El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha advertido este martes en Ciudad Real de la situación “compleja” que atraviesa el sector agrario español, marcada por factores climáticos, geopolíticos y económicos, y ha reafirmado el compromiso del Gobierno con el regadío como pilar estratégico de la producción agroalimentaria.

Durante su intervención en el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, Planas ha subrayado que el sector se enfrenta a un escenario de incertidumbre derivado de la inestabilidad internacional, como la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos o el conflicto en Oriente Medio, que está impactando directamente en los costes de producción, especialmente en el precio del gasóleo y de los fertilizantes.

Ante esta situación, el ministro ha recordado la aprobación reciente de medidas de apoyo, entre ellas ayudas directas a los fertilizantes de 22 euros por hectárea en secano y 55 euros por hectárea en regadío, así como bonificaciones al gasóleo profesional.

“Estamos siguiendo muy de cerca la evolución y, si es necesario, adoptaremos nuevas medidas para garantizar la continuidad de la producción agroalimentaria”, ha asegurado.

En relación con los fertilizantes, Planas ha alertado de la alta dependencia de la Unión Europea de terceros países como Rusia, Bielorrusia, China o Egipto, lo que supone un riesgo estratégico.

Por ello, ha avanzado que España está impulsando un plan europeo de fertilizantes que será presentado próximamente por la Comisión Europea, con el objetivo de reforzar la autonomía productiva y reducir la vulnerabilidad del sector.

El ministro ha destacado el papel central del regadío en el sistema agrario español, recordando que, aunque ocupa el 22 % de la superficie agraria útil, genera el 71 % de la producción final vegetal. “Esto demuestra que somos altamente competitivos y una referencia internacional en gestión eficiente del agua y producción de alto valor añadido”, ha afirmado.

En este sentido, ha puesto en valor que España cuenta con casi 3,8 millones de hectáreas de regadío, la mayor superficie de la Unión Europea, y lidera a nivel mundial el riego localizado, apoyado por una industria tecnológica puntera.

Planas ha insistido en que el Gobierno mantiene una “apuesta decidida, estratégica y prioritaria” por el regadío, materializada en un plan de modernización dotado con 2.700 millones de euros entre 2021 y 2027.

Este programa contempla actuaciones sobre 750.000 hectáreas, de las cuales 200.000 serán modernizadas por primera vez, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más eficiente, digitalizado y sostenible.

El ministro ha subrayado que estas inversiones buscan no solo mejorar la eficiencia hídrica, sino también garantizar la sostenibilidad ambiental mediante el uso preciso de fertilizantes y fitosanitarios, así como reducir el consumo energético.

En cuanto a la Política Agraria Común (PAC), Planas ha defendido que el regadío siga siendo elegible para recibir financiación europea en el próximo periodo, una cuestión que actualmente no figura en las propuestas iniciales de la Comisión Europea. “España está batallando para lograrlo”, ha afirmado, destacando la unidad de acción entre el Gobierno, las comunidades autónomas y el sector.

El ministro también ha hecho hincapié en los retos derivados del cambio climático, advirtiendo de que España podría sufrir una reducción de entre el 12 % y el 40 % en los recursos hídricos a finales de siglo. En este contexto, ha defendido el regadío como una herramienta clave para garantizar la estabilidad de las producciones y la seguridad alimentaria.

La Mesa de Precios de melón y sandía de la Lonja Agropecuaria Hortofrutícola de Castilla-La Mancha en su última reunión ha puesto de manifiesto el incremento generalizado de los costes de producción, que se sitúa entre un 5% y un 10%, para la campaña que empieza, en un momento en el que muchos agricultores están acometiendo las preparación de los terrenos y

Destacan especialmente las subidas en insumos clave para estos cultivos como los plásticos (incremento de un 5%), las semillas (incrementos de hasta un 10%), así como el gasóleo, los fertilizantes y la mano de obra. En este último aspecto, se señala que aproximadamente el 95% de los trabajadores en la recolección son de origen extranjero, lo que añade un factor más de complejidad a la campaña.

Los agricultores han comenzado en Castilla-La Mancha con la preparación del terreno para hacer las plantaciones iniciales de melón y sandía, y en el campo pronto se empezarán a ver los primeros acolchados.

Según la Mesa, “las lluvias registradas han dejado un excelente tempero en el suelo, favoreciendo las labores preparatorias”. Actualmente, los agricultores están incorporando materia orgánica y comenzando las plantaciones. Se estima que entre un 10% y un 15% de la producción se realizará en cultivo temprano, mediante acolchado con manta térmica.

Ajustar la oferta a la demanda

También, como en campaña anteriores, inciden en la importancia de ajustar la oferta a la demanda, escalonando las plantaciones para evitar al máximo posible los temidos dientes de sierra que darían lugar a un desplome de precios. Además, hacen un llamamiento a los productores para que extremen la prudencia y la planificación en las próximas plantaciones, ante un contexto de precios volátiles y mercados cada vez más inestables. Ante este escenario, reiteran la necesidad de actuar con responsabilidad, apostando por la planificación, la profesionalización y el conocimiento del mercado. “La clave no es producir más, sino producir mejor y con salida asegurada”, concluyen.

Se insiste en que “es fundamental que el agricultor no plante sin tener asegurada la salida del producto”. En este sentido, desde la Mesa de Precios se subraya la importancia de que cada productor tenga previamente definida su estrategia de venta. Recuerdan que el mercado exige cada vez más una planificación ajustada a la capacidad real de comercialización. “Como productores debemos pensar también cuándo se va a vender, en qué condiciones y con qué canales de salida”, destacan. Cabe recordar que en la campaña pasada hubo productores que registraron pérdidas, lo que refuerza la necesidad de actuar con cautela en la actual campaña de plantación.

Previsión de superficies

Desde la Mesa de Precios de melón y sandía estiman una ligera reducción de la superficie de sandía, en torno a un 5% respecto a 2025. Eso sí, las precipitaciones registradas en este primer trimestre del año han hecho que haya movimiento de agricultores que están valorando nuevas plantaciones en determinadas zonas de la región, pero es un cultivo que requiere una importante inversión inicial y muchos agricultores estarían buscando financiación.

En cuanto al melón, se prevé una estabilidad en la superficie plantada. Se espera que el porcentaje de melón piel de sapo sea similar al del año pasado, y que el 30% del total de melón plantado en la región sea de otras variedades destinadas principalmente a exportación, como el Amarillo, Galia o Cantaloup.

Condiciones agronómicas y calendario

Aunque por el momento el desarrollo de los cultivos sigue su curso normal, la Mesa de Precios advierte de posibles solapamientos en la producción, condicionados por la evolución climática. En regiones competidoras como Murcia, si las condiciones meteorológicas se mantienen favorables, las producciones podrían coincidir parcialmente en los mercados. La previsión de inicio de la cosecha en Castilla-La Mancha se sitúa a partir del 10-15 de julio.

En cuanto al abastecimiento, el mercado ha estado cubierto hasta febrero por producto procedente de Brasil, siendo actualmente Senegal el principal origen. A partir de mediados y finales de este mes de abril comenzará a entrar en el mercado la producción de invernadero de Almería, lo que marcará el inicio de la transición hacia la campaña nacional.

El precio de la gasolina en Canarias continúa subiendo impulsada por el contexto internacional de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El cierre parcial del estrecho de Ormuz y la interrupción del tráfico de petroleros se nota ya en el precio del barril de crudo, que inmediatamente se ha reflejado en la tabla de precios de las gasolineras en todo el planeta, incluidas las de Canarias.

En el siguiente buscador, con datos facilitados por el Ministerio de Fomento, pueden consultarse, por provincias, los precios en las gasolineras de Canarias, en busca de aquellas que dispensen los carburantes más baratos.

En las siguientes tablas de búsqueda se pueden localizar las gasolineras por su ubicación u ordenar los precios de más alto a más bajo pinchando en la columna correspondiente.

Gasolineras en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Gasolineras en la provincia de Las Palmas

Las familias y los hogares con más ingresos van a ser los más beneficiados por la rebaja de los impuestos sobre el combustible. Se trata de una medida que se ha puesto en marcha para paliar la subida de precios provocada por el despegue del crudo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada bélica en Oriente Medio. Un alivio para los bolsillos que este jueves logró el respaldo de la mayoría parlamentaria y que estará en vigor, en principio, hasta el próximo 30 de junio.

Que los hogares con más ingresos sean los más beneficiados por esta rebaja fiscal es una de las principales conclusiones del análisis realizado por elDiario.es sobre los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2024, la última publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los datos, si segmentamos a la población en diferentes grupos en función del nivel de ingresos —siendo los más ricos quienes ingresan más de 5.000 euros al mes y los que menos, quienes no superan los 1.000 euros— los más favorecidos por estas medidas fiscales son, por tanto, los hogares que más ingresos disponibles tienen, que pueden ahorrar unos 25 euros de media al mes, frente a unos nueve euros de media en los escalones más bajos. 

Hay que recordar que la medida aprobada por el Ejecutivo recoge una reducción del IVA de los combustibles al 10%. Además, el decreto dio luz verde a una reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros. No fue la única medida en materia fiscal, porque el texto también recoge una bajada de los impuestos de la electricidad. 

En el siguiente gráfico se desglosa cuál es el gasto medio en carburantes por hogar y tipo de combustible en función de sus ingresos.

¿Por qué se ha optado por medidas fiscales en lugar de ayudas directas para los consumidores que tienen problemas para pagar la factura? La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, explicó esta semana en el VI Foro Económico de elDiario.es que el Gobierno actúa primero en los que son más vulnerables, en referencia al escudo social, que prohíbe, por ejemplo, los cortes de luz. También, con ayudas para los sectores profesionales que se ven más afectados por una crisis como esta, como el sector primario, el transporte o la logística porque “tienen un efecto en cascada en el resto de la economía”, indicó. “Y de manera estructural, ante esta evolución de los mercados energéticos provocada por una guerra que se ha llevado a cabo de manera unilateral y que tiene un impacto claro sobre los precios, actuamos en la fiscalidad de los carburantes, del gas o de la electricidad”, enumeró Aagesen.

