Suele ser uno de los obstáculos más habituales en los trayectos en bici por la ciudad: el vehículo que ocupa el carril de ciclistas para aparcar por un tiempo breve, ya sea para una carga y descarga, para dejar a los niños en el cole o para hacer alguna compra urgente. “Es el pan de cada día de los que pedaleamos, imposible ir y volver del trabajo sin encontrarte más de uno”, señala Llum Garcia, mientras rodea una furgoneta de reparto en la calle Urgell con València.

En Barcelona, ciudad por la que circulan a diario unas 320.000 bicicletas, esta es una de las quejas más habituales de quienes pedalean. Denuncian que la Guàrdia Urbana no persigue suficientemente esta infracción. Pero, ¿qué dicen los datos? En los últimos cinco años, la policía local barcelonesa ha denunciado a 2.002 vehículos por estacionar o parar en carriles bici, lo que supone unas 400 sanciones al año. O, lo que es lo mismo: 33 al mes, o casi una al día.

La política sancionadora se ha mantenido estable desde 2021 hasta hoy. Tampoco hubo demasiadas variaciones a partir de 2022, cuando entró en vigor la Ley de Tráfico que endurecía la sanción por estos estacionamientos al considerarlos “infracción grave”. La multa pasó a ser entonces de 200 euros e incluía tanto las paradas puntuales en carril bici como los estacionamientos, en los que el conductor sale y abandona el vehículo durante un tiempo. 

De los últimos cinco años, el que se saldó con más denuncias de la Guardia Urbana, según datos recabados por elDiario.es, fue 2023, con 441. El que menos, el año anterior, 2022, con 378. 

Albert Garcia, integrante del colectivo Amics de la Bici, califica de “ridícula” la cifra de sanciones frente a un problema ante el que se encuentran “muy habitualmente”. “Si te das una vuelta en bici por Barcelona, verás que esta práctica abunda”, insiste este ciclista. “¿Por qué si se considera una infracción grave, con consecuencias graves, no se persigue más?”, se pregunta. 

Este veterano ciclista barcelonés explica que tuvo un accidente hace unos años por culpa de uno de estos vehículos. Una furgoneta de carga y descarga estacionó justo al borde del carril e invadiendo incluso una parte. Justo cuando pasaba a su lado, el conductor abrió la puerta sobre la vía ciclista y lo derribó. Ocurrió en el Eixample de Barcelona, el entramado urbano de la capital catalana con mayor densidad de carriles bici, pero también con más tráfico rodado y más conflictos de circulación. 

Coincide con él Adrià Arenas, portavoz del Bicicleta Club de Catalunya (BACC), que considera “ínfimas” las sanciones en comparación con la “gincana” que asegura que afronta cada día en sus itinerarios por el Eixample. Y añade una consecuencia de estas ocupaciones del carril. “Tienen una responsabilidad importante en que los separadores viales estén destrozados”, valora. La falta de mantenimiento de la infraestructura es otra de sus principales quejas cuando se reúnen con el Ayuntamiento.

“La mentalidad de muchos conductores es que por el carril pasan bicis de vez en cuando, y que como son tan estrechas ya pasarán de alguna forma”, se queja Garcia. La infracción, agrega, obliga al ciclista o bien a subir a la acera –y debe hacerlo a pie para no cometer él una falta– o bien a incorporarse de golpe al carril de tráfico. “Algunos entramos en la vía, pero es peligroso, más aún cuando muchos carriles están ubicados al lado del carril de la izquierda, que es el que usan los coches para ir más rápido”, alerta. 

Ante las quejas de pasividad, fuentes de la Guàrdia Urbana responden que sí multan cuando detectan estos estacionamientos. “Siempre que se observa una infracción se actúa para corregirla, ya sea con denuncia o con aviso”, señalan.

Lo que se encuentran más a menudo los ciclistas consultados son furgonetas y camiones de reparto con los cuatro intermitentes. Aunque también abundan los estacionamientos que esperan que se liberen plazas de aparcamiento cercanas. Si son turismos, suele permanecer alguien en el coche. 

Los datos por tipo de vehículo estacionado confirman esta percepción. Las sanciones a furgonetas y camiones suponen el 32,4% y el 14,3% del total, respectivamente. Juntas, por lo tanto, alcanzan el 47%, un peso ligeramente superior al de los turismos, que son el 45%. Luego constan multas más puntuales a motos (3%) y ciclomotores (1,6%) y sanciones residuales a bicicletas, taxis, grúas o autocares.

Por otro lado, las calles que acumulan más denuncias de la Guàrdia Urbana también aportan información sobre estos estacionamientos prohibidos por ley. Las tres vías que registran más casos son Avinguda Vallcarca, con 125; Via Augusta, con 123, y Gran Via de les Corts Catalanes, con 123. Entre estas tres suman el 18% de las sanciones, y las siguen las calles València, Mallorca o Rambla Prim. 

Además de su longitud, que aumenta la probabilidad de concentrar multas, Garcia destaca que algunas de estas vías tienen el carril bici al lado de carriles de una única circulación de tráfico por sentido. Es decir, son calles en las que los infractores pueden considerar que, si quieren estacionar brevemente, no tienen otra alternativa a ocupar el carril ciclable. “Ellos piensan ‘a los míos no los molesto y no me paro en medio de la calle’, pero a la bici sí”, zanja.

En cambio, calles que tienen su carril bici en el centro de la calzada, no aparecen en la lista, como la avenida Diagonal, a pesar de ser de los carriles de mayor longitud, el Paral·lel o el Passeig de Sant Joan. “Si te acercas al nuevo tramo en Diagonal paralelo al tranvía, ves una infraestructura agradable, con mucha gente; pero en el resto de la red, las ocupaciones, las obras o el mal estado de la infraestructura no ofrecen sensación de seguridad y de comodidad”, argumenta Arenas, que concluye que esto impide consolidar la movilidad a pedales.

La desaparición de La Deskomunal, anunciada este jueves en un comunicado, supone un nuevo mazazo para el circuito barcelonés de salas de conciertos. Y, uno de los más duros, pues el anuncio llega apenas cinco años después de su apertura. Inaugurada a finales de 2020, La Deskomunal ha brindado su escenario a más de mil grupos y aunque su aforo sea de apenas 200 espectadores, solo en 2025 asistieron a sus actuaciones más de 25.000 personas. El motivo principal del cierre, explican, es una conflictiva relación con el ayuntamiento traducida en continuas inspecciones y multas.

En La Deskomunal aseguran haber vivido una pesadilla. “Ha venido la Urbana a multarnos por ruido tras decirnos que lo teníamos todo correcto y solo porque se quejaba un vecino. Y la pagabas aunque una denuncia así debe ir acompañada de un control sonométrico que no existía”, relata Bernat Serrat, uno de los socios. “Otro día nos decían que el cartel que prohíbe la venta de alcohol a menores no estaba bien visible. Accedíamos a cambiarlo de sitio y aun así llegaba una multa de tres mil euros. La pagábamos y al reunirnos con el distrito reconocían que teníamos razón, pero que como ya estaba pagada…”, explica Xavi Vicente, otro socio del local.

“Hubo un mes en que tuvimos una visita de la Urbana cada semana”, recuerdan. “¿Qué le pasa a la música? ¿A qué viene esta actitud tan beligerante?”, se preguntan. Eso mismo han preguntado en la sede del distrito de Sants cada vez que la situación se hacía insostenible. La respuesta siempre ha sido cordial. Se les ha reconocido su aportación cultural al barrio y que toda su documentación estaba en regla, pero también se les recordaba que habíamos elegido una actividad conflictiva. “¡Eso me irritaba mucho! ¡Hemos escogido una actividad totalmente legal!”, exclama Serrat. Y tras unos meses de relativa calma, volvía la Urbana, las inspecciones y las multas.

‘Cuidado con la musiquita’

La Deskomunal ha sido el sueño de varios vecinos de Sants que reclamaba el derecho a “tener un espacio en el barrio donde ver conciertos regularmente”. Era un deseo razonable en un barrio con 47.000 habitantes. Nacido de la alianza de dos proyectos cooperativos de Sants, el bar Kop de Ma y la sala de conciertos Koitton Club, sus respectivos bagajes les permitieron dar forma a un insólito espacio que de día opera como restaurante y de noche, como local de actuaciones. Las mesas y sillas se apilan bajo el escenario y el restaurante se transforma en una sala capaz de soportar bandas de alto voltaje eléctrico. Adecuarla e insonorizarla costó 350.000 euros. La apertura se retrasó siete meses: la licencia se encalló en el ayuntamiento.

La tortuosa experiencia del Koitton Club ya sirvió como advertencia de lo que podía ocurrir en La Deskomunal. Entre 2012 y 2019, vivió continuos enfrentamientos con la Guardia Urbana. “El primer año ya recibimos siete inspecciones”, recuerda Serrat. “Eran agresivas y sin motivo aparente. Y no solo por parte de la Urbana; también, de inspectores del distrito”, matiza. “Una vez un técnico del ayuntamiento me señaló con el dedo y me dijo: ‘Cuidado con la musiquita’. Yo le contesté: ‘¿Cuidado, por qué? Tengo licencia para poner música. Y entonces me dijo: ‘Ya, ya. Pero cuidado. Ya nos entendemos’. Yo volví a responderle: ‘No, no le entiendo’”.

La experiencia de Vicente en Kop de Ma es muy distinta. “En trece años solo hemos recibido una inspección”, calcula. “Claro, nuestra actividad no es la música”, añade con sorna. Aun así, las molestias que pudieran ocasionar tanto Kop de Ma como Koitton Club o ahora La Deskomunal no están relacionadas con la actividad del local, sea la restauración o música en vivo, sino con el ruido que haga el público en la calle. Y Kop de Ma está al lado la plaza Osca, las más ruidosa del barrio. En ASACC, la Asociación de Salas de Conciertos de Catalunya, no daban crédito al acoso que sufría el Koitton Club. Ninguna sala de Barcelona había vivido algo igual.

Un milagro en plena pandemia

En octubre de 2020 abrió el restaurante y 30 de diciembre se estrenó el escenario de La Deskomunal. Fue como un milagro en esa época pandémica en que solo se hablaba de cierres de salas. “Ese día nos cayeron algunas lágrimas. Veíamos la luz al final del túnel”, reconoce Vicente. Ese túnel eran unas deudas considerables que les obligarían a pasar meses y meses sin cobrar por trabajar. La carpeta del ordenador donde archivaban las cuentas se llamaba ‘Economía de Guerra’. A mediados de 2022 el negocio ya estaba saneado, pero el desgaste había causado mella en los nueve socios de la cooperativa. Tres años después ya solo quedarían dos: Serrat y Vicente.

