Andalucía acumuló casi un tercio de los crímenes machistas de 2025 del conjunto del país. En una reunión de crisis a primeros de año, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reclamaba la incorporación de más ayuntamientos al sistema VioGén con tal de redoblar las medidas de seguridad ante unas cifras que, tras dos décadas, solo alcanza al 34% de las corporaciones locales en España, mientras que en la comunidad incrementa ligeramente, hasta el 37,2%: solo hay 292 municipios integrados del total de 785. A falta de un frente común, se suma el discurso negacionista contra la violencia de género que ha terminado por “calar” en las políticas de igualdad desplegadas en el territorio, profundizando en la grieta que existe.

Hace solo unas horas se ha producido el último asesinato machista en Andalucía, en concreto en la localidad de Fuensanta, en Córdoba. Un hombre de 65 años fue detenido como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 64 años. Ambos estaban en el sistema VioGén y sobre él pesaba una orden de alejamiento, mientras que ella contaba con protección por parte de la Policía Nacional. El crimen se produjo una hora antes de que se produjera un juicio rápido por violencia de género. Una vez confirmado, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) eleva a cuatro los homicidios cometidos en Andalucía desde principios de año, siendo ya 16 las mujeres víctimas de la violencia machista y habiendo nueve casos en los que no constaba denuncia previa.

Para formar parte del sistema VioGén hay tres requisitos en los convenios que suscriben los ayuntamientos y el Ministerio de Interior: voluntad política, capacidad de interlocución y de acción coordinada entre las administraciones, y una financiación estable para facilitar la formación y los aspectos técnicos, resume Laura Flores Anarte, investigadora del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla (US) y especialista en la materia.

La firma del convenio para ingresar en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) supone la coordinación entre las distintas administraciones. Con ello, la policía local pasa a realizar funciones de protección y seguimiento de los casos de violencia de género notificados —que se califican en nivel de peligro bajo, medio o no apreciado— y, al mismo tiempo, acceden a la información que hay disponible en la plataforma. Esos datos también están disponibles para los servicios municipales, desde donde se contribuye a perfeccionar las estadísticas con la subida de nuevos informes.

A partir del último informe, la distribución por provincias andaluzas sería: Almería (32); Cádiz (22); Córdoba (44); Granada (60); Huelva (20); Jaén (44); Málaga (23) y Sevilla (47), siendo el último Gerena. “Tras la crisis económica de 2008, los recursos públicos destinados a políticas públicas de igualdad en general y a la lucha contra la violencia de género en particular, se vieron diezmados a todos los niveles territoriales”, señala la experta. “Por ejemplo, la partida específica destinada por el Estado a los servicios de atención a las víctimas de violencia de género gestionada por las CCAA se vio reducida en un 50%”, detalla, recortando en presupuestos específicos y disminuyendo los recursos disponibles.

Discurso negacionista

En 2016, con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se logró recuperar el colchón económico perdido. Con una inversión prevista, ¿cuál es el obstáculo ahora? El último lustro ha estado marcado por una realidad mucho más acuciante: el negacionismo de la violencia de género: “Hay un repunte de los discursos que deslegitiman las leyes de igualdad por considerarlas ideológicas o sectarias y defienden la vuelta a unos valores patriarcales tradicionales; esto ha calado en las instituciones y ello se traduce en la pérdida de prioridad política de la articulación de las medidas en ellas previstas”. Prueba de ello, las declaraciones de Juan Fernández, alcalde de la localidad madrileña de Alpedrete, quien sostuvo que el hombre que asestó 50 puñaladas a su mujer la “quería mucho”.

Sin este tipo de declaraciones, pero sin haber dado el paso, está Benalmádena, en Málaga, una de las ciudades de más de 50.000 habitantes que no forman parte de VioGén. A preguntas de este medio, fuentes de la corporación dirigida por Juan Antonio Lara (PP) indican que “el seguimiento y la protección de las víctimas de violencia de género en el municipio están plenamente garantizados a través de la Policía Nacional”. Añaden que, a través de la Policía Local, “se mantiene una coordinación y colaboración permanentes con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como con los servicios sociales y asistenciales, garantizando una respuesta integral y eficaz”. Con una política de “tolerancia cero frente a la violencia de género”, aseguran que los agentes tienen formación específica y que la Mesa Técnica Contra la Violencia de Género coordina “los casos concretos” con el apoyo de un equipo interdisciplinar.

En lo concerniente a municipios de menor población, desde el Ministerio de Interior se explica que hay algunas trabas, como que los policías locales destinados a estas zonas solo tengan competencias administrativas o que se debe estar en disposición de integrar los servicios sociales en el sistema, lo que no siempre es posible. Ante la ausencia de esta herramienta en gran parte de Andalucía, subrayan que los gestores de VioGén “coordinan la reorganización de todos los recursos disponibles” en cada territorio, con tal de que nadie quede desprotegida “con independencia de su lugar de residencia”. Así, especifican que es función de las delegaciones del Gobierno mediar con los distintos interlocutores políticos para conseguir ampliar el área de actuación.

Impedimentos a la hora de acceder a la información

Pero, ¿qué ocurre en el día a día? Un trabajador del Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, parte de VioGén, apunta a la falta de accesibilidad. La información sensible del sistema está disponible para el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), dependiente de la Junta de Andalucía, y para los agentes policiales, excepto para los servicios sociales. “Desde los centros integrales de atención a la mujer (CIAM) lo reivindicamos desde hace mucho tiempo, porque es muy importante en el trabajo que realizamos con las mujeres”, asevera la fuente consultada.

La recepción de un nuevo caso corre a cargo de la trabajadora social, que luego articulará una estrategia de abordaje junto al equipo formado por una asesora jurídica, una auxiliar administrativa y una psicóloga. Ese primer contacto es clave para dirimir cuáles son las atenciones que necesita la posible víctima que se acerque a las instalaciones. “No sabemos cuál es la traba y desde el Ayuntamiento nos dicen que se ha intentado en alguna ocasión, pero hay que volver a insistir”, manifiesta.

En respuesta a este periódico, el Ayuntamiento de Sevilla señala que, tanto en el gobierno municipal de Juan Espadas (PSOE) como en el actual de Jose Luis Sanz (PP), se “ha reclamado continuamente”, tanto de forma pública como por escrito en abril y junio de 2023. En la actualidad, la información es manejada tan solo por el grupo especializado que hay en la Policía Local, apuntan. Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla indica que el convenio con Interior no contempla el acceso al sistema de los servicios sociales de ayuntamientos ni al propio CIAM, en todo caso, en la denuncia de la víctima se debe autorizar expresamente a que sus datos pasen al IAM.

Bárbara Sordi, investigadora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, atiende a este medio. Hace pocos días, el equipo liderado por el investigador de la US, Juanjo Medina, hizo entrega de las primeras conclusiones de Proyecto RiskPol - Vigilancia policial basada en el riesgo de la violencia de pareja y el modelo de riesgo VioGén, cofinanciado por la Junta de Andalucía. Todavía no se pueden desvelar los resultados finales, pero la especialista habla sobre los puntos positivos y los desafíos que entraña la colaboración entre la academia, la Justicia y los cuerpos de seguridad del Estado.

Primero, especifica que VioGén no deja de ser una herramienta dentro de un aparato de protección mucho más complejo en el Estado, con diferentes escalas y responsabilidades: “En Andalucía, hay que apostar por el incremento de este y otros recursos para extenderlos a todos los rincones, porque vemos un avance, y esta autonomía ha sido pionera en muchas cuestiones, pero existe un repunte y hay una evidencia: el discurso negacionista está cuajando cuando hay datos evidentes de violencia y de victimización entre jóvenes”. Con un marco legislativo más robusto que en el pasado, contempla el efecto de la manosfera entre las nuevas generaciones, “hay un problema de base”.

A tenor de las estadísticas de VioGén, llama la atención sobre que en el último informe publicado por el Ministerio de Interior había alrededor de un 50% de mujeres que habían interpuesto una denuncia previa. “¿Qué significa esto? Que escaló la violencia, por tanto, no estamos haciendo la labor desde el sistema de justicia a la hora de brindar las medidas de protección”, resalta.

Nuevo VioGén

La auditoría realizada por la Fundación Éticas, en colaboración con la Fundación Ana Bella, desveló que se subestimaba el riesgo para las víctimas, ya que hubo 71 falsos negativos y solo 55 mujeres recibieron algún tipo de protección policial debido a que el 73% de los casos no había presentado una denuncia policial y, en consecuencia, no se había asignado una puntuación en la valoración de riesgo (VPR) o la de evolución del riesgo (VPER). Al respecto, Laura Flores, investigadora de la US, añade que de esta forma quedaron comprobadas las deficiencias estructurales del primer modelo: “Un criterio determinante para el algoritmo que califica el riesgo al que se encuentran expuestas las víctimas eran los recursos policiales disponibles, de tal manera que el sistema solo da el número de puntuaciones de riesgo extremo que se puede permitir”.

Además, se le daba mayor peso en el cuestionario a la violencia física, subestimando así a la psicológica, y solo se permitían respuestas binarias, “lo que dificulta la precisión en la descripción de las realidades”. Con la puesta en marcha de VioGén 2 en enero de 2025, la finalidad es revertir estos fallos y lograr una herramienta a pleno funcionamiento en la que se produzca una gestión más rápida y concisa de los datos. La violencia digital, el intento de estrangulamiento, las agresiones a mujeres embarazadas o las amenazas de asesinar a los hijos serán incorporados como indicadores de riesgo para predecir el comportamiento del maltratador, anunció Interior en enero de este año. “Ahora habrá que ver los efectos de su efectiva implementación”, determina la investigadora.

