El conflicto generado en Archidona y su comarca por la creación de un colegio privado para hasta 840 niños de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato está a punto de cerrarse. La empresa promotora, Fénix School, ha suscrito un compromiso ante notario para no concertar plazas “de ninguna manera”. Con este compromiso escrito, las AMPAs y centros públicos de la comarca, que se oponían unánimemente al proyecto, se dan por satisfechos. Entienden que no pueden hacer más.

“A todos los efectos oportunos y para dejar constancia fehaciente del compromiso de su representada frente a las administraciones públicas que correspondan, hace constar por medio de la presente que su representada no concertará, de ninguna manera, con la Delegación de la Junta de Andalucía, la actividad del centro educativo que está construyendo”, dispone el acta que contiene, además, el compromiso de trasladar esta obligación a un posible comprador del centro.  

Se trata de un compromiso cuyo valor principal es la posibilidad de invocarlo públicamente en caso de incumplimiento. Los opositores al proyecto asumen que, si la empresa se desdijera, este documento no podría impedirlo, pero creen que serviría como arma de presión política, dado que es firme y claro: Fénix School se compromete a no concertar.

Desconfianza pese a las promesas

El acta notarial ratifica un compromiso que ya se contenía en el convenio entre la empresa y el ayuntamiento, así como la promesa verbal del gerente, Francisco Hernández, manifestada en eldiario.es/Andalucía. “No vamos a concertar bajo ningún concepto”, insistió Hernández, que siempre ha defendido que el proyecto es “absolutamente privado” porque es la única fórmula que garantiza su viabilidad. “Recurrir a la concertación sería ruinoso”, explicaba. Este mismo compromiso estaba también en el convenio entre Fénix School y el ayuntamiento, que ha cedido a la empresa 12.000 metros cuadrados durante 30 años por 415.000 euros.

Sin embargo, la comunidad educativa del pueblo no terminaba de fiarse. Todos los dos colegios de Infantil y Primaria, los dos centros de Secundaria y Bachillerato, las asociaciones de padres, y buena parte de los centros y AMPAS de los pueblos cercanos firmaron dos manifiestos alertando del riesgo que supone para la educación pública la creación de un colegio privado, más aún si llegaran a concertarse unidades, lo cual depende de la aprobación por parte de la Delegación de Educación.

Archidona (8.168 habitantes) y su comarca están afectadas por un problema de baja natalidad, que desde hace años ha venido provocando la pérdida de unidades escolares. En los últimos años se han cerrado dos de las cuatro líneas de infantil en el municipio. Las ratios se mantienen por debajo de los máximos, pero la pérdida de unos pocos alumnos puede llevar a la amortización de unidades. Con este panorama, entendían que la concertación de plazas en un futuro tendría “consecuencias catastróficas”, y habían pedido alguna garantía adicional.

Un debate candente en Archidona

El acta notarial es esa garantía. Aurora Pedrosa, portavoz de las AMPAs de Archidona, se da por satisfecha, aunque advierte: “Estaremos atentos. En un momento dado pueden saltarse el acta notarial y hacer lo que quieran, y sabemos que la concertación no tiene nada que ver con el ayuntamiento, pero es lo máximo a lo que podíamos aspirar”. Los opositores al proyecto han desconvocado la concentración ante el ayuntamiento prevista para este jueves, aunque mantienen su intención de intervenir en el Pleno para explicar su postura.

Rubén Quirante, profesor del IES Luis Barahona de Soto, cree que el acta notarial pone a la comunidad educativa en “mejor posición para seguir peleando” en el caso de que, en unos años, la empresa pretenda concertar unidades. Y añade el valor del trabajo conjunto entre los doce centros públicos que han alertado contra la concertación del futuro centro privado: “Esto nos ha permitido hablar en toda la zona sobre por qué la privada concertada tiene consecuencias dramáticas para la educación pública y sus valores”.

La cuestión había generado un notable debate en Archidona y su comarca en las últimas semanas. Aunque la comunidad educativa mostraba una voz unánime al advertir de los riesgos del colegio privado para la educación pública, Pedrosa admite que algunos padres no han entendido su posición. Muchos en el pueblo defienden la iniciativa por su potencial económico.

Esta es también la tesis del ayuntamiento, gobernado por el PSOE. De momento, ha generado empleo para el movimiento de tierras, que ya ha comenzado. Las obras pararon algunos días, y cundió la idea de que se debía a la presión ejercida por los opositores al proyecto. No era así: cuando la empresa obtuvo la licencia pertinente, retomó la obra. “La gente tenía la idea equivocada de que no queremos riqueza o puestos de trabajo en el pueblo. Eso no es así”, explica Pedrosa.

El problema para mantener las unidades y líneas de los públicos tiene su origen en la baja natalidad. La apertura de Fénix School implica que habrá que repartir esos pocos niños entre un centro más. La empresa defiende que se trata de un proyecto para captar alumnos en un radio de hasta 70 kilómetros a la redonda. “Aun siendo 100% privado la falta de alumnos puede llevar a que haya pérdidas de líneas, pero ahí no podemos hacer nada, porque cada uno puede llevar a su hijo donde quiera”, admite Pedrosa: “El ayuntamiento ha visto bien que esa empresa venga y haga su negocio”. 

Apenas tres años después de ser inaugurado, el centro penitenciario Málaga II, ubicado en Archidona y que fue utlizado como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) a finales del año 2017, cuenta ya con el primer informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) del Defensor del Pueblo de España. Y las conclusiones muestran diversas carencias, entre ellas, falta de personal, quejas y denuncias por malos tratos que no han sido comunicados y falta de información en el libro de aplicación de medios coercitivos, que “no se está cumplimentando de forma adecuada”.

En el centro, cabe recordarlo, fueron recluidos 572 migrantes argelinos que habían llegado a las costas de Murcia y Almería entre el 16 y el 20 de noviembre de 2017. Desde el comienzo de su internamiento, partidos políticos, ONG, sindicatos, activistas y el Defensor del Pueblo, que visitó las instalaciones un par de veces a finales de 2017, denunciaron la carencia de servicios básicos (como agua potable, calefacción o asistencia sanitaria suficiente). Los primeros días Interior obvió que el centro de Archidona era, en realidad, una cárcel.

Ahora, después de la visita sorpresa de los pasados 30 de junio y 1 de julio de 2020, con 359 personas encarceladas en aquel momento, la primera visita de carácter multidisciplinar de dos técnicos del MNPT y un técnico externo, médico, se han examinado las condiciones de vida en celdas de aislamiento, la aplicación de medios coercitivos, la atención sanitaria prestada en el centro, las instalaciones, diferente documentación, así como la situación del centro durante el estado de alarma y la pandemia provocada por el coronavirus, llevándose a cabo entrevistas reservadas con los internos, así como con el equipo directivo y con los funcionarios.

El informe del Defensor, al que ha tenido acceso este medio, indica en primer lugar que el trato por parte del equipo que recibió al MNPT, sobre todo el subdirector de seguridad, fue “en todo momento muy bueno y con total disposición”, informándose por parte del responsable del establecimiento y otros funcionarios sobre “la escasez de todo tipo de personal”. En ese sentido, el Defensor ha sugerido dotar al centro penitenciario de Málaga II “del personal suficiente para dar la adecuada atención a los internos del mismo y cumplir con los diversos programas sanitarios y de tratamiento”. La Administración ha rechazado la sugerencia porque el personal “se ha ido incrementando, si bien no se informa de que esté previsto continuar aumentándolo en el corto plazo”.

Un turno de funcionarios que “pega mucho”

Según recoge el informe, “todos los internos entrevistados manifestaron que hay un turno de funcionarios en el módulo 3 que 'pega mucho'. El subdirector de seguridad, que atendió en todo momento la visita, comentó que estaría atento a esa información. Otra trabajadora dijo que esa queja es generalizada porque ”los internos de este módulo son los más agresivos“. En ese sentido, señala el MNP que el centro cuenta con un libro digital de registro de quejas de malos tratos pero que, comparada la información indicada en los libros y la proporcionada por la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), ”se comprueba que hay quejas y denuncias por malos tratos que no han sido comunicados ya que no coindicen los datos de la SGIP con los anotados en el libro“.

En ese sentido, sugiere el MNPT que hay que “establecer el mecanismo interno oportuno así como impartir indicaciones para adaptar el libro de quejas por malos tratos a la Orden de Servicio 1/2018, de modo que se anote cualquier queja presentada por los internos relativa a malos tratos, y las denuncias o procedimientos judiciales de los que se tenga conocimiento. Asimismo, se deberá realizar la investigación interna de esas quejas para garantizar un cumplimiento adecuado y averiguar si ha existido un uso desproporcionado de la fuerza”. El informe destaca, a modo de ejemplo, que el examen de la documentación permitió constatar que un interno había interpuesto una denuncia al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 3, que se inhibió y remitió el caso al Juzgado de Guardia de Archidona, un hecho que “no estaba anotado en el libro de quejas por malos tratos”.

Asimismo, el informe del MNPT apunta que “el libro de aplicación de medios coercitivos no está cumplimentado de forma adecuada”. “Hay casos en los que no se anotan todos los medios utilizados, falta en todas las anotaciones la información de si la situación ha sido revisada por el médico, etc. Cuando se utilizan las correas homologadas, tampoco hay registro del seguimiento exhaustivo que debe seguirse. Además, no coinciden los datos del registro SIP con el libro físico”, detalla. Por eso sugiere “revisar el procedimiento de registro utilizado hasta ahora de la aplicación de medios coercitivos y dar indicaciones para que se registre correctamente en el correspondiente libro, con indicación clara del medio coercitivo utilizado, así como el inicio y cese de la aplicación de cada medio empleado, tal y como establece la Instrucción 3/2018, sobre el Protocolo para la aplicación de sujeción mecánica por motivos regimentales.

A ese respecto, el MNPT también denuncia que en el libro de aplicación de medios coercitivos no se anota el visto bueno de la directora en ninguna ocasión, sugiriendo que se debe “proceder a que la directora dé el visto bueno a cada aplicación de medios coercitivos y este quede reflejado en el libro”, tal y como establece la citada Instrucción 3/2018. La Administración señaló que se dieran instrucciones en ambos sentidos. Respecto al sistema de videovigilancia, se informó de que las imágenes de las cámaras de las celdas de sujeciones se conservan tres meses. Con relación a esta cuestión, el MNP ha solicitado la fecha en la que se han extraído las últimas imágenes y su contenido, si han sido visualizadas por el equipo directivo y a qué conclusiones se ha llegado tras su visualización, habiéndose recibido ya esa información.