Si en el pandémico 2021 apenas celebraron 60 actuaciones para poco más de 2.700 espectadores, en 2022 ya superaron el centenar de conciertos y otros tantos eventos gratuitos: presentaciones de libros, sesiones de DJs, recitales de poesía... Los 12.000 espectadores de 2022 han aumentado progresivamente hasta los más de 25.000 de 2025 repartidos en casi 250 actividades. En cinco años ha tratado con más de 80 colectivos y promotoras. Cada día llegan diez emails de grupos solicitando fecha para tocar, prueba inequívoca de lo necesario que es un local de conciertos con este aforo.

La estabilidad económica ha llegado, han podido mejorar los sueldos y, tras la enésima reunión con el distrito, el local vive una etapa más o menos plácida. “Cero inspecciones y solo tres o cuatro visitas de la Urbana. Pero con eso ya contamos”, asume Serrat. Sin embargo, la “incertidumbre y persecución” les empuja a tirar la toalla justo en el año económica y artísticamente más redondo. “Los problemas vecinales, las multas e inspecciones seguirán porque estamos en el negocio que estamos”, denuncian.

Subvenciones e inspecciones

Entre ayudas y subvenciones para insonorizar el local, afrontar el covid y programar artistas, La Deskomunal ha recibido 250.000 euros. Algo más de 100.000 han provenido del ayuntamiento; el resto, de la Generalitat. No son cifras extraordinarias, pero de poco han servido. “Ya no pedimos ayudas, sino que dejen de ponernos palos en las ruedas”, insisten. “Nos hemos encontrado un día haciendo un acto publicitado desde la web del distrito, cosa que agradecemos porque así se reconoce que la vida cultural del barrio pasa también por La Deskomunal, y esa madrugada ha aparecido un inspector pidiéndonos todos los papeles sin motivo aparente”, ponen como ejemplo. Su caso recuerda aquella época en que el bar Heliogábal recibió simultáneamente un Premi Ciutat de Barcelona y una orden de cierre.

La gota que empezó a colmar la paciencia en La Deskomunal llegó a finales de 2024. En la enésima inspección se les advirtió, una vez más, que el limitador de volumen no estaba precintado. Serrat reconoció la infracción, pero recordó, una vez más, que quien debía precintar ese aparato era el ayuntamiento. En aquella inspección también instaron al local a entregar el informe del limitador. Si no lo hacían, recibirían una orden de cese de la actividad e incumplirla podría suponer una multa de 30.000 euros y el cierre del negocio. Tras varias semanas de pánico, solicitando una cita con el distrito para resolver el conflicto, se les reconoció que aquel informe llevaba años entregado. No había motivo de sanción. Todo había sido un error.

Serrat y Vicente reconocen haber padecido “cierta conspiranoia”. “Hemos llegado a pensar que lo estaban haciendo adrede para desgastarnos y que nos fuésemos”. Pero no quieren presentarse como víctimas, sino ampliar el foco del conflicto. “Esto no es un problema de barrio sino de ciudad. Se ha conseguido que la gente no se queje por la falta de vida cultural. Ahora para ver grupos que te gustan tienes que ir a festivales y la mayoría de gente está pasando por el aro. Yo no quiero asumir ese chantaje y la manera es montando salas. Porque los que fomentamos la vida cultural en los barrios somos las salas que acogemos durante todo el año al público local y a los grupos que no tienen cabida en los festivales”, reivindica Serrat.

El caso de La Deskomunal no es único. Se suma al de otras salas en la cuerda floja como Bóveda (Poblenou), Meteoro (Poble-sec), La Rarita (Sants), El Pumarejo de L’Hospitalet y alguna más que ya desapareció. “¿Cuántos vecinos quieren nuestro local en el barrio y cuántos no?”, preguntan en La Deskomunal. El local tiene enfrentamientos con dos vecinos. Uno ha llegado a llamar desde su pueblo para quejarse del ruido; un hecho reconocido por la policía. “El problema no es que se quejen dos vecinos, sino que la administración dé credibilidad a estas cosas. Y desde las Olimpiadas, la ciudad ha ido tomando ese cariz de civismo y planes Endreça”.

Un entierro a lo grande

No hay vuelta atrás. La Deskomunal desaparecerá del mapa. Pero en vez de hacerlo en silencio, sus responsables han preferido politizar ese malestar y, eso sí, despedirse por todo lo alto. Durante 2026 la sala y el restaurante seguirán abiertos. En noviembre y diciembre tocarán los grupos más allegados. El entierro de La Desko será en una fiesta que durará dos meses.

A partir de aquí, la intención es que alguien con más energía y menos desgaste emocional retome el proyecto del mismo modo que el cierre del Koitton Club supuso el nacimiento de la sala Taro. “Antes se nos ponía la piel de gallina cuando tocaban los grupos de nuestra vida. ¡En La Desko tocaron Scream!”, recuerda Serrat, refiriéndose a la banda estadounidense de hardcore-punk de los 80. “Esa excitación va desapareciendo cuando solo estás pensando en si esa noche te harán una inspección”, confiesan. Lo deseable sería que lo heredase alguien en sintonía con los ideales cooperativistas que impregnan todos los proyectos alojados en el recinto La Comunal.

La Deskomunal morirá con un último deseo: “Que lo que nos ha pasado a nosotros pase cada vez menos”, suspira Serrat. “Si la definición de cultura del ayuntamiento han de seguir siendo los festivales mainstream, adelante, pero que nos dejen poner nuestro granito de arena. Ofrecemos un servicio al barrio. Somos espacios necesarios. Los vecinos los reclaman. Cuando la gente no venga a las salas tendremos que rendirnos, pero sigue viniendo”, celebra. “Ver conciertos en tu barrio es algo demasiado bonito como para dejar de luchar por ello. Pero hay que tener espíritu de lucha”.

Casi ocho años después, el caso de la muerte de la perra Sota se ha cerrado gracias a la mediación. El agente de la Guàrdia Urbana de Barcelona que disparó mortalmente al animal y su dueño, un hombre sin hogar, han llegado a un acuerdo que archiva la causa penal.

Los hechos se remontan al año 2018. El agente y el dueño del animal, Tauri Ruusalu, mantenían versiones opuestas sobre el incidente que terminó con la perra Sota tiroteada. El caso es un ejemplo de que hay causas penales en las que un juicio no soluciona nada: el hombre sin hogar se enfrentaba a una acusación por atentado a la autoridad, mientras que el agente podía terminar condenado por maltrato animal.

A iniciativa de sus letradas (Paz Vallès, del guardia urbano, e Inés Guardiola, del sintecho), ambos vencieron sus reticencias iniciales y participaron en un proceso de mediación y justicia restaurativa, un camino que va abriéndose en España para resolver conflictos pese a la tradicional apuesta por la litigación.

En un auto, adelantado por El Periódico y El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez archiva al caso tras constatar que ambas partes, tras participar en un proceso de mediación, “manifestaron su deseo de dejar atrás la situación vivida y no reclamarse nada el uno al otro”.

Ambas letradas expresan su satisfacción por el acuerdo alcanzado. “Ir a juicio no resolvía nada y la solución ha sido satisfactoria”, constata Guardiola. “Este acuerdo demuestra que la justicia restaurativa funciona cuando las partes y sus abogadas creen en ella y trabajan para reparar el conflicto, no solo para ganar un juicio”, valora Vallès.

El acuerdo se ha alcanzado tras varias reuniones entre los dos hombres con un mediador del servicio de justicia restaurativa de la Generalitat. Se han analizado los hechos y se ha logrado la responsabilización, reflexión y reparación de ambas partes, que han concluido que el conflicto que dio origen a las actuaciones ha quedado definitivamente resuelto.

El caso desató una oleada de protestas animalistas, y obligó al Ayuntamiento de Ada Colau a establecer nuevos protocolos para los agentes de la Urbana en el trato con animales.

Pese al éxito restaurativo y al acuerdo entre los afectados, las distintas asociaciones animalistas que ejercen la acusación popular y que alegan defender los intereses de la perra muerta podrían recurrir el archivo del caso y reclamar que vaya a juicio.

Barcelona cerró el 2025 liderando el descenso de la delincuencia en Catalunya con un 7% menos de delitos contra el patrimonio (principalmente hurtos y robos), una cifra que en el conjunto catalán ha descendido un 4,1% respecto a 2024. Este balance se ha dado a conocer un día después de que el Congreso diera luz verde a la ley que endurece las penas contra la multireincidencia. Un texto propuesto por Junts -que sale adelante con los votos del PSOE y la derecha- que se basa en la premisa de que estos delitos crecen.

Pero los datos de Barcelona, y del conjunto de Catalunya, cuentan otra historia. De hecho, con dos años consecutivos con cifras a la baja, la capital catalana tuvo en 2025 el nivel de delincuencia más bajo en una década, exceptuando el periodo del Covid. “Hemos trabajado mucho para luchar contra la multireincidencia y hoy lo podemos celebrar”, ha apuntado el alcalde socialista Jaume Collboni tras la Junta Local de Seguridad.

A pesar de tener datos equivalentes a los de 2015, cuando la seguridad era la sexta preocupación de los barceloneses, esta cuestión ahora ocupa el segundo puesto, sólo por detrás de la crisis de la vivienda.

Un 20% menos de robos con fuerza

El 85,6% de los delitos que se cometen en Barcelona (igual que en toda gran ciudad) son contra el patrimonio. En este ámbito, que baja de manera global un 7%, los hurtos descienden un 7,6%; los robos con fuerza un 19,8%; los robos y hurtos de vehículos un 6,7%; y los daños un 5,6%.

Por otro lado, los robos violentos suben un 0,5%. Estos representan el 7,6% de los delitos del total de Barcelona. En esta categoría, se han llevado a cabo 3.802 detenciones a 2.340 personas distintas. Según datos del Ayuntamiento, las detenciones han aumentado un 13,8% respecto a 2024. El perfil de autor de robos con violencia, según la Guàrdia Urbana, es de un hombre sin armas que, de un tirón, se lleva un teléfono o una cartera, casi siempre sin causar lesiones a la víctima.