Pilar, primera víctima por violencia machista este año, tenía 38 años y vivía en la localidad jiennense de Quesada. Estaba registrada en el sistema VioGén, pero su cuerpo fue hallado sin vida el 4 de enero. Alba Oseguera Gutiérrez, parte del Área de Feminismos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y de la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS), retoma el quid de la cuestión: “Falta una mayor inversión y unos servicios que sean integrales. Por ejemplo, con la actual crisis de la vivienda hay muchas mujeres que no pueden dejar atrás a su maltratador e iniciar una nueva vida. La vivienda es uno de los puntos fundamentales de protección y reinicio”.

Con fecha de marzo, en Andalucía hay un total de 27.196 casos que están en activo y 1.286 supervisados. Del total de activos, hay 23.656 con calificación de riesgo baja, otros 3.316 en riesgo medio, mientras que 220 que de riesgo alta y 4 calificados como riesgo extremo.

Hace justo tres años, el 28 de marzo de 2023, Francisco Martín (Madrid, 1981) tomaba posesión como nuevo delegado del Gobierno en la región. Relevaba a la exconcejala Mercedes González y su perfil era bien distinto al de su predecesora, porque llegaba directamente de Moncloa, donde había ejercido diferentes cargos para Presidencia del Gobierno.

Su llegada fue recibida con recelo primero y luego animadversión tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid. Tanto Almeida como Ayuso han tenido encontronazos dialécticos con Martín, peleas en reuniones o por redes y algún que otro desplante institucional. Algunos de ellos tienen que ver con los eventos multitudinarios que apoyan los dirigentes del PP, también motivo de discusión. El último tiene que ver con el gran estadio que una promotora va a montar en Villaverde para acoger once conciertos de Shakira.

La entrevista se realizó de forma previa a la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye. Preguntado este viernes sobre si la actuación policial pudo tener una base racista, el delegado del Gobierno defendió que no: “Y ninguna actuación policial puede tener una base racista ni discriminatoria. Existen protocolos y mecanismos internos para velar porque así sea y para adoptar las medidas pertinentes en el caso de que se detecte algún incumplimiento”, aseguró a preguntas de Somos.

SOMOS MADRID: ¿Qué problema tiene el recinto de conciertos de Villaverde? ¿Por qué cree que no deberían celebrarse allí eventos como el de Shakira?

FRANCISCO MARTÍN: Le he pedido al alcalde de Madrid en una carta que reconsidere su decisión de autorizar eventos masivos en el Iberdrola Music, porque él mismo y la Comunidad de Madrid estuvieron de acuerdo hace tres años en que ese recinto no estaba en condiciones de albergar eventos de fenómeno fan y no han hecho nada para mejorar las condiciones del entorno. Yo quiero ser clarísimo: ni Shakira ni nadie debe actuar en una ratonera. Y hoy por hoy, desafortunadamente y por la dejadez de la señora Ayuso y del señor Almeida, el entorno del Iberdrola Music es una ratonera.

No hay posibilidad de una evacuación masiva como la que un evento de esta naturaleza tiene que tener prevista, ya que sale todo el público a la vez cuando termina la actuación. Todos sabemos que está la M-45 colindando, que no hay aparcamientos, que no hay Metro. No hay más que recordar lo que pasó hace tres años con el concierto de Harry Styles, se vivieron unas situaciones dramáticas que no terminaron en una catástrofe de milagro. Y que conllevaron que, también con una carta mía, el alcalde cancelara toda la programación de ese año.

Le he pedido al alcalde dos cosas: o acondicionan aquello para que se puedan compatibilizar las condiciones de seguridad con este tipo de eventos, habida cuenta de que quedan seis meses para los conciertos de Shakira, o que se busque otra ubicación, una que sí tenga esas condiciones. Esto no es una cuestión política, por más que la señora Ayuso lo único que quiera sea confrontar con lo que sea. Estamos hablando de una cuestión que es estrictamente técnica y que debiera, de verdad, implicar la responsabilidad de todo el mundo, amenazando la seguridad de decenas de miles de personas. ¿Cuántas tragedias hemos visto ya?

¿Qué medidas se plantea la Delegación del Gobierno si el Ayuntamiento y los promotores insisten en esta ubicación?

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Y si lo que se plantea no las tiene, pues recurriremos a donde haya que recurrir para pedir que no se ponga en peligro a la gente. De verdad, no pueden condenar a los asistentes, a los fans, tampoco a los artistas, ni a los medios de comunicación, ni a nadie a tener que acudir a una ratonera para celebrar un evento de esta naturaleza.

¿Tiene un problema Madrid con los eventos? ¿Organiza demasiados?

Creo que tiene falta de planificación legal, pero también logística, para afrontar muchas de las cosas que quiere ir asumiendo. Y en ese sentido es bastante irresponsable la actitud porque va precipitadamente poniendo cosas sobre la mesa y después ya se resolverán. La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid es antiquísima, fue apenas maquillada tras la tragedia del Madrid Arena y desde entonces no se ha vuelto a tocar. Yo le he reclamado al consejero Novillo por activa y por pasiva una nueva Lepar y no he obtenido ninguna respuesta.

Ahora hemos sabido que en otra ley, como una disposición transitoria, van a incorporar una modificación de algunas cuestiones de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. ¿Pero acaso Madrid, con el déficit que tiene, no exige el que se pueda tener un debate serio en el que participemos todos los que tenemos algo que decir alrededor de cómo se deben gestionar los grandes eventos?

En este contexto de problemas normativos... ¿Está preparada Madrid para acoger la Fórmula 1 en septiembre?

De nuevo esta es una cuestión que se ha planteado con precipitación por parte de las administraciones madrileñas. Hasta que nosotros no hemos reclamado trabajar la seguridad de este evento, no se ha podido avanzar. Nuestra voluntad es la de procurar que las cosas salgan bien, pero para eso hay que trabajar con planificación, con responsabilidad, con criterios técnicos sólidos, desde luego con lealtad y eso es lo que, ante todo, falta en esta región.

Otro de los grandes eventos que acogerá Madrid en breve será la visita del Papa ¿Cómo se está preparando?

Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Presidencia. Hubo una primera visita del Vaticano, pero hay que seguir aterrizando toda la agenda y toda la logística alrededor de la visita del Papa. Es una gran oportunidad para Madrid: hay miles de personas que anhelan este momento y debemos trabajar todos juntos para que sea un éxito. Yo le he planteado, al igual que se ha hecho en las otras comunidades que visitará el Papa, la creación de una mesa de coordinación interinstitucional con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal, la Presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. No han respondido y, por lo tanto, he tenido que convocarles a una reunión para la semana que viene. Confío en que prime la lealtad y la voluntad de que las cosas salgan bien.

Usted que conoció bien la preparación de la Cumbre de la OTAN de 2022, ¿cree que es el mayor evento al que se ha enfrentado Madrid en los últimos años?

En Madrid tenemos mucha experiencia en la organización de grandes eventos, multitudinarios, pero también con la visita de muchos mandatarios internacionales de todo tipo. Seguramente desde la Cumbre de la OTAN, la visita del Papa vaya a ser el evento más exigente que se ha producido en la Comunidad, aunque con una naturaleza diferente: habrá una movilización social importante a lo largo de los días que esté en Madrid, con diferentes actos multitudinarios.

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político

Dejemos el futuro para hablar de lo pasado, a ese 28 de marzo de 2023 cuando tomó posesión de su cargo como delegado del Gobierno. ¿Cómo recibió entonces el nombramiento y qué encontró al llegar?

Es un honor el poder representar al Gobierno de España en la Comunidad, un gran reto que afronté con enorme determinación, a sabiendas de las dificultades que había, porque hay quien niega, quien oculta, quien confronta sistemáticamente para hacer de ello su proyecto político. Yo creía que esas dificultades podían ser removibles y que podríamos avanzar desde un trabajo compartido con las demás instituciones. Desafortunadamente, lo que me he encontrado desde el minuto cero ha sido una puerta cerrada a cualquier entendimiento, un rechazo absoluto por parte de las instituciones dirigidas por el Partido Popular de Madrid a ninguna oportunidad para trabajar conjuntamente a favor de los madrileños y madrileñas. Pero tengo que decir que me he encontrado lo contrario por parte del tejido social, del tejido vecinal, de los sectores productivos empresariales que están ávidos de diálogo, de espacios de encuentro, de colaboración y de trabajo conjunto.

¿Qué le cuentan sus otros colegas de puesto? ¿Es igual esta relación con los gobiernos de otras comunidades autónomas?

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político. Y esto lo comparto muchas veces con otros delegados que tienen otro tipo de relación, incluso yo he hablado con otros presidentes autonómicos del PP. Responde estrictamente a esa voluntad de confrontar, de evitar cualquier oportunidad para la cordialidad, porque eso parece que desmonta el paradigma en el que cabalga Díaz Ayuso, que el Gobierno de España es lo peor que le ha podido pasar a Madrid y al mundo en la historia. Eso es una falacia, porque todos estamos viendo que el compromiso es el mayor que ha tenido nunca ningún gobierno. Se traduce en aportaciones económicas y en proyectos concretos para transformar, para hacer de Madrid una región más justa.

Cuando llegó hace tres años surgían muchas informaciones sobre sucesos relacionados con bandas juveniles. ¿Cómo ha evolucionado el plan para combatirlas?

