Salvador Illa estableció como una de sus prioridades mejorar la gestión del agua en Catalunya y ha optado por encomendar esta tarea a Concha Zorrilla, una ingeniera y directiva procedente del grupo Veolia, matriz de Agbar. Zorrilla asumirá una dirección general de nueva creación, la de Transición Hídrica, con el objetivo de poner al día las infraestructuras de abastecimiento de la población y de la actividad económica de cara al futuro. 

El nuevo cargo, adelantado por Nació Digital y confirmado por este diario, formará parte del departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, liderado por la consellera Sílvia Paneque. El rango de dirección general le supondrá estar por encima de la Agencia Catalana del Agua (ACA), que es la empresa pública que gestiona y planifica las políticas hídricas.

Licenciada en Ingeniería Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Zorrilla ha alternado su empleo en la Administración con el sector privado, casi siempre vinculada a la gestión de los residuos. En los dos últimos años había sido consultora sénior en materia de sostenibilidad y medio ambiente de la multinacional francesa Veòlia.

Durante buena parte de su trayectoria reciente, entre 2004 y 2023, ocupó un cargo de directiva técnica en el Consorcio de Residuos del Vallès Occidental, con un paréntesis de dos años (2012-2014) entre medio para asumir la dirección Comercial de la compañía Aigües de Sabadell (CASSA), que fue adquirida por Agbar en ese período.

Desde 2022, Zorrilla ha trabajado en el ámbito de residuos de Veolia, que desde 2022 es la matriz de Agbar, entre otras filiales de gestión de infraestructuras hídricas en Catalunya y toda España. Aigües de Barcelona, con una participación minoritaria pública del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), asume la gestión de la infraestructura que lleva el agua a los hogares de la capital catalana y su conurbación.

De su dirección general dependerá la planificación de la estrategia hídrica que ha anunciado el Govern de cara a los próximos 15 años, para lograr en 2040 que Catalunya sea menos dependiente de los embalses que hoy, en un contexto de sequías cada vez más graves. En este período, la Generalitat debe impulsar infraestructuras como las dos desaladoras ya previstas (en Tordera y Foix) y la nueva de la Costa Brava o decidir sobre un posible trasvase del Ebro.

El nombramiento de Zorrilla no se ha incluido todavía entre los que ha hecho público el Govern después de su Consejo Ejecutivo de los martes. Entre otros, destacan Susi López como directora de Transportes y Movilidad (procedente del Ayuntamiento de Terrassa); Sonsoles Letang en la dirección de Calidad Ambiental y Cambio Climático (hasta ahora alcaldesa de la localidad de Sant Quirze Safaja); Isabel Carrasco en la dirección de Infancia y Adolescencia (la DGAIA) o Marta Angerri como directora de Comercio (en los últimos años ocupaba un cargo en el grupo Ametller Origen). 

El consejero delegado de CriteriaCaixa, Ángel Simón, ha renunciado a la presidencia no ejecutiva de Aigües de Barcelona “con el objetivo de poder asumir con plena dedicación” su cargo al frente del brazo inversor de la Fundación La Caixa.

Según ha explicado Criteria en un comunicado, Simón ha informado este mismo jueves al consejo de administración de Aigües de Barcelona de que deja el cargo.

Simón era presidente de Aigües de Barcelona desde 2014, y en enero de 2024 le nombraron consejero delegado de Criteria. Este brazo inversor de la Fundació 'La Caixa' es accionista de Aigües de Barcelona desde el año 2014, donde mantiene una participación del 15% y dos representantes en su consejo de administración.

Actualmente, Criteria está en una etapa de reforzamiento su cartera de participaciones industriales y ha adquirido el 9,4% de ACS y se ha convertido en el primer accionista de Colonial después de una ampliación de capital de la inmobiliaria. También dispone del 5% de Telefónica.

El Tribunal de Cuentas ha archivado una denuncia de Agbar, la empresa que gestiona el agua en Barcelona, contra el consistorio barcelonés por las subvenciones a entidades sociales otorgadas durante el mandato de Ada Colau en el Ayuntamiento. Es la segunda causa de la sociedad de aguas contra el anterior gobierno de los comuns que se cierra en el ente fiscalizador.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el consejero Diego Íñiguez da carpetazo a la causa, tal y como había pedido la Fiscalía, al concluir que Agbar no acreditó que los incumplimientos de la normativa presupuestaria y reguladora de las subvenciones que denunció hubieran causado un perjuicio real a los fondos públicos municipales o no estuvieran suficientemente justificadas.

La resolución del Tribunal de Cuentas repasa también el recorrido procesal del caso: la denuncia de Agbar se registró en la sección de enjuiciamiento del ente fiscalizador el día después de las elecciones municipales de 2023 que supusieron la derrota de Colau. En sendos escritos, de julio y diciembre del año pasado, cuando el alcalde de Barcelona ya era el socialista Jaume Collboni, la empresa de aguas pidió seguir adelante con la causa, pero finalmente, en un escrito del 15 de febrero de este año, Agbar comunicó que desistía de continuar con el pleito. 

La resolución del ente fiscalizador supone el último capítulo del desencuentro entre Agbar y el equipo de los comuns que gobernó el consistorio entre 2015 y 2023. Colau intentó municipalizar un servicio de aguas que llevaba más de un siglo en manos privadas, pero el Tribunal Supremo frustró el plan municipal y avaló la empresa mixta participada mayoritariamente por Agbar.

Durante el conflicto por el agua, la empresa ha llevado a los tribunales de distintas jurisdicciones a miembros y decisiones del equipo de Colau. El Tribunal de Cuentas ya archivó en 2021 la denuncia de Agbar por los estudios planteados por el consistorio para municipalizar el agua, que para la compañía suponían un “perjuicio” a las arcas públicas. El ente fiscalizador lo descartó y avaló la “plena legitimidad” del Ayuntamiento para plantearlos.

Asimismo, la empresa se querelló en 2018 por injurias contra el concejal de los comuns Eloi Badia y otros cargos del AMB, pero dos juezas archivaron sendas causas. 

Cinco años después, Agbar denunció además ante el Tribunal de Cuentas los convenios suscritos entre el Ayuntamiento de Barcelona y diversas entidades sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la Alianza contra la Pobreza Energética, que en algunos casos suponían una prórroga realizada por el equipo de Colau de subvenciones ya otorgadas durante el mandato del anterior alcalde, Xavier Trias. En conjunto, las subvenciones denunciadas ascendían a 2,3 millones de euros.

Todas las causas archivadas

El archivo de la denuncia de Agbar supone un nuevo sobreseimiento por parte del Tribunal de Cuentas o de los juzgados de actuaciones legales contra el consistorio gobernado por los comuns.

Las subvenciones que Colau otorgó a entidades sociales también se investigan, a raíz de la denuncia de una entidad opaca, en un juzgado de instrucción de Barcelona, que tiene pendiente de decidir si archiva la causa, tal y como ha solicitado la defensa de la exalcaldesa.

El último archivo de una causa de Colau el pasado mes de diciembre trajo por primera vez la admisión por parte de la Justicia de que los rivales de la exalcaldesa, en ese caso un fondo de inversión, habían empleado las denuncias contra ella para desprestigiarla políticamente.

Una jueza investiga a la empresa público-privada de aguas de Barcelona, participada mayoritariamente por Agbar, por vertidos de agua contaminada en una depuradora de Castelldefels. El caso se ha abierto a partir de una denuncia de la Fiscalía. El Ministerio Público acusa a la sociedad de “promover o tolerar” los vertidos “no autorizados” de aguas fecales en la laguna de la Olla del Rei, que incluso habrían llegado a la playa.

Fuentes de Agbar han indicado que la titularidad e inversiones en la infraestructura corresponden a la Agencia Catalana del Agua (ACA), dependiente de la Generalitat, y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), y han defendido que la gestión y el mantenimiento de la depuradora por parte de la empresa ha sido diligente y no ha provocado ningún vertido irregular al medio ambiente. Desde Agbar han añadido que llevan meses reclamando al AMB mejoras e inversión en la infraestructura.

Según han informado fuentes judiciales, la declaración de los tres denunciados –el responsable de la depuradora de Castelldefels y el administrador y el representante legal de la empresa– ante el juzgado de instrucción 4 de Gavà todavía no se ha producido y en estos momentos se están practicando algunas de las diligencias solicitadas por la Fiscalía. En su denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio Público acusa a la empresa de un delito contra el Medio Ambiente, castigado con hasta cinco años de cárcel.

La causa se abrió en otoño pasado, después de que la Fiscalía presentara en julio su denuncia fruto de una investigación propia que empezó en mayo de 2020 tras recibir varias quejas de vecinos y colectivos ecologistas. Las pesquisas judicializadas se encuentran en un estado inicial, si bien la causa ya incorpora un atestado de la Guardia Civil realizado en el marco de las diligencias de la Fiscalía.

La empresa investigada, cuya denominación oficial es Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, es la sociedad público-privada que Agbar y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) crearon, con el aval de PSC y CiU, en 2013 y que gestiona el suministro de agua a unos tres millones de catalanes de 23 municipios de la conurbación barcelonesa, entre ellos L'Hospitalet de Llobregat, Badalona y la propia capital catalana.

La empresa mixta está participada por Agbar en un 70%, y en un 15% por el AMB y Criteria-LaCaixa. Tras un contencioso de varios años con el consistorio de Ada Colau, que defendía la gestión pública del agua, el Tribunal Supremo avaló la legalidad de la mixta en 2019. Además del suministro a los hogares, la sociedad gestiona el saneamiento de las aguas residuales.

La investigación se centra en la gestión de la empresa mixta de la depuradora situada en las proximidades del estanque de la Olla del Rei de Castelldefels, un espacio natural cercano a la desembocadura del río Llobregat.

Según la denuncia de la Fiscalía, el sistema de saneamiento formado por la depuradora de Castelldefels y el colector de Gavà ha sufrido en los últimos años “distintas incidencias motivadas por la degradación estructural de las conducciones debido a la corrosión”, lo que ha provocado los supuestos vertidos de aguas residuales urbanas.

La denuncia de la Fiscalía realiza un detallado historial del caso. La Agencia Catalana del Agua (ACA) autorizó en 2012 al AMB a que la planta de Gavà pudiera realizar vertidos al mar. En 2019, la Generalitat revisó el permiso y limitó los vertidos a periodos de lluvia intensa o “de fuerza mayor”, además de obligar a la empresa mixta a “comunicar telemáticamente todos los episodios de funcionamiento de los aliviaderos”, relata la Fiscalía.

Es en este punto donde la Fiscalía ve la primera infracción: según el Ministerio Público, la empresa mixta comunicó al ACA un “abundante vertido de aguas residuales” en la depuradora de Castelldefels –23 en 2019, 39 en 2020 y 10 en 2021–, sin que estuviera “justificado” por episodios de lluvia intensa, como por ejemplo el temporal Gloria.

Según la Fiscalía, muchos de los vertidos de la depuradora no estaban justificados, ya que no eran fruto de una “entrada masiva” de aguas pluviales ni tampoco de “una incidencia técnica en el sistema” que los permitiera. Y de ello responsabiliza a los “máximos responsables” de la empresa mixta así como al jefe de la planta de Castelldefels.

Por contra, fuentes de Agbar han explicado que el sistema que genera desbordamiento de la depuradora se ha activado “siempre” coincidiendo con la situaciones previstas en la normativa –lluvias o averías– y “en total e inmediata coordinación” con el AMB y la ACA. Si no se hubiera hecho así, remarca la compañía, el caso urbano se hubiera inundado con agua residual, algo que no ocurrió.

