El Parlamento navarro está acostumbrado a operar en pleno agosto. Hace dos años, por ejemplo, la segunda investidura de María Chivite tuvo lugar incluso en festivo, el 15 de aquel mes. Ahora, en 2025, un 5 de agosto arrancarán los trabajos de la comisión de investigación constituida para analizar las derivadas en la comunidad foral de la presunta trama de corrupción en torno a Santos Cerdán, Koldo García y Antxon Alonso, entre otros. Se revisarán, específicamente, las adjudicaciones a Servinabar 2000 pero también una a Alegure, una filial sin trabajadores ni estructura que recibió un único contrato en UTE con Acciona, la construcción de un colegio en la localidad de Arbizu. A Alegure le correspondió el 25%, 817.034,34 euros, de una adjudicación cerrada en 3.183.228,23 euros y que luego fue revisada para incrementarlo en 84.909,14 euros. Todas las cantidades llevan el IVA incluido.

Alegure estaba domiciliada en el mismo lugar que Servinabar 2000, la pretendida pieza central de la trama y en la que, supuestamente, el exdirigente socialista Cerdán tenía intereses y participación a pesar de que el único administrador nominal era su amigo Alonso, natural de Gipuzkoa y residente en Bizkaia. Alegure se compone en un 96% de Servinabar 2000 y el 4% de Uribene, una entidad controlada por el empresario vasco Iñaki Alzaga, de Grupo Noticias, Euskaltel o Nortegás, entre otras. En las antiguas oficinas de Servinabar 2000, ya desmanteladas después de que trascendiera esta investigación, no había ningún rastro de esta otra empresa. Su única aparición pública conocida es como patrocinadora de un evento del Grupo Noticias en Pamplona.

Alegure solamente aparece en una ocasión en las adjudicaciones revisadas a cuenta de la investigación judicial. Se trata de un contrato en UTE con Acciona, como solía operar Servinabar 2000. Conformaron la UTE denominada CPEIP Arbizu específicamente para esta obra. Se impusieron en un concurso abierto pero que tuvo carácter “de urgencia” a Río Valle, EBA, Erri-Berri y Murias. En la parte técnica EBA tenía una propuesta que fue ligeramente más valorada, pero en la oferta económica la de Acciona y Alegure era claramente la mejor.

De hecho, incluido el modificado, el total facturado por la obra del colegio, que ya está operativo, no supera los 3.563.706,28 de tope máximo previsto por la Administración inicialmente. Se quedó en exactamente 3.268.137,37 euros. Es también más bajo que cualquiera de las otras ofertas del concurso. EBA, por ejemplo, propuso 3.314.596,22 euros.

La tramitación de esta adjudicación se hizo en la legislatura 2015-2019, con Uxue Barkos de Geroa Bai como presidenta y María Solana, de esa coalición y, en concreto, del PNV navarro, como consejera responsable. Todos los pasos del concurso los supervisó una mesa de contratación encabezada por el director del Servicio de Infraestructuras Educativas de Navarra. El modificado, en cambio, lo firmó ya el Ejecutivo de María Chivite, con Carlos Gimeno al frente de Educación. De hecho, consta en el expediente que el anterior equipo aceptaba dar más plazo pero no más dinero y que las empresas recurrieron y lograron esa compensación adicional.

En los pliegos del expediente hay algunas referencias a la “solvencia” requerida de las empresas contratistas. Se alude a unos mínimos de facturación, certificados de obras anteriores y a la necesidad de contar con un determinado equipo básico profesional. En uno de los apartados del expediente se indica que, en el caso de las UTE, la solvencia podrá ser demostrada “indistintamente” por cualquiera de sus integrantes o de forma “acumulativa”.

Ahora bien, los pliegos sí recalcan que las empresas habían de tener un objeto social con “relación directa” con la construcción. Servinabar 2000, por ejemplo, no lo tenía en aquella época. Se creó en 2015 para, entre otras cosas, “organización de todo tipo de eventos” pero no para obras públicas. En 2020 ya se le cambió la naturaleza para ser una constructora. Fue el 22 de mayo de 2018 cuando surgió la UTE entre Acciona y Alegure. Tomás Olarte, en nombre de la primera, y Alonso en nombre de Alegure firmaron un acuerdo en el cual la multinacional le cede un 25% de la participación a la sociedad de nueva creación (2017) y sin trabajadores fijos (según las cuentas presentadas al cierre de ese 2018) y solamente uno no fijo durante menos de un tercio del ejercicio.

El contrato de Alegure, así como todos los de Servinabar 2000, serán revisados desde este martes en la comisión de investigación. La sesión convocada tiene por objeto determinar el plan de trabajo de este foro parlamentario toda vez de que los grupos han lanzado ya sus propuestas de comparecencias y de peticiones de documentación. UPN, EH Bildu, Geroa Bai, PP y Vox quieren que comparezca Cerdán. Hay también planteamientos para que intervengan Alonso o García. Se puede leer aquí más sobre las propuestas de cada partido.

Unai Hualde (Alsasua, 1976) será reelegido sin oposición alguna como presidente del PNV de Navarra. Además, según la documentación interna a la que ha tenido acceso este periódico, está ya totalmente decidido el equipo que le acompañará en la dirección regional toda vez que ha dimitido María Solana como 'número dos' y como candidata a continuar en el conocido como NBB. En la segunda vuelta, en los 'batzokis' navarros solamente podrán ser elegidas diez personas como 'burukides', tantas como plazas en liza.

El nuevo NBB estará compuesto (por orden alfabético) por Carlos de Andrés, Juanjo Ausán, Idoia de Carlos, Luis de Potestad, Ione Fagoaga, Amaiur Guindeo, Anika Luján, Javier Ollo (alcalde de Alsasua y nuevo parlamentario foral), Blanca Regúlez (también parlamentaria) y Andoni Serrano. El partido tendrá que 'levantar' dos incompatibilidades estatutarias en las que incurre Hualde, la de ser al mismo tiempo presidente del Parlamento y de su formación política y la de acumular más mandatos en la dirección que los permitidos. Es algo habitual en el PNV y más en el de Navarra, con menos estructura y cuadros.

Hualde será el único de los cinco líderes territoriales que continúe, ya que José Antonio Suso en Álava, Itxaso Atutxa en Bizkaia, Joseba Egibar en Gipuzkoa y Peio Etxeleku en Iparralde han dejado sus cargos por variadas razones. En Álava y Bizkaia, además, hay dos candidatos optando a la presidencia. Todos los líderes regionales son miembros del Euzkadi Buru Batzar y se suman a los elegidos expresamente en otro proceso que se iniciará cuando finalice esta doble vuelta en las territoriales. Andoni Ortuzar aún no ha confirmado si seguirá o no al frente del PNV.

La dirigente María Solana estaba en la lista inicial para seguir en el NBB. De hecho, en la primera vuelta había contado con el apoyo de ocho organizaciones municipales para continuar. Pero el partido la ha ubicado en su cuota en el consejo de RTVE y ha renunciado a seguir en el proceso interno. También ha dimitido ya del NBB y como parlamentaria foral, dejando paso a Ollo, según indican fuentes de la formación.

El proceso interno del PNV sirve también para elegir a los representantes regionales en la asamblea nacional (el Parlamento y máximo órgano decisorio entre congresos) y en los tribunales internos. Entre los nombres que aparecen en esos listados sobresale el de Daniel Innerarity, filósofo y que, según se ha explicado a los afiliados, ya tuvo asiento en la asamblea nacional e incluso en el EBB. Ha sido candidato en algunas convocatorias electorales dentro de la coalición que integra al PNV en Navarra, Geroa Bai, sin resultar elegido. Igualmente consta Manuel Ayerdi, expresidente del partido, exvicepresidente del Gobierno foral con Uxue Barkos y apartado de la primera línea por una investigación penal que ya quedó archivada por cuestiones formales en torno a la empresa Davalor.

Precisamente este lunes ha tomado posesión como nuevo parlamentario de Geroa Bai en la Cámara foral Ollo. Sustituye a Solana. Ollo (Alsasua, 1990) compatibilizará tres cargos: la alcaldía del principal feudo del PNV en Navarra -de allí salió también Hualde-, el escaño y su puesto en el NBB. Es regidor desde 2015.

En las elecciones al Parlamento de Navarra del 2023 ocupó el puesto número 11 de la lista de Geroa Bai, encabezada por la expresidenta Uxue Barkos, quien dejó la Cámara foral a las pocas semanas de tomar posesión tras ser designada como senadora autonómica merced al acuerdo de Gobierno firmado entre PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre).

Solana ha tenido que renunciar a su acta de parlamentaria por ser un cargo incompatible con su nuevo puesto en el consejo de RTVE, para el que fue propuesta por Ortuzar y en sustitución del presidente de la editora de 'Deia' y otras cabeceras, Juanjo Baños. Tras haber recibido el aval de la Comisión de Nombramientos del Congreso la semana pasada, Solana deberá ser ratificada, junto con los otros diez candidatos propuestos por PSOE, Sumar, ERC, Junts y Podemos, por el pleno de la Cámara baja. Solana era la 'número dos' del PNV en Navarra y fue también cabeza de lista de Geroa Bai en las elecciones generales del 2023, en las que no logró obtener un escaño. Anteriormente fue portavoz y consejera de Educación del Gobierno de Navarra durante la presidencia de Barkos.