Di continuidad al plan de choque que puso en marcha Mercedes González, desde entonces se intensificó la labor policial y se han ido cosechando buenos resultados. Nada tiene que ver la realidad de las bandas juveniles en 2022 con la que hay ahora: en 2025 hubo un 13% menos de hechos delictivos asociados a ellas que en 2024 y un 50% más de detenidos. La intensidad policial es máxima, la vigilancia sobre esta tipología delictiva es total, pero yo siempre reclamo que más allá, debemos trabajar desde una perspectiva preventiva. Estamos hablando de chavales, que requieren de políticas que ofrezcan alternativas a la calle, de formación, de ocio, que son responsabilidad de todas las administraciones y que si se brindan posibilitan también que haya menos gente que se complique la vida tan joven.

Otro de los puntos de fricción con la Comunidad de Madrid está relacionado con los menores no acompañados y sus centros...

Estoy convencido de que Ayuso está muy orgullosa de ser la lideresa territorial del PP que más beligerancia está prestando a la política migratoria del Gobierno de España. En momentos en los que lo que hace falta es solidaridad, altura de miras y atender conjuntamente entre todos la necesidad de una respuesta al reto migratorio, el PP de Madrid lidera las dificultades, el boicot a cualquier iniciativa que adoptemos. Están haciendo gala de esa petición de expulsión de 86 menores, obviando que la tutela corresponde íntegramente a las comunidades autónomas. Los déficits que tienen no son por sobresaturación, están muy por debajo de la capacidad que se le ha determinado a la Comunidad de Madrid en cuanto a menores que puede acoger en el sistema. Es una cuestión de voluntad a la hora de atender adecuadamente la responsabilidad de una manera humana y solidaria.

Y luego está petición del cierre del Centro de Atención a Extranjeros de Pozuelo, porque en el momento en el que atisbaron que en vez de niños ucranianos podían llegar niños con otro color de piel, aquello ya les pasó a no gustar y se buscaron cualquier artimaña para intentar cerrar aquel centro asistencial. También pasa en el de Alcalá, donde además hemos escuchado todo tipo de mensajes que buscan criminalizar y estigmatizar, generar miedo alrededor de las personas migrantes.

También hay críticas sobre la regularización planteada por el Gobierno...

Por la mesa del despacho del delegado han pasado todos los sectores productivos de la Comunidad de Madrid. Ha pasado la Iglesia, el tejido social, los sindicatos... y todos ellos han reclamado que se pusiera en marcha una medida como la regularización prevista por el Gobierno de España. Todos. El propio PP votó a favor de la ILP en el Congreso, pero ha sido la señora Díaz Ayuso quien ha decidido cambiarle el paso al partido.

En 2025 la Comunidad de Madrid ha alcanzado el mínimo histórico de criminalidad en nuestras calles. Desde que hay registros, como saben, se ha registrado la menor tasa de criminalidad de la historia de la Comunidad de Madrid. Esto se ha producido en paralelo al incremento poblacional que ha experimentado Madrid, llegando a los 7,1 millones de habitantes. Hay mayor proporción de población migrante y la menor criminalidad de nuestra historia. Pero el PP, la derecha extrema y la extrema derecha de Madrid están empeñados en señalar, en criminalizar a los migrantes como responsables de la delincuencia. Creo que es francamente irresponsable, además de falaz, es una mentira colosal y, por lo tanto, tenemos que hacer todos los ejercicios posibles para rebatir esos discursos.

Pese a los buenos datos de criminalidad que registra Madrid, ¿qué delitos que todavía persisten le tienen más preocupado?

Estamos en las cifras más bajas de criminalidad en nuestra historia. Acompañadas del máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de los mejores registros en eficacia policial que ha habido nunca. Pero no nos conformamos con ello, ni mucho menos. Una de estas cuestiones es sin duda la que tiene que ver con los delitos contra la libertad sexual. En Madrid estamos comprobando de manera consolidada, trimestre tras trimestre, un incremento de las denuncias, por encima de la media nacional. Esto siempre tiene un componente de reducción de la cifra oscura, de esa parte que no se ha denunciado y que ahora, por esa sensibilización y confianza en las instituciones, las mujeres sí están pasando a denunciar. Pero también hay otras casuísticas en el entorno de los menores, algún otro tipo de delito contra la libertad sexual que sí que vemos que se puede estar incrementando. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para prevenir, para proteger y para atender mejor a las víctimas de la violencia machista.

La Delegación ha abierto una mesa hace dos años para el análisis de la evolución de la violencia machista en la Comunidad de Madrid, en la que han participado cantidad de actores de todos los sectores asistenciales, educativos, jurídicos, políticos... pero se ha negado a estar el Partido Popular. Es una muestra muy preocupante de falta de responsabilidad para trabajar con unidad en favor de esta cuestión.

Año tras año acumulamos cifras inasumibles, cifras absolutamente terribles de asesinatos de mujeres, de menores también. En Madrid estamos promoviendo que los municipios se incorporen al sistema VioGén, que posibilita la coordinación entre las policías locales y las fuerzas de seguridad del Estado, para garantizar una protección más efectiva de las víctimas. Ahora hay 12.300 mujeres que están como casos activos dentro del sistema. Ellas ya han podido pedir ayuda.

Debemos de mandar todos los mensajes que podamos para generar esas condiciones de confianza. La incorporación a VioGén significa ese mensaje. Y aun así, en esta comunidad todavía quedan 30 municipios con más de ocho policías locales que están fuera del sistema VioGén. Municipios importantes como Valdemoro, Torrelodones, Galapagar, Paracuellos... o la situación del Ayuntamiento de Madrid, que está trabajando dentro del sistema VioGén pero con un convenio caducado, porque el alcalde de Madrid pretende instrumentalizar la renovación para desarrollar las competencias de su policía municipal. Y eso es algo inaceptable.

Con estos tres años que lleva como delegado en Madrid ha superado ya el tiempo que estuvo su antecesora, Mercedes González. En el listado hay que remontarse a 1991 para encontrar a otra delegada, en este caso Ana Tutor, que estuvo más tiempo que usted con un gobierno socialista. ¿Cuál ha sido su secreto para resistir?

Bueno, digamos que he leído el Manual de resistencia del presidente (bromea). Ahora en serio, la realidad responde a tener claro que el Gobierno de España está comprometido con esta región y está intentando pelear porque a Madrid le vaya bien, a pesar de todos los obstáculos que nos ponen repetidamente. Es la convicción en ese compromiso con la justicia social, con la igualdad, con la libertad de verdad, la que nos trae a pelear, a salir cada día a intentar que los servicios públicos funcionen mejor, y también a que Madrid sea cada vez una región más justa.

Y todo ello impulsado por el ejemplo que se da desde el presidente Sánchez, cada día desde hace ya casi ocho años. He podido trabajar mucho con él en todos estos años y soy consciente del compromiso que él tiene cada día con nuestro país, y creo que esa es la mejor inspiración para poder salir cada día a pelear en Madrid, que desde luego no es ni mucho menos una plaza fácil.

¿Se plantea dentro de un año ayudar a su partido en otros ámbitos o continuará como delegado del Gobierno?

Llevo 25 años militando en el Partido Socialista de Madrid y voy a trabajar siempre para que el proyecto socialista le vaya lo mejor que pueda a esta región. Porque si Madrid necesita algo es que haya una regeneración democrática, es una urgencia absoluta después de tres décadas de proyectos continuados basados en el pelotazo, en la injusticia social y en perder oportunidades para esas mayorías sociales que tanto necesitan de los servicios públicos. Formo parte de la ejecutiva regional que lidera Óscar López, y estamos trabajando para construir esa alternativa con mensajes muy claros a la ciudadanía que señalen la gravedad de lo que está pasando en la Puerta del Sol, de ese modelo que ahora representa Ayuso.

Es un modelo de tres décadas, que ahora vemos tan claro con el universo de los pelotazos del entorno de la señora Díaz Ayuso alrededor de las contrataciones con Quirón, principal proveedor de la Comunidad de Madrid y, oh casualidad, principal contratista de la pareja de la señora Díaz Ayuso, una relación tan lucrativa como repentina, pero desafortunadamente nada llamativa porque es el modus operandi del Partido Popular de Madrid.

Si pudiera elegir que Almeida o Ayuso se abrieran a una cosa de las que propone, ¿cuál sería la más urgente?

Que vinieran a la mesa de la violencia machista, que se comprometieran a trabajar conjuntamente para buscar soluciones, mejorar las políticas entre todos para atender el drama absoluto, la injusticia que representa la violencia machista. Sin duda sería lo primero que desearía de una larga lista de ejemplos de falta de cooperación y colaboración leal, interinstitucional, que creo que debiéramos corregir.

Zaragoza sigue conmocionada tras el crimen ocurrido a primera hora del pasado sábado en el populoso barrio de Las Fuentes. Silvia Alonso murió a manos de su expareja, Javier Asensio, y se convirtió en la segunda víctima de violencia de género de Aragón en 2026.

La investigación abierta por la Policía Nacional para esclarecer las circunstancias del asesinato de la mujer a manos de su exnovio, que luego se suicidó con su propia pistola, ofrece síntomas sobre la frialdad y crueldad del verdugo, que poseía una licencia deportiva de armas.

Además, han trascendido detalles anteriores al crimen, ya que el asesino realizó una llamada telefónica previa a su madre amenazando con suicidarse, por lo que alertó al 112 y desde allí se avisó a la Policía Nacional. Varios agentes se desplazaron entonces al negocio del asesino, donde según publica 'Heraldo de Aragón' solía dormir, pero en ese momento no se encontraba en el lugar de trabajo. También la hija del agresor dio aviso posteriormente de que había recibido un mensaje de su padre diciendo que iba a acabar con todo. Su mensaje entró en el 112 a las 10.04 horas. Para entonces, Silvia ya estaba muerta.

