Un juzgado de Granada ha procesado al exjefe de la Policía Local, José Manuel Jiménez Avilés, y a otros siete agentes por presuntos accesos irregulares al sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista (VioGén) para obtener información de la expareja de un subinspector del cuerpo que ha sido condenado por malos tratos.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada procesa a estos ocho agentes por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos al existir indicios racionales de que realizaron hasta 35 consultas no autorizadas en el sistema VioGén a la ficha de la expareja de este subinspector, pese a que la protección de la mujer correspondía en exclusiva a la Guardia Civil.

Además del exjefe de Policía, entre los investigados se encuentran un subinspector y un oficial del Grupo de Mujer y Menores de la Policía Local de Granada en el momento de los hechos, así como cinco agentes más adscritos a esta unidad, que precisamente está especializada en violencia de género.

En el auto, de 19 folios, la magistrada precisa que la Policía Local de Granada “no tenía la asignación del caso y, por tanto, no le correspondía realizar ningún tipo de seguimiento ni protección específica a la víctima”. Aun así, la auditoría realizada por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior revela que accedieron al sistema VioGén hasta en 35 ocasiones entre el 25 de agosto de 2023 y el 4 de abril de 2024, consultando datos personales y sensibles de la víctima y su hija menor de edad.

La investigación concluye que el jefe de Policía Local en ese momento dio una orden verbal para recabar información en VioGén con el objetivo de promover un expediente de información reservada contra la expareja de la víctima, que ha ingresado recientemente en prisión por malos tratos. No obstante, el auto reseña que, aunque el expediente administrativo interno quedó paralizado el 13 de octubre de 2023, las presuntas entradas ilegales en la plataforma continuaron.

La magistrada subraya que estas consultas no autorizadas generaron en la afectada “temor y desasosiego alterando la confianza de la víctima de violencia de género en el sistema, pensando incluso que podía ser localizada por su expareja”, vulnerando su derecho a “conservar sus datos en secreto y a controlar la información de su esfera íntima”.

Delito agravado por su cargo público

La causa tuvo su origen, de hecho, en la denuncia que la propia víctima interpuso en julio de 2024 ante la Guardia Civil tras sospechar que los agentes accedían de forma irregular a su expediente de VioGén. La mujer señaló que su agresor “siempre había estado al tanto de todos sus movimientos, incluso por delante de ella, teniendo conocimiento de ”todo lo que acontecía en su entorno“.

Con este auto, que adelanta el diario Ideal, la magistrada de la plaza número 4 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Granada da por cerrada la instrucción y acuerda que las actuaciones continúen contra estos ocho agentes por el trámite del procedimiento abreviado, dando traslado a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral –formulando escrito de acusación– o el sobreseimiento de la causa.

La magistrada procesa al exjefe de Policía Local y al entonces subinspector Jefe del Grupo de Mujer y Menores en calidad de inductores de un delito de descubrimiento y de un delito agravado de revelación de secretos. Al oficial jefe y al resto de agentes se les imputa como autores, y a todos ellos les aplica la agravante por su condición de funcionario público y prevalimiento del cargo.

Por otro lado, la resolución acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto a los investigados en lo relativo a la hija mayor de edad de la víctima. La magistrada fundamenta esta decisión en que no ha quedado debidamente acreditado el perjuicio hacia ella por las consultas en el sistema VioGén, ni consta que se haya producido la revelación de dato alguno referente a su persona.

La Rioja contabiliza a fecha de 30 de septiembre un total de 949 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema Viogén, según datos estadísticos del Ministerio del Interior consultados por Europa Press.

En el conjunto del país, el Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 106.972 casos activos de víctimas de violencia de género, 54.968 con menores a cargo.

Según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y recogidos por Europa Press, a 30 de septiembre de este año, 21 están en riesgo extremo, 1.132 en alto, 16.470 en medio y 89.349 en bajo.

Respecto a las edades de las víctimas, un total de 1.366 de ellas son menores de 18 años; 26.178 de 18 a 30; 49.338 de 31 a 45; 27.490 de 46 a 64; y 2.600 de 65 o más.

Los datos también revelan que hay 54.968 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.695 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay dos casos de este tipo en riesgo extremo, 148 en alto y 1.545 en medio.

En los casos de menores en situación de riesgo “se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores”.

Igualmente, la estadística refleja 14.097 casos con menores a cargo de “especial relevancia”, con 19 de ellos en riesgo extremo, 1.087 en alto y 12.991 en medio. En estos últimos se detecta “una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 28.355; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.566; la Comunidad de Madrid, con 12.851; Canarias, con 6.569; Galicia, con 6.286; Castilla-La Mancha, con 5.955; Región de Murcia, con 5.903; Castilla y León, con 5.723; Baleares, con 4.412; Extremadura, con 3.029; Aragón, con 2.536; Asturias, con 2.340; Navarra, con 2.249; Cantabria, con 1.646; La Rioja, con 949; Ceuta, con 353; y Melilla, con 250.

El Ayuntamiento de Mérida aportará un segundo policía local a la lucha contra la violencia machista y la protección de sus víctimas en virtud de la ampliación del protocolo interno con la Delegación del Gobierno en Extremadura, que ha sido suscrito este lunes.

Actualmente Mérida tiene 231 casos activos en el sistema Viogén, ninguno de riesgo extremo, dos alto riesgo, 44 de riesgo medio y 185 de riesgo bajo, de los que víctimas son las que están siendo atendidas en colaboración entre Policía Local y Policía Nacional.

El primer edil emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado la importancia de redoblar esfuerzos con más medios y más recursos del Ayuntamiento para poder atender a estas víctimas y ha añadido que este protocolo es un documento que tiene que ser flexible porque, en función de la demanda y de la necesidad de atención, hay que aumentar los recursos fundamentalmente para seguir protegiendo a las víctimas “que es lo más importante en este caso”.

Rodríguez Osuna ha detallado que la Policía Nacional ya hace un despliegue importante en todo lo que se refiere a los operativos de protección de las víctimas de violencia de género y lo que viene a hacer el Ayuntamiento es ayudar a la Policía Nacional para aquellos casos que se derivan a la Policía Local y ha precisado que no responde a que haya habido un repunte en las cifras.

Por su parte, José Luis Quintana, ha indicado que son 14 ciudades extremeñas las que tienen firmados los convenios con el Estado y ha incidido en que Badajoz es la única capital de provincia que no cuenta con él, por.

Por eso, ha valorado la apuesta que hace el Ayuntamiento de Mérida por incrementar las actuaciones en este sentido y porque implica una mayor coordinación entre los servicios policiales de la Policía Nacional y la Policía Local.

Quintana ha precisado que el hecho de que haya un incremento de los casos responden a una mayor concienciación para denunciar y ha destacado la importancia de la participación de los entornos de la víctima porque “es un poco triste que después de una muerte el entorno nos diga, lo veíamos venir. No consintamos eso”. 

La mujer que resultó herida el pasado miércoles a raíz de que su pareja intentara estrangularla en una vivienda en Málaga capital ha fallecido finalmente este lunes.

El agresor se quitó la vida y la víctima fue trasladada al hospital, donde ha permanecido ingresada en la UCI de un centro hospitalario de la capital hasta que ha fallecido cinco días después.

Los hechos sucedieron en la zona de Pinares de San Antón de la capital malagueña sobre las 18:00 horas del pasado miércoles. Fue la hija de ambos la que llamó a Emergencias 112 Andalucía para avisar de que su padre estaba intentando estrangular a su madre.

En ese momento, emergencias movilizó a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional. A la mujer se le practicó la RCP y pudo ser reanimada y trasladada al hospital, donde ha permanecido ingresada en la UCI hasta su fallecimiento.

También se le prestó atención sanitaria al hombre, pero ya había fallecido tras ahorcarse con unas bridas. Ni la víctima, de 35 años, ni el agresor, de 39 años, constaban en el sistema VioGén.

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 6.545 casos activos de víctimas de violencia de género en Canarias, 106.549 en todo el país, de los cuáles 21 están en riesgo extremo, 1.157 en alto, 16.355 en medio y 89.016 en bajo.

Según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y recogidos por Europa Press, a 31 de agosto de este año 1.341 de las víctimas son menores de 18 años; 26.211 de 18 a 30; 49.187 de 31 a 45; 27.214 de 46 a 64; y 2.596 de 65 o más.

Los datos también revelan que hay 54.772 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.715 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay tres casos de este tipo en riesgo extremo, 155 en alto y 1.557 en medio.

En los casos de menores en situación de riesgo “se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo”.

Igualmente, la estadística refleja 14.046 casos con menores a cargo de “especial relevancia”, con 21 de ellos en riesgo extremo, 1.110 en alto y 12.915 en medio. En estos últimos se detecta “una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 28.193; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.439; la Comunidad de Madrid, con 12.881; Canarias, con 6.545; Galicia, con 6.297; Castilla-La Mancha, con 5.906; Murcia, con 5.881; Castilla y León, con 5.695; Baleares, con 4.423; Extremadura, con 3.033; Aragón, con 2.518; Asturias, con 2.330; Navarra, con 2.236; Cantabria, con 1.656; La Rioja, con 943; Ceuta, con 334; y Melilla, con 239.

A finales de julio, el Ministerio de Igualdad convocaba al Comité de Crisis para analizar los asesinatos machistas, que no han dejado de suceder en diversos puntos del país durante este verano, de forma muy preocupante.

Se pide primar la protección de las víctimas de violencia machista que pidan retirar la denuncia o la orden de protección. Una de las conclusiones de aquel encuentro tiene que ver con la necesidad de “recalibrar” el peso que el sistema judicial y policial le da a la víctima ante ese tipo de casos, porque “no actúa en libertad en un contexto de violencia de género”.

También se consideró priorizar la persecución de quien delinque y la protección de la víctima y tener en cuenta que, si hay menores, suele tener “dependencia emocional o económica con el agresor”.

Susana trabaja en el sistema sanitario y a menudo se encuentra con víctimas de violencia machista en su día a día laboral. Son historias terribles que, paradójicamente, ella tiene en casa, en un pueblo de Castilla-La Mancha.

En agosto de 2024 su hermana fue víctima de la primera agresión “documentada” en la que la Guardia Civil intervino de oficio. No hubo intervención ni se activó un dispositivo de protección porque ella no reaccionó. “No pidió ayuda pese a la buena disposición de los Servicios Sociales”, reconoce la familia.