Otros delitos que también suben son las estafas, los delitos contra la salud pública o la tenencia de armas blancas. Pero desde el Ayuntamiento recuerdan que el aumento de estas cifras no supone, necesariamente, que crezca la delincuencia, sino simplemente que crece el número de delitos detectados. “Este incremento no se debe asociar a un aumento de la inseguridad” porque, aseguran desde el consistorio, “son delitos que crecen cuando se incrementan los dispositivos policiales y las patrullas dirigidas”.

Un 4,8% menos de violencia de género

El Sistema Integral de Atención a las Víctimas, que da cobertura a las mujeres que han sufrido violencia de género, matrimonios forzados, mutilación genital, violencia sexual o delitos de odio y discriminación, atendió en 2025 a 4.679 mujeres, un 14% menos que el año anterior. Por otro lado, aumentaron un 2% las órdenes de protección y un 4% el seguimiento a víctimas.

En ámbito global, los datos apuntan a que los delitos relacionados con la violencia de género bajan un 4,8%. Bajan, sobre todo las amenazas, las coacciones y el maltrato habitual en el hogar. En cambio, crecen los delitos de ruptura de condena con resolución judicial. También crecen un 4,4% las denuncias -que no detenciones- por agresión sexual.

En este sentido, desde el Ayuntamiento destacan que la violencia sexual ha crecido un 14,7%, mientras que la violencia doméstica ha bajado en una cifra casi idéntica: un 14,6%.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desplegado este miércoles un dispositivo para desalojar el asentamiento del barrio de Sant Martí en el que este martes hubo un incendio. En total, se ha expulsado a 30 adultos y cuatro menores. La acción también ha contado con la presencia de Mossos, Bomberos, del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) y personal de los servicios de limpieza municipales.

El asentamiento estaba formado por tres núcleos de barracas, uno de los cuales fue el que sufrió el incendio. Ese fue desalojado el mismo martes y el resto son los que ha intervenido este miércoles por el Ayuntamiento. El dispositivo se ha llevado a cabo a raíz de un informe de los Bomberos que destaca un riesgo “muy grave” para las personas que habitaban las barracas y que era necesario actuar “con carácter de urgencia”, según han apuntado fuentes municipales.

Miebros del Sindicato de Vivienda se han personado para mediar entre los habitantes y el Ayuntamiento, pero no han podido evitar el desalojo. Por su parte, el teniente de seguridad del consistorio, Albert Batlle, ha explicado que antes del incendio ya estaba en marcha el procedimiento para despejar la zona, pero que el incidente “precipitó” la actuación municipal.

El Ayuntamiento temía que hubiera más incendios, debido a las “conexiones irregulares” a la red eléctrica y por la proximidad a las vías del tren, según ha dicho el teniente. Asimismo, ha apuntado que las barracas eran construcciones “precarias”, hechas de materiales combustibles como madera, plástico o textil. Además, se acumulaba chatarra y aparatos eléctricos, así como bombonas de gas y aparatos de cocina.

De los 34 desalojados, 28 han solicitado apoyo al CUESB. La mayoría ya eran usuarios de Servicios Sociales, tal como ha explicado la comisionada de Acción Social, Sònia Fuertes. Una vez expulsados del asentamiento, el Ayuntamiento estudiará la situación de cada uno y les ofrecerá, de entrada, una noche en el CUESB. En el caso de los núcleos familiares, se estudiará la derivación a un Alojamiento Temporal de Urgencia (ATU) u otras soluciones residenciales.

Montse Hernández, de 24 años, es una de las personas que vivía en el asentamiento. Estaba allí desde hacía cinco meses junto a su pareja y, según ha explicado a la ACN, no ha recibido ningún aviso previo del desalojo. Cuenta que a primera hora de la mañana, la Guàrdia Urbana les ha avisado de que tenían diez minutos para recoger sus cosas e irse.

Considera que la oferta del Ayuntamiento de pasar una noche en el CUESB es “insuficiente” y ha remarcado que no les han dejado llevarse todas sus cosas. “¿Qué se supone que debo hacer con mi perro?”, se pregunta.

Montse vive en la calle desde los 18 años y asegura que estar en un asentamiento de barracas es mejor que pasar la noche al raso. “Aquí, al menos, teníamos un techo bajo el que resguardarnos”. La joven añade que sufre una enfermedad que le impide trabajar y que está tramitando la discapacidad porque, por ahora, sólo recibe una prestación de 90 euros al mes. Su pareja, que no tiene permiso de residencia, trabaja recogiendo chatarra.

La Justicia ha vuelto a demostrar este miércoles su cara más intransigente con los más débiles. La sección 2ª de la Audiencia de Barcelona ha absuelto, sin llegar a celebrar el juicio, al agente de la Guàrdia Urbana acusado de disparar en plena calle y lesionar de gravedad en 2020 a un sintecho con problemas de salud mental.

La absolución del agente se basa en que, en el último minuto, los jueces han expulsado de la causa a la fundación Arrels, referente en Barcelona en la ayuda a personas sin hogar, y que hasta la decisión del tribunal ejercía la acusación popular.

Arrels era la única parte que sostenía la acusación contra el agente porque el tribunal ya había apartado de la causa en diciembre a la acusación particular del sintecho (ejercida por una abogada de oficio) al no poder localizar al hombre en un domicilio (algo habitual en las personas sin hogar). “Declarado en rebeldía”, en lenguaje jurídico. La Fiscalía, además, tampoco acusaba al agente.

La expulsión de Arrels ha sido decidida por los magistrados antes de empezar como tal el juicio. Ha ocurrido en el llamado trámite de cuestiones previas, donde las partes pueden realizar peticiones de última hora al tribunal. La abogada del agente, Paz Vallés, lo ha solicitado al considerar que Arrels no representaba ningún interés público que le permitiera comparecer en la causa.

Por contra, tanto la Fiscalía como Arrels habían reclamado que la fundación permaneciera en el juicio porque la base de su acusación era que el agente había disparado por aporofobia, esto es, por fobia a la pobreza y a la marginalidad. La aporofobia, han aducido tanto la fiscal como Eva Hobeich, abogada de Arrels, es un bien colectivo que sí autoriza la comparecencia de una acusación popular para poder discutirse en el juicio si el agente actuó o no guiado por discriminación a la pobreza.

En una resolución a viva voz, rápida e inusual (lo más frecuente en los juicios es que los jueces resuelvan tras el juicio, en la sentencia, las cuestiones previas), el presidente de la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona, José Carlos Iglesias, ha dado la razón a la defensa del agente de la Guàrdia Urbana y ha expulsado a Arrels de la causa.

Se queda así sin juicio una de las actuaciones recientes más graves de la policía contra una persona sin hogar. El incidente ocurrió la tarde del 24 de noviembre de 2020, cuando el indigente, de 43 años, que llevaba un pequeño cuchillo en la mano, lo blandió presuntamente ante los agentes de la Guàrdia Urbana. Uno de ellos sacó su pistola y le disparó dos veces, lo que le causó heridas graves por las que tuvo que ser hospitalizado. La Fiscalía pedía ingresar al sintecho (que no se ha presentado a la vista) en un psiquiátrico, sin condena de cárcel alguna, dado sus problemas de salud mental.

La razón aducida por el magistrado para expulsar a Arrels no ha versado sobre el interés colectivo o no de la aporofobia, sino que ha sido exclusivamente por un formalismo. El sintecho, ha expuesto el magistrado Iglesias, no realizó ninguna “habilitación” o “autorización”, por escrito o tácitamente, a Arrels para que ejerciera la acusación popular en su nombre.

El magistrado ha citado el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que se ha basado. Se trata del que permite a las asociaciones de víctimas ejercer la acción penal “siempre que ello fuera autorizado por la víctima del delito”.

El juez también ha reconocido que su decisión supone contradecir la que otra sección de la Audiencia de Barcelona, la 7ª, tomó en fase de instrucción, cuando sí autorizó a Arrels a comparecer como acusación popular. Pero esa decisión, ha alegado el juez Iglesias sobre el fallo de sus compañeros, no “ventiló”, en sus palabras, todas las aristas legales planteadas.

“No apreciamos ningún motivo de peso para denegar la personación en la presente causa de la entidad Arrels Fundació como acusación popular”, habían concluido los jueces de la sección 7ª de la Audiencia de Barcelona en fase de instrucción, decisión que ahora contradicen sus colegas de la sección 2ª.

Para la abogada de Arrels, la decisión del tribunal muestra la distancia entre la ley y la realidad de las personas sin hogar. “Estamos tristes, hace mucho tiempo que hablamos de aporofobia y una vez más constatamos lo difícil que es llegar a hacer un juicio por aporofobia y para valorar si la actuación policial fue proporcionada o no”, ha lamentado Eva Hobeich, que ya ha anunciado un recurso contra la absolución.

Hobeich ha recordado que para una persona sin hogar, que no tiene domicilio fijo en el que recibir las noticificaciones del juzgado, ni teléfono móvil ni medios para pagar a un abogado, es “muy difícil” personarse en una causa.

“La exigencia del tribunal ha sido restrictiva, es tanto como decirle a Marjan [el sintecho tiroteado] que no tiene derecho a la Justicia”, ha concluido Hobeich.

Una jueza de Barcelona ha archivado la denuncia que interpuso el líder del PP en el consistorio, Daniel Sirera, contra el teniente de alcaldía responsable de Seguridad, Albert Batlle, el exdirector general de los Mossos d'Esquadra Pere Ferrer y un mando de la policía autonómica al descartar su “inacción” en el desalojo de la casa okupada de El Kubo en 2023.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza entierra el caso al constatar que ninguno de los tres denunciados faltó a su deber de perseguir delitos durante el desalojo de la finca okupada en el barrio de la Bonanova de Barcelona y reconocer el propio Sirera que su acción legal se basó en “vídeos en redes” y “noticias publicadas en distintos medios de comunicación digital”.

Los hechos se remontan a la primavera de 2023, en la previa de las elecciones municipales tras las que Jaume Collboni recuperó para el PSC la alcaldía de Barcelona. El desalojo de las dos fincas okupadas en uno de los barrios más ricos de la ciudad fue la excusa de organizaciones y partidos de extrema derecha, como Desokupa o Vox, para intentar inflamar el conflicto vecinal y atizar el discurso (que desmienten los datos) de crisis de seguridad en Barcelona.