El análisis de los datos señala que aquellas familias que ya cuentan con elevados ingresos mensuales son las más beneficiadas por este tipo de medidas por varios motivos. Por un lado, porque son las que más consumen gasolina y/o diésel, al recurrir en mayor medida al uso de sus vehículos privados. Por otro, porque los hogares más ricos cuentan con más vehículos propios, según se recoge la última Encuesta de Condiciones de Vida. En concreto, ocho de cada 10 familias en el tramo de ingresos más alto poseen, al menos, un vehículo en propiedad. En cambio, cuando son hogares con ingresos más bajos, esa proporción baja a uno de cada dos.

En los días previos a la rebaja fiscal de los combustibles, el gasto en carburante para los hogares que sí consumen ascendía a 108 euros al mes en gasolina (unos 71 litros) y a 101 euros en diésel, según los precios de ese momento. Si se tiene en cuenta el conjunto de hogares españoles —incluyendo los que no tienen vehículo—, el consumo medio es de 36 litros y un gasto medio de 54 y 47 euros respectivamente. En ese periodo entre el comienzo de los ataques a Irán y la aprobación del paquete de medidas económicas por parte del Gobierno, el diésel subió hasta los 1,94 euros el litro y la gasolina de 95 octanos, a 1,79 euros, según el precio medio de todas las gasolineras de España.

Con ese punto de partida, si aplicamos el descuento sobre los carburantes de forma generalizada, la rebaja de impuestos supondría un ahorro de 20 euros mensuales de media para quienes usan gasolina y de algo más de 16 euros para los que recurren al diésel. Sobre el total de hogares españoles la cifra es de 10 €/mes en gasolina y poco más de 7 €/mes en diésel. Estos datos únicamente tienen en cuenta la bajada de impuestos, pero no los cambios de estrategia comercial de las operadoras, ya que las compañías también han lanzado sus propias ofertas para tratar de arañar clientes.

Quienes más tienen verán mayor ahorro en sus bolsillos

El análisis, como se ha indicado previamente, lleva a concluir que esta medida no beneficiará a todos por igual. Serán las familias con mayores ingresos, que también tienen un mayor porcentaje de hijos respecto a otros grupos, las que saldrán más favorecidas por esta reducción fiscal en materia energética.

Por ejemplo, si el gasto medio mensual en carburantes para un hogar con ingresos medios de entre 4.000 y 5.000 euros al mes ronda los 145 euros, con la rebaja fiscal, bajaría a unos 120 euros, aproximadamente. Es decir, ese hogar puede reducir su factura en combustible en 25 euros mensuales. En cambio, los hogares con ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales, pasarían de gastar algo más de 31 euros al mes, a cerca de 26 euros, lo que deja el ahorro en carburantes en el entorno de los cinco euros mensuales. 

En el siguiente gráfico se resume cuánto es el ahorro en combustible en función de los ingresos de cada hogar.

“El razonamiento económico hace pensar que sí” son los hogares de altos ingresos los que se benefician más de este tipo de medidas, “ya que son las familias de renta media y alta los que tienen más vehículos, los vehículos más potentes y los que lo utilizan más”, apunta el economista Jordi Perdiguero, coautor de un análisis sobre el impacto de los descuentos generalizados a los carburantes en 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania. Una tesis que también apuntó la AIReF (la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y que recordó recientemente el centro de estudios Esadecpol.

¿Y cómo sería el ahorro según el tipo de carburante? Los datos señalan que el ahorro es más alto en el caso de la gasolina. En concreto, de media en este caso puede alcanzar los 10 euros mensuales, mientras que, en el caso del diésel, la media se queda por debajo de ocho euros. Una diferencia que también está influida por el nivel de ingresos, ampliando así una brecha entre las familias de más y menos renta.

Además, en el ahorro también influyen otros factores. Por ejemplo, el tamaño de la población en la que se resida. Quienes viven en grandes municipios, con más de 500.000 habitantes, serán los más beneficiados de esta medida, porque suelen ser quienes más conducen. Mientras, que para los que viven en el ámbito rural tendrán menos impacto, porque suelen llenar menos veces el depósito, según los datos analizados.

Además, al revisar los datos publicados por el INE, que recogen la situación laboral de los integrantes de cada hogar, se deduce que quienes cobran pensiones y subsidios serán los menos beneficiados por esta rebaja fiscal, ya que obtendrán un ahorro de entre cuatro y 10 euros de media. En cambio, quienes tienen empleos por cuenta propia y por cuenta ajena verán un mayor ahorro, que superaría los 20 euros. 

Si nos fijamos en los datos por tipo de hogar, las parejas con hijos (que son las que más destinan en gasto de gasolina y gasóleo) son las que más dinero ahorrarán con esta rebaja fiscal. El ahorro oscila desde los 23 euros para los que tienen un hijo, hasta los 28 euros para los que tienen dos y alrededor de 30 euros mensuales más para los que ya son familia numerosa.

En cambio, una pareja sin hijos conseguirá ahorrar, de media, 16,4 euros mensuales; un hogar monoparental, 14 euros; y una persona sola en edad de trabajar, alrededor de 10 euros al mes, según se desglosa a continuación. 

También existe una brecha entre quienes viven de alquiler y los que tienen vivienda en propiedad. Los hogares inquilinos apenas verán un ahorro de entre 10 euros y 13 euros mensuales; mientras que los propietarios, ya sea con o sin hipoteca, ahorrarán alrededor de 17 y 22 euros al mes, prácticamente el doble, como se indica en el siguiente gráfico.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que en un contexto de guerra e inflación se establecen medidas fiscales sobre los carburantes.

En cuanto a las petroleras y cuál es el efecto para ellas de este tipo de medidas, con un petróleo al alza, Jordi Perdiguero señala a elDiario.es que también pueden salir favorecidas. “Si el traslado” del descuento “es del 100% solo se beneficiarían de vender una mayor cantidad, pero la demanda de carburantes es muy inelástica, poco sensible al precio, por lo que venderían más o menos lo mismo que con el IVA al 21%. Ahora, si el traslado no es del 100%, entonces sí que saldrían beneficiadas, ya que aumentarían su margen”.

“Nos enfrentamos a un verdadero shock… Probablemente más allá de lo que podemos imaginar en este momento”. Estas son palabras de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en una entrevista publicada este jueves en The Economist. Europa se asoma a un abismo económico por culpa de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Las consecuencias económicas ya se palpan en la Unión Europea, pero, como advierte Lagarde, hay un peligro añadido, ya que el impacto se manifiesta gradualmente, lo que implica “una evaluación tardía” de la gravedad real de la crisis. Cuando se va a cumplir un mes del inicio de los bombardeos, lo que parecía un fantasma empieza a revelarse como una posibilidad cada vez más cercana entre los analistas: la estanflación, una pesadilla económica caracterizada por bajo crecimiento con un fuerte incremento de la inflación.

Este sentimiento que se extiende en los mercados crece ante la incertidumbre que provocan los constantes cambios de estrategia de la guerra por parte del presidente de EEUU, Donald Trump. Aunque aseguró que la guerra duraría entre cuatro y seis semanas, cuando ya se ha cumplido un mes aún no se percibe que Trump haya encontrado una salida creíble al conflicto. Este viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que incrementarían sus ataques contra Irán tirando por tierra la supuesta solución diplomática que el presidente de EEUU asegura que está negociando con Irán.

Ante este escenario, Boris Vujcic, recientemente nombrado vicepresidente del BCE, también ha advertido de que la guerra en Irán está empujando a la zona euro hacia una combinación de crecimiento más débil y mayor inflación. La advertencia de Vujcic no fue que Europa ya estuviera en esta situación, sino que la tendencia del riesgo se mueve más rápido de lo que se pensaba en esa dirección.

En un entorno de estanflación, los bancos centrales tienen menos flexibilidad y más probabilidad de cometer errores de política monetaria. “Los banqueros centrales de todo el mundo se están encontrando entre la espada y la pared, ya que los precios de la energía se disparan y destrozan la economía global. A medida que aumentan los riesgos de inflación creciente y desaceleración del crecimiento con cada subida en los precios del crudo, la función de respuesta de la política monetaria se vuelve débil”, explica Jack Janasiewicz, gestor de Natixis.

La tardía reacción del BCE en la crisis de inflación que provocó la invasión de Ucrania pesa sobre el BCE. Lagarde insiste en que actuará inmediatamente, pero los analistas avisan de que la situación es diferente. “El inmovilismo actual de los bancos centrales, aunque parece impuesto, es probablemente la mejor respuesta. Si bien el riesgo de recesión derivado de este choque energético parece bastante obvio, el recuerdo de la ola de inflación de 2022-2023 sigue siendo demasiado nítido para que los banqueros centrales lo ignoren. Sobre todo, como ha señalado el Banco de Pagos Internacionales, los bancos centrales no deben reaccionar a través de sus herramientas de política monetaria a las crisis temporales de oferta. He ahí una lección que especialmente el BCE haría bien en tener presente, ya que sus errores de política monetaria en la era Trichet costaron muy caro a la economía de zona euro”, advierte Enguerrand Artaz, gestor de fondos de LFDE.

“Se están encendiendo las alarmas de estanflación”

“Se están encendiendo las alarmas de estanflación porque la guerra en Oriente Medio impulsa los precios al alza mientras frena el crecimiento”, comentó Chris Williamson, el economista jefe de negocios en S&P Global Market Intelligence. Williamson ha advertido que “los costes de las empresas están aumentando al ritmo más rápido en más de tres años, en medio del aumento de los precios de la energía y la interrupción de las cadenas de suministro como consecuencia de la guerra”.

El economista de SP en la Eurozona añadió que: “El crecimiento de la producción se ha desacelerado hasta casi la estanflación, debido a una caída de la confianza empresarial y al deterioro de los nuevos pedidos. La disminución de las expectativas sobre la producción futura fue la mayor registrada desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022”.

No es el único analista que advierte del impacto económico de la guerra de Irán en Europa. “Los mercados están comenzando a incorporar un escenario de petróleo más alto por más tiempo. Esta dinámica está reforzando las preocupaciones sobre la estanflación”, dijo Emmanuel Cau, jefe de estrategia en Barclays. Mientras, Xavier Chapard, estratega de LBP, indicó que “las primeras encuestas de coyuntura de marzo confirman el carácter estanflacionista de la crisis” con “un golpe es especialmente fuerte en Europa, lo que no resulta sorprendente a la vista de las importaciones de petróleo y gas de la región”.