Jornada maratoniana en Navarra en las negociaciones para conformar Gobierno. Geroa Bai, la coalición integrada por Socialverdes y PNV que lidera la expresidenta Uxue Barkos, están tensando la cuerda y, por el momento, no termina de dar luz verde a la continuidad del Gobierno de coalición en Navarra con PSN y Contigo/Zurekin, la marca de Podemos, IU, Batzarre y Berdeak Equo, entre otros, que ya aceptó la pasada semana. A las 20.30 horas, los partidos continuaban reunidos en la sede del Parlamento, en el centro de Pamplona.

Han pasado dos meses largos desde las elecciones forales y quedan apenas tres semanas para no tener que repetirlas, por lo que el tiempo empieza a apretar. La formación de Barkos, con todo, se había asegurado ya mantener todos sus cargos de la pasada legislatura (presidencia del Parlamento ya lograda, senador autonómico y cuatro carteras del futuro gabinete cambiando Vivienda por Salud -una cartera de 1.300 millones en vez de una de 88- y una de ellas con menos competencias pero con el rango de vicepresidencia segunda) pero está elevando a la categoría de críticas algunas diferencias programáticas con el PSN y también la fórmula de relación dentro del gabinete compartido.

Este lunes ha sido una jornada frenética en pleno agosto. Por la mañana, a las 10.00 horas, Geroa Bai ha mantenido una reunión interna a la que han llegado separadamente las dos patas de la formación. Después, a las 17.00 horas y en el Parlamento, una amplísima delegación de Geroa Bai encabezada por Barkos y con dirigentes de PNV y de Socialverdes se ha reunido con los equipos de PSN y Contigo/Zurekin. En estas semanas, están capitaneando las negociaciones por un lado una dirigente del PNV navarro, María Solana, y, por el otro, el socialverde Pablo Azcona.

El encuentro ha ido teniendo al menos dos recesos, según las fuentes consultadas, de modo que las partes han ido analizando las contrapropuestas. La que será presidenta, María Chivite, no ha participado en las conversaciones, aunque sí ha estado permanentemente informada por sus colaboradores, encabezados por Ramón Alzórriz.

Ya el pasado viernes Geroa Bai desactivó la euforia del entorno de Chivite asegurando que quedaba mucho trecho. Llevan semanas exhibiendo sus reticencias a pesar de que el 28M les dejó con menos fuerza que el pasado cuatrienio. Geroa Bai ha caído de tercera a cuarta fuerza en el Parlamento navarro, superada por EH Bildu. Retiene siete escaños y uno de los argumentos esgrimidos en los últimos días es que cuatro áreas de trece totales de la coalición de Gobierno no representan el tercio que suponen los siete escaños de 21 que tendría ese Ejecutivo compartido.

Con todo, internamente no prevén que la sangre llegue al río y que haya que forzar la repetición electoral. Geroa Bai, en las generales, cayó a la séptima plaza, superada incluso por Vox. Es más, EH Bildu ya se ha ofrecido a pasar de la abstención activa imprescindible para superar al bloque de la derecha, como en 2019, al 'sí'. Chivite teme ahora menos esta opción dado que Pedro Sánchez está en la misma tesitura con los diputados abertzales en el Congreso para su propia investidura. En todo caso, el proceso parlamentario tiene que ser activado con una ronda que controla precisamente Geroa Bai, ya que el presidente de la Cámara es el líder del PNV navarro, Unai Hualde.

Geroa Bai (la marca de Socialverdes y PNV) ha rechazado este lunes la propuesta de estructura del PSN en las negociaciones, junto con Contigo-Zurekin, para la conformación del nuevo Gobierno de Navarra. La reducción de funciones que se le oferta les parece una “invitación” para que la coalición vasquista “abandone” el Ejecutivo foral. De seguir en esta senda, Geroa Bai ha emplazado a los socialistas a negociar con EH Bildu, una opción a la que “no se opondrá en ningún caso”.

La coalición reclama un Gobierno “en las mismas condiciones” que el actual y “manteniendo las mismas competencias”, aunque cayeran de tercera a cuarta fuerza en las forales y a séptima fuerza en las generales. Han acusado al PSN de querer “castigar” a Geroa Bai con una “rebaja” de responsabilidades y de “vaciar de contenido” los departamentos que actualmente gestiona, principalmente del área económica. Geroa Bai, con todo, ya logró la presidencia del Parlamento por segunda legislatura consecutiva con el presidente del PNV navarro, Unai Hualde.

Los dirigentes Pablo Azcona y María Solana, representantes de la coalición en las negociaciones, han convocado una nueva rueda de prensa este lunes por la tarde para denunciar esta situación. Han expresado su “preocupación” por los “plazos críticos” en los que se encuentra la negociación y han censurado la “actitud obstruccionista” de los socialistas, informa Europa Press.

Azcona ha calificado de “inadmisible” la propuesta de estructura del Ejecutivo foral realizada por los socialistas, que ha interpretado como una “clara invitación” para que Geroa Bai “abandone” el Gobierno. En este sentido, ha opinado que se pretende “castigar a Geroa Bai con una rebaja en la responsabilidad de gestión” a la vez que se plantea una “acumulación de poder organizativo en manos del PSN” que “no se corresponde” con los resultados de las elecciones forales. Ha asegurado que el apoyo a Geroa Bai en las elecciones del 28M coloca a la coalición como un “actor imprescindible para un proyecto popular y progresista” y ha reivindicado un acuerdo de contenidos y estructura en el que todas las fuerzas estén “cómodas”. En este sentido, ha reclamado “mantener la misma representación para garantizar” que se sigan desarrollando en Navarra “políticas progresistas”.

Sin embargo, ha reprochado que el PSN pretende “concentrar poder orgánico en una remodelación que reduce la presencia de Geroa Bai e intenta vaciar de contenido algunas áreas estratégicas” gestionadas por la coalición. Por ello, ante la “premura de los tiempos”, ha trasladado al PSN su “preocupación” de que “no se pueda llegar en tiempo y forma a la conformación de un gobierno progresista y plural” y le ha exigido que “reconduzca” las negociaciones. Por su parte, María Solana ha emplazado al Partido Socialista, si sigue “en su empeño de forzar a Geroa Bai a que abandone el Gobierno, a que explore las alternativas posibles para la conformación de un gobierno plural” con “la otra fuerza progresista del arco parlamentario”, en referencia a EH Bildu. Una posibilidad ante la que Geroa Bai “con sus votos no se opondrá en ningún caso”.

No obstante, ha advertido de que, “si las intenciones del PSN pasan por acomodar el Gobierno a posibles necesidades en Madrid, entonces nos tendrán frontalmente en contra”, en referencia a un acuerdo con UPN para facilitar la investidura de Pedro Sánchez que es políticamente improbable. Al respecto, ha expresado su preocupación de que los resultados de las elecciones generales “lleven al PSOE a buscar equilibrios en Madrid a costa del Gobierno de Navarra”.

Solana ha llamado al PSN a que “vuelva a la senda del sentido común”. “Revalidemos el acuerdo alcanzado en 2019 en términos de corresponsabilidad”, ha emplazado. Y ha insistido en que, “si su intención es mantener a Geroa Bai fuera del Gobierno, que busque ya el acuerdo” con EH Bildu. “Si su intención es otra, pedimos que explique ya a la ciudadanía por qué estamos en el punto de bloqueo”, ha añadido. Solana ha lamentado que se han celebrado varias reuniones pero “no se ha avanzado nada” y ha destacado que “hay profundos desacuerdos y diferencias”. Ha afirmado que si se negociará la estructura del gobierno “a peso”, a Geroa Bai le correspondería “más” de lo que exige en estos momentos. Así, ha recordado que en 2019 Geroa Bai tuvo nueve escaños y el PSN 11, pero en el Gobierno foral la coalición ostenta cuatro consejerías y el PSN ocho. La propuesta que hay ahora encima de la mesa es “todavía más desproporcionada si cabe”, ha afeado.

María Solana Arana (1975) ha tenido una carrera breve pero intensa en política. Fue elegida como parlamentaria foral por Geroa Bai en mayo de 2015, y en septiembre de 2016 fue nombrada portavoz del Gobierno de Navarra. Pocos meses después, en abril de 2017, sustituyó a José Luis Mendoza como consejera de Educación del Ejecutivo foral. Ahora se presenta candidata al Congreso de los Diputados por Geroa Bai, con el objetivo de “llevar la voz de Navarra a Madrid”. Recibe a este periódico en la sede de Geroa Bai en plenos preparativos para el inicio de la campaña electoral.

Arrancamos por el caso Alsasua, ¿cómo valora la sentencia?

Más que la sentencia, me gustaría valorar todo lo que ha ocurrido en torno a ese procedimiento desde que se iniciara y se sacara de la Audiencia Provincial de Navarra, algo que no debió ocurrir nunca. Nosotras hemos defendido que, tal y como la propia Audiencia Provincial reivindicó en su momento, tenía que haberse dejado aquí el hecho. No solo no se hizo, es que además se pasó a la Audiencia Nacional porque medió la acusación de Terrorismo. El inicio de todo fue la agresión que tuvo lugar aquella fatídica noche en octubre de hace tres años. Aquella agresión, Geroa Bai la condenó con contundencia en cuanto tuvo conocimiento de ella, y el Gobierno, entonces presidido por Uxue Barkos, también salió con una condena. A partir de ahí, el Gobierno ha apoyado a Alsasua porque creemos que en todo este proceso ha habido también un agraviado que ha sido el pueblo de Alsasua. Con el tiempo, hemos visto cómo han ido sucediéndose una serie de sentencias que van dando la razón tanto a los padres y a las madres, como al resto que hemos mantenido que había una desproporción, que no se estaba juzgando donde se debía, que se estaba utilizando una serie de agravantes que no procedían y, lo que tantas veces hemos repetido, que no puede ser que el Código Penal se aplique en función del código postal.

