La jueza admite a trámite la querella del PP contra una concejal de Carmena y el gerente de la EMT por Bicimad
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 52 ha admitido a trámite la querella del Grupo Municipal Popular (PP) contra la concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Martínez Heredia, por la compra del servicio público de bicicletas Bicimad, según ha podido saber eldiario.es.
En el auto, la juez instruye “diligencias previas” encaminadas a determinar los hechos y el procedimiento aplicable y ordena diligencias documentales que darán oportunidad a los querellados para acreditar el modo correcto en que se desenvolvió la operación de BiciMad. La admisión a trámite no implica que Sabanés y Heredia estén implicados, de hecho, la magistrada ni siquiera les ha citado a declarar. “No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido es procedente instruir diligencias previas”, asegura la magistrada en el auto. “Tanto el Ayuntamiento como EMT colaborarán facilitando toda la documentación pedida por el Juzgado”, aseguran a eldiario.es fuentes del Gobierno municipal.
En esta resolución además, se admite como parte al PP como, es decir, su personación en la causa. El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid interpuso el pasado 22 de enero una querella contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio madrileño, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación en la compra del servicio de Bicimad.
Para los populares, se cometió malversación de caudales públicos porque el precio abonado de 10,5 millones de euros a Bonopark, empresa que tenía el servicio, es “lesivo” para las arcas municipales. “Se pagó un precio muy superior al real, generando un gasto inoportuno, inapropiado y excesivo”, ha lamentado Almeida, acompañado en la rueda por los ediles Inmaculada Sanz y Álvaro González. También se recoge en la querella el delito de prevaricación, ya que para el PP hubo decisiones “arbitrarias” e “injustas” en la adquisición del servicio.