Una “circunstancia irregular”

Respecto al periodo del primer estado de alarma por la pandemia, comprendido entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, los datos recogidos por el MNP en Málaga II revelan que no hay una diferencia significativa entre los medios coercitivos aplicados. En este aspecto se señala que, durante la visita, se indicó que los medios coercitivos habían disminuido de forma considerable durante estos tres meses. En los meses de abril y mayo se observó una reducción de los expedientes disciplinarios incoados, aunque en los meses de marzo y junio la diferencia no era tan considerable, apunta el MNPT.

En cuanto a las celdas donde se aplican las correas homologadas, se informó de que había cuatro: una en el módulo de enfermería, dos celdas en el módulo de aislamiento y otra en el módulo de ingresos. “Se constató que en estas celdas donde se aplican las correas homologadas no se disponía de timbre e interfono con audio accesible para el interno. Sin embargo sí disponían de sistema de videovigilancia con audio”.

En otro orden de cosas, el MNPT observó que algunos de los partes de lesiones analizados eran realizados y firmados por personal de enfermería, una “circunstancia irregular” ya que “es un documento médico legal que necesariamente debe ir cumplimentado, en tiempo y forma, por un facultativo”. “La situación de carencia de personal no puede ser excusa para la incorrecta cumplimentación de los partes de lesiones”, añade el informe. Respecto a a eso, indicó el centro penitenciario que, cuando excepcionalmente se requiere la atención sanitaria y se presta por el profesional de enfermería, dado que el centro no cuenta con facultativo o que este se encuentra de guardia localizada, “se estima debe primar la inmediatez tanto en la atención como en la expedición de informe respecto a lo actuado, con la finalidad de evitar las posibles disfunciones que la demora pudiese ocasionar (como la alteración de los signos o marcas de las lesiones por el transcurso del tiempo, el cambio en el relato de los hechos por parte del afectado, etc)”.

También ha comentado el MNP en relación a la cárcel de Archidona que “la extensión del sistema de videovigilancia es mejorable”. “Se hizo hincapié en que las zonas comunes disponían de muy pocas cámaras y sobre todo las escaleras de acceso a las celdas no tenían, lo que explica que muchos incidentes graves se produzcan en esta zona”, recoge el informe.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Archidona (Málaga) ha vueto a archivar la investigación judicial por el fallecimiento del argelino Mohammed Bouderbala en la cárcel-CIE de Archidona a finales de 2017, que ya fue sobreseído de manera exprés en enero de 2018 pero que la Audiencia ordenó rebrir en julio de 2018. En un auto fechado el 14 de noviembre el juzgado señala que “no cabe inferir la existencia de indicios de una situación previa de riesgo para la vida del interno, ni vestigios de un estado psíquico o anímico del que pudiera deducirse por parte de estos que don Mohammed atentara contra su propia vida”.

Señala el juzgado que, a partir del relato de hechos que constan en el atestado policial y el resto de diligencias de prueba practicadas, tanto el personal médico que asistió al finado los días previos a su fallecimiento como el personal de seguridad encargado de la custodia de los internos en el centro “no mantenían la posición de garante respecto a la vida e integridad física de don Mohammed Bouderbala”.

En esa línea dice el juzgado que “no se colige la desatención de deberes esenciales en relación con la previsibilidad de conductas suicidas por parte del interno” por lo que la conducta que se había denunciado por parte de las acusaciones (la familia del migrante, Izquierda Unida, Podemos y Andalucía Acoge) “no se puede enmarcar en la figura de la comisión por omisión, ya sea en su modalidad dolosa como en la imprudente”. Los recurrentes habían insistido en que la conducta hacia el ahora fallecido tenía cabida bajo el prisma de la comisión por omisión prevista en el artículo 11 del Código Penal.

Como ya informó este medio, el archivo era esperado toda vez que la petición de la Fiscalía para que se ampliase el plazo de instrucción (de 6 a 18 meses) se extravió y no llegó al juez, que desestimó el 3 de julio la posibilidad de practicar nuevas diligencias que no habían sido acordadas ni se llegaron a practicar.

En ese sentido dice el juzgado que “de las diligencias de prueba practicadas durante el plazo de instrucción de seis meses y las acordadas por la Audiencia Provincial de Málaga en su auto de fecha 26 de junio de 2018, no existen indicios de una situación de riesgo para la vida de don Mohammed Bouderbala ni que este presentara una patología mental o de alteración de comportamiento del que pudiera deducirse de los facultativos o personal de seguridad, la necesidad de activar el protocolo de seguimiento y/o de prevención de suicidios”, acordando el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, abriendo el plazo para un nuevo recurso de reforma subsidiario de apelación.

CSIF Andalucía condena la agresión a dos funcionarios de prisiones del Centro Penitenciario de Archidona (Málaga) y denuncia la escasez de empleados públicos en el centro malagueño, donde se han producido dos agresiones de este tipo en tan solo una semana.

Así, el sector de Instituciones Penitenciarias de CSIF-A señala que la agresión se ha producido por parte de un interno en el momento que iba a ser cacheado, ante la sospecha de los funcionarios de que ocultaba algún objeto prohibido. Ante esta situación, el agresor ha mostrado una actitud agresiva -escupiendo y propinando insultos y patadas- y ha opuesto resistencia a ser reducido, llegando a agredir a dos funcionarios.

A consecuencia de la agresión, ambos funcionarios han tenido que ser atendidos en la enfermería del centro, el primero de ellos por un mordisco en la mano y el segundo por una patada en la boca.

El sector de Instituciones Penitenciarias de CSIF-A, que viene denunciando ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y ante la dirección de Archidona la falta de empleados públicos en el centro desde su apertura, lamenta que, como consecuencia de la precariedad de la plantilla y la sobrecarga laboral, tengan lugar este tipo de agresiones.

Se da la circunstancia de que, desde el momento de su apertura, el C. P. de Archidona tiene reconocida la necesidad de 30 plazas de efectivos por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y aún no han sido cubiertas.

La Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado reabrir la investigación de la muerte de Mohammed Bourdebala, un migrante que estaba encerrado en la cárcel de Archidona, habilitada temporalmente como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Los jueces adoptan la medida para “el esclarecimiento en la mayor medida de lo posible de los hechos”, según el auto de la Sección Tercera, al que ha tenido acceso eldiario.es

El juez del caso cerró la causa al concluir que se trató de un suicidio sin participación de terceros y dejó de practicar varias pruebas solicitadas por la representación legal de la familia y las acusaciones populares de Izquierda Unida y Andalucía Acoge. Ahora, la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga acuerda la reapertura de la causa y la práctica de las pruebas solicitadas, según el auto.

La acusación de Izquierda Unida había solicitado un informe médico sobre la situación de estrés o ansiedad del interno el día de los hechos y jornadas anteriores, si tenía lesiones de cargas policiales en días anteriores durante los disturbios ocurridos en el CIE, así como los motivos de por qué Bourbala estaba en aislamiento por decisión policial y que se interrogue a varios testigos.

La Audiencia de Málaga advierte de que la reapertura de la causa no implica que el hecho de que se controlara a Bourbala y otros migrantes solo con cámaras suponga “un trato degradante susceptible de menoscabar la integridad moral de los mismos”. Tampoco cree que el hecho de no habérseles suministrados la cena al haber sido encerrados por motivos de seguridad suponga suponga un “trato inhumano”.

Se trató, dice el auto de la Sección Tercera, de una “medida justificada no solo por razones de seguridad de los funcionarios, sino además de los propios internos, de los que únicamente doce de ellos, incluido el fallecido, fueron didentificados como principales intervinientes en los altercados, por lo que la medida, en cuestión, a falta de prueba en contrario, no cabe tacharla de carente de proporcionalidad, ni de prevaricadora por contraria a los derechos constitucionales de los internos”.

La Audiencia cree que el policía que accedió a la estancia y cortó la sábana de la que se habría ahorcado Mohammed solo “trató de auxiliarle”. Con todo, considera que la instrucción no se ha agotado y que el magistrado instructor debe seguir investigando.

El argelino Mohammed Bourbala fue localizado sin vida el 27 de diciembre de 2017 en su celda del CIE de Archidona. Tenía 36 años y procedía de Argelia. Había llegado al CIE el 20 de noviembre por orden de un juez, que había establecido como plazo máximo para su internamiento el 20 de enero.

Uso excesivo de la fuerza, estado de tensión permanente, aislamiento, miedo, frío, violencia, hambre, sed, muerte,... “La situación y organización interna de la cárcel-CIE de Archidona ha constituido una lista interminable de violaciones de los derechos humanos”, dice la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura que, en su informe anual, dedica un capítulo especial al episodio vivido por casi 600 migrantes argelinos que fueron encerrados de forma temporal en el centro penitenciario Málaga II, en Archidona, después de alcanzar tierra española a través de las costas murcianas.

El empleo provisional de esta cárcel como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) desde el 20 de noviembre de 2017 fue polémico desde el principio. La recopilación de información procedente de los internos, el Defensor del Pueblo Español o la senadora andaluza de Podemos Maribel Mora describe “una realidad que dista mucho de poder considerarse digna”. Para el Defensor, incluso, “no se respetaron las reglas mínimas de custodia de las personas internadas en un CIE”.

Se encerró a un total de 576 hombre argelinos y un hombre de origen marroquí, 486 de los cuales fueron devueltas desde Almería, vía marítima, a su país de origen. La mayoría de las devoluciones se organizó en grupos de 30 a 40 personas. Durante su encierro, se aisló a dos módulos completos en dos ocasiones (13 y 28 de diciembre). No se les llevó ni comida ni agua. “El efecto del aislamiento en personas que acaban de pasar por un hecho tan traumático como es poner en riesgo tu vida durante una travesía en una barca por el Mediterráneo y que se encuentran en una situación de incertidumbre absoluta (no saben qué va a ocurrir con ellos) debe ser enorme”, señala el informe.

La CPDT considera que el aislamiento en este caso “buscaba aumentar el castigo, la humillación que ya suponía encontrarse detenidos en Archidona y reforzar el miedo y certidumbre de que serían deportados”. “Un intento deliberado de deshumanizar aún más a estas personas encerradas”, añade el informe, que recuerda que la muerte de Mohamed Bouderbala se produjo durante uno de los periodos de aislamiento.

Según apuntó Amanda Romero, abogada experta en extranjería que asesora a

las personas que estuvieron recluidas en Archidona, “hemos observado que la mayoría de los agentes realizan estas labores equipados con el material antidisturbios, lo cual genera un clima de fuerte hostilidad”. Así se hacía constar en las primeras denuncias públicas de organizaciones, como Andalucía Acoge, que se interesarse por la situación de los migrantes en el improvisado CIE.