El PP de Sirera se sumó a la ola y acudió, diez días antes de las elecciones, a los juzgados para denunciar al Ayuntamiento de Barcelona, entonces todavía liderado por Ada Colau, y a la Generalitat. Tras convocar a la prensa a las puertas de la Ciutat de la Justícia, Sirera aseguró que Guàrdia Urbana y Mossos “recibieron instrucciones para no actuar” en El Kubo.

En su declaración ante la magistrada como denunciante, sin embargo, el líder municipal del PP admitió que no tenía pruebas para sostener esta afirmación. “Cuando se le preguntó para que indicara cuál era la razón de su conocimiento de que las personas denunciadas habían dado órdenes de no actuar, [Sirera] reconoció que sus fuentes eran las noticias publicadas en medios de comunicación digital y vídeos publicados en redes”, señala la magistrada en su resolución.

Como colofón a su declaración, Sirera reconoció que no estuvo en las inmediaciones de la casa okupada pese a denunciar la “falta de investigación” de un disparo a un vecino con arma de balines y un petardo desde El Kubo y que el Ayuntamiento había permitido que se sustrajeran vallas de titularidad municipal.

Al preguntarle si tenía otra fuente de estos extremos que no fueran las noticias de prensa aportadas a su denuncia, Sirera añadió que había hablado con periodistas, sin revelar su nombre. También mencionó que había comentado los hechos con un responsable sindical de la Guàrdia Urbana de Barcelona, si bien agregó que no le había indicado qué responsable le había dado órdenes de no actuar.

Todo ello lleva a la magistrada a describir la testifical de Sirera como “de referencias de, a su vez, referencias inconcretas”. Lo “contrario” ocurrió, remarca la jueza, con la declaración que prestaron Batlle, Ferrer y el responsable de los Mossos, que detallaron las distintas actuaciones policiales sobre El Kubo y los motivos que llevaron a suspender, por orden judicial, por unas semanas su desalojo: impedir que los okupas se trasladaran a una finca aledaña también okupada, La Ruina.

Ambos edificios se desalojaron finalmente en noviembre de 2023, en un dispositivo laborioso de los Mossos d'Esquadra por la resistencia de los okupas (duró casi cinco horas y trabajaron 400 agentes), pero sin presencia de los colectivos de extrema derecha que intentaron enardecer el caso en vísperas de las elecciones.

La magistrada archiva de forma libre el caso para Batlle, Ferrer y el responsable de los Mossos al concluir que “no existen indicios racionales de haberse perpetrado” los hechos denunciados por Sirera. “No se ha aportado ni existe indicio alguno que ninguno de ellos diera órdenes de no actuar”, resuelve la jueza.

Se cierra así el último coletazo judicial que quedaba del desalojo de El Kubo y La Ruina, los edificios okupados del barrio más privilegiado de Barcelona en el que Junts arrasó en las municipales de 2023 y el PP le cogió el testigo en las generales.

Junts ha querido enfatizar la minoría del gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y ha tumbado una de las medidas estrella del Ayuntamiento en materia de seguridad. Pese a apoyar la adquisición de pistolas eléctricas para la Guàrdia Urbana, Junts ha votado en contra del reglamento sobre su uso, que ha salido rechazado del plenario municipal. El único apoyo ha sido el de los concejales del PSC y del PP, insuficiente para su aprobación.

La marcha atrás de Junts supone una sorpresa, ya que en la comisión de Seguridad sí habían apoyado la compra de Taser, pese a que el reglamento incluía permitir su uso en menores de edad y en supuestos desaconsejados por organismos internacionales, lo que había provocado el rechazo de entidades de derechos humanos y de salud mental.

El portavoz de Junts en el consistorio, Jordi Martí, ha alegado la falta de diálogo con los sindicatos policiales como el motivo para votar en contra del reglamento, aunque al mismo tiempo se ha mostrado a favor de las pistolas Taser. En suma, un movimiento táctico en clave política y que no implica ni mucho menos que la adquisición de pistolas eléctricas para la Guàrdia Urbana quede en un cajón. Tan solo se retrasa unos meses.

El retraso impuesto por Junts en la compra de Taser se suma al abandono de las negociaciones con el gobierno municipal para reformar el 30% de vivienda protegida, lo que deja sin opciones a Collboni para sacar adelante la medida este curso, y difícilmente en lo que queda de mandato.

Sobre las Taser, el reglamento definitivo que no ha podido ser aprobado este viernes ha incorporado algunos cambios reclamados por las entidades de derechos humanos, como la prohibición de uso en personas inmovilizadas o esposadas en dependencias policiales o cuando muestren una resistencia “meramente pasiva” a las órdenes policiales.

Por el contrario, se mantiene la posibilidad de usarse en menores o personas con trastornos psiquiátricos o con aparente consumo de sustancias. Como ocurre con todos los reglamentos de cuerpos como los Mossos d'Esquadra y policías locales que han generalizado la compra de Taser en los últimos años, el documento no contempla uno de los principales peligros de este tipo de armas: dispararla a alguien con patologías cardíacas, que no se pueden saber a simple vista de los agentes.

El texto se ha tumbado por los votos en contra de Junts, Barcelona en Comú y ERC. Vox se ha abstenido y solo han votado a favor el gobierno del PSC y el PP. El teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, ha defendido que el reglamento es “garantista” y que permitirá un uso de las Taser “proporcional, justificado y supervisado”.

“Sin la aprobación del reglamento, la Guàrdia Urbana no puede disponer de 22 Taser ni de 222”, ha alertado el portavoz del PP, Daniel Sirera. El regidor de BComú Marc Serra ha criticado que el reglamento “pone en riesgo a la ciudadanía y a la propia Guàrdia Urbana”, mientras que desde ERC, Jordi Coronas ha criticado el documento por “imprudente” y por permitir el uso de pistolas eléctricas en menores.

La oposición aprieta de nuevo al PSC

La sesión de este viernes ha evidenciado de nuevo la falta de apoyos de Collboni de cara al segundo tramo de mandato. Antes de dar inicio al plenario ordinario se ha celebrado uno extraordinario, convocado por Junts y Comuns, en el que la oposición ha considerado que el Gobierno municipal se encuentra en una situación de “debilidad” y sin capacidad para llegar a acuerdos.

El texto de reprobación se ha aprobado con los votos de Junts, Comuns, PP y Vox. ERC, que mantiene mejor sintonía con el Ejecutivo de Collboni aunque renunció a entrar en él, ha optado por la abstención

PSC y Junts, las dos principales fuerzas municipales (con 10 y 11 concejales, respectivamente), se han acusado mutuamente la ruptura de las negociaciones por la reserva del 30% de vivienda protegida. Esta semana el partido que lidera actualmente Jordi Martí Galbis se levantó de la mesa al considerar que no hay posibilidad de acuerdo para flexibilizar la normativa.

La encargada de intervenir en el debate por parte del gobierno, la teniente de alcaldía de Urbanismo Laia Bonet, le ha reprochado a Junts que renuncien a revisar las políticas de vivienda protegida “a la primera de cambio”. Bonet ha sacado incluso a pasear al exalcalde y excandidato de Junts Xavier Trias para insinuar que con él el resultado de las conversaciones habría sido favorable. “En la escuela Trias usted suspendería”, le ha espetado Bonet a Martí.

Jordi Martí ha reprochado a Collboni que incumple “sus palabras y promesas” y le ha acusado de hacer “publicidad y propaganda sin tener ningún proyecto real de impacto” para la ciudad.

Por su parte, la líder de Barcelona en Comú, Janet Sanz, ha acusado a Collboni de “esconderse y no rendir cuentas” tras superar el ecuador de mandato y ha asegurado que la ciudad ha “perdido dos años”. “El gobierno no para de fracasar”, ha dicho Sanz, quien ha reprochado al gobierno municipal no tener ni presupuesto aprobado ni acuerdos de gobierno destacables. “Lo más grave es su forma de gobernar, que no es transformadora y no tienen un proyecto”, ha afirmado.

Desde ERC, el portavoz Jordi Coronas ha hablado de “falta de ambición” del Ejecutivo de Collboni para resolver los “grandes retos” municipales y ha señalado que algunas de sus políticas principales, como el aumento del recargo turístico, se han impulsado desde Esquerra “pese a no estar en gobierno”. Los republicanos han criticado también el gesto de Junts i Comuns de pedir un pleno extraordinario, ya que han convertido –ha dicho Coronas– “la pataleta en reprobación”.

A su vez, el presidente del PP en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, ha acusado al PSC de gobernar “como si fueran los Comuns”. Sirera ha apuntado que el gobierno de Collboni es “el más débil” de la historia y el más “arrogante” que se recuerda. Pero también ha criticado a Junts y BComú porque, según ha dicho, lo que les molesta es que Collboni no gobierne con ellos.

El juzgado de Vilanova y la Geltrú ha archivado parcialmente la demanda de la exguardia urbana de Barcelona Rosa Peral por el derecho al honor de su hija a raíz de la emisión de una serie sobre 'el crimen de la Guardia Urbana' en Netflix.

Tal como ha avanzado El Periódico, el juzgado recuerda que Peral no tiene la patria potestad de su hija y, por tanto, no puede demandar en su nombre. Por eso, el juzgado pidió al padre de la menor si quería reclamar, a lo que él renunció.

De este modo, la demanda continúa en vigor en nombre de Peral, pero no por su hija. Sin embargo, la defensa de Peral ya ha presentado recurso en la Audiencia de Barcelona.

Peral, condenada a 25 años de cárcel por asesinar a su pareja, junto a su amante, ambos agentes de la Guàrdia Urbana, en el 2017, pide 27 millones de euros para su hija y 2 para ella misma, después de que no se paralizara la emisión de la serie 'El cuerpo en llamas'.

En su demanda inicial, Peral aseguró que “nunca fue informada” ni por la productora ni por la plataforma de que se estaba realizando la serie. Tampoco, afirma, llegó a ceder nunca sus derechos de imagen ni los de su hija.

La exagente sostiene que la producción la presenta como una “madre negligente” y considera que se podría haber explicado la misma historia sin involucrar a su hija.

Con todo, reclamaba casi 30 millones de euros teniendo en cuenta que la serie se ha reproducido por todo el mundo durante 27 millones de horas. Así que decidió reclamar un euro por cada hora de emisión como compensación para la niña y 10 céntimos para ella.