Patrick Artus, analista de Ossiam, añadió que: “Incluso antes del estallido de la guerra en Oriente Medio, la economía de la zona euro se estaba moviendo hacia un equilibrio de estanflación debido a la ausencia de aumentos en la productividad y a un fuerte aumento de los precios de metales y semiconductores. La guerra en Oriente Medio, si persiste, aumenta el riesgo de caer en estanflación, dado el shock negativo de oferta derivado de los mayores precios del petróleo y del gas natural”.

Un impacto económico que ya sufren los ciudadanos

En España ya hay datos concluyentes del impacto de la guerra. El Índice de Precios al Consumo (IPC) se disparó al 3,3% en marzo, un punto más que en febrero, debido al encarecimiento de los carburantes. El Banco de España ya apunta que el peor de los escenarios por la guerra supondría un frenazo de la economía (1,9%) y una inflación disparada (5,9%), mientras que la OCDE recortó en una décima, hasta el 2,1%, la previsión de crecimiento PIB de España en 2026 y otra décima, hasta el 1,7%, para 2027, debido a los efectos del conflicto en Oriente Medio.

Estamos hablando de la economía española, que es la que va mejor entre los grandes países de la UE. Bloomberg ha publicado que Alemania se quedaría en un escaso 0,5% de crecimiento en 2026 si la guerra continúa, mientras que Italia ya ha anunciado que no crecerá más de un 0,5% y el banco central de Francia revisó al 0,9% la tasa de crecimiento para su país este año.

Anthony Willis, esconomista de Columbia Threadneedle Investments, explicó que “es muy desafortunado que, en un año en el que se esperaba un aumento del crecimiento y de los beneficios corporativos, sobre un fondo de baja inflación y, en palabras de Christine Lagarde, ”en buena posición“, el contexto haya empeorado tan rápidamente. La UE está en mejor situación desde el punto de vista del suministro de gas que en 2022, gracias a la infraestructura de importación de GNL ahora en funcionamiento, pero sigue siendo vulnerable, ya que las reservas de almacenamiento están agotadas y la UE compite con Asia por los limitados suministros de gas disponibles desde EEUU, dado que Catar está parcialmente 'fuera de línea'. El estímulo económico y el gasto adicional en defensa pueden ayudar a la economía europea hasta cierto punto, pero los precios más altos para una región muy dependiente de las importaciones de energía, dejan a la UE vulnerable a una desaceleración económica impulsada por los precios de las materias primas, combinada con un shock inflacionario”.

Este viernes hubo una reunión de ministros de finanzas de la UE para analizar el impacto del conflicto en Oriente Medio. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, fue concluyente: “Las perspectivas están empañadas por una profunda incertidumbre, pero es evidente que nos enfrentamos al riesgo de un choque estanflacionario. Se daría incluso si las interrupciones en el suministro energético fueran relativamente cortas”. El comisario europeo señaló que el crecimiento de la UE en 2026 podría situarse entre 0,4 y 0,6 puntos porcentuales “por debajo de lo proyectado en nuestras previsiones económicas de otoño (1,4% de incremento del PIB)”.

Cuando parecía que Europa dejaba atrás los efectos del conflicto en Ucrania, la guerra de Irán ha vuelto a golpear el crecimiento europeo y ha obligado a los ejecutivos de la eurozona a dedicar sus esfuerzos en rebajar el golpe de los precios. El presidente Pedro Sánchez señaló en unas jornadas organizadas por elDiario.es que “la guerra la iniciaron mandatarios de países extranjeros, no podemos dejar que la paguen 20 millones de hogares españoles. Es una catástrofe, un gran error político y geopolítico. Desestabiliza una arteria fundamental del comercio internacional como es el estrecho de Ormuz. Amenaza con un terremoto global. Ya está impactando en los bolsillos de nuestros conciudadanos”. Como otros países europeos, el Gobierno de España ha sacado adelante medidas anticrisis que van a paliar el impacto sobre la economía de los ciudadanos.

“Estamos en una situación que podría convertirse en una recesión global autoinfligida. Demuestra lo que ocurre cuando se actúa fuera del marco de las normas y reglas internacionales. Todo está vinculado con todo: el precio del petróleo con el del gas, con el de los alimentos, con el de los fertilizantes, con el de los productos farmacéuticos y la lista continúa”, comentó Alexander Stubb, presidente de Finlandia, en una entrevista en Politico para explicar la debacle económica que se avecina.

El pla anticrisi aprovat pel Govern central per fer front als efectes de la guerra d'Iran tindrà un impacte superior als 70 milions d'euros a les Balears, tal com ha assegurat aquest dilluns a Palma la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, després de reunir-se amb agents socials i econòmics de les Illes.

Segons ha explicat, aquesta xifra deriva principalment de la rebaixa fiscal sobre l'electricitat i dels ajuts de 20 cèntims per litre de combustible dirigits a sectors com la ramaderia, l'agricultura, la pesca o el transport, inclosos en el pla estatal de 80 mesures dotat amb 5.000 milions d'euros.

L'abast del paquet no es limita al teixit productiu. Sánchez ha destacat també l'impacte de mesures com l'ampliació del bo elèctric i tèrmic, així com la pròrroga dels contractes de lloguer fins a dos anys, que es preveu que beneficiï unes 24.000 vivendes a les Balears.

Durant la trobada, en la qual també ha participat el delegat del Govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, l'Executiu central ha instat el Govern balear a adoptar mesures pròpies. Rodríguez ha reclamat a l'Executiu autonòmic que actuï “com abans millor” amb iniciatives “complementàries per protegir el sector productiu i les famílies”.

En la mateixa línia, ha demanat a PP i Vox que donin suport al Congrés als dos decrets anticrisi aprovats pel Govern, la convalidació dels quals considera “urgent i necessària”. El primer inclou reduccions fiscals i ajuts als carburants, mentre que el segon recull la congelació temporal dels contractes de lloguer. Segons ha assenyalat, les comunitats autònomes han de desenvolupar també mesures pròpies “que donin suport al decret que blinda les famílies que poden veure el seu lloguer renovat el 2026 a les Balears”.

Rebuig empresarial i amenaça de mobilitzacions

Davant el suport institucional, el pla ha estat rebut amb crítiques per part d'organitzacions empresarials, especialment del sector del transport. La Federació de Petites i Mitjanes Empreses de Mallorca (Pimem) ha qualificat els ajuts al combustible de “decebedors i perjudicials” i ha advertit de mobilitzacions “si no hi ha una reacció” per part de l'Executiu abans que acabi març.

El president de l'Associació de Transportistes de Pimem (Astam), Jeroni Valcaneras, ha anat més enllà en considerar “fals” que les mesures estiguin orientades a donar suport als sectors professionals. Segons ha denunciat, els ajuts “premien més els vehicles privats que els professionals” i amb prou feines compensaran el 50% del sobrecost real que afronta el sector.

“La bonificació anunciada per als transportistes és de 20 cèntims per litre; a la pràctica, es veurà reduïda en un 25 per cent en eliminar del decret la figura del gasoil professional que venien gaudint els transportistes des de l'any 2007”, ha assenyalat l'associació.

En aquest context, Pimem ha advertit de possibles mobilitzacions a nivell nacional si no es modifiquen les mesures. “El sector no pot acceptar un decret que, a la pràctica, els deixa en una situació més desfavorable que abans de la seva aprovació”, ha conclòs Valcaneras.

També el president de l'Agrupació Empresarial de Transport de Mercaderies de Balears, Ezequiel Horrach, ha considerat “insuficients” les mesures per al teixit empresarial i ha augurat una evolució “complicada” del sector.

Des de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), el seu vicepresident, José Antonio Roselló, ha assenyalat que hi ha consens que el paquet està enfocat principalment als ciutadans i no a les empreses. “A les empreses la situació és més diversa i estem davant una primera presa de contacte de possibles futures mesures que dependrà de si la situació es complica o no”, ha apuntat.

Per la seva banda, el president de l'Associació de Gasolineres de Pimem, Rafael Matas, ha reclamat que es tingui en compte la insularitat en els costos del transport i en els períodes de liquidació.

En el sector primari, el secretari general d'Unió de Pagesos, Joan Gaià, ha advertit que els ajuts no retornaran el preu del combustible a nivells previs a la guerra i ha reclamat un acord estable per reduir la “incertesa”.

A diferència de les patronals, CCOO ha mostrat el seu suport al paquet de mesures i ha defensat especialment el decret sobre habitatge. “L’habitatge és un factor determinant en l'empobriment de la part treballadora d'aquest país”, han subratllat.

El sindicat ha reclamat, a més, que les mesures vagin acompanyades de mecanismes de control de preus per evitar que l'impacte de les ajudes acabi “engreixant els marges de cap empresa”.

Nova reunió amb el sector turístic

En paral·lel, la secretària d'Estat de Turisme ha anunciat una nova reunió amb el sector turístic després de Setmana Santa, en què participaran representants d'Exteriors, Economia, l'Organització Mundial del Turisme (OMT) i el Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC).

Sánchez ha recomanat a les empreses que “no pugin preus” fins a comprovar l'evolució del conflicte en les properes setmanes. Segons ha defensat, el paquet de mesures permetrà esmorteir tant l'impacte sobre “la ciutadania de peu” com sobre els costos empresarials.

“El sector turístic s'adaptarà a aquesta nova situació, amb l'esperança que la gent no percebi un increment del cost de la vida, a més d’afavorir que les nostres empreses puguin operar amb normalitat”, ha conclòs.

El plan anticrisis aprobado por el Gobierno central para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán tendrá un impacto superior a los 70 millones de euros en Balears, tal como ha asegurado este lunes en Palma la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, tras reunirse con agentes sociales y económicos de las Islas.

Según ha explicado, esta cifra deriva principalmente de la rebaja fiscal sobre la electricidad y de las ayudas de 20 céntimos por litro de combustible dirigidas a sectores como la ganadería, la agricultura, la pesca o el transporte, incluidas en el plan estatal de 80 medidas dotado con 5.000 millones de euros.

El alcance del paquete no se limita al tejido productivo. Sánchez ha destacado también el impacto de medidas como la ampliación del bono eléctrico y térmico, así como la prórroga de los contratos de alquiler hasta dos años, que se prevé que beneficie a unas 24.000 viviendas en Balears.