El funcionamiento de la depuradora Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Castelldefels está estandarizado internacionalmente y es el “más eficiente y seguro”, explica Agbar, que recalca que el punto de desbordamiento “ha sido declarado y autorizado por la ACA”. Las mismas fuentes han asegurado que el AMB ha reconocido ante el Seprona y la Fiscalía que la gestión de Agbar en la estación de Castelldefels ha sido diligente y no ha provocado ningún vertido irregular.

El funcionamiento de las bombas de la EBAR de Castelldefels se controla de forma automática a partir de los niveles del pozo de bombas, que se activa “única y exclusivamente en los casos operacionalmente necesarios y legalmente contemplados”, han mantenido fuentes de Agbar.

En cambio, la Fiscalía cree que la empresa realizó vertidos fuera de los casos previstos en la normativa. Según la denuncia, los responsables de la empresa mixta y de la depuradora “promovieron o toleraron” el uso del aliviadero de aguas de Castelldefels “para hacer vertidos no autorizados y no justificados” por episodios de lluvias o causas técnicas.

Los vertidos han supuesto, a juicio de la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona, “un grave riesgo o daño en la calidad” de las aguas de la Olla del Rei. “Los abundantes chorros del aliviadero vertían centenares de metros cúbicos de aguas residuales urbanas sin tratamiento alguno”, abunda el Ministerio Público, que apunta incluso a que la contaminación llegó a la playa de las Palmeras de Castelldefels.

El Servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía de Barcelona, que dirige el fiscal Antoni Pelegrín, ha pedido a la jueza requerir a la empresa los registros diarios de entrada de aguas para su tratamiento en la depuradora de Gavà de 2018 a 2021, así como su programa de cumplimiento interno de normativa o 'compliance'.

También ha solicitado el fiscal que la magistrada encargue a la dirección general de políticas ambientales y biodiversidad de la Generalitat un informe sobre los valores ambientales que representa la laguna de la Olla del Rei, las especies de fauna y flora que suelen ocuparlo y la “incidencia que la contaminación” provocada por vertidos de aguas residuales urbanas puede suponer para el hábitat natural.

La Guardia Civil tomó muestras

Para sustentar su tesis, la Fiscalía se apoya en las muestras que tomaron en la zona agentes del Seprona de la Guardia Civil el 7 junio de 2020 y el 4 de marzo de 2021 y que corroboran el “funcionamiento injustificado” que, a su juicio, presentaba el aliviadero.

El resultado del laboratorio confirmó las sospechas: el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses concluyó que los vertidos eran “aguas urbanas sin depurar con abundantes sólidos en suspensión”, una “elevadísima contaminación de origen fecal” de bacterias coliformes y estreptococos, así como sales como fosfatos, amonio o tensioactivos “en disolución”.

El primer análisis de las aguas en 2020 también arrojó la “toxicidad moderada” en las aguas, algo en principio compatible con la presencia de “elevadas concentraciones” de amonio, un material formado por un átomo de nitrógeno y cuatro de hidrógeno que actúa como un metal en las reacciones y que forma sales.

Nueve meses después, los análisis toxicológicos se ampliaron a los sedimentos del fondo de la laguna. El laboratorio dictaminó que la Olla del Rei superaba en casi 50 veces los valores permitidos de nitrógenos, bacterias coliformes y estreptococos. Las aguas en superficie del estanque también infringían los límites de sustancias oxidantes, bacterias, amonio y nitrógeno Kjeldahl, un contaminante presente habitualmente en las aguas residuales.

Los análisis del laboratorio certifican, según el fiscal, que la laguna de la Olla del Rei “ha ido acumulando los vertidos de aguas residuales urbanas” procedentes de la depuradora de Castelldefels. Ello ha provocado “consecuencias negativas” para la flora y la fauna de uno de los espacios naturales incluidos en el inventario de zonas húmedas de Catalunya.

“El uso injustificado del aliviadero –concluye el fiscal– ha supuesto la creación de un grave deterioro de las aguas del estanque, de la corredera maestra y han supuesto un riesgo de relevante deterioro de las aguas de baño de la playa de las Palmeras, donde desembocan los vertidos”.

Cuando, en noviembre de 2018, David Madí, una de las personas más cercanas al expresidente de la Generalitat Artur Mas, aterrizó en Aigües de Catalunya, algunos analistas empezaron a tomar asiento ante el espectáculo que se avecinaba.

Uno de los pesos pesados del mundo convergente, nieto de uno de los empresarios más cercanos a Jordi Pujol -Joan B. Cendrós (1916-1986), productor del masaje Floïd- e histórica mano derecha de Mas -primero en la Generalitat y en Convergència durante 15 años, y luego, desde 2010, como su principal enlace con el mundo económico-, se alineaba con la familia Calabuig, auténtico poder económico en el País Valencià, que a través de Global Omnium controla el Grupo Aguas de Valencia, para hacerle la competencia, en serio y en su propia casa, nada menos que a Agbar, empresa con gran arraigo en Catalunya y uno de los símbolos del poder de La Caixa.

Las chispas estaban aseguradas. Y no solo por la potencia de los conglomerados en colisión, sino también por la propia historia de cruentas luchas que los mismos actores habían protagonizado años atrás alrededor de Aguas de Valencia, de la que Agbar acabó saliendo. El propio Madí cambiaba de bando: tras siete años como asesor del máximo ejecutivo de Agbar, Àngel Simon -con una retribución de alrededor de 200.000 euros anuales, según las declaraciones a la Agencia Tributaria aportadas al caso Triacom-, se pasaba a liderar las tropas del enemigo.

Pero el órdago resultó ser incluso mucho mayor del que aparentaba. El objetivo de Madí y de la familia Calabuig no era solo competir con Agbar, sino que en seguida redoblaron la apuesta: armaron un plan, en el que trataron de involucrar a fondos internacionales (sobre todo, CVC) y a empresarios catalanes de confianza del nacionalismo (las familias Carulla y Costafreda) para directamente hacerse con el control de la propia Agbar a espaldas de su equipo gestor, encabezado por Simon. Así se desprende de varios audios incorporados al sumario del caso Voloh, una macrocausa de supuesta corrupción instruida en el juzgado de número 1 de Barcelona, en la que el magistrado Joaquín Aguirre investiga también a Madí por supuesto tráfico de influencias.

 “Proyecto Grande”

La imputación de Madí en Voloh, en octubre de 2020, y el lanzamiento de la opa de Veolia sobre Suez, multinacional francesa participada por La Caixa en la que estaba integrada Agbar, dieron al traste con cualquier posibilidad de éxito de la operación. Pero estaba lista. Y en el argot interno, sus impulsores se referían a ella en clave: “Proyecto Grande”.

La reciente salida de Madí de Aigües de Catalunya, adelantada por el diario Ara, certifica el fracaso del ambicioso pulso lanzado por Global Omnium a Agbar en su propia cancha, cuatro años después del desembarco y subsiguiente órdago. Aigües de Catalunya no ha logrado erigirse en una competencia real para Agbar, hoy integrado en Veolia con el mismo equipo de gestión, siempre bien conectado con La Caixa, puesto que los avances se han limitado a una treintena de municipios pequeños, sin llegar a concretarse ninguna de las grandes plazas a las que aspiraba. Y mucho menos pudo siquiera acercarse al “Proyecto Grande” de conquistar Agbar, que secretamente trazaron Calabuig y Madí con la ayuda del influyente tío de este último, Carles Colomer, destacado empresario del sector cosmético -en 2013 vendió la empresa familiar a la multinacional estadounidense Revlon por 500 millones de euros- y exconsejero de Telefónica.

Fuentes próximas a Madí circunscriben los planes para adquirir Agbar a “conversaciones normales en una operación de mercado libre y transparente”, como explicó el propio empresario en su declaración ante el juez Aguirre. Las mismas fuentes consideran que toda la causa Voloh no es más que un montaje político de venganza por el procés y lamentan la difusión de audios de conversaciones privadas sin relación con delito alguno. El magistrado investiga un presunto tráfico de influencias de Madí a través de varias sociedades -entre ellas, Aigües de Catalunya-, pero tras más de dos años de investigación no ha llegado a sustentar ninguna acusación concreta.

Por su parte, una portavoz de Global Omnium recalcó que la marcha de Madí, que se materializará a final de mes, se ha producido de común acuerdo y de forma amistosa para que pueda dedicarse a sus proyectos personales. Tanto Agbar como La Caixa declinaron hacer ningún comentario sobre las frustradas maniobras de Global Omnium para tomar el control de la sociedad a espaldas del actual equipo gestor.

El origen del órdago

El origen del “Proyecto Grande” para hacerse con Agbar se remonta a julio de 2019 cuando, pocos meses después del aterrizaje de Madí en Aigües de Catalunya, el fondo activista Amber, entonces propietario de cerca del 2% de Suez, instó a la multinacional francesa a vender la compañía de aguas con sede en Barcelona para hacer caja. La propuesta no fue rechazada de plano, lo que abrió el apetito del mercado y de los fondos hacia una empresa con más de 150 años de historia, 3.000 millones de euros de facturación anual, 16.000 trabajadores y gran implantación sobre todo en España y Chile, lo que la convertía en una de las piezas más codiciadas del sector al volverse, de pronto, accesible.

Entre los empresarios y financieros que en esos días se interesaron por dilucidar hasta qué punto la venta era una posibilidad real y se acercaron al presidente de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé -al que todos identificaban como el factor clave de la operación, pese a que el banco disponía apenas el 7,5% del capital de Suez-, se encontraba Carles Colomer. De los audios incorporados a Voloh se desprende que el tío de Madí, muy bien conectado con Fainé y los fondos internacionales, creyó entender que el banquero no veía con malos ojos la eventual venta, aunque señalaba al máximo ejecutivo de Agbar, Àngel Simon -uno de sus principales colaboradores en la última década-, como interlocutor de referencia ante cualquier hipotética operación.

Con la supuesta confirmación de que Agbar estaba en el mercado, el triángulo formado por Colomer, Madí y Calabuig se puso sigilosamente manos a la obra en la elaboración de un plan para hacerse con el control de la compañía. Aunque sin adecuarse a los criterios supuestamente expuestos por Fainé: según reflejan los audios, optaron por urdir una propuesta a espaldas de Simon, que, en caso de prosperar, pasaba por el desembarco en Agbar de todo el equipo gestor de Global Omnium, viejos enemigos y rivales encarnizados desde las cuitas por el control de Agua de Valencia, años atrás.

Las grabaciones revelan cómo Colomer, Madí y Calabuig van haciendo acopio de información sobre las supuestas intenciones de Fainé, compartiendo información que obtienen indirectamente a través de empresarios que en algún momento dicen haber comentado el tema con el banquero. La conclusión final a la que llegan es que efectivamente la operación de venta de Agbar es una posibilidad muy real, pero que Suez -a través de La Caixa- va a primar las opciones que impliquen el mantenimiento del equipo gestor de Agbar, encabezado por Simon, un contratiempo evidente para los planes de desembarco de Global Omnium.

 A la búsqueda de socios

Con el fin de sortear este obstáculo, la operación de asalto a Agbar se diseñó en dos frentes complementarios: en primer lugar, a través del reforzamiento de Aigües de Catalunya con la entrada de inversores catalanes, que según el plan esbozado podían llegar hasta el 45% de la sociedad, sin poner en riesgo, por tanto, el control de la familia Calabuig. El segundo frente, el llamado “Proyecto Grande”, implicaba la búsqueda de un gran fondo internacional que asumiera la interlocución para la compra de Agbar y que en última instancia pudiera fusionar el vehículo financiero utilizado para materializar la adquisición con Global Omnium, lo que permitiría que el equipo gestor aterrizara a posteriori sin obstaculizar la operación.