La Guàrdia Urbana de Barcelona inició este lunes una campaña de control de VTC (Vehículos de Transporte con Conductor). En el primer día del dispositivo se identificaron 25 vehículos, de los cuales 24 (el 96%) incumplían la normativa.

Las infracciones detectadas tienen que ver con el estacionamiento y la circulación, la oferta ilegal o la falta de documentación. Entre ellas, se ha identificado VTC que aparcaban o circulaban con la intención de captar clientes que no hubieran solicitado previamente el servicio (algo que sólo pueden hacer los taxis).

También se han detectado 3 conductores que han dado positivo en el drogotest, uno de ellos en 4 de las 5 substancias detectables.

Además de este tipo de infracciones, la policía local inspecciona que los conductores tengan el permiso de conducir y el seguro en regla, así como que se cumplan los horarios y días de descanso establecidos. También se controla que dispongan de los cuadros de precios preceptivos y que tengan la ITV vigente.

La campaña, que estará en marcha hasta el 20 de abril, se realiza en zonas con alta presencia de este tipo de vehículos, como estaciones de tren y bus, puntos de interés turístico, zonas comerciales y vías principales de la ciudad.

El objetivo del Ayuntamiento es vigilar que cumplan la normativa vigente y sancionar las conductas infractoras que, en algunos casos, podrían suponer competencia desleal e intrusismo, tal y como recuerdan desde el consistorio

El Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso decisivo este miércoles para adquirir pistolas eléctricas para la Guàrdia Urbana. La comisión de Presidencia y Seguridad del consistorio, con los votos a favor del PSC, Junts, PP y Vox, ha aprobado inicialmente el reglamento de uso de estas armas. Los Comuns han votado en contra y ERC se ha abstenido.

El documento, que ahora se someterá a un plazo de alegaciones de 30 días, apenas incorpora cambios reclamados por los Comuns, las entidades en defensa de los derechos humanos y de salud mental para limitar a los agentes el uso de estas armas. En una carta dirigida al teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, Irídia o la Taula de Salut Mental de Catalunya han expresado su preocupación por el “discurso estigmatizador” del consistorio y otras instituciones “que vincula la salud mental con el aumento de la violencia”.

Las denominadas pistolas Taser se han extendido entre todos los cuerpos policiales. En el conjunto de España, unos 280 cuerpos de policía local disponen de pistolas eléctricas, de los que 78 están en Catalunya. El uso durante un lustro de estas armas por parte de los Mossos ha provocado un muerto, al que la policía catalana disparó durante un brote psicótico. Barcelona quiere que sus agentes municipales las empiecen a usar en 2026.

El mayor problema del uso de las Taser es la imposibilidad del agente para saber, a simple vista, si la persona que recibe el disparo tiene una cardiopatía, un supuesto que, junto al consumo de alcohol y drogas o los problemas psiquiátricos, puede comportar graves consecuencias cuando se recibe la descarga eléctrica de bajo amperaje.

El reglamento de Barcelona al que han dado su visto bueno el PSC y los grupos de derecha y extrema derecha contempla el uso de Taser en personas con problemas de salud mental en situaciones de riesgo de suicidio o autolesión, uno de los supuestos desaconsejados por entidades internacionales de derechos humanos. También prevé que todas las actuaciones con las Taser quedarán grabadas en vídeo y que cada disparo se evalúe y audite por parte de responsables policiales.

El voto en bloque del PSC con la derecha ha mantenido, en esencia, el grueso del protocolo trabajado por el Ayuntamiento y la Guàrdia Urbana desde hace meses. No se han aceptado las enmiendas de los Comuns para que no se pudieran superar en ningún caso las cuatro descargas a la misma persona. Tampoco han prosperado las solicitudes para incorporar las prevenciones que hace Naciones Unidas sobre el uso de las armas.

El reglamento validado permitirá disparar la pistola eléctrica a menores de edad (solo lo prohíbe a menores de 14 años, aunque no específica el documento cómo se cerciorarán los agentes de la edad del objetivo); a personas esposadas; a personas con síntomas de haber consumido alcohol o drogas; así como su uso en personas durante manifestaciones, aunque el propio documento indica que no está recomendado.

El teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, Albert Batlle, ha defendido que el reglamento de las Taser para la Urbana es “una trasposición” del protocolo de los Mossos y que proporciona “más garantías”.

Los Comuns y ERC se han mostrado críticos. “Son armas potencialmente letales, causan dolor y pueden ser usadas de forma lesiva. Todavía estamos a tiempo de cambiar el reglamento”, ha manifestado el edil de BComú Marc Serra.

En la misma línea, el concejal de ERC Jordi Coronas ha pedido a Batlle que el gobierno municipal sea “más receptivo” a las alegaciones de los grupos y ha recordado que las Taser “provocan riesgos cardíacos y lesiones”. “Hay muchas situaciones que se resuelven mejor con formación que con las pistolas eléctricas”, ha apostillado.

Los grupos de la derecha y la extrema derecha han competido por quién está más a favor de las Taser y han reclamado que se compren más que las 22 que se prevén adquirir inicialmente.

“Solo 22 pistolas para toda la plantilla de la Urbana es un chiste”, ha manifestado Gonzalo de Oro (Vox). “Adquirir solo 22 Taser es una cifra muy modesta”, ha expresado Jordi Martí (Junts). “Nos alegramos de este reglamento, las Taser son necesarias para la Guàrdia Urbana”, ha indicado Juan Millán (PP). 

En su misiva, las entidades sociales piden suspender el reglamento hasta que no se lleve a cabo un estudio técnico independiente sobre las afectaciones de las Taser “en el derecho a la vida y el respeto a los derechos fundamentales”, en particular a las personas en estado de agitación o de crisis de salud mental. También reclaman abrir un proceso participativo con entidades sociales para “incorporar más garantías de derechos humanos y seguridad jurídica a los agentes”.

Hoy Barcelona es una ciudad más segura que hace cinco años. Así lo demuestran los datos de actuaciones policiales, recogidas por el Ministerio de Interior y presentados por la Junta de Seguridad del Ayuntamiento de la capital catalana.

De las actuaciones realizadas tanto por la Guàrdia Urbana como los Mossos d’Esquadra se destila que el pasado 2024 se cometieron 180.342 delitos (495 al día), mientras que en 2019 hubo 214.979 (588 diarios). Los datos han sido presentados por el alcalde, Jaume Collboni y la consellera de Interior, Núria Parlon.

Dejando de lado los años inmediatamente posteriores a la pandemia, cuando las restricciones de movilidad hicieron descender drásticamente los delitos, Barcelona se encuentra hoy en datos similares a los de 2017. Esta realidad contrasta con el hecho de que la percepción de inseguridad no ha hecho más que crecer durante los últimos años, convirtiéndose en la principal preocupación de la ciudadanía barcelonesa, según los barómetros municipales.

Además, la disminución de delitos cometidos también contrasta con las actuaciones policiales. Si bien en 2024 hubo un 4,7% menos de delitos respecto a 2023, hubo un 4,5% más de detenciones y un 6,3% más de investigados.

El alcalde Colloni ha destacado que la mejoría de los datos consolida una tendencia, pero pide “prudencia y precaución”. En una línea similar, la consellera Parlon ha atribuido los resultados a la coordinación entre cuerpos de seguridad. “La receta que estamos llevando a cabo funciona” y ha asegurado que puede ser una tendencia que se repita en el conjunto de Catalunya.

La principal tipología de delito que se comete en Barcelona -con mucha diferencia- son delitos contra el patrimonio (robos, hurtos o estafas), que suponen el 86,32% del total. Dentro de este cajón, destacan los hurtos, es decir, la sustracción de un objeto sin violencia, intimidación ni huida. En 2024 fueron un 6,3% menos que el año anterior.

Pero la tipología de delito contra el patrimonio que más ha descendido es, con diferencia, la de los robos con fuerza que, a pesar de representar sólo un 8,7% del total, ha disminuido en un 16,5% respecto al pasado año.

En esta categoría, destaca que ha habido un 12,3% menos robos en domicilios, un 37% menos en las empresas y un 20,6% menos dentro de los vehículos. Igualmente, hay que tener en cuenta que han bajado cerca de un 10% los robos con violencia e intimidación tanto en casa como en el espacio público. En este sentido, cabe destacar que los robos con fuerza en domicilios han bajado un 32% respecto a 2019.

Como ya viene siendo costumbre, los objetos más sustraídos son los teléfonos (42%), seguidos de carteras o bolsos (21%), cadenas (15,2%) o relojes (10,6%).

A pesar de representar una proporción muy baja del total, los robos con fuerza son uno de los delitos que despiertan más la preocupación de la ciudadanía. Pasa lo mismo con los delitos contra las personas. En este caso, es cierto que han aumentado una media de 8% respecto al año anterior -a excepción de los homicidios, que han descendido en un 8,3%-, pero siguen representando menos de un 10% de los delitos.

Otro de los delitos que aumenta, tanto en Barcelona como en el conjunto de Catalunya y España son los delitos de odio y discriminación. Estos vienen teniendo una subida sostenida desde hace una década y el pasado año, si bien supusieron un porcentaje considerablemente pequeño respecto al total (fueron 233), han aumentado en un 90% respecto a 2019.

Más delitos sexuales

Collboni y Parlon también han querido incidir en diversos planes de actuación policial específicos que se están llevando a cabo en Barcelona. El primero es el Pla Tremall, un plan contra la multireincidencia que se estrenó en 2020.

En este caso, a pesar de que se ha aumentado el número de investigados, las horas de patrulla y la identificación de potenciales delincuentes, la detención de los mismos ha bajado en un 5,2% respecto al año anterior.

También se ha dedicado más horas a la investigación de las violencias sexuales, un delito que ha subido en un 4% respecto a 2023, a pesar de que ha habido más detenciones e identificados.

Asimismo, también se ha diseñado un plan específico para el transporte público, pensado sobre todo, para los hurtos y delitos sexuales. Cabe destacar que en 2024 hubo casi un 40% menos de incidentes en metros, autobuses y tranvía que en 2019.

Por último, desde el consistorio han querido compartir los resultados del Plan Daga, puesto en marcha este mismo 2024 para intervenir la tenencia de armas blancas. En todo 2024 se intervinieron 3.371 armas y, si bien han disminuido lo robos violentos con cuchillo o navaja, han aumentado ligeramente los incidentes.  