No llegaron a tiempo porque, minutos después de avisar, Javier Asensio llevó a cabo el crimen. Pertrechado de dos pistolas y abundante munición, estuvo esperando la llegada de la víctima a su lugar de trabajo, la peluquería que regentaba en la calle Cardenal Cisneros del barrio de Las Fuentes, y, tras efectuar varios disparos, la remató en el suelo, según ha relatado el propio delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, donde acudió la policía tras recibir varias llamadas de los vecinos en el 091.

En el plazo de una hora

Todo transcurrió en el plazo de una hora entre los avisos de los familiares y el desenlace final ocurrido a las 9.20 horas del sábado. Nadie esperaba lo sucedido, ya que no había ninguna denuncia por malos tratos en el ámbito familiar ni la mujer se encontraba dentro del sistema VioGen.

Beltrán también ha hecho hincapié en el dolor causado por este crimen entre las muchas víctimas que deja, los dos hijos de la mujer asesinada, una de ellas menor de edad, el resto de la familia, quienes trabajaban con Silvia, y la propia familia del agresor, porque “para ellos supone un hecho absolutamente también lamentable el enterarse de que un padre o un exmarido o un hijo ha cometido un acto tan atroz como este”.

Las muestras de condolencia por el asesinato de Silvia continúan este lunes más allá de la capital aragonesa. En Huesca y Teruel, las subdelegaciones del Gobierno de España en ambas provincias han celebrado un minuto de silencio para condenar el asesinato machista ocurrido el sábado en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza.

Como ya hizo el otro día el delegado del Gobierno en Aragón, hoy la portavoz socialista en las Cortes de Aragón, PIlar Alegría, ha hecho un llamamiento a que la unidad frente a la violencia machista se traslade también a los minutos de silencio que convocan las administraciones y acuerden un único minuto de silencio como ejemplo y muestra de esa unidad.

La Junta Local de Seguridad de Cáceres ha formalizado la adhesión de la ciudad al sistema VioGén mediante la firma del procedimiento operativo de colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local para la protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género y la segunda de ellas asumirá hasta el 50% de los casos de riesgo bajo.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha copresidido este viernes la reunión junto al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

El acuerdo permitirá que la Policía Local de Cáceres asuma de forma progresiva hasta el 50% de los casos de riesgo bajo, lo que equivale a un máximo de 108 expedientes, en coordinación con la Policía Nacional, que hasta ahora gestionaba la totalidad. Según los datos facilitados, Cáceres cuenta actualmente con 266 casos activos en el sistema VioGén, de los cuales 217 están catalogados como de riesgo bajo, ámbito en el que se centrará inicialmente la actuación de la Policía Local dentro de este nuevo marco de colaboración.

Quintana ha calificado esta incorporación como una “magnífica noticia” y ha subrayado que responde a lo que esperan las víctimas, que las administraciones estén coordinadas, que trabajen de forma conjunta y que colaboren todos para darles la respuesta que merecen. En este sentido, ha destacado el trabajo previo realizado durante meses para hacer posible esta integración.

Por su parte, Mateos ha destacado que este convenio supone “un día histórico” para la ciudad y ha defendido que la incorporación al sistema VioGén permite “tejer una red más preparada para salvar vidas”, gracias a la coordinación entre cuerpos policiales y a la puesta en marcha de una unidad específica dentro de la Policía Local.

El alcalde ha explicado que esta unidad arranca con dos agentes y un subinspector, todos ellos con formación específica, y que podrá ampliarse en función de las necesidades. Asimismo, ha subrayado que el Ayuntamiento ha realizado inversiones para habilitar espacios adecuados de atención a las víctimas y mejorar los recursos disponibles.

Con la incorporación de Cáceres, ya son 13 los municipios extremeños integrados en el sistema VioGén, siete en la provincia de Badajoz y seis en la de Cáceres, en un modelo que refuerza la coordinación institucional y la respuesta frente a la violencia de género en el ámbito local. 

El juzgado ha absuelto al subinspector de la Policía Local de Granada que fue juzgado este pasado lunes acusado de romper la orden de alejamiento respecto a su exmujer al no quedar acreditado que manipulara o fracturara la pulsera telemática antimaltrato que le fue colocada.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que cabe recurso, se precisa que en julio de 2023 se prohibió al agente aproximarse o comunicarse con su mujer y, en septiembre de ese año, se dispuso el control telemático mediante dispositivo GPS, con ampliación de la distancia de exclusión y expresa advertencia penal.

No obstante, el titular de la plaza número 4 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Granada no considera acreditado que el 13 de julio “mudara su brazalete”, que el 12 de agosto de 2024 se separara de él ni que el 21 de septiembre de 2024 lo rompiera, como señalaban la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la víctima.

Multas

La defensa del agente, ejercida por el letrado Domingo Domingo, ha lamentado en declaraciones a Europa Press que su cliente haya tenido que pasar por la “pena de banquillo” cuando “había documentación que acreditaba su inocencia”.

La Fiscalía solicitaba que el subinspector fuera condenado a una multa de 5.400 euros y a indemnizar a la víctima en otros 3.000 por daño moral. La acusación particular pedía la máxima pena para este delito, multa de 7.200 euros y 6.000 de indemnización, al entender que el agente, a tenor de su profesión y conocimientos técnicos, era “perfectamente conocedor” de lo que está haciendo.

Denuncias por violencia machista

Cabe recordar que el caso se inició cuando se detectaron brechas de seguridad en el sistema VioGén, que recoge información sensible la mujer del subinspector y sus hijas. El escrito de las diligencias practicadas por la Guardia Civil de Granada confirmaba que hasta seis agentes de la policía municipal granadina habían accedido a la información reservada en varias ocasiones.

A pesar de las denuncias, el agente sigue ejerciendo, aunque tiene el arma retirada y va con una pulsera telemática, que se habría quitado en varias ocasiones, siendo detenido en más de diez ocasiones por ello. La pulsera tendría por objetivo evitar que se acerque a su expareja a menos de 500 metros, a raíz de una denuncia por violencia machista presentada por la mujer en 2023. En el escrito judicial que dio lugar a estas medidas cautelares, se recoge que el agresor ha llegado a decirle a la víctima “soy capaz de matar” o “eres una puta”.

En diciembre de 2025, el Juzgado de lo Penal 5 de Granada le condenó a dos años y ocho meses de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra la que fue su pareja.

La decisión ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Granada tanto por la defensa del acusado, que pide la libre absolución, como por la Fiscalía y la acusación particular, que reclaman más pena. El asunto está pendiente de que el tribunal fije la fecha para revisar el recurso.

Cantabria tiene registradas 1.600 mujeres en el sistema VioGén de protección a las víctimas de violencia machista y una está en riesgo extremo, según los datos que ha facilitado el delegado del Gobierno, Pedro Casares.

“Estas cifras nos tienen que llevar a todos a esa reflexión de seguir trabajando unidos y juntos para acabar con esta lacra. Lo que ha pasado este fin de semana es la punta del iceberg. El asesinato machista es el último eslabón de una cadena terrible de sufrimiento, de dolor, de humillaciones, de vejaciones, de un corredor de la muerte en el que viven muchísimas mujeres”, ha advertido el delegado del Gobierno.

Casares ha hecho un llamamiento para “apartar” a todos los que “hoy siguen negando la violencia machista, que siguen diciendo que hay denuncias falsas, y que siguen banalizando” este problema.

Este último caso de la mujer de 64 años de Pedreña de este sábado se ha remitido a la Delegación contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, que lo está analizando para su posible confirmación como presunto asesinato por violencia machista, ha explicado. De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 12 en lo que va de año en España. “Una cada semana, y 10 huérfanos y también dos niños que fueron asesinados por sus parejas para hacer daño a sus madres. Esto es terrible, es muy doloroso, nos duele a todos”, ha afirmado el delegado del Gobierno.

Condenas firmes precedentes en 2011 y 2019

En este caso de Pedreña no había denuncias por violencia de género entre esta pareja, pero el hombre detenido tenía antecedentes por dos casos de denuncias de otras mujeres en los años 2011 y 2019 y en la Comunidad de Madrid.

Tenía condena firme en ambos casos pero actualmente estaban ya inactivos en el Sistema VioGén.

La víctima y el detenido llegaron a Pedreña desde Madrid hace unos cinco años. No estaban casados y no tenían familia en Cantabria. Fue el hombre detenido el que avisó el sábado a la Guardia Civil porque había encontrado a su pareja muerta en el domicilio.

Marina de Cudeyo decreta dos días de luto

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo ha decretado dos días de luto oficial, tras el minuto de silencio que se ha guardado a las puertas del Consistorio, como muestra de condena y repulsa por el presunto asesinato machista.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; la consejera de Igualdad, Begoña Gómez del Río; el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; el fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga; y el jefe de zona de la Guardia Civil en Cantabria, Jorge Bodelón, además de miembros de la corporación municipal, representantes políticos y numerosos vecinos se han sumado a este minuto de silencio.

En declaraciones a los periodistas, el alcalde Pedro Pérez Ferradas ha lamentado que se sigan produciendo asesinatos machistas y ha explicado que, aunque el municipio cuenta con casos activos de violencia de género, este caso no estaba registrado.

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento dispone de recursos para ayudar a mujeres que puedan estar viviendo situaciones de violencia y ha animado a acudir a los servicios sociales municipales, donde las víctimas pueden recibir atención psicológica y apoyo de un educador social, incluso sin necesidad de interponer una denuncia previa.

Pérez Ferradas ha explicado también que la pareja se movía en un ámbito social “bastante reducido”, por lo que ha explicado que no les conocía.