Durante el encuentro, en el que también ha participado el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, el Ejecutivo central ha instado al Govern a adoptar medidas propias. Rodríguez ha reclamado al Ejecutivo autonómico que actúe “cuanto antes” con iniciativas “complementaria para proteger el sector productivo y de las familias”.

En la misma línea, ha pedido a PP y Vox que respalden en el Congreso los dos decretos anticrisis aprobados por el Gobierno, cuya convalidación considera “urgente y necesaria”. El primero incluye reducciones fiscales y ayudas a los carburantes, mientras que el segundo recoge la congelación temporal de los contratos de alquiler. Según ha señalado, las comunidades autónomas deben desarrollar también medidas propias “que apoyen el decreto que blinda a las familias que pueden ver su alquiler renovado en 2026 en Balears”.

Rechazo empresarial y amenaza de movilizaciones

Frente al respaldo institucional, el plan ha sido recibido con críticas por parte de organizaciones empresariales, especialmente del sector del transporte. La Federación de Pequeñas y Medianas Empresas de Mallorca (Pimem) ha calificado las ayudas al combustible de “decepcionantes y perjudiciales” y ha advertido de movilizaciones “si no hay una reacción” por parte del Ejecutivo antes de que acabe marzo.

El presidente de la Asociación de Transportistas de Pimem (Astam), Jeroni Valcaneras, ha ido más allá al considerar “falso” que las medidas estén orientadas a apoyar a los sectores profesionales. Según ha denunciado, las ayudas “premian más a los vehículos privados que a los profesionales” y apenas compensarán el 50% del sobrecoste real que afronta el sector.

“La bonificación anunciada para los transportistas es de 20 céntimos por litro, en la práctica se verá reducida en un 25 por ciento al eliminar del Decreto la figura del gasóleo profesional que venían disfrutando los transportistas desde el año 2007”, ha señalado la asociación. En este contexto, Pimem ha advertido de posibles movilizaciones a nivel nacional si no se modifican las medidas. “El sector no puede aceptar un Decreto que, en la práctica, les deja en una situación más desfavorable que antes de su aprobación”, ha concluido Valcaneras.

También el presidente de la Agrupación empresarial de transporte de Mercancías de Balears, Ezequiel Horrach, ha considerado “insuficientes” las medidas para el tejido empresarial y ha augurado una evolución “complicada” del sector.

Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), su vicepresidente José Antonio Roselló ha señalado que existe consenso en que el paquete está enfocado principalmente a los ciudadanos y no a las empresas. “En las empresas la situación es más diversa y estamos ante una primera toma de contacto de posibles futuras medidas que dependerá si la situación se complica o no”, ha apuntado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Gasolineras de Pimem, Rafael Matas, ha reclamado que se tenga en cuenta la insularidad en los costes del transporte y en los periodos de liquidación.

En el sector primario, el secretario general de Unió de Pagesos, Joan Gaià, ha advertido de que las ayudas no devolverán el precio del combustible a niveles previos a la guerra y ha reclamado un acuerdo estable para reducir la “incertidumbre”.

A diferencia de las patronales, CCOO ha mostrado su respaldo al paquete de medidas y ha defendido especialmente el decreto sobre vivienda. “La vivienda es un factor determinante en el empobrecimiento de la parte trabajadora de este país”, han subrayado.

El sindicato ha reclamado además que las medidas vayan acompañadas de mecanismos de control de precios para evitar que el impacto de las ayudas acabe “engrosando los márgenes de ninguna empresa”.

Nueva reunión con el sector turístico

En paralelo, la secretaria de Estado de Turismo ha anunciado una nueva reunión con el sector turístico tras Semana Santa, en la que participarán representantes de Exteriores, Economía, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

Sánchez ha recomendado a las empresas que “no suban precios” hasta comprobar la evolución del conflicto en las próximas semanas. Según ha defendido, el paquete de medidas permitirá amortiguar tanto el impacto sobre “la ciudadanía de a pie” como sobre los costes empresariales.

“El sector turístico se va a adaptar a esta nueva situación, con la esperanza de que la gente no perciba un incremento del coste de la vida, además de favorecer que nuestras empresas puedan operar con normalidad”, ha concluido.

Canarias tendrá que esperar para ver bajar el precio de las gasolinas y la electricidad. El Gobierno de Canarias no acometerá sus propias medidas anticrisis por los efectos de la guerra de Irán hasta el lunes, cuando las abordará, concretamente la tarde de ese día, en el consejo asesor del Gobierno. Pero no se aprobarán de inmediato porque está previsto elevarlas el martes a los grupos parlamentarios.

Así que la rebaja de carburantes y de la electricidad decretada por el Gobierno de España por la vía de rebajar en once puntos el IVA, que entrará en vigor este domingo, no será de aplicación en Canarias porque ese impuesto no existe en este territorio. El Gobierno autonómico, de Coalición Canaria y el Partido Popular, con competencias plenas sobre el impuesto sobre los carburantes y el IGIC, no tiene todavía ninguna decisión tomada.

La tormenta Therese ha tenido parte de culpa porque el consejo asesor tenía previsto reunirse el jueves, pero se decidió cancelar la reunión por la dificultad de desplazamiento de los integrantes de ese órgano consultivo. 

Fuentes del Ejecutivo anunciaron este viernes a Canarias Ahora que también se está a la espera de conocer el alcance concreto del decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros a ver si incluye alguna medida específica para Canarias, “como anunció el ministro de Economía, Carlos Cuerpo”. La espera hasta la publicación en el BOE servirá también para estudiar si alguna de las medidas nacionales tiene adaptación o complementación respecto a las Islas.

El campo aragonés se ha manifestado contra la “abusiva” subida de los hidrocarburos y los precios disparados de los nitrogenados y los abonos a raíz de la guerra de Irán y ha reclamado medidas estructurales que permitan controlar una escalada de costes que atribuyen a “prácticas especulativas” que aprovechan cualquier conflicto exterior para que acaben siempre pagando los agricultores y los ganaderos.

Representantes de las organizaciones agrarias ARAGA, Asaja, UAGA-COAG y UPA Aragón se ha concentrado a las puertas del Centro Logístico de Hidrocarburos, ubicado en el barrio rural zaragozano de Monzalbarba, para exigir al Gobierno de España que adopte medidas de inmediato, tanto la bajada de la carga impositiva que grava los hidrocarburos, como la aprobación de paquetes de ayudas directas para el sector por el tiempo que se prolongue la crisis derivada de la guerra en Oriente Medio y “el freno a las prácticas especulativas”.

El campo aragonés afronta por un lado tener que pagar en pocos días el doble por el gasoil, que ha pasado de 85-90 céntimos de euro el litro a 1,50 euros. A ello se suman el encarecimiento de los nitrogenados y los abonos en plena campaña final del cereal de invierno y el inicio del de primavera y el parón que ha sufrido el comercio internacional por el bloqueo del Estrecho de Ormuz y que ya afecta a la alfalfa de las deshidratadoras aragonesas.

El secretario general de la UAGA-COAG, José María Alcubierre, ha criticado el “abuso generalizado” de las empresas de hidrocarburos: “El día que cayó la primera bomba ya subieron los carburantes un 20-25% y esto ha ido en escalada. ¿Cómo podemos entender que con el gasoil que tenemos actualmente en nuestros depósitos haya esta subida tan importante?”, se ha preguntado, ante lo que ha reclamado que intervengan el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Alcubierre también ha expuesto que la Ley de la Cadena “no está funcionando” porque los productos “tampoco están subiendo con los costes que estamos teniendo en estos momentos”, por lo que ha solicitado ayudas con el fin el efecto no deseado de que suban los precios de los alimentos.

Proteger el modelo de agricultura familiar

Por todo ello, ha reclamado políticas agrarias “a largo plazo” y medidas “estructurales” en favor del modelo de agricultura familiar y profesional que hagan ver que el sector primario se considera verdaderamente estratégico: “En la pandemia nos decían lo necesarios que éramos y ahora estamos viendo cómo nos están dejando a los pies de los caballos, vemos cómo vamos desapareciendo prácticamente un agricultor al día en Aragón”, ha lamentado.

Si no se revierte esta situación, ha advertido, “estos modelos especulativos lo que hacen luego es comprar nuestras mejores tierras, comprar nuestro agua y ponerse a producir lo que antes hacía la explotación familiar agraria, y eso no se puede tolerar”.

Por su parte, el secretario general de UPA en Aragón, José Manuel Roche, ha recibido de buen grado las ayudas que se han avanzado --que ha reclamado se extiendan todo lo que se prolongue la crisis--, pero ha lamentado que no se haya aprendido nada de lo ocurrido con la guerra de Ucrania y los “movimientos especulativos” que intervienen: “No puede ser que en estos momentos se esté vendiendo gasoil que no se ha producido con un solo barril de petróleo que viene de la época de la guerra”.

Y ha reclamado a las diferentes administraciones, las Comunidades Autónomas, el Gobierno de España y la Unión Europea, que se involucren y “se mojen” porque, ha advertido, “no pueden mirar para otro lado”: “No puede ser que haya agricultores que pidieran gasóleo antes de comenzar la guerra y a las dos semanas les digan que no les pueden repartir o se paralice el reparto. Basta ya de especulaciones”, ha exigido.

“No podemos ser los paganos de un conflicto geopolítico ajeno a nuestros intereses. Nos pasa siempre con todo. Son movimientos especulativos que se tienen que frenar ya”, ha insistido.

Un agujero de 9.000 euros por explotación

Desde Asaja Aragón, Ramón Solanilla, ha cifrado en unos 9.000 euros de media el sobrecoste que este conflicto ha supuesto ya para las explotaciones aragonesas por el incremento de precios del gasoil y los fertilizantes.

“Creemos que es una vergüenza. A la ruina de precios del sector del cereal ahora le sumamos este incremento de costes de producción que puede llevar a muchas explotaciones agrícolas de nuestra comunidad autónoma, prácticamente acabar el año con números rojos”, ha avisado.

Por ello, ha valorado como “insuficientes” las medidas que a esa hora se barajaba iba a aprobar el Gobierno: “Una reducción del IVA del 10% creemos es insuficiente tanto para los fertilizantes como para los combustibles, ya que la mayor parte del coste de los carburantes son impuestos”

Solanilla ha pedido ayudas directas para las explotaciones, medidas de apoyo al cereal y la alfalfa, a las explotaciones agrias y ganaderas.