“Tensión y agresividad permanente”

A juicio del Defensor del Pueblo Español, según recoge el informe de la CPDT, aquella situación “no favorece la normalización de la convivencia en el centro es que la gestión directa con los internos la están realizando agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) con su uniformidad e instrumentos habituales”. Añadió que “las medidas de seguridad en la relación policía-internos eran muy intensas para una privación de libertad de esta naturaleza”.

Las personas internadas describen una situación de mucha tensión, señala el informe. Aunque afirman que algunas de las fuerzas de seguridad eran amables, señalan que otras insultaban y pegaban sin razón ninguna y que había mucha tensión y agresividad permanente en el ambiente. “El miedo era una de las constantes en el día a día de Archidona”.

Según las declaraciones de Maribel Mora, se produjeron al menos cuatro motines,

dos de ellos muy grandes y altercados continuados, con una “relación clara” entre deportación y motín, ya que éstos siempre tuvieron lugar en los dos días anteriores o posteriores a las expulsiones. “Hubo constancia de que se hizo uso de la fuerza en la gestión de los altercados y que no se comunicó al juez, tal y como establece la ley”, denuncia la CPDT.

Por otra parte, según el relato de los internos entrevistados, el traslado al centro se

realizó atando las muñecas contrarias de los detenidos mediante bridas, “una una medida innecesaria, que deshumaniza y criminaliza aún más a las personas”. La confirmación visual de la violencia que tuvo lugar ha sido mostrada en vídeos grabados por los propios internos y reproducidos en los principales medios

de comunicación españoles y argelinos, como informó este medio.

En cuanto al acceso a ropa, agua, comida, organización de horarios y calefacción, el informe recoge que, cuando los migrantes llegaron a este centro, el agua no era potable ni podía utilizarse para ducharse. El informe del DPE indicaba que no todos los servicios necesarios en un centro de internamiento se encontraban operativos y que las zonas comunes y los baños de los patios no estaban habilitados.

Los internos afirmaban que la calefacción no funcionaba. Las noches de noviembre, diciembre y enero en Archidona las temperaturas bajaron de los 0º y nevó en unas cuantas ocasiones, y no se les entregó ropa hasta el 12 de diciembre, por lo que durante dos semanas solo contaron con la ropa que llevaban puesta el día de su llegada. Muchos no tenían ropa de abrigo. El frío fue una constante que marcó su tiempo en la Cárcel-CIE de Archidona. También declararon que no tuvieron agua caliente, relata la CPDT.

Comida escasa

Según detalla el informe, no existían horarios ni actividades más allá del desayuno, almuerzo y cena. El tiempo entre las comidas lo pasaban en el patio sin poder pasar al resto de zonas comunes, incluido los baños. Esta falta de organización, en opinión del DPE, favoreció los incidentes entre los internos. La comida, relatan los internos fue muy escasa.

En cuanto a la atención sanitaria, el DPE describió en su informe una ausencia de reconocimiento médico en el momento del ingreso y carencias en la atención sanitaria e instó a las autoridades a proceder de manera inmediata al mismo. Igualmente les conminó a establecer asistencia médico-sanitaria las 24 horas en el centro. Tampoco se formalizó un registro de las solicitudes de necesidades de atención médica, por lo que, de forma oficial, no sabemos cuántas de estas solicitudes quedaron sin atender. A la CPDT le constan datos de que en ocasiones se realizaron traslados al hospital y que en algunos de ellos los detenidos iban en la ambulancia esposados.

En el informe se apuntan “dudas” en la forma en la que el Ministerio garantizó la asistencia jurídica y lingüística de las personas detenidas, al menos, en ciertos momentos del internamiento. Los internos indican que muchos nunca supieron quiénes fueron los abogados que se les asignaron. Además, no existía buzón para quejas o peticiones a instituciones, tal y como garantiza la ley. Las consecuencias de estas ausencias de información fueron el sentimiento compartido de indefensión total por parte de las personas internadas, concluye el informe.

La CPDT también denuncia “el absoluto desinterés por garantizar los derechos de los menores en nuestro territorio marcó el proceso completo de su presencia en la cárcel-CIE de Archidona”. A ese respecto, “nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidad política ante esta grave vulneración de derechos de los menores y no tenemos, ni nunca tendremos, garantías de que no se haya expulsado a menores de edad del territorio español. También hay constancia de que se han producido irregularidades con la protección de solicitantes de asilo.

En todo caso, la CPDT considera que los CIE “son cárceles opacas donde se encierra, en muchos casos, en condiciones nefastas e insalubres, a personas que no han cometido delito alguno, a la espera de una expulsión que, en muchos casos, no llega. Son un eslabón, uno extremadamente cruel, más del racismo y xenofobia institucional del estado español”.

Los grupos parlamentarios popular, socialista y Ciudadanos se han vuelto a posicionar este martes en contra de que el Congreso investigue las “irregularidades cometidas” en el encierro, el pasado noviembre, de más de 500 personas migrantes en la cárcel de Archidona (Málaga), según han indicado fuentes parlamentarias a eldiario.es.

Sus representantes han rechazado en la Junta de Portavoces que el pleno de la Cámara debata la creación de una comisión de investigación destinada a esclarecer, entre otros asuntos, la muerte de Mohamed Bouderbala, uno de los migrantes encerrados en la futura la prisión malagueña. La propuesta ha sido impulsada por Compromís y el grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En declaraciones a este medio, Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos, ha lamentado la decisión. “Se esta dificultando que se averigüe y se llegue al final de lo sucedido. Lo que ha ocurrido es muy grave. No solo ha podido haber malos tratos, como se ha documentado en vídeos, ha muerto una persona. Nos preocupa que siempre, en temas de derechos humanos, hay poca voluntad política”, asegura Belarra.

“Con esta decisión, se pone de manifiesto que el Gobierno y el ministro Zoido tratan de esconder no solo su incompetencia, sino también el drama que supone la muerte de una persona que no había cometido ningún delito”, señalan, por su parte, fuentes de Compromís.

Junto al Partido Popular, los diputados de PSOE, Ciudadanos y el PNV ya se opusieron el pasado martes en la Diputación Permanente a convocar un pleno extraordinario para abordar el inicio de una investigación sobre Archidona. Este martes se debatía, sin embargo, incluir este punto en un pleno ordinario del Congreso.

PSOE, Cs y PNV alegaron entonces que primero deben escuchar las explicaciones del Ministro del Interior, que compareció el pasado miércoles en la Comisión de Interior. En su intervención, Juan Ignacio Zoido descartó cualquier responsabilidad de Interior en la muerte de Mohamed Bouderbala y enfantizó que el joven argelino era uno de los cabecillas de la protesta anterior a su muerte, el pasado 29 de diciembre.

La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha justificado su nuevo rechazo a la creación de la comisión de investigación alegando que “no es el camino más adecuado” para dirimir “las responsabilidades” que consideran que se deben de exigir.

“Si hay un grupo que se ha implicado más ha sido el PSOE con baterías de más de 100 preguntas, los diputados han estado allí”, ha señalado Robles, que ha asegurado que el PSOE “seguirá marcando muy de cerca la política de inmigración”. No obstante, no ha aclarado qué pretenden hacer los socialistas para que se depuren las responsabilidades.

El ministro del Interior ha mantenido su línea de defensa del encierro de más de 500 migrantes en la cárcel-CIE de Archidona, donde murió Mohamed Bouderbala tras 18 horas de aislamiento. Zoido, que no ha querido mencionar el nombre propio del fallecido “por respeto”, ha descartado cualquier responsabilidad del Gobierno y ha enfatizado que el joven argelino era “uno de los cabecillas” y “alborotadores” de una protesta surgida la noche anterior al hallazgo de su cuerpo “en cuclillas con una sábana en el cuello y anudada a uno de los percheros”.

Zoido ha comparecido en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados sobre el encierro de alrededor de 500 migrantes en el centro penitenciario de Archidona y el fallecimiento de Mohamed Bouderbala. Aunque horas antes el interno se había autolesionado, el titular de Interior ha admitido que la Policía no comprobó su estado hasta la mañana anterior.

También ha reconocido que 11 menores fueron encerrados en la cárcel-CIE hasta que, tras la insistencia de sus abogados y ONG, “se les realizaron las pruebas de la edad”.

En la misma línea mantenida desde el anuncio del encierro de migrantes en Archidona, Zoido ha reiterado que el centro penitenciario “no es” en realidad una cárcel. “Niego la mayor. Yo digo que no es una cárcel. Todavía no es una cárcel. Es un espacio mejor y más moderno que otros CIE que fueron anteriormente centro penitenciarios y otros gobiernos los transformaron en CIE cuando quedaron obsoletos”, ha indicado.

Qué pasó a noche anterior a la muerte de Bouderbala

El ministro ha detallado la versión policial de lo ocurrido el 28 de diciembre, el día anterior a la muerte de Bouderbala. “Cuando terminó la comida, varios se tiraron al suelo y se autolesionaron con los cubiertos de plástico que habían utilizando, increpando a los agentes y mostrando una actitud agresiva”, ha iniciado Zoido.

Entonces, según ha proseguido, “se inició un despliegue y los internos fueron trasladados al patio exterior. Allí arrancaron los palos de la portería, una papelera…”. Hasta que “todos los internos empezaron a atender las indicaciones” de la Policía, indica.

Los agentes policiales identificaron a “12 varones como cabecillas del motín”. Entre ellos, ha destacado el titular de Interior, se encontraba “la persona que falleció al día siguiente”. El ministro, sin mentar el nombre del joven hallado muerto, ha insistido en que “era uno de los alentadores del motín”. Por esta razón, añade, “fue trasladado por dicho indicativo a la habitación 141”.

Desde este momento, según la versión de Interior, se desconoce lo ocurrido en el interior de la celda donde el joven argelino permaneció aislado durante 18 horas. “En los CIE no hay vigilancia en las habitaciones de los internos”, ha zanjado Zoido., que ha añadido que los agentes policiales no visitan las celdas a no ser que los internos “avisen” o haya algún incidente.

No fue el caso. Según ha explicado el responsable de Interior, no fue hasta la mañana siguiente cuando los agentes policiales procedieron a “dar el recuento de los alborotadores”, que se encontraban aislados en otro módulo, entre los que se encontraba la persona fallecida.