Para la primera parte, en la que tenía interés a involucrarse el propio Colomer, se pensaba en empresarios tradicionalmente muy bien conectados con el pujolismo y Convergència, como la familia Carulla -propietaria del holding multinacional de la alimentación Agrolimen y exaccionista del diario Ara- y la familia Costafreda, cofundadora de Panrico. Estos perfiles empresariales, históricamente en la órbita del nacionalismo, iban a subrayar la “catalanidad” del proyecto y pretendían contrarrestar con ello el efecto que pudiera tener el hecho de que una compañía tan emblemática como Agbar pudiera acabar bajo control de empresarios de Valencia muy identificados, además, con el poder económico del Partido Popular (PP) en esa comunidad.

Para el segundo frente, el “Proyecto Grande”, el principal objetivo del plan era asociarse con el fondo CVC, gigante con sede en Londres y con más de 75.000 millones de dólares de activos bajo gestión. Los audios reflejan que Colomer ya había tenido conversaciones de tanteo con Javier de Jaime, máximo ejecutivo del fondo en España, sin descartar otras opciones, como el estadounidense Carlye.

El plan no superó nunca la fase exploratoria porque la pandemia, la operación policial Voloh y, finalmente, en febrero de 2021, la opa de Veolia sobre Suez hicieron imposible cualquier avance real, a pesar de que los promotores habían encargado ya, según se desprende de los numerosos audios, informes al Banco Santander y contaban con un diseño preciso de reparto accionarial y propuesta de socios para formular el envite.

 Junts también se va

La marcha de Madí de Aigües de Catalunya tras deshilacharse sus ambiciosos planes para la compañía, que acabaron resultando quiméricos, ha coincidido en el tiempo con la decisión de Junts per Catalunya, la formación que alberga a muchos exmilitantes de Convergència, de abandonar voluntariamente el Gobierno de la Generalitat, en brutal contraste con la tradición de gobierno y pulsión de poder del partido de Jordi Pujol: un auténtico cambio de época.

En las últimas cuatro décadas, la tradición convergente había sido la clave de bóveda que interconectaba el poder político con el económico en Catalunya a través, precisamente, de figuras como Madí, entre otros. Hace apenas un lustro, estos sectores creían acariciar la posibilidad de liderar un Estado propio y de conquistar para sí grandes corporaciones emblemáticas como la misma Agbar. Y se proponían hacerlo, además, simultáneamente, como muestra el caso de Madí, quien se integró en el llamado “Estado mayor” que supervisaba toda la organización del referéndum de autodeterminación y los actos posteriores de resistencia mientras se asociaba para sus negocios con empresarios muy bien conectados con el PP, y no solo en Aigües de Catalunya. 

Sin embargo, la realidad se ha acabado situando en las antípodas: hoy Esquerra Republicana (ERC) dirige en solitario la Generalitat tras la autoexclusión de los herederos de Convergència, mientras que Madí se va de Aigües de Catalunya sin ver cumplidos sus ambiciosos objetivos y con el equipo histórico de Agbar sólidamente asentado en su puesto.

Los próceres llamados a tocar el cielo deben conformarse, al menos por ahora, con ser símbolos del mundo de ayer.

“La pandemia ya se está yendo. Así que el cambio climático tiene que volver a ser nuestro centro de actuación”. Así se ha expresado Ángel Simón, presidente de Agbar durante la Junta General de Grupos de Interés, un encuentro en el que la compañía ha llevado a cabo la rendición de cuentas del ejercicio. En esta jornada se ha puesto el acento en explicar cuáles han sido los avances en los objetivos ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza, según las siglas en inglés).

Así, Agbar ha enumerado de diversos proyectos que ha llevado a cabo durante los últimos meses para cumplir con las directrices de la Unión Europea y los acuerdos de París, que exigen la neutralidad climática y la descarbonización de la economía de cara a las próximas décadas.

Una de las iniciativas que más ha destacado la empresa son los centros Dinapsis, una suite de servicios pensada para llevar a cabo de manera integrada la gestión del agua. Agbar cuenta con 10 centros de este tipo repartidos por toda España que, según datos de la compañía, han evitado la emisión de 463 toneladas de CO2. Un ejemplo de estos centros se halla en Albacete, donde se ha podido ahorrar el 10% del consumo de agua del municipio.

Otro de los proyectos que ha querido destacar la empresa es sel Biotop situado en Sabadell. Se trata de una iniciativa que entrará en funcionamiento próximamente y que está basada en la colaboración público-privada entre Aguas de Sabadell (participada por Agbar) y el consistorio.

A través de la colocación de placas solares y gracias al aprovechamiento de la energía producida en la depuradora, se prevé generar 18 gigavatios de energía verde a la hora, que permitirán producir hidrógeno verde. “Se trata de no desperdiciar nada de la energía que se genere, creando un clima de economía circular que permitirá, incluso, que la ciudadanía vaya a esas instalaciones a cargar sus coches eléctricos”, ha apuntado Enric Blasco, presidente de Aguas de Sabadell.

Una apuesta por la formación

La emergencia climática se ha manifestado con fuerza durante los últimos años, poniendo en evidencia las sequías y estrés hídrico que afectan al planeta y al medioambiente, pero que también tienen unas consecuencias nocivas para la ciudadanía que se ven empeoradas por otros condicionantes como la inflación o la escasez de materiales. “No podemos asumir la lucha contra la crisis climática si no abordamos la desigualdad social. Las empresas tenemos nuestro papel”, ha apuntado Ángel Simón en la Junta.

Por eso, la compañía ha incidido también en sus políticas sociales, tales como impulsar la FP Dual en sus delegaciones territoriales. “La formación de calidad es un pilar del desarrollo económico”, ha explicado Manuel Cermerón, CEO de Abgar, que ha destacado además que la brecha salarial agregada de la compañía ha bajado en más de 2 puntos en el último año.

La formación específica que proporciona la FP Dual es “imprescindible para que cualquier persona pueda conseguir un empleo independientemente de su condición. Por eso, destaca la coordinación entre empresas y sector social”, ha asegurado Matías Carnero, presidente de UGT Catalunya.

En este sentido, Agbar ha destacado otros proyectos de formación que ha desplegado a través del territorio, de la mano de administraciones públicas o entidades del tercer sector, para hacer frente a la desocupación generada a raíz de la crisis de la pandemia. Un ejemplo es el proyecto Ola, desarrollado junto a Cruz Roja en 6 ciudades del Área Metropolitana de Barcelona, llegando a 240 personas.

Esta iniciativa ha conseguido que el 60% de asistentes terminaran la formación con un contrato laboral. “Se trata de itinerarios formativos para romper el círculo de la pobreza”, ha expresado Felipe Campos, consejero delegado de Agbar y director de Acción Social.

Así mismo, la compañía también ha querido destacar su presencia en universidades de la mano de la red de cátedras del agua, que tiene 11 cátedras en 8 universidades españolas. “Queremos aglutinar el talento en un área clave: el agua y la sostenibilidad, para que el conocimiento llegue a la sociedad y podamos mejorar nuestra calidad de vida”, ha asegurado Amelia Pérez, directora de la Cátedra Aquae de la UNED.

“La recuperación tiene que ser económica, pero también verde y social”, ha asegurado Ángel Simón, quien ha concluido la Junta destacando la importancia de las colaboraciones público-privadas. “Tanto empresas como administración tienen un papel clave en la lucha contra la desigualdad y el cambio climático y sólo generando alianzas podremos dar una respuesta efectiva”, ha asegurado.

La denuncia de Agbar contra Ada Colau pierde fuelle. El Tribunal de Cuentas ha archivado la parte de la denuncia de la multinacional relativa a los estudios realizados por el consistorio para municipalizar el agua, que ascendían a casi 900.000 euros, y solo mantendrá abierta la causa contable por las subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona a entidades sociales –si bien no concreta qué cuantía investiga– y por una ayuda de 15.000 euros a los promotores de la consulta ciudadana sobre la gestión del servicio.

La denuncia de Agbar del pasado mes de abril fue el último episodio de una guerra del agua que la multinacional ganó después de que el Tribunal Supremo frustrara en 2019 la municipalización del servicio pretendida por el consistorio. Para Agbar, los estudios técnicos y jurídicos encargados por el Ayuntamiento en 2017 para la transición hacia la gestión pública del agua en la ciudad suponían un “perjuicio” a las arcas públicas ya que la competencia sobre el servicio no es municipal sino del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

El Tribunal de Cuentas en cambio niega la mayor y avala la competencia del consistorio para encargar los estudios. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el consejero de cuentas Felipe García concluye que el Ayuntamiento de Barcelona tiene “plena legitimidad” para plantear un régimen de gestión directa del agua “a nivel municipal barcelonés”.

En consecuencia, el Tribunal de Cuentas concluye que ninguno de los estudios encargados por el consistorio supone “infracción contable o presupuestaria” por parte de la alcaldesa, Ada Colau, el concejal de Transición Ecólogica, Eloi Badia, el gerente de la concejalía y la interventora municipal, todos ellos denunciados por Agbar. “No se observa daño alguno en los fondos municipales”, apostilla el auto, que es recurrible. Los informes avalados por el Tribunal de Cuentas tuvieron un coste total de 858.635,08 euros.

El Ayuntamiento ha celebrado la decisión del Tribunal de Cuentas porque supone un rechazo de plano a la mitad de las pretensiones de Agbar. Es decir, que el órgano fiscalizador no ve necesidad ni de investigar parte de la denuncia. Con todo, el Tribunal de Cuentas sí mantendrá abierta una causa contable por una subvención de 15.000 euros y las subvenciones a entidades sociales que también son objeto de unas diligencias de la Fiscalía de Barcelona. A diferencia de la reciente resolución sobre el procés, la causa sobre las subvenciones municipales del Tribunal de Cuentas se encuentra en un estado muy inicial y está lejos de terminarse.

El Ayuntamiento ve un “primer revés” a Agbar

“El Tribunal de Cuentas establece de forma clara y contundente que el Ayuntamiento de Barcelona tiene competencias sobre la municipalización del agua y refuerza la línea de trabajo de los últimos años”, asevera el concejal de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, Marc Serra, que ve en la resolución del ente contable un “primer revés” a Agbar.

El consistorio confía además en que el resto de responsabilidades contables que la multinacional atribuye a la alcaldesa queden descartadas en la fase de instrucción ya que se trata de subvenciones justificadas. La denuncia no cifra el concreto perjuicio de las subvenciones, sino que considera que serán un menoscabo a las arcas públicas “todas aquellas subvenciones que no hayan tenido un resultado tangible que pueda justificar el aumento exponencial y manifiestamente desproporcionado de su financiación”.

En su auto, el Tribunal de Cuentas aboga por investigar si el “aumento de financiación” a las entidades sociales ha podido conllevar una vulneración de la normativa presupuestaria al apreciar “indicios de responsabilidad contable”. Agbar hizo hincapié en que, durante el mandato de CiU en Barcelona, Enginyers sense Fronteres recibió subvenciones por valor de 271.437 euros –que no fueron investigadas– mientras que entre 2016 y 2018, ya con Colau como primera edil, ascendieron a 852.633 euros.

Las subvenciones que el consistorio ha otorgado a entidades sociales como la PAH también forman parte de la investigación de la Fiscalía de Barcelona a raíz de la denuncia de la asociación Abogados Catalanes por la Constitución, entidad vinculada a Societat Civil Catalana y presidida por Ramón de Veciana, candidato de UPyD a la presidencia de la Generalitat en 2015. A día de hoy la Fiscalía mantiene abiertas sus diligencias –algo habitual tras recibir la denuncia de un particular– y todavía está estudiando la cuestión antes de decidir si archiva la denuncia o remite una querella al juzgado.

