El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ha inadmitido a trámite la petición de amparo formulada por el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ante las acusaciones de 'lawfare' propinadas por el senador del PP José Antonio Monago en el Pleno de la Cámara Alta. “Señor Bolaños, el mayor caso de 'lawfare' que se ha conocido en la historia política de España, bueno, lo mecieron ustedes. Porque un juez, el juez De Prada, introdujo en una sentencia un párrafo a propósito de la sentencia sobre la 'Gürtel', que provocó la caída del Gobierno del señor Rajoy”, dijo el senador en el Pleno de la Cámara Alta del pasado 12 de diciembre. Después se disculpó y pidió retirarlas del Diario de Sesiones. 

La Comisión Permanente rechaza la petición al considerar que esas manifestaciones “no tienen capacidad alguna de perturbar el ejercicio de la función jurisdiccional” del magistrado ni de impedirle “la libre capacidad de resolución conforme a derecho”, dado que se refieren a una actuación jurisdiccional específica acontecida en el pasado. De Prada formó parte del tribunal que juzgó la Gürtel y se le considera responsable de los pasajes que dieron por acreditada la caja B del partido y que provocaron la moción de censura contra Mariano Rajoy.

El acuerdo añade, además, que la rectificación realizada por el senador “implica que incluso la hipotética perturbación futura que las declaraciones del 12 de diciembre de 2023 pudieran haberle acarreado al magistrado peticionario de amparo queda vacía de contenido, poniendo de manifiesto dicha rectificación el respeto necesario a las decisiones judiciales”.

En su escrito, De Prada defendía que lo dicho por Monago, “además de contener datos falsos, descalifica de forma extraordinariamente grave” su “actuación jurisdiccional” sin “ningún otro fundamento que el puro interés político”. A su juicio, ello “inquieta y perturba gravemente la independencia judicial”, la suya y la de “cualquier miembro de la jurisdicción”, al emitir un “mensaje demoledor de advertencia de descrédito y consecuencias negativas para cualquier juez o magistrado que se vea en la tesitura de tener que dictar una resolución jurisdiccional de acuerdo a derecho, pero que directa o indirectamente pudiera afectar a los intereses políticos de su partido”.

El juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante las acusaciones de 'lawfare' propinadas por el senador del PP José Antonio Monago la semana pasada. En un escrito firmado este mismo lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha solicitado el amparo al órgano de gobierno de los jueces al considerarse “perturbado” en su independencia judicial a raíz de las palabras de Monago.

“Señor Bolaños, el mayor caso de 'lawfare' que se ha conocido en la historia política de España, bueno, lo mecieron ustedes. Porque un juez, el juez De Prada, introdujo en una sentencia un párrafo a propósito de la sentencia sobre la 'Gürtel', que provocó la caída del Gobierno del señor Rajoy”, dijo el senador en el Pleno de la Cámara Alta del pasado 12 de diciembre.

De Prada ha defendido que lo dicho por Monago, “además de contener datos falsos, descalifica de forma extraordinariamente grave” su “actuación jurisdiccional” sin “ningún otro fundamento que el puro interés político”. A su juicio, ello “inquieta y perturba gravemente la independencia judicial”, la suya y la de “cualquier miembro de la jurisdicción”, al emitir un “mensaje demoledor de advertencia de descrédito y consecuencias negativas para cualquier juez o magistrado que se vea en la tesitura de tener que dictar una resolución jurisdiccional de acuerdo a derecho, pero que directa o indirectamente pudiera afectar a los intereses políticos de su partido”.

El juez ha incidido en que las afirmaciones de Monago “no se ajustan en absoluto a la verdad” y ha recordado que el Tribunal Supremo ha considerado probado la existencia de una 'caja B' del PP, “validando las pruebas manejadas por la Audiencia Nacional”. Para De Prada, las referencias que a su parecer sirven de base para la intervención de Monago se amparan en “múltiples y reiterados artículos e informaciones elaboradas” en su contra en el marco de una “campaña de falsedades”. En este sentido, ha recordado que ya en el pasado pidió amparo al CGPJ por dichas publicaciones, pero “no se tuvo a bien” concedérselo.

La solicitud del magistrado de la Audiencia Nacional tiene lugar después de que el pasado viernes Juezas y Jueces para la Democracia reclamara al CGPJ que respondiese a las críticas de Monago “como hizo con Junts”, que atacó directamente a varios jueces del Tribunal Supremo. El secretariado de la asociación remitió al presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, el vocal Vicente Guilarte, una carta --recogida por Europa Press-- en la que mostraba su “profunda preocupación” por las declaraciones del senador 'popular'.

Para la asociación, “estas afirmaciones son falsas, injuriosas y atentan contra la dignidad y la honorabilidad del magistrado De Prada, quien actuó conforme a la ley, sin dejarse influir por intereses políticos o personales”. La queja de Juezas y Jueces para la Democracia se sumó a la de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que el pasado jueves condenó la actuación de Monago. “El señalamiento público de un magistrado por parte de un senador del PP, este martes, en sede parlamentaria, es inasumible en democracia”, dijo la asociación en un mensaje en la red social X (antiguo Twitter).

El Partido Popular mantendrá el bloqueo que lleva imponiendo durante más de dos años a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la ruptura de las negociaciones con el Gobierno, el pasado jueves, precisamente por los vetos impuestos por la dirección de Pablo Casado a dos de los juristas propuestos por el Ejecutivo, la actual delegada del Gobierno para la lucha contra la violencia machista, Victoria Rosell, y el juez José Ricardo de Prada, que fue uno de los magistrados de la sentencia de la Gürtel y responsable de los pasajes que dieron por acreditada la caja B del partido y que provocaron la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Ambos, Rosell y De Prada, fueron nombres puestos encima de la mesa de la negociación por Unidas Podemos, el socio del Ejecutivo al que Casado no reconoce legitimidad y al que siempre pidió dejar “fuera de la ecuación” para la nueva configuración del máximo órgano de gobierno de los jueces. De hecho, desde el PP siempre han asegurado que su negociación ha sido con el PSOE y no con el Gobierno, para remarcar que dejan fuera de las conversaciones a la formación de Pablo Iglesias.

El viernes, tras dar por zanjado ese diálogo sin cerrar un acuerdo, el PP aseguró que su veto a De Prada se debía a que “no fue elegido por sus compañeros dentro del turno judicial” –una de las dos vías de acceso al máximo órgano de los jueces, por la que los nombres son propuestos por los propios magistrados– “ni recogió avales para ello”, por lo que, siempre según el equipo de Casado, “un juez que no ha sido avalado y elegido por sus compañeros no puede acceder al CGPJ por la puerta de atrás por el turno de juristas”, la otra vía de acceso, cuyos nombres son propuestos por los partidos políticos entre juristas de reconocido prestigio.

Como explicó entonces el PP, en 2018 el magistrado no pasó el corte en la lista de los 40 nombres que proponen los jueces para su órgano de gobierno ya que se interpretó que su presencia en el Tribunal de La Haya, donde entonces prestaba servicio, no cumplía con el requisito de estar en servicio activo. Pero con ese razonamiento que impidió su elección dentro del turno judicial, el PP decidía vetar también la entrada de De Prada por el cupo de juristas. “Sería un fraude de ley”, llegaron a asegurar a finales de la semana pasada fuentes de la máxima responsabilidad del equipo de Casado.

Los precedentes

Fuentes del GGPJ consultadas por elDiario.es afirman que, técnicamente, De Prada sí podría ser elegido vocal por el llamado turno de juristas, siempre que pidiera una excedencia voluntaria, porque cumple con el resto de requisitos que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): ser un jurista —es decir, titulado en Derecho— de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. El artículo 567.3 de esa norma establece expresamente que “podrán ser elegidos por el turno de juristas aquellos jueces o magistrados que no se encuentren en servicio activo en la carrera judicial y que cuenten con más de quince años de experiencia profesional”.

Estas mismas fuentes afirman que hay precedentes de otros jueces que estaban fuera de la carrera —ejerciendo la abogacía, por ejemplo— y que han sido nombrados vocales del CGPJ por el turno de juristas, que en teoría tiene como objetivo que entren en el CGPJ representantes de los diversos sectores del sistema de justicia y de las distintas profesiones jurídicas (fiscales, abogados, catedráticos de universidad...). No consta que haya ocurrido en otra ocasión que un juez en servicio activo haya pedido excedencia voluntaria para entrar por juristas, aunque técnicamente no habría impedimento para ello si cumple lo requisitos que marca la ley.

En 2018, cuando se inició el procedimiento para la renovación del CGPJ antes de que caducara su mandato, De Prada llegó a comparecer en el Congreso por ser uno de los miembros de la lista acordada por populares y socialistas a integrar el nuevo CGPJ en la negociación que saltó por los aires tras filtrarse un mensaje de WhatsApp en el que el entonces portavoz del partido en el Senado, Ignacio Cosidó, aseguraba que con el nombramiento del juez Manuel Marchena –que era el nombre pactado para la presidencia— se controlaría “por detrás” la Sala Segunda del Supremo.