Agentes antidisturbios de la Guàrdia Urbana de Barcelona han cargado con golpes de porra contra los manifestantes convocados frente el edificio ocupado de la Antiga Massana, en el barrio del Raval, mientras intentan impedir su desalojo. Los concentrados han denunciado que hay “decenas” de personas heridas y seis detenidas.

Este edificio, de titularidad municipal, albergó la escuela de arte Massana, pero desde hace algunos años está ocupado por diversos colectivos que lo mantienen como centro de atención para colectivos vulnerables del barrio y como sede de reunión. Algunas de las entidades que lo gestionan son el Sindicato de Vivienda del Raval o la Red de Apoyo Alimentario.

Hace meses que el Ayuntamiento está pendiente de ejecutar el desalojo y finalmente la fecha fijada ha sido este martes. Desde la Antiga Massana denuncian que se trata de un “desalojo ilegal”, ya que el operativo se ha llevado a cabo sin que los colectivos tuvieran conocimiento del mismo.

Según los portavoces, la Antigua Massana había formulado recursos que estaban pendientes de respuesta. “Ante esto, el Ayuntamiento ha decidido jugar sucio, abriendo un proceso exprés ignorándonos”. Fuentes municipales confirman a elDiario.es que la operación cuenta con la autorización del Juzgado Contencioso-Administrativo número 17 de Barcelona y aseguran que ha sido un proceso que ha contado “con todas las garantías legales”.

El operativo ha empezado sobre las 7 horas de la mañana y ha contado con agentes de la Guàrdia Urbana y de los Mossos d'Esquadra. En el momento en que los agentes se han personado en el inmueble no había nadie dentro, con lo que “no se trata de una desocupación, sino de una recuperación del espacio”, tal como ha asegurado Albert Batlle, teniente de alcaldía del Ayuntamiento, responsable del área de Prevención y Seguridad, y concejal del distrito de Ciutat Vella, en el que se encuentra la Antigua Massana.

Durante las primeras horas del día, han empezado a llegar manifestantes y, si bien la situación era tensa, las cargas policiales no han empezado hasta las 10 de la mañana, cuando se ha dado un forcejeo entre los concentrados y los agentes, que les han hecho retroceder. Según portavoces de la Antiga Massana, las cargas se han dado cuando los agentes, que ya habían podido entrar al edificio, estaban intentando sacar algunos materiales y objetos que estaban dentro.

La portavoz del edificio y miembro del Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya, Ariadna Garcia, ha criticado el desalojo de un espacio que define como “pieza clave de la organización de la clase trabajadora de la ciudad”. Asegura que se trata de un movimiento “capaz de ofrecer vivienda y cultura gratuitas universales”.

Por su parte, Batlle ha insistido en que la voluntad del consistorio es “reforzar” los usos públicos del espacio y “cambiar las dinámicas de su entorno”. Asimismo, ha definido la Antiga Massana como una “pieza clave” del proyecto de transformación urbanístico de la zona, con el que quieren “preservar sus usos académicos, culturales y académicos”. “Los intereses de unos pocos no pueden estar por encima de interés general”, ha asegurado.

Desde los colectivos que defienden el espacio insisten en que no se oponen a brindar un uso público a este equipamiento y, por eso, desde el primer momento en que se inició el expediente de recuperación del inmueble, en 2021, pidieron mediación con el Ayuntamiento. Pero la postura del consistorio era que “no habría mediación mientras prosiguiera la ocupación”, tal como ha apuntado Batlle. Ahora, tras el desalojo, el teniente de alcaldía ha asegurado que ya no hay espacio posible para el diálogo con los ocupantes.

Los concentrados han cargado contra la gestión del Ayuntamiento por “seguir ahogando a la clase trabajadora para mantener los beneficios de especuladores y empresarios”. Si bien la mayoría de cánticos han sido para el PSC, partido del alcalde Collboni, otras formaciones también han recibido críticas.

Un ejemplo han sido los abucheos que ha recibido Jordi Rabassa, concejal de los Comuns, que se ha acercado al desalojo para apoyar a los manifestantes, pero ha sido expulsado de la convocatoria. “No queremos aquí a ningún político profesional cuando son los responsables de este desahucio”, han dicho a través de X.

Sobre los materiales requisados, Batlle ha asegurado que, en todo momento, han estado en contacto con la escuela de arte que antes usaba el edificio y se les devolverá todo lo que fuera de su propiedad. El resto ha sido llevado a dependencias municipales y, según el teniente de alcalde, será devuelto a sus dueños siempre y cuando puedan acreditar la propiedad.

La Guàrdia Urbana de Barcelona se convertirá en el próximo cuerpo policial en adquirir pistolas eléctricas. La policía municipal de la capital catalana ha presentado este viernes su reglamento de uso de este tipo de armamento, que contempla su uso en personas con problemas de salud mental en situaciones de riesgo de suicidio o autolesión, uno de los supuestos desaconsejados por entidades internacionales de derechos humanos.

A grandes rasgos, el reglamento de la Guàrdia Urbana sobre el uso de las conocidas como pistolas Taser sigue la línea del de los Mossos d'Esquadra, incluso en sus aspectos más polémicos. Por ejemplo, permite disparar a adolescentes entre 15 y 18 años, ya que solo prohíbe su uso en menores de 14. También autoriza su disparo en tentativas de suicidio “siempre que se valore que no se provocará un mal menor al que se quiere evitar”.

Los Mossos d'Esquadra han realizado 212 disparos en seis años de pistolas Taser. La única víctima mortal por este tipo de pistolas ha sido precisamente un enfermo de esquizofrenia al que los agentes dispararon hasta seis veces durante una crisis.

Es precisamente en estos casos tan complejos de actuación policial donde el reglamento de la policía catalana sobre el uso de las Taser de la Urbana y de los Mossos choca con las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos. El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa pide evitar el empleo de pistolas eléctricas en personas intoxicadas por el alcohol u otras drogas así como contra enfermos mentales, ya que pueden no entender los avisos previos al uso de este tipo de armamento.

El concejal de los Comuns Marc Serra ha criticado el reglamento y la adquisición de pistolas, que ha considerado “pura doctrina del 'shock'”. “Hace falta más prevención, policía de proximidad en los barrios, agilizar los procedimientos judiciales e invertir en políticas contra las desigualdades sociales”, ha agregado.

El mayor problema del uso de las Taser es la imposibilidad del agente para saber a simple vista, por ejemplo, si la persona que recibe el disparo tiene una cardiopatía, un supuesto que, junto al consumo de alcohol y drogas o los problemas psiquiátricos, puede comportar graves consecuencias cuando se recibe la descarga eléctrica de bajo amperaje.

El intendente jefe de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, ha defendido que, incluso en estos supuestos más complejos, los agentes usarán la Taser bajo los principios de oportunidad, necesidad y proporcionalidad. Sin embargo, el reglamento no establece un límite de disparos. “Normalmente con un solo uso pensamos que será suficiente, pero dependerá de cada caso”, ha explicado el responsable policial.

Una vez presentado el reglamento a los grupos municipales, el gobierno municipal lo aprobará de forma inicial en las próximas semanas. Luego se abrirá un plazo de alegaciones. Una vez cumplidos los trámites, se llevará a cabo la compra de las primeras 22 pistolas eléctricas y la intención es que se disponga ya de ellas a principios de 2026.

El reglamento también contempla que todas las actuaciones con las Taser quedarán grabadas en vídeo y que cada disparo se evalúe y audite por parte de responsables policiales. En el conjunto de España, unos 280 cuerpos de policía local disponen de pistolas eléctricas, de los que 78 están en Catalunya.

Eran las nueve de la noche del pasado 10 de abril cuando la médica Margarita Bofarull caminaba por la calle Pelai en el centro de Barcelona. Vio a un hombre inmóvil con los pies encima de la acera y el resto del cuerpo en la calzada. A su alrededor había varias botellas de alcohol y estaba junto a otro hombre. “No estaba durmiendo. No reaccionaba bien”, explica ella. “Estaba tal vez en un pre-coma etílico”.

Bofarull llamó a emergencias y esperó a la ambulancia y a los agentes de Mossos d’Esquadra que prometieron enviar. La patrulla nunca llegó, pero sí apareció por el lugar una pareja de guardias urbanos que pasaban con el coche y bajaron a ver qué sucedía.

Después de realizar una primera exploración y comprobar el estado del hombre, los agentes procedieron a intentar subirlo a la acera sin éxito y volvieron a su vehículo. “Es un caso perdido”, dijeron mientras se iban, en una escena que también presenció elDiario.es.

“Estaba en muy malas condiciones”, afirma la doctora Margarita Bofarull Buñuel, presidenta del Patronato del Instituto Borja de Bioética y miembro del Consejo Directivo de la Pontificia Academia por la Vida del Vaticano. 

El hombre que Bofarull encontró era una de las más de 1.300 personas que viven en las calles de Barcelona. Esta cifra no deja de crecer y, desde 2008, la Fundació Arrels, que atiende a personas sin hogar, ya ha contabilizado un aumento de más de 700 nuevos casos. 

Esa noche de abril, Bofarull se acercó al afectado. A su lado había un joven nervioso que intentaba despertarle. Y detrás, con la espalda en la pared, rodeados de mantas y cartones, había tres hombres más, todos ellos personas sin hogar. La doctora comprobó que el desmayado respiraba, pero aun así no respondía a estímulos.

Cuando esta médica llamó al teléfono de emergencias, le preguntaron por la edad del paciente. Ella respondió que parecía una persona mayor y entonces dijo algo que ella misma considera un “error”: avisó de que parecía una persona sinhogar. 

“No debería haber dicho eso, porque el resultado fue una espera de 50 minutos para una ambulancia en el centro de Barcelona”, asegura ella.

Cuando llevaban 20 minutos de espera apareció una furgoneta de los Mossos d’Esquadra. Iban con las sirenas encendidas, pero sin sonido. La doctora hizo señas para intentar que pararan, pensando que habían venido a ayudar, “pero pasaron de largo”, rememora. 

Bofarull hizo una segunda llamada a las 21:52 horas, quejándose por la larga espera. Fue después de colgar cuando pasó la patrulla de la guardia urbana en coche y, al ver la situación, se acercaron. “No venían porque estuvieran avisados por el 112, sino porque pasaban por ahí”, recuerda Bofarull. 