La actividad del Ayuntamiento de Barcelona no solo pasa ya por el salón de plenos. En los últimos tiempos varios miembros del equipo de gobierno de Ada Colau han recibido querellas y denuncias judiciales a cargo de grandes empresas y fondos buitre descontentos con las decisiones del Consistorio. El conflicto sobre la gestión municipal ha derivado en los tribunales, que por el momento no han enviado a juicio ninguna de las acciones legales presentadas. Las causas o bien se han archivado o bien permanecen todavía en fase de instrucción.

La interposición de querellas y denuncias ha venido repitiéndose en los últimos años en casi todas las carpetas sensibles –básicamente, hoteles y urbanismo– en las que el Consistorio ha priorizado los intereses públicos al beneficio privado. A ellas debe sumarse la particular guerra del agua que mantuvieron durante casi un lustro el gobierno municipal y Agbar y que Tribunal Supremo zanjó a en favor de la multinacional y en contra del objetivo del Consistorio de municipalizar el servicio. Más de un año después de la resolución del pleito principal, Agbar ha presentado una denuncia contra el gobierno municipal ante el Tribunal de Cuentas, organismo encargado de fiscalizar las cuentas públicas, por los informes encargados por el Ayuntamiento para intentar municipalizar la gestión del agua.

Según Agbar, los trabajos solicitados por el Consistorio suponen una infracción de la normativa contable porque el Ayuntamiento no era la administración competente para encargarlos, sino que lo era el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). No es la primera vez que Agbar y el Consistorio terminan en los tribunales. En 2018 dos juzgados de Barcelona ya archivaron sendas querellas de Agbar contra el concejal de Agua y Energía de Barcelona, Eloi Badia, y cuatro trabajadores del AMB por injurias, prevaricación, revelación de secretos y malversación por un informe que cuestionaba el valor de los activos de Agbar en la empresa mixta de agua y por haber “filtrado” a un medio de comunicación información contable de la empresa.

En su denuncia ante el Tribunal de Cuentas, Agbar se refiere además a las subvenciones que el Consistorio ha otorgado a “asociaciones afines a la ideología municipalizadora”, como Enginyers sense Fronteres. La denuncia no cifra el concreto perjuicio de las subvenciones, sino que considera que serán un menoscabo a las arcas públicas “todas aquellas subvenciones que no hayan tenido un resultado tangible que pueda justificar el aumento exponencial y manifiestamente desproporcionado de su financiación”. La empresa hace hincapié en que durante el mandato de CiU en Barcelona Enginyers sense Fronteres recibió subvenciones por valor de 271.437 euros, mientras que entre 2016 y 2018 ascendieron a 852.633 euros.

Las subvenciones que el Consistorio ha otorgado a entidades sociales como la PAH también forman parte de la investigación de la Fiscalía de Barcelona a raíz de la denuncia de la asociación Abogados Catalanes por la Constitución, entidad vinculada a Societat Civil Catalana y presidida por Ramón de Veciana, candidato de UPyD a la presidencia de la Generalitat en 2015. Se trata de subvenciones que ya se concedían durante el anterior mandato, el del alcalde Xavier Trías (CiU).

A día de hoy la Fiscalía mantiene abiertas sus diligencias –algo habitual tras recibir la denuncia de un particular– y todavía está estudiando la cuestión antes de decidir si archiva la denuncia o remite una querella al juzgado. El Ministerio Público sí archivó en diciembre pasado su investigación por otra denuncia relativa a otra de las polémicas del actual mandato, los bloques de hormigón que el Ayuntamiento ha puesto en la calzada para que los peatones ganen espacio frente al coche. La Fiscalía descartó que supusieran un peligro para la seguridad vial.

El Consistorio barcelonés enmarca las distintas querellas y denuncias en una “campaña de ataque para ensuciar la gestión municipal”, en palabras del concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra. Desde el Ayuntamiento insisten en que todas las denuncias pretenden “poner en entredicho” aspectos del programa electoral de Barcelona en Comú que recibieron el apoyo de los votantes y que no se han formulado por quedarse un euro de la caja.

Los hoteles frenados, fuente de querellas

Pero si un asunto ha protagonizado las querellas que han recibido los concejales de Colau son los hoteles y los pisos de lujo. La única investigación que sigue abierta en los juzgados –aunque se pedirá su archivo– es la que afecta a la concejal de Urbanismo, Janet Sanz, a raíz de una querella de London Private Company y los padres paúles por vetar un hotel de lujo en una finca modernista, la Casa Buenos Aires. El fondo buitre y la congregación religiosa atribuyen a Sanz varios delitos, como prevaricación, obstrucción a la Justicia y omisión del deber de perseguir delitos, pero la concejal defendió ante el juez que la actuación municipal obedeció al interés público.

Asimismo, el fondo Vauras Investment ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona la decisión de la jueza de archivar su querella contra Ada Colau; la concejala de Vivienda, Lucía Martín; y el concejal de Derechos de Ciudadanía y del distrito de Sants, Marc Serra. La magistrada dio carpetazo al caso y afeó al fondo que acusara sin pruebas a Colau de “confabulación con okupas”. La Fiscalía, en línea con el Ayuntamiento, ha pedido a la Audiencia de Barcelona que confirme el archivo del caso ya que las acusaciones de Vauras contra el equipo de gobierno “adolecen de sustento probatorio alguno”.

El resto de causas ya están archivadas definitivamente. Es el caso de la que afectó a la exconcejal de Ciutat Vella Gala Pin, que recibió la querella de otra inmobiliaria, MK Premium, por acusar a la empresa en televisión de querer echar de sus casas a vecinos del Raval. La Audiencia de Barcelona concluyó que la inmobiliaria a la que Pin acusó de 'mobbing' sí quería echar a los vecinos, por lo que no vio delitos de injurias ni calumnias.También quedó en nada la querella de la cadena Praktik contra Sanz por denegar la licencia de un hotel de lujo en un solar de Drassanes. Y el mismo camino del archivo siguió la querella que la patronal de las VTC, Unauto, interpuso contra Colau a raíz el reglamento del AMB sobre las licencias a este tipo de vehículos con los que prestaban servicios empresas como Uber o Cabify. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sí tumbó esa normativa metropolitana al considerar que el AMB carecía de competencias para regular ese aspecto del sector.

La guerra del agua de Barcelona tiene una nueva batalla. La Sociedad General de Aguas de Barcelona, Agbar, ha llevado ante el Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento de Barcelona por el proceso de municipalización del agua que intentó el consistorio de Ada Colau, frustrado por la sentencia del Tribunal Supremo que avaló la empresa mixta creada entre la multinacional y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El Tribunal de Cuentas ha dado traslado de la denuncia a la Fiscalía y el consistorio antes de decidir si sigue adelante con el procedimiento.

En su denuncia, adelantada por El Mundo, Agbar cifra “de manera aproximada” en 875.293,54 euros el “perjuicio” ocasionado a las arcas públicas. Dentro de esa cifra Agbar incluye un encargo específico del Ayuntamiento de 2017 a varios despachos para un análisis jurídico y de infraestructuras sobre la municipalización del agua que costó 358.710 euros, pero también “distintos trabajos realizados en el ámbito 'agua'” por valor de 499.925,08 euros y que la multinacional vincula con la municipalización.

Entre las decenas de estudios denunciados por Agbar figuran un inventario de la red de distribución del agua potable de Barcelona, un informe para detectar las necesidades de inversión en la red de agua potable de la ciudad, otro sobre demandas futuras de agua o la valoración de activos de Agbar dentro del municipio, así como un estudio sobre hábitos de consumo de agua potable en las casas.

A criterio de Agbar, todos estos estudios vulneraron la normativa contable, pues los encargó el Ayuntamiento de Barcelona cuando la competencia en materia de agua recae en el AMB y no en el consistorio. Destaca Agbar que el Ayuntamiento asumió “costes manifiestamente innecesarios que suponen una duplicación de esfuerzos financieros”, pues el servicio de abastecimiento de agua ya viene siendo prestado por el AMB.

El tercer bloque de la denuncia de Agbar consiste en las subvenciones que el Ayuntamiento de Barcelona otorgó a “asociaciones afines a la ideología municipalizadora”, como Enginyers sense Fronteres. La denuncia no cifra el concreto perjuicio de las subvenciones, sino que considera que serán un menoscabo a las arcas públicas “todas aquellas subvenciones que no hayan tenido un resultado tangible que pueda justificar el aumento exponencial y manifiestamente desproporcionado de su financiación”.

Asimismo, la empresa incluye en el menoscabo de fondos públicos los 15.000 euros que el consistorio dedicó a fomentar la recogida de firmas para celebrar una consulta sobre la municipalización del agua que no se llegó a celebrar. Todo ello forma parte, denuncia la empresa, de la estrategia municipal para crear un “clima denigratorio” contra Agbar en el proceso fallido de municipalización. Para la multinacional el conflicto en Barcelona se enmarca en “un fenómeno ideológico global llamado remunicipalización”, que a su juicio se caracteriza por “una oposición frontal a cualquier presencia de iniciativa económica privada en la prestación de servicios públicos en general y en los de agua en particular”.

El Ayuntamiento tilda la denuncia de “ataque a la democracia”

El concejal de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, Marc Serra, ha avanzado que el consistorio colaborará con toda la documentación que le pueda requerir el Tribunal de Cuentas y ha defendido la legalidad de todas las subvenciones y estudios encargados. “Se quiere poner en marcha una máquina del fango para ensuciar la gestión municipal y no permitiremos este ataque al prestigio de la ciudad”, ha denunciado Serra.

El concejal ha lamentado que la denuncia de Agbar pretenda “poner en entredicho” las actuaciones del gobierno municipal para llevar a cabo la municipalización del agua, uno de los objetivos que los 'comuns' llevaban en el programa electoral, por lo que ha tildado la demanda de la multinacional de “ataque a la democracia y al gobierno municipal”.

La organización nace para defender el modelo que ha consolidado a Barcelona como un 'hub' referente internacional en la gestión del agua

Un grupo de trabajadores millenials de la empresa Agbar ha creado la Associació de Professionals d'Agbar para reivindicar su profesionalidad ante continuos “ataques ideológicos” y para defender el modelo que ha consolidado a Barcelona como un 'hub' referente internacional en la gestión del agua, han informado en un comunicado.

La asociación ha criticado que distintos ámbitos del Ayuntamiento de Barcelona y del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) cuestionen continuamente su profesionalidad, y ha asegurado que se está impulsando una estrategia que pretende eliminar la presencia del grupo en Barcelona que obedece a posicionamientos “meramente ideológicos”.

Frente a ello, el grupo de profesionales ha afirmado defender un modelo de gestión “basado en la colaboración público-privada” que ha convertido a Barcelona en un 'hub' catalán que constituye uno de los principales motores de la actividad económica y de generación de puestos de trabajo en la ciudad.

También han insistido en la urgencia de desarrollar tecnologías que permitan proteger a la población de los efectos del cambio climático, y han asegurado que el conocimiento y la experiencia de los profesionales de la empresa son útiles para “desarrollar soluciones reales y aplicables, más allá de los grandes discursos”.

La asociación ha apuntado que la empresa invierte cada año más de 60 millones de euros en mejorar la eficacia y la calidad de su servicio y que impulsa proyectos de investigación por un valor de 25,6 millones de euros en colaboración con otros partners para multiplicar “el conocimiento adquirido”.