Extremadura cuenta con 2.937 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género que viven con protección policial, un 8,8% más que un año antes, de las que 36 son menores de edad y 94 son mayores de 65 años, dos colectivos de especial vulnerabilidad, según datos a 28 de febrero de 2026 del sistema VioGén del Ministerio del Interior.

En relación a febrero de 2025, las víctimas menores de edad descienden pues había 39 casos y las mayores de 65 años aumentan ya que se contabilizaban 85.

En cuanto al resto de grupos de edad, al cierre de febrero de este año hay 618 casos activos de víctimas de 18 a 30 años, 1.406 en la franja de edad de 31 a 45 y 783 de 46 a 64 años.

Del total de casos activos en la región (2.937), hay uno de riesgo extremo, donde corre peligro la vida de la víctima, 38 de riesgo alto, en los que también se teme por su vida, 570 medio y 2.328 bajo.

Además, los datos reflejan que en Extremadura hay 100 niñas y niños en riesgo de ser agredidos por los maltratadores de sus madres, muy por encima de los 65 que había en febrero de 2025. De estos menores en riesgo de sufrir violencia vicaria, ocho tienen riesgo alto (también se teme por su vida) y 92 medio.

Los cuerpos policiales tienen detectados en Extremadura 506 niñas y niños como casos de especial relevancia ambiente de maltrato en el que viven -con elevada probabilidad de que el maltratador de sus madres ejerza sobre ellos violencia muy grave o letal-: uno está en un nivel extremo, 37 en nivel alto y 468 en nivel medio.

En España hay 102.567 casos activos de víctimas de violencia de género en VioGén, un 1,6% más que un año antes, de las que 1.254 son adolescentes menores de edad (1,6% menos) y 2.459 son mayores de 65 años (2,4% más).

Es una obviedad decir que todo hijo de vecino reconoce la violencia cuando la ve, igual que se reconoce que el agua moja, pero si algo ha quedado claro en la última década es que la violencia machista no solo no es reconocida: es negada, invisibilizada, desplazada y ridiculizada. Y cuando las defensas contra la violencia machista —igual que contra cualquier tipo de violencia— titubean o se quiebran a propósito, esta coge muchísima más fuerza. 

A fuerza de rodeos argumentativos que se presentan como debates razonables, la realidad de la violencia machista termina tan difuminada como un cristal de coche empañado. ¿Cómo? Pues repitiendo que la violencia machista es un invento ideológico, caricaturizando el feminismo, tildándolo directamente de cáncer, o desplazando el debate hacia fenómenos reales pero marginales, como las denuncias falsas. A veces no es tanto una negación frontal, pero sí una maniobra sutil —y lucrativa, claro— de distracción. 

Estos marcos no solo condicionan la conversación pública, hacen algo más peligroso: legitiman discursos. Por ejemplo, podemos considerar algunos canales misóginos de YouTube como simples y tristes cloaquillas digitales. Pero funcionan como finísimas refinerías: un caldo de cultivo perfecto para incubar y producir machismo al por mayor. Todo esto se va filtrando, poco a poco, pero con ritmo, pero sin pausa. Que una parte significativa de los jóvenes en España —en torno a uno de cada cinco— considere ya que la violencia de género es un invento ideológico es un síntoma clarísimo de ese desplazamiento cultural. Señala hasta qué punto la disputa por el reconocimiento de la violencia machista lleva implícito también un menor reconocimiento a lo que nosotras decimos, a nuestra credibilidad. 

Desde su irrupción en 2018, Vox ha manifestado una y otra vez su intención de derogar la ley de violencia de género, una promesa que mantiene en sus programas electorales, no solo en sus discursos. Pese a lo cual, la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, decía el otro día que su feminismo es el mismo que el de Vox. Palabras que luego matizó, claro, que es que la malinterpretamos los que repartimos carnés feministas: “Lo que he dicho es que no entiendo que sea un escollo defender la igualdad real entre hombres y mujeres. Ese es el feminismo que debería defender Vox y cualquiera”, apostilló. 

A algunos hombres cuesta verlos como potenciales asesinos o agresores machistas porque están muy adaptados a la sociedad. Eso dicen los expertos. Pero también cuesta verlos de ese modo porque se pone en duda constantemente a las víctimas. Y esto es algo deliberado y refinado, como decía. 

El pasado 24 de enero, a Victoria la mató su expareja y padre de sus tres hijos. Figuraba en el sistema VioGén con “riesgo bajo”. En diciembre había sido condenado por quebrantar la orden de alejamiento, aunque no entró en la cárcel bajo la condición de no cometer ningún otro delito. Un mes después entró en la casa familiar y la acuchilló hasta la muerte. Además de Victoria, cinco de las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año tenían denuncias previas. 

Hay fallos evidentes en el sistema. Subestimar los testimonios de las mujeres o interpretar la violencia como un episodio aislado sigue retrasando la activación de medidas de protección eficaces. El problema —que lleva mucho tiempo siendo más una emergencia que un problema— exige coordinación interinstitucional, vigilancia y recursos suficientes. No los hay. Pero también exige una responsabilidad política y social: dejar de legitimar discursos que banalizan, niegan o desplazan la violencia machista. Porque por ahí, por las palabras, es por donde siempre comienza a filtrarse todo. 

Diez mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2026. Las cuatro últimas, junto a una niña de 12 años y un niño de 10, en la última semana. Si a esto sumamos los casos de violencia y acoso sexual, las noticias se suceden en todos los ámbitos e instituciones. Aún no ha acabado febrero. 

Rafael Sánchez Ferlosio escribió en 1994 un texto titulado Virilidad en el que decía que hay hombres pertenecientes a una “ralea viril” que todo lo remedian “con hostias y polvos” porque no ven al otro como sujeto, sino sólo “como objeto de sometimiento y control”. Treinta años después, estos hombres, esta ralea viril, siguen existiendo en España, ahora si cabe más agraviados, más furiosos, más crecidos. El auge de ciertos discursos negacionistas, como el de las denuncias falsas, les carga de razón y les convierte en víctimas, víctimas de las mujeres, del sistema, de las leyes. Les absuelve de responsabilidad, porque les construye el relato de que la culpa es de ellas y a ellos no les queda otra que matar o matarse. No abundan los testimonios de hombres maltratadores que reconozcan “las hostias y los polvos no consentidos” porque la mayoría no reconoce las palizas, las amenazas, el sometimiento, las agresiones. Se sienten genuina e injustamente atacados. Cada maltratador se considera el mejor de los maridos, el padre más protector y entregado. La culpa siempre es de otros. La culpa es de ellas y de un sistema y una ley que los discrimina, que les quita su lugar, el sitio que merecen. Y este negacionismo se extiende como un vacío negro alrededor de las víctimas, siempre cuestionadas, siempre sospechosas de intenciones ocultas y egoístas. ¿No será que se lo merecían? 

El auge del negacionismo de la violencia contra la mujer (la mujer cercana, tu familiar o tu vecina) y la promesa de erradicar “los chiringuitos violetas” coincide con un gravísimo fallo institucional. La mayoría de las mujeres asesinadas debían estar bajo protección: cinco habían denunciado a su agresor y, en otro caso, había denuncia de una tercera persona. Los agresores estaban en el sistema VioGén, algunos con seguimiento y calificación de riesgo baja. Habían dado el difícil paso de denunciar y puesto su vida en manos de un sistema que les falló. Se insiste en que denuncien, si lo hacen se sospecha de sus intenciones, y en el peor de los casos pierden la vida o matan a sus hijos. Algo falla. 

Los abogados y asociaciones que trabajan con víctimas de violencia apuntan a múltiples factores: falta de medios, desconexión entre servicios de atención a las víctimas, policía y juzgados, dificultad para evaluar el riesgo en el que se halla una mujer maltratada porque requeriría muchas más horas de entrevistas y análisis, a lo que se unen los fallos en las pulseras y la poca consecuencia que tiene para el agresor el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento. Sería necesario reevaluar los protocolos y los fallos de coordinación con las administraciones locales y autonómicas. Insistir en la concienciación ciudadana, para que entre todos seamos capaces de tejer redes de prevención y protección. 

Más recursos, mejores protocolos, más coordinación. Más educación y más ayuda de los entornos cercanos a las víctimas de maltrato o violencia sexual. Más implicación de todos los ciudadanos. Negarnos a negar la realidad. Qué casualidad que ahora todo el mundo conozca a un hombre víctima de denuncia falsa pero nadie conozca a un maltratador. ¡Pero si es un hombre tan normal, tan campechano, tan trabajador! ¡Si adora a sus hijos! Hombre, ¿que tiene carácter? Pues como todo el mundo. Y ellas, mientras tanto, aisladas, invisibles, mentirosas, manipuladoras. Y finalmente, asesinadas. 

Estas historias solo admiten finales infelices. Ya son 1.353 las mujeres asesinadas desde que se creó el registro oficial, en 2003. Y 66 menores asesinados desde 2013, cuando empezó a contabilizarse. Y también desde 2013, 510 menores que se han quedado huérfanos. ¿No hemos tenido suficiente? 

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado este miércoles que un hombre ha sido detenido por una presunta agresión a su pareja en Jadraque (Guadalajara), aseverando también que la mujer se encontraba en el sistema VioGén.

En declaraciones a los medios este miércoles, Sabrido ha explicado que el caso se encuentra bajo investigación policial para determinar los hechos que “se someterá a proceso judicial”, mostrándose “seguro” de que el detenido pasará a disposición judicial. “Sin ninguna duda”, ha reafirmado.