¿Se ha sentido excluida de la entrega de los premios Skolae? El premio lo recogió la presidenta, María Chivite, algunos redactores estuvieron entre el público, pero, ¿le hubiera gustado haber participado de alguna manera en esa entrega?

Yo creo que hubiera sido un detalle bonito. Somos compañeras de Gobierno, y habiendo sido bajo mi mandato en la anterior legislatura cuando se inicia Skolae y se inicia la generalización del programa, que es lo que ha premiado Unesco, pues hubiera sido elegante y un bonito detalle que la presidenta me hubiera invitado. Yo valoro mucho que haya ido la presidenta a recoger el galardón porque le da la entidad que para mí tiene, y eso me parece una apuesta firme del Gobierno actual en favor de Skolae, pero hubiera sido bonito que me hubiera invitado a acudir con ella. Los redactores y las redactoras tampoco estuvieron invitados por el Gobierno de Navarra. Sí lo estuvieron por Unesco y participaron en el acto como público, aunque también para ellos, de alguna manera fue una pena no haberlo podido hacer de la mano de la institución para la que han creado el programa. No sé, supongo que son cuestiones que con el tiempo verán, igual que nosotras hemos visto, que hubiera hablado mucho mejor del actual Gobierno si hubieran incluido a estas personas redactoras y a quien lo impulsó políticamente desde el anterior gobierno. Yo valoro que haya ido la presidenta a recogerlo, y sobre todo, valoro el premio. Lo viví como un reconocimiento a un trabajo que fue muy duro.

De momento se garantiza que va estar en todos los colegios...

No, de momento se dice que va a estar en todos los colegios. Garantía no tenemos todavía. Es verdad que se va tarde, pero desde el departamento de Educación han garantizado que van a poner todo de su parte para proseguir con lo que estaba previsto, que es la generalización hasta llegar a todos los centros. Pero, de momento, estamos a la espera.

Hablamos ya de la Ley de Símbolos, un cambio de postura de última hora del PSN ha permitido que se admita a trámite. ¿Cuál va a ser la postura de Geroa Bai en ese debate? ¿Qué opinión le merece el cambio de postura de sus compañeros de Gobierno?

Yo no estoy en contra de los cambios de postura. Concretamente, estoy bastante contenta de ver cómo el PSN ha suavizado algunas de sus posiciones, en tanto que se ha retirado un poco de aquella trinchera que se excavó en la legislatura pasada y que nos separaba tantísimo. Por eso creo que es importante poner en valor ese cambio de posición a posiciones más moderadas y más razonables. También con la Ley de Símbolos espero y confío en que suceda lo mismo. Es verdad que ha votado a favor de la admisión a trámite, que no quiere decir que vaya a votar a favor del contenido de la ley, tal como está. El propio portavoz socialista fue claro en indicar que tal y como estaba, era prácticamente imposible aceptarla. Se va a abrir un periodo de enmiendas y habrá opciones de modificar la propuesta. Pero hay una cosa que no hay que perder de vista, y es que la proposición de ley de Navarra Suma va con un informe contrario del Gobierno de Navarra. Considero que se tenía que haber obrado conforme a lo que Gobierno había expresado. No se hizo y ahora veremos cuál es la posición.

Sobre la devolución del IRPF por maternidad. El Gobierno se ha comprometido a dar una solución por todos los medios. ¿Le parece que se puede sentar un precedente peligroso al buscar todas las soluciones posibles a esta cuestión a pesar de que existe una sentencia judicial que impide la exención?

Un precedente peligroso era haber prevaricado, que era lo que se nos pedía al Gobierno anterior. Un precedente peligroso puede ser dar retroactividad a una medida fiscal. Siempre lo hemos dicho, podrían venir otras muchas reclamaciones. Por eso no va a ser una retroactividad y no se va a seguir la vía de la exención. Se va a dar valor a lo que ya el Gobierno anterior diera, que son las deducciones, mucho más progresivas, equitativas y justas que las exenciones. Fue una decisión dura la que tuvimos que tomar en la legislatura pasada a este respecto, y fue impopular y seguramente nos costó muchos votos, pero nosotras seguimos pensando que hicimos lo correcto. Yo lo he dicho muchas veces, yo soy madre afectada. A mí me molesta mucho cuando oigo que no lo han hecho porque no han querido. No solo lo hemos querido, sino que lo hemos hecho. Y lo que sucedió entonces fue que UPN y PSN, con el apoyo del PP, decidieron uniformizar a las madres navarras y equipararnos a las del Estado, aunque eso supusiera ponernos en peor condición y circunstancia. Y lo hicieron sin empacho y hoy siguen sin pedir perdón. Y cuando se dio una solución para volver a colocar a las familias navarras en mejor posición, votaron en contra. Por lo tanto, es un juego macabro en el que se intenta confundir a la población.

Sobre el decreto foral del euskera. Hay una mesa de trabajo que está tratando de solucionar esta cuestión. ¿Cómo están esas negociaciones entre las distintas fuerzas del Gobierno? ¿Ha sido correcto no recurrir esa sentencia?

Más que una negociación entre las distintas fuerzas del Gobierno, lo que hay es un trabajo interdepartamental porque lo que se quiere no es buscar una solución política, sino una solución técnica y práctica a los artículos que suspende la sentencia. A ver, yo misma hace tiempo me desmarqué del empeño del recurso en el sentido de que creía que, además de recurrirse, había que hacer más cosas. Geroa Bai se ha mostrado a favor de recurrir una sentencia que no nos parece apropiada porque habla de los defectos de la demanda y tiene una serie de cuestiones que cabría revisar. Si hubiera dependido de Geroa Bai, nosotras hubiéramos recurrido, pero entendíamos que era difícil porque el PSN estaba absolutamente en contra del recurso. En un Gobierno de coalición cabe que no se impongan la posición de unos ni de otros, y esto nos parece razonable. ¿Qué ha ocurrido? Pues que se ha buscado un camino intermedio. No se recurre pero nos ponemos manos a la obra para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía de Navarra y para que la Administración garantice esos derechos. La sentencia habla de que no se puede meritar de manera generalizada una lengua, en este caso habla sobre el euskera, pero por la misma regla de tres, afecta al alemán o al inglés. Si alguien pone un recurso en ese sentido, habría que determinar lo mismo, y ahí el efecto ya no se reduce al euskera.

Hablamos de Cataluña. ¿Considera que la crisis en Cataluña ha sobrepasado al Ejecutivo estatal?

Evidentemente. Un Ejecutivo absolutamente debilitado, un Ejecutivo que lleva más tiempo en funciones que no, un Ejecutivo que no ha tenido el acierto necesario para acotar la situación y controlarla. Creo que efectivamente lo ha sobrepasado y estamos, si cabe, peor que hace dos años, y creo que ahora, que se acaba de cumplir la aplicación del 155, lo único que podemos hacer es valorar lo negativo de esa medida y valorar el fracaso absoluto del Gobierno central en la gestión del conflicto en Cataluña. Lo que no se puede es intentar aplacar un conflicto echando gasolina al fuego, que es lo que han hecho varias formaciones estatales, como Ciudadanos o PP. En esa reivindicación de buscar la paz, han hecho la guerra.

¿Cómo hubieran reducido la violencia en las calles?

No creo que sea el término adecuado. No creo que hay violencia en las calles. La violencia no está instalada en las calles. La violencia se ha producido en momentos puntuales por una situación puntual. Un diálogo sin faltar al respeto, un reconocimiento de la legitimidad de cada cual, es importante para tranquilizar y para rebajar el nivel de violencia. Se le ha exigido al president de la Generalitat, y me parece razonable, que hiciera una condena de lo que estaba sucediendo en la calle y un llamamiento a la paz y a la tranquilidad, reconociéndolo como máximo representante responsable. Pero luego, acto seguido, no se le reconoce esa legitimidad para resolver los problemas que tienen todo que ver con el país catalán.

¿Considera que el indulto a los líderes del proces puede ser una solución?

A mí me preocupa mucho que los líderes del procés estén en la cárcel con unas penas que en conjunto suman más de 100 años. Me preocupa mucho porque creo que deja bien a las claras el déficit democrático que tenemos y que nos afecta a todas y a todos. Y es un déficit manifiesto en el que están los distintos poderes implicados porque hemos visto también como se ha filtrado la sentencia del procès antes de tiempo. No sé si la solución al problema sería un indulto o más bien sería lo que les falta a algunos para acabar de justificar el romper absolutamente con las reglas democráticas y querer imponer a la fuerza 'manu militari' lo que no procede. Así que mucho cuidado, a ver si una exigencia de indulto se puede convertir en una trampa mayor todavía para un Estado de Excepción como el que se podía derivar. Creo que se está alimentando eso y lo que hay es que huir absolutamente de todo ese tipo de medidas de excepción porque creo que se pueden buscar otras vías de solución.