No es el primero caso ni el único. Raúl es agente de la Guardia Civil desde hace nueve años. Trabaja en Illescas (Toledo), dentro de la unidad de seguridad ciudadana. “Somos los patrulleros, los que van a los avisos”, cuenta. “Como primeros intervinientes, nuestro objetivo principal al llegar al lugar es proteger a la víctima. El paso siguiente será averiguar los detalles del caso, tanto a través de lo que vemos, como de los testimonios de víctima, agresor y de posibles testigos. Algo importante también será la presencia o no de menores”.

Pero no es fácil, dice, a la hora de determinar si hay delito y en qué grado. Las cosas no están siempre claras en este tipo de avisos que, dice, “son continuos”. La violencia de género no cesa. “La sensación que tenemos los patrulleros es que no solo no se está reduciendo, sino que aumenta”.

Y no ocurre solo en el medio rural. El subinspector Hernández lleva dos años al frente de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Toledo. Cuenta que la violencia de género evoluciona, tal y como lo hace la sociedad, pero no desaparece. “Hace una década las denuncias se producían en el seno del matrimonio y ahora la mayoría se dan en relaciones sentimentales de noviazgo o parejas de hecho”.

La violencia se sigue produciendo “en cualquier ámbito social”. El policía nacional explica que las mujeres “son más vulnerables por el hecho de ser extranjeras, por tener adicciones o discapacidad, pero también hay víctimas con una posición acomodada”.

El policía explica que “el perfil de agresor es el de un controlador” y que su comportamiento tiene varias etapas. “Es una persona que acumula ira y agresividad, después llega la agresión en sí y luego hay un periodo de arrepentimiento. Es lo que permite que la víctima se confíe y se produzca la etapa que llamamos ‘Luna de Miel’. Es idílico hasta que todo comienza otra vez”.

En su trabajo, reconoce el agente, el hándicap es que “en las poblaciones grandes la gente pasa más inadvertida” que en el medio rural. “Es más difícil que alguien cercano detecte que una víctima sufre malos tratos”.

La Guardia Civil y la Policía Nacional trabajan de forma coordinada para ‘coser’ los casos entre el ámbito rural y el urbano. Y hay un elemento común: en muchos casos no se denuncia. “Es un derecho”, recuerda el policía.

En todo caso, si no hay denuncia existe un ‘protocolo 0’, con pautas claras para conseguir información a través de la observación o el relato de testigos “para que la valoración de riesgos sea lo más real posible. Si hay parte de lesiones lo tiene que aportar la víctima voluntariamente”, explica el agente.

Es algo que conoce bien el agente Torres, responsable de la sección de Violencia de Género de la Guardia Civil en la comarca toledana de la Sagra, al límite de la comunidad de Madrid, dentro de la cuarta compañía. Es una de las zonas de Castilla-La Mancha con mayor índice de delincuencia junto al Corredor del Henares, en Guadalajara. Allí también hay más casos de violencia de género. Hasta cuatro equipos se ocupan de este tipo de delitos en esta parte de la provincia de Toledo.

También pone el acento en las denuncias. “Hablamos de un delito público y cualquiera puede denunciar. Hemos llegado a recoger denuncias de vecinos que escuchan gritos o peleas, aunque no vean la agresión. Así ya podemos actuar”.

¿Y por qué no denuncian?, preguntamos. “Muchas veces las mujeres no denuncian para no romper la unidad familiar, por dependencia económica o emocional y piensan que él va a cambiar. No es porque tengan miedo. A veces no perciben ni siquiera el riesgo para su integridad física. Eso también hay que entenderlo”.

Muchas veces las mujeres no denuncian para no romper la unidad familiar, por dependencia económica o emocional y piensan que él va a cambiar. No es porque tengan miedo

Agente Torres — Guardia Civil

Sin embargo, afirma que “todos los casos terminan siendo judicializados denuncie o no la víctima cuando hay indicios. Es incluso posible detener al presunto agresor. El llamado protocolo cero se activa, aunque no haya denuncia. Lo que prima es proteger la integridad de la víctima y de los menores a cargo”, afirma el agente.

A pesar de eso no niega lo complejo de este tipo de delitos. “Si la mujer no se abre con nosotros ni con la jueza es complicado que se dicte una orden de protección, la que sea, salvo que hay atisbo de una alta probabilidad de peligro”, dice el guardia civil, quien reconoce que a veces el trabajo puede resultar frustrante. “Las víctimas no solo no asumen, tienen un velo en los ojos”.

El código postal determina el resultado del procedimiento judicial para la víctima y también el de sus hijos e hijas. Si en un juzgado a una mujer se le pone la etiqueta de loca o mentirosa, será muy difícil quitarla si es siempre el mismo juez o jueza

Cira García Domínguez — Magistrada especializada en violencia de género

“Más de 70% de las mujeres asesinadas no habían denunciado”

Cira García Domínguez, magistrada de la plaza 14, en la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Madrid. Fue pionera al convertirse en la primera magistrada al frente del único juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer de toda Castilla-La Mancha, en Albacete.

Forma parte de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y cree que se ha producido un “avance muy importante tanto legislativo como judicial” cuando hablamos de violencia de género, pero también dice que no es suficiente.

Con más de 430 partidos judiciales en el país, los juzgados exclusivos de violencia de género no llegan a los 130. “Muchas mujeres han de acudir a juzgados mixtos en los que no se exige formación a los jueces y juezas”.

Es uno de los aspectos que preocupa a Susana y a su familia, con el caso de su hermana que vive en el medio rural. “A veces van solas al juzgado, otras con un abogado de oficio, y comparecen ante tribunales no siempre formados o sin recursos para afrontar este tipo de casos”.

Su experiencia no ha sido buena. “Hasta en dos ocasiones el caso de mi hermana fue sobreseído. No se llamó a la Guardia Civil a declarar, ni a la familia. Ella dijo que nunca le había pasado antes, pero no era cierto. Ni siquiera se tuvieron en cuenta las pruebas médicas ni los precedentes. No se pidió ni una sola pericial forense”.

Cuando meses después llegó “la agresión gorda”, relata Susana, el caso volvió al juzgado. Esta vez el agresor fue detenido y volvió a la calle 24 horas después con una orden de alejamiento de apenas 500 metros de la víctima y sin pulsera. Por primera vez la víctima entró en el Sistema VioGen. A la tercera.

“Tememos por su vida, pero el abogado nos ha llegado a decir que, a pesar de presentar pruebas de riesgo extremo, no ha sido posible otra cosa más allá de una orden de alejamiento. No consta que sea reincidente, así que no está obligado a llevar pulsera. La primera vez ella no denunció, la segunda se consideró que solo le había pegado una vez y eso no contaba. A la tercera llegó la luxación en la mandíbula y moratones por todo el cuerpo”.

Tememos por su vida, pero el abogado nos ha llegado a decir que, a pesar de presentar pruebas de riesgo extremo, no ha sido posible otra cosa más allá de una orden de alejamiento

Susana — Hermana de una víctima de violencia de género

Cuando preguntamos a la magistrada por casos así, reconoce que falta perspectiva de género en el sistema. “El Consejo general del Poder Judicial ofrece formación, pero es voluntaria y debería ser obligatoria, evaluable y continuada. Quizá la discrepancia esté en que por un lado va la ley y por otra quienes la aplican”.

También considera “preocupante” que el propio sistema judicial esté propiciando “diferencias” entre víctimas de violencia de género, dependiendo del lugar donde vivan. “El código postal determina el resultado del procedimiento judicial para la víctima y también el de sus hijos e hijas. Si en un juzgado a una mujer se le pone la etiqueta de loca o mentirosa, será muy difícil quitarla si es siempre el mismo juez o jueza”.

Pero en todo caso pide no poner el foco únicamente en el ámbito judicial. “Si solo denuncian un 22% , tenemos un agujero negro. Y en violencia sexual nos movemos todavía en porcentajes más bajos. La estructura social es patriarcal y discriminatoria”, afirma. Hay datos que lo ponen de manifiesto: “Más de 70% de las mujeres asesinadas no habían presentado denuncia y sin embargo se sigue hablando de denuncias falsas en España”.

La magistrada lamenta que la cuestión de la violencia de género esté tan “polarizada” o que sea “utilizada” a menudo por la clase política y subraya la necesidad de “responsabilidad” por parte de toda la sociedad porque el tema es “muy serio”.

La estadística de la violencia machista sigue creciendo

En Castilla-La Mancha, la línea gratuita 900 100 114 de ayuda a víctimas de violencia de género ha recibido en 2026 un 15,4% más de llamadas por violencia machista, según los datos de la Consejería de Igualdad. La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, destaca la importancia de pedir ayuda “en otro verano verdaderamente dramático”.

El último caso conocido ha sido la detención de un hombre en Puertollano mientras amenazaba a su pareja con un cuchillo de grandes dimensiones, en unos hechos ocurridos el 5 de agosto.

Aura Portilla trabaja en la Fundación Ana Bella que lleva el nombre de una superviviente de violencia machista. Tiene sede en Sevilla, pero se ocupa de casos de toda España, incluidos los de Castilla-La Mancha. Ella también fue víctima de violencia de género.

Esta emigrante colombiana llegó a España con su pareja, tras un año de noviazgo, y aquí comenzó el maltrato. “No vi las banderas rojas y cuando llegamos aquí empezó, como tal, la violencia. Yo estaba sola”.

Pudo escapar y denunciar. “La Policía me dio un papel sobre la Fundación Ana Bella. No la conocía. Llamé, pero me daba mucha vergüenza contar lo que había sufrido porque soy psicóloga”. Al final lo hizo. “Me creyeron. Todas eran supervivientes de violencia de género y sabían por lo que estaba pasando”.

Aura logró salir del infierno. Su mensaje es claro: “Se puede salir, podemos recuperarnos como mujeres felices”. Hoy ayuda a otras mujeres, entre otras cosas para evitar que víctima “vuelva” con su agresor“.

Este es uno de los problemas más habituales en la lucha contra la violencia de género. Susana pide evitar culpar a la víctima por contestar a las llamadas o los mensajes de su agresor. O por abrirle la puerta. “Me indigna porque no se tiene en cuenta que a veces son incapaces de decir que no. Es como el alcohol: sabes que te puede matar, pero lo justificas. Lo haces cuando alguien te dice que te quiere con locura y aunque te hinche a palos, piensas que después vendrá lo bueno. Que es solo una mala borrachera. Incluso negarás que te hacen daño”.