Cuando estos acudieron a la celda 141, “observan que se encontraba en cuclillas con la sábana en el cuello”. Tras acceder a la “habitación”, un agente de la UIP “decide cortar la sábana para poder atenderlo, detectando que el mismo carecía de constantes vitales”.

Críticas al trato a los familiares del fallecido

Tras las denuncias de los familiares del fallecido sobre las trabas a la identificación del cuerpo de Bouderbala, Zoido ha asegurado que la Policía “contactó con el abogado del interno y al mismo tiempo se le comunica a el fallecimiento”. Una vez trasladado el cadáver al instituto legal de Málaga para la realización de la autopsia. “Una vez concluida, el juez dio traslado a la familia. Él fue quien llevó todas las relaciones con la familia y cuando se dieron todas las prácticas de la autopsia, se pusoel cuerpo a disposición de la Embajada y la familia para trasladarlo”.

Después de leer los detalles de la autopsia, que concluye el suicidio como causa de la muerte, Zoido ha defendido la actuación policial: “Algunos pueden seguir empeñados en teorías conspirativas pero esto es lo que dice el informe judicial. Comprendo el dolor de su familia pero no se deben buscar culpables donde no los hay y menos dudar en la profesionalidad de enormes profesionales para hacer cumplir la ley”.

A lo largo de su comparecencia, mientras el ministro de Interior relataba la sucesión de los hechos previos a la muerte de Bouderbala, Zoido ha destacado en diversas ocasiones los “importantes destrozos del mobiliario” reigistrados durante las protestas de los centenares de personas encerradas sin haber cometido ningún delito. “90 cristales rotos, 80% de las cortinas, colchones destrozados, espalderas del gimnasio... ”, ha insistido. Según asegura, harán falta “160.000 euros para reparar que va a retrasar la apertura del centro penitenciario”.

Los grupos parlamentarios popular, socialista, Ciudadanos y vasco se han posicionado este martes en contra de crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados destinada a aclarar, entre otros asuntos, la muerte de Mohamed Bouderbala, uno de los migrantes encerrados en la futura cárcel de Archidona.

Unidos Podemos había defendido esta propuesta en la Diputación Permanente, el máximo órgano de la cámara fuera del periodo ordinario de sesiones, para investigar las “irregularidades cometidas” en el encierro, el pasado noviembre, de más de 500 personas en la prisión malagueña que habían llegado en patera a las costas españolas.

“Aunque al ministro del Interior le gustaría mucho, a la luz de que ya ha vaciado Archidona, que se corriera un tupido velo sobre lo que ha ocurrido, nosotros estamos aquí para exigir que se cumplan los derechos humanos y no vamos a parar hasta que dimita de una vez por todas”, ha asegurado Ione Belarra, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Durante la reunión de la Diputación Permanente, Belarra ha pedido al resto de grupos parlamentarios que apoyen convocar un pleno extraordinario para que la Cámara debata el inicio de una investigación de los hechos ocurridos el centro penitenciario de Archidona, desde el ingreso de migrantes, que incumple la legislación española, hasta la muerte de Bouderbala, quien fue hallado ahorcado en su celda el pasado 29 de diciembre.

“Vamos a exigir que se realice una investigación profunda e independiente para saber qué pasó, por qué murió Mohamed, por qué se ha intentado deportar a muchos testigos que esa noche estaban con él”, ha dicho la portavoz adjunta de UP.

Sin embargo, esta petición, registrada junto a Compromís, no ha salido adelante con 32 votos en contra y 16 abstenciones. Los representantes de Ciudadanos, PSOE y PNV han alegado que primero deben escuchar las explicaciones de Juan Ignacio Zoido, quien comparece este miércoles en la Cámara Baja por este tema.

“Aún no hemos oído al ministro dar explicaciones sobre esta cuestión en esta Cámara”, ha respondido Felipe Sicilia, del grupo socialista, que se ha abstenido en la votación. “Antes de llegar a la conclusión de pedir una comisión de investigación lo primero que hay que hacer es escuchar al ministro, interpelarle, preguntarle, exigirle explicaciones y que depure responsabilidades”, añade.

En los mismos términos se han pronunciado los portavoces de EAJ-PNV y Ciudadanos. “Si cada vez que este Gobierno hace una mala gestión se pide una comisión, probablemente no habría tiempo material de legislar nada en esta Cámara. No vemos la creación de una comisión específica para esto, sí que comparezca en la comisión de Interior para dar explicación de lo que sucedió en Archidona”, ha esgrimido Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, de Ciudadanos.

Belarra (Podemos): “No había protocolo antisuicidio”

En su defensa de la celebración de un pleno extraordinario, Belarra ha recordado que la situación de los inmigrantes en Archidona “era ilegal” porque “contraviene la Ley de Extranjería, el reglamento de los propios CIE y la jurisprudencia previa que dice que estos centros no son penitenciarios”.

“Pero sobre todo, es ilegal porque se ha sometido a esta gente a unas condiciones inhumanas”, ha declarado, en referencia a varias denuncias de ONG que apuntaban a la falta de suministro de agua potable, ropa de abrigo o comida suficiente. “Esta no es la bienvenida que se le da a unas personas que han hecho una travesía a través del Estrecho en una patera”, ha criticado.

Asimismo, ha recordado que, en lugar de Policía Nacional o agentes específicos, Archidona estaba vigilada por miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), lo que, a su juicio, provocó que, tras las protestas de los inmigrantes, “se produjeran situaciones de peligrosidad”. Tras las protestas, ha relatado, “muchas de estas personas fueron situadas en aislamiento sin que ningún juez lo hubiera acordado, y en el marco de este aislamiento una persona se suicidó”. “No se aplicó el protocolo antisuicidios, porque no había protocolo”, ha criticado.

El PP: “Buscan desgastar al Gobierno”

Por su parte, el portavoz del PP en este debate, Carlos Rojas, ha respondido a estas afirmaciones asegurando que “en Archidona había atención sanitaria, asistencia jurídica, asistencia cultural, sistema de calefacción o servicio de lavandería”, entre otros que ha enumerado durante si discurso. Rojas ha reiterado que la petición de Unidos Podemos “busca, una vez más, hacer política de confrontación” y “aprovechar este tema para desgastar al Gobierno”.

“No ha lugar a una comisión de investigación”, ha insistido Rojas. Además, en la misma línea que ha defendido el Ministerio del Interior en los últimos meses, ha asegurado que internar a los migrantes en una prisión fue un caso “excepcional” como consecuencia de, dice, la “llegada masiva” de pateras al país y que “cuando se pudo, se cerró”.

El pasado 20 de noviembre de 2017, de acuerdo a la información publicada en la web oficial del Gobierno de España y en diversos medios de comunicación, siete juzgados de la región de Murcia autorizaron trasladar al centro penitenciario Málaga II (nueva cárcel de Archidona, en Málaga) a un grupo de aproximadamente quinientas personas inmigrantes que había llegado ese pasado fin de semana a las costas de Murcia. El Delegado de Gobierno en Murcia pretendía justificar la medida del Ministerio de Interior alegando la falta de capacidad de las instalaciones de la región.

Tras la perplejidad y el rechazo que nos produjo tan desagradable sorpresa a todas las organizaciones sociales, surgieron numerosos interrogantes. El primer problema con el que nos encontramos era saber cuántas personas habían sido encarceladas realmente. Y es que, si bien manejábamos inicialmente una cifra -464 personas-, no tuvimos conocimiento del número real hasta que se procedió a finalizar tan desafortunado experimento: 572 personas, según comunicaba el propio Ministerio del Interior el pasado 10 de Enero de 2018.

Ese mismo día el Ministerio del Interior envía una nota de prensa comunicando oficialmente que ya no queda ningún inmigrante encarcelado en la prisión de Archidona, un comunicado en el que parece claro que le preocupaban más los daños a las instalaciones que las condiciones padecidas por más de 500 personas en su interior: “Se procederá a reparar los daños que se han producido para que en las próximas semanas se pueda inaugurar como centro penitenciario”: ¿Qué esperaba el ministro que podía suceder cuando 572 personas de forma inesperada son encarceladas durante 52 días en una cárcel sin terminar y custodiados por policías antidisturbios?

En primer lugar, es imprescindible condenar contundentemente la medida por la gravedad que supone un paso tan grave en la violación de los derechos de las personas migrantes y la criminalización de la inmigración, encarcelando a más de 500 personas que únicamente perseguían el sueño de una vida mejor. Pero además, hay que señalar que el lamentable experimento tienes escasos precedentes en España dada la enorme cantidad de personas encarceladas, el uso improvisado de una prisión inacabada para un uso que no correspondía, así como la situación creada de inseguridad y riesgos para los propios internos pero también para el personal destinado allí de forma precipitada.

Baste señalar que, según diversas fuentes, durante las dos primeras semanas los inmigrantes permanecieron con la misma ropa que traían y el coste de este despropósito ha podido superar los 1,4 millones de euros.

Sin embargo, durante el largo tiempo que ha durado este injusto encarcelamiento masivo de inmigrantes, no he podido dejar de acordarme de un experimento que forma parte de la historia de la Psicología y que puede darnos una idea de la gravedad del experimento del ministro, las lamentables consecuencias que ha tenido, que incluso podrían haber sido mucho peores.

La simulación de una prisión

En 1971, Philip Zimbardo realizó un experimento sobre la autoridad y el comportamiento de los presos en las prisiones conocido como el experimento de la cárcel de Stanford. Se seleccionaron a 24 personas, de entre 70 voluntarios, que se repartieron en dos mitades aleatoriamente. Uno de los grupos desempeñaría el papel de carceleros, mientras que la otra mitad serían presos. Los participantes lo hacían voluntariamente pero, además, recibían una gratificación diaria y sabían desde el primer momento que se trataba de la simulación de una prisión.

Volviendo a Archidona: en este caso se trataba de 572 personas (no 24) las que se han visto obligadas a participar en el experimento del ministro, porque ninguna de ellas lo ha hecho voluntariamente, ni siquiera sabían dónde iban… Se trata de personas que llegaron buscando una vida mejor y se encontraron encerrados en una prisión sin saber muy bien el porqué…

Para agravar más la situación, los carceleros en cuestión eran policías antidisturbios (de la Unidad de Intervención Policial) con defensas, cascos, etc… Y entre estos y los internos había serios problemas de comunicación (todos ellos eran argelinos y necesitaban intérprete).

Nadie sabía muy bien quiénes eran los que estaban dentro de la prisión, había menores (como después se ha confirmado), deficiencias en las instalaciones (ausencia de agua potable, de calefacción, de ropa…).