Estas últimas semanas, Navarra ha vuelto a los telediarios nacionales. ¿Cómo van a afectar estas elecciones al Gobierno de Navarra, teniendo en cuenta que ya se ha puesto en duda su legitimidad?

Es que eso es lo terrible, que haya quien quiera deslegitimar el actual Gobierno de Navarra cuando es absolutamente legítimo y procedente porque lo que hace es aunar una mayoría en número. Auna 23 escaños frente a, por ejemplo, Navarra Suma, que hoy tiene 20. Entonces 23, hasta donde yo sé, es más que 20, y tan legítimo son esos 23 como los otros 20, como el resto de escaños que componen la Cámara navarra. ¿Legítimo? Absolutamente. El primer gran reto será aprobar unos presupuestos y veremos qué sucede.

¿Qué papel debería tener Navarra en las Cortes Generales del Estado?

Lo que se elige el próximo 10 de noviembre son los cinco diputados y diputadas que representarán a Navarra en el Congreso y en la Cámara Alta. A día de hoy, y me quiero centrar en el Congreso, yo he hecho la prueba y la gente no sabe quiénes son los diputados por Navarra. No lo saben porque a día de hoy no hay apenas ejemplos en los que esas cinco personas hayan aparecido en tribuna defendiendo los intereses de Navarra cuando líderes políticos como Casado o Rivera la manosean y la pretenden utilizar como moneda de cambio. No les hemos oído. Nosotras defendemos que Navarra tiene que tener voz propia en la Cámara, que tiene que haber una voz en Madrid que, al margen de los grandes partidos nacionales y otros partidos, sea capaz de trasladar allí los intereses de la Navarra de aquí. Y, no de cualquier Navarra, sino de la Navarra que trabajamos por construir día a día aquí. Queremos una Navarra progresista, plural, solidaria, navarra, verde, que cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible, una Navarra feminista, una Navarra euskaldun y euskaltzale y una Navarra que nos represente. Venimos reivindicando que un voto útil en estas elecciones es aquel que es útil para Navarra, y creemos que esa opción hoy solo la puede defender Geroa Bai.

¿La Navarra española y la euskaldun se pueden conjugar de manera que se haga fuerte en el resto del Estado, pero sin perder su esencia?

No lo sé. Eso lo deberán decir las otras formaciones que defienden esa Navarra más española. Si, aun defendiendo la Navarra más española, fueran capaces de darle a Navarra el sitio que le corresponde en Madrid, no tendría tanta queja como tengo. Ahora, cuando ponen por delante a España, ya me molesta más. Hay que poner a Navarra por delante y, sobre todo, la voluntad de las navarras y los navarros, y no perder de vista que es lo que nos conviene en pro de posibilitar un futuro mejor para esta Comunidad. El resto de cuestiones son debatibles y nosotras estamos abiertas a debatirlas con todo el mundo y a explicar lo que haya que explicar, pero han sido demasiados los años en los que la Navarra que se ha mostrado en Madrid no era euskaldun. Tuvo que llegar Uxue Barkos para mostrar esa otra Navarra, y eso es lo que no puede volver a pasar. Yo creo que a buen entendedor, pocas palabras bastan.

Aquí en Navarra, fueron la tercera fuerza en las últimas elecciones forales, pero en las elecciones generales, obtienen peores resultados. De acuerdo con el sondeo elaborado para este periódico, Endika Núñez, van a tener un 5% de intención de voto, lo que no les haría obtener ese escaño. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta diferencia?

Pues seguramente porque hay que hacer mucha pedagogía en cuanto a qué es lo que se elige el 10 de noviembre. Yo insisto, depositemos la confianza en aquel o aquella representante que va a velar por Navarra. Ese será el voto útil. Creo que es importante que la gente recuerde por qué Geroa Bai tuvo escaño, lo cual no sería algo novedoso ni sería la primera vez que sucede. Uxue Barkos fue diputada por Geroa Bai cuando nadie creía que Geroa Bai iba a revalidar un escaño, que era el que venía de Nafarroa Bai. Uxue Barkos lo revalidó. Después de ocho años de un trabajo absolutamente memorable en el Congreso de los Diputados, donde con un solo escaño, todo el mundo sabía quién era Uxue Barkos y sabía que era la diputada de Navarra. Demostró lo útil que puede ser un solo escaño si se sabe utilizar correctamente. A mí sí me gustaría que depositaran la confianza en Geroa Bai porque vamos a ser fieles a nosotras mismas y a lo que siempre hemos defendido.

En alguna ocasión ha ido de la mano con EH Bildu al Senado, ¿se han planteado repetir esa fórmula al Congreso? Los sondeos apuntan a que EH Bildu lograría robarle un escaño al PSN. ¿Podría ser beneficioso para ustedes?

Pues depende. No sé cuánto de beneficioso podría ser y cómo habría que hacerlo porque no sé si EH Bildu estaría dispuesto a ir al Congreso fuera del grupo en el que se iban a ubicar sus otros representantes. No es la misma situación que tiene Geroa Bai. Eh Bildu tiene otro núcleo y otro partido referente a nivel nacional, en este caso a nivel de Euskal Herria, al que pertenecería su diputada. Entonces sería una diputada más dentro de EH Bildu. Creemos que no es la idea. Esa fórmula que sí sirvió para el Senado sirvió, entre otras cosas, porque no era sólo una entente entre Bildu y Geroa Bai. Lo que a esa fórmula le dio valor fue el hecho de que fuera con una mayoría más plural, pues incluía también a formaciones como Podemos e Izquierda-Ezkerra. De no ser así, no sé si gozaría del respaldo del que gozó en su día Cambio Aldaketa. Pero todo es muy relativo porque Cambio Aldaketa ha conseguido representación y luego ha dejado de conseguirla. Por lo tanto, vemos que el voto es un voto fluido, cuando no gaseoso. EH Bildu se empeña mucho en decir que están a 400 votos del escaño. Pues oiga, no, el marcador está a cero para todas y para todos. Y veremos a ver qué factores determinan uno u otro resultado en esta ocasión, cómo se comportan los votantes y qué es lo que votan.

¿Cuáles son las prioridades de Maria Solana si consigue ese escaño? ¿Qué es lo primero que va a hacer?

Pues lo primero que voy a hacer es poner todo de mi parte para procurar un Gobierno progresista también en Madrid. Creo que es el punto de partida. Si los resultados arrojan la posibilidad de que haya un Gobierno de progreso, lo primero que haría María Solana sería trabajar duro porque así sea. Si las urnas arrojan otro resultado en el que no se ve posible un Gobierno de progreso, María Solana, desde el minuto cero, va a poner pared a aquellas intenciones de acabar con nuestra foralidad. También hay otra parte importante que atañe a la memoria y a la convivencia y creo que tenemos mucho que decir desde Navarra. Hay mucho trabajo que hacer. Dependerá de si se hace mirando a un Gobierno de progreso o en un Gobierno que no es progresista. Si hay un Gobierno de derechas, Geroa Bai estará en frente de aquellos que quieran mermar derechos a la ciudadanía.

La campaña electoral ha arrancado con fuerza en Navarra, donde los primeros sondeos electorales apuntan a que habrá una reñida disputa por el quinto escaño en juego entre PSN y EH Bildu. Según estos datos, la victoria volvería a caer del lado de Navarra Suma -coalición que integra a UPN, Ciudadanos y PP-. Los socialistas -actualmente en el Gobierno navarro, junto con Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu- mantendrían 1 de los 2 escaños que obtuvieron en la pasada campaña; mientras que Unidas Podemos conservaría el escaño que logró las pasadas elecciones. 

La jornada de jueves ha arrancado con el acto de precampaña de EH Bildu en Pamplona -el arranque de campaña ha sido por la tarde en Donostia-. La cabeza de lista al Congreso, Bel Pozueta, ha señalado que EH Bildu tiene un gran reto por delante en Navarra: “Lograr un escaño en el Congreso. En las elecciones de abril nos quedamos a las puertas, a 408 votos. En esta campaña aceptamos este reto. Lo decimos con humildad, desde la humildad, pero con total convencimiento”. En esta ocasión -y de acuerdo con el sondeo electoral elaborado por Endika Núñez para el diarionorte.es- el quinto escaño se lo van a disputar EH Bildu y PSN. Pozueta ha añadido que EH Bildu trabajará en Madrid para “defender el autogobierno y la soberanía de Navarra”. En el mismo acto ha participado el cabeza de lista al Congreso de EH Bildu Araba, Iñaki Ruiz de Pinedo, quien ha señalado que EH Bildu hace lo que promete, y eso nuestra gente lo sabe, la gente de la calle lo sabe, y eso es un gran valor“. Ruiz de Pinedo ha subrayado que estas elecciones son una ”oportunidad importante para la ciudadanía para responder ante tantas injusticias y amenazas“, por ello, ha añadido, ”cuantos más soberanistas de izquierdas tengamos en Madrid, mejor se podrán defender estos intereses. Eso es lo que nos jugamos en estas elecciones“.