Entonces también fue candidato por el turno de juristas, aunque en ese momento se encontraba en situación de servicios especiales como magistrado del Mecanismo Residual ante los Tribunales Internacionales de Naciones Unidas que debía resolver la sentencia de apelación del exlíder serbiobosnio Radovan Karadzic. Es decir, no estaba en servicio activo en la carrera judicial, situación en la que sí se encuentra desde marzo de 2019, cuando regresó a su puesto en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Argumentos para aceptar su candidatura

En esa comparecencia el juez reconoció que no se encontraba cómodo al integrar el CGPJ por la terna de juristas de reconocido prestigio en lugar que por la de jueces y recordó que fue precisamente su comisión de servicios para el fallo del TPI de La Haya lo que le impidió acceder la convocatoria del CGPJ como juez. La Junta Electoral había acordado por unanimidad excluir su candidatura por no encontrarse en servicio activo en la carrera judicial, que es uno de los requisitos para acceder a una de las 12 plazas de vocal del órgano de gobierno de los jueces por el turno dedicado a los jueces y magistrados.

Con la intención de presentarse al CGPJ, solicitó volver a su puesto en la Audiencia Nacional, pero la Comisión Permanente del Consejo se lo denegó “por no haber justificado” su cese en la situación de servicios especiales que cumplía en La Haya. Esa decisión motivó que la Junta Electoral acordase por unanimidad excluir su candidatura. Esta resolución contó con el aval del Supremo, que falló que su exclusión había sido conforme a derecho. La sentencia, que no fue por unanimidad, recordó que el artículo 573 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la “regla general y básica” para acceder al CGPJ por el turno de jueces es “estar en servicio activo” y señaló además que De Prada “nunca” había “formalizado su renuncia” a su cargo en La Haya.

Esa resolución contó con el voto particular de dos magistrados, que consideraron que su candidatura debió ser aceptada. Según el voto particular, la Junta Electoral realizó una interpretación errónea de la LOPJ y el compromiso manifestado por De Prada de solicitar el reingreso al servicio en activo en caso de ser elegido equivalía “fáctica y jurídicamente a la manifestación de compromiso de renuncia al cargo” en el que se encontraba en ese momento.

Aquella comparecencia en el Congreso ya evidenció los recelos del PP ante el que considera una de sus ‘bestias negras’ judiciales. Y eso a pesar de que entonces los conservadores sí habían aceptado que tuviera una silla en el CGPJ. El portavoz del PP, Carlos Rojas, calificó de “muy políticas y controvertidas” posiciones públicas de De Prada como su apoyo a la justicia universal. “Hay muchos con más prestigio que usted. Es bueno que usted pase a la política y deje de poner sentencias”, le dijo el diputado, que también cuestionó su independencia y su entonces futura labor en el CGPJ.

“Mi independencia queda acreditada en toda mi carrera profesional, desde la primera hasta la última resolución. En España y en la justicia internacional”, respondió De Prada. El magistrado recordó que entonces tenía a sus espaldas “más de 32 años de función jurisdiccional” y que, de ellos, 28 años los había pasado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En el caso de Victoria Rosell el veto del PP se debe a que actualmente ocupa un “cargo político” en el Gobierno. Según el equipo de Casado, incluirla como vocal del nuevo CGPJ sería incurrir en las “puertas giratorias entre la política y la justicia” con las que los populares dicen ahora querer acabar.

Las “puertas giratorias” del PP en la Justicia

El propio PP lleva, sin embargo, décadas nutriendo el Poder Judicial con cargos públicos de diferentes gobiernos. El ejemplo más flagrante es el del actual presidente del CGPJ a propuesta de los populares, Carlos Lesmes, cuyo mandato caducó en 2018 pero que permanece en el cargo gracias al bloqueo de los de Casado. Lesmes ocupó puestos políticos en los ejecutivos de José María Aznar. Otro paradigma de esas puertas giratorias que Casado dice querer combatir es el del secretario de Justicia de su propia dirección y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que también ha transitado de los tribunales a la política y viceversa en los últimos años, siempre bajo el paraguas del PP.

Antes de ser fichado en 2019 primero por Isabel Díaz Ayuso y luego por el propio Casado para ser parte de su Ejecutiva, López fue vocal del CGPJ y magistrado del Tribunal Constitucional –de donde tuvo que dimitir en 2014 tras triplicar la tasa de alcohol permitida en un control policial que se le realizó en Madrid mientras conducía su moto– en ambos casos a propuesta del Partido Popular. “El PP quiere acabar con las puertas giratorias entre política y justicia. No quiere que haya ninguna persona que haya realizado actividades políticas en el CGPJ”, argumenta ahora el propio López.

Sus palabras chocan con otros casos como el de Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ entre 2008 y 2014, que antes de ser nombrado miembro del máximo órgano de gobierno de los jueces a propuesta del PP había sido cargo público en la Generalitat valenciana durante los gobiernos del 'popular' Francisco Camps. O el de José Merino Jiménez, que pasó de director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid presidida por Alberto Ruiz-Gallardón, un cargo en el que permaneció de 1997 a 2001, a ser elegido vocal del CGPJ a propuesta del PP.

A pesar de sus vetos tanto a Victoria Rosell como a José Ricardo de Prada, el vicesecretario de Comunicación de los populares, Pablo Montesinos, aseguraba este lunes que “si Sánchez quiere, se puede desbloquear el proceso de renovación de los órganos judiciales”. Él insistió en que las condiciones del PP pasan por “avanzar hacia la despolitización de la justicia”, la retirada de la reforma planteada por el Ejecutivo para limitar la labor del CGPJ cuando está en funciones y que Unidas Podemos no esté en la negociación “porque está intentando erosionar las instituciones”.

“Nuestras condiciones están claras y cuando Sánchez solucione sus líos internos, ponga orden en el Consejo de Ministros y logre acabar con la batalla interna que tienen en el seno del Gobierno, que nos llamen. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo”, zanjaba, en una entrevista en Antena 3.

En prime time, en primera página y a cuatro columnas, sin cortarse un pelo, como debe ser para alcanzar a la máxima audiencia y asegurar que se entera todo el mundo. Así ha dejado su aviso judicial el Partido Popular utilizando como cabeza de turco al honorable juez José Ricardo De Prada. El mensaje no puede ser más claro: si fallas contra el PP, se acabó tu carrera judicial y quedarás marcado para toda la vida. Así se combate la corrupción en Génova. En Moncloa dicen que están muy contentos porque ha quedado claro que es el PP quien no quiere llegar a acuerdos de Estado. Seguro; eso siempre ha sido algo que ha importado mucho a los votantes populares y por lo que le han infligido al partido castigos legendarios.

Olviden a la pobre Victoria Rossel, de nuevo en el sitio equivocado en el peor momento. Olviden también la terrible acusación de “ser próximo a Podemos” que con tanta naturalidad repiten unos y otros, como si confeccionar listas negras constituyera otra característica común de las democracias plenas. Tómense a risa lo de acabar con las “puertas giratorias” de la Justicia porque, hace apenas unos meses, esos nombres valían y fueron presentados con la bendición del PP cuando el acuerdo “interruptus” que situaba a Manuel Marchena al frente del CGPJ. Solo son daños colaterales, coartadas y justificaciones para no decir en voz alta lo que todos están pensando. Lo que queda es lo que es y lo que parece.

Los problemas del juez De Prada empezaron cuando actuó como ponente en la sentencia que condenó al PP como beneficiario de la corrupción y confirmó la existencia de su caja B. Cuatro años como juez de instrucción en Bilbao en los duros ochenta, casi treinta años intachables como magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o tres como juez internacional en la sala de crímenes de guerra de Bosnia y Herzegovina valen nada a juicio de Pablo Casado, “licenciado centella” en Derecho y estrella emergente en el sector inmobiliario. Cuarenta años de impecable servicio a la Justicia se van con el viento ante la imperdonable imputación de ser un “radical”. Que la derecha pretenda vendernos semejante patraña autoritaria es lo de siempre. Que una parte de la izquierda se lo compre, resulta patético. Fallar contra el PP, ese ha sido su verdadero crimen y por el que se le hace pagar.

El aviso llega justo a tiempo. Mientras nuestro querido Luis Bárcenas va de banquillo en banquillo cantando lo que le conviene, vuelven a caer como bombas de racimo los juicios por casos de corrupción popular y se avecinan sentencias. Los magistrados que las van a dictar ya saben a qué se exponen y qué futuro les conviene si quieren evitarse problemas… o no, que diría Mariano Rajoy. Luego no digan que no estaban avisados.

En crónica de urgencia me veo haciendo lo que los periodistas llamamos un perfil de José Ricardo de Prada, el magistrado en el que se acaban de estrellar los propósitos de enmienda del Partido Popular. Ahora los populares lo llaman escollo, pero cuando se inició el proceso lo respaldaban en pacífico consenso. Aviso de que no sé si voy a ser capaz de hacer un perfil de De Prada porque no es él hombre de perfil sino de frente. Por eso para muchos no da el perfil, ya me entienden. 

