En marzo de 2023, en varias sedes de ERC en Barcelona aparecieron colgados unos carteles con la imagen de Pascual Maragall, figura política de referencia para muchos catalanes y enfermo de alzheimer desde hace varios años, junto a su hermano, Ernest Maragall, candidato por entonces a la alcaldía de Barcelona por Esquerra Republicana. Esos carteles iban acompañados de una leyenda ofensiva: “Fuera el alzhéimer de Barcelona”. Hace un par de semanas, el Diari Ara reveló que esos carteles salieron de la propia organización con la intención de provocar la empatía de los votantes hacia su candidato, pero todo salió mal. 

Con Pau Rodríguez, periodista de elDiario.es en Catalunya, repasamos esta historia de propaganda política basada en un ataque de falsa bandera que le ha terminado estallando a Esquerra Republicana de Catalunya en plena crisis por la renovación de liderazgos y en medio de las negociaciones para la investidura del futuro President de la Generalitat. 

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Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este martes el dictamen del Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y de creación de la Agencia de Transformación Digital, conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, por lo que ha quedado listo para ir al pleno tras la votación de las enmiendas de los grupos políticos.

Y entre esas enmiendas, según recoge Europa Press, se ha aprobado una conjunta del PP y PSOE para aumentar las subvenciones electorales a los partidos políticos.

Se trata de una enmienda conjunta que modifica los apartados 1 y 2 del artículo 50 de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha estableciendo por escaño obtenido 15.228 euros constantes. Y por voto conseguido en la circunscripción cada candidatura que haya obtenido al menos un escaño recibirá 73 céntimos de euro constantes.

También cambian las subvenciones para envíos de publicidad electoral

Además, la enmienda de 'populares' y socialistas modifica las subvenciones por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas o de propaganda y publicidad electoral, estableciendo que se abonarán 33 céntimos de euro constantes por elector en cada una de las circunscripciones en las que hayan presentado candidatura, siempre que ésta haya obtenido, al menos, un escaño.

Además, la cantidad subvencionada por el envío y confección de la documentación remitida no estará incluida en el límite previsto en el artículo 52.1 de la presente Ley, siempre que se haya justificado la realización efectiva de la actividad a que se refiere este apartado.

También se modifica el apartado 1 del artículo 52, que establece por cada grupo político que concurra a las elecciones se establece el límite de los gastos electorales en la cuantía que resulte de multiplicar 47 céntimos de euro constantes por el número de habitantes correspondientes a la población de derecho de las circunscripciones donde presenten sus candidaturas.

VOX, en contra de la medida, pide “sensatez”

El diputado del Vox Francisco José Cobo ha detallado la enmienda que su grupo ha presentado a este Proyecto de Ley para criticar que solo genera “duplicidad administrativa” que la comunidad autónoma no debería soportar, a lo que ha unido que no tiene en cuenta la situación económica “delicada” por la que está pasando la sociedad castellanomanchega.

Ha cargado contra la modificación de la Ley Electoral y la enmienda conjunta del PSOE y PP para aumentar el gasto electoral asignado a los partidos políticos para pedir “un poco de sensatez” cuando la sociedad española está pasando una “etapa delicada y una situación económica crítica”.

También se ha detenido en la creación de la Agencia de Transformación Digital para apuntar que sería mejor destinar todos los recursos disponibles a resolver los problemas “reales y concretos” de Castilla-La Mancha y a promover un estudio pormenorizado de los organismos, entes e institutos públicos regionales y su duplicidad respecto a los del Estado con el fin devolver las competencias “en seguridad, justicia y sanidad”.

La enmienda de Vox también se refiere a la Ley del Agua donde se habla del canon en esta materia, aprovechando el diputado regional de este partido para destacar la importancia y la necesidad de que haya una política nacional de aguas dentro de un plan hidrológico nacional.

Otro punto que ha querido tratar Cobo es el de los bancos de tierra para criticar que para el PSOE parece que la propiedad privada “no tiene importancia” y se ha referido a la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) para indicar que hay “puntos positivos” en la enmienda que presenta el PSOE al respecto, pese a que ha abogado por llevar a cabo un nuevo texto refundido de la norma.

PP: “Una Ley Ómnibus por la puerta de atrás”

Pese al acuerdo PP-PSOE para modificar la Ley Electoral, el diputado del PP Santiago Serrano ha cargado contra este proyecto de ley por considerarlo una “ley ómnibus” que modifica “por la puerta de atrás” una docena de leyes, lo que ha considerado una “falta de seriedad” por parte del Gobierno regional a la hora de abordar una norma complementaria a los presupuestos.

“Crea parches e introduce tributos para complicar la vida a los castellanomanchegos”, ha sostenido el diputado del PP, que de las 24 enmiendas que ha presentado su grupo se ha detenido en las relativas a la Agencia de Transformación Digital para apuntar que los 'populares' no se oponen a su creación pero sí a la forma en la que se hace al suponer “un cheque en blanco” a la Junta para hacer “lo que le apetezca”.

Entre las enmiendas del PP a los tributos también se ha detenido de nuevo en la introducción del canon de agua para incidir en que se va a incrementar “de manera indiscriminada” la presión fiscal a los ciudadanos de la región con una Ley que “no aporta ni una sola gota de agua para Castilla-La Mancha y no soluciona los problemas medioambientales”.

También ha vuelto a criticar que se mantiene la expropiación de tierras de los agricultores para afirmar que es algo que el PP no puede permitir; a lo que ha añadido el cambio en la LOTAU por considerar que lo que necesita es llevar a cabo un texto refundido tras un debate “sosegado” con las partes afectadas, en lugar de “un parche”.