Me indigna que no se tenga en cuenta que a veces son incapaces de decir que no. Es como el alcohol: sabes que te puede matar, pero lo justificas

Susana — Hermana de una víctima de violencia de género

Raúl, guardia civil en Toledo, coincide en señalar que no es raro que la víctima vea a su agresor. “Lo hacen incluso con órdenes de alejamiento”. Opina que hay demasiado “miedo” a decirle a una víctima lo que está haciendo mal. “No tiene la culpa por abrir la puerta a su agresor, pero sí es responsable en cuanto a su autoprotección. No podemos mentirle. Hay que decírselo”.

Cuando la familia siente que “el sistema falla”

En ocasiones, familias como la de Susana sienten que “el sistema falla cuando no se protege a las víctimas que, no solo no ven el maltrato, sino que lo niegan”.

En su caso dice haber llegado a escuchar a las especialistas en los centros de la mujer que los recursos existen siempre y cuando la víctima pida ayuda. “Ha de hacerlo ella para que el sistema se active, pero es un callejón sin salida si niega los hechos y eso es habitual porque la dependencia del agresor suele ser brutal”, insiste.

En su opinión, “en muchos casos las víctimas deberían ser incapacitadas porque no son competentes, ni con ellas, ni con su vida ni la de sus hijos. La ley de violencia está bastante bien, pero sentimos que hay una falta de amparo legal y judicial”, lamenta Susana.

Aura Portillo cree que es “muy importante” el acompañamiento jurídico antes de interponer la denuncia, y apuesta también por “un peritaje psicológico previo” porque, subraya, “ahora mismo no existe si no lo determina un juez”.

La psicóloga de la Fundación Ana Bella cree que “hay mucha desprotección porque a las mujeres no se les cree. El proceso es muy difícil y luego sus casos terminan desestimados”. Habla incluso de “poca sensibilidad” en el ámbito judicial y de un “cuello de botella” en los juzgados. “A veces prevalece la presunción de inocencia del maltratador y se le permite ganar ‘poder’. Hemos visto casos en los que estas mujeres han de entregarles a sus hijos a estos hombres, claramente violentos”, afea.

“Hay que seguir avanzando, pero decir que el sistema, en general, desprotege a las mujeres, no lo comparto”, sostiene la magistrada Cira García quien también discrepa también sobre las afirmaciones que apuntan a la incapacidad de la mujer víctima para decidir por sí misma. “Suplir su voluntad y sus decisiones me parece muy arriesgado”.

“Hay que ayudar y acompañar a las mujeres que sufren violencia y hay que darles mecanismos no solo a la hora de denunciar sino después. La soledad de una mujer no lo es solo ante el juzgado, después también están muy solas”, opina, para recordar que los jueces no pueden emitir órdenes de protección que no solicitan las víctimas. “En algunos casos habrá que hacerlo porque la víctima esté en una situación muy vulnerable, pero eso no significa que tengamos que hacerlo sistemáticamente”.

Cuando preguntamos a la Guardia Civil si se está o no fallando, el agente de Illescas responde con otra pregunta. “¿Cómo saber si el sistema funciona o no? Es algo subjetivo. Creo que hay que aplicar más penas. Tengo la sensación, aunque no sea objetivo, que se aplican pocas penas en nuestro sistema. Puedo entender equivocaciones, pero cuando la persona es reincidente…”

El agente se muestra indignado con ciertas actitudes que se repiten en el sistema. “Yo escuché a gente vinculada un determinado caso decirle al chaval que era la chica la que había provocado que entrase en la cárcel. El hecho, sin valorar más, es que él quebrantó la orden de alejamiento. ¿Tenemos que esperar a que la mate?”, se pregunta.

Cree que “no hay que esperar a un cuarto quebrantamiento de una orden de alejamiento para decretar prisión”, aunque lo matiza. “Yo entiendo que los jueces se basen en pruebas. Yo también lo hago cuando voy a un aviso y decido no detener”.

No hay que esperar a un cuarto quebrantamiento de una orden de alejamiento para decretar prisión, pero entiendo que los jueces se basen en pruebas. Yo también lo hago cuando voy a un aviso y decido no detener

Raúl — Agente de la Guardia Civil

Su compañero, el agente Torres dice que “hay recursos y la ley es clara, pero también existe la arbitrariedad. En un juicio dos y dos no son cuatro. La casuística es diversa, son muchas cosas a sopesar. Hay medios, pero no se utilizan todos. Hay víctimas que pueden acogerse a esos recursos, pero no lo hacen. Eso no provoca que el sistema se desmorone, pero sí se tambalea”.

“Salvamos a muchas mujeres”, defiende la magistrada Cira García Domínguez. Sin embargo, reconoce que “el sistema falla a veces porque no se percibe el riesgo real de la víctima, porque vuelven con el agresor o porque están tan disociadas de la realidad que no se denuncia. Pese a todo, protegemos a muchas mujeres a diario”, insiste.

“Los juzgados no son la panacea”

El Ministerio de Igualdad se ha propuesto “replantear” la conveniencia de las conformidades en los procedimientos de violencia de género, así como los mutuos acuerdos en procedimientos de familia cuando hay violencia e incluso no se descarta estudiar un acompañamiento a menores huérfanos para evitar reproducción de perfiles de agresor o víctima.

También recomendará “no archivar de manera inmediata” los casos en los que el agresor se suicida, para facilitar la tramitación de ayudas y recursos.

“Que el sistema esté judicializado es importante, pero eso no va a reparar a la víctima. Lo hará el apoyo social, familiar y económico. Si hablamos de lo institucional, tenemos recursos del sistema de asesoramiento jurídico y social que están saturados. Las casas de acogida están saturadas… No podemos echar toda la culpa al sistema judicial”, asegura la magistrada. Solo en Castilla-La Mancha casi 25.000 mujeres fueron atendidas en centros especializados en violencia de género en 2025, según datos del Gobierno regional.

También cree que los juzgados “no son la panacea” con delitos de este tipo que se cometen en la intimidad. “A veces por mucha formación que tengas como magistrado las pruebas son las que son. Nuestro sistema procesal se rige por unas normas y por el derecho a la presunción de inocencia que nos guste o no, está. Las pruebas han de ser contundentes y también los indicios para dictar orden de alejamiento, aunque entiendo desde fuera se vea diferente”.

En eso coincide el subinspector Hernández. “Si no hay indicios o pruebas no se puede condenar a una persona. Es una garantía que tenemos todos los ciudadanos que estamos en España”, a pesar de reconocer lo duro que resulta “atender a una mujer que llega totalmente anulada y a veces con niños de por medio”.

“Es difícil desconectar de este tipo de casos, pero hay que saberlo llevar y si no, cambiar de unidad”, apunta Torres, de la Guardia Civil, quien reconoce que “puede llegar a afectar personalmente, con ansiedad, estrés, dudas del trabajo bien hecho…”

Si no hay indicios o pruebas no se puede condenar a una persona. Es una garantía que tenemos todos los ciudadanos que estamos en España

Subinspector Hernández — Responsable de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Toledo

Cira García reivindica “más plazas judiciales, más plazas psicosociales, más funcionarios, más jueces y juezas, más recursos asistenciales y de acogido y dinero para invertir en políticas públicas porque a veces solo no se invierte, sino que se quitan recursos”, critica y lanza una propuesta: “A lo mejor no hay que poner custodia policial a las víctimas sino a los agresores para saber a dónde van. Si se quitan la pulsera, la que se queda recluida en casa es ella”.

También reconoce sentir frustración. “Es un trabajo muy duro porque tenemos una violencia estructural enraizada en la desigualdad histórica. Hemos avanzado mucho, sí. Queda mucho camino, también” y reconoce que no siempre es optimista.

A lo mejor no hay que poner custodia policial a las víctimas sino a los agresores para saber a dónde van. Si se quitan la pulsera, la que se queda recluida en casa es ella

Cira García Domínguez — Magistrada especializada en violencia de género

“Que el problema se acabe no depende de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, comenta el agente Torres. “Ni siquiera hay un perfil definido. Ni en las víctimas, ni en los agresores porque los hay desde empresarios, funcionarios… y las mujeres a veces tienen un buen estatus. A veces pensamos en que solo afecta a mujeres y hombres con determinados problemas de drogas, económicos o vulnerables por otras razones, pero no es así”

El sistema VioGen, el algoritmo y la “excesiva burocracia”

El papel policial es fundamental para determinar el riesgo. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado lo hacen en el marco del sistema VioGen. “El atestado es lo más minucioso posible para que los juzgados tengan una idea de lo ocurrido lo más claro posible”, explica el subinspector Hernández.

“En el propio sistema VioGen-2 puede decidirse, sin tener que pasar por un juez, que haya una patrulla permanente de protección de la víctima, en caso de riesgo extremo”, apunta el agente Torres. “Trabajamos con los datos que arroja un formulario elaborado por especialistas médicos o psicólogos que arroja 35 ítems, divididos en cuatro grandes grupos: reflejan el historial de violencia en la víctima y se estudia caso a caso, las características del agresor y de la víctima, el entorno familiar de la víctima e incluso la percepción que ella tiene de la situación”.

Uno de los resultados más habituales, dice, es que “hay personas que normalizan la violencia, lo arrastran en su día a día”. Admite que “son muchas preguntas”, pero necesarias. “Si no, no podemos sopesar el nivel de peligro. ¿Qué tiene que volver a declarar otra vez ante el juzgado? Claro. Nosotros no somos jueces y ante sede judicial ha de decir la verdad”.

El subinspector Hernández también cita el “protocolo” para la valoración de riesgos, a través de la aplicación VioGen. “Entrar en el sistema solo requiere que haya un caso de violencia de género, incluso por vejaciones o injurias”, relata el policía nacional.

Pero desde entidades como la Fundación Ana Bella no lo ven tan simple. Aura Portillo asegura que la violencia psicológica es “muy difícil de demostrar” y afecta a muchas mujeres. “Es una de las barreras más importantes. Para que un hombre reciba una orden de alejamiento hay que demostrar mucho”.

De hecho, cree que “el sistema no está preparado para ayudar a víctimas de violencia psicológica y es algo muy habitual. El día a día”. Y eso, advierte, supone “una barrera” ante el juzgado. “Muchas de estas denuncias son desestimadas. Cuando la mujer decide dejar la relación y denunciar, hay consecuencias y la violencia se deriva hacia sus hijos e hijas”.