La cabeza de lista al Congreso por Unidas Podemos, Ione Belarra, ha presentado este jueves las líneas generales de la propuesta de su formación en la Plaza del Castillo, rodeada del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, del parlamentario Mikel Buil y de Marisa de Simón, portavoz de Izquierda-Ezkerra (formación con la que concurren al Senado). La candidata a ocupar el único escaño que obtendría Unidas Podemos en Navarra -de acuerdo con las predicciones de Endiña Núñez elaboradas para este medio- ha exigido al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que explique si “va a pactar con PP y Ciudadanos a partir del 10 de noviembre”. Belarra ha asegurado que llevan dos días esperando respuesta, y que “teniendo en cuenta que el PSOE este verano contestaba a documentos de cien páginas de negociación en apenas unas horas, o unos minutos al final de esa negociación, me parece que están tardando demasiado”. Belarra ha insistido en que es necesario apoyar a Unidas Podemos para evitar que se pacte “una gran coalición entre PP y PSOE”. Ha llamado a votar a su formación para evitar que se vuelvan a aprobar leyes “como la ley de estabilidad, en la que Navarra se ha dejado mucho en el camino” y para garantizar “que los recortes se hagan por arriba y no por abajo”.

Navarra Suma -coalición de UPN, PP y Ciudadanos- ha celebrado el acto de apertura de la campaña electoral en el Paseo de Sarasate de Pamplona, donde gran parte de los representantes públicos del partido se han congregado alrededor de una gran pantalla. El cabeza de lista al Congreso, Sergio Sayas, ha llamado a los votantes a secundar su candidatura para “defender Navarra y España. Navarra siempre ha sido líder de Navarra y ahora vive de las rentas de los que supieron gestionar. Esta es una nueva oportunidad de apostar por Navarra”. Tanto Sayas como Ruth Goñi, cabeza de lista al Senado, han subrayado que “en Navarra, votar al PSOE es votar al nacionalismo vasco”. Goñi ha llegado a asegurar que “el PSOE ha engañado a sus votantes”: “Es la primera vez en 40 años que un candidato [Pedro Sánchez] tiene más de una opción y no le gusta ninguna, así que debía de querer elecciones”.

Las candidatas al Congreso y al Senado por Geroa Bai -María Solana y Esther Cremaes- han arrancado este jueves la campaña en la sede del partido, en un acto en el que se han dejado ver en señal de apoyo miembros destacados del Gobierno de Navarra, como la expresidenta del Ejecutivo y portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, o la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo. Barkos ha pedido el voto para “dos mujeres imprescindibles” y ha asegurado que no hay voto útil: “Cuando oigo hablar de voto útil en la campaña española, a veces se me abren las carnes. No hay voto útil, sino trabajo capaz y generosidad, y es en lo que nos vamos a basar”. La candidata al Senado, Esther Cremaes, ha incidido en que “la política tiene que dejar de ser esa visión cortoplacista para aprobar las elecciones más inmediatas”. Ha subrayado que van a defender “el autogobierno” frente a los que quieren “volver a recentralizar y revertir algunas transferencias de Navarra que garantizan el Estado de Bienestar”. Por su parte, la candidata al Congreso, María Solana, ha señalado que “es tiempo de soluciones y de llevar a cabo una política responsable que de verdad se preocupe por los intereses de la ciudadanía navarra”. Solana ha insistido en que es importante recuperar la voz de Geroa Bai en el Congreso y en el Senado para seguir trabajando en la transferencia de competencias a Navarra y en la derogación de leyes como la 'ley mordaza'. 

Los encargados de cerrar el arranque electoral en Navarra han sido los socialistas. En el acto, que ha tenido lugar en la sede del PSN, la presidenta del Gobierno y secretaria general del PSN, María Chivite, ha acompañado a Santos Cerdán, Secretario Ejecutivo de Coordinación Territorial y cabeza de lista al Congreso por Navarra, y a Toni Magdaleno, candidato al Senado. Chivite ha resaltado que este 10 de noviembre, “más allá de las personas concretas”, se está eligiendo entre un modelo que “fortalezca nuestro Estado de Bienestar o un modelo que ponga en cuestión la violencia de género o las orientaciones sexuales”. Santos Cerdán ha asegurado estar “ofendido” por la utilización que se ha hecho de Navarra, que ha “sido utilizada como mercadeo”. Ha exigido que se respete el Gobierno de Navarra porque “ha sido elegido democráticamente” y ha llamado a movilizar el voto para apostar “por la convivencia, por vivir en paz y por la pluralidad de Navarra” y porque si no, en España “va a haber un Gobierno liderado por Pablo Casado, cuyo vicepresidente va a ser Santiago Abascal”: “Antes decíamos que si no íbamos a votar, puede venir la ultraderecha. Hoy la ultraderecha ya está”. El candidato al Senado, Toni Magdaleno, ha pedido el voto porque el proyecto socialista es el único “capaz de cohesionar”. Magdaleno ha hecho un especial llamamiento a la gente joven porque “si alguien se juega algo en estas elecciones es la gente joven, cuyas oportunidades laborales y de futuro dependen de que haya un Gobierno progresista”.

El Gobierno de Barkos continúa sin tener claro cómo conseguir que las horas lectivas de religión se reduzcan en el sistema educativo navarro. Ha pasado más de un año desde que el Parlamento aprobase una moción de IU, a la que sólo se opuso la derecha, que instaba al Ejecutivo a modificar los decretos del currículo en la ESO y los de jornada y horario para reducir al mínimo legal la carga lectiva de la asignatura de religión. En los huecos que dejase la desaparición de estas clases, proponía IU, se podían incluir contenidos educativos de los que recoge el decreto foral de Salud Sexual y Reproductiva. Pero el Gobierno sigue sin saber cómo llevar a efecto este compromiso del cuatripartito. Y la propuesta que ha presentado en el Parlamento la consejera de Educación, María Solana, no ha satisfecho a IU. Solana considera que “es suficiente” con modificar dos órdenes forales y que no es necesario introducir cambios en el currículo. IU ha advertido que este planteamiento no aporta garantías, y que seguirá presionando para que la reducción de las horas de religión sea una realidad en esta legislatura.

La portavoz de la coalición de izquierdas, Marisa de Simón, ha pedido cuentas a Solana sobre sus gestiones después de más de un año de aprobada la citada moción. La consejera ha respondido que durante este tiempo el Gobierno ha estudiado “a fondo” las posibilidades legales para reducir las horas lectivas de religión y ha llegado a la conclusión de que “no es necesario acometer esas modificaciones” que reclamaba IU en su iniciativa. “No es lo mismo cambiar un decreto foral, que modificar una orden foral, que no viene acompañada de un dictamen del Consejo de Navarra”, se ha justificado la consejera.

El temor de su departamento a modificar el currículo básico de la ESO es que será preciso someter los cambios al parecer del máximo órgano consultivo de la Comunidad foral, y no tiene del todo claro que el informe que se emita sea positivo. De hecho, el Gobierno conoce el precedente de lo ocurrido en Extremadura, donde se cambió el currículo para reducir al mínimo legal las horas de enseñanza de religión y los cambios fueron declarados contrarios a derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Esta instancia judicial señaló que el marco en el que deben resolverse los cambios lectivos de religión es el Concordato entre España y el Vaticano de 1979. El propio parlamentario de Geroa Bai Patxi Leuza ya advirtió sobre estas dificultades hace un año, antes de aprobar la moción de IU con el resto del cuatripartito. “Este tema hay que enmarcarlo en un contexto más amplio de reforma constitucional o nuevos acuerdos entre la Iglesia y el Estado”, expuso.

Trece meses después, la consejera de Educación considera que modificar dos órdenes forales “sería suficiente”. Esta opción, ha dicho, se ha “contrastado a fondo con los letrados” y parece ser la mejor fórmula de evitar recursos o dictámenes jurídicos en contra. El inconveniente, ha reconocido Solana, es que tal vez la reducción de las horas de religión no sea de obligatoria aplicación en los centros concertados.

“Está clarísimo que lo que hay que modificar es el currículo básico, que es de obligado cumplimiento para todos los centros públicos y para todos los que están sostenidos con fondos públicos”, ha respondido por IU Marisa de Simón. “El Gobierno tiene la obligación de llevar a cabo esta medida”, ha advertido a la consejera, “vamos a insistir en que esos cambios normativos se produzcan”.

La Universidad Pública de Navarra y el Gobierno han firmado un acuerdo de financiación para el próximo trienio (2018-2020), por el que la universidad contará con un presupuesto de 57,6, 60 y 62,7 millones de euros anualmente. El Gobierno ha declarado este compromiso plurianual de gasto como prioritario. En los presupuestos para el próximo año recién aprobados ya figura la cantidad prevista en el convenio para 2018. En los próximos presupuestos, la cantidad fijada en el convenio deberá concretarse y actualizarse por parte de una comisión técnica.

Se trataba de una de las reivindicaciones históricas de la UPNA, contar con un plan de financiación plurianual concertado con el Gobierno, que otorgase al centro universitario público no sólo la estabilidad financiera necesaria para su desarrollo a medio plazo, sino también un estatus, una categoría que hiciera ascender a la UPNA de “mera partida presupuestaria” en las cuentas anuales de la Comunidad foral. Así lo ha expresado el rector, Alfonso Carlosena, durante la firma del convenio con la consejera de Educación, María Solana: “Con el convenio se reconoce el papel de la Universidad como agente clave de desarrollo económico y social, y se reconoce no solo su papel en la formación superior, sino también su actividad investigadora, de transferencia de conocimiento y de extensión”.

Las negociaciones entre la UPNA y el Gobierno foral para conseguir un acuerdo de financiación plurianual se habían producido ya, sin éxito, durante los últimos años de los gobiernos de UPN. Las negociaciones continuaron con el cuatripartito en el poder, si bien no se han hecho realidad hasta pasada más de la mitad de la legislatura. Lo cierto es que el presupuesto para 2018 se aprobó sin que estuviera listo el convenio de financiación plurianual firmado ahora, y los presupuestos de 2019 serán los últimos que elabore este gobierno antes de la próxima cita electoral.