El experimento de Stanford estaba previsto para su desarrollo durante dos semanas, pero tuvo que interrumpirse a los seis días, con varias huelgas de hambre, participantes sustituidos y tras los graves comportamientos y trastornos psicológicos que comenzaron a apreciarse entre los participantes. Pero el experimento del Sr. Zoido ha durado 52 días.

¿Qué más tiene que pasar?

¿Todavía no entiende el Sr. Ministro por qué se produjeron destrozos, dos graves motines, numerosos altercados y, todo ello, culminado lamentablemente con un fallecido por suicidio (a la espera de que se confirme este extremo una vez finalizada la investigación correspondiente)?

Cualquier otro grupo humano de cualquier nacionalidad que hubiese sido encarcelado en estas condiciones hubiese desarrollado comportamientos con incidentes tan graves como estos o incluso peores. De hecho algunos nos preguntamos todavía cómo después de 52 días, 572 personas encarceladas en estas condiciones, no hicieron que la cárcel de Archidona ardiese por los cuatro costados…

Lo que muchos de nosotros no logramos entender cómo a estas alturas y después de tan gravísimos incidentes como consecuencia de este peligrosísimo experimento, el ministro y su equipo aún no hayan dimitido, ni hayan sido cesados. Del mismo modo que no entendemos que haya voces que todavía no se atrevan a exigirlo, ¿qué más tiene que pasar? ¿no es suficiente con la muerte de una persona en dichas instalaciones? ¿saldrán impunes los responsables políticos de todo lo sucedido?

En el caso de la cárcel de Stanford hubo personas que cuestionaron la moralidad de dicho experimento, ¿es que nadie va a cuestionar al menos la moralidad del experimento del Sr. Zoido en Archidona?

Gabriel Ruiz Enciso, portavoz de la Plataforma de Solidaridad con los y las Inmigrantes de Málaga

La Plataforma Ciudadana Contra el CIE de Archidona ha denunciado este lunes la “expulsión inminente” de siete personas trasladadas desde la cárcel de Archidona al CIE de Aluche (Madrid). “Van a ser deportados esta misma tarde”, ha asegurado Daniel Machuca, portavoz de la plataforma, a eldiario.es. Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para conocer más detalles, pero el departamento, como es habitual, ha alegado “motivos de seguridad” para no proporcionar la información.

Según ha alertado la organización, de estos siete internos, al menos dos “habían sido propuestos como testigos directos” por la acusación particular y popular en la causa judicial por la muerte de Mohammed Bouderbala, a quien encontraron ahorcado en su celda el pasado 29 de diciembre. Desde aquel día, diversos colectivos sociales como Andalucía Acoge han pedido sin éxito la paralización de las deportaciones desde la futura cárcel malagueña para evitar, dicen, “el traslado de testigos potenciales de la muerte de Bouderbala”.

Estas expulsiones se producen pocos días después de que se hayan interpuesto dos recursos contra la decisión del juez de Archidona de archivar la investigación, decretada el pasado 4 de enero. “Como veníamos denunciando desde la plataforma, equipos jurídicos de ONG y abogados de la familia de M. Bouderbala, la dispersión y deportación de internos de la prisión de Archidona era un hecho que podía dificultar la investigación judicial (...) ahora que está pendientes de resolverse los recursos contra el archivo precipitado de la causa penal y que solicitan su reapertura”, señala la organización en un comunicado.

Asimismo, la plataforma sostiene, de acuerdo con la información aportada por la abogada de la acusación particular, que el consulado de Argelia en Alicante “se había comprometido” con la familia de Bouderbala en “asegurar la permanencia de estos ciudadanos en territorio español con el ánimo de facilitar la reapertura del caso y una investigación en profundidad sobre lo ocurrido”.

“El consulado dijo que harían todo lo posible para evitar que se expulsase a los testigos de la muerte de Mohamed. Al parecer, se ha lavado las manos, no quiere comprometerse en este sentido. Es algo que lamentamos bastante”, apunta Machuca.

“Son demandantes de asilo y hay un menor”

Por otro lado, la organización asegura que los siete internos de origen argelino están inmersos en el procedimiento de su solicitud de asilo y alerta de la existencia de un menor entre ellos. “Estas expulsiones adquieren una gravedad diferente, estas siete personas son demandantes de asilo y entre ellos nos consta la presencia de un menor”, afirma Machuca.

Sos Racismo Madrid ha interpuesto una queja ante el juez de control del CIE de Aluche para que requiera al centro la paralización de estas deportaciones. “Según hemos podido confirmar, ayer, después de cenar, los aislaron y les dieron su notificación de expulsión para la noche de este lunes desde Almería”, comenta Danae García, portavoz de Sos Racismo Madrid.

García explica que a estos siete internos se suman otros siete que permanecen encerrados en el Centro de Internamiento de Extranjeros desde que comenzaran los traslados desde la futura cárcel de Archidona. “Ocho fueron puestos en libertad en la noche del viernes”, comenta la integrante de Sos Racismo. Para la mayoría de las personas trasladadas desde Málaga a Aluche, esta semana se cumple el plazo de 60 días en el que pueden ser recluidas en un CIE antes de su liberación o deportación a su país de origen.

El Ministerio del Interior concluyó este 10 de enero el desalojo completo de la cárcel de Archidona, que ha utilizado como CIE desde el pasado noviembre para recluir a 572 migrantes argelinos llegados a las costas españolas, lo que despertó una lluvia de críticas de numerosas organizaciones y entidades que recuerdan que esta decisión incumple la legislación española. Los internos que no habían sido deportados desde la prisión malagueña fueron trasladados a los CIE de Algeciras, Tarifa, Barcelona y Madrid.

Los obispos españoles exigen el cierre de los Centros de Internamientos de Emigrantes, los polémicos CIE, que consideran “un fracaso más” dentro de las erráticas políticas migratorias del Gobierno español. Así lo han denunciado en rueda de prensa tanto el obispo responsable de la Comision de Migraciones, Juan Antonio Menéndez, como la nueva secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, durante la presentación de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, que se celebra este domingo.

Una jornada en la que la Iglesia denunciará cómo “nuestro Gobierno no ha cumplido con el cupo de acogida de refugiados que estaba previsto”. Al tiempo, los obispos piden el cese de las “expulsiones sumarias” en la frontera Sur, y defienden el trabajo de Helena Maleno, que será juzgada por un tribunal marroquí por sus llamadas a Salvamento Marítimo en las que alerta de personas en peligro en el mar, a raíz de una investigación policial iniciada en España.

Piden el fin de las expulsiones colectivas

En su mensaje, los obispos lanzan una veintena de propuestas, avaladas por la Santa Sede, basadas en cuatro verbos: 'Acoger, proteger, promover e integrar' a los 250 millones de personas migrantes en el mundo, y que esperan que Naciones Unidas haga suyas en la Asamblea especial del próximo mes de septiembre. Entre ellas, el fin de las expulsiones colectivas, el cierre de los CIE o la apertura de los corredores humanitarios.

Sobre esto último, monseñor Menéndez destacó que “es una vieja aspiración” que de momento el Gobierno no ha aceptado, y que consiste en “traer a niños, ancianos, enfermos y personas vulnerables de los países en guerra a España, comprometiéndonos a trabajar con ellos”.

En cuanto a las expulsiones sumarias, la secretaria general de Cáritas informó de que “estamos en conversaciones con el Ministerio para que se elimine” la disposición adicional que permite que, en casos de urgencia, se puedan repatriar a estas personas que entran por las vallas de Ceuta y Melilla sin seguir los pasos jurídicos.

“Creemos que hay que buscar alternativas a los Centros de Internamiento, que no son buenos para los migrantes, y tampoco para nuestro país”, recalcó el obispo de Astorga, quien lamentó la muerte (aún sin esclarecer) de un inmigrante en la cárcel de Archidona, y advirtió de que “en la frontera Sur se lesionan los derechos de los migrantes, especialmente de los menores”. Una “devolución sumarísima” que “no se debe producir. Nuestro país ha sido condenado por ello por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Por su parte, Natalia Peiro insistió en la necesidad de “derribar fronteras, y hacerlo de manera global”, para atacar “las raíces de esas migraciones forzosas en los países de origen” y “acabar con los estereotipos, los miedos y las dificultades” presentes en la sociedad. En opinión de la nueva secretaria general de Cáritas, es urgente “cambiar el rumbo de unas política ineficaces y que vulneran los derechos humanos”.

“Hay que acabar con las expulsiones sumarias en Ceuta y Melilla, y de realidades como las que vemos a diario en Tarifa, el Tarajal, Siria o las aguas del Mediterráneo”, recalcó Peiro, quien subrayó el “fracaso de las políticas migratorias orientadas exclusivamente al control de flujos y al control de migraciones”.

“Esta no es la solución, y es un escándalo que provoca muerte: urge activar en Europa una mirada a largo plazo”, destacó la secretaria general de Cáritas, quien pidió “transformar este reto en una oportunidad: las migraciones son una oportunidad para el desarrollo de los pueblos”.

Finalmente, preguntada por el caso de Helena Maleno, Peiro insistió en que el trabajo de la activista “es humanitario, está ayudando a personas que intentan buscar un futuro mejor. Es una injusticia total, que responde al fracaso de la externalización de fronteras”. En este sentido, anunció que desde la red 'Migrantes con Derechos', que aglutina a distintas instituciones de Iglesia, han enviado cartas de apoyo y se mantienen conversaciones con el consulado en Marruecos para defender a Maleno.

Quo vadis, Zoido? ¿Dónde va, señor ministro? ¿Sale de Roma huyendo como San Pedro de las persecuciones de emperador Nerón? ¿Dónde está? ¿En Sevilla, en Madrid? Desde luego, no en Archidona donde centenares de inmigrantes llevan semanas en una situación, califiquémosla siendo generosos, de irregular. Pero ellos no votan. Y no es preciso mirar hacía allí. Ni una visita, ni una palabra sobre el tema en Navidad. Ni un tuit. Ya lo dijo usted: “Están mejor que en los CIE”.

La semana pasada, una persona fue encontrada en su celda de la cárcel CIE de Archidona ahorcada. Ni una visita ni una palabra ni un tuit. Esta semana, el Ministerio del Interior trasladó a eldiario.es/andalucia que no informa sobre Archidona, porque para eso está la policía. Y, cómodamente, como si la policía no dependiense de Interior, descargan la responsabilidad de la opacidad sobre el cuerpo nacional. Como si la decisión del traslado de emergencia a la cárcel de Archidona de 500 migrantes llegados a las costas de Murcia y Almería (puesto en duda por un juzgado de Vera) no fuera una decisión del Ministerio. Y, por supuesto, de su máximo responsable.