Este verano se ha aprobado el proyecto de Ley de Violencia Vicaria: dañar a los familiares de las parejas o exparejas será un agravante. El agente Torres confirma que cada vez es más habitual. “La violencia machista va mucho más allá de lo físico”.

El sistema no está preparado para ayudar a víctimas de violencia psicológica y es algo muy habitual. El día a día

Aura Portillo — Psicóloga en la Fundación Ana Bella y víctima de violencia de género

La aplicación VioGen tampoco convence a todos. La magistrada Cira García cree que hay que modificar el sistema. “No puede ser que la valoración policial del riesgo de una mujer, que no es determinante pero que condiciona a los jueces, se base en preguntas para responder Sí o No que después son analizadas por un algoritmo. La evaluación de riesgo no puede pasar por eso”.

A la condición de víctimas se suma también el peso de la burocracia. Cuando denuncian “han de firmar una enorme cantidad de documentación, leer papeles y papeles, hasta recopilar datos para exponerlos y para demostrar”, recuerda Susana. “No es solo denunciar y asumirlo como agresión, es que deben dar cuenta de cómo afecta a los bienes en común”.

La magistrada también piensa que “el sistema en sí, revictimiza” cuando las mujeres se ven obligadas a contar su calvario una y otra vez. “A veces han estado declarando ante la policía, no han dormido, y al día siguiente tienen que declarar en el juzgado en un estado emocional de shock. Evidentemente a esto hay que darle una vuelta”.

Sugiere que puedan declarar en los centros asistenciales o en los centros de la mujer, para evitar ir al juzgado… “Hay que intentar que el contexto sea más amable. A veces la situación es de terror cuando en un juzgado pequeño se cruzan la víctima y el agresor. Hay cosas que a nivel práctico no están funcionando por falta de recursos”.

Cuando preguntamos a la Guardia Civil si la burocracia es excesiva la respuesta no es precisa. “No me atrevo a decirlo. ¿Es un momento en el que no están cómodas? Sí. Han de contarlo una y otra vez, rellenar y firmar papeles. Pero insisto, no sé si es excesiva, pero si necesaria”, señala el agente Raúl.

Para Susana falla también el sistema sanitario. “Los informes médicos ha de buscarlos la víctima. Sabemos que la historia clínica es propiedad del paciente, pero en Castilla-La Mancha esto está muy poco desarrollado. Si no lo conseguimos del médico de cabecera hay que pedirlo con un formulario al SESCAM. Y tarda. A veces nos ha impedido presentar en plazo el documento en el juzgado”. El tiempo corre para la víctima, en su contra y a favor del agresor. Toda una ironía.

Los informes médicos ha de buscarlos la víctima. Si no lo conseguimos del médico de cabecera hay que pedirlo con un formulario al SESCAM. Y tarda. A veces nos ha impedido presentar en plazo el documento en el juzgado

Susana — Hermana de una víctima de violencia de género

Pese a todo, el agente Torres insiste. “Siempre que viene a poner denuncia, la víctima debe ir al centro médico, para un parte de lesiones, aunque la agresión no sea física. El profesional médico también reflejará el estado de ansiedad”.

Susana pide “más responsabilidad personal o profesional” en el ámbito sanitario en el que ella misma trabaja porque, recuerda, “ya hay suficiente resistencia en las víctimas y con eso juegan los agresores. A veces son resistencias inconscientes”. En el caso de su familiar la impotencia es total. “Ella está locamente enamorada de su agresor. Le ha arruinado la vida, incluso económicamente, pero cuando intentamos ayudar, ella cree que somos los malos. Estamos desesperados”.

Por eso advierte que la salud mental de los hijos, de las familias o los amigos de las víctimas también está en juego. “Estamos en un estado de alerta continuo”, dicen los familiares de una de las víctimas que reside en un pueblo pequeño. Ayuda el entorno, se implica el pueblo, pero a veces no es suficiente. “Hemos estado horas y hasta días sin saber nada de ella. Hubo un momento es que, sin dejarla de lado, decidimos mantener cierta distancia. Necesitamos ayuda y nuestro caso no es el único”.

Cuatro heridas de arma blanca y posible caso de violencia de género. La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a un hombre en la treintena como presunto autor de la agresión a una mujer de 35 años, que ha sido trasladada en estado grave al Hospital Universitario 12 de Octubre.

Fuentes policiales han confirmado a este periódico que ambos son de origen hondureño y que el suceso presenta indicios de un crimen machista, aunque esto aún se investiga. “De momento, todo apunta a que ambos tenían algún tipo de relación”, sostienen desde la Jefatura de la Policía Nacional, que mantiene abiertas las pesquisas.

La agresión se produjo en torno a las diez de la noche en la calle de Ramón Luján, pero no fue tiempo después que recibieron una llamada después de avistar a la víctima, que en ese momento yacía en mitad de una vía próxima: la de Dolores Barranco, a unos 300 metros de distancia.

El presunto agresor fue detenido en torno a las tres de la mañana en otro punto de Usera, cuya ubicación exacta no ha trascendido. La víctima fue atendida por sanitarios de Samur-Protección Civil en la calle Dolores Barranco. Cuando la encontraron, presentaba cuatro heridas de consideración en brazo, abdomen, zona renal y bajo el pecho.

Una vez fue estabilizada, la trasladaron al Hospital Universitario 12 de Octubre, donde la mujer permanece con pronóstico reservado y grave. La Policía Municipal de Madrid colaboró en la intervención y escoltó el convoy sanitario durante el traslado de la víctima al centro hospitalario.

Hay unas horas del día, en los meses de julio y agosto, especialmente en lugares como Murcia, en las que los centros comerciales se convierten en el único refugio civilizado que le queda a una ciudad que arde más allá de sus puertas como el séptimo infierno. La gente entra huyendo de los cuarenta y pico grados a la sombra y se deja mecer por el frío artificial y por la música que no pretende siquiera competir con el ruido de fondo, se deja mecer por la promesa de que allí dentro no pasa nada, no puede pasar nada, porque este es el sitio donde uno viene a hacer la compra y a matar el tiempo. El pasado cinco de agosto, sin embargo, mientras de fondo chirriaban las ruedas romas de los carritos camino de las cajas, en un pequeño taller de reparación de calzado y copia de llaves bautizado, con una malpuesta ironía que ya nadie podrá deshacer, como Súper Rápido, entre una administración de loterías y una tienda de móviles, un hombre de treinta y ocho años degolló a su ex pareja con el cúter que usaba para cortar suelas.

Según las crónicas periodísticas, no hubo nada que pudiera oír nadie o que alertara a los comercios de al lado; nada que rompiera ni por un segundo la coreografía de consumo que sucedía a muy pocos metros de distancia. Cuando terminó, bajó la persiana, le escribió un mensaje a un compañero para avisarle de que no se acercara, de que dentro estaba ella, y se marchó camino de Granada, como quien cierra el turno y se va a casa. Lo detendrían de madrugada en Puerto Lumbreras. Gloria tenía cuarenta y cuatro años y una hija de cinco. Y tenía también algo que convierte esta muerte en algo peor que una desgracia y la mete de lleno en el lamentable terreno de lo evitable: él ya estaba condenado por maltratarla, un juez le había prohibido acercarse a menos de quinientos metros de ella, y su nombre figuraba en el sistema de VioGén, que tanto el Estado como la Comunidad Autónoma sostienen, precisamente, para que esto no ocurra.

En el sistema de protección de víctimas de violencia de género, el caso de Gloria figuraba como uno de riesgo bajo. Riesgo bajo. Dos palabras de un formulario que hoy, probablemente, a más de una persona le pesen como una losa. Así figuraba Gloria en VioGén el día en que su expareja (condenado, fichado y con una orden de alejamiento en vigor) la asesinó en la trastienda de una zapatería en un centro comercial deprimente. Riesgo bajo. Esas son las dos palabras que hoy habría que grabar en la puerta de San Esteban. Porque cuando se conoció el crimen, el Gobierno regional no hizo autocrítica: señaló a Madrid, pidió que el Estado arreglara un sistema que ellos llevan años vaciando de sentido desde el otro lado. No se puede pasar años gobernando con quienes llaman “ideología” a intentar evitar que a una mujer la degüelle un animal desalmado y presentarse al día siguiente del crimen con cara de circunstancias.

El detenido por el presunto asesinato de su pareja en un piso de la calle Perines, que se investiga como un posible caso de violencia de género, se prevé que pase a disposición judicial este lunes, 3 de agosto, por la mañana, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

El hombre, de 39 años, que este viernes ha confesado la autoría del crimen de una mujer de 27 con la que tiene un hijo de corta edad en común, se mantiene desde ese momento en dependencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Cantabria.

El implicado y la fallecida -hija del exdirector general de Cultura del Gobierno de Cantabria Joaquín Solanas- no tenían ninguna denuncia previa, por lo que la situación de ella no estaba contemplada en el Sistema VioGén, que centraliza y coordina la protección de las víctimas de violencia de género.

El teléfono gratuito de la Policía Nacional 091 recibió la llamada de aviso a las 12.30 horas de este viernes y, una vez en el lugar, los agentes hallaron dentro de la vivienda a una mujer tumbada en el suelo con heridas sangrantes, posiblemente causadas con arma blanca. Aunque solicitaron la presencia urgente de servicios sanitarios, solo pudieron confirmar la muerte de la víctima.

En el lugar, los efectivos detuvieron a la pareja de la fallecida, que en el momento confesó los hechos y fue trasladado a dependencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Asimismo, se activó el protocolo para casos de violencia de género.

La Plaza del Ayuntamiento de Santander ha sido escenario de una concentración institucional y ciudadana en repulsa por el asesinato de Paula, una joven de 27 años, ocurrido en la céntrica calle de Perines este viernes. Ayuntamiento, Gobierno de Cantabria y Delegación del Gobierno han cerrado filas para condenar este nuevo crimen machista y reafirmar su compromiso de “ni una más”.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha recordado los trágicos detalles del suceso. Según los informes policiales, el aviso se recibió ayer alrededor de las 12:30 del mediodía. Al personarse en el domicilio, los agentes encontraron a Paula con heridas graves y abundante sangre, y los servicios sanitarios solo pudieron certificar su fallecimiento minutos después.