José Ricardo de Prada Solaesa lleva más de 30 años en la Audiencia Nacional y en todo ese discurrir que va desde la vida en riesgo hasta el riesgo de esta vida de ahora, ha dado más que sobradas muestras de que es un juez de una pieza, o sea, un juez de los de vocación. Eso no se lo van a discutir ni sus más encarnizados enemigos, que los tiene y bastantes, que nunca se ha disfrazado, que nunca fue su senda la de hacer política y que se ha dedicado a servir la toga que viste, incluso si lo ha tenido que pagar. Nunca ha sido un político adornado con puñetas –como ese férreo candidato a vocal que es Alejandro Abascal, al que lo contraponen como pieza de ajedrez–, pero nunca ha sido un hombre sin convicciones. Hosco, raro, muy suyo, hasta desabrido, de eso habrá hasta amigos que lo tachen. Tampoco ha sido nunca de florituras de cóctel ni de coqueteos de afterwork. Te guste o no te guste, él es como es y no piensa dejar de serlo ni para el debe de la derecha ni para el haber de la izquierda. 

El pulso que lo ha colocado como excusa para volver a paralizar la renovación por vía de chalaneo y cónclave del CGPJ no me gusta. Supongo que él tampoco debe de estar muy feliz. Lo imagino tranquilo pero decepcionado. Él no precisa del Consejo pero cabe la posibilidad de que el Consejo precise de gente como él, de todo signo. De Prada ha sido muy crítico desde hace décadas con el devenir del órgano de gobierno de los jueces, es más, me malicio que siempre ha pensado que la obligación de renovarlo de una vez por todas debería abrir un espacio de reflexión serena sobre las fórmulas para liberar a este órgano del dogal partidista. Él tiene propuestas y tiene ideas. Espero que algún día pueda contarlas en un sitio en el que cuenten.

He dado ya varias pistas de todos los inconvenientes que presenta José Ricardo De Prada para ser vocal del CGPJ, que no son pocos. Uno de ellos es que no se deja mangonear. No sería jamás la correa de transmisión de nadie, ni siquiera de aquellos que le fueran más próximos. Es un tipo radical, dicen sus detractores, y sí, es radicalmente independiente. Nunca aceptará órdenes ni mandatos. Verán que tiene un hándicap de salida que no sé si es superable. 

El otro problema insalvable es su enorme prestigio internacional. De Prada ha sido el único español en un tribunal penal internacional. España, siempre madrastra. Mientras aquí es “el juez de la Gürtel”, algo que sólo ha sido una anécdota en su trayectoria profesional, ha formado parte del tribunal que enjuició los crímenes de la antigua Yugoslavia y es ampliamente reconocido no sólo en Europa sino en toda Latinoamérica, donde su palabra es de ley en la mayor parte de los tribunales supremos. Ya sabemos que en estas lides no importa, pero es un tipo que sabe derecho penal, derecho penal internacional y especialmente derecho internacional humanitario. La mejor tarjeta para que en España te puteen, como de facto ha sucedido. 

Lo tachan sus detractores de ser un juez altamente ideologizado y, tal vez, lo que olvidan añadir es que es un juez nulamente partidista. De Prada es un magistrado progresista, como muestra está su forma de ver el papel del Derecho, de preocuparse por los Derechos Humanos o de no querer derecho penal del enemigo con los malos de la historia, lo identifican dentro del espectro de sensibilidades de izquierda y, si me apuran, bastante más a la izquierda que otros, pero, desde luego, ni De Prada ni ningún magistrado son revolucionarios o, si acaso, él si lo es porque pretende ser fiel a lo que su conciencia y su ética profesional y personal le indican y eso, amigos míos, empieza a serlo. 

Así que no es un buen candidato para el gatuperio del CGPJ, al menos no para los que quieran domeñarlo, pero tal vez sería un gran candidato para los que de verdad quieran gente independiente. A él tampoco le gusta ser considerado un candidato de partido y debo recordar que fue presentado a este circo por un amplio abanico que pasaba por la propuesta conjunta del PP y el PSOE y la realizada individualmente por Podemos. Así es como llegó él a estar en la lista de candidatos del Congreso en la que, al parecer, ahora le horroriza a los populares que figure. ¿Qué ha pasado entre esa firma del portavoz del Grupo Parlamentario Popular bajo su nombre el 12 de noviembre de 2018 y ahora? Que no les vendan otra moto que la sentencia de la Gürtel que constituyó la gota que sobró la paciencia parlamentaria y creó una mayoría alternativa vía moción de censura. Una sentencia que, por cierto, no puso solo. Eso es lo que no le perdonan y es demasiado evidente. 

No sólo el PP se ha empleado para que no pueda llegar al órgano de gobierno de los jueces sino que también Lesmes y sus chicos se pusieron las pilas para molestar todo lo que pudieron. Dice ahora López –¡ay, el amortizado López al que pronto recambiarán por Abascal!– que presentar a De Prada por el cupo de jurista de reconocido prestigio es un “fraude de ley” porque debe ir por el de jueces –ya saben que 12 vocales son jueces y 8 juristas de reconocido prestigio, aunque nadie dice que un juez no sea un jurista reconocido– pero lo que no cuenta es cómo se emplearon para castigarle y evitar que pudiera concurrir como candidato magistrado. De Prada inició el proceso presentándose como juez con el aval de 25 compañeros. Como estaba en servicios especiales por estar activo en el tribunal que dictaba sentencia sobre Radovan Karadizc, hizo la apreciación de que renunciaría a esa situación de salir elegido vocal. La Junta Electoral se lo rechazó y le emplazó a cumplir el requisito de estar de vuelta a la judicatura española antes de que se proclamaran unas candidaturas que luego han estado paradas más de dos años. Presentó, como le dijeron, la renuncia, pero entonces no se la admitieron porque estaba en el Tribunal Internacional y le exigieron que renunciara a este. No podía hacerlo porque aunque él estaba de vuelta, la sentencia se estaba redactando y si renunciaba, obligaría a repetir todo el juicio. Algo inaceptable incluso para España, que se hubiera echado sobre las espaldas la repetición del juicio a un criminal de guerra. Recurrió y le dijeron que nanay. Resumen, en uso del palo, Lesmes le negó poder siquiera concurrir como candidato judicial y ahí es cuando los tres partidos –PP, PSOE y UP– lo proponen como jurista. ¿De qué fraude de ley habla el PP ahora, cuando lo avaló con su firma? En ese ínterin, en el que no estaba ya en La Haya pero tampoco consentían que volviera a su plaza a la Audiencia Nacional, le dejaron hasta sin sueldo de ninguno de los dos sitios. ¡Ay, España de mi esperanza! 

Hay otra cosa que no le perdonan a De Prada y es su radical compromiso con los Derechos Humanos que le hacen militar en la justa idea de que estos son aplicables a todo hombre y por todo el sistema, y no pueden olvidarse cuando convenga. Así que los ha aplicado siempre, como manda la ley, a los acusados de terrorismo y esto, me van a perdonar, tiene mala prensa entre muchos sectores que piensan que contra el enemigo vale todo, como en el medioevo. De aquí se deduce, creo yo, que también las formaciones catalanas y vascas no vean mal que alguien así se siente en el órgano de gobierno de los jueces. 

No sé si ya se hacen una idea del tipo del que les vengo hablando. No es un personaje cómodo y espero que eso lo tengan claro hasta sus valedores. Su sensibilidad es claramente de izquierdas, pero eso no debería molestar porque entre los candidatos que no provocan lío hay algunos claramente de ultraderecha. Es un tipo válido, pero no se va a casar ni con Iglesias y eso, amigos, eso en este país no se perdona. 

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado conceder el amparo que le fue solicitado el pasado lunes por el magistrado de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo De Prada, a quien se atribuyen las frases más contundentes sobre la 'caja B' del PP en la sentencia del caso Gürtel que el Supremo ha matizado en casación.

El juez acudió al órgano de gobierno de los jueces ante lo que considera una campaña en determinados medios de comunicación que le han convertido en “chivo expiatorio” sobre el que elaborar un “relato interesado” de la moción de censura que costó la Presidencia a Mariano Rajoy.

Según ha informado el CGPJ, la inadmisión se produce porque una mayoría de la permanente considera que en su petición no se reúnen los requisitos que, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, determinan la existencia de un ataque o perturbación de la independencia judicial.

Tres vocales querían ampararle

Los vocales designados a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda, favorables a la admisión a trámite de la petición de amparo para su tramitación posterior, han anunciado la formulación de voto particular.

En su petición al Consejo, de Prada explicaba que se veía en la necesidad de denunciar “la campaña de prensa llevada por determinados periodistas y medios de comunicación, de forma coordinada”, contra su persona, afectando a su indemnidad profesional e inquietando y perturbando gravemente su independencia judicial.