Cesc Iglesies, secretario de Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat en activo, se ha incorporado a un nuevo consejo asesor creado por la empresa privada Aigües de Barcelona (Agbar), que gestiona el servicio público de distribución de agua de Barcelona mediante una empresa mixta. El alto cargo participará en un foro enfocado a debatir sobre la participación, transparencia y acción social en la gestión del agua, junto con diferentes representantes de la sociedad civil.

Desde el departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, dirigido por ERC, explican que se valoró la conveniencia de participar en este consejo asesor y se decidió autorizar al alto cargo después de pedir un informe de los servicios jurídicos sobre las posibles incompatibilidades. Según indican, la participación de Iglesies persigue “orientar la acción de compromiso social con los más vulnerables” y trabajar para “conseguir los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU”. El secretario del Govern participará en calidad de “invitado”, por lo que no recibirá remuneración.

Además del alto cargo del Govern, en el consejo asesor figuran los secretarios generales en Catalunya de CCOO y UGT, Javier Pacheco y Camil Ros, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y expolíticos como el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu o la exlíder de ICV Dolors Camats. También estarán presentes en este consejo el abogado Miquel Roca, el ecólogo Ramon Folch o el meteorólogo Tomàs Molina. Las personas que se incorporan al grupo a título en representación de entidades no tienen compensación económica, a diferencia de los que acuden a título personal.

Según la información facilitada este martes por Agbar en nota de prensa, el Consejo Asesor de Participación, Transparencia y Acción Social que han creado pretende “convertirse en un foro de encuentro para establecer un diálogo sólido sobre los aspectos sociales y de innovación de la gestión del agua en Catalunya y en el área metropolitana de Barcelona”. En total el foro estará formado en total por una quincena de personas y presidido por el propio Ángel Simon, presidente de Agbar.

La controversia en la gestión del agua en Barcelona ha vivido este miércoles un nuevo capítulo. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que preside la alcaldesa Ada Colau, ha presentado un estudio realizado por la agencia pública Barcelona Regional en el que cuestiona el reparto de activos de la empresa mixta creada junto a Agbar en 2012 y cuyo procedimiento de contratación fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en 2016.

El AMB cree que Agbar sobrevaloró en 346 millones de euros sus activos en la empresa mixta, creada bajo el mandato de Xavier Trias y que lleva el agua hasta los hogares de 23 municipios de la conurbación de la capital catalana. Así, tras un año de estudio de las concesiones, los terrenos, los depósitos y las cañerías que forman parte de la empresa, el AMB concluye que el valor de los activos aportados por Agbar es de 130 millones de euros y no los 476 que contabilizó la compañía como aportación inicial.

Esta diferencia resulta de restar a los 476 millones iniciales 116 millones correspondientes a activos que no forman parte de la red de suministro de agua hasta los domicilios sino de la red 'en alta', que canaliza el agua desde los ríos hasta los depósitos municipales. Además, según los cálculos del AMB, otros 230 millones de euros en activos de Agbar ya estaban amortizados en el momento de constitución de la mixta, por lo que ya no formaban parte del patrimonio de la filial del grupo Suez sino de la administración pública.

“Se produjo una sobrevaloración por parte de Agbar. Sólo un 27% de los activos aportados eran reales”, ha afirmado el vicepresidente de Medio Ambiente del AMB, Eloi Badia (BComú), que ha explicado que el ente metropolitano prepara otro estudio para valorar también si los 50,5 millones aportados en activos por la administración pública a la mixta son la cifra correcta o, como sospechan, está infravalorada.

El estudio presentado este miércoles se ha llevado a cabo a raíz de la sentencia del TSJC que tumbó la constitución de la empresa mixta entre Agbar y la AMB, que el Supremo todavía debe decidir si confirma. Los de Colau creen que el fallo judicial abre la puerta a la municipalización del agua, algo que prometieron en su programa electoral.

La sentencia del TSJC consideró que la valoración de activos de la empresa mixta estaba mal hecha porque se incluyeron elementos patrimoniales de Agbar, como por ejemplo una instalación de Sant Joan Despí, que no correspondían a la red de suministro sino a la red 'en alta'.

“Si se valora un elemento patrimonial que no se tiene, el resultado de la valoración no es fiable”, concluyeron los magistrados. Con todo, el fallo contó con el voto particular del presidente del tribunal, que consideró ajustada a derecho la licitación de la empresa mixta, a día de hoy formada por Agbar (70%) Criteria -la Caixa- (15%) y la propia AMB (15%).

El AMB ha recogido el guante de esta sentencia para volver a valorar los activos correspondientes a la parte pública y a la privada que constituyeron la mixta. Sin embargo, Badia ha insistido que los 130 millones no son la cifra que manejan en el AMB que correspondería abonar a Agbar en caso de que el Supremo confirmara la sentencia del TSJC.

Sea cual sea el resultado judicial del litigio, la revalorización de activos impulsada por el AMB podría servir a la administración para reclamar un cambio en el accionariado de la mixta, aunque para cualquier movimiento se esperará a la sentencia del Alto Tribunal. Ahora el AMB ha abierto un plazo de alegaciones para que Agbar y los 23 municipios que abastece la mixta hagan las enmiendas oportunas.

El president executiu d'Agbar, Ángel Simón, ha apel·lat aquest dimecres al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a mantenir el model de col·laboració público-privada en el subministrament d'aigua, en ple debat sobre la municipalització del servei que proposa el consistori de Ada Colau.

Simón, durant el seu discurs en l'acte que ha commemorat el 150è aniversari d'Aigües de Barcelona, s'ha dirigit expressament al president per demanar-li “preservar el model d'èxit” público-privat en el camp de l'aigua a Catalunya. “Estem convençuts que és l'únic model vàlid per fer front als reptes de futur”, ha afirmat Simón.

Puigdemont, que ha tancat l'acte, ha volgut respondre Simón i ha assegurat que s'ha de parlar sobre models de gestió de l'aigua “sense apriorismes ideològics”. “El debat no és tant qui ha de gestionar sinó quins elements hem de tenir en compte per a la gestió òptima del servei”, ha indicat, i ha apostat perquè el paper de les administracions públiques sigui el de “preservar la qualitat del servei”.

Així mateix, Simón ha reivindicat el compromís d'Aigües de Barcelona al llarg de la seva història amb la ciutat i amb Catalunya. “Portem a terme la nostra activitat amb criteris d'excel·lència, atents al nostre entorn, anticipant-nos a les necessitats de les persones i amb voluntat de servir a la ciutadania”, ha asseverat, i ho ha exemplificat amb el fons de solidaritat que va impulsar Agbar fa cinc anys i que subvenciona el servei a més de 50.000 persones en situació de vulnerabilitat.

El debat sobre el model de gestió de l'aigua ha crescut a Catalunya en els últims anys, especialment arran de la privatització, qüestionada pels tribunals, de l'empresa pública de la Generalitat Aigües Ter Llobregat (ATLL), i de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va tombar l'empresa mixta que van formar Agbar i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Tots dos casos estan pendents d'una sentència definitiva del Tribunal Suprem.

ATLL és l'empresa d'aigua 'en alta' de Catalunya, el qual va des de les conques fluvials fins als dipòsits municipals i del qual depenen 4,5 milions de catalans. El TSJC va anul·lar la que va ser la major privatització de la història de la Generalitat i que es va quedar un grup liderat per Acciona, que competia amb Agbar per fer-se amb la gestió d'ATLL.

Sobre l'empresa mixta de l'AMB, l'Ajuntament de Barcelona vol aprofitar la sentència judicial per municipalitzar el servei d'aigua, mentre que Agbar sosté que la sentència no qüestiona la titularitat del servei sinó només la forma en com es va constituir l'empresa mixta, així que la companyia entén que pot seguir subministrant l'aigua a gairebé 3 milions de catalans de Barcelona, l'Hospitalet o Badalona.

En l'acte d'Aigües de Barcelona no ha acudit cap representant del govern de l'Ajuntament de Barcelona. Sí que ho han fet pesos pesants del PSC com l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín; l'alcalde de Cornellà, Antonio Balmón; o l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. Per la seva banda, des de la Generalitat han acudit el president, Carles Puigdemont; el conseller de Territori, Josep Rull; i la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret.

El presidente ejecutivo de Agbar, Ángel Simón, ha apelado este miércoles al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a mantener el modelo de colaboración público-privada en el suministro de agua, en pleno debate sobre la municipalización del servicio que propone el consistorio de Ada Colau.

Simón, durante su discurso en el acto que ha conmemorado el 150 aniversario de Aigües de Barcelona, se ha dirigido expresamente al president para pedirle “preservar el modelo de éxito” público-privado en el campo del agua en Catalunya. “Estamos convencidos de que es el único modeo válido para hacer frente a los retos de futuro”, ha afirmado Simón.

Puigdemont, que ha cerrado el acto, ha querido responder a Simón y ha asegurado que se tiene que hablar sobre modelos de gestión del agua “sin apriorismos ideológicos”. “El debate no es tanto quién tiene que gestionar sino qué elementos hemos de tener en cuenta para la gestión óptima del servicio”, ha indicado, y ha apostado porqué el papel de las administraciones públicas sea el de “preservar la calidad del servicio”.

Asimismo, Simón ha reivindicado el compromiso de Aigües de Barcelona a lo largo de su historia con la ciudad y con Catalunya. “Llevamos a cabo nuestra actividad con criterios de excelencia, atentos a nuestro entorno, anticipándonos a las necesidades de las personas y con voluntad de servir a la ciudadanía”, ha aseverado, y lo ha ejemplificado con el fondo de solidaridad que impulsó Agbar hace cinco años y que subvenciona el servicio a más de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad.

El debate sobre el modelo de gestión del agua ha crecido en Catalunya en los últimos años, en especial a raíz de la privatización, cuestionada por los tribunales, de la empresa pública de la Generalitat Aigües Ter Llobregat (ATLL), y de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que tumbó la empresa mixta que formaron Agbar y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Ambos casos están pendientes de una sentencia definitiva del Tribunal Supremo.

ATLL es la empresa de agua 'en alta' de Catalunya, el que va desde las cuencas fluviales hasta los depósitos municipales y del que dependen 4,5 millones de catalanes. El TSJC anuló la que fue la mayor privatización de la historia de la Generalitat y que se quedó un grupo liderado por Acciona, que competía con Agbar para hacerse con la gestión de ATLL.

Sobre la empresa mixta del AMB, el Ayuntamiento de Barcelona quiere aprovechar el fallo judicial para municipalizar el servicio de agua, mientras que Agbar sostiene que la sentencia no cuestiona la titularidad del servicio sino solo la forma en cómo se constituyó la empresa mixta, así que la compañía entiende que puede seguir suministrando el agua a casi 3 millones de catalanes de Barcelona, L'Hospitalet o Badalona.

En el acto de Aigües de Barcelona no ha acudido ningún representante del gobierno del Ayuntamiento de Barcelona. Sí lo han hecho pesos pesados del PSC como la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín; el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón; o el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. Por su lado, desde la Generalitat han acudido el president, Carles Puigdemont; el conseller de Territori, Josep Rull; y la consellera de Agricultura, Meritxell Serret.

El conflicto que mantienen grandes empresas privadas con las administraciones públicas catalanas por la gestión del agua tiene dos grandes frentes en los ámbitos autonómico y metropolitano: el que afecta a Aigües Ter Llobregat (ATLL) y a la empresa mixta del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ambos pendientes de una sentencia definitiva del Tribunal Supremo. Sin embargo, en los últimos meses la guerra del agua ha cobrado intensidad a nivel local. El Ayuntamiento de Terrassa, la cuarta ciudad más poblada de Catalunya, quiere recuperar la gestión del agua en el municipio, que lleva 75 años en manos de Mina, grupo liderado por Agbar.