Dónde va señor ministro cuando en unas dependencias de emergencia, bajo su responsabilidad, se ha producido una muerte. Cuando la sombra de la sospecha sobre el trato recibido recae sobre las fuerzas de seguridad a sus ordenes. Dónde está para explicar por qué ha enviado a los antidisturbios a un centro con personas que nunca tendrían que haber sido encerradas, que no han sido juzgados ni condenados, que están en una prisión preventiva sólo por llegar hasta aquí, cuando hasta los funcionarios de prisiones se asombran de la medida.

Y verá, me parece pertinente alabar la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado cuando lo merecen y subirles el sueldo (tras numerosas protestas y quejas, claro, que no ha sido una graciosa concesión). Pero no veo ni pertinente ni justo que ahora quiera ponerse de perfil con el tema de Archidona y quiera dejarles todas las explicaciones a ellos.

Es usted el ministro de Interior. No tiene que visitar fábricas de polvorones porque no es de su competencia la política comercial sino hacerse cargo de sus deberes, la gestión de la política migratoria, entre otras. Que no basta compartir muchas fotos en el despacho “revisando una documentación” en su timeline de Twitter para demostrar que se asumen los deberes como ministro. Hay que hacerlo. Y son muchos. Y uno de ellos es ocuparse del trato humano y del respeto de los derechos humanos en las fronteras españolas. Es su responsabilidad. Será que no tiene estudiado o enfocado bien el asunto. Lo digo por algunas declaraciones en las que explica la expulsión como “un mensaje claro a las mafias de que la gente que entre en territorio nacional de forma ilegal será expulsada”. Cuando las mafias precisamente se lucran de hacer pasar a gente, expulsen después o no a los que han pagado, a veces con la vida, cruzar. Y así, vale cualquier cosa y nos saltamos las convenciones de los DDHH, que ya sabemos que sólo se cumplen a veces.

Mientras, siguen llegando personas a nuestras costas y cada día España demuestra la falta de previsión y de política clara, más allá de la “mano dura”. Y mientras, cientos de personas siguen encerradas en Archidona, y serán expulsadas porque una vez fuera ni votan (ni testifican en caso de trato dudoso). Pero nosotros seguimos preocupados y airados con las carrozas de las cabalgatas y sus horarios, y, a veces, como Zoido, miramos a otro lado sin darnos cuenta de que “la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes”, como dijo Luther King; y si hoy toca en Archidona, antes o después, nos puede tocar a nosotros. Porque un ministro que es irresponsable en un capítulo de su mandato lo puede ser en todos.

Por eso le pregunto ¿a dónde va Zoido? ¿Se lo preguntarán los votantes alguna vez? Al menos, ¿se lo preguntará la historia? Me pregunto si dará la vuelta camino de Roma, como San Pedro, a asumir las responsabilidades de un cargo tan importante como el de ministro del Interior, o si regresará a Sevilla sin mirar atrás.

Hoy se cumplen 6 años desde que Idrissa Diallo murió en el CIE de Barcelona. Su muerte, junto a la de Samba Martine en Madrid días antes, supuso una gran sacudida al sistema de internamiento y deportación. Dolió y mucho. Y ese dolor nos dio las fuerzas para generar en Barcelona Tanquem els Cies en una respuesta colectiva ante lo que estaba acontenciendo en el centro. Su muerte rompió el silencio mediático que rodeaba a los CIEs y la deportación. Hizo que el Colegio de Abogados comenzara a preocuparse por lo que acontecía en su interior sembrando la primera semilla de los Servicios de Orientación Jurídica en los CIE, e hizo que el Consejo General del Poder Judicial se preocupara de hacer cumplir la ley y designó Jueces de Instrucción que tuvieran la función de control de los CIE, lo cual debería haber pasado mucho atrás. Incluso, forzó al Gobierno a aprobar un Reglamento sobre los CIE (que fue ampliamente criticado) 25 años después de que éstos comenzaran a utilizarse.

Se inició un ciclo en el que de verdad nos creímos que podíamos tener en nuestras manos la posibilidad de cerrar los CIE y trabajamos en consecuencia. La visibilización mediática, unida al buen trabajo jurídico, de acompañamiento y comunicativo que se llevó a cabo en muchos territorios llevó al trabajo de incidencia política que supo, justo antes de las elecciones municipales y generales, ubicar el CIE en un lugar importante de la agenda política. Sin embargo, las formaciones políticas que se comprometieron con el cierre y con un cambio de paradigma en política migratoria y aquellas a las que se podía haber presionado para que se comprometieran no formaron gobierno.

El contexto europeo, en el que el auge de la extrema derecha y la denominada “crisis migratoria de refugiadas” cobraron gran protagonismo, sembró el caldo de cultivo para que el gobierno del Estado español contrarrestara la fuerza que llegamos a tener e iniciara un nuevo ciclo de vulneración de los derechos de la población migrada. Ciclo en el que nos hallamos inmersos y que es absolutamente preocupante.

La situación en los CIE es muy grave: en Murcia, en Barcelona y en Madrid se han presentado durante el 2017 varias denuncias de malos tratos. Algunas de ellas por situaciones muy graves. Hay juzgados de control del CIE como uno de Barcelona (Instrucción nº 30), el de Valencia o el de Tenerife, que no están haciendo su trabajo de la forma mínimamente debida. Y después de las protestas del CIE de Aluche los medios de comunicación no están enfocando suficiente sobre la cuestión.

El resultado de todo ello se concentra en Archidona. El Ministerio de Interior decidió utilizar una cárcel no inaugurada como Centro de Internamiento de Extranjeros el pasado mes de noviembre después de que llegaran a costas de Murcia más de 450 personas en patera en varios días. A pesar de que le Ley dice que un CIE no debe tener un “carácter” penitenciario, no pasa nada por emplear una cárcel como CIE. A pesar de que los agentes antidisturbios no están en absoluto preparados para custodiar un centro de privación de libertad, se les pone a custodiar el centro. Todo dentro de la “excepcionalidad” jurídica que permite el anuncio de su, confiamos, “temporalidad”. Eso sí, el ministro Zoido aprovechó la ocasión para anunciar un “nuevo modelo” de CIE que se pondrá en práctica a través de la construcción de al menos uno nuevo en Algeciras si no somos capaces de evitarlo.

Treinta y ocho días después de su internamiento en Archidona, murió Mohammed Bouderbala en su celda. La autopsia indica que el mecanismo de la muerte fue por ahorcamiento pero que tenía lesiones superficiales en el tórax. En tiempo récord el Juzgado ha decidido archivar la causa sin llevar a cabo ni una de las diligencias de prueba solicitadas por la acusación popular (Andalucía Acoge) o por la representación jurídica de la familia. En el Auto de archivo se explica que Mohammed fue encerrado en su celda a las 15:27 horas del 28 de diciembre hasta que fue encontrado a las 9:35 horas del día siguiente. Se aplicó la medida de aislamiento después de que hubiera una situación de agresiones en el CIE y Mohammed acabó muerto horas después. El Juzgado, como suele pasar ante muertes bajo custodia, en lugar de clarificar el origen de las lesiones del pecho, de aclarar si pudo haber negligencias en la aplicación del aislamiento (ya que, entre otros elementos, nadie pareció visitarlo durante 18 horas), en definitiva, de clarificar todos los extremos que rodearon su muerte, ha decidido realizar un juicio anticipado de exculpación del Estado y de cualquier representante del mismo en el resultado de muerte.

La existencia de Archidona y la muerte de Mohammed nos ha de golpear como lo hizo en 2012 la muerte de Idrissa. Y antes de volver a creernos de nuevo que vamos a ser capaces, que lo seremos, de cerrar los CIEs, hemos de generar y reforzar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para poner freno, de nuevo, a la situación actual de vulneración sistemática de los derechos humanos en los CIEs que se está produciendo en la actualidad. Y ello pasa por encontrar las mejores herramientas y lograr la mejor coordinación posible. Una batalla clave será la negociación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y no nos podemos permitir no lograr que las devoluciones en caliente salgan del articulado después del varapalo del TEDH. Son tiempos de resistencia. Resistiendo de nuevo ante cada vulneración de derechos y generando límites a la actual deriva volveremos a creernos que es posible cerrar los CIEs y generar un cambio de paradigma en política migratoria.

El Ministerio del Interior ya ocultó en su primera y casi única información oficial sobre el traslado de cerca de medio millar de migrantes que llegaron casi al tiempo en patera a las costas españolas el fin de semana del 18 al 19 de noviembre que el destino de aquellas personas era un centro penitenciario, lo que venía y viene a incumplir la ley. De la patera a la cárcel en solo unos días. El caso es que salvo para aquella ocasión, donde se contaron en una nota de prensa exclusivamente las supuestas bondades del lugar, registrado como cárcel en el BOE en marzo pasado, el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido no ha ofrecido mayor detalle de lo que está pasando en Archidona (Málaga) pese al buen número de situaciones irregulares y denuncias, incluso la muerte de una persona en su interior que acaba de cerrar provisionalmente un juzgado sin haber escuchado a las acusaciones.

Durante las primeros horas se insistió por parte de Interior en la transitoriedad del traslado y en el beneplácito que habían otorgado hasta siete juzgados de Murcia, puesto en duda al menos por un juzgado de Vera (Almería). Las dudas que han puesto sobre la mesa en este mes y medio numerosas entidades sociales, varios partidos políticos y hasta el Defensor del Pueblo sobre diversos aspectos de la situación de los migrantes no han parado de crecer, pero el Ministerio no ha ofrecido más información -este medio ha solicitado al Ministerio por diversas vías diferentes datos- durante las últimas semanas ni tampoco ha realizado más comunicaciones por los cauces oficiales más allá de informar de una reunión con la alcaldesa de Archidona una semana después del traslado.

Llegados a este punto, desde el departamento de comunicación de Zoido se ha explicado que “nosotros desde el Ministerio del Interior sobre este tema no estamos informando nunca por razones operativas, entonces quien está informando sobre este asunto es la Policía Nacional, por lo te pediría que les llamaras a ellos y les hagas las cuestiones pertinentes”.

Los responsables de prensa de la Policía no parecen estar muy al tanto de este particular traslado de competencias. Preguntados por la fecha prevista de cierre del centro como CIE temporal, comentaron a este periódico que no tenían “ni idea, entre otras cosas porque nosotros no hemos sido los que lo hemos habilitado como tal, no es una cosa de la Policía”. “Nosotros simplemente somos los encargados de los trámites administrativos y procedimos a mandar gente para la custodia del centro”, dijo un responsable de comunicación, que en una llamada posterior aclaró que “de momento no hay una fecha definitiva para cerrarlo como CIE”, sin poder detallar si “la comunicación oficial que se trasladará” llegado el momento se hará a través del gabinete de prensa del Ministerio o del de la Policía.