De Prada percibe estas manifestaciones “como una presión y represalia” por su actuación jurisdiccional en el referido asunto, a la vez que haber sido elegido como “juez-chivo expiatorio sobre el que elaborar un relato interesado con el que socavar el sentido, credibilidad y validez de una resolución judicial que consideran desfavorable a los intereses” que los citados medios representan.

El magistrado, que cita tres medios de prensa escrita, acusa a los responsables de esas publicaciones de atribuirle una “actuación jurisdiccionalmente desviada en el tribunal que dictó la primera sentencia”, ser responsable de menciones indebidas en la misma que afectaban al Partido Popular y que ello estaba preordenado para posibilitar una moción de censura contra el Gobierno de aquel momento, culpándole en definitiva de ser el desencadenante de la misma, por estar en connivencia con el partido político que la propició.

“Se personaliza en mí la sentencia de la instancia, reproduciéndose profusamente mi imagen en los indicados medios, como el magistrado causante de la moción de censura, haciéndome parte de un complot político-judicial”, añade en su escrito.

Reclamaba rectificaciones

Así, reclamó amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que, en concreto se requiera a los medios de comunicación y a los periodistas firmantes de los artículos mencionados en su escrito que “de inmediato ”cesen en su descrita actuación perturbadora de mi independencia judicial“.

Pide también la inclusión en los citados medios de una rectificación de las informaciones que considera vejatorias de su persona y prestigio profesional al excederse de la “sana y razonable crítica de las resoluciones judiciales, y del derecho a la libre información veraz”, además de calificarlas de atentatorias de su independencia judicial.

Y ello pese a reconocer que “el tratamiento que en general se le ha dado por la prensa, tanto escrita como televisión y radio ha sido correcto, manteniéndose dentro del marco de la libertad de expresión, información y crítica de las resoluciones judiciales, especialmente tras la rectificación el mismo día 14 de octubre de la nota inicial emitida por el Gabinete de Prensa del Tribunal Supremo, ”que contenía determinadas inexactitudes, que fueron adecuadamente corregidas“, apunta.

El Supremo confirmó el grueso de su sentencia en lo relativo a las condenas de los procesados y del propio PP como partícipe a título lucrativo, si bien estimó que acogía en parte los argumentos de juez de la Audiencia Nacional que emitió voto particular discrepante, Ángel Hurtado, en el sentido de señalar que determinadas expresiones alusivas a la constatación de una 'caja b' en el partido eran innecesarias.

La existencia de dicha caja B, que la sentencia dio por probada en relación con la actividad delictiva del extesorero del partido Luis Bárcenas, condenado ya en firme en Gürtel, es la materia central de otro procedimiento, el denominado caso de los 'papeles de Bárcenas', que va a comenzar a juzgarse el próximo mes de febrero.

De Prada ya recibió el pasado viernes el apoyo de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JpD), que emitió un comunicado recordando que este magistrado es miembro de un órgano colegiado, y que actuó en este asunto en el ejercicio profesional y con la independencia que ostentan todos los miembros de la carrera judicial.

El Partido Popular sigue intentado que el Tribunal Supremo anule la sentencia de la primera época de la trama Gürtel que consideró que se había beneficiado de la corrupción. Un año después de presentar el recurso en el que piden la absolución, su abogado ha enviado un nuevo escrito al Alto Tribunal en el informa de la recusación del magistrado José Ricardo de Prada y añade que la decisión apoya sus argumentos para que la condena sea anulada.

El escrito, firmado por el letrado Jesús Santos y al que ha tenido acceso eldiario.es, informa al Supremo de que en una resolución del pasado 4 de octubre, la Audiencia Nacional ha acordado apartar al juez De Prada del caso de la caja B, una de las piezas separadas de Gürtel que aún quedan por juzgar. La recusación, promovida por el PP y su extesorero Luis Bárcenas, partió a la Sala de lo Penal: la decisión se tomó por ocho votos a siete.

Los ocho jueces que decidieron apartar a De Prada criticaron que hubiese incluido en el fallo de la primera época de Gürtel algunas valoraciones que creyeron innecesarias. La Sala argumentó que algunas de la frases del juez no aludían al objeto que se juzgaba, sino que remitían a otras piezas, como precisamente la de la caja B.

“Se deduce con claridad la toma de postura ya de este magistrado respecto de varias de las cuestiones relevantes, que no eran objeto estrictamente de enjuiciamiento”, concluyó la Audiencia Nacional. Los jueces que no apoyaron la recusación argumentaron que “no puede ni debe imputársele” a De Prada una actuación individual en esa sentencia porque el tribunal es un órgano colegiado.

El PP consiguió por tanto apartar del futuro juicio de la caja B al juez que había sido más duro en la condena de Gürtel -le llegaron a responsabilizar de la moción de censura- y ahora quieren que esa decisión incline la balanza en el Supremo a su favor. El Alto Tribunal tiene sobre la mesa varios recursos contra la sentencia de la primera época de Gürtel, que los populares quieren anular.

En el escrito, el abogado del PP hace constar algunos párrafos de la resolución de la Audiencia Nacional que aparta a De Prada. A continuación, argumenta que las afirmaciones del juez “no eran congruentes con el objeto del primer proceso”. Si eran innecesarias, añade, dañan el honor, el derecho de defensa y a la presunción de inocencia de PP.

“Por su índole acusatoria y por su carácter extra petita ponen de manifiesto la ausencia de imparcialidad o de apariencia de imparcialidad de los Magistrados que las firman”, añade el escrito en referencia a De Prada.

El documento que el PP ha enviado ahora al Supremo da continuidad a la estrategia que el partido ha seguido desde que en mayo de 2018 fue condenado como partícipe a título lucrativo en el primer juicio de la trama Gürtel. Solo unos meses después, en octubre, presentaron el recurso contra la sentencia en el que ya señalaban a De Prada. Le acusaban incluso de haber ayudado al cambio de Gobierno.

El juez José Ricardo de Prada, responsable junto a Julio de Diego de los pasajes de la sentencia de Gürtel que dieron por acreditada la caja B del PP en la pieza de la 'Época 1' del caso Gürtel (1999-2005), incluyó en esa resolución argumentaciones que no era “absolutamente necesario” introducir, lo que compromete su imparcialidad para juzgar los papeles de Bárcenas. Así lo considera la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, en una ajustada votación por ocho votos a siete, acordó el pasado 4 de octubre aceptar la recusación contra De Prada planteada por el PP y por su extesorero. 

En el auto, hecho público este jueves, los magistrados admiten que aunque los hechos analizado en ambas causas no son “coincidentes” sí se produjo en la sentencia de Gürtel la expresión del criterio de De Prada sobre algunos de los hechos que deben ser objeto de debate en el nuevo juicio oral. 

La sentencia de Gürtel certificó la existencia la existencia en el PP de “estructura contable paralela a la oficial” nutrida con donaciones a cambio de adjudicaciones y provocó un tsunami político que arrasó al Gobierno de Mariano Rajoy, moción de censura mediante. El fallo, sin embargo, solo fue posible porque el conservador De Diego compartió tesis con De Prada en contra del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que propuso la absolución del PP y de cuatro acusados. 

De hecho, la mayoría de la Sala se remite al voto particular de Hurtado para determinar qué pasajes de la introducción de los hechos declarados probados no era necesario introducir. Entre ellos, la frase de la sentencia que alude a la creación en el PP de un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” que copó muchos titulares cuando se hizo pública esa resolución en mayo de 2018.  

Por otro lado, los jueces de la Audiencia Nacional afean a De Prada que se pronunciara sobre cuestiones “no absolutamente” necesarias para ese enjuiciamiento en una de las piezas desgajadas del procedimiento originario. A juicio de la mayoría de la Sala, de este hecho “se deduce con claridad la toma de postura ya de este magistrado respecto de varias de las cuestiones relevantes, que no eran objeto estrictamente de enjuiciamiento” en la sentencia de la Época 1 de Gürtel pero que sí deben resolverse en la causa específica de los papeles de Bárcenas. 

Cinco magistrados creen que no está contaminado 

No todos los magistrados de la Sala de lo Penal están de acuerdo con apartar a De Prada. El magistrado Ramón Sáez emitió un voto particular contra esta resolución, al que se han adherido otros cuatro magistrados: Alfonso Guevara, María Riera, Fernando Andreu y Fermín Echarri. En él recuerdan que el tribunal es un órgano colegiado y que, en consecuencia, “no puede ni debe imputársele” a De Prada “actuación individual alguna” en la elaboración de la sentencia. 

Sáez califica de “irrelevante” la discusión sobre el pronunciamiento acerca de la existencia de una “contabilidad clandestina en el partido”, pues el objeto de la pieza sobre los papeles de Bárcenas “no es que el partido tuviera una contabilidad paralela o caja B” y por tanto no tiene nada que ver con la sentencia de Gürtel. 

