo en el Congreso– encabezaron la lista por Madrid pero no consiguieron representación en la Cámara Baja. No obstante, llegaron a ser la novena formación más votada tras haber cosechado cerca de 220.000 votos, el doble que el partido animalista PACMA, que pese a su persistencia tampoco logra sacar baza electoral.

“Nuestra experiencia fue que efectivamente teníamos muchos votos, pero no suficientes para alcanzar representación parlamentaria”. El 13 de enero de 2016, López de Uralde y Sabanés se convirtieron en diputados en el Congreso pero dentro de la coalición con Unidas Podemos. Por eso ella sostiene que “la mejor estrategia para un partido verde en nuestro país es la de las alianzas”. “Obtuvimos tres diputados nacionales y decenas de concejales en toda España”. “No estoy de acuerdo en que aquí en España el ecologismo no tenga éxito entre el electorado”, dice.

Uralde y Sabanés se separaron en los comicios generales de 2019. El primero se mantuvo con Unidas Podemos, y la segunda se fue con Más País. En la actualidad ambos son diputados en el Congreso por sus respectivas formaciones.

López de Uralde: “El sistema electoral castiga a las nuevas opciones”

En conversación con esta redacción, López de Uralde señala al sistema electoral español como el culpable de que los partidos puramente ecologistas no hayan logrado tener representación cuando se han presentado en solitario. “La dificultad que hemos tenido históricamente es que se castiga mucho más a las nuevas opciones, sobre todo si no tienes, como tuvo Vox, una financiación brutal. Nosotros no teníamos eso”, lamenta. “Lo que garantizó nuestro éxito fue la política de alianzas”, reconoce Uralde. Para el diputado de Unidas Podemos eso es fundamental, “tener una política de alianzas adecuada”.

El diputado cree también que “en el sur de Europa, para los ecologistas de Grecia, Italia y España, el contexto en el que se tienen que mover las políticas de los partidos verdes es diferente. La situación aquí además está bastante polarizada con una derecha bastante negacionista de todo”. Pero no duda en mostrarse optimista: “El voto verde en España va a crecer porque crece la concienciación sobre la gravedad de la crisis ecológica”.

Con respecto a la polémica de las macrogranjas que surgió en enero a raíz de unas palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, tergiversadas por las derechas, Uralde no cree que estas hayan sido capaces de capitalizarla. “De hecho creo que precisamente ha sido Unidas Podemos el que ha sacado mayor rédito al ocupar precisamente el espacio verde, añade, antes de remarcar que tiene ”la impresión de que ha habido marcha atrás en las derechas y en el PSOE, ya que empezaron muy cañeros con Unidas Podemos y el ministro, pero luego fueron reculando“.

Inés Sabanés, por su parte, cree que el movimiento ecologista en España ha llevado “un ritmo y tratamiento diferente”. “Ha habido mucha influencia del bipartidismo de los partidos que decían tener incorporadas las políticas medioambientales en sus programas pero como algo sectorial”. En su opinión “vamos con años de retraso con respecto a las políticas de sostenibilidad”. “En Verdes-Equo, antes con Ahora Madrid y ahora con Más Madrid tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en todos los sitios en donde hemos tenido responsabilidad, siempre hemos puesto en el centro la ecología política”. “En mi opinión la lucha contra el cambio climático, la emergencia climática, la transición ecológica y la ecología política son en el siglo XXI el eje y la palanca para avanzar hacia una transformación profunda de nuestro modo de vida y de nuestro sistema productivo”, sentencia Sabanés.

Sabanés: “El voto ecologista es mucho más maduro de lo que se transmite”

Además defiende su decisión de unirse al proyecto de Íñigo Errejón. “Nuestra alianza con Más País Verdes-Equo no es una coalición al uso sino que el elemento fundamental que compartíamos es la centralidad de la ecología política. Íñigo, en los discursos y en sus propuestas, impregna y transversaliza todo, es decir, sumamos la centralidad de la ecología política”. Sabanés cree que el voto ecologista es “mucho más maduro de lo que se transmite”. “Lo viví con Madrid Central y con la lucha contra la contaminación”, asegura, rememorando su etapa como responsable del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid durante la alcaldía de Manuela Carmena.

“Los partidos de la oposición y la prensa de las derechas fueron mucho más irresponsables y beligerantes que la gente en general, que sí aceptaba y entendía que la contaminación era un problema contra el que había que tomar medidas”. A su juicio, “hacen mucho daño tanto los negacionistas como los llamados retardistas, es decir, los que reconocen que sí hay una emergencia climática pero dicen que 'ahora no es el momento'”. “O sea, de moratoria en moratoria hasta el desastre final”, lamenta. “¿Cuándo es el momento de poner por delante la salud y la ecología?”, se pregunta.

Es la misma pregunta que aplica cuando se le menciona la polémica de las macrogranjas: “Pero, ¡por favor! –exclama– ¡Si lleva todo el mundo entendiendo que hay un verdadero problema y de repente se monta esto! Claro que hace daño la irresponsabilidad de la derecha negando una realidad que perjudica al mundo rural y a la ganadería familiar”, se indigna. La diputada cree que “el PP cada vez se acerca más a esos movimientos negacionistas pese a que hubo un momento en el que era un partido mucho más homologable a las derechas europeas. En Alemania, cuando gobernaba la derecha, se eliminó la energía nuclear”, recuerda. Sabanés insiste en que “hace falta un espacio verde que entienda los problemas del planeta no como algo sectorial”. “Reconozco el avance de haber creado el nuevo Ministerio de Transición Ecológica, pero hay veces que el Gobierno se ha posicionado de forma absolutamente timorata como en el caso de la polémica Garzón [al que inicialmente no respaldó la parte socialista del Ejecutivo]. En política la firmeza y la claridad son algo exigible”, zanja.

Michavila: “El voto verde es de problemas postmodernos”

Uno de los expertos en demoscopia, Narciso Michavila, presidente y fundador de GAD3, asegura que “en general el voto verde suele venir de gente que sus necesidades vitales primarias ya las tiene cubiertas y ya puede dar un paso más allá”. “Uno se preocupa de una dieta más equilibrada cuando tiene más tiempo libre o más dinero y menos cargas familiares. El voto verde es, además, un voto de problemas postmodernos. Y por lo general el voto de izquierdas ha tendido a ser un voto moderno, del obrero que tiene que sacar adelante a su familia viviendo en municipios complicados”, añade.

En el caso de España, dice Michavila, hay que rechazar “esa visión de que la generación de los mayores no está preocupada por el clima y sus nietos sí”. “Eso es discutible porque la generación de los mayores es la que baja las persianas, la que cierra los grifos, apaga la luz, recicla el calzado. Son los que hacen lo que llamamos 'economía circular' y los que oyen luego a sus nietos decir: 'Es que me preocupo por el planeta y además no como carne'. Son jóvenes que dicen que conservan el planeta porque no compran prensa de papel pero cambian de móvil cada dos años mientras su abuela tiene el mismo móvil y el mismo coche desde no sé hace cuánto tiempo”, concluye.

Según explica, “el año pasado” observó que “durante la campaña electoral de Madrid, Pedro Sánchez en su primer mitin habló de Madrid Central pese a que en ese momento el problema de los madrileños no era ni mucho menos la contaminación”. “Mi tesis es que el año que viene, cuando lleguen las elecciones municipales, la preocupación medioambiental va a estar muy presente en el voto joven urbano, en mayor medida que antes de la pandemia”, añade. “La conciencia medioambiental concreta en tu barrio va a ser un driver de voto”.

Pese a todo, Michavila considera que en España “no hay madurez” para que surjan nuevos partidos verdes. “A la izquierda postmoderna le está penalizando y se está quedando sin esos apoyos porque está viendo la realidad desde Madrid”, sostiene, mientras pone ejemplos, como el caso del lobo “que se legisla en los despachos”. “Pero habla con los ganaderos y los que viven allí y que te expliquen”, reta. “El tema animalista y la polémica de las macrogranjas o la caza va muy unido porque son preocupaciones de votantes postmodernos que viven en urbes y que vemos la realidad de ese mundo primario de la caza, la pesca, la minería y el mundo de la globalización a través de nuestros móviles y nuestras pantallitas”, insiste. “Todos queremos carne muy barata, viajes muy baratos, todo muy accesible y fantástico pero no nos queremos enterar de que detrás de eso hay gente que se está dejando la piel”, concluye.

Ferrándiz: “Todos los partidos van a tener que incorporar políticas verdes”

Otro de los expertos consultados, José Pablo Ferrándiz, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos España, cree que “el voto verde en España ha estado muy dividido”. “Ha habido más de un partido verde que no ha obtenido buenos resultados porque aquí las políticas de un solo tema, o los partidos de un único tema, como los ecologistas o PACMA, no tienen mucha cabida”, apunta. Esto se debe, a su juicio, sobre todo a que “siempre hay en el ranking de las preocupaciones de los ciudadanos otros temas que superan a lo ‘verde’ o al animalismo”.

“Los ciudadanos se interesan y preguntan a los partidos verdes: '¿Cuál es vuestra propuesta económica, o vuestra política de empleo, que son los temas que a nosotros nos preocupan?”, explica. Y añade que “estos partidos han tenido problemas en vincular sus proyectos y sus temas fuertes con esas otras preocupaciones”. De modo que “ese discurso del ala verde lo asumían los partidos de izquierda, como IU, sabiendo que ellos por sí solos no pueden conseguir esa atracción de los electores”. “Es decir, me uno con vosotros para poder impulsar mi programa dentro de otro más amplio”, dice Ferrándiz.

También comparte la opinión de que el voto verde en España “es mayoritariamente joven”. “Y creo que va creciendo la preocupación por el medio ambiente”, añade. “Corrientes como la de Íñigo Errejón han visto ahí un nicho político que no terminaba de cubrirse en España. Ahora los políticos, las empresas y los ciudadanos han empezado a poner en la agenda las preocupaciones ecológicas. Y la gente empieza a vincular que los problemas que siempre han tratado los partidos verdes tienen unas implicaciones económicas fuertes que les empiezan a afectar”. Por este motivo el experto opina que “todos los partidos van a tener que incorporar propuestas sobre estas políticas verdes, incluidos los partidos conservadores tradicionales y los liberales, porque se están dando cuenta de que es una agenda política que se la está quedando, entre comillas, la izquierda y donde ellos no tienen un discurso sobre este tipo de ofertas pero saben que van a tener que estar”.

El director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos España aporta otra reflexión: “La ventaja de nuestro país es que, aunque lleguemos con retraso a muchos de estos debates, nos ponemos al día muy rápidamente e incluso adelantamos a algunos países que nos llevaban ventaja durante tiempo”.

Marta Higueras, la que fuera número dos de Íñigo Errejón en la candidatura de Más País al Congreso de los Diputados, ha informado este miércoles a sus compañeros del grupo municipal de Más Madrid que renuncia a tomar posesión de su acta de diputada y que continuará como concejala en el Ayuntamiento de la capital, según confirman fuentes del grupo municipal a eldiario.es y ha adelantado El Independiente.