En cualquier caso, los representantes de ambas entidades se han felicitado por el acuerdo alcanzado. “Un gran día para la UPNA”, ha resumido la consejera Solana. “Un incentivo para que la Universidad siga buscando otras fuentes alternativas de financiación, públicas y privadas”, ha añadido el rector. Además, en su opinión, “respetando la autonomía universitaria, se permite a la Universidad una verdadera planificación plurianual, que permita optimizar sus recursos y hacer más eficiente su trabajo”.

El convenio está estructurado en cuatro apartados: Financiación estructural, Financiación por Resultados, Financiación para Mejoras y Financiación para Inversiones. De hecho, la financiación se basa en un modelo que tiene en cuenta el coste del servicio prestado y que condiciona una parte de los futuros ingresos públicos de la universidad a la consecución de objetivos asociados a sus actividades: docencia, investigación, internacionalización, y transferencia de conocimiento.

En el convenio se establece también el procedimiento para la financiación de nuevas titulaciones que puedan implantarse en la UPNA, como es el caso de la facultad de Medicina. El dinero de más que sea necesario para su puesta en marcha será calculado por la comisión de seguimiento del acuerdo de financiación, de acuerdo con el plan que finalmente se apruebe para el establecimiento de dichos estudios.

La lista única para la próxima oposición de Educación es la tormenta que se cierne en estos momentos sobre la maltrecha unidad del cuatripartito que sustenta el Gobierno foral. La abstención de dos de sus socios, Podemos e Izquierda Unida, ha permitido que la oposición parlamentaria sume la mayoría suficiente para aprobar una iniciativa de rechazo a este sistema que anunció la consejera de Educación, María Solana.

La lista única para las oposiciones en Educación es un sistema que ya adoptan otras comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, y que consiste en que todos los opositores (sepan o no euskera) integren una sola lista de aspirantes para todas las plazas que se ofertan. El problema que se plantea para implantar este sistema en Navarra es que el euskera es solo lengua cooficial en algunas zonas de la Comunidad foral. Solana está estudiando la vía legal para poner en marcha la lista única, pero no tiene el apoyo explícito más que de Geroa Bai y de EH Bildu. Podemos e Izquierda Unida han expresado sus dudas en torno a las ventajas de este sistema y han pedido explicaciones a la consejera. Solana aseguró que, cuando tenga la propuesta legal que formulen los servicios jurídicos en sus manos, informará en primer lugar a los socios del cuatripartito con la intención de despejar sus dudas y recabar su apoyo. 

Pero, mientras tanto, la oposición no ha perdido el tiempo para escenificar en el Parlamento su rechazo a este sistema que consideran “discriminatorio” para los opositores que solo saben castellano. UPN ha presentado una iniciativa en la que se insta al Gobierno a no implantar el sistema de lista única y, de paso, se ha hecho eco de la “inquietud e incertidumbre” de miles de opositores que llevan años preparando una OPE que no termina de ver la luz. El Gobierno intentó convocarla en 2016, pero los problemas jurídicos y la división que causó en el seno del cuatripartito le hicieron reconsiderar su decisión y demorarla hasta el próximo año.

En defensa de su iniciativa, el portavoz de UPN, Alberto Catalán, ha asegurado que el marco legal lingüístico de Navarra no permite la implantación de una lista única para funcionarios euskaldunes y castellanoparlantes. Un argumento que ha apoyado el portavoz socialista Carlos Gimeno, quien ha añadido que la lista única supone una vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo. También el portavoz de PP Javier García ha insistido en que la lista única ni siquiera tiene el apoyo de la mayoría sindical, sino que responde a una antigua demanda de los sindicatos nacionalistas porque, según ha dicho, con ella se favorece a quienes hablan euskera.

La consejera de Educación, María Solana, ha ofrecido a los sindicatos de la red concertada de enseñanza (UGT, SEPNA-FSIE, ELA y LAB) una mejora en las condiciones de reducción de horario para los profesores de la red concertada que puedan solicitar la prejubilación. Se trata de una oferta que “mejora lo que la ley recoge”, según Solana, pero que no llega a lo que habían solicitado los sindicatos. Es, en cualquier caso, un movimiento del departamento de Educación hecho in extremis para intentar sumar el apoyo sindical al acuerdo que ya ha alcanzado con la patronal del sector para aprobar el convenio colectivo de este profesorado (unos 3.000 en Navarra), y que debe entrar en vigor el 1 de septiembre.

La prórroga del actual convenio finaliza con el mes de agosto, y su pérdida de vigencia significaría que los profesores navarros de la red concertada verían regidos sus derechos laborales por el convenio estatal. Una situación que han pretendido evitar Gobierno y sindicatos, si bien la patronal del sector no se ha mostrado contraria a la aplicación del convenio estatal. Ante la premura de las fechas para aprobar un nuevo convenio, la consejera Solana ha ofrecido a los sindicatos un par de días para sopesar su oferta sobre las prejubilaciones. “Podemos tener margen entre hoy y mañana sin dificultad, pero tiene que ser ese margen, en ningún caso se va a alargar más tiempo”, ha advertido Solana.

Según el actual convenio, la fecha a partir de la cual un profesor de la red concertada de educación se puede acoger a una jubilación anticipada varía en cada ocasión, en función de los años cotizados. Los sindicatos pidieron al Gobierno que mantuviera esta regulación, que beneficia a los profesores, pero el departamento de Educación no aceptó su demanda porque “tenía un coste muchísimo más alto para la Administración”, ha explicado Solana. La propuesta del Gobierno fue la de poder acogerse a una jubilación anticipada a partir de los 57 años, edad a partir de la cual los trabajadores podrían ir reduciendo las horas de su jornada.

Solana ha ofrecido ahora a los sindicatos una vía “intermedia” con la posibilidad de que a los 57 años se pueda hacer una reducción de dos horas y, cuando el profesor llegue a estar “a cuatro años de la jubilación”, se pueda aumentar esa reducción a cuatro horas. La consejera de Educación está a la espera de que los sindicatos valoren su propuesta y decidan si apoyar el convenio que Solana ha pactado ya con la patronal.

Un convenio, ha asegurado la consejera, que “mejora el anterior” porque, “entre otras cuestiones, incluye una subida salarial del 1% para el 2018 y 2019 del personal docente y no docente”.

Como ocurría durante los gobiernos de UPN, el Gobierno de Uxue Barkos firmará el convenio para los profesores de la enseñanza concertada con la patronal del sector, obviando el parecer de los sindicatos. La única diferencia es que, con el actual Gobierno, los sindicatos de la concertada (UGT, SEPNA-FSIE, ELA y LAB) han sido invitados por primera vez a participar en la negociación del convenio. Pero el resultado de la negociación a tres bandas no ha traído diferencias con respecto a cuando UPN negociaba cara a cara con la patronal del sector: el convenio no contemplará las reivindicaciones sindicales.

El 31 de agosto es la fecha en la que concluye la prórroga de seis meses para el actual convenio que acordaron las tres partes durante la negociación. La consejera de Educación, María Solana, ha señalado que el Gobierno no quiere volver a la situación generada por el convenio anterior. “Las patronales han mostrado conformidad con el texto que ha resultado del proceso de negociación largo”, ha admitido también. Acto seguido, ha afirmado que “la negociación sigue abierta y no es cierto que se haya cerrado acuerdo ninguno”, aunque “estamos cerca de alcanzar uno”, ha matizado. Su voluntad, ha dicho, “es agotar el plazo y seguir negociando, con sindicatos por un lado y con patronales por otro”. El plazo, a pesar de la voluntad de la consejera, expira el 31. Por eso la firma entre Gobierno y patronal se produce en la misma fecha.

El Gobierno y la patronal se reunieron después de San Fermín para seguir negociando el convenio sin los sindicatos. Pero si la consejera se ha mostrado remisa a admitir que se ha alcanzado un acuerdo con la patronal, no ha querido ni hablar del contenido de dicho acuerdo. Entre otras razones, según informan los sindicatos, porque el convenio pactado a dos bandas mantiene la mayoría de las condiciones que habían motivado las protestas sindicales. Así, y con una vigencia para los cursos 2017/18 y 2018/19, se mantendría el polémico complemento a la función directiva y pedagógica, se mantendrá la reducción horaria para el profesorado o la política de sustituciones tal y como se ha venido articulando hasta el momento.

En cuanto a la reivindicación más importante de los sindicatos, que cifran en un 9% la pérdida de poder adquisitivo de los cerca de 3.000 profesores de la circunstancia desde el año 2012, el acuerdo al que han llegado Gobierno y patronal no prevé la recuperación salarial a costa de recortar otras partidas, como pretendía Educación. En cambio, el acuerdo recoge una declaración de intenciones en la que se manifiesta que, si se determina un incremento salarial para los profesores de la red pública, el mismo porcentaje de incremento se trasladará a los de la red concertada.

“Con los sindicatos me he comprometido a que hay mejoras evidentes en este acuerdo que se está proponiendo respecto del que había, entre otras cuestiones, garantizar una revisión salarial que antes no estaba recogida en ninguna parte”, ha admitido la consejera de Educación. Queda por ver hasta qué punto el texto que firmen Gobierno y patronal recoge como una garantía dicha revisión salarial, o si se queda en un mero enunciado.