“No es un hecho principal y nuclear de los tipos penales que el dinero apropiado, ocultado a Hacienda y blanqueado procediera de una contabilidad paralela”, destaca el voto particular. En consecuencia, los magistrados discrepantes entienden que el “enjuiciamiento previo no contaminó a los miembros del tribunal que emitió la primera sentencia y no les inhabilita para conocer de esta pieza segunda”.

La magistrada o magistrado que sustituya a José Ricardo de Prada en el tribunal que juzgará la caja B del PP será el undécimo en integrar las distintas composiciones que ha tenido esa sala desde la primera que hizo pública la Audiencia Nacional hace ya más de cuatro años. Tres de ellos han sido apartados por su afinidad al Partido Popular: Concepción Espejel, Enrique López y Juan Pablo González. La recusación de De Prada fue votada este viernes por ocho votos contra siete con el argumento de que ya se ha pronunció en la sentencia de Gürtel sobre la existencia de una financación con dinero negro en la formación de Pablo Casado durante dos décadas.

La decisión de apartar a De Prada ha sido presentada como una cuestión técnica que levanta muchas suspicacias. El magistrado progresista es, junto a Julio de Diego, responsable de los pasajes de la sentencia de Gürtel que dieron por acreditada la caja B del PP y que provocaron un tsunami político que arrasó al Gobierno de Mariano Rajoy, moción de censura mediante.

De Prada, que nunca ha escondido su talante progresista, siempre fue objetivo del Partido Popular, artífice de la recusación que ha apartado al magistrado del tribunal de la caja junto a su extesorero Luis Bárcenas. El fallo, sin embargo, solo fue posible porque el conservador De Diego compartió tesis con De Prada en contra del presidente del tribunal, Ángel Hurtado.

Los jueces, para dar “contexto” a los intercambios de favores entre la trama de Francisco Correa y los cargos políticos, explicaban que el Partido Popular disfrutó de “una estructura financiera y contable paralela a la oficial” y que ésta existió “desde al menos el año 1989”. Una de sus finalidades era “entregar cantidades a personas miembros relevantes del partido”. La procedencia: dinero negro de los empresarios a cambio de adjudicaciones. Esas donaciones, tenían, “un marcado carácter finalista, en tanto en cuanto es una manera de pagar favores, o la contrapartida, por adjudicaciones irregulares de contratos”, recogía el fallo.

Una vez más, la composición definitiva del tribunal será de carácter conservador. A quien corresponda por reparto sustituir a De Prada se encontrará presidiendo el tribunal a María José Rodríguez Duplá y redactando el fallo a María García Fernández, ambas magistradas conservadoras nombradas por el actual Consejo General del Poder Judicial, con mayoría de miembros propuestos por el PP. Rodríguez Duplá sustituyó a Concepción Espejel al frente de la Sección Segunda cuando ésta fue ascendida a presidenta de la Sala de lo Penal pese a haber sido apartada del tribunal de Gürtel por su proximidad al PP.

El otro magistrado recusado junto a Espejel fue Enrique López, el magistrado por el que el PP y/o la mayoría conservadora de la judicatura ha hecho más esfuerzos y durante más años por situarlo en el CGPJ, el Tribunal Constitucional y la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Ahora se desempeña como consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

El cuarto magistrado apartado del tribunal de Gürtel por no guardar la apariencia de imparcialidad respecto al PP fue Juan Pablo González, con una carrera impulsada por el Partido Popular y que, poco después de aquel varapalo, fue elegido para presidir la Audiencia de Madrid con los únicos votos del bloque conservador mayoritario en el Consejo General del Poder Judicial. Completan la nómina de magistrados que han pasado por ese tribunal Fernando Andreu y María Riera Ocáriz.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes apartar al magistrado José Ricardo de Prada del tribunal que juzgará la caja B del Partido Popular, una causa también conocida como la de los papeles de Bárcenas. La decisión ha sido muy ajustada y se ha tomado por ocho votos a siete. La Sala ha rechazado la segunda recusación propuesta contra el juez, la que afecta al juicio sobre los negocios de la trama Gürtel en el municipio de Boadilla del Monte (Madrid). En este ocasión, por diez votos a cinco.

El argumento para apartarlo del tribunal de los papeles de Bárcenas es que De Prada ya juzgó la pieza relativa a la llamada 'Época 1' del caso Gürtel (1999-2005), tras la que se dio por probada la existencia de una contabilidad “paralela” en el partido nutrida a base de donaciones finalistas y que servía para pagar actos electorales. Y que, en consecuencia, eso le contamina para juzgar una causa de la que también será objeto la contabilidad irregular del PP.

En esta ocasión, el PP y su extesorero Luis Bárcenas recusaron a De Prada, de tendencia progresista, por considerarlo parcial para juzgar la pieza sobre la caja B del PP, pendiente de que se fije fecha para la vista oral desde 2015, al considerar que ya se había pronunciado respecto de la existencia de esas cuentas opacas en la sentencia sobre la primera época de Gürtel.

En el caso de la caja B están acusados el extesorero del PP, que se enfrenta una petición fiscal de 5 años de prisión; el exgerente del partido Cristóbal Páez (18 meses de cárcel), así como el PP en calidad de responsable civil subsidiario, al que se le reclamó una fianza de 1,2 millones de euros.

Se refiere fundamentalmente esta causa al supuesto pago parcial “de 888.000 euros”, procedente de las donaciones no declaradas y reflejadas en los papeles de Bárcenas, para sufragar la reforma de la sede del PP en la calle Génova, por lo que también se sentarán en el banquillo los responsables de la empresa Unifica, el estudio de arquitectura que llevó a cabo el proyecto.

El juez progresista José Ricardo de Prada volverá a formar parte del tribunal que juzgará el caso Bárcenas sobre la caja B del PP y también del que enjuiciará la pieza de Gürtel sobre irregularidades en Boadilla del Monte (Madrid), una vez ha reingresado en la Audiencia Nacional tras su marcha a La Haya. En sendas providencias, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia notifica la reincorporación del magistrado a los dos tribunales.

De Prada, que ya formó parte del tribunal que juzgó la primera época del caso Gürtel, ha reingresado esta semana en la Audiencia Nacional tras su paso por el tribunal de La Haya que resolvió la apelación del exlíder serbobosnio Radovan Karadzic.

Concretamente, el magistrado ha estado durante un año en el Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MTPI), corte que sucede al extinto Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) a la que se incorporó en marzo de 2018.

Cuando se marchó a La Haya, su plaza en el tribunal que juzgará la caja B del PP, reflejada en los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas, fue ocupada por María José Rodríguez Duplá, pero ahora esta sustitución se revierte.

Así, De Prada vuelve a formar parte de nuevo de la terna de jueces que juzgará esta pieza del caso Gürtel, junto a los magistrados María Riera y Ángel Hurtado, que será el ponente, como ya lo fue de la sentencia del caso Gürtel.

Lo mismo ocurre en el tribunal que enjuiciará la pieza de Gürtel sobre Boadilla del Monte, localidad en la que el PP está acusado de lucrarse con los beneficios de la trama, al igual que en la primera época de Gürtel, en la que el partido resultó condenado.

De Prada intentó ser apartado sin éxito del tribunal del caso Gürtel por el considerado número dos de la trama, Pablo Crespo, quien adujo amistad con el primer instructor del caso, el exjuez Baltasar Garzón. Bárcenas también pidió su recusación en el tribunal de la caja B, rechazada por el pleno de la Audiencia Nacional.

Posteriormente, De Prada fue duramente cuestionado por el PP cuando aspiró a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el último proceso de renovación de ese órgano de finales de 2018, que acabó fracasando por la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE. En un primer momento su nombre quedó excluido por que no se hallaba en servicio activo en la carrera judicial.

Al no poder hacerlo como juez, aspiró finalmente a una vocalía como jurista, con el apoyo del PSOE y de Podemos y, en su comparecencia en el Congreso, fueron evidentes las tensiones del PP con el magistrado que motivó la declaración como testigo en el juicio del caso Gürtel del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy,

Fue el ponente de la sentencia que condenó al exmilitar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad y estuvo ya destinado en servicios especiales en el tribunal de Bosnia-Herzegovina para crímenes de guerra.

Es conocido también por sus declaraciones sobre el terrorismo de ETA. Durante un encuentro sobre terrorismo, dijo que en España se han producido “de una manera clara muchos casos de tortura”, lo que le valió sendas recusaciones en dos causas relacionadas con ETA que finalmente fueron rechazadas.

Fueron sonados algunos votos particulares que adjuntó para discrepar de la opinión mayoritaria de sus compañeros de tribunal, como el que emitió en abril de 2011 justificando el denominado “chivatazo” con el que se habría alertado a ETA sobre una operación contra su red de extorsión en 2006 en el bar Faisán de Irún como parte “de un proceso de negociación política”.