El delegado ha comentado que la mujer se encontraba en el sistema VioGén en la situación de riesgo extremo pero que, una vez ha sido detenido el presunto autor de los hechos, este riesgo ha pasado a alto.

Sin embargo, ha expuesto que no le consta que en este caso se estuviera utilizando la pulsera antimaltrato, ya que para llegar a este extremo tiene que haber una intervención judicial.

José Pablo se ha mostrado “preocupado” por estos hechos y ha incidido en que en materia de violencia de género hay que tener “tolerancia cero”, estar “siempre pendientes como sociedad” y “reconocer el esfuerzo” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en esta materia.

Atendida en el Centro de la Mujer de Sigüenza desde el viernes

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que una mujer en el municipio de Jadraque está siendo atendida desde el pasado viernes en el Centro de la Mujer de Sigüenza (Guadalajara) a raíz de una presunta agresión a manos de su pareja, y a este centro ya se le había trasladado información sobre su situación con anterioridad, a través de una familiar.

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha confirmado que su departamento ha contactado ya con el centro. Se le está acompañando y ayudando para solicitar medidas de protección, tal y como ha precisado la consejera, que ha remarcado que desde este centro se hará seguimiento de este caso.

El colegio de Navaleno (Soria) afronta su segundo día sin alumnos tras la decisión de madres y padres de no llevar a sus hijos al colegio hasta que no tengan garantizada la seguridad en el municipio tras la puesta en libertad del hombre que, el pasado jueves, se llevó a sus dos hijos del colegio y se atrincheró con ellos en una vivienda de la localidad.

Según ha confirmado a EFE el subdelegado del Gobierno de Soria, Miguel Latorre, este martes se ha producido una reunión con los padres de los escolares para confirmarles que se va a intensificar la presencia policial en todo el municipio, sobre todo en las horas de entrada y salida del colegio, “por lo menos durante un tiempo hasta que se calme la situación”.

Latorre ha mostrado su apoyo a los vecinos de Navaleno y ha ratificado su compromiso de intensificar la vigilancia en el municipio, además de recordarles que tienen a su disposición el teléfono 062, de atención inmediata, para denunciar cualquier tipo de amenaza.

“Son las medidas que podemos tomar ahora mismo porque hay que respetar la decisión judicial” de dejar en libertad a este hombre que fue denunciado por su pareja como supuesto autor de un delito de violencia machista, ha subrayado Latorre.

El juzgado ha dictado medidas cautelares contra el detenido, como una orden de alejamiento de su mujer y sus hijos y la colocación de una pulsera anti-maltrato para proteger a la denunciante.

El subdelegado ha explicado que los padres le han trasladado “su inseguridad y miedo” tras la situación vivida la pasada semana, un sentimiento “entendible y justificado”, según ha defendido Latorre, quien les ha pedido “tranquilidad” y “que no se dejen llevar por la emoción del momento para no tomar decisiones precipitadas”.

En cualquier caso, Latorre ha reiterado que los padres “están en todo su derecho de reivindicar las medidas que consideren”, pero les ha recordado que pueden solicitar otras medidas a las consejerías de la Junta de Castilla y León, con competencia para ello, en referencia a la Consejería de Educación y a la de Familia e Igualdad de Oportunidades.

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, en Málaga, como posible caso de violencia de género.

Fuentes cercanas a la investigación han detallado que el hombre, de nacionalidad española, ha sido detenido este sábado en torno a las 11:40 horas tras entregarse en la prisión provincial de Málaga ubicada en la localidad vecina de Alhaurín de la Torre.

Las mismas fuentes han señalado que la víctima es una mujer de 33 años y nacionalidad británica, que se encontraba en el sistema VioGén con riesgo bajo y activo con medidas judiciales de prohibición, aproximación y comunicación.

Por su parte, desde el sistema 112 de la Consejería de Emergencias de la Junta han señalado que en torno a las 11:40 horas han recibido varias llamadas que alertaban de gritos de una mujer en la calle Tomillo de la zona de La Paca, en la localidad de Alhaurín el Grande.

En una de las llamadas registradas por el 112, un alertante informa incluso de que había accedido a la vivienda desde donde proferían gritos, y que ha encontrado allí a una mujer ensangrentada en el suelo, donde también había un cuchillo.

El sistema de Emergencias ha movilizado en ese momento a Policía Local y a Guardia Civil, así como a sanitarios del 061, que han confirmado la muerte en el lugar referido de una mujer de 33 años, que presentaba heridas en el cuello. Si se confirma este caso como violencia machista, el número de mujeres asesinadas en 2026 se elevaría a cinco.

Hasta 24.326 mujeres y 678 menores fueron atendidos en 2025 en los recursos de la Junta de Castilla-La Mancha que están destinados a luchar contra la violencia de género, tales como los centros de la mujer, recursos de acogida o centros de atención a víctimas de violencia sexual.

En comparación con el año 2024, la cifra es similar, tal y como ha expresado la consejera de Igualdad, Sara Simón, en declaraciones a los medios antes de la celebración del Consejo Regional de la Mujer.

Estas cifras ponen de manifiesto de “una manera importante que hay muchas mujeres que están necesitando ayuda en nuestra región”, razón por la que se ha mostrado contraria a los “discursos negacionistas” de partidos políticos que cuestionan estos servicios, que “los sistemas de protección para las mujeres no sirven o que en el fondo sea tirar el dinero”.

“Están sirviendo para salvar a miles de mujeres no solamente en nuestra región sino también en nuestro país y, por tanto, yo quiero hacer ese llamamiento a todas las mujeres que tengan esa necesidad de acudir a pedir ayuda, que estén viviendo la violencia machista en sus hogares y que tengan miedo o que todavía no sepan cómo salir de esta situación, que acudan a los centros de la mujer, que allí van a obtener esa ayuda profesional, van a tener a psicólogas, van a tener a jurídicas que las van a orientar”, ha expresado Simón.

No hace falta haber puesto una denuncia todavía en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para acudir a estos centros, aunque Simón ha incidido en que la denuncia es necesaria cuando hay un caso de violencia de género.

En este Consejo Regional de la Mujer, además del Gobierno regional están incluidos ayuntamientos representados a través de la Federación de Municipios y Provincias, las dos universidades públicas, los principales sindicatos, partidos políticos y asociaciones de mujeres.

Asuntos del Consejo

Entre los asuntos que abordará el Consejo Regional de la Mujer se encuentra la elaboración del tercer plan estratégico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que se va a aprobar entre finales de este año o principios del año 2027.

Se aportarán datos de la tercera y cuarta edición del Plan Corresponsables y se dibujarán los avances en la quinta edición de este plan.

Inversión total

Sara Simón ha señalado que se han invertido 1,8 millones de euros a través de estas ayudas para proyectos a través de las asociaciones, a través de empresas o a través de los propios ayuntamientos.

Se han proporcionado 109 ayudas valoradas en 755.000 euros a huérfanos de mujeres asesinadas víctimas de la violencia machista o para que mujeres que la han sufrido cuyo objetivo es que “recuperen su vida”.

Además, se contabilizan 11 líneas de subvenciones con las que se ha financiado 342 proyectos “muy dispares”, centrados en la elaboración de planes de igualdad, proyectos para combatir la mutilación genital femenina o para erradicar las diferentes brechas de género, entre otros.

“Hemos pasado de unos paupérrimos 45.000 euros que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno, a esos 2,6 millones de euros a día de hoy”, ha cuantificado Simón.

El Sistema VioGén cerró 2025 con 103.942 casos activos de víctimas de violencia de género, 1.980 menos que los que había registrados a 31 de diciembre de 2024, con 101.962, según datos del Ministerio del Interior recogidos por Europa Press. De ellos, en La Rioja hay 920 casos activos.

En concreto, las últimas cifras del departamento de Fernando Marlaska reflejan que, a 31 de diciembre de 2025, hay un total de 103.942 casos activos por violencia de género en España, de los que 22 están en riesgo extremo, 960 en alto, 14.735 en medio y 88.225 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.273 mujeres menores de 18 años; 25.720 de 18 a 30; 48.127 de 31 a 45; 26.346 de 46 a 64; y 2.476 de 65 o más.

Los datos de Interior también revelan que hay 53.908 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.523 estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Mientras, en diciembre de 2024 había 53.792 casos de este tipo, con 1.467 en riesgo. Actualmente, hay un caso de riesgo extremo, 137 en alto y 1.385 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo “se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo”.

Igualmente, la estadística refleja 12.590 casos con menores a cargo de “especial relevancia” este año, con 22 de ellos en riesgo extremo, 910 en alto y 11.658 en medio. En estos se detecta “una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”.

El uso por parte de la Xunta de la protección de las víctimas de violencia de género como argumento político en su negociación con el Gobierno sobre la dotación de la unidad de policía adscrita, ha dado un nuevo giro. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, el mismo que había amenazado al Ministerio del Interior con retirar a los agentes autonómicos de esas labores de protección si no se aumentaba el número de efectivos, se ha esforzado en el Parlamento en negar que eso pudiese suponer que las víctimas quedasen sin protección, “ya que lo estarían por la Policía Nacional”. Las palabras de Calvo, refrendadas por Alfonso Rueda, provocaron toda una tormenta política en la que llegó a intervenir la ministra de Igualdad mientras la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, pedía su cese inmediato.

La réplica de Calvo llegó en un terreno cómodo: el pleno de la Cámara gallega en respuesta a una pregunta de su compañera Paula Prado, la número dos del PP gallego, sobre las negociaciones con Madrid para aumentar una plantilla que ha caído a 338 agentes, 136 menos que los que tenía en 2013, durante el gobierno de Rajoy, cuando aspiraba a lograr los 500 “que nos pertenecen por catálogo”.