Todas las miradas están centradas en la manifestación convocada para este domingo por parte de casi un centenar de partidos y entidades. Bajo el lema “Se escribe agua y se lee democracia”, la marcha quiere mostrar su apoyo al consistorio que encabeza Jordi Ballart (PSC) en su plan para recuperar la gestión pública del servicio. Ada Colau o Gabriel Rufián han animado públicamente a participar en la manifestación.

El conflicto entre el Ayuntamiento y Mina está enquistado y judicializado. Ambas partes reconocen que el diálogo está roto actualmente y no esconden que serán los tribunales los que tendrán la última palabra sobre la municipalización del servicio, algo por otro lado habitual en estos casos. Mientras el Ayuntamiento apuesta por una gestión 100% pública, la empresa quiere seguir prestando el suministro, por ejemplo a través de una empresa mixta con participación municipal.

El contrato de concesión del suministro de aguas de Mina con el Ayuntamiento de Terrassa se firmó en 1941 y terminó el pasado mes de diciembre. El pleno municipal aprobó entonces revertir los bienes de Mina al consistorio y aplicar a la empresa una prórroga forzosa del servicio hasta junio de este año. Las medidas recibieron el visto bueno de 20 de los 27 ediles del consistorio (PSC, Terrassa en Comú, ERC-MES y CUP).

La empresa recurrió los dos acuerdos, como ya había hecho con la designación del experto en gestión pública Joan Gaya como comisionado del agua al entender que su trayectoria denotaba falta de objetividad e imparcialidad a favor del modelo público. El TSJC todavía tiene que pronunciarse sobre todos los recursos.

¿En qué estado se encuentra concretamente la municipalización? El primer teniente de alcalde, Alfredo Vega (PSC), explica que la liquidación de la concesión con Mina está aprobada “formalmente” pero no se ha conseguido “materialmente”. “El Ayuntamiento ya tendría que estar llevando la dirección de la empresa y esto no se está produciendo”, reconoce. El motivo, denuncia Vega, es que Mina no tiene una “actitud colaboradora” y no entrega toda la información que le ha requerido el consistorio, como por ejemplo el detalle de las nóminas de cada uno de los 125 trabajadores de la empresa.

Desde Mina rechazan que pongan trabas al Ayuntamiento. El director general de Mina, Josep Lluís Armenter, explica que la empresa podría incurrir en una infracción si entregase directamente al consistorio (en vez de a una empresa municipal) datos “privados” sobre el know-how de la empresa o “sensibles” como el detalle de las nóminas o las domiciliaciones bancarias de los clientes. El posicionamiento de la empresa cuenta con el respaldo de la Agencia Catalana de Protección de Datos. “Hemos entregado todos los datos de forma agregada”, añade.

El coste de liquidar la concesión

Vega explica que la compañía tiene que proporcionar datos para que el Ayuntamiento pueda calcular el coste final de liquidar la concesión. En este sentido, Vega contempla tres escenarios posibles: que la liquidación no tenga coste alguno para las dos partes o que, por contra, Mina o el consistorio tengan que pagar.

“En los números finales seguramente habrá discrepancias y el asunto terminará en manos de un juez”, asevera Vega, que, con todo, niega que el consistorio tenga que afrontar una indemnización millonaria. “No contemplamos un escenario como el que dice Mina en el que el Ayuntamiento tenga que pagar 60 millones para gestionar el servicio”, asegura. En cualquier caso, Vega da por descontado que el Ayuntamiento ampliará otros seis meses más la prórroga forzosa del servicio, por la que municipalización no se consumaría hasta, como mínimo, el año que viene.

Armenter, por su lado, todavía ve margen para llegar a un acuerdo y pide al Ayuntamiento que estudie su propuesta de crear una empresa mixta con una “participación equilibrada” entre consistorio y empresa. “El Ayuntamiento no va ni contra Mina ni contra nadie. Sólo reclamamos la libertad y la autonomía de los poderes públicos para decidir cómo gestionar los servicios básicos, y en este caso creemos en la gestión pública del agua”, responde Vega.

Vega reconoce que el caso de Terrassa, la cuarta ciudad catalana, con 215.000 habitantes, puede marcar un precedente en la tendencia a la municipalización que se ha instalado en los ayuntamientos. Mina, la empresa más antigua del Registro Mercantil, presta el servicio desde hace más de un siglo. Se constituyó en 1842 y en 1941 logró la concesión que finalizó el año pasado y que ha abierto la caja de los truenos. Agbar es el socio industrial de la empresa con un 35% de su capital, mientras que el resto se lo reparten los miembros del consejo de administración y unos 500 accionistas minoritarios. Mientras Ayuntamiento y Mina mantienen su conflicto, la ciudadanía dirá la suya este domingo en las calles de Terrassa.

Un informe encarregat per l'Ajuntament de Barcelona posa en dubte l'existència d'una concessió a Agbar per prestar el subministrament d'aigua a la ciutat i assenyala que l'any 2003 l'empresa hauria d'haver retornat a la capital catalana “totes les instal·lacions, béns i materials” del servei. El text, al qual ha tingut accés en exclusiva aquest diari, conclou que Agbar ha prestat el servei d'aigües a la capital catalana “en una situació de precarietat”. Fonts d'Agbar han rebutjat els arguments esgrimits en l'informe i han afegit que parts del mateix no s'ajusten a algunes consideracions de la sentència del TSJC del passat mes de març que va anul·lar l'empresa mixta.

“No existeix o no ha aparegut cap títol concessionari atorgat per l'Ajuntament de Barcelona l'any 1953 a favor d'Agbar”, diu l'informe encarregat per l'Ajuntament, tot i que admet que la relació és “assimilable a una concessió” des del citat any. L'any 1953, l'Estat va atorgar a Agbar la concessió per explotar els cabals del riu Llobregat per abastir d'aigua a Barcelona, però la competència per a l'abastament d'aigua a les llars era, també en aquell any, “inequívocament municipal”, remarca l'informe. “Qualsevol empresa necessitava que l'Ajuntament del Municipi li atorgués l'oportuna concessió”, cosa que, segons el document, no es va arribar a produir en el cas de Barcelona.

“Es produeix una situació de fet, no de dret”, sosté l'informe. La raó, argumenta el document, és que es va prescindir “de tot el procediment de contractació, i, especialment, d'un acte essencial en aquest procediment concessional com és la signatura del conveni”. En aquest sentit, l'informe considera que la manca de conveni “és decisiva” en tractar-se d'un “requisit essencial”, que, segons la seva opinió, “afectaria la validesa d'una suposada concessió tàcita”.

En qualsevol cas, el document considera que, amb títol o no, la concessió de l'Ajuntament a Agbar tenia una durada màxima de 50 anys, per la qual cosa s'allargava fins al 2003. En aquest any “totes les instal·lacions, béns i materials integrants del servei s'haurien d'haver revertit a l'Ajuntament de Barcelona”, conclou.

Des d'Agbar no ho veuen de la mateixa manera. Fonts de la companyia es refereixen a la sentència del TSJC que va anul·lar l'empresa mixta, que Agbar ha recorregut al Suprem. En concret (veure pàgina 9 de la sentència), el TSJC va assegurar que “no es pot aplicar” el límit de cinquanta anys –que sí que considera el document encarregat per l'Ajuntament–, doncs tal termini es circumscriu als contractes de gestió de servei públic de les administracions locals, i en el cas de 1953 va ser l'Estat i no l'Ajuntament qui va atorgar la concessió. Així, perquè es pogués aplicar el límit de cinquanta anys a partir de 1953, l'Ajuntament hauria d'haver municipalitzat el servei abans.

“La societat [Agbar] segueix gaudint de tot aquest patrimoni després de superar amb escreix els anys legalment establerts de durada de la concessió”, assenyala l'informe encarregat per l'Ajuntament. El motiu és que “no consta” que l'Ajuntament hagués atorgat a l'empresa cap concessió després de la de 1953. A més, considera “totalment anòmal” el fet que en un segle no s'hagin revertit els béns i instal·lacions en favor de l'Ajuntament.

Amb l'encàrrec de l'informe per part Ajuntament, Colau fa un pas per analitzar la gestió de l'aigua a nivell municipal, que fins ara sempre s'havia circumscrit a l'àmbit metropolità. L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va crear a l'abril dues comissions per estudiar els efectes de la sentència del TJSC.

L'informe, datat al setembre d'aquest any i signat pel lletrat Jaume Galofré després d'un encàrrec del consistori, considera que el règim jurídic avalat per la Carta Municipal de Barcelona (CMB) converteix a l'Ajuntament en l'administració competent en el proveïment d'aigua davant del àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L'informe també assenyala que “no està clar, per falta d'informació”, quins béns aportava Agbar a l'empresa mixta que va constituir juntament a l'AMB el 2012.

“No apareix cap prova documental que acrediti que l'Ajuntament de Barcelona, titular de la competència de proveir d'aigua potable als domicilis de la ciutat, hagi atorgat la corresponent concessió a la SGAB [Agbar]”, conclou l'informe.

Aquestes consideracions de l'informe si van en la línia de la sentència del TSJC que va tombar l'empresa mixta el passat mes de març i que va qualificar a Agbar com a “concessionari tàcit” del servei d'aigües. A més, la sentència va considerar que es va realitzar una “inadequada consideració” de la posició d'Agbar en crear-se la mixta. En concret, segons el punt cinquè de les conclusions del TSJC (veure pàgina 18 de la sentència), que es va incloure en el patrimoni valorat en la mixta el “actiu concessional”, és a dir, el dret a prestar el servei d'aigües fins al 2047, “quan aquest actiu pertany a l'Administració i no al concessionari”.

Tot indica que l'informe pot desencadenar un altre episodi en el conflicte que mantenen per la gestió de l'aigua Barcelona en Comú –Ada Colau, com a alcaldessa de Barcelona, és la presidenta de l'AMB– i Agbar, una de les filials del gegant mundial de l'aigua Suez.

El TSJC va anul·lar l'adjudicació a Agbar del subministrament d'aigua a Barcelona i altres 22 municipis de l'AMB mitjançant una empresa mixta controlada al 70% per la multinacional. Agbar va recórrer al Suprem sostenint que la sentència no anul·lava la seva capacitat d'explotar la xarxa de proveïment d'aigua, sinó que la mixta s'hauria de fer amb un procediment administratiu diferent al de 2012. Per contra, Barcelona en comú va interpretar la sentència com una porta oberta a la municipalització.

Informe de l'AMB

D'altra banda, un altre informe al qual ha tingut accés aquest diari, en aquest cas demanat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), assenyala que perquè les poblacions incloses en la mixta puguin exercir les competències de la gestió d'aigües que ara té l'ens supramunicipal és necessari un pas previ: modificar el conveni que va constituir la societat público-privada que van crear l'AMB i Agbar el 2012.

L'origen de l'informe és a la municipalització del servei d'aigües que vol implantar Ripollet, població metropolitana de gairebé 40.000 habitants governada per Decidim Ripollet –candidatura el suport de la CUP. El contracte de concessió amb Sorea (participada per Agbar) va finalitzar el passat mes d'octubre. El consistori temia que la seva intenció de municipalitzar quedés en foc d'encenalls per l'acord inicial del consell de l'AMB del mes de maig, que obligava els municipis que finalitzessin el seu contracte amb una empresa privada a constituir una comissió mixta amb l'ens supramunicipal per estudiar què fer amb el servei d'aigües.