La también concejala en el Consistorio, Inés Sabanés, era la siguiente de la lista de Más País y previsiblemente será la diputada que finalmente tome posesión del segundo escaño que ha sacado la candidatura de Errejón en Madrid. Sabanés entró en la lista de Más País como candidata de Equo, después de que ambas formaciones llegaran a un acuerdo de coalición tras una consulta a las bases que supuso la ruptura del partido verde con Unidas Podemos.

La noche electoral del 10 de noviembre había dejado fuera del congreso a Equo. La formación ecologista se quedaba sin escaño en el Congreso de los Diputados desde que entrara por primera vez en la Cámara Baja en 2015. La renuncia de Higueras, por tanto, son buenas noticias para el partido ecologista.

Sabanés fue una de las ediles que más protagonismo tuvo durante el Gobierno de Manuela Carmena al ser la impulsora de Madrid Central, la medida que restringe el tráfico en el centro de la capital. Sabanés, número 6 de la lista de Más Madrid en las municipales de mayo, volverá al Congreso de los Diputados 23 años después, cuando fue diputada por Izquierda Unida con Julio Anguita.

En dos décadas, Sabanés (Cubells, 1953) ha recorrido los distintos administraciones tanto regional, autonómica como municipal. La edil fue diputada nacional entre 1996-1999 con IU, concejala en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid entre 1999 y 2007, diputada autonómica y portavoz en la Asamblea de Madrid entre 2007 y 2011 y concejala de gobierno con Ahora Madrid (2015-2019) en el que ocupó el cargo de delegada de Medio Ambiente y Movilidad.

Higueras ha tomado la decisión “que era mejor para el grupo municipal”, aseguran fuentes de la formación y así se lo ha comunicado este miércoles a sus compañeros. La decisión de Errejón de colocar a Marta Higueras como número dos fue una manera de garantizarse el apoyo de la exalcaldesa Manuela Carmena.

“El grupo considera que dado que Más País quiere ser el referente verde en España y que la ecología política es un elemento transversal de todas sus propuestas de futuro, empezando por la emergencia climática, es importante que EQUO esté representado en el Congreso”, ha informado la formación en un comunicado. “Es muy importante el hecho de que esté representado a través de una persona como Inés Sabanés que cuenta con una amplia experiencia y con gran reconocimiento por la puesta en marcha de medidas medioambientales valientes para la lucha contra la contaminación y el cambio climático en Madrid que situaron a nuestra ciudad en la vanguardia de Europa durante la anterior legislatura”, concluyen.

Inés Sabanés (Cubells, Lleida, 1953) aspira a regresar al Congreso de los Diputados veinte años después. Sabanés fue una de las diputadas de Izquierda Unida en la VI legislatura (1996-1999), cuando el partido entonces liderado por Julio Anguita consiguió su mejor representación en la Cámara Baja: 21 escaños. Ahora, la que fuera una de las caras más visibles del Gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid (2015-2019), la concejala que impulsó la medida que restringía por primera vez el tráfico en el centro de la capital, Madrid Central, concurre a las elecciones generales en las listas de Más País, el partido de Íñigo Errejón, que debuta en la política nacional el 10N.

Sabanés ocupa la posición número tres de la candidatura por Madrid en representación de Equo. La ahora concejala de Más Madrid reconoce abiertamente que el objetivo es formar grupo parlamentario y tener presencia, recursos y mayor influencia. Aunque las encuestas los primeros días apuntaban a que podrían lograrlo, los últimos sondeos no son tan optimistas. La formación ha atravesado su primera crisis interna marcada por dos episodios: el abandono de una de sus caras más visibles con duras críticas a la dirección, Clara Serra, y la dimisión de un concejal en el Ayuntamiento de la capital Pablo Soto tras una acusación de acoso.

Sobre las críticas a que Más País se presente en la provincia de Barcelona confrontando con Ada Colau, Sabanés defiende que el partido debe “expresar su idea de país para Catalunya” y ser parte de la solución.

¿Cuáles son las expectativas de Más País para estas elecciones generales?

Tener un número suficiente de diputados y diputadas para tener grupo propio. Esas son las expectativas de partida y de ahí para arriba. Teniendo grupo propio eres más visible y se puede hacer mejor la tarea. Favorece las alianzas, el diálogo. Y se tiene además más presencia y capacidad administrativa.

Si consigue el escaño, volverá al Congreso de los Diputados 20 años después, ¿ha cambiado la política nacional con respecto a su anterior etapa?

Mi primera etapa que duró del año 1996 al 1999 fue muy intensa y la verdad es que aprendí muchísimo. Era un grupo de 21 diputados de Izquierda Unida a los que tengo un enorme respeto, a ellos y al trabajo que hicimos en aquella época. Sustancialmente, por lo que veo desde fuera, en lo esencial no ha cambiado demasiado debido a que no hemos evolucionado demasiado ni en cambios electorales ni en los grandes bloques institucionales.

La manera en que Más País ha saltado a la esfera política nacional, de una forma un poco apresurada por los plazos, sin programa terminado y con unos problemas para elaborar incluso las listas... ¿Da la razón a los que dicen que se han podido precipitar?

No. Cuando eres una fuerza importante en la Comunidad de Madrid, lo has sido en el en el Ayuntamiento de la capital porque has gobernado y lo estás siendo en otros ayuntamientos, no se puede decir que nos hemos precipitado porque llevamos tiempo trabajando en cuestiones esenciales de financiación autonómica, de políticas de vivienda.... En mi caso, por ejemplo, es imposible que no tenga en mi cabeza un marco legal de movilidad sostenible o de financiación del transporte. Es imposible con toda nuestra trayectoria que alguien piense que es muy precipitado aunque estemos ultimado el programa. Sabemos lo que queremos como proyecto de país y cuáles son las prioridades. Hemos empezado en lo local y sabemos cuáles son las grandes problemas que hoy afectan a la gente. Tenemos suficiente experiencia de trabajo y una reflexión hecha para tener un proyecto solvente.

Pero han tenido problemas para poder elaborar las listas.

Sí, es indudable que los plazos cortos no son el mejor escenario para hacer con calma todo el proceso de listas. Aún así, se ha hecho un trabajo de ratificación. Se ha hecho un trabajo importante, diría que más allá de lo que hacen algunos otros partidos.

Pero esa ratificación de la lista ha terminado con los procesos de primarias abiertas y proporcionales. ¿Justifican las prisas este enorme cambio que se vendió como una bandera de los partidos del cambio?

No es un problema de prisas. Todos los partidos han ido ensayando, incorporando, buscando fórmulas que al final conecten a su electorado con el modelo de elección que haces y que no esté tan dependiente solo de los procesos internos de cada fuerza política que tiene un número X de militantes, pero luego un número mucho más amplio de votantes. Creo que se ha trabajado en esa dirección. Unas primarias abiertas serían el siguiente paso, que también hay que pensar muy bien antes de cerrarlo.

Esta semana ha sido una de las más difíciles para Más País por varios motivos. Uno de ellos, la dimisión de Clara Serra, uno de los referentes feministas del partido. Serra abandonaba la formación con fuertes críticas a la organización, entre ellas que es una formación sin una organización clara y sin contrapesos. ¿Lo comparte?

No, creo que no. A mí no me preocupan los desencuentros, sino saber gestionarlos bien, sabiendo que a la larga, este proceso de cambio será más abierto, para que tengan más papel los votantes, en el que haya menos peso de los aparatos. Lo estamos construyendo. Aspiramos a que los desencuentros sean una parte del proceso pero que después haya una recomposición.

¿Con Serra?

Con Serra y con más gente.

Las críticas de Serra apuntan directamente a lo que es la organización, sin contrapesos y en la que solo se priman los hiperliderazgos.

Sin duda en toda construcción hay que evaluar, hay que corregir y hay que matizar cosas, pero creo que es una definición demasiado sencilla para la complejidad de tomar todas estas decisiones y que la cosa funcione, que sea estable.

Serra cuestionaba también la candidatura en Barcelona, que se enfrentará a Ada Colau. ¿Cuál es el objetivo de Más País presentándose en Barcelona?

Es difícil presentarse a unas elecciones de carácter general y nacional si no puedes expresar tu idea de país para Catalunya ni ofrecerte para ser parte de la solución a través de un diálogo. Y luego está la ley electoral, que aunque es muy mala, es mucho menos mala en aquellos lugares donde las circunscripciones son grandes, tienen un nivel alto de población y por tanto hay un número alto de diputados. Ahí la ley D'hont es casi proporcional, como en Madrid. Aunque no digo que no pueda producir un cierto efecto.

Con Clara Serra se va el referente feminista del partido.

Clara seguirá siendo un referente para mucha gente y ha sido una magnífica diputada. Esa discrepancia por la que abandona en un tema de orden organizativo, es importante introducirla en el debate. No considero la ruptura hasta el adiós.

Otra de las crisis de esta semana ha sido la dimisión de su compañero en el Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto. ¿Cuál es el protocolo que se ha seguido desde su grupo municipal?

Se ha seguido el protocolo que siguen organizaciones políticas y también judiciales. Primero diferenciar siempre quién es la víctima y quién es el objeto a proteger. Con todo ello se hizo un informe independiente, autónomo y exigente. No hay excusas, con independencia de los temas de reflexión personal. Se comprobaron todos los elementos y determinamos si en base a las exigencias de las normas y leyes de lucha contra la violencia de género, se daban las condiciones en las que se debía asumir la responsabilidad.

¿El proceso cumple con todas las garantías?

En mi criterio, sí. Pero sobre todo, por difícil que nos pueda parecer, hay que tomar mucha distancia y poner la atención en la persona que sufre.

En este caso no hay una denuncia judicial, de momento contra Soto. ¿Cómo se conjuga la presunción de inocencia, la protección de una víctima que acude a los canales internos, y la ejemplaridad en un asunto que es una de las banderas de partida?

Pues actuando, dando credibilidad a la víctima y comprobando. Con un informe externo y especializado. La presunción de inocencia siempre pienso que es algo que es del orden penal, pero en el orden político hay seguramente otro baremo que como partido tenemos que cumplir.

Este viernes presentaron el programa verde del partido. Proponen entre otras muchas medidas, una jornada laboral de cuatro días y aseguran que esto producirá mejoras medioambientales, ¿en qué sentido?el programa verde del partido

Como redistribución del tiempo, pensando también en los cuidados, se producen menos desplazamientos, menos estrés y mejora la movilidad. Hay mejoras desde hábitos de movilidad, pero también para los hábitos de alimentación. Y se ha planteado en un horizonte de transformación, de cambios tecnológicos que generarán modos absolutamente distintos de trabajar. Hay que redistribuir los objetivos con relación a las jornadas en un mundo avanzado donde hay mucha más eficacia en la producción.

Otra de las medidas es rebajar la edad de voto a los 16 años. ¿Cuál es el objetivo?

Es una cuestión que se lleva barajando mucho tiempo. No puedes tener una asimetría tan grande entre la responsabilidad en lo laboral y en lo penal que no se corresponda con los derechos políticos.