“Ya verás cómo responde rápido”, dijo uno de los agentes de policía antes de iniciar punciones con un bolígrafo debajo de las uñas del hombre inconsciente. Posteriormente pasó a otros puntos dolorosos como detrás de las orejas o en el pezón pero el paciente no respondió. “El segundo agente, con una linterna, intentó mirar la reactividad de las pupilas y observó que no había midriasis”, explica la doctora. Es decir, la pupila no se contrajo.

Pese a la preocupación de la doctora y del agente que había iluminado los ojos del afectado, el primer policía quiso desplazarlo hacia la acera. Durante el proceso empezó a responder al movimiento y abortaron la misión. Bofarull asegura que escuchó decir al policía que cancelaran la ambulancia, que ya había “resucitado”. 

“Lo justificaron diciendo que el afectado, que apenas podía hablar debido a su estado, se había negado a recibir asistencia del servicio de emergencia. Tanto la médica como la redactora de este periódico que presenciaron los hechos niegan que esto ocurriera.

Según trasladaron los dos agentes de la Guardia Urbana en su resumen de actuaciones, el hombre fue atendido por dos enfermeras fuera de servicio. Las únicas personas que estaban ahí, sin embargo, fueron la doctora Bofarull, que se identificó como tal, y esta periodista en prácticas. Ninguna de las dos era enfermera ni tampoco pudo atender ni tocar al hombre inconsciente, que era atendido solamente por su compañero también sin techo.

“¿Qué culpa tengo yo de que se emborrachen?”, dijo uno de los agentes ante los reproches de las presentes, antes de añadir que atender a ese hombre suponía un “gasto de recursos”.

Según cuenta la testigo, el policía se justificó diciendo que hay muchos casos como esos en el área del Raval, en el centro de Barcelona, e indicó a la médica que se apartara al otro lado de la acera para preservar su seguridad en caso de que los sinhogar se pusieran agresivos. Fue entonces cuando los agentes se subieron al coche y se marcharon asegurando que era “un caso perdido”.

El hombre fue finalmente atendido por los servicios de emergencia alrededor de las 22:20 horas, 50 minutos después de la primera llamada, cuando una ambulancia llegó al lugar de los hechos. 

Bofarull avisa de que situaciones como estas, en la que una persona sin techo alcanza este estado de embriaguez, pueden llegar a ser mortales, ya que en los comas etílicos hay una depresión del sistema respiratorio, una gran vasodilatación, lo cual hace además que la gente sin hogar quede a la merced de otras personas que les puedan causar daño sin ellos poder defenderse. 

Fuentes judiciales han confirmado que la Guardia Urbana tiene la obligación de acompañar y asistir a las personas sin techo, sobre todo en casos como estos donde se encuentran en un estado vulnerable. Según los parámetros de atención a las personas sin hogar del mismo cuerpo, deben asistir a estas personas cuando requieran atención inmediata así como facilitar la vinculación de estas a los servicios de atención social y sanitaria. 

Desde el Ayuntamiento de Barcelona afirman que “se debería abrir una investigación siempre y cuando se vea una actuación policial que no se ajusta a los principios básicos de actuación, abuso o similar”.

El ‘Pla Endreça’ y el sinhogarismo

Situaciones similares donde se evidencia la desprotección de las personas sin hogar son cada vez más comunes en la capital catalana. Desde la aplicación de el ‘Pla Endreça’ en Barcelona, cuyo abordaje primordial es el de la seguridad, la vida en la calle se ha vuelto aún más difícil. 

“Es un plan que hace referencia al espacio público, pero no tiene en cuenta el sinhogarismo”, afirma Beatriz Fernández, responsable del equipo jurídico de la fundación Arrels. Desde la entidad declaran que las medidas del Ayuntamiento han conllevado un endurecimiento de la aplicación de aquellas ordenanzas que rigen el uso de las calles. 

Según un comunicado de Arrels, algunas personas sinhogar han visto cómo sus pertenencias eran tiradas a la basura sin previo aviso, incluyendo cosas necesarias como las medicinas, la documentación o el teléfono móvil. 

También han sido multadas por infracciones como la falta de higiene personal a pesar de que no tienen ningún modo de pagar la sanción o de acatar esas normas de higiene. “Yo no tengo dinero, me busco la vida para comer”, cuenta uno de los sin hogar con los que Arrels trabaja. “¿Qué sentido tiene que te echen de la calle, si vives en ella?”.

La fundación hizo una instancia al respecto el pasado noviembre al Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo en Catalunya). El Síndic mostró su preocupación por el hecho de que “la búsqueda de la excelencia en el espacio público que busca el ‘Pla Endreça’” pueda tener un “impacto negativo” para las personas sin hogar. En su respuesta, el Defensor del Pueblo recordó que, para estos ciudadanos, el espacio público no solo es un espacio de uso común sino también el lugar en el que viven. 

Un juzgado de Barcelona ha denegado la admisión a trámite de un atestado de Asuntos Internos de la Guàrdia Urbana que denunciaba a cuatro agentes por haberse quedado objetos decomisados a unos vendedores de top manta en agosto. El magistrado considera que no se trata de un delito y que, como mucho, debería ser un hecho a investigar por las vías internas del cuerpo policial.

Según el atestado de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos, el 5 de agosto cuatro agentes intervinieron en la Rambla de Barcelona diversos objetos, posiblemente piezas de ropa y calzado, que tenían expuestos a la venta unos manteros. Estos huyeron al ver llegar a la policía y abandonaron la mercancía.

Los agentes, en lugar de hacer los trámites administrativos pertinentes antes de destruir la ropa -que se supone que era falsificada- presuntamente se la quedaron y no comunicaron el decomiso.

A finales de agosto, el Ayuntamiento tuvo constancia de esta supuesta manipulación negligente en la custodia del material y abrió un expediente disciplinario de los cuatro agentes, a los que se aplicaron medidas cautelares desde mediados de septiembre. Se les suspendió de sueldo y empleo y se llevó el expediente a fiscalía, que quedó suspendido hasta que el juez decidiera.

La interlocutoria señala que se desconoce exactamente qué objetos fueron decomisados y si se los repartieron entre todos los agentes o sólo se los quedó uno de ellos. También recuerda que los hechos se descubrieron en septiembre, cosa que impide hacer una cronología de los hechos y, además, considera que los hechos no son delictivos.

De hecho, el magistrado apunta que, ni siquiera, son malversación, porque los objetos que se habrían quedado no eran patrimonio público. Tampoco considera que sea un delito contra el patrimonio porque no hay un perjudicado concreto y tampoco tienen un valor concreto, ya que son piezas falsificadas que deberían haber sido destruidas.

El desconocimiento del valor de los productos decomisados ha jugado en favor de los agentes, pero en otros momentos también ha sido clave para la absolución de vendedores ambulantes. De hecho, en 2019, la Audiencia Provincial ya descartó que el top manta causara graves perjuicios a las marcas de lujo.

Por su parte, el Sindicato Mantero de Barcelona ha denunciado que se trata de una práctica habitual entre los agentes, sobre todo en épocas estivales y festivas como Navidad.

El 4 de mayo de 2017, un coche calcinado con un cadáver en el maletero apareció en una pista forestal en las inmediaciones del pantano de Foix. Eran los restos mortales de Pedro Rodríguez, un policía local de Barcelona que por aquel entonces estaba suspendido de empleo. La Justicia acreditó después –la sentencia ya es firme– que fue asesinado por su entonces pareja, Rosa Peral, y el amante de ésta, Albert López. El caso, muy mediático en su día, ha vuelto a la actualidad tras el estreno en Netflix de una serie de ficción y un documental en el que la asesina da su versión de los hechos a través de varias videollamadas realizadas desde la cabina de la prisión en la que cumple la condena a 25 años de cárcel que le impuso la Audiencia de Barcelona. Todo, sin avisar al departamento de Justicia de la Generalitat.

Esas llamadas –y otra entrevista que dio el pasado miércoles a Catalunya Rádio– están en el origen del expediente que le ha abierto el Govern por usar sus comunicaciones previstas para familiares y amigos para hablar con la productora y un medio. Más allá del interés que desató el llamado ‘crimen de la guardia urbana’ y la expectación generada por estas emisiones, la exposición mediática de Peral y la respuesta del Ejecutivo catalán ponen de nuevo el foco sobre un debate pertinente y con grandes implicaciones para la población reclusa y el derecho a la información: hasta qué punto la privación de libertad tras haber delinquido restringe la libertad de expresión. 

Es una cuestión que el Tribunal Constitucional abordó en 2020, cuando reconoció por primera vez en España el derecho de las personas presas a comunicarse libremente con periodistas. El tribunal falló que se había vulnerado el derecho “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones” y “a comunicar libremente información veraz” de Antonio, un interno al que en enero de 2017 la prisión de Córdoba le denegó la solicitud formal para concertar un encuentro informativo con elDiario.es Andalucía. 

Los reclusos tienen autorizadas las comunicaciones con familia o amigos. Las visitas están tasadas y pueden realizar 20 llamadas telefónicas a la semana –antes eran 15– con una duración máxima de ocho minutos cada una. Para ello, cada preso tiene diez números autorizados. Sin embargo, si quieren conceder entrevistas a medios deben pedir permiso a la dirección del centro, que emite un informe al respecto y traslada el asunto a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que tiene la última palabra. Después, cabe recurso por la vía judicial ante el juez de vigilancia penitenciaria. 

En esa pionera sentencia de 2020, el Constitucional admitió que la regulación de las comunicaciones con distintos profesionales como pueden ser los periodistas es la “menos garantista” de entre todas a las que pueden acceder los internos (familiares, amigos, abogados…). Y ocurre así porque “no se prevé ni los casos ni las formas en que pueden ser denegadas, quedando completamente al margen de la decisión o de su posterior convalidación por el juez de vigilancia penitenciaria”. No obstante, el tribunal advierte de que esa “exigua regulación legal” no puede interpretarse como una vía para que la administración penitenciaria pueda “restringir a su antojo” los derechos de los reclusos. 