Reservas de carburante

Por último, el presidente de Araga, Federico Lorente, ha lamentado que se les esté repercutiendo “injustamente” el coste de una guerra ajena mediante un “movimiento de especulación” por parte de las multinacionales, “que han subido el precio horas después de haber empezado el conflicto”. Un gasoil, ha remarcado, “que estaba ya aquí en sus instalaciones y se están aprovechando de las circunstancias para lucrarse y ganar mucho más dinero”.

Lorente también se ha acordado de quienes sufren el parón en la exportación de sus productos a países en la zona de conflicto y ha alertado de que si el paquete de medidas no está a la altura, “nos veremos abocados a seguir en la calle protestando día tras día hasta que esta situación se revierta y volvamos a una situación en la que los costes del gasoil y de los fertilizantes nos permitan seguir trabajando”.

El presidente de Araga ha considerado que es hora de adoptar cambios estructurales: “No podemos estar siempre como un sector dependiente de movimientos, de guerras, de especulaciones en precios”. Por ello, ha reclamado que España se haga con unas reservas de carburante “lo suficientemente importantes como para poder absorber estas oscilaciones en los precios.

A Emiliano García-Page no le ha gustado especialmente la primera de las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner en marcha para paliar la consecuencias de la guerra en Irán. Concretamente, ha mostrado sus reservas sobre la bajada del IVA de los combustibles al 10%. El motivo: considera que puede ser “una amenaza directa” a la financiación de las prestaciones sociales de las comunidades autónomas, a las que, según ha dicho, se destina el 58% de la recaudación de este tipo de tributos.

El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido que su Gobierno trabaja con “planificación” para mantener la estabilidad en la comunidad autónoma, pero que, por el contrario, nunca ha vivido un momento en el que le esté “costando tanto” que “alguien en Madrid se pare un minuto a reflexionar y a discutir sobre los problemas del medio y del largo plazo”.

“La emergencia es permanente, ahora lo vemos muy claro con la guerra en Irán, pero es que si no es la guerra, son las escandaleras y, si no es eso, es el debate político o la ausencia de presupuestos”, ha añadido. Page justifica su reflexión en “no hay un debate sereno sobre casi nada”.

Ha dicho estar pendiente de lo que apruebe este viernes el Consejo de Ministros en relación con la emergencia por la guerra de Irán, pero como adelanto, ha querido hacer hincapié en que si se habla de impuestos, los gobiernos autonómicas no son “una administración cualquiera”. “Ya lo vimos con Ucrania. En ese caso, la bajada de ingresos nos supuso, por las decisiones tomadas sin consultar a la autonomía, más de 400 millones de euros”.

Puede suponer una aminoración de recursos a las autonomías

Por eso ha puesto el foco en el IVA, al afirmar que cuando se habla del impuesto sobre carburantes, el 58% de la recaudación es para las autonomías. Y así, ha alertado de que si se toman medidas conforme a la premisa de “yo invito, pero pagan otros”, eso significa que las decisiones pueden “afectar claramente a la financiación de la sanidad, de la educación y del estado del bienestar”.

“Puede suponer una aminoración de recursos a las autonomías como consecuencia de la guerra de Irán, cuando la decisión es estatal y tendría que ser una financiación pura del Estado central”, argumenta. Advierte por ello que la bajada del impuesto se repercute en las autonomías, y será “una amenaza directa a la financiación de la sanidad, de la educación y de las prestaciones sociales”.

Para Emiliano García-Page, nadie está cayendo en la cuenta de la situación de las autonomías, con “un retraso monumental” en su sistema de financiación. “Y, sin embargo, sin comerlo ni beberlo, nos podemos encontrar con un problema financiero muy considerable del que ni siquiera se está hablando”.

Ha dicho que no quiere “complicar” el debate, pero insistiendo que se aprueben medidas “en la esfera nacional”. “De lo contrario, lógicamente, podemos interiorizar la crisis y que tenga además un efecto más corrosivo y más expansivo en España si eso termina repercutiendo en nuestra sanidad, en nuestra educación, en nuestras prestaciones sociales”, ha concluido.

El precio de la gasolina en Canarias continúa subiendo impulsada por el contexto internacional de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El cierre parcial del estrecho de Ormuz y la interrupción del tráfico de petroleros se nota ya en el precio del barril de crudo, que inmediatamente se ha reflejado en la tabla de precios de las gasolineras en todo el planeta, y eso a pesar de que en España aún se están consumiendo las reservas de combustibles, es decir, que es crudo adquirido antes del inicio de la guerra y de la escalada de precios.

Aún así, ya se nota la subida en las Islas. En el siguiente buscador, con datos facilitados por el Ministerio de Fomento, pueden consultarse, por provincias, los precios en las gasolineras de Canarias, en busca de aquellas que dispensen los carburantes más baratos.

A día de hoy en la provincia occidental, los precios más económicos se encuentran en una estación de servicio ubicada en Taco, Tenerife, a 1,179 euros el litro de gasolina 95. El precio más alto en esta provincia (y de toda Canarias) lo encontramos en la isla de La Palma, en una gasolinera ubicada en Mazo: 1,572 euros el litro.

En la provincia de Las Palmas, la gasolina más barata se encuentra en una estación ubicada en la calle Pedro Sarmiento de Las Palmas de Gran Canaria, a 1,089 euros. Se trata del precio más bajo de toda Canarias.

En el lado contrario de la tabla, el precio más caro se encuentra en una estación en el municipio de Haría, en Lanzarote, a 1,42 euros el litro.

En las siguientes tablas de búsqueda se pueden localizar las gasolineras por su ubicación u ordenar los precios de más alto a más bajo pinchando en la columna correspondiente.

Gasolineras en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Gasolineras en la provincia de Las Palma

El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han acordado reforzar la supervisión de los precios energéticos y reforzar la transparencia ante la fuerte volatilidad de los últimos días por la guerra de Irán.

En un comunicado conjunto de los Ministerios de Economía y para la Transición Ecológica, ambos departamentos inciden en que los mercados energéticos españoles “evidencian la liquidez y robustez necesarias para responder con eficacia” y asegurar el suministro energético a los consumidores“.

En una reunión celebrada este martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, han acordado intensificar la labor de vigilancia del regulador para garantizar el correcto funcionamiento de los mercados, reforzar la transparencia y velar por las buenas prácticas en la formación de precios.

Una de las principales medidas será el incremento de la frecuencia de publicación de información sobre carburantes, que pasará a ser semanal a partir de la próxima semana con el objetivo de facilitar a los consumidores un mejor acceso a los precios y márgenes en un momento de especial sensibilidad.

Según la CNMC, pese a la actual volatilidad, los mercados energéticos españoles presentan la liquidez y robustez necesarias para asegurar el suministro a los consumidores, al tiempo que el organismo continúa ejerciendo sus funciones de supervisión conforme a la Ley 3/2013, la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento europeo Remit.

Asimismo, el texto incide en que la CNMC ha reforzado ya los flujos de información con ambos ministerios, pasando diariamente datos actualizados de los precios, mientras mantiene una coordinación estrecha con los operadores de los mercados eléctrico (OMIE) y gasista (MIBGAS).

El último informe BBVA Research que analiza la situación económica de Castilla-La Mancha, con proyecciones hasta el año 2027, ofrece un visión positiva en el corto plazo para la comunidad autónoma, pero alerta de futuros retos estructurales.

Su crecimiento es sólido en la fotografía actual, pero la región se verá obligada a gestionar la transición hacia un ciclo más maduro y a resolver tensiones persistentes en el mercado de la vivienda y la productividad para asegurar su bienestar futuro, según los datos presentados hoy en Toledo.

No obstante, y a corto plazo, todavía está por ver el impacto de la guerra en Irán. “En la medida en que esto sea temporal, el impacto no será significativo”, ha comentado Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, para advertir que “tendrá consecuencias sobre la inflación que subirá más allá del 3%”.

El escenario con “más probabilidad”, decía, es aquel en el que el conflicto sea de corta duración y por esa razón “las disrupciones en los flujos de comercio, aprovisionamiento de energía y combustible o en el comercio de bienes serán relativamente limitados”.

De hecho, ha abundado Cardoso, “muchos productores que veían venir esta situación han acaparado inventarios” e insiste: “Si el shock es temporal”, y es lo que se percibe a tenor de las palabras del Gobierno de EEUU, se prevé que el impacto sobre la actividad económica y los consumidores pueda ser “limitado”.

En este sentido, dice, las previsiones para Castilla-La Mancha hasta 2027 no cambiarían demasiado. El análisis habla de un sólido crecimiento, que ha permitido a la región consolidar su recuperación con un crecimiento estimado del PIB del 3,1% en 2025 y la creación de 47.000 nuevos empleos hasta 2027, gracias al dinamismo del mercado laboral, la inversión y la recuperación del poder adquisitivo de los hogares, según el director de la territorial centro de BBVA en España, Juan Carlos Hidalgo.

El margen de crecimiento en el sector turismo

Castilla-La Mancha tiene margen para crecer sobre todo con un “entorno todavía favorable para el crecimiento del sector turístico”, asegura Cardoso. El número de plazas hoteleras ha crecido entre un 3% y un 4% respecto a 2019, señala, y eso “marca la capacidad del sector hotelero de absorber turistas”.

Los analistas de BBVA Research observan además cambios en las preferencias del consumidor. “Aumenta el peso en la cesta de consumo asociado a los servicios, en detrimento de los bienes. La gente prefiere salir, viaja más y también come más fuera de casa. Eso favorece al sector turismo”.

A eso se suma un “aumento relativamente importante de la productividad, debido a la desestacionalización de sector turístico. Esa productividad es hoy del 19% en comercio y turismo respecto a 2019”.

Y sin embargo, se espera desaceleración

A pesar de esta inercia positiva, los indicadores más recientes sugieren que la región entra en una fase de desaceleración gradual, con previsiones de crecimiento del 2,4% para 2026 y del 1,9% para 2027. Esta moderación se produce en un contexto donde el empleo sigue aguantando con fuerza, pero otros pilares como el gasto con tarjeta, las exportaciones de bienes de equipo y el turismo doméstico empiezan a mostrar señales de agotamiento.