Pero alguien puede pensar que esa reivindicación es oportunista porque ustedes podrían verse beneficiados de ese voto joven, que es más ecologista.

Los jóvenes de forma autónoma han dado un toque de atención a todos los partidos, a todos los medios, a la hora de enfocar la emergencia climática como una acción emergente. Medir eso estrictamente en términos de qué pasaría en un momento electoral o no, es precipitado, por no decir imposible. Pensarlo en términos de rentabilidad electoral no tiene sentido. Lo que sí que me parece muy importante es que con el apoyo a Más País o con el apoyo a los verdes europeos o con el apoyo a formaciones de similares características, la gente más joven está diciendo que hay un tema que es el derecho al futuro que tenemos que contemplar.

Otra de las de las medidas que proponen es impulsar una Ley de cambio climático y transición energética y detallan objetivos concretos de reducción más exigentes de los que ahora se han planteado desde el Gobierno.

Fue en 2009 cuando se lanzaron los primeros avisos de que la contaminación de Madrid era un problema. Han pasado diez años y no está resuelto. Acaban siendo procesos demasiado largos para la emergencia que tenemos sobre la mesa y por tanto, hay que aligerar. Llevamos hablando del tema e incumpliendo normativas muchísimos años. La mitigación y la adaptación al cambio climático es ya una realidad. No se puede seguir consumiendo recursos y tirando y no reutilizando, por ejemplo. Ahí hay una tarea que hacer para que el cambio se haga desde la justicia social. Y hay margen desde los sectores de reconversión industrial, del transporte, con una buena inversión, para favorecer la renovación de flotas o los sistemas en el caso de energía de autoconsumo cooperativo.

En el análisis que hace Más país Equo de la emergencia climática, ¿hay tiempo para revertir la situación?

Si seguimos pensando en moratorias y nunca encontramos el momento, desde luego no. Hay que actuar con más intensidad. Nosotros planteamos una ley de financiación de transporte público. Tenemos que reservar espacios e inversiones para un transporte público que sea mucho más eficaz y sostenible. El tiempo, y lo advierte Naciones Unidas, se está acabando. Los fenómenos que ya se producen son claros indicadores de que se acaba el tiempo.

¿Cree que no se ha actuado en este tipo de políticas porque tenían poca rentabilidad electoral?

Sí, y eso está cambiando. Siempre he explicado que hay procesos de transformación, de transición ecológica, de transición energética, que es obvio que no se corresponden con los periodos electorales. Entonces más nos vale hacer un acuerdo de país, en mi caso yo lo pedí de ciudad, en Madrid, para tener las medidas a corto y medio plazo en marcha cuanto antes. Debe haber un acuerdo global para que las medidas no sean objeto de una absoluta manipulación por criterios partidistas que lo que hacen es retroceder una conciencia colectiva. La lección a aprender es que los periodos electorales son demasiado cortos y no se pueden parar estrategias porque llegan las elecciones en función de lo que convenga a los partidos.

¿Se dan esas condiciones para un gran acuerdo en España, teniendo en cuenta la enorme fragmentación de partidos?

Con todos los partidos, no; pero con una mayoría, sí. El negacionismo siempre va a existir y las posiciones absolutamente atropelladas con una metodología que no se basa en el rigor, van a seguir existiendo. Pero si somos capaces de tener diagnósticos independientes y confiamos en los científicos y en los expertos, es la hoja de ruta que tiene que llevar a ese acuerdo de país. Nuestro país tiene un componente de oportunidad para reformar el modelo económico productivo, para hallar nuevos yacimientos de empleo, para una mayor cualificación, una mayor investigación.

¿Puede especificar más a qué oportunidades laborales se refiere?

Un ejemplo: la rehabilitación de viviendas para adaptarlas a criterios de eficiencia energética es una nueva modalidad, nuevas oportunidades de empleo, tanto tecnológicos (placas, infraestructuras...), como en producción y en los servicios. El tratamiento para ir a un modelo de mayor reutilización en residuos urbanos y toda la parte más de infraestructura verde, bosques urbanos que mitiguen el cambio climático... También tanto en la producción vegetal como en la arquitectura bio-sostenible. Para todo eso se necesitan especialistas.

Otra de las medidas que plantean es limitar los vuelos nacionales. ¿Cómo se conjuga con los lobbys económicos?

Hay que explicar que la economía y la ecología no están reñidas. Desde la corresponsabilidad, los grandes lobbys tienen que entender que una transición de estas características genera especialización, genera cambios y genera oportunidades. Y hay que plantearse los beneficios de forma más sostenible también.

El nuevo gobierno municipal de Madrid aprobó hace una semana su plan para cambatir la contaminación. Ustedes han criticado duramente esas medidas. ¿Qué es lo que peor?

Los niveles de contaminación en Madrid Central se habían contenido mucho, pero con su flexibilidad, con su acción, con su mensaje confuso y absolutamente distorsionado, han generado que lo que habíamos ganado en concienciación, se haya perdido e ido para atrás y ahora los niveles de contaminación son peores. Tienen la hipoteca de haber sido absolutamente demagogos mientras estaban en la oposición.

¿Pero cuál cree que es la medida de esa nueva configuración de Madrid Central?

Lo fundamental es que con un envoltorio de medidas que ya se estaban tomando, se estaban haciendo y a las que no les ha dado la gana de darle el criterio metodológico riguroso de evaluación, que lo tienen, han hecho como una especie de envoltorio para al final dejar entrar a los vehículos de etiqueta C en el centro y eso es tanto como cargarse Madrid Central.

Esta semana ha salido a defender el carril bici para la Castellana. ¿Por qué no lo hizo durante su etapa en el gobierno?

Lo planificamos, revisamos el plan director ciclista, pero tuvimos mucha oposición y mucha confrontación. Reconozco que es uno de los temas, lo he hablado con el exconcejal José Manuel Calvo, que seguramente podíamos haber hecho. Podíamos haber actuado con más rapidez, pero la verdad es que en cuatro años, todos los cambios que hay que hacer a veces no se pueden. Empezamos con el Plan de Calidad de Aire, la reforma de Gran Vía...

Puede acabar haciéndose ahora porque encima lo impulse Vox, ¿lo apoyarán si surge del partido de extrema derecha?

Por supuesto.

Usted que viene del movimiento ecologista, ¿entiende las críticas de colectivos como Ecologistas en Acción a la Operación Chamartín?

En primer lugar, nosotros recibimos un proyecto que tenía unas condiciones que no dependían solo del Ayuntamiento de Madrid. Los terrenos son del Estado, y también dependía de la Comunidad. Había que rematar esa zona e hicimos muchas correcciones a la Operación Chamartín que nos encontramos. Tiene muchos elementos para que cuando se vaya desarrollando favorezcan los espacios públicos y los espacios reservados para el transporte público y que ahora tienen que preservarse.

¿Existe el riesgo de que desaparezca Equo?

Creo que no. Si lo miras a corto plazo, lo he dicho antes con el tema de Clara, estos espacios distintos agrupados de una forma mucho más abierta y con la participación real de la gente, tenderán a la colaboración y no a la confrontación.

Pero hubo muchas dimisiones y también vemos que se va a concurrir de manera diferente según comunidades autónomas.

Los acuerdos de la Comunidad y de los ayuntamientos se respetan. Mayoritariamente la gente ha votado concurrir con Más País y es lo que mayoritariamente se está haciendo en Equo. Otra gente ha preferido, no por votación sino por decisión, concurrir con Unidas Podemos, que son cosas diferentes. No obstante la experiencia y el tiempo quizá me hacen mirar con cierta distancia que todas estas turbulencias a lo larga tenderá a recomponerse.

Usted fue muy criticada por haber ejercido de portavoz en la asamblea en la que se decidió que Más Madrid concurriría a las generales, sin que estuviera aún claro con quien debía aliarse Equo.

No quiero entrar mucho en este tema, pero yo llevo ejerciendo como persona de Equo en las confluencias desde hace mucho tiempo. Yo he hablado también como Ahora Madrid por ejemplo y en aquel momento en Madrid ya había una disposición a caminar en esa dirección.

Era un secreto a voces pero este martes se ha confirmado: Inés Sabanés irá en el puesto dos o tres de la candidatura de Iñigo Errejón. Sabanés ocupará el lugar de salida en la lista destinado para Equo, tras el acuerdo de coalición que Más País cerró con la formación ecologista.

Inés Sabanés es concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital. La edil ejerció de portavoz del partido en la asamblea que decidió que Mas País concurriría a las elecciones. La edil ha sido una de las que más protagonismo ha tenido durante el Gobierno de Manuela Carmena al ser la impulsora de Madrid Central, la medida que restringe el tráfico en el centro de la capital.

Si los sondeos que pronostican al menos cuatro diputados por Madrid al partido que lidera Iñigo Errejón, Sabanés, número 6 de la lista de Más Madrid en las municipales de mayo, volverá al Congreso de los Diputados 23 años después. En dos décadas, Sabanés (Cubells, 1953) ha recorrido los distintos administraciones tanto regional, autonómica como municipal. La edil fue diputada nacional entre 1996-1999 con Izquierda Unida, concejala en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid entre 1999 y 2007), diputada autonómica y portavoz en la Asamblea de Madrid entre 2007 y 2011), concejala de gobierno con Ahora Madrid (2015-2019) ;como delegada de Medio Ambiente y Movilidad.

Inés Sabanés ha manifestado que le ilusiona la posibilidad de ser una diputada ecologista, pero también muy vinculada a la circunscripción de Madrid. “Se necesitan muchos cambios institucionales para poner a los ayuntamientos en el lugar que ocuparon y que fue barrido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que les restó capacidad de autonomía. Creo que esa visión ecologista y madrileña sería una buena opción”.

Más País ha registrado acuerdos para presentar candidaturas conjuntas con Equo en las provincias de Madrid, A Coruña, Pontevedra, Murcia, Zaragoza, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Bizkaia y Asturias.

La irrupción de Más Madrid en el tablero nacional vuelve a hacer mella en la fragmentada Equo. La formación ecologista que atraviesa una dura crisis se debate entre los que apuestan por repetir la alianza electoral con Unidas Podemos y quienes simpatizan con la formación de Íñigo Errejón. El diputado nacional de Equo y cara más visible de la formación, Juan López de Uralde, arremetía este domingo contra otra de los pesos pesados del partido Inés Sabanés por ejercer de portavoz de Más Madrid en la asamblea en la que se ha decidido que el partido concurrirá a los comicios de noviembre.

“En los estatutos de Equo no se permite la doble militancia. Mucha gente de Equo no está de acuerdo con la presencia hoy de gente de equo Madrid en lo de Errejón”, lanzaba en su cuenta de Twitter el diputado de Unidas Podemos.

Durante la asamblea celebrada este domingo entre las bases de Más Madrid, la edil de la formación en el Ayuntamiento de Madrid ha sido la encargada de atender a los medios de comunicación tanto a la entrada como a la salida del acto. Sabanés ha sido la persona que ha anunciado la decisión de la militancia que por abrumadora mayoría ha apostado por una candidatura a nivel nacional del partido de Errejón.