El Partido Popular ha tenido esta mañana por primera vez frente a frente al que considera una de sus ‘bestias negras’ judiciales, el magistrado progresista que redactó la sentencia del caso Gürtel que a la postre tumbaría al Gobierno de Mariano Rajoy. José Ricardo de Prada ha comparecido en el Congreso por ser uno de los miembros de la lista acordada por ‘populares’ y socialistas a integrar el nuevo CGPJ y allí ha escuchado al portavoz del PP cuestionar su trayectoria y calificarlo como “controvertida figura del ámbito jurídico”.

De Prada ha sido el primero de los candidatos a vocales del CGPJ en comparecer ante la Comisión Consultiva de Nombramientos. Allí ha escuchado a Carlos Rojas García, el portavoz del PP, calificar de “muy políticas y controvertidas” posiciones públicas de De Prada como su apoyo a la justicia universal. También le ha recordado que no accede al CGPJ como juez sino en la categoría de “jurista de reconocido prestigio”. “Hay muchos con más prestigio que usted. Es bueno que usted pase a la política y deje de poner sentencias”, ha dicho Rojas García.

El portavoz del PP ha lanzado una serie de preguntas a De Prada cuestionando su independencia y su futura labor en el CGPJ, pero sin mencionar la sentencia de Gürtel. “¿Se compromete a guardar secreto de las deliberaciones que tengan carácter reservado?”o “¿Va a respetar las incompatibilidades?”, han sido algunas de ellas. “Esperemos que no se formen grupos dentro del Consejo”, ha llegado a decir Rojas.

El juez De Prada ha respondido: “Mi independencia queda acreditada en toda mi carrera profesional, desde primera hasta la última resolución. En España y en la justicia internacional”. El magistrado ha recordado que tiene a sus espaldas “más de 32 años de función jurisdiccional” y que, de ellos, 28 años los ha pasado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

“Yo creo que España tiene que estar orgullosa de tener a un juez en el Tribunal que resuelve la apelación de la causa contra Radovan Karadzic, el proceso más importante desde la Segunda Guerra Mundial”, ha añadido De Prada.

El juez ha reconocido que no se encuentra cómodo de integrar el consejo por la terna de juristas de reconocido prestigio en lugar que por la de jueces, pero ha recordado que ha sido precisamente su comisión de servicios para el fallo del TPI de La Haya el que le impidió acceder la convocatoria del CGPJ como juez.

El juez José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal que juzgó la primera etapa del caso Gürtel y acreditó la existencia de una caja b en el PP, será uno de los vocales propuestos por el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ultiman los partidos. Los vocales serán los que luego elijan al presidente de la institución y del Tribunal Supremo, que PP y PSOE han pactado que sea el conservador Manuel Marchena. 

Según han confirmado fuentes conocedoras de la negociación a eldiario.es, además de De Prada, formarán parte del sector progresista del órgano de gobierno de los jueces la catedrática de Derecho del Trabajo Carmen Sáez Lara, el letrado de la Administración de Justicia Luis Martín Contreras, la fiscal feminista y miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) Pilar Fernández Pérez, y el abogado socialista y exvicepresidente asturiano Bernardo Fernández Pérez. Todos ellos serán integrantes de la terna reservada a “juristas de reconocido prestigio”. 

Además, José María Fernández Seijo, el juez de lo Mercantil que elevó al Tribunal de Luxemburgo la cuestión prejudicial que determinó que la existencia de cláusulas abusivas en un contrato hipotecario podía paralizar un desahucio, también formará parte de la nueva mayoría progresista aunque, en su caso, como uno de los vocales elegidos entre miembros de la carrera judicial.

Se suma a esta lista de vocales propuestos por el PSOE dentro del cupo de juristas la actual presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Esther Erice, quien tuvo que lidiar con la polémica por la sentencia contra La Manada, dictada por jueces del órgano que preside. 

Exportavoces parlamentarios de Justicia del PP

Entre los vocales no judiciales de tendencia conservadora, el PP ha propuesto a sus exportavoces en materia de Justicia tanto en el Congreso, José Miguel Castillo, como en el Senado, Manuel Guillermo Altava. También a la fiscala decana de Las Palmas, Rosa Rubio Ramos, que es vocal del Consejo Fiscal Estatal –el órgano consultivo del Ministerio Público– y pertenece a la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera y de carácter conservador. 

El acuerdo entre PP y PSOE incluye el nombre del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, cargo que ocupará Manuel Marchena, actual presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. El nombre de Marchena fue propuesto por el PP y aceptado por el PSOE, que tendrá una mayoría de 11 a 9 entre los 20 vocales. 

El Tribunal Supremo ha fallado que el juez Ricardo de Prada no puede presentar su candidatura para ser vocal del Consejo General del Poder Judicial. El juez, de tendencia progresista y que ha formado parte del tribunal del caso Gürtel, presentó un recurso contra su exclusión de ese proceso que ha sido ahora desestimado.

De Prada, actualmente en situación de servicios especiales como magistrado del Mecanismo Residual ante los Tribunales Internacionales de Naciones Unidas, pidió que se aceptase su candidatura a vocal del CGPJ en el proceso de renovación que afronta ahora el órgano de gobierno de los jueces, pero fue rechazada.

De Prada había solicitado su reincorporación a su plaza en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero el CGPJ se lo negó con el argumento de que no había justificado su cese en la situación de servicios especiales que cumplía en La Haya. Sin puesto en la Audiencia Nacional, De Prada quedaba fuera del servicio activo, así que la Junta Electoral que regula el proceso de elección del CGPJ excluyó su candidatura. Presentó entonces este recurso al Supremo que ha sido también desestimado.

La Sala Tercera de ese tribunal considera que solo pueden presentarse a ese puesto los jueces o magistrados en servicio activo “siendo esta exigencia un presupuesto objetivo y reglado para la concurrencia al proceso electoral”. Los jueces afirman que de Prada nunca ha formalizado su renuncia al cargo ante los Tribunales Internacionales de Naciones Unidas, requisito que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial.

“La actuación del citado magistrado, como indica en los diferentes escritos que obran en este recurso, aún no ha finalizado pues el órgano internacional donde está prestando servicios está en fase de redacción de la sentencia”, sostienen los jueces del Supremo. Esa sentencia se refiere al recurso de apelación de la Fiscalía a la condena del líder serbobosnio Radovan Karadzic.

La sentencia no ha dictado por unanimidad. Dos jueces -Segundo Menéndez y Pablo Lucas Murillo- han firmado un voto particular en el que defienden que la candidatura de De Prada debía ser aceptada porque el juez había manifestado que iba a solicitar su reingreso al servicio activo si era elegido.

“El compromiso manifestado por el recurrente de solicitar el reingreso al servicio activo de modo que 'estaré, en caso de ser elegido, en la requerida situación de servicio activo”, equivale fáctica y jurídicamente a la manifestación de compromiso de renuncia al cargo del que depende la situación de servicios especiales“, sostienen estos dos magistrados.

Para estos dos jueces, si De Prada está o no reincorporado al servicio activo es una circunstancia que hay que valorar si es elegido y antes de ser nombrado, no ahora, cuando tan solo ha presentado su candidatura.

La plasticidad de la norma y de sus consecuencias ha ganado un lugar sublime en manos del CGPJ y de su actual virrey ya con fecha de caducidad. Cada vez más esta modesta crónica del lado oscuro de la Plaza de la Villa de París va conectando con los géneros distópicos que otros como Alan Moore cultivan con maestría. Dudo estar a la altura. Así, si hace unos días tenía que explicarles cómo se las habían apañado de una forma irregular para forzar un amparo a Llarena y asegurarse de que su bolsillo no sufra en Bruselas, ahora tengo de hablarles de cómo esos mismos arcanos del Derecho han servido para condenar a otro magistrado al limbo de los justos y privarle de su ejercicio jurisdiccional y de su sueldo durante unos cuantos meses cubriendo el doble objetivo de mantenerlo apartado de dónde no quieren verlo y de hacerle la Pascua florida, que tampoco es objetivo menor.

El palo y la zanahoria. Nunca hubo ocultación. Así se controla a los jueces según el propio Lesmes. Cierto es que se le olvidó explicar que, llegadas las postrimerías de su mandato, habría conejitos rechonchos y satisfechos y togados apaleados y maltrechos con un sólo baremo diferenciador: ser amigos o no serlo. Uno de los míos. La puerta abierta en la que todo es factible con un único control posible a través de un tribunal que él preside y cuya sala ha sido convenientemente abastecida. Pablo Llarena y José Ricardo De Prada. ¿Qué les separa además de un abismo de habilidades jurídicas? Uno di Noi. Un argumento que pesa más que cualquier mérito profesional.

A De Prada le están pasando la factura por muchas cosas, pero la menor no es la atribución a su independencia judicial del tenor de la sentencia que derrumbó a Rajoy. No es pequeña cuenta. El tornillo suelto de un mecanismo que el Partido Popular y sus mariachis judiciales y legislativos se habían ocupado de engrasar a la mayor empresa de salvar al partido de su putrílago.