“Creemos que la desaceleración se producirá por la volatilidad de la política comercial de Estados Unidos que afectará a las regiones con más exposición, por su relación comercial con el país norteamericano”, señala Cardoso.

“Aquí esa exposición es menor y supone un 3% del total de exportaciones y un 0,6% del PIB, Por eso el impacto estará restringido”, apunta el economista, quien advierte además de la caída de las exportaciones hacia aquel país, en torno al 9%.

Miguel Cardoso habla también de “pérdida competitividad” que en su opinión vendrá marcada “no solo por los aranceles sino por la depreciación del euro frente al dólar”.

En todo caso, y según las previsiones, se estima que para el año 2027, el PIB de Castilla-La Mancha igualará el nivel de actividad que habría tenido de seguir la tendencia lineal de crecimiento previa a la crisis del COVID-19, situándose incluso 3,8 puntos porcentuales por encima de dicha tendencia.

Varios factores sostendrán esta expansión en el bienio 2026-2027: el empuje de la inversión pública y privada, el dinamismo de la construcción, la llegada de los fondos europeos (NGEU), la moderación de la inflación y la progresiva bajada de los tipos de interés. No obstante, se incide en que persisten riesgos externos, al margen de lo ocurrido en Irán, como la incertidumbre en la política económica internacional, especialmente la arancelaria con EE.UU.

La inmigración como pilar fundamental de empleo

El mercado laboral sigue siendo la gran sorpresa positiva. A diferencia del conjunto nacional, la afiliación a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha se aceleró en el cuarto trimestre de 2025. Este dinamismo se ha concentrado especialmente en las áreas de Toledo y Guadalajara, así como en zonas rurales, impulsado por el comercio, la hostelería, los servicios públicos y la industria manufacturera.

Un dato revelador es que el 82% del empleo creado en la región ha sido gracias a la población inmigrante (extranjeros y personas con doble nacionalidad) y las previsiones apuntan a que la fuerza de trabajo seguirá aumentando en unas 400.000 personas anuales en 2026 y 2027 en España, lo que permitiría a la región crear un total de 47.000 nuevos puestos de trabajo en el periodo 2025-2027.

Gracias a este empuje, la tasa de paro podría bajar hasta el 11,5% de media en 2027. Sin embargo, empieza a detectarse un problema de escasez de mano de obra en sectores específicos como la construcción y la industria, donde a las empresas les cuesta encontrar trabajadores con la formación necesaria.

Una mayor dependencia de la demanda interna

Uno de los cambios más significativos en 2025 ha sido la transición hacia una mayor dependencia de la demanda interna, según ha destacado Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España.

Los salarios en la región han comenzado a recuperar poder adquisitivo, con un aumento pactado en convenio de alrededor del 3%, mientras que la inflación promedio se situó en el 2,5% en 2025, por debajo de la media española.

Esta ganancia de renta real, sumada al descenso de los tipos de interés —el BCE recortó el tipo de depósitos hasta el 2% a finales de 2025—, debería actuar como un catalizador para el consumo de los hogares y la inversión empresarial.

El gasto presencial total con tarjeta mostró un crecimiento dinámico del 9,1% en 2025, destacando el gasto en supermercados, salud, vehículos y grandes superficies. Por el contrario, el gasto en sectores como la electrónica de consumo, los viajes y el transporte ha mostrado caídas o estancamiento.

La preocupante falta de vivienda asequible

El sector inmobiliario se perfila como uno de los principales motores de crecimiento para los próximos dos años. Se estima que las viviendas en ejecución podrían alcanzar las 7.000 en 2026, lo que supone un incremento del 18% respecto a 2025. Además, los visados de obra nueva crecieron un 9,7% en 2025, superando la media nacional, lo que anticipa un aumento de las viviendas terminadas a partir de finales de 2026.

A pesar de este repunte en la actividad, el informe detalla una preocupante falta de vivienda asequible que se mantiene como un cuello de botella crítico para el bienestar de los jóvenes y la atracción de capital humano.

Desde 2021, se han creado en la región 52.800 nuevos hogares, pero solo se han construido 21.600 viviendas, lo que evidencia un desajuste estructural entre oferta y demanda. Aunque el esfuerzo de acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha es inferior a la media española, la tendencia al alza de los precios y la escasez de oferta en las zonas con mayor dinamismo demográfico son preocupaciones crecientes.

El informe también se detiene en analizar el impacto de la caída de los costes energéticos en la competitividad regional - al menos en el momento en el que se realizó el estudio- y el papel de los fondos europeos en la actividad económica.

Por un lado, la industria castellanomanchega ha mostrado un comportamiento más sólido que la media nacional. En 2025, el Índice de Producción Industrial (IPI) aumentó un 0,8%, impulsado principalmente por la producción de bienes de equipo y energía. La caída de los costes energéticos y de transporte ha beneficiado especialmente a la región dada su apertura económica y el peso de su industria manufacturera.

En cuanto al sector exterior, las exportaciones de bienes crecieron un 5,1% nominal hasta septiembre de 2025, apoyadas en el sector agroalimentario (alimentos y bebidas) y las manufacturas de consumo. No obstante, los bienes de equipo han mostrado debilidad en los últimos meses, contribuyendo negativamente al saldo exportador. Por otro lado, las exportaciones de servicios se han acelerado, con un incremento notable del gasto de turistas extranjeros (+12,3% en 2025) y de las pernoctaciones hoteleras (+9,9%).

Por otro lado, la inversión pública seguirá siendo un pilar de la expansión. Hasta diciembre de 2025, Castilla-La Mancha ha licitado contratos y concedido subvenciones ligadas a los fondos Next Generation EU (NGEU) por un valor de 2.346 millones de euros, lo que representa el 4,2% de su PIB regional de 2024, una proporción superior a la media española (3,9%).

Además, la comunidad es una de las que más puede beneficiarse del incremento global del gasto en defensa. Las empresas de este sector en la región facturan el equivalente al 0,5% del PIB regional, lo que la sitúa como la quinta comunidad con mayor peso en esta industria. Si este aumento del gasto se traduce en producción nacional, el impacto en la actividad económica regional será considerable.

El talón de Aquiles de la productividad

A pesar de las perspectivas positivas, Castilla-La Mancha enfrenta retos estructurales profundos. La productividad por hora sigue siendo un desafío; aunque ha mejorado tras la sequía de 2023, la región todavía presenta niveles inferiores al conjunto nacional.

El PIB per cápita regional se sitúa en el 79,8% de la media española, y el dinamismo demográfico (mayor crecimiento poblacional que el promedio) dificulta la convergencia rápida en este indicador.

De nuevo, la necesidad de reforma de la financiación autonómica

Como ya hiciera el año pasado, el informe BBVA Research vuelve a advertir sobre la necesidad de reformas en la financiación autonómica para garantizar la sostenibilidad de la deuda y mejorar el margen fiscal de la región. La reforma del modelo de financiación autonómica sigue, un año más, sin concretarse.

En el ámbito fiscal, la deuda pública se situó en el 28,8% del PIB en el tercer trimestre de 2025. Los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica, que han crecido cerca de un 40% desde 2019, mostraron una desaceleración en 2025, lo que elevó el déficit de la Junta hasta el -0,2%.

De ahí que se apunte esa necesidad de acuerdos para garantizar la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y una reforma del sistema de financiación que sea más simple, transparente y equitativo.

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara en el marco de la operación 'Chacota' ha detenido en Azuqueca de Henares a tres personas integrantes de una organización criminal como presuntos autores de varios delitos de estafa mediante el uso indebido de dos tarjetas de carburante que ocasionó un perjuicio económico de 29.000 euros.

Esta operación se inició el pasado mes de junio tras la denuncia del gerente de una empresa de transportes en Azuqueca de Henares, ya que había detectado cargos irregulares en dos de sus tarjetas de repostaje.

Las investigaciones practicadas por agentes del Área de Investigación de Azuqueca de Henares se centraron en un empleado de la empresa que fue contratado de forma eventual y que al parecer se apoderó de las tarjetas.

Posteriormente, este individuo las cedía a otras dos personas a cambio de una contraprestación económica y estos habrían repostado carburante en distintas gasolineras de las provincias de Guadalajara, Madrid y Huesca.

Tras una minuciosa investigación y gracias al estudio del visionado de las cámaras de las estaciones de servicio, se logró identificar y detener a los presuntos autores de estos hechos el pasado lunes en la localidad de Azuqueca de Henares.

Los detenidos con edades comprendidas entre los 58 y los 42 años, de nacionalidad rumana, marroquí y española, fueron entregados junto con las diligencias practicadas en el juzgado de instrucción en funciones de Guardia de los de Guadalajara.

Un cuarto detenido que estafó más de 21.000 euros

La Guardia Civil de Azuqueca de Henares detuvo el pasado lunes a un varón, de 54 años y de nacionalidad española, como presunto autor de un delito de estafa que defraudó a una empresa más de 21.000 euros.

Estos hechos fueron denunciados en la Guardia Civil de Chinchón (Madrid) por el responsable de una empresa de transportes que detectó movimientos económicos irregulares realizados con sus medios de pago.

Las investigaciones practicadas por la Guardia Civil han permitido la detención de este individuo, que después de ser despedido en la empresa en la que trabajaba, continuó utilizando medios de pago corporativos en distintas áreas de servicio y empresas ubicadas en las provincias de Madrid y de Guadalajara.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,7% en Castilla-La Mancha en septiembre en tasa interanual, 3 décimas por debajo de la media nacional, situada en el 3%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El indicador se sitúa tres décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior y los precios encadena cuatro meses de subidas en Castilla-La Mancha.

En términos mensuales, la inflación en Castilla-La Mancha disminuyó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,2%.

Donde más subieron los precios en la región respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,3% más que en septiembre de 2024 (1,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,5% más (0,3 puntos); restaurantes y hoteles, un 3,4% más (-0,8 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,4% más (0,3 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -1,1% (-0,5 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,3% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,3 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,5%), Comunitat Valenciana (3,4%) y Baleares (3,3%).

En el lado contrario se situaron Canarias (2,2%), Murcia (2,4%) y Catalunya(2,6%).