Prado se interesó por la “dramática” situación que vive la unidad y que pone en peligro competencias “muy importantes” como la de la protección a las víctimas de violencia de género, “que cada días on más en Galicia y, concretamente, en la provincia de Lugo”, en una poco velada alusión a las denuncias de acoso contra el presidente de la diputación lucense y alcalde de Monforte, el socialista José Tomé.

Calvo respondió atacando a PSdeG y BNG, grupos que no tenían opción de tomar la palabra, a los que acusó de “decir mentiras” como “que íbamos a dejar desprotegidas a las víctimas de violencia de género”. “Hay que tener cuajo y mucha cara política para decir eso y quedarse tan ancho” porque “eso no es verdad”.

Sin embargo, en su segunda réplica, volvió a repetir palabra por palabra los mismos argumentos. “Somos la única comunidad autónoma con una unidad adscrita que asumió esta función”. Lo hizo, según recordó, en 2018, un momento de “gran demanda” en el que Galicia “tenía una unidad mucho más dotada”. Entonces, se comprometieron “a echar una mano”, pero la situación ha cambiado.

“¿Qué harían ustedes si no llegan? ¿Dejar de prestar un servicio para el que no tienen competencia? Pues claro que sí”, se respondió a sí mismo. Pero, esta vez, añadió. “Si dejan de ser protegidas por el cuerpo adscrito, lo estarán por el de la Policía Nacional. Nunca dejarán de estar protegidas”.

La indignación del Gobierno y de la oposición

Las palabras iniciales de Diego Calvo provocaron una escalada de reacciones políticas. El primero en reaccionar fue el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien consideró “intolerables” las declaraciones del conselleiro, ya que las víctimas “no son moneda de cambio ni instrumento de chantaje político”. Poco después se sumaba el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, para quien Calvo traspasó “todas las líneas rojas” al usar a las víctimas como arma política con unas amenazas “indecentes y vergonzosas”.

Los socialistas reclamaban a Rueda que se posicionase sobre las afirmaciones de quien, de facto, ejerce a menudo como su número dos en la Xunta. Lo mismo pedía el BNG, primera fuerza de la oposición. A través de su diputado Iago Tabarés acusaba a Calvo de “cruzar todos los límites de lo admisible en la estrategia de confrontación de un PP cada vez más radical”.

Mientras, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, respondía también a través de las redes sociales. “No vamos a consentir amenazas”, escribía en X, donde aseguraba que exigirían “el cumplimiento de la Ley contra la violencia de género y la correcta ejecución de los fondos del Pacto de Estado”. A ella se sumaba la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey –una de las figuras que ha liderado el manifiesto de mujeres socialistas crítico con la actuación de la cúpula gallega en el caso Tomé– y reclamaba la dimisión de Calvo por “irresponsable”.

La respuesta de Rueda llegó el lunes siguiente y fue un apoyo total a su conselleiro. Para el presidente gallego, con menos efectivos que cuando se llegó al acuerdo, para el presidente gallego resulta “absolutamente lógico pensar que no se puede prestar este servicio”.

Diferencias económicas

El telón de fondo de esta polémica en la que la Xunta ha introducido a las víctimas de violencia machista es una negociación estrictamente económica sobre el coste de la ampliacón de una unidad de policía adscrita que está bajo mínimos.

El convenio inicial, ya caducado, establecía que Madrid sufragaría los sueldos y Galicia los gastos de funcionamiento de un cuerpo que sigue formando parte de la Policía Nacional. Sin embargo, ante la caída del número de efectivos –visible en el abandono por parte de la policía autonómica de la vigilancia de edificios oficiales como la sede de la Xunta o el Parlamento–, Interior puso sobre la mesa una nueva propuesta: un convenio, como el que ya se aplica en Andalucía, en el que cada administración se hace cargo del 50% del gasto en personal.

La contraoferta de San Caetano fue aceptar ese nuevo escenario pero sólo para las nuevas incorporaciones y que el Ministerio siguiese pagando el 100% de los sueldos de la plantilla actual. Esa posición llevaba meses en vía muerta, hasta que Calvo puso sobre la mesa el órdago de las víctimas que ahora pretende retirar como si nunca hubiese existido.

La jueza ha decretado prisión sin fianza para el hombre que presuntamente apuñaló a su expareja hace dos semanas en la localidad mallorquina de Costitx. La mujer fue hospitalizada en estado de gravedad y el agresor, que tenía en vigor una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a la víctima, se autolesionó tras intentar asesinarla.

La víctima abandonó este miércoles la UCI de Son Espases y pasó a hospitalización.

El suceso se produjo sobre las 05.12 horas, cuando la mujer salía de una fiesta en una casa a las afueras de esta localidad del interior de la isla. Vulnerando la orden de protección del sistema VioGén, el hombre atacó a la mujer con un arma blanca, según informó la Guardia Civil.

Tras la agresión, El varón se autolesionó y fue trasladado en estado leve al hospital de Inca, aunque tras su empeoramiento fue derivado al hospital de referencia de Balears, donde ha permanecido ingresado bajo custodia policial.

El Instituto Armado abrió una investigación de inmediato para esclarecer lo ocurrido y confirmar las circunstancias de la agresión.

La escuela infantil Sant Francesc d'Assis de Es Pil·larí, en Palma, donde trabaja la mujer, condenó la agresión y convocó una concentración para expresar su repulsa por los hechos y solidarizarse con su compañera. En la protesta participaron docentes, familias, vecinos y otros miembros de la comunidad educativa, además de diversos representantes políticos.

Hasta el pasado 30 de noviembre, el Ministerio del Interior tenía detectados en el Sistema VioGén un total de 4.048 casos activos de víctimas de violencia de género en Balears, tal como se desprende de los datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que reflejan que, del total de casos activos en las islas, uno está en riesgo extremo, 38 en alto, 698 en medio y 3.311 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de estos casos activos en el archipiélago, Interior señala que existen 56 mujeres menores de 18 años; 1.010 de 18 a 30; 1.911 de 31 a 45; 1.003 de 46 a 64; y 68 de 65 o más. Los datos de Interior también revelan que hay 1.951 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. De estos, un total de 70 están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Actualmente, hay un caso de este tipo en riesgo extremo, cuatro en alto y 65 en medio.

Una dona es troba hospitalitzada en estat greu després d'haver estat apunyalada presumptament per la seva exparella la matinada d'aquest diumenge a la localitat mallorquina de Costitx. L'agressor tenia en vigor una ordre d'allunyament que li prohibia acostar-se a la víctima.

El succés ha ocorregut sobre les 05.12 hores, quan la dona sortia d'una festa en una casa als afores d'aquesta localitat de l'interior de l'illa. Vulnerant l'ordre de protecció del sistema VioGén, l'home ha atacat la dona amb una arma blanca, segons ha informat la Guàrdia Civil.

Després de l'agressió, el presumpte autor dels fets s'ha autolesionat i ha estat atès pels serveis d'emergència. Tots dos han estat traslladats a un centre hospitalari, on ell roman ingressat sota custòdia policial.

L'Institut Armat ha obert una investigació per esclarir el que ha passat i confirmar les circumstàncies de l'agressió.

Després de conèixer els fets, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha condemnat “amb absoluta rotunditat” aquest nou cas de violència masclista. “Tots els serveis de l'IBDona estan desplegats i a disposició de la víctima i el seu entorn. Tot el meu afecte i suport a la família i amistats”, ha apuntat a través de la xarxa social 'X'.

Cal recordar que les dones víctimes de violència masclista i el seu entorn poden contactar amb el servei 24 hores de l'Institut Balears de la Dona (IBDona) a través del telèfon 900 178989 i, en cas d'urgència, també poden trucar al 112.

Per la seva banda, el 016 atén totes les víctimes de violència masclista les 24 hores del dia i en 53 idiomes diferents, igual que el correu 016-online@igualdad.gob.es; també es presta atenció mitjançant WhatsApp a través del número 600 000 016, i els menors poden dirigir-se al telèfon de la Fundació ANAR 900 20 20 10.

En una situació d'emergència es pot contactar amb els telèfons de la Policia Nacional (091) i de la Guàrdia Civil (062), i en cas de no poder trucar es pot recórrer a l'aplicació ALERTCOPS, des de la qual s'envia un senyal d'alerta a la Policia amb geolocalització.

Una mujer se encuentra hospitalizada en estado grave tras tras haber sido apuñalada presuntamente por su expareja la madrugada de este domingo en la localidad mallorquina de Costitx. El agresor tenía en vigor una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a la víctima.

El suceso ha ocurrido sobre las 05.12 horas, cuando la mujer salía de una fiesta en una casa a las afueras de esta localidad del interior de la isla. Vulnerando la orden de protección del sistema VioGén, el hombre ha atacado a la mujer con un arma blanca, según ha informado la Guardia Civil.

Tras la agresión, el supuesto autor de los hechos se ha autolesionado y ha sido atendido por los servicios de emergencia. Ambos han sido trasladados a un centro hospitalario, donde él permanece ingresado bajo custodia policial.

El Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y confirmar las circunstancias de la agresión.

Tras conocer los hechos, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha condenado “con absoluta rotundidad” este nuevo caso de violencia machista. “Todos los servicios del IBDona están desplegados y a disposición de la víctima y su entorno. Todo mi afecto y apoyo a la familia y amistades”, ha apuntado a través de la red social 'X'.

Cabe recordar que las mujeres víctimas de violencia machista y su entorno pueden contactar con el servicio 24 horas del Instituto Balears de la Mujer (IBDona) a través del teléfono 900 178989 y, en caso de urgencia, también pueden llamar al 112.