¿Cierre el 20 de enero?

La pregunta procedía de la información que circula entre sindicatos policiales acerca de que el CIE temporal cerrará el día 20 de enero, justamente cuando se cumplen dos meses (el plazo máximo para la estancia de migrantes en este tipo de centros), que permitiría también abrir el lugar como cárcel, algo previsto desde hace años pero que se ha ido posoponiendo por diversas circunstancias. No existe documento cerrado, como indica la Policía, pero funcionarios de prisiones han señalado que han sido infomados verbalmente de que irán destinados a Archidona en febrero, según fuentes sindicales. Interior dijo ante el traslado de los inmigrantes al centro penitenciario que “se intentará no agotar el plazo máximo de 60 días de estancia máxima previsto en estos casos”. Ese plazo vence el día 20 de enero, es decir, en apenas dos semanas.

“Las devoluciones se hacen conforme las va ordenando la autoridad judicial”, se limitaron a decir desde el departamento de prensa de la Policía Nacional al ser preguntados por las deportaciones que se están viviendo en los últimos días y que, según varias fuentes, podrían obedecer a la intención de dejar todo listo para inaugurar la cárcel, cumpliendo con los compromisos adquiridos con sindicatos de prisiones y, principalmente, sin rebasar el tiempo máximo de estancia en la prisión empleada como CIE.

En todo caso, desde el propio departamento de prensa del Ministerio, en una de las múltiples llamadas cruzadas, se llegó a poner en duda la política de comunicación de Interior. Hasta el punto de que, según señaló otro portavoz, ya no informan de lo que sucede en Archidona pese a que el propio ministro defendió con vehemencia en el Congreso el encierro de migrantes en el centro penitenciario.

Comisión de Interior

Entre tanto, Maribel Mora, portavoz adjunta del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú-Marea, ha pedido una ampliación del orden del día de la comisión de Interior del próximo 18 de enero por los “graves hechos sucedidos” en Archidona. En su solicitud incluye una amplia batería de preguntas, así como una petición de copias de la investigación interna sobre la muerte del migrante el 29 de diciembre, de las imágenes de las cámaras de seguridad de los altercados producidos en la prisión de Archidona el 28 de diciembre, del Plan Antiincendios y de Evacuación del centro penitenciario, y del protocolo antisuicidio del centro.

Mora recuerda en una de sus preguntas que, según el auto de archivo de la causa abierta por la muerte del migrante, consta en el atestado realizado por el grupo de homicidios de Málaga que desde que ingresó el interno en su celda a las 15H 27 minutos del día 28 de diciembre hasta las 9 horas 35 minutos del día 29 no se abrió en ningún momento la puerta de la celda (número 41 del módulo 3) ni hubo ningún movimiento en el módulo desde las 18H del 28 de diciembre.

“¿Por qué motivos estaba sola dicha persona en una celda? ¿Se produce su aislamiento en celda como medida coercitiva o cautelar o de cualquier otro tipo? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo no se realiza ningún tipo de vigilancia de la situación personal o médica del interno durante 18 horas?. ¿Por qué motivo no se le facilita comida o agua durante 18 horas?”, pregunta la senadora andaluza.

Mora se refiere en varias de sus cuestiones dirigidas al ministro al hecho de que, con fecha 23 y 24 de noviembre, el Defensor del Pueblo realizó visita de control al centro penitenciario de Archidona donde constató que no se estaban respetando las reglas mínimas para la custodia de las personas internadas en un CIE (carencia de atención sanitaria suficiente, información normas mínimas de funcionamiento del centro; ausencia horario y actividades, etc), preguntando al respecto de las medidas se han tomado en cada uno de esos ámbitos y con qué fechas, entre otras muchas cuestiones.

El auto de archivo provisional de la causa por la muerte del migrante internado en la cárcel CIE, conocido en la tarde de este jueves, salió del juzgado muy poco tiempo después de que, a media mañana, la familia del fallecido Mohamed Bouderbala, que ejerce la acusación particular, tuviera acceso a las actuaciones. La acusación particular no tuvo oportunidad siquiera de pedir nuevas diligencias de prueba a la vista del informe preliminar de autopsia y del atestado policial. De hecho, hasta la mañana del viernes no podrán ver los vídeos que podrían estar relacionados con unos hechos sobre los que se ha decidido menos de una semana después de que se produjeran y sin escuchar a las acusaciones.

La abogada de la acusación particular, Amanda Romero, señala a eldiario.es Andalucía que lo lógico es que se pudiera haber oído a todas las partes personadas: “Entendemos que el cierre es en falso”. El jueves a última hora de la tarde la acusación particular, que ejerce el hermano de Mohamed, aún no había recibido la notificación del auto, que adelantó la Cadena Ser a media tarde. “Con la cautela de que no hemos visto el auto y desconocemos la fundamentación, lo único que podemos decir es que a la vista de las diligencias practicadas no sólo son imprescindibles las que habíamos solicitado al personarnos, sino nuevas diligencias de prueba”, explicó Romero.

Sobre las diligencias que se han practicado, cree que “resultan insuficientes”. “Hasta que no se investigue en profundidad no podremos concluir qué ha pasado”, añade. El procurador de la acusación sólo consiguió personarse y acceder a las actuaciones mediada la mañana del jueves, después de días intentándolo en vano, primero por las jornadas festivas y después por problemas con el apoderamiento.

Andalucía Acoge, la otra parte personada, en este caso como acusación popular, también conoció por la prensa el archivo de la causa, sin que tampoco se le haya sido notificado y sin querer pronunciarse al respecto hasta leerlo, según informan a este periódico fuentes de la federación, que detallan que su procurador les ha confirmado en la tarde del jueves que a él no le habían comunicado el archivo de la causa.

Horas después de personarse y mientras revisaban la documentación en las diligencias, las acusaciones y la propia familia se enteraron por la prensa del archivo del procedimiento. “Entendemos que está en juego el derecho a la tutela judicial efectiva. Con la cautela de que no hemos tenido acceso al informe del fiscal y el auto del juez, entendemos que procedía cuanto menos que se nos diera traslado a las acusaciones personadas en el procedimiento un tiempo prudente, más de unas horas, para instruirnos en la causa e interesar la práctica de nuevas pruebas o solicitar el archivo si lo considerábamos oportuno, pero por lo menos que se pudiera oír a todas las partes personadas”, lamenta la abogada de la familia.

¿Qué pedía la familia?

Amanda Romero avanzó la intención de recurrir el auto de sobreseimiento. “Ahora mismo sólo nos podemos pronunciar sobre las diligencias que se han practicado, y hasta ahora resultan insuficientes”, insiste la letrada. La acusación particular y Andalucía Acoge habían solicitado que se acordara la suspensión de la devolución a Argelia de los internos del módulo 3, para identificarlos y proponer testigos oculares de los hechos. También habían propuesto dos internos que pudieran haber sido testigos de los hechos y solicitado que se ordenara, mediante mandamiento del juzgado, que el director remitiera el listado de internos de dicho módulo para avanzar en la identificación. Asimismo, se había pedido la inspección ocular del lugar donde se encontró el cuerpo y la documentación que detalle el hecho de que Mohamed estuviera solo en una habitación.

“Se nos ha impedido proponer medios imprescindibles que derivan del contenido de las diligencias, como son la declaración de agentes que vieron su cuerpo, de quienes lo vieron por última vez, la relación de internos que cita el atestado y del mismo pasillo y módulo, y del equipo médico, así como explicaciones ampliatorias del informe médico forense, que es muy escueto al ser preliminar”.

La abogada concluye que “hasta que no se investigue en profundidad no podremos concluir qué ha pasado”, y recuerda que el hecho de fuera un suicidio no excluye de por sí las posibles responsabilidades y la necesidad, según Romero, de investigar las circunstancias en que se produjo.

Un juzgado ha archivado el caso del joven del argelino de 36 años, Bouderbala Mohammed, que fue encontrado ahoracado en su celda de la cárcel de Archidona habilitada como Centro de Internamiento de Extranjeros. Según el auto adelantado por la cadena SER, el juez que lleva el caso considera que, de forma clara, la muerte se debió a un suicidio sin que mediaran o participaran otras personas.

Según la emisora, las cámaras revelan que nadie entró en su habitación, ni siquiera hubo movimiento en el módulo cuando sucedieron los hechos. Además del atestado policial que incluye dichas grabaciones, el juzgado acuerda el archivo en base a la autopsia del joven encontrado muerto hace unos dias, pese a que la familia niega que así se hubiera producido.

El juez determina que no ha quedado justificada “la perpetración de hecho delictivo alguno”, a expensas del informe definitivo de la autopsia, momento en el que se adoptará la resolución de mantenimiento del archivo o la reapertura de las actuaciones. En el auto se recoge que el atestado de la policía certifica que nadie acudió a la celda del inmigrante, a lo que se unen los informes preliminares de autopsia donde se habla de una muerte por asfixia mecánica por ahorcadura y “no signos externos de violencia ni defensa”, lo que lleva al juez a señalar que se trata de una muerte “de naturaleza suicida”.

El juez tampoco accede a que se practiquen nuevas pruebas como habían solicitado los familiares de Mohammed y entidades como Andalucía Acoge. IU también había pedido en las últimas horas personarse en el caso. El juez también rechaza que se paralicen las deportaciones de los migrantes internados en este centro ya, según la SER, las pruebas evidencian la ausencia de testigos.

Entiende el juez que tanto el amplio atestado de la policía como el informe preliminar de la autopsia hace “innecesarias” dichas pruebas, “toda vez que del atestado se desprende con meridiana claridad que no existen testigos de los hechos investigados” y que “ni las cámaras revelan que exista sujeto alguno con participación en los hechos o con conocimiento de lo acaecido”.

Izquierda Unida (IU) quiere se parte en el proceso abierto por la muerte de un interno del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) provisional de Archidona (Málaga). La formación ha enviado un escrito al juez que investiga el fallecimiento de un argelino de 36 años que fue encontrado ahorcado el pasado viernes.

En el escrito, IU pide ser acusación popular porque los hechos son “de indudable interés público y honda repercusión social”. “Existen elementos que hacen pensar la existencia de de una concatenación de conductas irregulares en el ámbito de la administración pública y las fuerzas de seguridad del Estado”, añaden.