El retorno del Gobierno a su actividad habitual tras el paréntesis de las vacaciones ha traído una buena noticia para los funcionarios forales: a partir de mediados de septiembre, podrán disfrutar de más y mejores medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. El Ejecutivo ha aprobado en sendos decretos forales las medidas que acordó la consejera de Función Pública, María José Beaumont, con los sindicatos LAB, ELA, CCOO, AFAPNA y UGT en la Mesa General de negociación de la Función Pública. Así, los trabajadores públicos podrán ampliar las opciones para reducir su jornada por cuidado de los hijos, y disfrutarán también de una serie de nuevos permisos con y sin retribución.

En concreto, los funcionarios públicos que así lo soliciten podrán reducir su jornada laboral para el cuidado de los hijos entre las siguientes opciones: un octavo, un cuarto, dos quintos y dos tercios de su jornada, además de las reducciones de un sexto, un tercio o la mitad de la jornada, únicas posibilidades de reducción que tienen vigentes los funcionarios hasta el momento.

El paquete de medidas aprobado incluye la creación de nuevas licencias y permisos retribuidos por embarazo a partir de la semana 37 de gestación. También por el nacimiento de hijos prematuros que deban permanecer hospitalizados o para el cuidado del cónyuge, pareja estable o familiares de primer grado en casos de enfermedad muy grave.

Además, el Gobierno ha aprobado nuevos permisos retribuidos para facilitar la reincorporación a su puesto de trabajo después de haber recibido tratamientos por radioterapia o quimioterapia; para acompañar al cónyuge, pareja estable o familiar en primer grado a la realización de pruebas diagnósticas o quirúrgicas que requieran de dicho acompañamiento; y para donar sangre o componentes sanguíneos.

Policía Foral y terrorismo

Tras varias semanas sin comparecer ante los medios, la portavoz del Gobierno, María Solana, ha tenido que poner al día la postura del Ejecutivo en varios asuntos de actualidad. El primero, a iniciativa propia, ha sido anunciar la presencia de la presidenta Barkos en la manifestación que tendrá lugar en Barcelona para condenar el último atentado terrorista. Pero a raíz de esta cuestión, Solana ha sido preguntada sobre el nivel de respuesta que la Policía Foral está preparada para ofrecer en el caso de que un atentado como el de Barcelona se produjera en Navarra. “Policía Foral ha estado, y está a día de hoy, en sintonía, en absoluta coordinación y en relación directa con el resto de policías y fuerzas de seguridad”, ha señalado con rotundidad la portavoz del Ejecutivo. En su opinión, además, “podría resultar interesante poder participar, cosa que ahora no se hace, en la mesa de análisis que mide la amenaza terrorista”. De esta forma, ha añadido, Policía Foral “tendría información de primera mano y estaría mejor ubicada en cuanto a poder tener un tiempo de reacción y funcionamiento más óptimo”.

Fiscalidad y TAV

Al margen de la cuestión terrorista, Solana ha tenido que pronunciarse sobre si el Ejecutivo prepara una nueva reforma fiscal para el próximo curso político. “Más que trabajando en una nueva reforma fiscal, el Gobierno lo que está haciendo es una valoración de cómo ha funcionado la última”, ha respondido la portavoz. Sin negar de forma rotunda que el departamento de Hacienda esté preparando un nuevo paquete de medidas que modifique de nuevo el IRPF o el Impuesto de Sociedades, Solana sí ha admitido que el Gobierno “va a escuchar todas las propuestas que se han puesto sobre la mesa a lo largo de estos meses” por parte de los socios del cuatripartito.

También ha tenido que responder la portavoz a preguntas sobre un tema que incomoda al Gobierno, por las diferencias que provoca entre sus socios parlamentarios: la negociación con el Estado para la construcción del corredor ferroviario de alta velocidad. Lo que ha dejado claro Solana es que “no hay fecha fijada” para dar una respuesta a la propuesta del Estado. Lo que no ha querido aclarar tanto ha sido si el Gobierno está dispuesto a abrir un “debate participativo” sobre el modelo de tren, como exigen el resto de sus socios del cuatripartito. “Queremos poder tener la opción de compartir la información con la opinión pública, por un lado, y con las fuerzas políticas, por otro. El debate ya está abierto, pero hay que trabajarlo”, ha señalado.

Nuevo revolcón para la unidad del cuatripartito, en este caso, a costa de la decisión de la consejera ‘apagaincendios’ del Gobierno, la titular de Educación, María Solana. La sustituta del cesado José Luis Mendoza ha anunciado que se admitirá la solicitud que hicieron 12 familias de Tudela y 6 de Villava para que sus hijos pudieran matricularse en dos centros concertados en los que, inicialmente, se les había denegado la matrícula al superarse la ratio de 25 alumnos por aula establecida. Después de que el propio Defensor del Pueblo sugiriese a Educación admitir la matrícula de estos niños, y en contra del criterio mantenido inicialmente por el Gobierno, Solana ha decidido elevar hasta 28 alumnos por clase el ratio en dichos centros. Y la decisión le ha acarreado importantes críticas del resto del cuatripartito.

Directamente, Izquierda Unida ha señalado que se desvincula de esta decisión, ya que su formación está totalmente en contra de incrementar la ratio de alumnos por aula. “Supone una merma en la atención al alumnado”, ha criticado la coalición de izquierdas en un comunicado. “Esto abre una brecha con Educación”, ha advertido. Desde EH Bildu, se ha comparado la decisión de Solana con las “políticas de recorte en la calidad de la enseñanza que ha practicado UPN-PP”. Y desde Podemos han señalado que intentarán que la ratio de 25 escolares por clase termine fijándose a través de una ley foral.

La tormenta política entre los socios de Gobierno se ha desatado después de que el departamento de Educación anunicara que admitirá la solicitud que hicieron 12 familias de Tudela y 6 de Villava para que sus hijos pudieran entrar en los centros concertados de Compañía de María de Tudela y Paz de Ziganda de Villava, pese a que se había superado el ratio de 25 alumnos por clase.

Aunque Educación se negó inicialmente a acceder a la petición de estas familias, la consejera María Solana ya anunció en sede parlamentaria que iba a solicitar un informe a los técnicos para ver si jurídicamente podían mantener su postura, basaba en buena medida en que los centros concertados en enero fijaban el ratio que deseaban para sus clases y éste había sido de 25 alumnos. El informe, al parecer, señala que la ratio se ha fijado a través de una “instrucción” y no de un instrumento de más categoría legal, por lo que la negativa del Gobierno a cambiarla podía ser recurrida en los tribunales. Así que la consejera ha decidido aceptar este año el incremento de alumnos por aula necesario para matricular a los niños que se habían quedado sin plaza, y tiene previsto regular la ratio de escolares por clase a través de una norma legal para el próximo curso.

El anuncio de Educación ha sido como el estallido de una bomba para el ánimo de sus socios de Gobierno, y las críticas no se han hecho esperar. El más duro en su valoración ha sido IU. El incremento del ratio, mantiene la coalición de izquierdas, “incumple la normativa prescriptiva sobre la reserva de plazas para el alumnado sobrevenido” y, de no revocarse, “supondrá la ruptura de Izquierda Unida con este departamento”.

Por su parte, desde EH Bildu han recibido la decisión de Solana con “sorpresa”. “Nos sorprende que, cuando el cambio ha trabajado por revertir los recortes en la calidad de la enseñanza impuestos por UPN y PP, hemos trabajado para devolver ratios dignos a la educación pública, ahora se permita dar esta marcha atrás en estos dos centros” han dicho.

Finalmente, Podemos-Ahal Dugu considera que existe una relación directa entre el aumento de las ratios en las aulas y la pérdida de calidad de la enseñanza, por lo que rechaza las medidas adoptadas en ese sentido por el departamento de Educación.

Pasar de la igualdad a la equidad. Es el principio que inspira el Plan de Atención a la Diversidad presentado por la consejera de Educación, María Solana, que comenzará a ponerse en marcha el próximo mes de septiembre. Con este plan se ha hecho un diagnóstico de las necesidades educativas de cada centro de la red pública y concertada de la Educación en Navarra, y con su implantación se pretende “dar una respuesta educativa de calidad” a todo el alumnado. Para ello, no se hará un reparto “igualitario” de medios humanos y materiales en todos los colegios, sino que se dotará “con más recursos a los centros con más necesidades”. En Navarra, según Solana, el 70% de los alumnos con necesidades educativas especiales cursa sus estudios en la red pública de Educación.

El director del Servicio de Ordenación, Orientación e Igualdad de Oportunidades, Ander Domblas, explica que el curso escolar que ahora termina arroja un censo de 3.211 alumnos con necesidades educativas especiales. El Plan de Atención a la Diversidad amplía “el espectro de estos alumnos con necesidades de atención”, de forma que el número se incrementará durante el próximo curso. “No queremos que se quede ceñido a unas personas con discapacidad o con una necesidad especial muy concreta. Hemos detectado que hay otras necesidades, derivadas de situaciones económicas distintas, de procedencias diferentes, de cuestiones o motivos más culturales, pero que precisan igualmente de ser incluidas en esta atención especial si queremos una escuela más cohesionada, de convivencia y con una menor tasa de abandono escolar”, ha explicado la consejera.

