Siete de las nueve asesinadas por violencia machista en junio y julio convivían con su agresor

Nueve mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en apenas dos meses han llevado al Ministerio de Igualdad a convocar un nuevo comité de crisis para analizar el pico de casos registrados en junio y julio. Solo entre el lunes y el martes de la pasada semana se produjeron tres de los crímenes, en Antequera y Benahavís (Málaga) y en Alameda de la Sagra (Toledo). Al término de la reunión, el departamento que dirige Ana Redondo ha detallado que siete de las nueve víctimas convivían con su agresor en el momento del asesinato.

Con el objetivo de analizar estos últimos casos, el Ministerio de Igualdad convocó el encuentro, al que asisten también representantes del Ministerio de Justicia, Interior y las comunidades autónomas en las que se han producido los asesinatos. El objetivo es estudiar pormenorizadamente cada uno y poner sobre la mesa recomendaciones de actuación.

Según ha informado el Ministerio, cuatro de las siete mujeres que convivían aún con su agresor estaban en fase de ruptura, un momento que las expertas suelen nombrar como factor de alto riesgo. Además, solo en uno de los casos había denuncia previa y ocho menores de edad se han quedado huérfanos. En lo que va de año, ascienden a 20.

De la reunión han salido algunas reflexiones o propuestas de actuación, entre ellas, “recalibrar el peso que el sistema judicial y policial” le da a las víctimas, sobre todo en los casos en los que ellas deciden retirar denuncias o piden que se rescindan las órdenes de alejamiento. “Las mujeres no actúan en libertad en un contexto de violencia de género”, apuntan fuentes de Igualdad, que señalan que “debe primar la persecución de quien delinque y la protección de las víctimas”.

Entre las conclusiones de la reunión, se ha considerado necesario recordar que, en el caso de que haya menores de edad, las víctimas “suelen tener dependencia emocional o económica del agresor” y los asistentes han puesto sobre la mesa la posibilidad de estudiar un “acompañamiento” de estos niños, niñas y adolescentes que se quedan huérfanos como consecuencia del asesinato de sus madres con el objetivo de “evitar la reproducción de perfiles de agresor o víctima”.

También se ha comentado la pertinencia de “replantear” las conformidades en los procedimientos de violencia de género o los acuerdos mutuos en los procesos que dependen de los Juzgados de Familia —por ejemplo, las custodias— “cuando existe violencia”. De la misma manera, se ha barajado la importancia de “no archivar de manera inmediata” los casos en los que el agresor se suicida para facilitar la tramitación de ayudas y recursos con posterioridad a los asesinatos.

El departamento dirigido por Ana Redondo explica que próximamente se convocará una reunión específica con Andalucía para analizar en profundidad los casos ocurridos en Málaga.