“Más Madrid no es una confluencia, es un partido, ¿de qué partido eres, de Errejón o de Equo?”, critica Uralde en declaraciones a eldiario.es. “No existe un acuerdo de coalición con Más Madrid. Tienen que decidir si están en Más Madrid o en Equo y lo que parece es que están militando en dos partidos e incumplen los estatutos”, insiste el exdirector de Greenpeace España y cofundador de Equo.

Sobre si las personas de Equo Madrid que este domingo estaban presentes en el acto de Más Madrid pueden ser expulsadas, Uralde cree que no pasará nada al ser una posición que comparte la dirección de la formación ecológica regional: “La ejecutiva está posicionada a favor suyo y por eso no va a ocurrir nada”.

Desde la dirección de Equo Madrid desmienten las palabras de su diputado nacional. “No tiene razón, los estatutos de Equo permiten la doble militancia; además nosotros participamos en la asamblea porque formamos parte de Más Madrid tanto en Ayuntamiento como en Comunidad”, asegura Alejandro Sánchez, diputado de Equo con Más Madrid en la Asamblea, en declaraciones a este diario. “Formamos parte de Más Madrid y no vamos a mirar hacia otro lado”.

El diputado autonómico defiende que los estatutos de la formación ecologista lo que “no permiten es que te presentes en una lista en contra de la decisión de las bases de Equo” y eso no ha pasado. “El único que está incumpliendo desde hace tiempo la decisión de las bases es Juan [López de Uralde], como ocurrió en julio cuando la militancia dijo que había que apoyar la investidura de Sánchez y él se abstuvo”.

No es la primera vez que la ruptura de Errejón con Podemos genera divisiones dentro de la federación madrileña y la estatal. En los comicios autonómicos, la militancia madrileña de Equo eligió formar parte de una candidatura conjunta con Más Madrid para las elecciones autonómicas de mayo frente a la opción de sumarse a Podemos.

Ahora que hay repetición electoral y Más Madrid ya ha dicho que concurrirá, el debate de a quién sumarse vuelve a dividir a Equo. Para Uralde la decisión se tomó en la asamblea extraordinaria por unanimidad de noviembre de 2018 y solo en un formato similar esto podría deshacer esa decisión. “No me planteo otra decisión que ir con Unidas Podemos y si se toma otra decisión yo no estaré”, defiende el diputado de Equo que abandonaría su formación si se decide romper la confluencia con Unidas Podemos. “Yo voy a seguir con Unidas Podemos. Es el espacio en el que debemos estar”, señala Uralde mientras califica al partido de Errejón de “oportunista”.

Hay convocada para el próximo 27 de octubre otra asamblea extraordinaria pero a juicio de Uralde no da tiempo a hacer un cambio de alianzas con las elecciones ya convocadas.

Alejandro Sánchez en cambio defiende que nunca se ha tomado la decisión en una asamblea, sino que es la ejecutiva del partido la que decide por qué alianzas apostar y posteriormente es la militancia la que lo ratifica mediante una asamblea. Por tanto a juicio del diputado autonómico, ante un escenario de repetición electoral y teniendo en cuenta las alianzas en Madrid, tendrá que decidirse de nuevo si se concurre con Unidas Podemos o se apuesta por Más Madrid. “En la federación de Madrid tenemos claro con quien queremos ir, y es con la opción de Íñigo Errejón”.

La ruptura parece irreconciliable y lo cierto es que no sería la primera vez que se produciría a las puertas de unos comicios. Ya ocurrió en mayo en las elecciones europeas cuando a 24 horas de que se cerrase el plazo legal para registrar las coaliciones electorales, la dirección de Equo saltó por los aires tras conocerse el resultado de un referéndum convocado entre las bases del partido ecologista y cuyo resultado abogaba por romper la alianza sellada con Podemos e IU y apostar por una nueva con la coalición liderada por Compromís. Finalmente la candidatura de Equo se partió en dos y la división interna les dejó fuera de las europeas.

El Juzgado de Instrucción nº 52 de Madrid ha confirmado este viernes el sobreseimiento y archivo de las actuaciones iniciadas por el Partido Popular contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, por la compra de Bicimad a Bonopark.

Así lo ha avanzado la propia Sabanés este viernes durante el mitin de cierre de campaña. “Lo único que había hecho era resolver un problema gravísimo del PP”, ha asegurado la edil y candidata de Más Madrid. “Lo hicimos con mucho éxito que era lo que les molestaba”, ha añadido.

“Lo único que lamento es que no haya llegado Bicimad a toda la ciudad”, ha defendido. “Con ayuda de Manuela [Carmena] hemos resistido el insulto, la mentira; con elegancia, con dignidad”, ha agradecido Sabanés.

El Ayuntamiento cerró un acuerdo con Bonopark por 10,5 millones de euros para que Bicimad estuviese gestionado por la Empresa Municipal de Transportes. El Partido Popular se querelló contra Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, al considerar que hubo malversación de caudales públicos y prevaricación en el precio por el que el Consistorio adquirió el servicio.

La Fiscalía había pedido el sobreseimiento al considerar que una administración pública que opte en su labor de gestión por una opción concreta para la prestación de un servicio público, descartando otras también posibles, siempre que dicho acuerdo se ajuste a la legalidad, no es constitutivo de infracción penal, y que no se habían acreditado los hechos denunciados. Los peritos judiciales avalaron el precio de compra.

El Ayuntamiento de Madrid ya ha hecho un primer balance “positivo” de los diez primeros días de la zona de bajas emisiones Madrid Central. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha destacado la disminución del tráfico tanto dentro de Madrid Central como en su perímetro, un aumento de los viajeros del transporte público y un incremento del uso de Bicimad, el servicio municipal de alquiler de bicicletas eléctricas.

En concreto, Madrid Central ha supuesto unos 10.000 viajeros más al día en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), competencia del Ayuntamiento. Esto ha venido acompañado una mejora en la regularidad de las líneas de EMT alrededor de un 1% por una mayor fluidez del tráfico, especialmente las que circulan por el interior de Madrid Central. Las líneas que pasan por la zona de bajas emisiones, especialmente en Gran Vía, han notado mejoras de la velocidad comercial de hasta un 20%.

En los ejes principales del interior de Madrid Central en días de diario se observa una disminución del tráfico, lo que se traduce en más fluidez: se ha registrado una caída del 30,48% en la intensidad en Gran Vía con respecto a 2017, del 8% en San Bernardo y del 10% en calle Toledo.

Esta disminución del tráfico dentro del área con restricciones se ha notado fuera, donde también ha descendido, evitándose el “efecto frontera”, según ha acuñado Sabanés. La media de descenso del tráfico fuera de Madrid Central ha sido del 2%. Por su parte, en la M30 se ha obtenido un incremento de intensidad del 1,6%, ;que según el Consistorio no ha afectado a la fluidez de la vía.

También ha aumentado el uso de Bicimad en el interior y el perímetro de Madrid Central. En concreto, ha habido un 20% más de viajes respecto al mismo periodo del año pasado, teniendo en cuenta la tendencia de crecimiento que se había producido.

Menos vehículos en la zona SER

Además, se han vendido un 50% menos de tickets del SER en comparación con el mismo periodo del año pasado y un 80% menos por parte de automóviles sin etiqueta. Las denuncias por no tener tique ha disminuido un 40%.

En el perímetro, ha habido también un descenso de tiques de las zonas SER de entre un 3 y un 6%, lo que demuestra para el Consistorio que aquí tampoco se ha sufrido el “efecto frontera”.

El impacto de Madrid Central en los aparcamientos gestionados por la EMT no es muy significativo durante los días laborables que permanece casi constante con un crecimiento del 1,4%. Los parking fuera de Madrid Central sin embargo registraron un aumento del 8%. Los fines de semana esta tendencia se invierte y crece el uso de los aparcamientos dentro de Madrid Central hasta un 11%, mientras que los del perímetro se mantienen.

Protocolo anticontaminación

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid ha aconsejado a la Comunidad a que deje de hacer “demagogia” y de caer en “simplezas” después de que desde la Puerta del Sol se afirmara que con la entrada en vigor de Madrid Central los niveles contaminantes han aumentado un 63% en las estaciones centrales.

Para la coordinadora de Sostenibilidad y Control Ambiental, Paz Valiente, esas manifestaciones autonómicas denotan una “profunda incultura”. “Contabilizar los niveles contaminantes en una única semana no tiene valor”, es “absurdo” en un asunto tan complejo como la medición de la contaminación, ha asegurado Valiente.

La coordinadora ha asegurado que los datos de 2018 son mejores que los de 2017: las superaciones de los niveles anuales fueron quince el año pasado y cinco en este. “La tendencia es buena pero no sirve analizar periodos de diez días porque no significan nada”, ha apostillado.

En la misma línea ha ido Sabanés, que ha señalado que, de todo la serie, iniciada en 2010, “es el mejor año”, tanto por las medidas tomadas por el Ejecutivo municipal actual como por las acumuladas. La concejala ha aconsejado al Gobierno regional “que estudie el fenómeno de la contaminación, que no haga demagogia y que no diga simplezas sobre la medición”. Inés Sabanés ha reclamado más coordinación institucional frente a la confrontación y que se dejen de “torturar los datos”.

La Comunidad de Madrid ha llevado a los tribunales su guerra contra la medida del Ayuntamiento de la capital que restringirá el tráfico más contaminante en el centro de la ciudad. El presidente autonómico, Ángel Garrido, detallaba este miércoles en una rueda de prensa monográfica los dos recursos con los que su administración pretende parar la puesta en marcha de Madrid Central que entrará en vigor el 30 de noviembre, si la justicia no lo impide. Uno de ellos ya lo ha presentado y el otro lo interpondrá a lo largo de esta semana.

Ante lo que el Gobierno de Manuela Carmena considera un “ataque” a su autonomía local y una “irresponsabilidad” del PP, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Inés Sabanés, viaja este jueves a Bruselas para intentar que la Comisión Europea se posicione a favor de una medida que ha permitido que España se libre de una sanción de cientos de millones por los altos niveles de contaminación en la ciudad.

Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Rumanía y Hungría sí van a ser llevados ante los jueces continentales por la Comisión Europea. Los ministros de Medio Ambiente de los países con graves problemas de polución fueron convocados por la Comisión a finales de enero. El Ejecutivo comunitario los conminó a tomar acciones efectivas para rebajar la contaminación en sus puntos negros. Los planes de España han bastado, de momento, para convencer a la CE, según informó el organismo en mayo.

La Comisión Europea dio entonces un año de plazo a España para acometer las medidas a las que se había comprometido para reducir los altos niveles de polución o volverá a ser un país sancionable. Entre esas medidas está Madrid Central. De ahí que la estrategia del Gobierno de Ahora Madrid pase por ir este este jueves a Bruselas a pedir amparo. Junto a Inés Sabanés viaja también Alejandro Sánchez, diputado de EQUO en la Asamblea de Madrid.