El agresor, quien era su pareja, confesó la autoría del crimen en el mismo lugar de los hechos y se encuentra actualmente detenido en dependencias policiales. Casares ha lamentado que no existían denuncias previas ni la víctima figuraba en el sistema de protección VioGén. “No hacemos ningún bien a la víctima si no denunciamos y no la incluimos en el sistema de protección”, ha enfatizado, haciendo un llamamiento urgente al entorno de las víctimas para que den la voz de alarma ante cualquier indicio de violencia.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha definido la jornada como “un día triste para la ciudad, para Cantabria y para España”. Con una sensibilidad especial hacia el entorno de la víctima, la regidora ha destacado que el impacto es mayor cuando el crimen ocurre en un barrio tan cercano y conocido como Perines.

“Hoy Santander llora, hoy Perines llora”, ha expresado Igual, quien ha insistido en la necesidad de que todas las instituciones refuercen la coordinación para paliar este “mal de la sociedad”. La alcaldesa ha enviado sus condolencias a la familia de Paula, un entorno muy vinculado también a los ámbitos político y cultural de la ciudad.

Por su parte, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga -que ha acucido a la cita junto a las consejeras de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, además de la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta- ha manifestado que la comunidad entera se encuentra “estremecida” ante lo que es el segundo asesinato machista en la región -tras el registrado en marzo en Pedreña- en lo que va de año. Buruaga ha sido tajante al afirmar que la sociedad no puede “normalizar ni acostumbrarse” a esta violencia que trunca vidas y destroza familias.

La presidenta ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional de disponer de todos los medios humanos y materiales para proteger a las mujeres. “Esta lucha la vamos a ganar. Costará más tiempo y sufrimiento, pero la sociedad cántabra y española acabará ganando”, ha aseverado, instando a las mujeres a que sepan que “no están solas” y que existe una red de protección segura.

Cifras alarmantes en 2026

El delegado del Gobierno ha aportado datos que reflejan la gravedad del problema a nivel nacional y regional en este año 2026. Con el asesinato de Paula, ya son 33 las mujeres asesinadas en España este año, lo que supone una media de una muerte cada siete días. En Cantabria, actualmente hay 1.628 mujeres bajo el sistema de protección VioGén, de las cuales 21 se encuentran en situación de riesgo alto.

Finalmente, Casares ha hecho un llamamiento a la unidad política para “desterrar los discursos negacionistas” que aún persisten en la sociedad y que dificultan la lucha contra esta lacra. Las tres instituciones han coincidido en que la única vía para erradicar la violencia de género es la unidad de acción y la implicación de toda la ciudadanía.

La nueva Unidad Égida de la Policía Local de Zaragoza comenzará a andar con una participación mínima en el proceso de selección. El plazo para incorporarse al equipo se ha cerrado con una solicitud para la plaza de intendente y nueve para las ocho plazas de agente, una cifra que el sindicato CSL, mayoritario en el cuerpo, considera un “fracaso total” al no alcanzar, según sostiene, ni el 1% de la plantilla. Un resultado que llega tras semanas de enfrentamiento entre el Ayuntamiento y los sindicatos por las condiciones económicas y organizativas del servicio.

El desenlace se produce, además, después de que el Ayuntamiento haya solicitado las ayudas convocadas por el Gobierno de Aragón para facilitar la incorporación de las policías locales al sistema Viogén. La convocatoria autonómica permite financiar el cien por cien de las actuaciones subvencionables e incluye expresamente los complementos asociados a las guardias y a la atención de las víctimas de violencia de género.

El Consistorio anunció hace meses su intención de adherirse al sistema Viogén y conformar la Unidad Égida, encargada de asumir estas funciones dentro de la Policía Local. Aunque el número de aspirantes supera en uno las plazas convocadas para agentes, desde CSL sostienen que la escasa participación evidencia el “rechazo” de buena parte de la plantilla a las condiciones planteadas por el Ayuntamiento. “Significa que algo ha fallado”, resume el sindicato, que vincula el resultado al conflicto mantenido durante las últimas semanas.

En la reunión mantenida este miércoles entre el Ayuntamiento y los representantes sindicales, el Gobierno municipal se comprometió a revisar las condiciones de la unidad una vez lleve un tiempo en funcionamiento. Sin embargo, según CSL, ese compromiso no incluye cambios en aspectos que consideran clave, como la disponibilidad telefónica o las condiciones laborales que han centrado la negociación, por lo que el sindicato no aprecia “visos” de que la situación vaya a modificarse.

Fuentes municipales evitaron valorar el número de aspirantes. “Cuando acabe el proceso de selección se harán las valoraciones pertinentes”, señalaron, al tiempo que recordaron que el plazo para presentar solicitudes ya ha concluido, pero que el procedimiento continúa ahora con la actuación del tribunal encargado de la selección.

Un conflicto enquistado

La negociación entre ambas partes se ha prolongado durante semanas. Los representantes sindicales denunciaron inicialmente que la propuesta económica del Ayuntamiento suponía una compensación de apenas 1,79 euros diarios por la disponibilidad exigida a los agentes, una cifra que calificaron de insuficiente para un servicio con las características de Viogén. Posteriormente, el Gobierno municipal anunció que había alcanzado un acuerdo para poner en marcha la Unidad Égida, aunque las organizaciones sindicales desmintieron que existiera ese consenso y acusaron al Consistorio de dar por cerrada una negociación que seguía abierta.

Los sindicatos remitieron la pasada semana un nuevo comunicado en el que califican de “surrealista” el proceso negociador. En él denuncian la “falta de seguridad jurídica” derivada de las modificaciones introducidas en la Orden General del Cuerpo, critican que el Gobierno municipal se haya negado a convocar una última Mesa General de Negociación para votar el acuerdo definitivo y acusan tanto al consejero de Régimen Interior como a la alcaldesa, Natalia Chueca, de permitir una situación que, a su juicio, “aboca al fracaso absoluto” la implantación de la Unidad Égida.

Frente a esas críticas, el Ayuntamiento ha defendido durante las últimas semanas que las condiciones ofrecidas son suficientes para poner en marcha el servicio y ha confirmado a este diario que ha solicitado las ayudas convocadas por el Gobierno de Aragón para sufragar parte de los costes de la unidad.

La convocatoria de subvenciones, publicada en junio en el Boletín Oficial de Aragón, está dotada con 300.000 euros y contempla la financiación del 100% de las actuaciones subvencionables. Entre ellas se incluyen expresamente los complementos e indemnizaciones del personal asociados a las guardias o a la atención de los casos de violencia de género, además de la formación de los agentes y otros gastos corrientes relacionados con el servicio.

La orden prevé, además, ayudas de hasta 250 euros mensuales por cada efectivo dedicado a estas funciones y de hasta 300 euros al mes para la coordinación de la unidad, siempre que se cumplan los requisitos fijados en la convocatoria.

Una mujer de 45 años ha fallecido este martes tras resultar herida por arma blanca en una vivienda de la plaza de España de Alameda de la Sagra (Toledo), hechos por los que se ha detenido a un hombre, de 48 años, como presunto autor de los hechos. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que este asesinato se trata de un caso de violencia machista.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se recibió a las 5.16 horas. Hasta el lugar acudió un médico de urgencias, que atendió a la mujer, pero que finalmente confirmó su fallecimiento. Hasta el lugar también se trasladaron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.

Fuentes de la Guardia Civil han informado que ambas personas estaban casadas. Además, que el presunto agresor fue primero trasladado al Hospital Universitario de Toledo y, una vez allí, fue detenido. “Tenía cortes en las muñecas con algún tipo de arma blanca”, aseguran estas mismas fuentes, que han confirmado que este hombre se infligió él mismo los cortes.

La Policía Judicial está investigando lo ocurrido, según las mismas fuentes, que han señalado que la mujer no se encontraba en el sistema VioGén y que no había antecedentes por hechos similares.

Con la confirmación de este caso, que se suma al de una mujer asesinada por idéntico motivo en Antequera (Málaga), ya son 31 las mujeres asesinadas por violencia machista en 2026. Por ello, se ha convocado un comité de crisis para el próximo martes 28 de julio para analizar estos últimos casos, según han confirmado fuentes del Ministerio de Igualdad.

El presidente de Castilla-La Mancha expresa sus condolencias

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mandado este martes un mensaje de condolencia, en nombre del Gobierno regional.

“Estamos justamente conociendo los hechos, parece ser que incluso con presencia de los hijos delante. De manera que una cosa tan atroz como esta no deja de remover conciencias”, ha apuntado.

Algo que, ha añadido, “no hace más que reforzarnos en la determinación para combatir por todos los medios este fenómeno de salvajismo moderno que no se puede bajo ningún concepto ni amparar, ni tutelar y menos aún justificar”.

Los sindicatos condenan el suceso

Comisiones Obreras de Toledo manifiesta su “más absoluta condena” ante el “terrible” asesinato de una mujer en la localidad de Alameda de la Sagra. Desde el sindicato “queremos trasladar nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos, así como insistir en condenar con absoluta firmeza este nuevo acto de violencia machista”, afirma la secretaria de Organización, Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO Toledo, Mayte García.

“Una vez más nos encontramos ante una tragedia que no puede quedar reducida a una cifra, a un titular o a unos minutos de silencio. Los minutos de silencio son necesarios como muestra de respeto y condena, pero no bastan. No cuando una mujer pierde la vida por el simple hecho de ser mujer, no bastan cuando la violencia machista continúa arrebatando vidas y destrozando familias, no bastan cuando seguimos llegando tarde”, continúa.

CCOO Toledo reclama que el asesinato de Alameda de la Sagra sirva para algo más que para guardar un minuto de silencio. “Necesitamos y exigimos que sirva para reflexionar, para actuar y para redoblar los esfuerzos contra la violencia machista, porque guardar silencio durante un minuto no puede ser el final de la respuesta, el verdadero compromiso debe demostrarse todos los días, con políticas públicas, recursos y medidas que permitan prevenir la violencia y proteger a las mujeres”, afirma García.

En este sentido, el sindicato reivindica más prevención, más educación, más recursos y una protección efectiva para las mujeres víctimas de violencia de género. “Necesitamos que las administraciones actúen con todos los medios a su alcance, que se refuercen los mecanismos de detección y protección y que ninguna mujer se sienta sola o desprotegida ante una situación de violencia”, señala la secretaria de Organización, Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO Toledo.

Hoy guardamos silencio, pero mañana debemos seguir trabajando para que ninguna mujer tenga que ser la siguiente. En este sentido, CCOO reafirma su compromiso contra la violencia machista y va a seguir redoblando esfuerzos para combatirla en todas sus expresiones. La lucha contra la violencia machista tiene que ser una prioridad, no podemos tolerar ni un solo asesinato machista más, no podemos tolerar ni una sola manifestación más de esta lacra.