La CUP va entendre que l'acord vulnerava la competència municipal de gestió d'aigües, i va formular al·legacions per blindar-la. CiU, PP i Ciutadans també van rebutjar el canvi normatiu, però per motius oposats: els tres grups entenen que, un cop un municipi finalitza el seu contracte de concessió, la competència sobre l'aigua passa directament a l'AMB.

L'informe que l'AMB va encarregar per avaluar tècnicament el conjunt d'al·legacions dóna la raó a la CUP sobre quina administració ha d'assumir la competència en aigües quan acaba el contracte en un municipi. “No hi ha cap disposició legal que obligui al fet que, un cop extingit el contracte administratiu, el servei municipal s'incorpori al servei metropolità”, diu el text.

El document proposa que el reglament es torni a redactar de manera que blindi la capacitat dels municipis metropolitans que estan fora de la mixta –com Ripollet, Sant Cugat o Molins de Rei– per prestar el servei d'aigües, ja sigui directament o amb un contracte de concessió amb una empresa. Fonts de l'AMB expliquen que el govern supramunicipal encara no ha respost a les al·legacions per formular una nova proposta sobre el reglament de l'aigua.

Un informe encargado por el Ayuntamiento de Barcelona pone en duda la existencia de una concesión a Agbar para prestar el suministro de agua en la ciudad y señala que en el año 2003 la empresa tendría que haber devuelto a la capital catalana “todas las instalaciones, bienes y materiales” del servicio. El texto, al que ha tenido acceso en exclusiva este diario, concluye que Agbar ha prestado el servicio de aguas en la capital catalana “en una situación de precariedad”. Fuentes de Agbar han rechazado los argumentos esgrimidos en el informe y han añadido que partes del mismo no se ajustan a algunas consideraciones de la sentencia del TSJC del pasado mes de marzo que anuló la empresa mixta.

“No existe o no ha aparecido ningún título concesionario otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona el año 1953 en favor de Agbar”, reza el informe encargado por el Ayuntamiento, aunque admite que la relación es “asimilable a una concesión” desde el citado año. En el año 1953, el Estado otorgó a Agbar la concesión para explotar los caudales del río Llobregat para abastecer de agua a Barcelona, pero la competencia para el abastecimiento de agua a los hogares era, también en aquel año, “inequívocamente municipal”, remarca el informe. “Cualquier empresa necesitaba que el Ayuntamiento del Municipio le otorgara la oportuna concesión”, cosa que, según el documento, no se llegó a producir en el caso de Barcelona.

“Se produce una situación de hecho, no de derecho”, sostiene el informe. La razón, argumenta el documento, es que se prescindió “de todo el procedimiento de contratación, y, especialmente, de un acto esencial en este procedimiento concesional como es la firma del convenio”. En este sentido, el informe considera que la falta de convenio “es decisiva” al tratarse de un “requisito esencial”, que, en su opinión, “afectaría a la validez de una supuesta concesión tácita”.

En cualquier caso, el documento considera que, con título o no, la concesión del Ayuntamiento a Agbar tenía una duración máxima de 50 años, por lo que se alargaba hasta el 2003. En ese año “todas las instalaciones, bienes y materiales integrantes del servicio se tendrían que haber revertido al Ayuntamiento de Barcelona”, concluye.

Desde Agbar no lo ven del mismo modo. Fuentes de la compañía se refieren a la sentencia del TSJC que anuló la empresa mixta, que Agbar ha recurrido al Supremo. En concreto (ver página 9 de la sentencia), el TSJC aseguró que “no se puede aplicar” el límite de cincuenta años –que sí considera el documento encargado por el Ayuntamiento–, pues tal plazo se circunscribe a los contratos de gestión de servicio público de las administraciones locales, y en el caso de 1953 fue el Estado y no el Ayuntamiento quien otorgó la concesión. Así, para que se pudiera aplicar el límite de cincuenta años a partir de 1953, el Ayuntamiento tendría que haber municipalizado el servicio antes.

“La sociedad [Agbar] sigue disfrutando de todo este patrimonio después de superar con creces los años legalmente establecidos de duración de la concesión”, señala el informe encargado por el Ayuntamiento. El motivo es que “no consta” que el Ayuntamiento hubiera otorgado a la empresa concesión alguna después de la de 1953. Además, considera “totalmente anómalo” el hecho de que en un siglo nunca se hayan revertido los bienes e instalaciones en favor del Ayuntamiento.

Con el encargo del informe por parte Ayuntamiento, Colau da un paso para analizar la gestión del agua a nivel municipal, que hasta ahora siempre se había circuncrito al ámbito metropolitano. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) creó en abril dos comisiones para estudiar los efectos de la sentencia del TJSC.

El informe, fechado en septiembre este año y firmado por el letrado Jaume Galofré tras un encargo del consistorio, considera que el régimen jurídico avalado por la Carta Municipal de Barcelona (CMB) convierte al Ayuntamiento en la administración competente en el abastecimiento de agua frente al Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El informe también señala que “no está claro, por falta de información”, qué bienes aportaba Agbar a la empresa mixta que constituyó junto al AMB en 2012.

“No aparece ninguna prueba documental que acredite que el Ayuntamiento de Barcelona, titular de la competencia de proveer de agua potable a los domicilios de la ciudad, hubiera otorgado la corresponde concesión a la SGAB [Agbar]”, concluye el informe.

Estas consideraciones del informe sí van en la línea de la sentencia del TSJC que tumbó la empresa mixta el pasado mes de marzo, que calificó a Agbar como “concesionario tácito” del servicio de aguas. Además, el fallo consideró que se realizó una “inadecuada consideración” de la posición de Agbar al crearse la mixta. En concreto, según el punto quinto de las conclusiones del TSJC (ver página 18 de la sentencia), que se incluyó en el patrimonio valorado en la mixta el “activo concesional”, es decir, el derecho a prestar el servicio de aguas hasta el 2047, “cuando dicho activo pertenece a la Administración y no al concesionario”.

Todo indica que el informe puede desencadenar otro episodio en el conflicto que mantienen por la gestión del agua Barcelona en Comú –Ada Colau, como alcaldesa de Barcelona, es la presidenta del AMB– y Agbar, una de las filiales del gigante mundial del agua Suez.

El TSJC anuló la adjudicación a Agbar del suministro de agua en Barcelona y otros 22 municipios del AMB mediante una empresa mixta controlada al 70% por la multinacional. Agbar recurrió al Supremo sosteniendo que la sentencia no anulaba su capacidad de explotar la red de abastecimiento de agua, sino que la mixta se tendría que hacer con un procedimiento administrativo distinto al de 2012. Por contra, Barcelona en Comú interpretó la sentencia como una puerta abierta a la municipalización.

Informe del AMB

Por otro lado, otro informe al que ha tenido acceso este diario, en este caso pedido por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), señala que para que las poblaciones incluidas en la mixta puedan ejercer las competencias de la gestión de aguas que ahora tiene el ente supramunicipal es necesario un paso previo: modificar el convenio que constituyó la sociedad públicoprivada que crearon el AMB y Agbar en 2012.

El origen del informe está en la municipalización del servicio de aguas que quiere implantar Ripollet, población metropolitana de casi 40.000 habitantes gobernada por Decidim Ripollet –candidatura apoyada por la CUP. El contrato de concesión con Sorea (participada por Agbar) finalizó el pasado mes de octubre. El consistorio temía que su intención de municipalizar quedara en agua de borrajas por el acuerdo inicial del consejo del AMB del mes de mayo, que obligaba a los municipios que finalizaran su contrato con una empresa privada a constituir una comisión mixta con el ente supramunicipal para estudiar qué hacer con el servicio de aguas.

La CUP entendió que dicho acuerdo vulneraba la competencia municipal de gestión de aguas, y formuló alegaciones para blindarla. CiU, PP y Ciutadans también rechazaron el cambio normativo, pero por motivos opuestos: los tres grupos entienden que, una vez un municipio finaliza su contrato de concesión, la competencia sobre el agua pasa directamente al AMB.

El informe que el AMB encargó para evaluar técnicamente el conjunto de alegaciones da la razón a la CUP sobre qué administración debe asumir la competencia en aguas cuando termina el contrato en un municipio. “No hay ninguna disposición legal que obligue a que, una vez extinguido el contrato administrativo, el servicio municipal se incorpore al servicio metropolitano”, reza el texto.

El documento propone que el reglamento se vuelva a redactar de manera que blinde la capacidad de los municipios metropolitanos que están fuera de la mixta –como Ripollet, Sant Cugat o Molins de Rei– para prestar el servicio de aguas, ya sea directamente o con un contrato de concesión con una empresa. Fuentes del AMB explican que el gobierno supramunicipal todavía no ha respondido a las alegaciones para formular una nueva propuesta sobre el reglamento del agua.

L'aigua de la que depenen més de quatre milions de catalans està privatitzada i als tribunals. La Generalitat i Acciona van recórrer al Tribunal Suprem la decisió del Tribunal Superior Justícia de Catalunya (TSJC) que el 23 juny 2015 va anul·lar la privatització més gran de la història de la Generalitat, Aigües Ter-Llobregat (ATLL). Sobre les taules del Suprem també hi ha el recurs que Agbar va presentar al març a una altra sentència del TSJC, en aquest cas la que va tombar l'empresa mixta que la filial de la multinacional francesa Suez i l'Àrea Metropolitana de Barcelona havien constituït el 2012.

Per parts. La primera sentència que hauria d'emetre el Suprem és la d'ATLL. Si no hi ha un gir de 180 graus, l'Alt Tribunal ratificarà l'anul·lació de la privatització. I, de passada, confirmarà judicialment el que tota l'oposició porta repetint al Govern des de fa quatre anys: que la privatització d'ATLL va ser un nyap (i molt lucrativa per Acciona). La mesura es va consumar amb el Govern en funcions i va ser la sortida escollida per Artur Mas per quadrar els comptes. Va ingressar de cop 298 milions i els 996 en els que es va valorar el conjunt de l'operació li van servir per rebaixar el dèficit públic del 2012.

El TSJC ha sentenciat que la Generalitat va plantejar el concurs per privatitzar ATLL en “contradicció” amb la llei de contractes del sector públic fins i tot abans que els consorcis que competien per quedar-se amb ATLL –encapçalats per Acciona i Agbar, respectivament– formulessin les seves ofertes. En conseqüència, el concurs va estar viciat des del seu inici, segons la sentència judicial. ATLL gestiona el servei d'aigua 'en alta', és a dir, la que va de les conques fluvials fins als dipòsits municipals i de la que depenen 4,5 milions de catalans.

La sentència va suposar una autèntica garrotada a la gestió de la privatització per part del Govern de Mas, que amb tot sempre ha defensat que va actuar correctament amb ATLL. Però a qui li tocarà gestionar les seves conseqüències judicials serà a l'Executiu de Puigdemont i, especialment, a ERC i al vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras.

Economia ja ha fet comptes: en la seva última compareixença parlamentària a finals de juliol, el secretari d'Economia del Govern, Pere Aragonès, va xifrar en 400 milions d'euros la quantitat que la Generalitat hauria d'abonar a Acciona si el Suprem segueix el que va sentenciar el TSJC. Qui també està pendent de l'aigua catalana és el Ministeri d'Hisenda. El diari La Vanguardia va avançar aquesta setmana que el ministeri de Cristóbal Montoro vol conèixer l'impacte en els comptes catalans del desenllaç judicial d'ATLL. Al Parlament, Aragonès va indicar que, igual que va fer amb els del 2016, no inclouria cap partida sobre la resolució d'ATLL al projecte de pressupostos pel 2017, sinó que s'abordaria durant l'execució dels comptes.