Ambos participarán en la Comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara para defender su petición de que las Unión Europea “se implique para garantizar el cumplimiento en Madrid de las normativas europeas sobre calidad del aire que la Comunidad y el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento han incumplido desde 2010”, explican fuentes municipales a eldiario.es. Posteriormente Sabanés y Sánchez se reunirán con el director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, para abordar esta misma cuestión. También la ONG Ecologistas en Acción viajará a Bruselas a la espera de poder participar en la Comisión de Peticiones.

A menos de diez días para su entrada en vigor, el Gobierno municipal se enfrenta a que Madrid Central, su medida estrella para frenar la contaminación y mejorar la movilidad, sea paralizada por la justicia. Dos recursos, uno de la Comunidad de Madrid y otro del PP en el Ayuntamiento, solicitan medidas cautelares para evitar su puesta en marcha el 30 de noviembre, antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resuelva sobre el fondo del asunto. Los recursos solicitan la anulación de la Ordenanza municipal de Movilidad que comenzó a funcionar el 24 de octubre y en la que se enmarca Madrid Central. Según publica Europa Press, el TSJM tiene previsto estudiar los recursos de la Comunidad y del PP los días 28 y 29 de noviembre.

El segundo recurso de la Comunidad de Madrid lo presentará a lo largo de esta semana, ha asegurado el presidente regional en su rueda de prensa. Éste irá contra el decreto aprobado en la Junta de Gobierno extraordinaria del Ayuntamiento del pasado 29 de noviembre en la que se fijaba su puesta en marcha para el último día de noviembre. “El PP de Madrid va a estar al lado de la Comunidad en todas las medidas y acciones legales que emprenda en contra”, aseguraba este miércoles la secretaria de Comunicación de los populares, Isabel Díaz Ayuso.

Competencias autonómicas, según la Comunidad

De un amago de tregua a la guerra total en los tribunales. La Comunidad de Madrid pasó de aparentar una voluntad de diálogo con el Ayuntamiento de Madrid sobre Madrid Central a recurrirlo ante la justicia. Y hay otra ofensiva abierta contra las políticas anticontaminación de Carmena por parte de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Garrido también ha puesto el ojo en el nuevo protocolo contra los picos de polución del Ayuntamiento que entró en vigor el pasado 8 de octubre y que endurece las medidas ante altos episodios de polución.

A través de una carta firmada por el presidente y remitida el 29 de octubre a la alcaldesa, la Comunidad de Madrid daba un plazo de un mes al Ayuntamiento para anular el protocolo. De lo contrario, el Gobierno regional amenaza con acudir también a los tribunales para pararlo.

Las tensiones a cuenta de Madrid Central ha dejado en punto muerto la comisión técnica urgente que acordó el Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid para abordar las necesidades de transporte público una vez la medida empezara a funcionar, teniendo en cuenta además que comienza el periodo navideño.

El enfrentamiento político entre la Comunidad de Madrid mantiene a la capital en la incertidumbre sobre cómo se compensarán con transporte público esas restricciones a los vehículos. A solo diez días de la implantación del proyecto del Ayuntamiento, las dos administraciones no se han vuelto a sentarse para abordar la movilidad en la ciudad en este nuevo escenario.

La Comunidad de Madrid argumenta en su recurso contra Madrid Central que afecta a competencias autonómicas en materia de transporte público y que el proyecto no ha estado sometido a información pública y audiencia correctamente. Para la administración autonómica, la medida afectará a otros municipios de Madrid sin que se hayan planificado los servicios desde el Consorcio regional de Transportes. La Comunidad critica que el ayuntamiento solo haya previsto un incremento en los autobuses urbanos, de competencia municipal, ya que asegura que la mayoría de desplazamientos se producen desde fuera de Madrid ciudad.

El Gobierno de Ahora Madrid asegura que “la única competencia” de la Comunidad es “la planificación del transporte público” y “no la quieren ejercer”. El Partido Popular ha convertido desde el primer momento las medidas anticontaminación de Carmena en un frente de batalla contra su Gobierno. La portavoz del PP en la nueva dirección regional, Isabel Díaz Ayuso, acusó al Ejecutivo de Ahora Madrid hace unas semanas de ir “contra la libertad de movilidad de los madrileños.

Las lluvias que han caído en Madrid en las últimas horas han motivado la última reaparición de Cristina Cifuentes. Todo ha comenzado tras un tuit de la expresidenta madrileña, en el que se quejaba de la inundación en la plaza de Colón y de que el Ayuntamiento no se preocupara por ello.

A eso ha respondido Inés Sabanés, actualmente delegada de Medio Ambiente, que le ha recordado a Cifuentes que el saneamiento es competencia del Canal de Isabel II. Es decir, de la Comunidad de Madrid que la exlíder del PP madrileño presidió hasta el pasado abril.

El tuit de Cifuentes no ha pasado desapercibido, ya que su actividad en la red social se ha reducido notablemente desde que dimitió como presidenta de la Comunidad de Madrid. Las reacciones a su mensaje han ido desde el reproche a los chistes, con algunos tuiteros diciéndole que ya se estaba metiendo en otro charco. Algo que ella se ha tomado con humor.

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El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha echado la culpa al Ayuntamiento de la capital de las aglomeraciones que se están produciendo en el metro por el “colapso” que está provocando su “nefasta gestión del tráfico”.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras una acto en el IES Ramiro de Maeztu, Garrido ha incidido en que el tráfico en superficie “se está poniendo imposible”. “Muchas más personas están recurriendo al metro, consecuencia en buena medida de la torpeza de Podemos, que está colapsando Madrid”, ha lanzado.

El presidente de la comunidad ha recordado que firmaron un acuerdo con sindicatos que recogía la incorporación de 360 nuevos maquinistas. Ante la situación, “para dar respuesta a esta demanda”, ha asegurado que tratarán de adelantar la contratación, prevista para 2019.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha respondido a Garrido que “el problema de Metro no tiene nada que ver con que en septiembre haya más demanda del transporte público, que se supone que es para lo que trabajamos. Lo que le ocurre a Metro en este momento es que le faltan conductores, le faltan coches y, por tanto, es difícil que pueda asumir las frecuencias necesarias”.

Sabanés considera que es “culpar al Ayuntamiento de una situación que es claramente responsabilidad de Metro, de su personal, de su capacidad de respuesta, de sus frecuencias, de los vagones que ha modificado y de sus problemas” es cruzar una línea roja. “Se me acaba la paciencia”, ha advertido.

Sabanés ha señalado también al Canal de Isabel II, que, según dice, ha estado abriendo “socavón tras socavón” en la capital. “Yo no he dicho nada porque entiendo que las incidencias hay que repararlas y todos tenemos que trabajar coordinadamente”, ha concluido.

“Será el primer presidente de la Comunidad que se queja de que haya una demanda grande en el transporte público”, ha dicho la delegada de Movilidad sobre Garrido.

La gran APR (Área de Prioridad Residencial) de Centro, Madrid Central, arrancará en el mes de noviembre, con carácter informativo y mediante controles manuales cargo de policía y agentes de movilidad, y estará a pleno funcionamiento en torno al mes de febrero, ya con el sistema automatizado, han informado este jueves en rueda de prensa conjunta la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el concejal del PSOE Chema Dávila.

Desde este mes de mayo y hasta julio ha comenzado a ponerse en marcha el despliegue de este complejo proceso, dividido en fases, con el repintado y sustitución de plazas azules por verdes en el barrio de Justicia, además de estar duplicándose el número de aparcamientos de motos en calzadas e iniciarse la señalización del contorno de la gran APR, tanto con pintura como con el logotipo, y mantener reuniones informativas con los residentes del distrito, asociaciones y comerciantes.

En el verano y hasta noviembre se desarrollará el preceptivo decreto con las normas que regirán en Madrid Central y se llevará a cabo una campaña informativa con asociaciones de vecinos y comerciantes a través de comunicaciones directas.

En noviembre, tras la correspondiente campaña informativa y la instalación de la señalización vertical y horizontal. Primero arrancará con un periodo de dos meses de avisos y de prueba mediante controles manuales a cargo de policías y agentes de movilidad para después ya, los próximos meses, pasar al sistema definitivo de control automatizado.

Estará a pleno funcionamiento en torno al mes de febrero. Sabanés ha contestado tajante que se descarte todo planteamiento de aquellos que pensaran que la APR de Centro no se desplegaría hasta que las elecciones municipales no estuvieran próximas, con la idea de que las sanciones no llegaran hasta después de los comicios. “Por supuesto que antes de las elecciones estará en marcha en toda su plenitud”, ha confirmado.

El encuentro con la prensa de Sabanés y Dávila se ha producido tras la reunión mantenida entre ños dos ediles después de las incertidumbres que se habían generado en las últimas semanas entre el vecindario y los comerciantes alrededor de si Madrid Central se acometería o no en esta legislatura. Esta medida es una de las recogidas en el Plan A de Calidad del Aire. El PSOE llevaba esta iniciativa en su programa electoral y elevó la proposición a un Pleno.

Sabanés ha destacado que con Madrid Central “mejorará la vida de los residentes, la calidad acústica y ambiental, se ganará espacio de manera más satisfactoria y se preservará la salud”. Dávila se ha declarado “completamente satisfecho” con el compromiso del Gobierno de poner en marcha Madrid Central por fases y plenamente operativa en 2019.

Madrid Central supone ampliar las cuatro APR actualmente existentes para cubrir la totalidad del distrito Centro. Por ella podrán circular los vehículos de los residentes, sus invitados, los CERO emisiones y las excepciones a regular por el decreto. Se eliminarán las calles de libre circulación y con ellas el tráfico de paso para dar más espacio al peatón, al transporte público y a la bicicleta.

Inés Sabanés (Cubells, Lleida, 1964) es la concejala de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de la capital que gobierna desde hace tres años la candidatura de unidad popular Ahora Madrid tras más de dos décadas de dominio del Partido Popular. Sabanés, miembro de Equo, no es nueva en la política madrileña. Tiene a sus espaldas varios años en la oposición del Consistorio y de la Comunidad de Madrid.

Llegar al Gobierno de la capital le ha multiplicado el trabajo, asegura Sabanés, y la edil reconoce no haber tenido ni “tiempo” para pensar si quiere repetir en las listas de Ahora Madrid para 2019. Actualmente, se enfrenta a una querella del PP por la compra del servicio público de bicicletas BiciMad, una gestión que defiende y afirma que volvería a repetir. También, este viernes, comienza la comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid por esta compra que ha apoyado toda la oposición.

Muchos de sus compañeros han llegado al Ayuntamiento de Madrid este mandato, pero usted lleva muchos años en la oposición de la política madrileña. ¿Encuentra muchas diferencias de estar en uno u otro lado?

Hay mucha diferencia. Gobernar un Ayuntamiento es un tema muy intenso, porque cada decisión tuya, las que salen bien, las que salen regular, incluso las que no puedes asumir, tiene un efecto muy directo en la gente. Sobre todo, en el área que yo llevo. Estar en un Gobierno es muy intenso.