La formación recuerda que sus objetivos son la salvaguarda de los derechos humanos, la interdicción de la arbitrariedad y la defensa de los derechos de las personas migrantes. El juez encargado del caso tendrá que decidir si acepta la personación de IU si finalmente abre una causa por la muerte del interno de Archidona.

Mohamed Bouderbala fue encontrado ahorcado en su habitación el 29 de diciembre. Había llegado sido internado después de que un Juzgado de Lorca (Murcia) dictara un auto con fecha 20 de noviembre en el que autorizaba su internamiento hasta el próximo 18 de enero.

El hermano del fallecido asegura que no se suicidó y ha reclamado una investigación. Además, exige que no se expulse a los internos que puedan ser testigos en el caso.

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, envió el martes una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que se pedía el cierre inmediato de Archidona por su “situación insostenible”.

Archidona es en realidad un centro penitenciario que el Ministerio del Interior utiliza como CIE y en el hay internados 464 migrantes. Un juez avaló su uso, y otro investiga si tomó la decisión en base a los datos falsos que le había proporcionado el Ministerio dirigido por Juan Ignacio Zoido.

IU ha presentado ya una proposición no de ley para reprobar a Zoido por “grave vulneración de los derechos humanos”. “Habrán de ser las instancias judiciales quienes determinen si las posibles ilegalidades cometidas y aquí apuntadas son tales. Baste en este momento exigir la máxima responsabilidad política por lo acaecido estas semanas en Archidona”, recoge el texto presentado en el Congreso.

El Ministerio de Interior está acelerando la expulsión de migrantes de la cárcel CIE de Archidona después de que la mayoría fueran trasladados allí el 20 de noviembre. Tras mes y medio encerrados en un lugar que ha generado un buen número de situaciones irregulares y denuncias, hasta incluso la muerte de un migrante que un juzgado está investigando, diversas fuentes de sindicatos policiales advierten de que estos días se están produciendo varias deportaciones en autobuses. Aún quedan unos 300 migrantes internados de los más de medio millar que pasaron de la patera a la cárcel.

“Este miércoles se hará un viaje de unos 40 migrantes. Se están haciendo unos tres viajes a la semana y se espera para mediados de mes tenerlo finalizado. A partir de que se produjo un motín, al conocerse que se iban a llevar a unos primeros 40 migrantes a Argelia, debido también a todas las presiones que se han recibido, se ha decidido intentar agilizar si cabe más las expulsiones. Me consta que los compañeros de antidisturbios han estado todas estas semanas haciendo que todo el que tenía que ser deportado fuera lo más rápido posible, también porque la prisión se tenía que inaugurar en enero y más de mil funcionarios tienen firmada su incorporación a su nuevo centro de trabajo. Otro compañeros policías me dicen que estaban agilizando todo porque querían dejarlo vacío pronto”, apunta una fuente sindical, que alude a “la tostada que tiene Zoido” a la hora de “aplazar un problema hasta que ha reventado”, en referencia a la “carencia de policías en Málaga” y la llegada de pateras a España en general y a Málaga en particular en cuanto al déficit de instalaciones para atender a los migrantes.

“Están produciéndose estos días expulsiones”, apunta otra fuente de otro sindicato policial, que no se atreve a confirmar que se estén llevando a cabo con algún objetivo concreto, bien para la apertura del centro como cárcel, bien por la incorporación de funcionarios de prisiones o, como también es posible, porque se acercan los dos meses de plazo que el Gobierno español tiene como máximo para retener a migrantes en CIE, según normativa.

Plazas de funcionarios de prisiones

“No me extrañaría”, señala en todo caso esta fuente, que se estén acelerando las expulsiones porque “los funcionarios de prisiones ganaron su plaza en un concurso público y hay muchos de ellos destinados por ejemplo en Alhaurín que pidieron el centro de Archidona. Al habilitarse de manera express como CIE, su plaza no se puede materializar al cambio de destino. Y a esas plazas de Alhaurín había otros tantos que venían y que también tienen paralizados sus destinos”, explican. “Lo han hecho todo tan a la carrera que lo han hecho muy mal”, confiesa la fuente policial.

El sindicato de prisiones Acaip, que se movilizó junto a UGT y CCOO, denunció ya a finales de noviembre que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias había decidido “retener” tres meses en sus puestos de origen a los funcionarios que iban a tomar posesión de sus destinos en la futura cárcel de Archidona. El Gobierno trabajaba, según Acaip, con la previsión de retener tres meses a los funcionarios, que después disponen de un mes para tomar posesión de sus puestos.

Hay que recordar que, por ejemplo, la Dirección General de la Policía publicó un día después del traslado de migrantes desde la costa una convocatoria para que 52 agentes, en atribución temporal de funciones, se incorporaran durante “un mes”. Aquella “situación excepcional” se alargaría “algunas semanas”, aseguraron fuentes de Interior, con quien este medio ha tratado sin suerte de ponerse en contacto estos días para aclarar esta y otras cuestiones. Cuarenta días fue entonces el plazo que el Ministerio le trasladó a la alcaldesa de Archidona, a quien también se le recalcó que esta apertura improvisada no entorpecería la apertura del edificio como centro penitenciario durante el mes de enero de 2018, otra fecha a tener en cuenta en la que ya nos encontramos y que fue la última de unas cuantas prometidas para la apertura de una cárcel construida desde 2011.

La presencia de antidisturbios

Otra cuestión que Interior no aclara es la presencia de agentes de las UIP (Unidad de Intervención Policial). “Los antidisturbios han trabajado en varios CIE. No es algo solo de Archidona. Es normal cuando hablamos de un gran número de internos conflictivos porque muchos de ellos tienen antecedentes. Se necesitan a policías que estén acostumbrados a grandes masas y con la mínima fuerza. Compañeros me han dicho que lo que han visto en el CIE de Archidona no lo han visto en ningún CIE. Nos hemos visto acorralados, grabados 24 horas, tirándonos cosas y tener que aguantar y aguantar”, señala una de las fuentes consultadas, que apunta a la provisionalidad del personal de las UIP al estar en Archidona en comisión de servicio, con destino fuera “en Madrid o Barcelona”.

La misma fuente apunta que los agentes de las UIP trabajan directamente con los migrantes. “Desde el principio han sido la parte interna”, detallan,  mientras que los 52 agentes llamados por las plazas convocadas al centro se han encargado del “perímetro externo y de seguridad”, y de la acreditación de los migrantes con posibilidad de ser deportados.

Otra fuente señala que “hay antidisturbios porque son muchos y muy conflictivos. Además la carcel se ha abierto de manera excepcional por la avalancha de argelinos que vinieron, por lo que la plantilla de policías que trabaja allí es provisional. Allí está a diario la Cruz roja llevando ropa, organizando actividades”...

Expulsiones y presunto suicidio

Por su parte, el abogado de Andalucía Acoge José Luis Rodríguez Candela, que ya hace mes y medio advirtió coloquiamente de “policías equipados como si estuvieran preparados para ir a una manifestación”, considera “absolutamente anormal” que este tipo de agentes “lleven el control del lugar”, como así denunció el Defensor del Pueblo Español en su visita sorpresa días después del traslado. “Deben ser policías de la Brigada de Extranjería, con formación específica, los que tengan el contacto con los migrantes”, explica.

Este martes, por otra parte, miembros de la plataforma contra el CIE de Archidona pedían que se paralizaran las explusiones hasta que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de Mohamed Bourdebala, cuyos familiares ejercerán la acusación particular. Por otro lado, Candela también pedía el mismo extremo y anunciaba que solicitará al juzgado, cuando resuelva este miércoles su personación como acusación popular, la declaración de personas que podrían arrojar algo de luz al suceso ocurrido el pasado viernes. “Hay declaraciones importantes”, ha dicho a este medio tras visitar las instalaciones de Archidona en aras de la “transparencia” que pedía la ONG días atrás.

En cuanto a previsiones de más expulsiones, a falta de información oficial, las noticias que aportan las fuentes consultadas son algo contradictorias ya que algunas apuntan a nuevas deportaciones este mismo miércoles mientras que otras hablan de que la próxima se producirá el próximo sábado.

Andalucía Acoge se persona como acusación popular en las diligencias previas abiertas en el juzgado de Archidona por la muerte de M.B., que fue encontrado ahorcado en su celda el pasado 29 de diciembre.

“Nuestra primera petición será el visionado de las cámaras de seguridad. Esta tarde realizaremos entrevistas de otros internos que son posibles testigos para ampliar información que pueda ser relevante para el caso”, anuncian fuentes de la federación.

“Transparencia e información” es lo que reclama Andalucía Acoge tras la publicación de los vídeos en los que aparecen antidisturbios golpeando a un interno en la cárcel CIE de Archidona y después de la muerte de B.M. “Sabemos que coresponden a Archidona- ha afirmado José Miguel Morales- Ante la opacidad y falta de transparencia del Ministerio de Interior, la única fuente es la rumorología: que Mohamed se intentó suicidar antes, que otros se han intentado suicidar, que hay casos de autolesión y algunos internos han iniciado una huelga de hambre” como protesta por las condiciones del centro.

“Sabemos que son rumores - insistió Morales- pero es necesaria información y explicaciones para poder descartarlos. Queremos saber qué está pasando en un contexto de absoluta excepcionalidad”. Vuelven también a reclamar responsabilidades y explicaciones (como llevan haciendo desde hace semanas junto a otras ONGs) para que se explique “por qué estaba la policía antidisturbios pegando a personas. Tendría que estar el ministro explicando esos vídeos. Está pasando algo raro y nadie está diciendo nada”. De hecho, algunas organizaciones de apoyo a los inmigrantes se pregunta qué hacen los antidisturbios en el centro de Archidona, cuando en los CIE lo habitual es que estén atendidos por policía nacional especializada en migraciones, servicio sanitario y el respaldo de Cruz Roja y otras ONGs.

Morales recordó la petición del Defensor del Pueblo cuando acudió al centro de la instalación y puesta en marcha de cámaras de vídeovigilancia, y avisa de que el martes 2 de enero los servicios jurídicos de la organización acudirán al centro. “Con toda la información que se recabe, se decidirá qué medidas tomar”. Lo que no quieren desde Andalucía Acoge es que suceda como ya pasó con un caso de abusos sexuales a internas en el antiguo CIE de Capuchinos. Entonces, las víctimas y los testigos fueron expulsados y no se pudo continuar con la investigación. Por eso exigen que “se paralicen las expulsiones hasta que el caso esté claro”.