De su parte, UGT Castilla-La Mancha también ha mostrado su “condena y repulsa” por el asesinato. Señalan que de confirmarse la línea de investigación, se trataría de la segunda mujer que pierde la vida a manos de su pareja en la provincia de Toledo, la primera tuvo lugar en abril en Seseña.

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha puesto en acento en la “lacra” que sigue representando la violencia contra las mujeres. Tras mostrar sus condolencias a los familiares y amigos de esta nueva víctima mortal, aseguraba que este crimen “evidencia que aún queda mucho para alcanzar la igualdad real y exigía reforzar los mecanismos de prevención y protección”.

UGT Castilla-La Mancha reitera su compromiso firme e inequívoco en la lucha contra la violencia machista y hace un llamamiento a toda la sociedad para no permanecer indiferente ante esta lacra. “Combatir la violencia de género requiere del compromiso de las instituciones, de los agentes sociales y del conjunto de la ciudadanía”, aseguraba Isabel Carrascosa.

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 1.602 casos activos de víctimas de violencia de género en Cantabria, de los que 781 son con menores a cargo. Es decir: casi la mitad (49%) de las mujeres registradas en VioGén en la comunidad autónoma, según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y recogidos por Europa Press, a 30 de junio.

En los casos con menores a cargo, un total de 28 están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente no hay casos de este tipo en riesgo extremo pero sí tres en alto y 25 en medio.

En los casos de menores en situación de riesgo “se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo”.

Igualmente, la estadística refleja 256 casos con menores a cargo de “especial relevancia”, con 23 de ellos en riesgo alto y 233 en medio. En estos últimos se detecta “una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”.

De éstos: ninguno en riesgo extremo, tres en alto, 25 en medio, y 1.574 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 20 mujeres menores de 18 años; 387 de 18 a 30; 697 de 31 a 45; 481 de 46 a 64; y 35 de 65 o más.

Por comunidades

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.621; le sigue la Comunidad Valenciana, con 16.856; la Comunidad de Madrid, con 12.642; Canarias, con 6.459; Galicia, con 6.090; Murcia, con 5.733; Castilla-La Mancha, con 5.668; Castilla y León, con 5.534; Baleares, con 4.249; Extremadura, con 2.909; Aragón, con 2.451; Asturias, con 2.274; Navarra, con 2.184; Cantabria, con 1.602; La Rioja, con 910; Ceuta, con 326; y Melilla, con 238.

En España, Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 103.746 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 53.495 son con menores a cargo. Del total de casos, 20 están en riesgo extremo, 1.144 en alto, 15.065 en medio, y 87.517 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos activos, hay 1.323 mujeres menores de 18 años; 25.495 de 18 a 30; 48.014 de 31 a 45; 26.435 de 46 a 64; y 2.479 de 65 o más.

Igualmente hay 53.495 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.583 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay tres casos de este tipo en riesgo extremo, 145 en alto y 1.435 en medio.

Además, la estadística refleja 12.979 casos con menores a cargo de “especial relevancia”, con 20 de ellos en riesgo extremo, 1.097 en alto y 11.862 en medio.

La Guardia Civil ha hallado en la noche de este pasado viernes el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba heridas por arma blanca en el interior de una vivienda ubicada en el municipio de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Un suceso que, según la investigación abierta por la Benemérita, podría tratarse de un presunto caso de violencia de género.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en un audio remitido a los medios, donde ha detallado que los agentes que se personaron en el lugar de los hechos verificaron la existencia de una mujer que presenta heridas compatibles con el uso de armas blancas. Asimismo, en el interior del domicilio también se encontraba un varón de 46 años que también presentaba heridas por arma blanca, “presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido él mismo”, y que fue trasladado a un centro sanitario de la capital sevillana.

No existía denuncia previa

Posteriormente, los servicios sanitarios han certificado el fallecimiento de la mujer, de 45 años, según ha precisado Toscano. Bajo este contexto, el subdelegado del Gobierno ha indicado que la Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el caso y que trabajan con la principal hipótesis de un presunto asesinato por violencia de género, aunque tras las primeras comprobaciones, no se ha detectado que la víctima y el presunto agresor estuvieran inscritos en el sistema VioGen ni que existiera denuncia previa.

Finalmente, Toscano ha hecho un llamamiento a todas las mujeres y a todos los entornos de las mujeres que ante cualquier signo de posible violencia lo pongan en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, “porque es lo que permite que se activen los protocolos y los sistemas de protección de las mismas”.

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista ocurrido en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, que, de confirmarse, elevaría a seis las mujeres asesinadas en Andalucía en lo que llevamos de año por violencia de género, a 25 en toda España y a 1.366 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del sexto caso de violencia de género este 2026 en Andalucía y se convertiría en la comunidad con más crímenes machistas este año.

Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza han iniciado este miércoles las movilizaciones en defensa de una implantación “adecuada” de la nueva Unidad Viogén de la Policía Local, el nuevo servicio policial encargado de la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género. Como primera acción, representantes sindicales han entregado en mano a la alcaldesa, Natalia Chueca, una carta en la que reclaman su implicación directa para desbloquear un conflicto que continúa abierto.

La entrega se ha producido durante un acto celebrado en el barrio de Miralbueno. Según explican las organizaciones sindicales, el escrito ya había sido remitido días atrás por correo electrónico, aunque aseguran que todavía no han recibido respuesta.

En la carta, los sindicatos solicitan la convocatoria de una reunión con la alcaldesa, el Gobierno municipal y todas las organizaciones sindicales para retomar una negociación que consideran cerrada de forma unilateral por el Ejecutivo local. La discrepancia gira en torno a las condiciones laborales, las funciones asignadas a los agentes, el sistema de selección del personal y el modelo de implantación de la nueva unidad.

Durante el encuentro con la alcaldesa, uno de los representantes sindicales ha trasladado a Chueca su “disconformidad con el proceso”, especialmente por las condiciones laborales planteadas para la Unidad Viogén. “Creemos que tenéis que dar un paso adelante”, señaló, al tiempo que le pidió que interviniera para facilitar una solución negociada.

Por su parte, la alcaldesa ha defendido el proceso seguido hasta ahora y ha asegurado que ha estado al tanto de las conversaciones mantenidas. “He estado al tanto del acuerdo alcanzado. Creo que es un buen acuerdo. Es una unidad nueva y se revisará. En un año podemos volver a verlo y ver si podemos ajustar cuestiones”, respondió.

Los sindicatos le han replicado que no existe tal acuerdo. “No ha habido acuerdo como tal. Se nos negó una última reunión porque había cuestiones fundamentales para poder llegar a ese acuerdo”, ha manifestado uno de sus representantes. Ante estas objeciones, Chueca se ha comprometido a revisar la carta entregada y a abordar la situación: “Voy a hablar con el equipo, me miro la carta. En cualquier caso hablamos de una unidad nueva, vamos a dimensionar las necesidades y, a partir de ahí, todo es revisable”.

Las organizaciones sindicales sostienen que el Gobierno municipal dio por finalizada la negociación sin consenso y sin someter la propuesta a votación. Por ello, reclaman que la alcaldesa ejerza “el liderazgo que le corresponde como máxima responsable del personal municipal” y participe directamente en la búsqueda de una solución.

Las movilizaciones continuarán este jueves coincidiendo con la celebración del Pleno municipal y, según han advertido los sindicatos, seguirán desarrollándose en los próximos días mientras no perciban una voluntad efectiva de diálogo por parte del Gobierno de Zaragoza.

El conflicto se produce después de que los representantes de los trabajadores denunciaran públicamente que el Ayuntamiento había dado por cerrada la negociación de la Unidad Viogén sin alcanzar un acuerdo con la parte sindical, una decisión que motivó el anuncio de las protestas ahora iniciadas.

La aplicación del convenio Viogén en Zaragoza comienza a generar capítulos como para convertirse en una serie de Netflix. El Gobierno del PP en Zaragoza informó el jueves a última hora y ha insistido este viernes en un supuesto acuerdo con el sindicato mayoritario, CSL, para la denominada unidad Égida, especializada en la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género. Sin embargo, las centrales han reaccionado posteriormente de manera unánime con un comunicado en el que no solo lo desmienten, sino que creen que “resulta incomprensible” haber hecho el mencionado anuncio.

La negociación entre las dos partes vive así un nuevo desencuentro, que se suma al vivido días atrás, cuando los sindicatos denunciaron que el Ayuntamiento había ofrecido el equivalente a 1,79 euros diarios a los policías locales que se incorporaran al sistema a cambio de estar disponibles 328 días al año, las 24 horas.

“El Ayuntamiento de Zaragoza ha aceptado la propuesta técnica realizada por CSL, sindicato mayoritario de la Policía Local, para determinar el complemento específico que percibirán los agentes destinados en la unidad Égida, especializada en la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género”, informó el jueves el equipo de gobierno del PP. 

Esta decisión se habría adoptado por la mañana, durante la tercera reunión mantenida entre el Departamento de Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza y las organizaciones sindicales, que se ha prolongado durante cerca de tres horas. En el encuentro, según la tesis del Gobierno municipal, el Consistorio ha “vuelto a solicitar a las organizaciones sindicales una propuesta técnica” para determinar objetivamente la cuantía de este complemento específico.

Ante esta situación –siempre según la tesis del PP–, “el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido asumir la propuesta técnica planteada por CSL”. Esta propuesta habría estado basada en la doctrina recogida en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2022 relativa a los complementos percibidos por los integrantes de la UFAM de la Policía Nacional, especializada también en la atención y protección de víctimas de violencia de género.

Así, frente a los 42 euros al mes planteados en un principio, y al utilizar como base los datos y la evolución de la actividad recogida por el Ministerio de Igualdad, se incrementó esta cantidad para los agentes de la unidad Égida hasta los 94,65 euros de complemento específico bruto mensual.

“La reunión concluyó sin acuerdo”

Sin embargo, el relato de los sindicatos, incluido CSL, es muy diferente. Todas las centrales con presencia en la negociación de Viogén –CCOO, CSIF, CSL, OSTA, Solidaridad con Forzapol, STAZ y UGT– han desmentido esta información. “La reunión celebrada ayer (por el jueves) concluyó sin acuerdo y sin que se sometiera ninguna propuesta a votación, por lo que resulta incomprensible que el Gobierno municipal traslade a la opinión pública una realidad que no se corresponde con lo sucedido en la mesa de negociación”, han señalado.