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes que la inflación se elevó en septiembre hasta el 3%, su nivel más alto desde el pasado mes de febrero y una décima más que el Índice de Precios de Consumo (IPC) adelantado, publicado hace dos semanas. Esta evolución de la inflación interanual se explica principalmente por efectos base en los carburantes y, en menor medida, en la electricidad. Los precios de ambas rúbricas bajaron menos que hace un año.

El efecto base en el IPC se refiere al impacto que tiene la tasa de inflación del año anterior en el cálculo de la inflación actual. Si el período del año anterior tuvo una inflación muy alta o muy baja, esto puede hacer que la inflación del período actual parezca artificialmente alta o baja, respectivamente, al compararse con ese valor pasado. Como hace un año, en septiembre de 2024, la inflación fue baja, del 1,5%, doce meses después la tasa de inflación es más elevada.

En concreto, el INE ha informado de que el grupo de transporte elevó en septiembre su tasa anual un punto, hasta el 2,2%, debido a que la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales fue menor que en septiembre de 2024. En sentido contrario, destacó el descenso de los precios en el transporte aéreo de pasajeros, superior al registrado en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, el grupo de vivienda incrementó su tasa interanual 1,1 puntos, hasta el 7,1%, por la menor caída de los precios de la electricidad, en relación a un año antes.

El inicio de la temporada de otoño-inviero se dejó notar en los precios de los productos de moda (vestido y calzado), que subieron un 2,5%.

La inflación subyacente, que es aquella que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se mantuvo en el 2,4% en septiembre, “en la senda de la moderación hacia el objetivo del Banco Central Europeo”, según ha destado este viernes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas se estabilizaron también en el 2,4%. Pero destaca el encarecimiento de productos como los huevos (17,9%) y la carne de vacuno (16,5%) y, en sentido opuesto, la caída del aceite de oliva del 34,5% repecto al mes de septiembre del año pasado.

La inflación ha repuntado en septiembre hasta el 2,9%, respecto al mismo mes de hace un año, según el dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) adelantado que ha publicado este lunes el INE. Se trata del nivel más alto desde el pasado mes de febrero. Esta evolución de la inflación interanual se explica principalmente por efectos base en carburantes y, en menor medida, electricidad. Los precios de ambas rúbricas bajaron menos que hace un año.

El efecto base en el IPC se refiere al impacto que tiene la tasa de inflación del año anterior en el cálculo de la inflación actual. Si el período del año anterior tuvo una inflación muy alta o muy baja, esto puede hacer que la inflación del período actual parezca artificialmente alta o baja, respectivamente, al compararse con ese valor pasado. Como hace un año, en septiembre de 2024, la inflación fue baja, del 1,5%, doce meses después la tasa de inflación es más elevada.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha destacado que “la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, continúa su senda descendente hacia el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) y cae una décima frente a la tasa de agosto, hasta el 2,3%, en el mismo cálculo interanual”.

Con este descenso, la inflación subyacente rompe con dos meses consecutivos de alzas interanuales.

En tasa mensual, los precios de consumo descendieron un 0,4 % respecto a agosto, la mayor bajada desde septiembre del año pasado, cuando cayeron un 0,6 %, según detalla el INE.

Todos los detalles de evolución por componentes y la cifra definitiva de la inflación de marzo se publicarán el próximo 15 de octubre.

El índice de precios de consumo (IPC) se situó en julio en Extremadura en el 3,2 % interanual, el tercero más alto de España, donde el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes y lubricantes aupó el IPC al 2,7 %, cuatro décimas más que el mes anterior.

El pasado julio, la tasa de inflación en la comunidad extremeña registró un descenso mensual del 0,4 %, mientras que en lo que va de año acumula un aumento del 2,1 %, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por grupos, los alimentos y bebidas no alcohólicas se han incrementado un 3,2 % en el último año, si bien la mayor subida en Extremadura corresponde a la vivienda, un 12,1 %, seguida de bebidas alcohólicas y tabaco (4 %), hoteles, bares y restaurantes (3,9 %) y otros (3,2 %).

También subieron los precios en vestido y calzado (2,8 %), medicina (1,9 %), enseñanza (1,9 %), menaje (0,9 %), ocio y cultura (0,6 %) y comunicaciones (0,5 %), mientras que sólo bajaron en transporte (-0,3 %).

Extremadura, por encima de la media nacional

El IPC extremeño, cinco décimas por encima de la media nacional y otras tantas más respecto a junio, coloca a la región como la tercera comunidad autónoma con mayor tasa anual. En el conjunto de España, la inflación interanual fue del 2,7 %, y la subyacente (que excluye energía y alimentos frescos) avanzó una décima, hasta el 2,3 %.

El INE confirma que la inflación de los alimentos se moderó en julio una décima, hasta el 2,7 %. La aceleración de la inflación se debe principalmente al grupo de la vivienda, cuya tasa anual subió 2,5 puntos, hasta el 6,7 %, por la subida de los precios de la electricidad frente a la bajada registrada en julio de 2024.

En segundo lugar, el transporte elevó su tasa anual hasta el 0,2 %, un punto más que en junio, debido al encarecimiento de carburantes y lubricantes para vehículos personales. También influyó el aumento del transporte combinado de pasajeros y el transporte aéreo, que se había mantenido estable un año antes.

La inflación encadena así dos meses consecutivos al alza —junio (2,3 %) y julio (2,7 %)—, dejando atrás la tendencia descendente de marzo (2,3 %), abril (2,2 %) y mayo (2,2 %). Aun así, sigue lejos del mínimo de septiembre de 2024 (1,5 %).

Aceite de oliva a la baja y huevos al alza

En el último año, el aceite de oliva redujo su precio un 44,3 %, y también se abarató respecto al mes anterior (-3,1 %). Por el contrario, los huevos se encarecieron un 18,3 % en doce meses.

Otros descensos interanuales destacaron en el azúcar (-19,7 %), el yogur (-2,6 %), los productos a base de cereales (-2,2 %) y la pizza y quiche (-1,2 %).

En el lado opuesto, los mayores incrementos interanuales en alimentos correspondieron al chocolate (21,6 %), otros aceites comestibles (20,4 %), café (19,8 %), carne de vacuno (15,1 %), carne de ovino y caprino (11,7 %) y cacao y chocolate en polvo (11,3 %).

Fuera del ámbito alimentario, lo que más se encareció en un año fue el transporte combinado de pasajeros (26,8 %), la joyería y bisutería (22,9 %), la electricidad (17,3 %), la recogida de basura (14,3 %) y los vuelos internacionales (13,6 %). Las mayores bajadas se dieron en combustibles líquidos (-9,6 %), ordenadores personales (-9,4 %), equipos de telefonía móvil (-8,8 %) y gasolina (-7,8 %).

Variación mensual

En comparación con junio, los precios de consumo bajaron un 0,1 %, rompiendo una racha de nueve meses en terreno positivo que comenzó tras la caída del 0,6 % registrada en septiembre de 2024. El grupo con mayor repercusión negativa fue vestido y calzado, por las rebajas de verano, mientras que el transporte (por el encarecimiento de carburantes y lubricantes) y ocio y cultura (por la subida de paquetes turísticos) registraron impacto positivo.

Todas las comunidades autónomas presentaron tasas anuales positivas en julio, con los valores más altos en Baleares (3,5 %) y Comunidad Valenciana (3,2 %), y el más bajo en Murcia (2 %).

En julio, la tasa de variación anual del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) fue del 2,7 %, cuatro décimas más que en junio, con una caída mensual del 0,3 %.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destaca que la evolución de la inflación “es compatible con un fuerte dinamismo de la economía española, que se mantiene como motor de crecimiento entre los principales países europeos”. Según el departamento, “la estabilidad de los precios, el récord en creación de puestos de trabajo y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo”, agregan las mismas fuentes.

La inflación repuntó una décima más de lo previsto en junio al 2,3% por la subida de los carburantes, según los datos del IPC publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El aumento de los precios en las gasolineras se debe al encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales, y del gas, por las guerras y las tensiones geopolíticas, sobre todo entre Israel e Irán. En mayo, esta inflación interanual se quedó en el 2%, tres décimas por debajo del nivel de junio.

Con esta aceleración del IPC (Índice de precios de consumo) interanual (respecto al mismo mes del ejercicio anterior) en junio, la inflación vuelve a los ascensos después de haber encadenado tres meses de descensos, aunque “confirma la tendencia a la estabilización en torno al 2%, nivel de referencia para el Banco Central Europeo (BCE)”, según defienden fuentes del Ministerio de Economía.

Estadística explica que el repunte del IPC hasta el 2,3%, desde el 2% de mayo, se debe efectivamente al encarecimiento de las gasolinas, “frente al descenso de precios experimentado en junio de 2024”, y, en menor medida, a la subida de los precios en los supermercados y en las tiendas de alimentos, mayor a la registrada un año antes.

“Los alimentos no elaborados elevaron su inflación desde el 7,1% hasta el 8%, prolongando la tendencia alcista que mantienen desde finales del año pasado, amplificada por la normalización del IVA. De las 16 subclases [productos] que integran este subíndice [el IPC de los alimentos], 13 presentan una tasa superior al 3% y varias de ellas (huevos, carne de vacuno, frutas y carne de ovino y caprino), tasas de dos dígitos”, detallan los expertos del centro de análisis Funcas.

La inflación general acumula desde 2021 un ascenso de algo más del 20%. Es decir, la vida en junio es un 2,3% más cara que hace un año y un 20% más cara que hace cuatro años. De esta manera, se entiende mejor el daño al 'bolsillo' de las familias de esta crisis de inflación 'pegajosa', en la que la mayor pérdida de poder de compra se sufrió en 2022.

“España continúa con una situación de estabilidad y moderación de precios que, junto a los aumentos salariales, permite que los hogares sigan ganando poder adquisitivo, conjugándose con unas perspectivas de crecimiento económico por encima de las principales economías europeas”, defienden en el Ministerio de Economía, que lidera Carlos Cuerpo.

El aceite de oliva baja casi un 50% desde máximos

Una de las buenas noticias de los últimos meses es la bajada del precio del aceite de oliva, una excepción entre los alimentos. Con los datos de junio, el 'oro' líquido acumula un descenso del 48% desde el pico alcanzado en abril de 2024 y se sitúa en niveles de hace más de dos años.