Según esa resolución, para que la limitación de derechos sea “constitucionalmente admisible” tiene que haber “motivos específicos” que justifiquen, en el caso concreto, que hay un “conflicto real de intereses” entre el ejercicio del derecho por parte del preso y otras cuestiones como el orden y la seguridad del centro. Tras la sentencia del Constitucional, Instituciones Penitenciarias aprobó una instrucción en la que estableció unas “pautas” con el procedimiento a seguir y detalló las “situaciones” que se valoran para autorizar o denegar las solicitudes, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los internos cuando solicitan una entrevista. 

A preguntas de elDiario.es, una portavoz de Instituciones Penitenciarias recuerda que, antes de tomar una decisión, se analizan “caso a caso” las “circunstancias concretas” de cada supuesto. A falta de una modificación legal o reglamentaria, se toma como base la citada instrucción. Según este documento, las solicitudes pueden ser denegadas si existen razones de seguridad (con especial atención a la protección de los funcionarios); de tratamiento penitenciario (se tiene en cuenta, por ejemplo, la repercusión en el proceso de reinserción del preso); y si hay indicios de que esa intervención pública “puede suponer una victimización secundaria para la persona afectada por el delito”. 

¿Censura previa?

En el citado caso de Antonio, la directora de la cárcel justificó su decisión en su resolución inicial con el argumento de que el recluso no había “motivado” la necesidad de esa entrevista y que, por tanto, no existían “garantías” de que se iba mantener la seguridad y el buen orden en el centro. Después, ya durante el procedimiento, alegó un supuesto “mal uso” de la libertad de expresión por el interno en una entrevista previa también con este periódico, en la que proporcionó opiniones sobre su percepción de la política de reinserción y del trato recibido en prisiones a lo largo de su vida. 

Es una justificación que el Constitucional consideró “inadmisible”. “La denegación se puede interpretar como reacción por haber ejercido esas libertades en un sentido que no fue del agrado de la dirección del centro penitenciario, siendo su verdadera finalidad evitar una nueva publicación cuyo contenido pudiera volver a disgustarle”, dice la sentencia, que sostiene que se “cercenó” la posibilidad de ejercer ese derecho. Y, además, con el “consiguiente efecto disuasorio del legítimo ejercicio de la libertad de expresión”. 

La instrucción que derivó de esa sentencia no exige en ningún caso que los internos justifiquen el motivo de la entrevista. Pero colectivos como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) consideran que sí incluye “ciertos límites que no son aceptables”, en palabras de Valentín Aguilar, abogado y miembro de esta organización que llevó el asunto del preso de Córdoba. “Para mi gusto la instrucción es un despropósito porque hace una especie de censura previa al incluir consideraciones paternalistas en relación al tratamiento, que es voluntario para los presos; o a los posibles daños a las víctimas”, sostiene. 

“Con la doctrina del Constitucional tendría que ser fácil poder entrevistar a cualquier preso. Debería bastar con la petición para que la autorización fuera automática salvo en casos muy concretos por motivos de seguridad. Por ejemplo, cuando un preso está incomunicado”, dice Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y exletrado del Constitucional que trabajó en el recurso de Antonio. 

A su juicio, sin embargo, ese texto “no es todo lo claro que debería”. “Cualquier motivo de denegación que se centre en posibles perjuicios del contenido es censura previa”, afirma. Cita, en este sentido, la alusión al derecho a la protección de la víctima para evitar el riesgo de una victimización secundaria o reiterada. La tesis de Urías es que hasta que no haya contenido no se puede determinar si ha existido ese daño. “A priori sería censura previa”, insiste. Y reitera que debería ser un análisis que se hiciera a posteriori, cuando sí se podrían imponer las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento del régimen penitenciario o incluso si se hubiera cometido un delito. 

En todo caso, los datos evidencian que las personas presas se abren despacio a tener voz propia en los medios de comunicación. El año pasado sólo se recibieron en Instituciones Penitenciarias 12 peticiones de presos para ser entrevistados. De ellas, se resolvieron nueve y seis lo hicieron de forma favorable. De las tres denegadas, una no fue concedida en virtud del Estatuto de la Víctima del Delito, otra por informes técnicos penitenciarios contrarios al encuentro (que un juzgado ha revocado) y otra porque un juzgado de vigilancia penitenciaria había avalado previamente la denegación, explican fuentes de ese departamento. En cuanto a las tres que no terminaron de resolverse, una fue retirada por el propio preso, otra derivó en una entrevista pero fuera del recinto penitenciario y otra no se correspondía con una entrevista propiamente dicha.

Para una población reclusa de casi 60.000 personas, una docena de peticiones –a las que habría que sumar las recibidas en Catalunya y el País Vasco, con las competencias transferidas– es un dato ínfimo. ¿Significa eso que hay desinterés entre los presos? Más que indiferencia, Valentín Aguilar cree que la clave es que los reclusos desconocen que tienen este derecho. “No saben que pueden pedirlo y tampoco es fácil que haya periodistas interesados”, dice este abogado, que rememora las entrevistas que el periodista Jesús Quintero realizó a decenas de presos en los años noventa. “Era otra época, pero parece que con el tiempo hemos ido para atrás”, sentencia.

El Ayuntamiento de Barcelona investiga una actuación de la Guardia Urbana al término de una fiesta juvenil que terminó con dos detenidos, el empleo de la fuerza por parte de los agentes y el uso de gas pimienta. El suceso, del que ha informado La Directa, tuvo lugar en la plaza Sant Josep Oriol, en el barrio Gótico de la capital catalana, cuando finalizaban los festejos del 49 aniversario del Agrupament Esplai Santa Maria del Pi, una organización educativa y de ocio infantil y juvenil.

El concejal de Ciutat Vella del consistorio, Jordi Rabassa, ha afirmado estar “muy preocupado” por lo que ocurrió en la fiesta. “Tanto yo como mi equipo estamos en contacto con las vecinas afectadas, porque nos preocupa lo que hemos visto”, ha añadido en Twitter. En la misma línea se ha expresado el concejal de Educación, Pau González. “Lo que hemos visto no puede repetirse, por eso se ha abierto investigación”, ha dicho.

La actuación policial tuvo lugar sobre las 2 de la madrugada, media hora después de la convenida a la que tenía que finalizar al fiesta, que contaba con autorización hasta ese momento. En el vídeo publicado por La Directa se observa como acudieron al lugar media docena de agentes. Entre gritos de los jóvenes monitores, se ve cómo los guardias urbanos reducen a uno de ellos y cómo uno usa un spray de gas pimienta. El altercado se saldó con dos de los jóvenes detenidos. 

Desde el Esplai del Pi han emitido un comunicado en el que aseguran que ya estaban recogiendo el material de la fiesta cuando los agentes hicieron acto de presencia y identificaron a dos de las asistentes. Sus compañeros se pusieron a grabar con el móvil, prosigue el texto, y fue entonces cuando uno de ellos “fue agarrado por el cuello y apartado de forma violenta”. Aseguran también que le romperion la mano y los dedos a otro joven.

Acto seguido, la situación “estalló” y, según la versión de los monitores, fue cuando la policía redujo a algunos de ellos, propinó puñetazos y usó el spray de gas. En total, eran una quincena de jóvenes los que quedaban..

Por contra, desde la Guardia Urbana aseguran que acudieron al lugar debido a las quejas de los vecinos y que los organizadores no pusieron fin a la fiesta pese a haberlo acordado. Fuentes de la policía local señalan que en vez de hacerles caso, les insultaron, les lanzaron latas y les empujaron para evitar que pudiesen identificar a algunos de los miembros del esplai. 

Cuando se llevaron a dos jóvenes aparte para levantar inspección de lo sucedido, prosigue la versión policial, uno de los organizadores “golpeó a un agente por la espalda”. Y acto seguido aseguran también que fueron agredidos por otros asistentes. Finalmente, detuvieron a dos personas y dos de los agentes fueron asistidos por “heridas leves y arañazos”.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha realizado durante el mes de diciembre 83 inspecciones a discotecas y bares musicales, de las cuales 68 (el 82%) han derivado en denuncia. Se trata de inspecciones realizadas en el marco del dispositivo de Navidad y que se centra en verificar el cumplimiento de las medidas contra incendios, iluminación de emergencia y vías de evacuación.

Los principales incumplimientos, tal como ha destacado el inspector Jordi Oliveras se basan en la falta de rótulos obligatorios como los que indican la prohibición de fumar o de consumo de alcohol por parte de menores, así como en el funcionamiento defectuoso de las luces de emergencia.

A pesar de las sanciones registradas, Oliveras destaca que la normativa es “muy exigente” y que los locales cumplen en general con ella. Así, ninguna de las inspecciones ha acabado con un cierre de local ni se ha detectado ninguna reiteración de una falta por parte de una sala que ya fuera denunciada.

Uno de los locales inspeccionados ha sido uno de los tres gestionados por el grupo Arena, con un aforo de 750 personas. El director del grupo, Marco Antonio García celebra que se hagan estas inspecciones. “En el día a día, cuando tienes a mucha gente, a veces no te das cuenta de ciertas cosas y la seguridad es muy importante”, dice.

Estas revisiones se hacen cuando los locales están cerrados y también cuando están en funcionamiento, en este caso con los agentes de paisano, para ver si se cumple el aforo.

Precisamente el aforo es uno de los problemas que destaca García, que apunta que cada sábado llenan la sala porque, debido a la pandemia, se han cerrado en Barcelona cerca de 200 salas de ocio nocturno. A la práctica, supone que mucha gente se queda en la calle, algunos haciendo botellón, lo que supone molestias para los vecinos.

García asegura que intentan mantener el orden tanto dentro como fuera de la sala, pero reclama que se revise el aforo de algunos locales, porque asegura que hay margen para ampliarlo. En esta línea, el Gremio de Discotecas hace meses que intenta trabajar con el Ayuntamiento para establecer aforos “correctos”.

A parte del dispositivo de Navidad, en Barcelona se han hecho 1.500 inspecciones en Barcelona, que han acabado con 4.000 denuncias.

La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido un chico menor de edad como presunto autor de una violación en un local de ocio de la Rambla de Barcelona.

La agresión sexual se ha producido hacia las 6 de la madrugada de este martes en la discoteca Colors Club, situada en el número 33 de la turística calle de la capital catalana.

La víctima, de 19 años, ha sido trasladada a un centro sanitario y se ha activado el protocolo de atención. El personal de seguridad de la discoteca ha colaborado en la identificación del presunto agresor, que se encuentra en las dependencias de los Mossos d'Esquadra antes de pasar a disposición del juez.