José Ricardo De Prada es el único magistrado español que ha sido nunca juez internacional. Ningún otro español ha formado jamás parte de los tribunales internacionales creados con la finalidad entre otras de hacer justicia a los criminales de guerra. Nadie ha llegado a ese grado de reconocimiento internacional de su valía jurídica. A lo mejor por eso. De facto, recordarán que fue dejado fuera de la decisión sobre el ingreso en prisión de los condenados por la Gürtel, mujer de Bárcenas incluida, alegando que había pedido su pase a servicios especiales para hacer frente a la vista de los recursos de apelación de Radovan Karadzic. Y allí estaba hasta que las vistas del recurso se han celebrado y deliberado y hasta que el tribunal ha comunicado a las partes que la sentencia saldrá en diciembre. Ahora mismo se ultima la redacción y traducción por los equipos jurídicos del tribunal, bajo la dirección del presidente, y no hay cometido o función que requiera su presencia en La Haya.

Así las cosas, De Prada solicitó su reincorporación al servicio activo en la Audiencia Nacional y, a la vez, quiso presentarse como candidato con avales a vocal. Una batalla que ya se está librando. La decisión del CGPJ de no permitirle su vuelta al servicio activo -basándose en que no presenta certificación de lo que nadie está llamado a certificar- consigue en una carambola perfecta impedirle ser candidato a vocal e impedirle volver a la Audiencia Nacional. El triple salto se completa con dejarle sin ingresos. Dado que se buscó un mecanismo low cost para los actuales tribunales internacionales ad hoc (IRMCT), los jueces de los países sólo cobran por las horas de trabajo necesarias que certifican los presidentes de los tribunales. Así que como ya no hay trabajo en La Haya, De Prada no cobra de allí y como no le dejan volver a su puesto de la Audiencia Nacional, pues tampoco de aquí.

No es ese el principal de los problemas, pero no deja de constituir una preciosa paradoja no sólo sobre los bolsillos que se protegen sino también sobre la forma de entender el patriotismo y la forma de estar de España en el mundo. ¿Qué podría hacer De Prada desde esta situación imposible en la que le pone Lesmes para volver a su puesto en la Audiencia Nacional y recobrar una función protegida por la inamovilidad? Sólo le dejan la salida de renunciar al tribunal, pero si el magistrado español hace tal cosa, toda la apelación de Karadzic se viene abajo y todo debería comenzarse desde el principio con un nuevo tribunal conformado. ¿Qué pasaría con los compromisos internacionales de España y con sus socios si la renuncia de un magistrado español creara tal conflicto en un asunto que todavía remueve los cimientos de la sociedad balcánica? ¿Qué forma de entender España y lo que significa lleva a indignarse ante un inexistente cuestionamiento de la indemnidad de la jurisdicción en Bruselas y a prácticamente exigir que se cree un conflicto internacional por desbaratar un tribunal? Llarena versus De Prada. Todo con V.

De Prada no va a hacerlo por “responsabilidad ético profesional, institucional y de respeto a los compromisos del Estado Español con la ONU y con la Justicia Pena Internacional”, como ya ha dicho públicamente. ¿Se han solidarizado muchas asociaciones judiciales o muchos compañeros magistrados con él? La respuesta es no. Es evidente que el corporativismo ha sido ya devorado, con V, por el monstruo de la certidumbre de la supervivencia.

Tampoco hay que olvidar el objetivo de mantenerlo fuera de la Audiencia Nacional en un momento en el que el aliado jurisdiccional del PP, el magistrado Hurtado, ha pedido abandonar la Sección Segunda que debe conformar tribunal para, por ejemplo, el juicio de los Papeles de Bárcenas aún pendiente. Si De Prada se reincorpora, aterrizará allí y no hace falta decir que los que cortan el bacalao en la judicatura no lo quieren. Y los que cortan el bacalao mandan tanto y tan por libre que es posible que se hayan convertido ya en uno de los problemas de este país por su profunda deslealtad con el Estado, aunque vendan lo contrario.

Decía el personaje de Valerie Page en V de Vendetta: “Nuestra integridad vale tan poco, pero es todo lo que realmente tenemos, si salvaguardamos ese centímetro, somos libres”. Ite missa est.

La asociación de Jueces y Juezas para la Democracia ha denunciado este martes la decisión por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de excluir al magistrado José Ricardo de Prada en la vistilla de medidas cautelares donde se decretó prisión para Luis Bárcenas, el exconcejal Alberto López Viejo y el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Su lugar lo ocupó la presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, María José Rodríguez Duplá. 

Según han criticado desde la asociación, la decisión del CGPJ supone “una grave intromisión en la independencia judicial”, ya que altera la composición de un órgano judicial ya predeterminado por la legislación. 

“La decisión del CGPJ es cuestionable constitucionalmente y erosiona aún más la imagen de independencia e imparcialidad de los tribunales”, han emplazado, haciendo hincapié en el hecho de que el caso Gürtel trata sobre la corrupción pública. De esta forma, alegan que ha sido el propio CGPJ el que “ha deteriorado su legitimidad” al alimentar las sospechas de lo que han denominado como “ parcialidad partidista”. 

Ha sido precisamente en la vistilla de medidas cautelares donde el tribunal del caso Gürtel decició este lunes enviar a prisión a Luis Bárcenas, el exconcejal Alberto López Viejo y el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Los jueces argumentaron el riesgo de fuga derivado de las altas penas a las que han sido condenados y porque tuvieron una estructura financieras en el extranjero. 

Según recogió la nota de prensa del CGPJ,  la decisión de los magistrados de impedir la participación de De Prada se basa en un informe de los servicios técnicos en el que se considera que la situación de servicios especiales del magistrado progresista -que en la actualidad se encuentra en el tribunal de La Haya-, solo le permitía participar en las deliberaciones sobre la sentencia y en la redacción del fallo, pero no en la vistilla de medidas cautelares.

Desde Jueces y Juezas para la Democracia han argumentado que, a pesar de la situación administrativa excepcional en la que se encuentra De Prada, el magistrado ya había sido anteriomente habilitado por el CGPJ para la “deliberación, redacción y firma de la sentencia hasta el próximo día 31 de mayo”.  Por otro lado, han señalado que la  garantía constitucional del juez legal no se circunscribe solo al órgano jurisdiccional, (...) sino que alcanza a la determinación de quienes integraron el tribunal que ha enjuiciado y decidido el asunto“, han concluido. 

Para la asociación que “el órgano encargado de velar por la independencia de jueces y magistrados” haya apartado al juez De Prada de un caso que aborda un “tema tan sensible” como el primer juicio que ha celebrado la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel, no es más que un “artificio”.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este lunes que el juez progresista del tribunal de la Gürtel, José Ricardo de Prada, no puede participar en la vistilla de medidas cautelares para decidir si los condenados que siguen en libertad tienen que entrar ya en prisión. Le sustituirá en el tribunal la presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, María José Rodríguez Duplá.

Según ha informado en una nota de prensa el CGPJ, la votación ha arrojado un empate a cuatro, que se ha resuelto con el voto de calidad del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Han votado en contra de incluir a De Prada en la vistilla, además de Lesmes, los vocales Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y José María Macías. A favor han votado los vocales Fernando Grande-Marlaska, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

El voto de calidad ha sido utilizado por Lesmes en contadas ocasiones desde que inició su mandato en 2013, recuerdan fuentes jurídicas. La resolución contará con dos votos particulares: uno discrepante con la decisión de excluir a De Prada que redactarán Rafael Mozo y Concepción Sáenz, y otro a favor de Juan Martínez Moya y José María Macías.

La decisión se basa en un informe de los servicios técnicos del CGPJ que considera que la situación de servicios especiales de De Prada, actualmente en el tribunal de La Haya, solo le permitía participar en la deliberaciones sobre la sentencia y en la redacción del fallo, pero no en la vistilla de medidas cautelares.

“La habilitación para ser llamado a la vista que deba decidir sobre el cambio de la situación personal de los acusados en el proceso en el que quedó habilitado para deliberar y firmar la sentencia (...) lo sería para intervenir en una actuación procesal para la que carece de jurisdicción”, sostiene la Comisión Permanente. Añade la resolución que no existe “razón legal alguna para la persistencia en la función que solicita, y constituiría una composición arbitraria de aquel tribunal, constituido de manera especial y al caso”.

La Comisión Permanente del CGPJ es un órgano reducido del Poder Judicial donde los conservadores tienen asegurada la mayoría que reproducen en el Pleno. Sus vocales son los únicos liberados desde la última reforma introducida con el Gobierno del PP y el “abuso” de su utilización para adoptar decisiones es criticado por la minoría progresista del Poder Judicial.