¿Cómo describe estos tres años en el Gobierno?

Muy intensos, con mucha necesidad de poner orden en contratos, problemas, deficiencias heredadas en el Ayuntamiento de Madrid. Pero hago un balance positivo en el sentido de haber puesto en marcha, y en el foco, políticas de sostenibilidad y de mejora de la ciudad que eran muy importantes.

Como concejala en la oposición fue muy activa en denunciar abusos de los que gobernaban. Ahora que está en ese lado, ¿cree que ha podido ser injusta en algunas ocasiones o todo lo contrario?

Ahora me doy cuenta de que me faltaba bastante información. Siempre he hecho un tipo de oposición lo más rigurosa que he podido. He tratado de actuar desde la oposición con toda la firmeza, pero también con todo el rigor que era posible porque me parece fundamental para la política. Me doy cuenta de que me faltaba mucha información en aquel momento. Pero los diagnósticos básicos eran acertados: sobre los recortes, sobre la rebaja de servicios esenciales, o sobre cómo no se avanzaba en poner en medio del debate la transformación de la ciudad, que estamos obligados a hacer por salud, por progresar en la línea de los trabajos que están haciendo las ciudades.

Habla de que usted intentó hacer una oposición responsable desde el rigor. Comienza ya la comisión de investigación de BiciMad y además se encuentra inmersa en estos momentos en un proceso judicial tras una querella del PP. ¿Cree que este caso es un ejemplo de oposición responsable?

Es su elección. Nunca critico la forma de hacer oposición de los demás. Creo que la democracia tiene contrapesos muy serios. Uno es la información, los medios de comunicación y su capacidad de entrar en todos los temas. Otro es el control del Gobierno por parte de la oposición.

¿Que me habría gustado que en el tema de BiciMad fueran conscientes desde el Partido Popular de que lo que yo heredaba era una situación enormemente complicada y que se ha buscado una buena, legal, efectiva solución? Claro que me habría gustado. Pero su elección es utilizar la vía judicial como han venido haciendo toda la legislatura, no solo conmigo, sino con otros concejales, y utilizar una confrontación muy fuerte. Pero no lo critico en exceso nunca, aunque no me guste.

Una de las cosas que se ponen en cuestión en este caso es el precio que se ha pagado por recuperar el servicio, 10,5 millones de euros. ¿Cómo se decidió esa cantidad?

Hubo un trabajo muy intenso desde la EMT, que es una empresa solvente no solo porque tiene técnicos sino porque además hace ese trabajo desde la consultoría internacional que tiene. Consultando muchos documentos, como el estado de cuentas, las posibilidades, el contrato, las auditorías tecnológicas y de funcionamiento, los riesgos, las patentes, las hipotecas que generaba el propio contrato, y teniendo en cuenta que el propio Bonopark había pedido 3,6 millones de reequilibrio porque era un contrato infradotado, a lo que había que sumarle 540.000 euros al año. Esto hacían un total de más de 8 millones de euros si íbamos al modelo de reequilibrio. Teniendo esto en cuenta, creo que el precio es muy adecuado.

La opción era pagar más de 8 millones a lo largo del contrato sin garantías de superar la quiebra tecnológica, de funcionamiento del servicio o adquirir todo el sistema que pasaba a ser público, de la ciudad. Por la diferencia no solo me parece un precio ajustado, sino una buena solución para el sistema público de bicicletas de Madrid que por otro lado es fundamental para la movilidad.

¿Por qué el PP solo habla de los 3,6 millones que pide Bonopark y usted habla de más de 8 millones de euros?

Porque cuando concedes un reequilibrio de 3,6 millones, eso tiene arrastre los años siguientes. No liquidas y ya está. Eso lo saben ellos [el PP] perfectamente. Ese arrastre es de medio millón más al año.

¿Hubo autorización de la intervención del Ayuntamiento?

Como lo que se hace es una cesión de un contrato privado a una empresa pública, en el momento se tiene toda la documentación que se requiere para una cesión de contrato que no necesita como planteaban el informe de colaboración público-privada ni de intervención. Pero cuando se hace el traspaso de los 10 millones y medio del Ayuntamiento a la EMT para poder asumir ese gasto y evitar costes añadidos por aplazar los pagos, ahí hay un informe de intervención. Hay informes de intervención y todo el proceso se ha hecho con todo lo que se requiere, legal y administrativamente, ni más ni menos.

Algunos medios han publicado que podría haber falsedad documental porque el director financiero de la EMT firmó un documento tiempo después de hacerse.

En el expediente había un informe del entonces subdirector y ahora director financiero de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Cuando se inicia todo el proceso y se empieza a decir que ese documento es falso porque no tenía la firma, hay que tener en cuenta que hay muchos informes que se hacen que no necesariamente tienen que ir firmados. Ahora bien, cuando se empieza a cuestionar decidimos pedir un informe externo, y es cuando se solicita que el subdirector certifique que él hizo el documento. Lo que ocurrió es que sencillamente ahí puso su actual cargo. Pero hay que tener en cuenta lo más importante: para que haya falsedad de documento tiene que haber una modificación del documento. El documento es idéntico, lo único que se trató de hacer es que el subdirector financiero y hoy director dijera que, efectivamente, por si había alguna duda, ese documento y valoración la había hecho él.

¿Pensaba que esta decisión la llevaría a unos tribunales y una comisión de investigación?

En absoluto. Pensaba y pienso que era y es una magnífica solución. Y desde luego, una solución muy meditada y muy pensada para conseguir tres objetivos: que las bicicletas siguieras funcionando, no interrumpir el servicio y garantías de futuro para no vivir en una permanente agonía como estábamos viviendo con la falta de capacidad del servicio. Nunca pensé que llegaría a los tribunales, es más, pensé que todo el mundo valoraría que era una solución muy buena para la ciudad y el sistema de BiciMad.

¿Se esperaba el apoyo a la comisión de Ciudadanos y el PSOE? Sobre todo la del PSOE, que da soporte al gobierno y que vio una buena solución la compra.

No lo esperaba de ninguno. Del Partido Popular me sorprende menos, pero yo creo que todos eran muy conscientes porque lo vivimos. Me pidieron muchas veces que se solucionase, que se llegase a un acuerdo, de todo... Desde mi área lo hicimos con una solución no muy experimentada que es la cesión de un contrato desde un privado a una empresa pública, pero en cualquier caso legal, para posteriormente ir a una ampliación y a una municipalización real. Hasta ahora, lo único que hay es la cesión de un contrato que era privado a una empresa pública. En todo caso, hay que tener en cuenta que ni el PSOE ni Ciudadanos ha ido a los tribunales.

Una vez aprobada la comisión, se les ha acusado de que no han facilitado toda la documentación, retrasando su inicio. ¿Por qué no llegó toda la información a tiempo?

Yo que he estado en muchas comisiones de investigación, habría que mencionar lo que es entrega de documentación y qué otras cosas ha hecho el PP para sabotear comisiones de investigación. Yo estoy completamente de acuerdo con el acceso a la información, lo único que, al haber coincidido con un proceso judicial y por tanto una querella en el mismo tiempo y marco que una comisión de investigación, creo que es legítimo que nosotros nos dirigiéramos al juzgado que nos había pedido a su vez esa misma documentación, para advertirle que nosotros íbamos a pasar la documentación a la comisión de investigación. Por otro lado, la que no nos había solicitado el juzgado se dio desde el primer momento.

Viendo cómo ha derivado este caso, ¿haría algo diferente, cambiaría alguna de las decisiones que tomó?

No. En política y en la gestión tienes que priorizar, y nuestra prioridad, la mía, era que no se cayera el sistema público de bicicletas, que eso se hiciera respetando el interés general y con garantías de futuro. Y sigo pensando que fue la mejor solución.

¿Teme de alguna manera el proceso judicial que hay abierto?

La verdad es que no. Tengo la convicción de que una vez se analicen todos los documentos y hayamos dado todas las explicaciones y se entienda la decisión pueda ser sobreseído.

¿Cómo ha sido la oposición al Gobierno de Ahora Madrid?

Yendo más allá de lo que afecta a mi área o a BiciMad, en general me parece que hay una suma de la oposición más algunos medios de comunicación que va mucho más allá del derecho de hacer oposición y el de información. Lo digo desde mi experiencia. La diferencia de trato con Gallardón o Aguirre, y lo digo porque yo ya estaba aquí, me parece diferente. Tampoco tiene que un gobierno exigir que le traten bien, porque la tarea de la prensa y de la oposición es informar y controlar, pero se puede opinar que hay un exceso de los temas del Ayuntamiento frente a lo que yo he conocido.

¿Hay tanta división interna en el gobierno de Ahora Madrid como se dice y como a veces parece?

El Gobierno de Ahora Madrid no es un gobierno convencional. Es una candidatura ciudadana y por tanto la forma de relacionarnos y de tomar decisiones tiene mayor complejidad que la política de partido. Por tanto, hay distintas valoraciones e incluso discrepancias que hay que entenderlo como una forma de hacer política diferente.

Aquí estamos muy acostumbrados a que tiene que haber disciplina de voto, pero en muchos países y grupos parlamentarios no la hay. Hay que verlo como que la política está cambiando y los modos convencionales y de disciplina de voto hay que trabajarlos de otra manera y desde otra convicción, que no es un drama. Pero también hay cosas que hay que poner sobre la mesa en nuestro grupo, que tú puedes tener una discrepancia, incluso votar diferente, pero no se pueden bloquear cuestiones esenciales de acción de gobierno desde el propio grupo. Para mí esos son los límites.

Una de esas discrepancias internas está en el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y Distrito Castellana Norte, integrada por la constructora San José y el banco BBVA. ¿Usted cree que es un buen acuerdo?

Me parece que llevamos 25 años con una necesidad de cerrar la ciudad por el norte en las mejores condiciones. En segundo lugar, el Ayuntamiento no es el único que tiene voz en esto, no tiene toda la decisión. Está el Ministerio de Fomento con capacidad de decisión y con terrenos, y por lo tanto hay que saber que no juegas solo. Pero, además, me parece que el proyecto ha mejorado sustancialmente desde lo último que el Gobierno anterior de Ana Botella dejó encima de la mesa. Y, por último, en términos generales, y una vez pasen los procesos de participación, hay posibilidades importantísimas para la vivienda social, para la movilidad y para el transporte público.

Ecologistas en Acción ha criticado el plan.

La crítica de Ecologistas en Acción viene por la parte urbanística, el planeamiento urbanístico es lo que a ellos les posiciona en contra del proyecto. En todas las cuestiones que son de movilidad nosotros tendremos especial cuidado, y colaboraremos con el área de Desarrollo Urbano Sostenible porque han de ser prioritarias y tienen que servir para dar continuidad a actuaciones de Gran Vía, Plaza España y todo el paseo de la Castellana, donde ahora hay una petición de un carril bici. Creo que desde ese punto de vista es un objetivo prioritario. Pero también entiendo que Ecologistas en Acción no es ni un soporte del Gobierno, ni tienen que estar 100% de acuerdo con el Gobierno. Ellos tienen una valoración y un terreno de juego, y el Gobierno tiene otros condicionantes y otro terreno de juego. En esas circunstancias creo que es un buen plan y que era necesario.