Por su lado, el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia se puede contactar con los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado este jueves una iniciativa del Grupo Municipal Unidas Podemos para adherirse al sistema de seguimiento de casos de Violencia de Género (Viogén), así como una moción de rechazo contra las agresiones machistas que ponen el foco en los nuevos modos de violencia, como la digital, la económica o la vicaria.

La portavoz del grupo de Unidas Podemos, Nieves Navarro, ha argumentado en la presentación de su moción que la violencia machista “no es un problema privado y aislado, es un problema estructural que condiciona la vida de las mujeres de nuestro país, con cerca de mil casos activos en nuestra provincia”.

Navarro ha detallado que las agresiones machistas “en Castilla-La Mancha han crecido un 11,2% en el primer trimestre de 2025 respecto al año anterior, debido tanto al aumento de la violencia como a la concienciación de las mujeres a denunciar” y, por ello, ha solicitado la adhesión del Ayuntamiento al protocolo Viogén, que ha calificado como una “herramienta policial fundamental para la protección de las víctimas” y que debería de contar con la colaboración de la Policía Local debido “a su amplio conocimiento del territorio”. La medida incluye adherirse también al sistema Acopet, de acogida temporal de mascotas de víctimas de violencia machista.

La concejala 'popular', Gala de la Calzada, ha confirmado el apoyo de su grupo a la propuesta, sosteniendo que “las mujeres víctimas de violencia machista que buscan la protección del Estado merecen que mejoremos los sistemas ante cualquier incidencia que pudiera suceder”. De la Calzada ha apuntado que “las instituciones debemos mantener una supervisión constante para que la protección sea real y efectiva”.

La edil de Vox, Marta Sánchez, ha mostrado su rechazo a la moción alegando que se trata de una medida “que criminaliza a los hombres y sirve para crear más chiringuitos” pero ha asegurado que su partido “está en contra de todos los tipos de violencia, no solo contra las mujeres”.

La concejal socialista, María José López, ha garantizado también el voto a favor de su grupo en base a “la ley orgánica para luchar contra la discriminación y la violencia contra la mujer” y ha criticado a Vox por votar en contra. “Me sorprende que digan que están en contra de la violencia. Esto no se trata de atacar a los hombres, sino luchar contra el maltrato, y son acciones que ayudan a prevenir la violencia y tomar medidas para proteger a las víctimas”, ha matizado López.

Mientras, José Ramón Conesa, concejal no adscrito, también ha votado a favor, asegurando que apoyará todas las medidas “que ofrezcan más recursos a la Policía y las Fuerzas de Seguridad del Estado” para luchar contra la violencia.

La moción de rechazo contra la violencia machista ha sido también apoyada por PP, PSOE y Unidas Podemos y ha contado con los votos en contra de Vox, quienes bajo el mismo argumento de “rechazar todos los tipos de violencia y no apoyar medidas que criminalizan a los hombres” han propuesto su propia iniciativa, rechazada por el resto de grupos.

El debate ha llegado al pleno dos días después del Día Internacional contra la Violencia Machista, el 25 de noviembre. El portavoz del Grupo Socialista, José González, ha aprovechado para criticar al alcalde, Manuel Serrano, del Partido Popular, por apoyar una medida “contra la que se opuso con su voto en Madrid”, en referencia al rechazo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados a una moción similar. González ha tildado de “peligroso que los derechos de las mujeres formen parte de la negociación política”.

El pleno también ha aprobado en su sesión un crédito para el suministro eléctrico del Museo Municipal, otra inversión para piezas para la reparación del parque móvil, una subvención directa a la organización sindical UGT y otra para el desarrollo de la actividad 'AB Fashion'.

Vox ha presentado una moción para rebajar el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica que ha sido rechazada con los votos en contra del resto de partidos. La sesión ha concluido con la propuesta del PSOE para la construcción de un complejo deportivo multiusos, que también ha sido rechazada con 13 votos en contra.

Miles de personas han salido en esta tarde-noche del 25N, el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a las calles de Castilla-La Mancha, dentro de las múltiples actividades y actos organizados en la comunidad durante toda la semana.

En Toledo, la manifestación convocada por la Plataforma 8M de Toledo se iniciaba en el parque de la Vega con la lectura de los nombres de las víctimas de las violencias contra la mujer en los últimos 12 meses, antes de adentrarse en el corazón del Casco Histórico de la ciudad.

Allí se habían congregado unas 250 personas, según la Policía Nacional, a las que se han ido sumando más conforme avanzaba la marcha tras una pancarta en la que podía leerse Por las que están, las que no están y las que peligran.

Mujeres, hombres, niños y niñas de varias edades se sumaban a la movilización. “Participo porque creo en esta causa y los hombres también deberíamos abanderarla. La violencia de género tiene que atajarse desde la raíz. A lo largo de la historia la masculinidad se ha convertido en tóxica. Creo que podemos empezar por hacer introspección de nuestra propia masculinidad”, decía Moha, de 24 años.

Participo porque creo en esta causa y los hombres también deberíamos abanderarla. La violencia de género tiene que atajarse desde la raíz. A lo largo de la historia la masculinidad se ha convertido en tóxica. Creo que podemos empezar por hacer introspección de nuestra propia masculinidad

Moha, 24 años

“Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, coreaban las personas que caminaban hacia la plaza de Zocodover. Entre ellas, Lucía de 34 años, acompañada de sus hijas de dos y cuatro años. “Vengo a sumarme a la causa contra la violencia de género con ellas, son muy pequeñas pero quiero que participen”.

Las personas participantes lo hacían también desde otros puntos de la provincia, como Alameda de la Sagra. “Venimos a hacer ruido. El año pasado ya estuvimos y estaremos todos los años que haga falta. Esperemos que alguna vez esta lacra desaparezca”. Hasta Toledo se han desplazado 30 personas. Por la mañana, contaba una de las manifestantes, habían realizado otras actividades en la localidad sagreña en este 25 de noviembre.

Roberto, de la Plataforma Toledo por Palestina, también estaba allí a sus 72 años. “Las violaciones contra las mujeres en Palestina son flagrantes” y por eso cree que también debía visibilizarlo con su participación en la marcha.

En Zocodover, la música navideña no dejó de sonar por el 25N

En Zocodover, los manifestantes cantaban contra la violencia machista. “No nos callan, no nos callan”. El Ayuntamiento de Toledo, donde gobiernan PP y Vox, mantenían activa la música navideña que se inauguró hace unos días, en el lugar donde estaba prevista la lectura del manifesto por el 25N, tal y como viene siendo habitual históricamente durante esta movilización.

Media hora antes, en otro punto del Casco Histórico, en el Corral del Don Diego, la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores - en Toledo no hay Concejalía de Igualdad- la 'popular' Marisol Illescas, presidía un acto paralelo, la celebración “institucional” municipal con motivo del 25 N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y al que, según datos del Consistorio asistían unas 150 personas.

Después se dirigían en otra marcha hacia la plaza del Ayuntamiento, sin confluir con la otra manifestación. En el acto paralelo, Illescas ha subrayado la gravedad de la violencia “que afecta a cualquier mujer por el simple hecho de serlo” o que los asesinatos son “algo que no se puede consentir en una sociedad democrática”.

Ha vuelto a reclamar “la unidad” de todas las fuerzas políticas y el respeto mutuo, “porque cualquier manifestación, concentración o acto de sensibilización que busque visibilizar la violencia machista, y ponerle freno, es bienvenido”, pero lo cierto es que camino de los tres años de legislatura, esa unidad no se ha producido.

También aprovechaba para recordar que hoy ha quedado ratificado el convenio VioGen por parte del Ministerio de Igualdad, en una fecha “muy significativa, y que no olvidaremos nunca en la ciudad de Toledo”.

Gracias a este convenio, decía la edil, seis agentes de la Policía Local recibirán formación específica para trabajar en esta unidad especializada, “mejorando así la protección de las víctimas”, ha dicho. Es un servicio que en Toledo dirige la vicealcaldesa Inés Cañizares, de Vox.

En otros puntos de Castilla-La Mancha, como en Ciudad Real, sí se leyó el manifiesto en un espacio de serenidad y respeto por las víctimas para denunciar “las múltiples manifestaciones” de la violencia contra la mujer que calificaron de “terrorismo machista”, durante el acto organizado por la Asamblea de Mujeres Feministas de Ciudad Real. A la lectura se sumaron también María de la Asociación Plena Inclusión, que este año ha participado por primera vez en las marchas en Castilla-La Mancha, y Ani Hinchado de Mujeres Opañel.

Se recordaron algunos de los datos, el rastro de la violencia contra la mujer en España. En lo que llevamos de año ha habido más de 70 asesinos que han matado a sus parejas o ex-parejas, a sus madres o a sus suegras, a sus amigas o vecinas y a sus esclavas sexuales. En 2025 más de 34.000 mujeres han denunciado, y se estima que son solo el 11% de las víctimas reales.

De acuerdo con los recuentos oficiales hay 39 mujeres asesinadas por violencia de género. Son 1.334 desde que empezaron a contabilizarse en 2003. Cuatro menores han sido víctimas también. “El terrorismo machista afecta a las criaturas, asesinadas por sus propios padres”, recordaban en Ciudad Real.

Ha habido 20 asesinatos de mujeres cometidos por sus hijos, hijastros o yernos y al menos 7 asesinatos cometidos por conocidos o por puteros. A lo largo de 2024, se registraron en España 544 denuncias al día y hubo 502 mujeres víctimas de estos delitos.