El mes pasado, destacó también la desaceleración de los servicios de alojamiento y la menor contribución de los paquetes turísticos.

De hecho, la inflación subyacente se mantuvo en junio contenida en el 2,2% interanual. Este IPC subyacente excluye de su cálculo los precios de energía y de los alimentos por ser los productos más volátiles de la cesta de la compra de referencia del INE para dar una visión más estructural de la inflación.

La avaricia de las empresas

En el relato de la última crisis de inflación que ha hecho el BCE en la reciente revisión de su estrategia, sin mencionar las consecuencias de la avaricia de las empresas, y de algunos sectores en concreto, sí que reconoce lo evidente. En 2021, en la salida de la pandemia, “las perturbaciones en el sector energético, alimentario y de la cadena de suministro [del comercio global] desempeñaron un papel especialmente importante en el repunte inicial de la inflación”, recoge el informe de la institución de principios de julio,.

“Los factores de oferta, tanto globales como nacionales, fueron los que más contribuyeron a la inflación”, continúa. “Una transmisión inusualmente elevada de los costes de los insumos energéticos a los precios finales [...] desempeñaron un papel importante en la transmisión de las perturbaciones”, prosigue el BCE. Finalmente, “los salarios reaccionaron a las subidas de precios con cierto retraso, lo que resultó en un aumento inicial de los beneficios de las empresas, pero a mediados de 2023 estos comenzaron a absorber un mayor crecimiento salarial”.

Es decir, la avaricia de las empresas disparó la inflación desde 2021 y es otra vez, en esta nueva etapa, el mayor riesgo, aunque el BCE directamente no menciona “la inflación de vendedores” o “de beneficios”, que son conceptos que utilizan los economistas más críticos, y están prohibidos para la ortodoxia de la política monetaria.

“El enérgico endurecimiento de la política monetaria en respuesta al repunte inflacionario [las subidas de los tipos de interés, que buscaban ahogar a las familias y a las empresas para rebajar así la inflación y que en los últimos meses la propia institución está revirtiendo por el frenazo del crecimiento económico] fue crucial para mantener ancladas las expectativas de inflación a largo plazo, evitar una espiral de precios y volver a acercar la inflación al objetivo de manera oportuna”, se autofelicita el BCE. Lo que no menciona el regulador financiero es que las subidas de los tipos de interés oficiales —que se trasladan al Euríbor y, por tanto, a las hipotecas— se unen a la inflación y ejecutan un golpe doble que se ceba con las familias más vulnerables.

Doble golpe a las familias: precios y tipos

La última Encuesta de Presupuestos Familias (EPF) del INE corrobora este daño multiplicado por dos (precios y tipos), ya que techo y comida se llevan el 60% del gasto de los hogares más pobres de nuestro país, 20 puntos más que de los que viven más holgadamente. Visto de otra manera. De cada 100 euros, en 2024, tras pagar el alquiler o la hipoteca, la luz, el gas, el agua y llenar la nevera, las familias más pobres solo gastaron cada mes 40 euros para otras partidas, como la factura del teléfono, la cultura o el dentista. O dándole otra vuelta, mientras las subidas de los precios de la vivienda y de los supermercados asfixian a los españoles más pobres, los hogares más ricos pueden permitirse dedicar uno de cada tres euros a ocio, restaurantes, hoteles y transporte. Por el contrario, las familias más vulnerables se dejan solo 16 euros de cada 100 de su gasto total en ir al cine, en cenar fuera de casa, en coger aviones...

Una de las grandes dificultades del Gobierno de coalición en esta legislatura ha sido y sigue siendo sacar adelante la reforma fiscal comprometida con la Comisión Europea. El informe de “progreso anual” que el Ejecutivo envió a Bruselas al cierre de abril reitera el objetivo de reducir “beneficios fiscales”, como el que disfruta el diésel [paga menos impuestos que la gasolina], para elevar los ingresos públicos cerca otros 1.500 millones de euros, “un 0,1% del PIB (producto interior bruto)”. 

La debilidad parlamentaria del Ejecutivo hace que esta meta, de la que dependen los últimos desembolsos del Plan de Recuperación, se eleve a la categoría de reto ante las distintas posiciones de sus socios a la izquierda y a la derecha en el Congreso, a los que necesita para alcanzar mayorías suficientes.  

La equiparación (subida) de la tributación del diésel a la gasolina estaba incluida en “el paquete fiscal” que el Gobierno aprobó en 2024, pero fue rechazada en la Cámara Baja por la oposición de los diputados de Podemos, que unieron sus votos en contra a los de Junts, Vox y el Partido Popular (PP). De ese mismo paquete fiscal se cayó también la prórroga del gravamen temporal a las energéticas por sus beneficios extraordinarios, que en 2024 recaudó alrededor de 1.000 millones, en este caso con la suma de los representantes del PNV en la Cámara Baja al resto de las derechas parlamentarias.

Este paquete sí incluyó el impuesto a la banca por tres años, juntos a otras modificaciones que el mismo informe de “progreso anual” del Gobierno califica como la “etapa 1” de “la reforma fiscal” que exige el Plan de Recuperación 'Next Generation' de la Comisión Europea. Esta primera fase implica “un aumento permanente de los ingresos públicos del 0,3% del PIB”, según el documento del Ejecutivo. Es decir, unos 4.500 millones de euros.

La “etapa 2” estaría “en curso”, según prosigue el informe que España hizo llegar al Ejecutivo comunitario el 30 de abril, y se tiene que alcanzar “a más tardar en el cuarto trimestre de 2025”, logrando un “aumento permanente adicional de los ingresos del 0,1% del PIB hasta el cuarto trimestre de 2028, con un total acumulado del 0,4% del PIB”, según detalla.

“Las medidas de naturaleza tributaria adoptadas por España desde mediados de 2020, en los ámbitos de la fiscalidad medioambiental, imposición societaria, imposición patrimonial, fiscalidad de la salud y tributación del ahorro en la imposición sobre la renta de las personas físicas [IRPF] permiten que el sistema tributario sea más eficiente, modernizado y adaptado a las nuevas tendencias, de acuerdo con la situación económica en cada momento, y provocan un incremento de los ingresos tributarios en línea con el objetivo perseguido”, explica el informe del Gobierno. 

El Ejecutivo traslada a la Comisión Europea que la “etapa 1” de la reforma fiscal está cumplida. “Con respecto a la fase II, cabe destacar que con las medidas adicionales que se puedan adoptar en el plazo previsto el impacto total en incremento de ingresos estructurales alcanzará el 0,4% del PIB”, añade.

Esas “medidas adicionales” serían las citadas “reducciones de beneficios fiscales”, entre las que lleva sobre la mesa desde hace años quitarle la ventaja que tiene el diésel frente a la gasolina. El Ministerio de Hacienda, preguntado por elDiario.es, no lo confirma, aunque tampoco descarta que vaya a intentar nuevas modificaciones de impuestos en este 2025.

El informe del propio Ministerio que lidera la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de “seguimiento de las recomendaciones formuladas en los procesos de revisión del gasto público” de la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) explica que “la principal razón del diferencial de tipos [entre el diésel y la gasolina], en el momento de su establecimiento, fue de política económica y de transporte. Se trataba de proteger el sector del transporte por carretera a nivel comunitario, que se consideraba como estratégico y que era el principal usuario del gasóleo, finalidad que también estaba presente en el caso particular de nuestro país”.

“De hecho, el trato fiscal más favorable para el gasóleo no es una singularidad española”, incide el Ministerio de Hacienda. “Desde un punto de vista ambiental, las emisiones de CO2 del diésel son inferiores a las provocadas por la gasolina, aunque superiores en términos de NO2, gas con potente efecto invernadero y que provoca relevantes perjuicios para la salud”, reconoce este documento. “Inicialmente, se pensaba que, además del objetivo de política económica, las emisiones de gases efecto invernadero del diésel eran más reducidas, por lo que los objetivos de política económica no entraban en contradicción con los objetivos en política medioambiental”, prosigue.

Esta visión ha cambiado. “La política comunitaria, y la española, se dirige hoy en día hacia la reducción de la emisión de gases contaminantes, el fomento del uso de energías renovables y la eficiencia energética. Por tanto, la motivación que originó este beneficio pierde vigencia y los legisladores comunitarios han manifestado la intención de modificarlo y adecuar la imposición de los hidrocarburos a la política medioambiental”, señala el Ministerio de Hacienda.

Por último, apunta que “la evaluación [de la brecha entre el diésel y la gasolina] concluyó que sí se ha alcanzado el objetivo de fomentar el uso del diésel en las últimas décadas. No obstante, de la evaluación se desprende la necesidad de actualizar la fiscalidad de ambos combustibles de acuerdo con los nuevos estándares y objetivos de política medioambiental, especialmente al descubrirse la naturaleza más contaminante del diésel con respecto a la gasolina en términos de emisiones NO2”.

Los cálculos de Hacienda dan como resultado que “la equiparación plena entre diésel y gasolina supondría un aumento de recaudación de 2.537 millones de euros, de los cuales 1.162 millones corresponden al transporte para uso no profesional”. Mientras, según concluye, “tendría un efecto neutral desde el punto de vista de la desigualdad”.

“La transición ecológica tiene que ser justa”

Este último factor es que pone en alerta a los aliados del PSOE a su izquierda. También a su socio de Gobierno, Sumar, que pide que la subida de la tributación del diésel se acompañe de un plan de ayudas (un MOVES específico) para las familias que quieran o que tenga que cambiar sus vehículos de diésel por otros modelos 'verdes'. “La transición ecológica tiene que ser justa”, defienden desde la formación que lidera la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Por su parte, en diciembre de 2024, los diputados de Podemos ligaron sus votos en contra de la subida de la tributación del diésel a que saliera adelante el impuesto a las grandes energéticas.

“Es simplemente inaceptable que el Gobierno plantee una subida del impuesto especial de hidrocarburos mientras que no avanza en la aprobación del impuesto permanente a las empresas energéticas”, criticaron desde Podemos. En su opinión, esto supone “cargar” el coste de la transición ecológica sobre “los hombros de la gente”, mientras se van “de rositas” Repsol, Naturgy, Cepsa, Endesa o Iberdrola, que son las “principales responsables de la contaminación que causa la emergencia climática”.