¿Está el Plan de calidad de aire dando sus frutos?

El Plan de calidad de aire se está implementando a un buen ritmo y bien. La compra de autobuses, la implantación de carriles para bicis... Las medidas están en su mayoría iniciadas o están a poco de iniciarse. Va a un ritmo y lo que le hemos dicho a Europa es que cumpliremos con los objetivos en 2020. Ojalá sea incluso antes.

¿La gran APR de centro la veremos pronto en funcionamiento?

Estamos trabajando intensamente por cumplir los plazos. Queremos atinar bien en un sistema de gestión bueno que tenga en cuenta, por un lado, los residentes, por otro lado, la tecnología y los tipo de vehículos más contaminantes y menos contaminantes. Estamos dándonos toda la prisa que somos capaces, pero desde luego queremos hacerlo bien y en cualquier caso se va a ver en unos meses.

¿Quiere repetir en las listas de Ahora Madrid para 2019?

Esa decisión no está ahora mismo en mi cabeza. Ayudaré todo lo que pueda al proyecto de Ahora Madrid pero mi posición personal de futuro todavía ni la he pensado ni me da tiempo a pensarla.

¿De dónde sale la cifra de 10,5 millones que el Ayuntamiento de Madrid decidió pagar por BiciMad? El PP dice que fue una invención, hasta el punto de llevarlo a los tribunales y de denunciar a la concejal de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y al gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, por malversación y prevaricación.

Ante la solicitud de reequilibrio de Bonopark, que alcanzaba los 8,8 millones (3,6 en un pago y abonos mensuales hasta el fin de la concesión de 560.000 euros), el Ayuntamiento de Manuela Carmena decidió que la solución “más eficaz” para asegurar la continuidad del servicio era autogestionarlo desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

El precio, según fuentes municipales, fue fijado por los servicios técnicos de la EMT en un análisis jurídico, laboral, contable, operativo y de recursos humanos. Para ello, contó con las cuentas anuales auditadas de Bonopark, los datos de explotación, auditorías técnicas, documentación de patentes y marcas, descripción funcional del sistema, contratos con proveedores, contratos laborales, planes económicos financieros...

A partir de ahí, la EMT calculó el valor de los elementos que se cederían a la EMT y cuantificó los beneficios que la empresa municipal obtendría como cesionaria del servicio.

El 18 de febrero de 2016 fija ese primer preacuerdo en 10.500.000 de euros sobre la base de varios aspectos, después de haber situado el valor de la operación en una horquilla entre los 9,49 y los 11,13 millones.

En primer lugar, se hizo una valoración del negocio por 9,2 millones de euros realizada por los servicios financieros de EMT en función de los flujos netos de caja a partir de la revisión del Plan Económico Financiero de Bonopark y sus estados de cuentas provisionales. Después, teniendo más información, se corrige la valoración del negocio a 11.127.984 euros los servicios financieros de  EMT mediante el procedimiento de valoración actual de los  flujos netos de caja teniendo en  cuenta las cuentas consolidadas  y auditadas de Bonopark y el  resultado de los grupos de  trabajo.

En segundo lugar, la cesión de los activos intangibles, especialmente la licencia sobre las patentes del sistema que eran propiedad de Bonopark y no podían cederese, según el contrato firmado entre Bonopark y Ayuntamiento de Madrid.

Lo estudios previos realizados por los servicios de tecnología de EMT habían valorado que, de no disponer de una licencia de uso de esta patente, era necesario desarrollar y sustituir todo el sistema de anclaje de estaciones y bicicletas. El coste se cifró en dos millones de euros. En la cifra final se tuvieron en cuenta los saldos de los usuarios en poder de Bonopark, 900.000 euros, que se descontaron de los 10,5 millones. Por tanto, el coste real fue de 9,5 millones de euros.

“Me habría interesado muchísimo que se hubiese hablado de cómo el ayuntamiento fuimos capaces de resolver un problema muy serio (...) una empresa que estaba diríamos prácticamente en bancarrota, que había dejado completamente desasistido un servicio que había empezado a ser muy valorado”, ha dicho Carmena en alguna ocasión.

Denuncia del PP

El PP en el Ayuntamiento de Madrid presentó una denuncia contra la operación. Acusaba al Gobierno de Manuela Carmena de actuar de  “manera negligente y de forma abusiva por no haber cotejado y avalado la información económica”. Para los populares, se cometió malversación de caudales públicos porque el precio abonado de 10,5 millones de euros a Bonopark, empresa que tenía el servicio, era “lesivo” para las arcas municipales.

“Se pagó un precio muy superior al real, generando un gasto inoportuno, inapropiado y excesivo”, dijo el portavoz municipal del PP José Luis Martínez Almeida. También se recoge en la querella el delito de prevaricación, ya que para el PP hubo decisiones “arbitrarias” e “injustas” en la adquisición del servicio.

Según argumenta el Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación en vigor cuando se cerró la operación, “la instrucción 3/2012 limitaba que el Ayuntamiento y su sector público saque contratos de consultoría y servicio cuando tiene departamentos con servicios técnicos para hacerlo con medios propios”. Así, el Consistorio considera que actuó correctamente  precisamente porque existía esa instrucción.

Además, el Ayuntamiento defiende que la EMT (y las empresas públicas) actúan de tres formas diferentes: como medio propio del Ayuntamiento para la gestión de servicios públicos (por ejemplo, diseñando trayectos de líneas o estableciendo turnos de trabajo del personal); como órgano de contratación vinculado a tales servicios (por ejemplo, compra de autobuses); o como agente que ofrece sus servicios de gestión, asesoría o consultoría en el mercado privado (gestión de aparcamientos, concurrencia a concursos de transporte urbano, asesoría a terceros, proyectos, etcétera).

Tras la denuncia del PP, la jueza ha abierto diligencias previas encaminadas a determinar los hechos y el procedimiento aplicable y ordena diligencias documentales que darán oportunidad a los querellados para acreditar el modo correcto en que se desenvolvió la operación de BiciMad. La magistrada se ha centrado en el delito de malversación, por tanto, investigará si como asegura el PP, 10,5 millones eran demasiado. 

La admisión a trámite no implica que Sabanés y Heredia estén imputados, de hecho, la magistrada ni siquiera les ha citado a declarar. “No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido es procedente instruir diligencias previas”, asegura la magistrada en el auto. “Tanto el Ayuntamiento como EMT colaborarán facilitando toda la documentación pedida por el Juzgado”, aseguran a eldiario.es fuentes del Gobierno municipal.

La operación también será examinada a partir de la próxima semana en una comisión de investigación municipal, aprobada con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos.

Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han contestado este miércoles a la ministra de Medio Ambiente, Agricultura, Alimentación y Pesca, Isabel García Tejerina, que culpó a estas ciudades de ser las únicas responsables de incumplir con Bruselas en materia medioambiental. Las responsables de Medio ambiente de ambas ciudades, Inés Sabanés y Janet Sanz, han exigido que el Gobierno de Mariano Rajoy comience a implementar medidas atendiendo a sus competencias para luchar contra la contaminación que causa en España 24.000 muertes prematuras al año.

“Le cuesta pactar y enfrentarse a la industria automovilística”, ha espetado Sabanés contra la ministra Tejerina. Además, la edil ha recortado que “hay cuestiones que las ciudades no podemos resolver” y ha reclamado junto con su homóloga de Barcelona medidas concretas a favor de los coches menos contaminantes o más inversión al transporte público e infraestructuras en este sentido. Este mismo miércoles en la sesión de Control del Congreso de los Diputados la ministra ha cargado contra las alcaldías de Manuela Carmena y Ada Colau y les ha culpado de la mala calidad del aire de las ciudades.

“El control de calidad del aire corresponde a los ayuntamientos. Aún así, el Gobierno está aportando soluciones para reducir la contaminación de suelo, agua y aire todo lo posible, supliendo la carencia y dejadez de otras administraciones responsables”, ha declarado Tejerina en la sesión de control. “Duelen las declaraciones altisonantes en estos momentos donde nos jugamos los compromisos con Europa”, ha lamentado la edil de Ahora Madrid.

Las concejalas han exigido “lealtad” al Estado frente a la “oposición” que está haciendo en materia medioambiental. Como han explicado tanto Sabanés como Sanz, el Gobierno de Rajoy tiene competencias para “unirse en la lucha contra la contaminación”. Entre ellas, la revisión del impuesto especial sobre carburantes eliminando las ventajas fiscales que favorezcan la compra de vehículos diésel o el incremento de la financiación del transporte público de proximidad “alcanzando como mínimo los niveles de 2010”.

“La contaminación es una cuestión de Estado”, ha asegurado la delegada de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona que se ha mostrado sorprendida de no estar invitada a la reunión que el Ministerio de Tejerina ha convocado para el próximo 22 de febrero y a la que sí acudirá Inés Sabanés por el Ayuntamiento de Madrid y a la que también está invitada la Generalitat de Catalunya.

Las ediles han tildado a la ministra Tejerina de “incompetente” por haber culpado a las ciudades de ser las responsables de la contaminación. “Primero rigor y luego prudencia, la que no se ha enterado de sus propias competencias es la ministra”, ha espetado Sabanés. La edil de Barcelona, además, la ha acusado de no querer “sumar” y le ha emplazado a entregarle “todas las competencias” en materia medioambiental “si no quiere enfrentarse a ciertos lobbys”.

Inés Sabanés ha recordado que los expedientes sancionadores de Bruselas contra España por incumplir las medias ambientales se abrieron durante el periodo de 2010-2015 y entonces en la capital gobernaba el PP. La media de todas las estaciones medidoras de España no llega al umbral máximo general de 40 microgramos de NO anuales, pero las de Madrid y dos de Barcelona, sí. Y empezaron a rebasar el límite nada más entrar en vigor la obligación, en 2010, con, por ejemplo, Ana Botella (PP) como alcaldesa de Madrid. Botella solicitó una prórroga y remitió un plan de choque considerado inválido por la Comisión Europea.

“Lamentable”. Así ha calificado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la querella que este lunes el Partido Popular ha interpuesto contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernandez Heredia por la compra del servicio público de bicicletas de Madrid, Bicimad.

“Es muy lamentable en el contexto municipal donde se debaten las cosas se recurra a la justicia”, ha afirmado la alcaldesa que ha defendido en todo momento la gestión que Sabanés hizo para municipalizar un servicio y “solucionar un problema” que se encontraron a su llegada al Ayuntamiento de Madrid.

Carmena ha explicado que ante la situación que se encontraba Bicimad se optó por la municipalización y que la empresa, Bonopark, “estaba interesada”. “Lo hicimos con el precio que correspondía que se estimó que era el razonable”, ha defendido la regidora.

“Desde la gestión municipal que hay que hacer estos procesos de negociación y se resolvió muy bien porque han desaparecido las quejas como podéis ir viendo en los informes periódicos”, ha añadido. Carmena ha dicho que “colaborarán en lo que sea necesario” y le ha dicho al PP que están dispuestos a debatir aunque su actuación atiende más a un “intento de judicializar la acción política”.