I és que les conseqüències de la sentència del Suprem tindrien efecte en el dèficit de la Generalitat. Aragonès va explicar que hi ha en joc 0,55 punts de dèficit públic. Si cal acabar sumant-lo al del 2016, Montoro i la Comissió Europea podrien donar un pas més en la seva intervenció de les finances catalanes perquè la Generalitat superaria, de llarg, el 0,7% de dèficit previst per aquest any. “Hi hauria un dèficit molt per sobre de l'imposat i es podrien activar els mecanismes de la llei d'estabilitat pressupostària”, va advertir Aragonès.

Amb tot, fonts del sector apunten que un cop es pronunciï el Suprem, Acciona i la Generalitat tenen tots els números per tornar als tribunals. Però en aquest cas no anirien juntes contra Agbar, sinó que s'enfrontarien per la quantia que el Govern hauria de pagar al grup de la família Entrecanales per complir amb una sentència que anul·lés la concessió.

Colau i Agbar, enfrontats

L'altra empresa d'aigua sobre la que ha de pronunciar-se el Suprem és la que porta l'aigua a les llars de 23 municipis de Barcelona i la seva àrea metropolitana des del 2012. Agbar domina el seu accionariat (70%), que completen Criteria-La Caixa (15%) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (15%). En aquest cas, l'empresa mixta subministra l'aigua a gairebé 3 milions de catalans de Barcelona, l'Hospitalet o Badalona.

El TJSC va censurar l'actuació de l'AMB, que en el moment de crear l'empresa mixta lideraven CiU i PSC. Els dos partits van decidir lliurar a Agbar el subministrament d'aigua sense concurs públic, el que va provocar que tres companyies competidores d'Agbar recorreguessin l'adjudicació. Però el TSJC va anar més enllà i va qüestionar que Agbar tingués contractes de subministrament en vigor amb diversos municipis –porta dècades actuant com a “concessionari tàcit”, segons la sentència. També va posar en dubte la valoració d'actius de l'empresa mixta –alguns són de l'administració i no d'Agbar, remarca el TSJC.

A diferència de la Generalitat amb ATLL, l'AMB –ara liderada per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, però amb el PSC a la vicepresidència, igual que la passada legislatura– va optar per no recórrer la sentència del TSJC. En aquest cas, però, també es preveu un altre llarg recorregut judicial que davant a Agbar i a la administració un cop el Suprem s'hagi pronunciat. La mixta havia de reportar ingressos milionaris a Agbar durant els 35 anys que dura la concessió, ara posada en dubte pels tribunals.

I és que Barcelona en Comú té en la municipalització de l'aigua una de les mesures estrella del seu programa electoral. “Municipalitzar l'aigua és imprescindible per recuperar el control públic sobre l'economia”, va declarar el febrer del 2015 en una entrevista a Catalunya Plural l'ara primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello.

El agua de la que dependen más de cuatro millones de catalanes está privatizada y en los tribunales. La Generalitat y Acciona recurrieron al Tribunal Supremo el fallo del Tribunal Superior Justicia de Catalunya (TSJC) que el 23 de junio de 2015 anuló la mayor privatización de la historia de la Generalitat, Aigües Ter-Llobregat (ATLL). Sobre las mesas del Supremo también está el recurso que Agbar presentó en marzo a otra sentencia del TSJC, en este caso la que tumb&oacute: la empresa mixta que la filial de la multinacional francesa Suez y el Área Metropolitana de Barcelona habían constituido en 2012.

Por partes. El primer fallo que debería emitir el Supremo es el de ATLL. Si no hay un giro de 180 grados, el Alto Tribunal ratificará la anulación de la privatización. Y, de paso, confirmará judicialmente lo que toda la oposición le lleva repitiendo al Govern desde hace cuatro años: que la privatización de ATLL fue una chapuza ( y muy lucrativa para Acciona). La medida se consumó con el Govern en funciones y fue la salida escogida por Artur Mas para cuadrar las cuentas. Ingresó en el momento 298 millones y los 996 en los que se valoró el conjunto de la operación le sirvieron para rebajar el déficit público de 2012.

El TSJC sentenció que la Generalitat planteó el concurso para privatizar ATLL en “contradicción” con la ley de contratos del sector público incluso antes de que los consorcios que competían para quedarse con ATLL –encabezados por Acciona y Agbar, respectivamente– formulasen sus ofertas. En consecuencia, el concurso estuvo viciado desde su inicio, según el fallo judicial. ATLL gestiona el servicio de agua 'en alta', es decir, el que va desde las cuencas fluviales hasta los depósitos municipales y del que dependen 4,5 millones de catalanes.

La sentencia supuso un auténtico varapalo a la gestión de la privatización por parte del Govern de Mas, que siempre ha defendido que actuó correctamente con ATLL. Pero a quien le tocará gestionar sus consecuencias judiciales será al Ejecutivo de Puigdemont y, en especial, a ERC y al vicepresident y conseller de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras.

Economía ya ha hecho cuentas: en su última comparecencia parlamentaria a finales de julio el secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès, cifró en 400 millones de euros la cantidad que la Generalitat tendría que abonar a Acciona si el Supremo sigue lo sentenciado por el TSJC. Quien también está pendiente del agua catalana es el Ministerio de Hacienda. El diario La VanguardiaVanguardia avanzó esta semana que el ministerio de Cristóbal Montoro quiere conocer el impacto en las cuentas catalanas del desenlace judicial de ATLL. En el Parlament, Aragonès indicó que, al igual que hizo con los de 2016, no incluiría ninguna partida sobre la resolución de ATLL en el proyecto de presupuestos para 2017, sino que se abordaría durante la ejecución de las cuentas.

Y es que las consecuencias del fallo del Supremo tendrían efecto en el déficit de la Generalitat. Aragonès explicó que hay en juego 0,55 puntos de déficit público. Si hay que terminar sumándolo al de 2016, Montoro y la Comisión Europea podrían dar una vuelta de tuerca a las ya intervenidas finanzas catalanas porque la Generalitat superaría, de largo, el 0,7% de déficit contemplado para este año. “Habría un déficit muy por encima de lo impuesto y se podrían activar los mecanismos de la ley de estabilidad presupuestaria”, advirtió Aragonès.

Con todo, fuentes del sector apuntan que una vez se pronuncie el Supremo, Acciona y la Generalitat tienen todos los números para volver a los tribunales. Pero en este caso no irían juntas contra Agbar, sino que se enfrentarían por la cuantía que el Govern tendría que pagar al grupo de la familia Entrecanales para cumplir con una sentencia que anulara la concesión.

Colau y Agbar, enfrentados

La otra empresa de agua sobre la que tiene que pronunciarse el Supremo es la que lleva el agua a los hogares de 23 municipios de Barcelona y su área metropolitana desde 2012. Agbar domina su accionariado (70%), que completan Criteria–La Caixa (15%) y el Área Metropolitana de Barcelona (15%). En este caso, la empresa mixta suministra el agua a casi 3 millones de catalanes de Barcelona, L'Hospitalet o Badalona.

El TJSC censuró la actuación de la AMB, que en el momento de crear la empresa mixta lideraban CiU y PSC. Ambos partidos decidieron entregar a Agbar el suministro de agua sin concurso público de por medio, lo que provocó que tres compañías competidoras de Agbar recurrieran la adjudicación. Pero el TSJC fue más allá y cuestionó que Agbar tuviera contratos de suministro en vigor con varios municipios –lleva décadas actuando como “concesionario tácito”, según el fallo. También puso en duda la valoración de activos de la empresa mixta –algunos son de la administración y no de Agbar, remarca la sentencia.

A diferencia de la Generalitat con ATLL, el AMB –ahora liderada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pero con el PSC en la vicepresidencia, igual que la pasada legislatura– optó por no recurrir el fallo del TSJC. Pero, en este caso, también se prevé otro largo recorrido judicial que enfrente a Agbar y a la administración una vez el Supremo se haya pronunciado. La mixta tenía que reportar ingresos millonarios a Agbar durante los 35 años que dura la concesión, ahora puesta en duda por los tribunales.

Y es que Barcelona en Comú tiene en la municipalización del agua una de las medidas estrella de su programa electoral. “Municipalizar el agua es imprescindible para recuperar el control público sobre la economía”, declaró en febrero de 2015 en una entrevista con Catalunya Plural el ahora primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello.

El govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que encapçala Barcelona en Comú sota el grup d'Entesa, al costat del PSC i ERC, vol revertir les pujades continuades a la factura de l'aigua dels últims anys. Per començar, aquest dimarts ha proposat una tímida rebaixa en la tarifa del subministrament de l'aigua, que es pot traduir en un estalvi d'uns 10 euros anuals en el rebut dels usuaris, és a dir, menys d'un euro al mes. Fonts del sector consultades per aquest diari apunten que la rebaixa se situarà en uns trenta cèntims mensuals.

El ple de l'AMB d'aquest juliol, previsiblement, donarà llum verda a la mesura, que es podria començar a aplicar a partir del mes de setembre si així ho autoritza la Comissió de Preus, que depèn de la Generalitat. Tot això enmig del conflicte que BComú manté amb Agbar per la municipalització de l'aigua a Barcelona.

La vicepresidenta de Medi Ambient de l'AMB, Janet Sanz, ha destacat la “intensa negociació” mantinguda amb l'empresa mixta, on malgrat ser l'encarregada de regular les tarifes, l'administració pública està en minoria enfront de Agbar. “No hem d'esperar el vistiplau d'Agbar, ja que la competència per aprovar les tarifes és del plenari de l'AMB”, ha sostingut. Per la seva banda, el vicepresident de l'AMB, Eloi Badia, ha garantit l'“equilibri financer” de l'empresa mixta i ha afegit que Agbar coneix la proposta.

Rebaixa financera

Una factura de l'aigua es compon, a grans trets, del càrrec pel subministrament, el cànon de l'aigua i els impostos i taxes –l'IVA o la taxa de clavegueram. Perquè els usuaris paguin menys, l'AMB vol rebaixar les retribucions financeres amb què opera l'empresa mixta de la qual depèn el subministrament d'aigua a les llars de més de 3 milions d'habitants de Barcelona i la seva àrea metropolitana, participada per Agbar ( 70%) Criteria -la Caixa- (15%) i la pròpia AMB (15%).

L'evolució a la baixa dels tipus d'interès del mercat ha de permetre, segons els plans de l'AMB, reduir la retribució financera de la mixta del 6,9 actual al 3,9%. A més, segons ha explicat Badia, l'ens supramunicipal demanarà a la Generalitat que apliqui una rebaixa financera similar al sistema d'aigua 'en alta' d'ATLL, és a dir, el que va des de la captació de les conques fluvials fins als dipòsits municipals. I és que el contracte de privatització d'ATLL li brinda una retribució financera bruta de més del 9% –per sobre de les condicions del mercat– i que suposa més del 30% de la tarifa.

En segon lloc, es reduirà en 5 milions el cànon concessional que l'empresa mixta abona anualment a l'AMB i que després es carrega a la tarifa dels usuaris. De 20 milions es passarà a 15. Badia ha dit que la voluntat del govern és que el cànon desaparegui a llarg termini. Finalment, l'AMB pretén no abonar el cànon per la conducció d'aigua salada derivada d'usos industrials, que ascendeix a un milió anual, tot i que aquesta decisió encara no és ferma ja que depèn de la Generalitat.

Badia ha insistit en les diferències que presenten els models de gestió de l'aigua públics o privats “a l'hora de poder regular la tarifa i els seus costos”. I és que BComú vol aprofitar la sentència del TSJC que va tombar la mixta per municipalitzar l'aigua, la qual cosa deixaria a Agbar sense una important font d'ingressos.