En esta ocasión, los integrantes de la comisión permanente no han votado por bloques, ya que Fernando Grande-Marlaska, vocal a propuesta del PP, se ha pronunciado a favor de que De Prada pudiera participar en la vistilla sobre las medidas cautelares de la Gürtel. Grande-Marlaska fue el anterior presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, precisamente la instancia que va a decidir sobre la cuestión esta misma mañana. El tribunal de Gürtel está integrado por magistrados de la Sección Segunda de esa Sala de lo Penal

La comisión del CGPJ ya se reunió el pasado viernes para decidir si incluir o no al juez, pero la deliberación no se pudo llevar a cabo porque varios vocales no pudieron asistir a la reunión, que fue convocada de urgencia. Alguno de estos vocales se encontraban en el extranjero.

La vistilla solicitada por la Fiscalía Anticorrupción para la imposición de las medidas cautelares para 16 de los 27 condenados en la sentencia del caso Gürtel se celebrará este lunes a partir de las 10.30 horas. Entre estas medidas cautelares cabe el ingreso en prisión antes de que haya sentencia firme. En el grupo de esos 16 condenados en libertad -de los 27 condenados solo Correa y Crespo están en la cárcel- figuran Luis Bárcenas; la esposa de éste, Rosalía Iglesias, Guillermo Ortega o Jesús Sepúlveda.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en su reunión del pasado 8 de marzo otorgar a De Prada la situación administrativa de servicios especiales, a partir del próximo 23 de abril para desempeñar el cargo de “magistrado del mecanismo residual ante los Tribunales Internacionales de Naciones Unidas” en La Haya. De Prada forma parte del tribunal internacional que revisa la sentencia contra el criminal de guerra serbobosnio Radovan Karadzic.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha podido alcanzar este viernes una decisión sobre si el juez progresista del tribunal de Gürtel, Ricardo de Prada, puede participar en la vistilla de medidas cautelares para decidir si los condenados que siguen en libertad tienen que entrar en prisión. Lo decidirán el mismo lunes, justo antes de que se celebre esa vistilla.

Según ha informado el CGPJ, ha sido imposible llevar a cabo la deliberación prevista este viernes porque varios vocales no han podido asistir a la reunión, convocada de urgencia. Algunos se encontraban en el extranjero. Se reunirán de nuevo el lunes a las 8.30 horas, poco antes de que se celebre la vistilla a la que ha pedido acudir De Prada.

La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha fijado para próximo lunes a las 10.30 horas la vistilla solicitada por la Fiscalía Anticorrupción para la imposición de medidas cautelares para 16 de los 27 condenados en la sentencia del caso Gürtel. Entre esas medidas cautelares cabe el ingreso en prisión antes de que haya sentencia firme. 

En el grupo de esos 16 condenados en libertad -de los 27 condenados solo Correa y Crespo están en la cárcel- figuran Luis Bárcenas; la esposa de éste, Rosalía Iglesias, Guillermo Ortega o Jesús Sepúlveda.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en su reunión del pasado 8 de marzo otorgar a De Prada la situación administrativa de servicios especiales, a partir del próximo 23 de abril para desempeñar el cargo de “magistrado del mecanismo residual ante los Tribunales Internacionales de Naciones Unidas” en La Haya. De Prada forma parte del tribunal internacional que revisa la sentencia contra el criminal de guerra serbobosnio Radovan Karadzic.

De Prada había pedido permiso exclusivamente para participar en la deliberación, redacción y firma de la sentencia, no para la asistencia a la vistilla. Sin embargo, el magistrado está disponible y puede participar en la vistilla del lunes. 

El magistrado De Prada solicitó el pasado 18 de mayo poder asistir a la vistilla. En un escrito remitido al presidente del CGPJ, al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez de la Sección Segunda lo razonaba en que la sentencia “impone graves penas privativas de libertad” y, por tanto, era “previsible” que algunas de las acusaciones solicitaron la celebración de la vistilla, como ha hecho finalmente la Fiscalía.  

Además, De Prada recordaba la “complejidad y extensión” del fallo, por lo que resultaba igualmente previsible que “se soliciten rectificaciones o aclaraciones previstas legalmente”.  Todas esas actuaciones, añadía, deben tomarse de forma “inaplazable y perentoria” por el tribunal que ha dictado el fallo y por eso solicitaba que le habilitara de forma “cautelar y urgente” para asistir a la vistilla. 

Los tres jueces del caso Gürtel, los que integran el tribunal que ha juzgado la primera época, no se ponen de acuerdo para redactar la sentencia. El motivo de la discrepancia es si el PP debe ser condenado como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado del dinero negro que manejaban sus filiales en varios pueblos madrileños.

El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha decidido que Julio de Diego y José Ricardo de Prada redacten una parte del fallo y luego lo pongan en común. La decisión responde a la imposibilidad de redactar por consenso la parte que afecta al PP, para el que Anticorrupción pide una condena por considerar que obtuvo un beneficio de la trama Gürtel.

En concreto, la Fiscalía ha sostenido durante el proceso que debe devolver 111.864,32 euros, obtenidos entre 2004 y 2009 por las actividades ilícitas de los miembros de este partido en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. El abogado del PP intentó sin éxito anular el juicio, sumándose a la petición del extesorero del partido Luis Bárcenas.

Fuentes jurídicas sostienen que este punto de la extensa sentencia de la primera época de Gürtel ha provocado una fractura en el tribunal. Tanto, que Hurtado, en principio encargado de redactar la sentencia, ha reconocido en un escrito “discrepancias” con De Prada y De Diego que le llevan a dejar que estos redacten este punto, y luego tratar de ponerse de acuerdo.

Si no llegan a un consenso, el redactado final de la sentencia será el que apoyen dos de los tres jueces, y el que quede en minoría tendrá la oportunidad de emitir un voto particular, en el que expresen esas discrepancias.

No es la primera vez que Hurtado se queda en minoría en el tribunal. Por ejemplo, se opuso a la citación como testigo de Mariano Rajoy y, una vez aceptada por sus dos compañeros, se opuso a que declarase de forma presencial. Durante aquella declaración, Hurtado cortó en numerosas ocasiones las preguntas de la acusación popular y de algunos letrados de las defensas.

En caso de que los tres jueces no lleguen a un acuerdo y Hurtado quede finalmente en minoría, el presidente del tribunal de Gürtel podrá emitir un voto particular. Estas discrepancias puede acabar en el Supremo, con los acusados agarrándose a este enfrentamiento en su recurso al Alto Tribunal.

Los jueces llevan meses preparando la sentencia del caso, cuyo juicio acabó a mediados de noviembre. En el proceso hay un total de 27 acusados, entre los que están los cabecillas de la trama Gürtel como Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez 'El Bigotes', además de expolíticos de ese partido como Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, o Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda.

Además, en el juicio están acusados como partícipes a título lucrativo de esos negocios el propio PP, que según la Fiscalía obtuvo un beneficio procedente de las cajas B de sus filiales en los municipios madrileños. También está acusada la exministra Ana Mato, por lucrarse con el dinero ilícito que obtuvo su marido, Jesús Sepúlveda.

Los tres magistrados que han juzgado la primera época del caso Gürtel mantienen fuertes discrepancias para acordar el contenido de la sentencia. Las diferencias de Ángel Hurtado, presidente del Tribunal, con los otros dos jueces que lo componen, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, han llevado al primero a ordenar que cada uno redacte por su cuenta la parte de la sentencia en la que no se ponen de acuerdo.

Los tres jueces ya han discrepado en varias ocasiones durante el juicio, y ahora esos desacuerdos se han trasladado a la sentencia, en la que llevan trabajando desde que acabó el juicio a mediados de noviembre. Así, Hurtado, que es el ponente de la sentencia, cede la redacción de una parte a sus dos compañeros, para que los dos escriban esa parte y luego ponerla en común.

El propio Hurtado así lo ha reflejado en un escrito, en el que alude a las “discrepancias habidas sobre algunos puntos sometidos a debate” con los otros dos magistrados.

Si no llegan a un acuerdo, el redactado final de la sentencia será el que apoyen dos de los tres jueces, y el que quede en minoría tendrá la oportunidad de emitir un voto particular, en el que exprese esas discrepancias.

Hurtado ha tomado esta decisión al ver que no llegaba a un acuerdo con sus compañeros del tribunal, con los que ha discrepado en otras ocasiones. Por ejemplo, se opuso a la citación como testigo de Mariano Rajoy, que fue posible gracias a que los otros dos miembros de ese tribunal, José Ricardo de Prada y Julio de Diego. Durante aquella declaración, Hurtado cortó en numerosas ocasiones las preguntas de la acusación popular y de algunos letrados de las defensas.

Los jueces llevan meses preparando esa sentencia. En el caso hay un total de 27 acusados, entre los que están los cabecillas de la trama Gürtel como Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez 'El Bigotes', además de expolíticos de ese partido como Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, o Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda.

Además, en el juicio están acusados como partícipes a título lucrativo de esos negocios el propio PP, que según la Fiscalía obtuvo un beneficio procedente de las cajas B de sus filiales en los municipios madrileños. También está acusada la exministra Ana Mato, por lucrarse con el dinero ilícito que obtuvo su marido, Jesús Sepúlveda.