El PP en el Ayuntamiento de Madrid presentó este lunes una querella por malversación y prevaricación contra Sabanés y el gerente de la EMT . Para los populares, se ha cometido un delito de malversación de caudales públicos porque el precio abonado de 10,5 millones de euros a Bonopark, empresa a la que la exalcaldesa Ana Botella concedió el servicio, es “lesivo” para las arcas municipales.

“Se pagó un precio muy superior al real, generando un gasto inoportuno, inapropiado y excesivo”, defendió el portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez Almeida.

Madrid reducirá un 25% la contaminación del aire hasta 2020. Así lo ha anunciado este martes la delegada de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, al finalizar la Comisión de Calidad del Aire donde se ha presentado la versión definitiva del Plan A.

Con las 30 medidas contempladas en este plan hasta 2020 enfocadas a reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de efecto invernadero, algunas ya puestas en marcha, la Universidad Politécnica de Madrid ha elaborado una previsión de reducción de la contaminación para los próximos tres años de un 25%, ha indicado Sabanés.

Según el estudio de la UPM, en 2020 la reducción de concentración de NO2 será del 25% respecto a 2012 (año del último inventario nacional de emisiones), mientras que las PM10 se reducirán un 8% y las de PM2,5, un 9%.

APR Centro

Aunque el grueso de estas reducciones llegará el próximo año, ha señalado la concejala. Será cuando entre en vigor la puesta en marcha la medida estrella del plan, prevista para el primer semestre de 2018. La aplicación de la gran Área de Prioridad Residencial (APR) en el todo el distrito centro de la ciudad, pretende reducir drásticamente el tráfico y las emiciones, ya que restringirá la circulación de vehículos a residentes, los comerciales y el transporte público.

Los vehículos comerciales de carga y descarga que no tengan etiquetado ambiental podrán acceder a la gran APR de Centro hasta el 2022 y los que superen las 12 toneladas, hasta 2025. 2025 también será la fecha para que todos vehículos sin etiquetado ambiental dejen de circular por la ciudad. Antes, estos mismos vehículos dejarán de aparcar en la zona SER.

Vehículos de carga y descarga podrán acceder a APR de Centro hasta 2022 y los que superen las 12 toneladas hasta 2025

Los vehículos comerciales de carga y descarga podrán acceder a la gran Área de Prioridad Residencial (APR) de Centro, que se espera entre en funcionamiento en el primer semestre de 2018, hasta el 2022 y los que superen las 12 toneladas, hasta 2025.

Leer mas: http://www.europapress.es/madrid/noticia-vehiculos-carga-descarga-podran-acceder-apr-centro-2022-superen-12-toneladas-2025-20170919194732.html

(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.

Vehículos de carga y descarga podrán acceder a APR de Centro hasta 2022 y los que superen las 12 toneladas hasta 2025

Los vehículos comerciales de carga y descarga podrán acceder a la gran Área de Prioridad Residencial (APR) de Centro, que se espera entre en funcionamiento en el primer semestre de 2018, hasta el 2022 y los que superen las 12 toneladas, hasta 2025.

Leer mas: http://www.europapress.es/madrid/noticia-vehiculos-carga-descarga-podran-acceder-apr-centro-2022-superen-12-toneladas-2025-20170919194732.html

(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.

Compromiso con Bruselas

No será hasta 2020, con ese 25% de emisiones menos, cuando Madrid cumpla con las exgencias de Bruselas, que ha dado un ultimatum a España por los altos niveles de contaminación en la capital y en Barcelona. La Comisión Europea envió el pasado mes de junio una Carta de Emplazamiento a España por el incumplimiento de los niveles máximos de contaminación en Madrid, Barcelona y el área del Llobregat (Cataluña), el primer paso en el procedimiento sancionador de la Unión Europea.

El plazo que la UE ha dado a España caduca el 31 de diciembre de 2017. A partir de entonces el ejecutivo comunitario puede empezar a aplicar sanciones a España. Sabanés ha explicado que se ha remirido un plan detallado a Bruselas con las previsiones de reducción de emisiones para los próximos tres años. La UE todavía no se ha pronunciado sobre si las acepta, ha indicado.

El problema viene por la acumulación de dióxido de nitrógeno (NO) en el aire. Un gas que proviene mayoritariamente de la combustión de los vehículos. En el caso de Madrid, el incumplimiento de la normativa legal comenzó en 2010 y se ha repetido cuatro veces consecutivas. Solo en 2014 ha habido cierto alivio y la red medidora se quedó en 34 microgramos de NO por metro cúbico de aire (el límite está en 40). Sin embargo, el pasado enero, dos estaciones medidoras madrileñas ya gastaron las superaciones de niveles altos que tienen para todo el año.

A la reunión han acudido la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Medio Ambiente, la Federación Regional de Vecinos de Madrid, representantes de los grupos municipales, ecologistas, investigadores y expertos en la materia.

Otras medidas del Plan A

El Ayuntamiento también anunció que a partir de 2018 se reducirá la velocidad a 70 kilómetros por hora en todo el anillo de la M-30 y en sus accesos desde la M-4. Este martes, la delegada de Gobierno no ha podido precisar cuándo se pondrá en marcha la medida que ha dicho se hará de manera “progresiva”. 

A la ARP cero emisiones en el centro y la reducción de la velocidad de circulación por la M-30 le acompañan otras medidas. La peatonalización de calles, la creación de nuevos carriles de autobús, la creación de más zonas verdes en la capital son algunas de ellas. También se incentivará la compra de vehículos eléctricos así como la instalación de 15 puntos de recarga rápida en 2018, ha explicado Chema Dávila del grupo municipal socialista.

Casi 200.000 personas han apoyado el billete único intermodal de transportes en la consulta ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Ha sido la propuesta con mayor respaldo, gracias al 94% de votos favorables. Pero no solo ha sido la ciudadanía madrileña la que ha impulsado este cambio. También en la Asamblea Regional fue aprobada una proposición similar para la creación de un billete único, con el respaldo de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Ahora la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y su consejero de Transportes, Pedro Rollán, han salido prestos a negar esta posibilidad, que ni siquiera se plantean estudiar.

Barcelona, Valencia, Lisboa, Roma, Bruselas, entre otras muchas ciudades, han implantado el billete único; y otro buen número, soluciones que favorecen la intermodalidad. En Madrid, esta está cubierta para los usuarios frecuentes con el abono de transportes, pero para el resto el transbordo entre los diferentes modos está penalizado, encareciendo su vida diaria y favoreciendo el uso del vehículo privado.

La inmensa mayoría de los desempleados y desempleadas, a las que no cubre el bono transporte para parados de Cristina Cifuentes, o aquellas personas a las que no les sale rentable adquirir un abono mensual por sus hábitos diarios pero necesitan desplazarse o les gusta salir a disfrutar de su ciudad se ven disuadidos del transporte público.

Madrid no puede quedar atrás en aquellas políticas públicas que benefician a los ciudadanos y que, en este caso, a su vez redundan en el bienestar colectivo, como es el cuidado del medio ambiente y la protección de la salud. La movilidad sostenible que plantea el Ayuntamiento, y que se nos exige desde Europa por los altos niveles de contaminación, tiene que basarse en medidas que fomenten el transporte público. Ya en 2003, un informe técnico de un grupo de trabajo internacional sobre integración tarifaria del que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid formaba parte planteaba la integración modal como un desafío. Más de una década después, el Consorcio de Transportes ni siquiera se plantea estudiar esta posibilidad.

“El hecho de tener que comprar varios billetes sucesivos para un solo desplazamiento tiene un efecto disuasorio en el usuario. Además, el pago repetido hace que el viajero sea mucho más consciente del coste del viaje que cuando va en coche, lo que da la sensación subjetiva de que el transporte público es mucho más caro de lo que es en la realidad, y dificulta el uso y la comprensión del mismo”, se lee en el informe del Consorcio disponible en su web. También destaca que “la integración tarifaria favorece la movilidad y dispone el transporte público como una solución continua” y hace que su uso “sea más sencillo y accesible”.

Coincido totalmente con este análisis técnico. El billete único permite comprar tiempo de viaje, haciendo el recorrido más cómodo y eficiente, evitando duplicidades en la red y permitiendo combinar medios como el Cercanías, eficaz en las grandes distancias, con los autobuses de la EMT, que garantizan la proximidad. Es, pues, una solución eficaz que da respuesta a una antigua reivindicación ciudadana que este Ayuntamiento ha hecho suya y, lo más importante, es una forma de fomentar el transporte público precisamente entre los usuarios no habituales.

El Consorcio no es propiedad de la Comunidad, pese a las declaraciones del Gobierno regional en los últimos días. Para la señora Cifuentes y el señor Rollán, el Consorcio no es, como su propio nombre indica, una agrupación de diferentes entidades públicas, en este caso con el fin común de ofrecer el mejor, más eficiente y más económico transporte público posible a la ciudadanía, sino un instrumento para plasmar sus políticas, no solo de transporte, en toda la región. Esta y no otra ha sido la razón última de los desencuentros entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid sobre el Consorcio.

Además, al consejero de Transportes le traiciona el subconsciente cuando afirma que el voto en la Comisión Delegada del Consorcio es ponderado en función de las aportaciones de las diferentes administraciones. No es así y nunca ha sido así desde su creación, ni siquiera lo ha sido desde que, tras las elecciones municipales y regionales de 2015, el Gobierno Regional en funciones impuso con los miembros del Consejo de Administración en funciones que el presidente del Consorcio tuviera voto de calidad en la Comisión Delegada, paritaria hasta ese momento, sustituyendo el obligado consenso en la toma de decisiones del órgano ejecutivo del Consorcio por la imposición.

La actitud de despreciar la opinión de 199.280 vecinos de Madrid, libremente expresada, respecto al llamado billete intermodal no tiene ninguna base. Esta propuesta es tan digna de ser debatida técnica, económica y políticamente en el seno del Consorcio como otras, cito solamente el Abono Joven, que han tenido una trascendencia importantísima para las cuentas del Consorcio sin que se admitieran discusiones al respecto, a pesar de que el Ayuntamiento colabora en su financiación.

El Ayuntamiento de Madrid llevó la propuesta del billete intermodal a la Comisión Delegada del Consorcio en noviembre del 2015 para dar respuesta al programa electoral de Ahora Madrid, que fue apoyado por 519.210 personas. Como ahora, la Comunidad no se planteaba siquiera su estudio porque no está en su hoja de ruta, olvidando que el Consorcio es de todos. Esta afirmación deberá explicarla el Gobierno regional a los ciudadanos de la región, ya que no es Manuela Carmena quien ha propuesto el billete intermodal, han sido las madrileñas y madrileños, que no tienen por qué saber de competencias y que no encuentran ningún espacio para poder plantear sus propuestas a la Comunidad de Madrid.

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Inés Sabanés Nadal es delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y vicepresidenta del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.