Según los datos de Domblas, los centros públicos acogen en Navarra al 92% del alumnado con el índice socio económico más bajo, el 71% del nivel medio-bajo, el 77% del nivel medio y un 0% del nivel económico y social alto. Además, el 85% de los alumnos de otro país de origen está escolarizado en la red pública.

Visto el dato, “la idea es hacer un reparto equitativo de los recursos, de manera que aquellos centros que tienen más diversidad dispongan de más recursos. Hasta ahora se ha hecho un reparto igualitario, pero desde el departamento creemos en un reparto equitativo”.

Domblas ha hecho un repaso de las medidas que incluye en plan y que se han ido poniendo en marcha durante el curso que ahora concluye, como el aumento de un 21% del servicio de cuidadores educativos, la impartición de 10 horas de atención a la diversidad por encima de las establecidas por centro o la reducción de tarifas que las familias tienen que abonar para acceder a las escuelas infantiles.

Los últimos datos oficiales ponían de manifiesto el “desamparo” en el que se sienten muchos docentes ante las agresiones que sufren en el aula. Hasta febrero de este año, Educación ha registrado 89 agresiones a profesores y personal no docente, lo que suponía un incremento del 128% con respecto a los casos detectados el curso pasado. La nueva consejera de Educación, María Solana, ha mostrado este martes su preocupación por este asunto, aseguró que se están llevando a cabo medidas desde su departamento para atajarlo, y ha recordado que el Gobierno lleva trabajando con los sindicatos en un plan para reducir las agresiones desde hace meses. Pero no fue capaz de poner fecha a la implantación de dichas medidas ni puso cifra al coste que supondrá su puesta en marcha.

Solana comparecía a petición propia para explicar en el Parlamento el trabajo realizado por el grupo que se creó hace meses para estudiar “en profundidad las agresiones externas a docentes y personal no docente, un tema que viene suscitando gran preocupación en la comunidad educativa y en los grupos de esta Cámara”, admite la consejera.

Sin embargo, las únicas fechas que puede aportar son las correspondientes a las reuniones del citado grupo de trabajo: La primera se produjo el 13 de septiembre y, en total, se han celebrado 11 sesiones. El último día que se reunió el grupo, la parte sindical aportó un informe con propuestas que se aprobó por unanimidad. Fue el pasado 17 de enero. Pero Solana no ha detallado cuáles de esas sugerencias se han puesto en marcha, o cuáles se dejarán para el próximo curso.

“El departamento trabaja en las acciones propuestas, en las cuestiones que se preveía llevar a cabo en distintos tiempos, muchas de ellas sin ningún coste añadido, pero con una incidencia y repercusión importante en mejorar la convivencia y disminuir las agresiones externas a las que se ven sometidos, en demasiados casos, docentes y no docentes”, ha señalado la consejera.

El delegado de prevención

Entre otras iniciativas, Solana ha citado “acciones para la difusión del protocolo de actuación, sensibilización de equipos directivos, formación específica, información al alumnado y a las familias a través de direcciones y Apymas, y la coordinación del profesorado con los delegados de prevención”.

También se incluye, entre otras medidas, “la divulgación de la figura del delegado de prevención; la seguridad y protección al personal en centros de riesgo o dotar con mayores recursos materiales y humanos a los centros”, unos “compromisos”, ha reconocido Solana que “implican prever este tema en los Presupuestos”. Sin embargo, la consejera no ha referido que exista partida presupuestaria para financiarlos, y ni siquiera ha ofrecido a los grupos una cifra aproximada del coste que supondría la implantación de estas medidas.

La poca concreción de la consejera le ha valido las críticas de la oposición. Según UPN, “Educación no ha hecho la tarea”. Para el PSN, Solana “no está asumiendo la responsabilidad de dar ejemplo y liderar esta cuestión”, mientras que para el PP “es necesario llevar a cabo una ley de protección del profesorado”.

La nueva consejera de Educación, María Solana, es una de las integrantes del gabinete de Uxue Barkos con más frentes abiertos. Además de que compagina su labor al frente del departamento con la portavocía del Gobierno, y sin apenas aterrizar en la consejería de Educación, Solana ha tenido que concentrar sus esfuerzos en impedir que le estallasen varias “bombas” activas que ha heredado de su sucesor, José Luis Mendoza. Y lo está haciendo gracias a enmendar de plano decisiones adoptadas por el anterior consejero. Pero, consciente de la fragilidad del Gobierno en el flanco educativo por las incesantes críticas a la gestión de Mendoza, Solana arregla los conflictos jurídicos sin ruido.

El más reciente incendio que ha tenido que apagar Solana afecta nada menos que a 3.500 profesores interinos que trabajan para el departamento. Los sindicatos CC OO y AFAPNA alertaron de que estos profesores podrían quedarse fuera de las listas de contratación si no acreditaban tener el CAP antes del próximo 2 de junio. El origen del problema que le estalla entre las manos a Solana proviene de la gestión de su antecesor, que el pasado 12 de abril, un día después de su dimisión, había ordenado la publicación en el BON de una resolución en la que se determina que los aspirantes que figuran en las listas de contratación del departamento deben acreditar que están en posesión de la Formación Pedagógica y Didáctica, el antiguo CAP que permite dar clase en Educación Secundaria.

Lo cierto es que este requisito se estableció con anterioridad en una orden foral del año pasado, pero el propio departamento de Mendoza, por necesidades de servicio, ha permitido a lo largo del curso la inclusión en las listas de contratación de aspirantes que no habían acreditado estar en posesión del CAP. Muchos, incluso, están cursando los estudios para poder hacerse con la titulación.

“Esta regularización es un intento de sacar de las listas al personal que ya viene trabajando y del que Educación se ha servido en momentos de necesidad, pero puede darse la paradoja de que se eche de las listas a cierto número de aspirantes y después, como no hay personal suficiente en algunas especialidades, haya que volver a contratarlos a través del Servicio Navarro de Empleo”, denunció el responsable de Educación de CC OO.

Ante la denuncia sindical, Solana se vio obligada a salir a la palestra para templar los ánimos. Sin que fuera un pronunciamiento oficial, la titular de Educación dejó entrever que su departamento enmendará la regulación emitida por su antecesor en el cargo. “Tengo a los profesores a la espera de que les tranquilicemos. No saben si van a seguir en las listas de interinos porque no están en disposición de acreditar el CAP antes del 2 de junio. Es posible que revisemos la fecha, no queremos que nadie se quede en el camino por una cosa que parece más burocrática”, aceptó la consejera. Y resumió la que viene siendo su línea de actuación desde que tomó posesión del cargo: “Hay que resolver problemas más que generarlos”.

Nuevo proceso de admisión en 0-3

En realidad, el primer gran problema que tuvo que resolver Solana a su llegada al departamento fue, precisamente, el desencadenante de la dimisión de Mendoza. El anterior titular de Educación firmó el pasado 5 de abril una orden foral para dejar en suspenso el proceso de admisión de escolares del ciclo 0-3 años para el próximo curso, una medida que afectó a cerca de 3.500 familias que esperaban poder matricular a sus hijos con normalidad. Los sobresaltos, sin embargo, habían sido la tónica general en los procesos liderados por Mendoza, y éste no iba a ser diferente.

El problema surgió cuando un particular interpuso un recurso de alzada contra la resolución que regulaba el proceso de admisión de los escolares para el primer curso de Educación Infantil. Este particular entendía que las reglas aprobadas por Educación no recogían la prioridad en la admisión para familias numerosas, ni tenía en cuenta la consideración de renta per cápita de la unidad familiar. En lugar de resolver el recurso y continuar con el proceso de admisión, Mendoza optó por suspenderlo y dejó a los casi 3.500 escolares en la incertidumbre de qué iba a pasar con ellos el próximo curso. Después, el consejero dimitió.

Solana ha tardado un mes en enmendar aquella decisión de Mendoza. La rectificación de la nueva titular de Educación vino de la mano de un nuevo plazo de inscripción que, ahora sí, reconoce prioridad a los miembros de familias numerosas y tiene en cuenta la renta per cápita de la unidad familiar. El mes de suspensión del proceso de admisión tendrá como consecuencia un retraso de otro mes para conocer la lista definitiva de admitidos, pero los escolares podrán acceder a los centros con normalidad.

Al explicar públicamente la solución adoptada, Solana evitó toda crítica. “Lo que hoy se está resolviendo es devenido de un problema anterior no resuelto”, se limitó a señalar.

Abandono escolar

Pero el problema de mayor calado al que se enfrenta la nueva titular de Educación es, tal vez, el de que Navarra ha pasado a ocupar el primer puesto entre las Comunidades Autónomas donde más ha crecido la tasa de abandono escolar. Tras 10 años en los que la Comunidad foral había estado en los primeros puestos de entre las autonomías con menores crecimientos de la tasa de abandono, este índice ha subido del 9,8% a principios de 2016 al 14,3% en el primer trimestre de este año.

Una cuestión, reconoció la consejera ante las preguntas del PSN, que le “preocupa sobremanera” y sobre la que afirmó que “está trabajando”. Los datos ofrecidos por Solana para describir este fenómeno no convencieron al socialista Carlos Gimeno: “La media de la tasa de abandono escolar va bajando en España y estamos en la distancia más corta entre Navarra y España. Estos han sido dos años tirados por la borda”, advirtió el socialista en relación al mandato de Mendoza. “O cambiamos ya, o la educación pública va a pagar un precio irreparable”, advirtió a la nueva titular de Educación.