España lidera en Europa el despliegue de medidas frente a la guerra en Oriente Medio

La mitad de las ayudas desplegadas en Europa para hacer frente a la guerra en Oriente Medio tienen sello español. El plan de 5.000 millones de euros diseñado por La Moncloa –fundamentalmente, con rebajas fiscales en impuestos como el IVA– no solo ha sido de los primeros en ponerse en marcha, sino que es el más generoso hasta ahora, tanto en términos brutos, como en relación con el tamaño de la economía española.

El Gobierno ha hecho gala de la velocidad de su respuesta, como ya hicieron con la réplica a los aranceles de Donald Trump, aprobada solo un día después de que el presidente estadounidense los anunciara solemnemente con una cartulina en los jardines de la Casa Blanca. Desde el estallido de la guerra, el 28 de febrero, hasta la aprobación de los dos Reales decretos-ley el 20 de marzo apenas pasaron tres semanas. Entre medias, el Gobierno se reunió con agentes sociales, grupos parlamentarios y sectores más afectados, alumbrando un paquete de ayudas articulado a través de rebajas en el IVA y otros impuestos a la energía que recibió la luz verde del Congreso.

El seguimiento que hace el ‘think-tank’ europeo Bruegel recoge, hasta ahora, 10.460 millones en medidas fiscales aprobadas por 12 países del entorno comunitario. Y solo las españolas ya suponen uno de cada dos euros en ayudas, triplicando a las de Alemania, que ha dado luz verde a una rebaja de los impuestos energéticos por valor de 1.600 millones. Mucho más lejos se encuentran, en este orden, los paquetes de Países Bajos (960 millones), Irlanda (760 millones) o Italia (520 millones), de cuantías y alcances inferiores.

La magnitud del esfuerzo español se ve mejor en términos relativos al producto interior bruto (PIB) de cada uno de los países, ya que permite una comparación mejor de lo que supone para sus cuentas públicas las medidas aprobadas. Así, España también lidera con un gasto del 0,3% del PIB, por encima del 0,2% de Bulgaria (225 millones) o infinitamente superior al 0,002% que ha aprobado Francia (70 millones), cuyas finanzas públicas distan de tener margen para grandes descuentos.

Rebajas generalizadas (y regresivas)

A pesar de la petición expresa de la Comisión Europea de apostar por ayudas dirigidas a los colectivos más vulnerables, la mayoría de países han hecho caso omiso de esa exigencia de Bruselas. El 80% del total de las medidas aprobadas (8.340 millones) se ha traducido en rebajas de impuestos indirectos, frente a 2.120 millones articulados a través de transferencias a los hogares o medidas a los sectores más afectados por la subida de costes, fundamentalmente el campo o el transporte. 

Estas rebajas, canalizadas a través de impuestos como el IVA, han sido criticadas por los expertos no solo por su abultado coste fiscal, sino también por ser regresivas y beneficiar más a las rentas más elevadas, que son las que tienen mayor capacidad de gasto.

Y, aunque el objetivo sigue siendo la descarbonización de la economía, la energía fósil concentra el grueso de las ayudas: 4.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias del corte del Estrecho de Ormuz, que ha afectado directamente a los precios del petróleo y el gas, ya que por allí circula un 20% de la oferta de estas materias primas. 

El Gobierno lleva semanas defendiendo no solo la prontitud de su respuesta al conflicto en Oriente Medio, sino también la efectividad de unas medidas que han amortiguado el primer impacto de la subida de los precios en las gasolineras.

“Todas estas medidas están facilitando una menor traslación del shock a precios finales, sea vía rebaja del precio final (reducción de impuestos) o mediante bonificación de costes (ayudas a empresas)”, defendió el Ejecutivo en el Informe de Progreso Anual –el nuevo documento clave de las reglas fiscales– remitido la semana pasada a la Comisión Europea.

El efecto más claro se ha visto en la inflación adelantada de abril, que se moderó dos décimas, hasta el 3,2%, gracias a las bajadas en los precios de la electricidad, que más que compensaron la subida sostenida en el precio del petróleo. 

El Gobierno se ha cuidado mucho de confirmar si extenderá o no las rebajas fiscales, que expirarán el próximo 30 de junio. Al igual que con el impacto en la economía, el Ejecutivo insiste en aguardar a “aterrizar” los efectos de estas medidas sobre los precios. El espacio presupuestario con el que cuenta es limitado, haya o no Presupuestos, y La Moncloa ya ha trasladado a la Comisión que moderará el aumento del gasto público este ejercicio. 

De hecho, las propias medidas podrían morir de éxito. El Gobierno incorporó una disposición por la que tanto el IVA de la electricidad como el de los combustibles volvería a su tipo habitual (21%) en junio si sus precios subían menos del 15% en abril, en relación con el mismo mes del año pasado. Algo que podría cumplirse en el caso de la electricidad. Los datos definitivos se conocerán la próxima semana.

Mientras, el Gobierno defiende que es necesario avanzar en el despliegue de las energías renovables y apuesta por activar una 'cláusula de escape' similar a la que se ha puesto en marcha para las partidas militares. “Pero para ello, para ser capaces de avanzar en soberanía energética, necesitamos inversión y esta inversión tiene que priorizarse igual que estamos priorizando, por ejemplo, la inversión en defensa”, defendió este lunes el vicepresidente Carlos Cuerpo en Bruselas.