El propio secretario general del sindicato CSL, David Izquierdo, ha mostrado su sorpresa por la forma de actuar del equipo de gobierno municipal: “Han anunciado de manera unilateral que había acuerdo cuando no ha sido así”. Izquierdo ha apuntado que CSL propuso al Ayuntamiento una última reunión en la que votar la propuesta y que los representantes municipales se negaron.

La negociación sigue manteniendo cuestiones fundamentales sin resolver, han explicado los sindicatos en el comunicado. Entre ellas destaca el sistema de provisión de los puestos de trabajo, que el Ayuntamiento pretende cubrir mediante libre designación. “La representación sindical considera que una unidad especializada de estas características debe respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, garantizando un procedimiento objetivo y transparente que permita seleccionar a las y los profesionales más adecuados, y no mediante nombramientos discrecionales”, han apuntado las centrales.

Respecto a la cuantía económica “difundida en los medios de comunicación”, esta “nunca fue trasladada ni explicada a la representación sindical, ni durante la reunión ni con posterioridad”, han reflejado. Además, desmienten también que no hayan presentado propuestas al Ayuntamiento: “Fueron desoídas por la Administración”, han lamentado.

“Exigimos que la alcaldesa de Zaragoza asuma personalmente la dirección de este proceso y lidere una negociación que permanece bloqueada. Si no se produce un cambio de actitud por parte del Gobierno municipal, la representación sindical no descarta ninguna de acción”, han advertido.

El Gobierno del PP sigue adelante

Pese a esto, el Gobierno del PP da ya por sustanciada la negociación y sigue adelante. Este viernes, ha anunciado que, una vez “superado el proceso del servicio de relaciones laborales” –de manera unilateral, según los sindicatos–, el proceso ya se encuentra “en manos de la Jefatura de la Policía Local, que será la encargada de realizar la oferta interna y designar a los nueve agentes que integrarán esta nueva unidad especializada”.

Ante las discrepancias, el equipo de gobierno ha atacado a “algunas organizaciones sindicales” por tratar supuestamente de “bloquear la creación” de la unidad Égida. Pese a esto, ha asegurado que “el proyecto se encuentra ya en la fase de oferta de plazas y selección” de los agentes que asumirán la protección del 30% de las mujeres víctimas de violencia machista incluidas en el nivel de riesgo bajo del Sistema VioGén y las que, bajo protección de la Policía Local, pasen de nivel bajo a nivel medio.

La representación sindical del Ayuntamiento de Zaragoza –CCOO, CSL, OSTA y UGT– ha denunciado este martes que la propuesta económica del Gobierno del PP para los agentes de la futura Unidad Égida de Policía Local, destinada a la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género en el sistema Viogén, minusvalora la responsabilidad que exige el servicio. Según la propuesta municipal, los policías tendrán que estar disponibles 328 días al año, las 24 horas del día, a cambio de apenas 1,79 euros por día, lo que supone poco más de 42 euros al mes. El equipo de gobierno ha respondido acusando a las centrales de “utilizar un asunto tan serio y sensible como la lucha contra la violencia machista para hacer política”, de “generar una polémica artificial en pleno proceso de negociación” y de no plantear alternativas.

La negociación de las condiciones laborales y económicas de la Unidad Égida lleva meses enquistada. El pasado 13 de marzo, el Gobierno de Natalia Chueca aprobó oficialmente la creación de la unidad como parte de la adhesión de Zaragoza al sistema estatal Viogén, con nueve agentes especializados encargados de atender aproximadamente el 30% de los casos de violencia de género de la ciudad. Tres meses después, la unidad sigue sin estar operativa: no hay calendario para la selección del personal, ni para la formación específica de los agentes, ni para la entrada en funcionamiento del servicio. La siguiente reunión entre el Ayuntamiento y los sindicatos está prevista para este jueves.

Los sindicatos consideran llamativa la diferencia de trato respecto a otras unidades de la Policía Local y otros servicios municipales, cuya valoración económica en la negociación –aseguran– ha sido notablemente superior. A su juicio, esa disparidad pone de manifiesto la escasa importancia real que el equipo de gobierno otorga a una unidad que, sin embargo, presenta públicamente como una apuesta estratégica en la lucha contra la violencia machista. “Las víctimas de violencia de género merecen algo más que anuncios, fotografías y titulares”, han señalado las centrales sindicales.

Los representantes advierten asimismo de que unas condiciones tan poco atractivas dificultarán captar a los perfiles más adecuados para el puesto. Aunque reconocen que puede haber profesionales con vocación de servicio y compromiso con esta problemática, asumen que la propuesta económica puede hacer que el destino se perciba como una carga antes que como un reconocimiento.

Plazo de un año

El consejero de Presidencia y delegado de la Policía Local, Ángel Lorén, ha rechazado en anteriores ocasiones las críticas sindicales y ha recordado que el convenio con el Ministerio del Interior fija un plazo de un año para la implantación en Viogén, plazo que el Ayuntamiento prevé no agotar. Lorén ha subrayado también que, mientras la Unidad Égida no esté operativa, las víctimas de violencia de género de Zaragoza están protegidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha expresado su apoyo a los profesionales de la Policía Local que asumirán la responsabilidad de proteger y acompañar a las víctimas desde la Unidad Égida, y ha cuestionado al mismo tiempo el compromiso de la alcaldesa. En cuanto a la retribución propuesta, la portavoz del PSOE la califica de “muy grave”: a su juicio, pretender valorar en apenas 1,79 euros al día la disponibilidad permanente de quienes tendrán que atender situaciones de máxima vulnerabilidad y urgencia lanza “un mensaje muy preocupante” sobre la prioridad real que el PP concede a la lucha contra la violencia machista. “No se puede presumir de hacer de esta lucha una prioridad mientras se regatean las condiciones de quienes van a garantizar la seguridad de las mujeres”, ha concluido Ranera.

Por su parte, Elena Tomás, portavoz de Zaragoza en Común, ha manifestado su “absoluto rechazo” ante la decisión del Gobierno municipal. “Lo que estamos conociendo es profundamente preocupante. Es insultante valorar en apenas 1,79 euros al día la disponibilidad permanente de los agentes que tendrán que atender y acompañar a víctimas de violencia de género”, ha afirmado Tomás, quien considera que esa cifra “transmite un mensaje equivocado y evidencia una falta de compromiso real con una política pública que debería ser una prioridad absoluta”. La portavoz de ZEC ha reclamado además que la unidad cuente con recursos suficientes, una organización sólida, formación especializada y condiciones que permitan atraer y mantener a profesionales cualificados: “La lucha contra la violencia machista no puede quedarse en anuncios ni en titulares”.

Respuesta del Ayuntamiento

En su respuesta, el Gobierno municipal de Zaragoza ha acusado a las organizaciones sindicales de estar “utilizando un asunto tan serio y sensible como la lucha contra la violencia machista para hacer política y generar una polémica artificial en pleno proceso de negociación”. Las informaciones lanzadas en los últimos días, asegura, “no se corresponden con la realidad de las conversaciones mantenidas hasta el momento”.

La propuesta económica puesta sobre la mesa por el Ayuntamiento, ha afirmado el concejal delegado de Policía Local, “no fue arbitraria ni improvisada, sino que ”está fundamentada en criterios objetivos y en la doctrina fijada por una sentencia del Tribunal Supremo relativa a la Policía en Gran Canaria“. Frente a esto, los sindicatos ”no han presentado ninguna propuesta técnica o económica que justifique una alternativa a la planteada por el Gobierno municipal“, ha añadido.

El equipo de gobierno del PP ha manifestado oponerse a la pretensión sindical de que los integrantes de la futura Unidad Égida sean designados “mediante un sistema de libre designación”. Se trata, han indicado, de “una línea roja” puesto que “corresponde a la Administración determinar los procedimientos de selección y organización de sus efectivos”. “La única referencia económica que han puesto sobre la mesa ha sido equiparar el complemento de esta unidad al que perciben los agentes de la UAPO”, ha precisado Lorén, para quien esta comparación “carece de fundamento, puesto que las funciones, responsabilidades, competencias y carga de trabajo de ambos servicios son completamente diferentes”.

Lorén también ha cargado contra el PSOE y Zaragoza en Común, cuya posición es desde su punto de vista “cínica e hipócrita” ya que “durante años no impulsaron ninguna medida para reforzar la atención a las víctimas de violencia machista”.

Como cada año, el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), la asociación de municipios vascos (Eudel) y las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han dado a conocer la campaña ‘Beldur Barik, gau eta egun’, de cara a las fiestas populares que tienen en lugar en verano para prevenir las agresiones machistas. La campaña de este verano cuenta con una guía dirigida a los ayuntamientos y un decálogo para la ciudadanía con pasos a seguir en el caso de presenciar o ser víctima de una agresión y pone el foco, más allá de las agresiones que ocurren por las noches, en las que pasan a plena luz del día. Sin embargo, solo cuenta con un único punto dirigido al agresor.

“Hemos querido mostrar que las violencias machistas y contra las mujeres no son algo exclusivo de las noches. Debemos asumir la responsabilidad de construir espacios libres y seguros durante las fiestas para garantizar el respeto hacia todas las personas. No vamos a tolerar actitudes machistas ni de noche ni de día. La violencia machista está latente aún en nuestra sociedad las 24 horas del día, manifestándose en sus diferentes formas: violencia simbólica, psicológica, física y sexual”, ha insistido la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

Así, el “decálogo para unas fiestas libres de violencia machista”, como ha sido titulado, cuenta con diez pasos. El primero de ellos, la declaración de que “todas las personas” tiene la “responsabilidad de construir espacios festivos en los que se garantice el derecho a disfrutar las fiestas en libertad y sin miedo”. El segundo paso indica que si alguna persona “observa conductas machistas”, debe “desaprobarlas públicamente, dejando claro que la fiesta no justifica ninguna actitud que limite la libertad de las mujeres”. El tercero: “Si alguien a quien han agredido te pide ayuda escúchala, no la dejes sola, nunca emitas juicios y pregúntale antes de llamar a algún servicio o dar algún otro paso. Recuerda que la última decisión es suya”.

No tienes ninguna excusa: el consumo de alcohol o drogas no te exculpa. La agresión es siempre tu responsabilidad

Los pasos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno están dirigidos a las víctimas y les indican que si se encuentran en “una situación de peligro” pueden llamar al 112 o a la Policía municipal, les recuerdan que “solo sí es sí” y que que si se sienten incómodas con alguien, forzadas a hacer algo que no quieren o no se está respetando su palabra “tienen todo el derecho a decir basta y a no seguir”. Además, les advierten de que en el caso de haber sufrido una agresión sexual, si se lavan o se cambian la ropa pueden “eliminar pruebas” y les recuerdan que si sufren una agresión pueden llamar al teléfono 24 horas de atención a las víctimas (SATEVI) 900 840 111 donde el personal especializado les podrá asesorar y que “en cada territorio existen centros de crisis 24 horas” a los que también pueden acudir “sin necesidad de interponer denuncia, tanto si la agresión se ha producido de forma reciente como si ha sucedido en el pasado”. Solo en el último punto el decálogo se dirige al agresor a quien le alerta de que “no tiene excusa”. “No tienes ninguna excusa: el consumo de alcohol o drogas no te exculpa. La agresión es siempre tu responsabilidad”, recoge el documento.

En cuanto a la guía para los ayuntamientos, se basa en un protocolo a seguir en casos de agresiones para los organizadores de las fiestas, los participantes en entornos festivos, como el personal que atiende en las txosnas y también para los hosteleros. “Si estás detrás de la barra, formas parte de la comisión de fiestas o de alguna asociación y organizas alguna actividad, tu colaboración es fundamental para construir espacios festivos en los que todo el mundo pueda disfrutar en libertad”, recoge el documento, que detalla una serie de medidas que se pueden tomar en los locales para evitar agresiones como “ubicar baños en espacios que no estén aislados e iluminar los espacios oscuros en los que pueda generarse alguna situación que pueda resultar peligrosa” o “informar a todas las personas de la asociación, comisión, txosnagune… de la manera de actuar en caso de una agresión machista”. “Si existe un protocolo, es muy importante que lo pongas en conocimiento de toda la plantilla y que lo coloques en un lugar visible”, indica la guía.

“Es importante que desde el primer momento en el que se empiezan a organizar las fiestas, se tenga en cuenta que deben ser espacios seguros para las mujeres. Que sean espacios de libertad en los que las mujeres tengan presencia y participen activamente. En la guía que enviamos a los ayuntamientos se sugiere en este sentido que se diseñen actividades que promuevan la igualdad y la visibilidad de las mujeres en los espacios de ocio. Porque hablar de prevención de agresiones machistas es hablar de igualdad. En muchas localidades se han dado avances importantes de sensibilización, pero debemos seguir insistiendo en que nada, ni la fiesta ni el alcohol, justifica una agresión machista”, ha aseverado Elgarresta.

Si estás detrás de la barra, formas parte de la comisión de fiestas tu colaboración es fundamental para construir espacios festivos en los que todo el mundo pueda disfrutar en libertad

Conciertos y teatros igualitarios y playlist feministas

En este sentido, la guía dirigida a los ayuntamientos recomienda que se diseñen actividades como conciertos o teatros que “promuevan la igualdad, a través de actividades que fomentan la visibilidad de las mujeres en los espacios de ocio”. Otro de los puntos que destacan es la necesidad de música y cartelería no sexista, con playlist específicas contra el machismo y que de forma visible se vea un listado de números de emergencia durante la fiesta, además de en redes sociales. “Nuestro objetivo es que las fiestas sean un espacio de libertad para todo el mundo, un espacio en el que puedan disfrutar sin miedo”, ha destacado la directora de Emakunde.

A raíz de la alarma que surgió en 2022 por presuntos casos de “pinchazos” que producían sumisión química, esta forma de agresión ha ido introduciéndose también en protocolos de prevención. La guía ofrecida este verano a los ayuntamientos vascos también cuenta con un apartado específico sobre ello que enumera una serie de posibles síntomas que podrían confirmar que alguien está siendo víctima de una sumisión química, como tener el habla confusa, alteraciones visuales, somnolencia, confusión, desinhibición, agitación o alucinaciones, alteración del juicio, mareo o vértigo, alteraciones de la motricidad o del equilibrio o náuseas o vómitos. Aun así, la guía alerta de que “el alcohol y las drogas también pueden causar estos síntomas”. “Sospecha cuando hayas bebido de otro vaso, hayas descuidado el tuyo, tras un pinchazo o cuando tu estado no sea razonablemente explicable por lo que has ingerido”, recoge.

No obstante, al igual que en el caso del decálogo dirigido a la ciudadanía, en la guía para los ayuntamientos apenas se indica qué se debe hacer con el agresor. “Muestra al agresor que estás en contra de su actuación, sin poner en riesgo tu integridad física”, explica la guía, que recalca que no se deben difundir datos ni información sobre lo sucedido sin antes pensar cómo puede llegar a afectar a la víctima y que la última decisión es siempre suya, por lo que no se debe hacer nada sin consultarle.

Los representantes de CCOO, CSIF, CSL, OSTA y UGT han denunciado este jueves que el Gobierno municipal de Natalia Chueca continúa retrasando la puesta en marcha de la Unidad Égida de la Policía Local de Zaragoza, destinada a la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género dentro del sistema VioGén.

El próximo 13 de junio se cumplirán tres meses desde que el Gobierno de Zaragoza aprobó oficialmente la creación de esta unidad especializada. Sin embargo, a día de hoy sigue sin estar operativa. En la última reunión celebrada el pasado 28 de mayo, el Ayuntamiento emplazó a la representación sindical a nuevas sesiones de trabajo los días 15 y 29 de junio, una decisión que, según las organizaciones sindicales, vuelve a dilatar un proceso que podría haberse resuelto hace semanas.

Los cinco sindicatos muestran su preocupación por una estrategia que, a su juicio, pretende trasladar a la negociación colectiva la responsabilidad de una demora que corresponde exclusivamente a la Administración municipal. Consideran que el calendario planteado por el Gobierno local aleja aún más la entrada en funcionamiento de la unidad y aumenta el riesgo de que su implantación quede pospuesta hasta después del verano.

Las organizaciones sindicales cuestionan además la diferente velocidad con la que el Ejecutivo municipal aborda distintos asuntos. “Resulta difícil comprender que para asuntos considerados prioritarios por el Gobierno municipal, como la Oferta de Empleo Público u otras materias de interés político, se convoquen hasta tres reuniones de negociación en menos de diez días para alcanzar acuerdos con rapidez, mientras que para la implantación de una unidad destinada a la protección de las víctimas de violencia de género los plazos se dilatan durante meses”.

La crítica se produce apenas una semana después de que la alcaldesa, Natalia Chueca, alabara públicamente la futura Unidad Égida durante los actos celebrados el pasado 4 de junio con motivo de la festividad de la patrona de la Policía Local. En aquel acto, la regidora presentó la unidad como una realidad inminente y vinculada a nuevas responsabilidades para el cuerpo policial.

Sin embargo, los sindicatos recuerdan que la realidad es muy distinta. Tres meses después de su aprobación, la Unidad Égida sigue sin existir de forma efectiva y sin prestar servicio a las víctimas para las que fue concebida.

Un proyecto anunciado hace meses

La creación de la Unidad Égida fue aprobada por el Gobierno municipal el pasado 13 de marzo como parte de la incorporación de Zaragoza al sistema estatal VioGén. La nueva unidad debía estar integrada inicialmente por nueve agentes especializados encargados del seguimiento y protección de mujeres con niveles de riesgo bajo y medio, asumiendo aproximadamente el 30% de los casos de violencia de género de la ciudad.

La adhesión de Zaragoza al sistema VioGén llegó tras años de negociaciones entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior y fue presentada por el Gobierno municipal como un avance histórico en la protección de las víctimas.

Sin embargo, las críticas por los retrasos no son nuevas. Ya el pasado mes de abril distintas organizaciones sociales y representantes institucionales alertaron de que la unidad todavía no había iniciado siquiera el proceso formativo necesario para comenzar a operar. Entonces, el propio delegado del Gobierno en Aragón confirmó que la puesta en marcha seguía pendiente de la negociación de las condiciones laborales y de la selección definitiva de los agentes.

Para los sindicatos policiales, la situación evidencia una falta de voluntad política para acelerar un proyecto que el propio Gobierno municipal ha presentado reiteradamente como prioritario.

“Las víctimas de violencia de género merecen algo más que anuncios, fotografías y titulares”, concluyen las organizaciones sindicales. “Merecen compromiso, recursos y decisiones que permitan convertir las promesas en realidades”.

“Hay un plazo de un año”

El consejero de Presidencia y delegado de la Policía Local, Ángel Lorén, ha rechazado las críticas sindicales y asegura que las víctimas de violencia de género están protegidas actualmente por la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras que la futura Unidad Égida servirá para reforzar esa atención. Asimismo, niega que la negociación se esté dilatando y recuerda que se ha fijado un calendario de reuniones para abordar tanto la creación de la unidad como las condiciones laborales y económicas de los agentes.

Lorén subraya además que el convenio con el Ministerio del Interior contempla un plazo de un año para la implantación en el sistema VioGén y que el Ayuntamiento prevé ponerla en marcha antes de agotar ese periodo. Además, ha reprochado que anteriores gobiernos municipales del PSOE y Zaragoza en Común no impulsaran la adhesión de Zaragoza al sistema VioGén, vigente desde 2007.

La Policía Nacional ha confirmado como un nuevo caso de violencia de género el asesinato de una mujer de 51 años por arma de fuego en Málaga capital. Los agentes han hallado el cuerpo sin vida de la víctima junto al del presunto asesino, un hombre de 56 años, en torno a las 07:30 horas de este viernes en la zona norte de la ciudad, según han confirmado fuentes policiales.

Andalucía contabiliza así un total de cinco asesinatos por violencia machista en lo que llevamos de 2026. Con este asesinato, la provincia malagueña registra su segunda víctima mortal por violencia de género en lo que va de año junto con el crimen ocurrido en Alhaurín el Grande el pasado mes de enero.

La Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno está recabando todos los datos del caso para remitirlos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Según han confirmado a Europa Press, ninguno de los dos tenía antecedentes en Viogen, ni entre ellos ni por separado.

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido varios avisos alertando del suceso ocurrido en calle Guadalimar. De inmediato dieron aviso a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios.

La investigación para el total esclarecimiento de los hechos está abierta y de ella se ha hecho cargo el grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha incidido en que “debemos mostrar una vez más el rechazo de la sociedad ante la que sigue siendo una gran lacra, la violencia de género. Mis condolencias a la familia y amigos de la víctima”, ha escrito en un mensaje en redes sociales.