Por último, una de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular se refiere también a la modificación que se hace en la Ley de Caza para señalar que existe un error en la redacción que ha esperado que se pueda subsanar, al hablar de vías “a secas” y no de vías pecuarias, por lo que ha instado a que se cambie.

El PSOE afea a Vox que hable de “devolver” competencias en Justicia que no tiene la región

El diputado socialista Fernando Mora se ha referido en su intervención a Vox para recriminar al partido de los de Santiago Abascal que hablen de devolver competenciales en materia de Justicia cuando la Comunidad Autónoma no las tiene. “Hay que informarse”, ha dicho.

También ha reprochado a Vox que cuando se refiere a la Agencia de Transformación Digital en su enmiendas parece que está hablando de la del Estado. “Pero es de Castilla-La Mancha y para Castilla-La Mancha, no hay ninguna duplicidad ni incremento de costes”, ha dicho refiriéndose también al PP.

Respecto al canon del agua, Mora ha recordado al PP que se suspendió por la guerra de Ucrania y la “fuerte” inflación pero que se recupera al ser de obligado cumplimiento por parte de la Directiva Marco del Agua; así como que ya lo han incorporado comunidad 'populares' como Andalucía y Valencia, negando que tenga afán recaudatorio.

Ha vuelto a defender la postura del PSOE respecto a la Ley de Agricultura Familiar y la expropiación de tierras, para lamentar que el PP haya estado un año haciendo “demagogia” al respecto cuando lo que quieren introducir los socialistas es la supresión del concepto de expropiación forzosa.

Respecto a la LOTAU y las críticas del PP, Mora ha reconocido que puede ser cierto que haya que ir a un texto refundido pero esta norma, ha dicho, es “compleja” y no se modifica “de la noche a la mañana”. “La propia necesidad por la que lo planteemos”, ha señalado, para pedir al PP que si están de acuerdo con lo que plantea la enmienda del PSOE, la apoyen porque “nos vendrá bien a todos”.

Por último, y respecto a la Ley de Caza y la enmienda del PP para corregir el texto, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho que si hay “algún pequeño matiz o error” será corregido porque a lo que se refiere la norma es “a vías pecuarias, evidentemente”.

Con todo, en la Comisión de Asuntos Generales se han debatido las 35 enmiendas presentadas por los grupos políticos a esta norma --nueve del PSOE, 24 del PP y una de Vox-- de las que han sido aprobadas solo las nueve de los socialistas y la conjunta entre el PSOE y los 'populares', mientras que todas las del PP y la de Vox han sido rechazadas.

Asimismo, ha sido designado ponente para la sesión plenaria el diputado socialista Fernando Mora y los grupos políticos han votado a favor de mantener vivas sus enmiendas para el debate en el pleno de las Cortes castellanomanchegas.

Un díptico con el diseño gráfico que usa el Partido Socialista en esta campaña pero un contenido contrario a su programa -y coincidente con el discurso de la derecha sobre Pedro Sánchez y el Gobierno central de coalición- ha aparecido en los buzones de Camariñas (A Coruña). El PSOE gallego lo ha denunciado ante la Policía Nacional, lo llevará también a la Junta Electoral, y entiende que el Partido Popular está detrás de los sucedido: la imagen de un hombre de traje negro y corbata roja mirándose a un espejo ha sido utilizada en redes sociales por el PP para criticar a Sánchez.

La portada del folleto dice “Tu voto para pedro” en tipografía grande y, en letra algo más pequeña, “el 28 de mayo tu voto sirve para algo más importante que elegir alcalde o alcaldesa”. Todo sobre fondo rojo y con la barra y el corazón que el PSOE usa, por ejemplo, en sus atriles o en sus envíos de propaganda electoral. El interior desgrana seis puntos referidos al pacto de gobierno con Unidas Podemos, a la supuesta parálisis de los fondos europeos, a la ley de Solo sí es sí y sus efectos en las penas de algunas personas condenadas, al indulto a los líderes independentistas catalanes, a la presunta instauración de más impuestos o la polémicas por la inclusión de exetarras en las listas de EH Bildu. Los temas encajan uno a uno con las líneas centrales del discurso de la formación de Alberto Núñez Feijóo.

El papel satinado incluye además una dirección web, www.tuvotoparapedro.com, que desemboca en una pantalla en rojo. Los datos de la misma revelan que ha sido registrada desde un lugar del código postal 15080, perteneciente a la ciudad de A Coruña.

No es la primera vez que este tipo de tácticas propagandísticas, denominada por los expertos propaganda negra (la Wikipedia la describe como “información y material o fuente falsa que pretende ser originaria de una parte de un conflicto, pero que, en realidad, proviene de la parte contraria), aparecen en una campaña gallega. En 2009, el Partido Popular de Galicia que lideraba Núñez Feijóo se apoyó en una durísima estrategia que incluyó la difusión de mentiras a sabiendas de que lo son o propaganda gris -que se diferencia de la negra en que no atribuye una fuente concreta- contra el bipartito que presidía el socialista Emilio Pérez Touriño y vicepresidía el nacionalista Anxo Quintana. Feijóo, contra todo pronóstico, ganó aquellas elecciones. Años después Alfonso Rueda, hoy presidente de la Xunta, admitió que ”habían tensado mucho el tema“. Buena parte del equipo artífice de aquellos métodos acompaña ahora a Feijóo como líder estatal del PP.

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado este jueves el recurso que interpusieron Podemos e IU contra el plan de cobertura informativa de RTVE para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, que les asignaba solo un 1% de tiempo en los bloques informativos. Asimismo, el organismo ha rechazado las alegaciones de ambas formaciones en contra de la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de la corporación, del que quedaron excluidos. De ello ha informado la JEC en una resolución en la que expresa que un vocal ha emitido un voto particular sobre el acuerdo, alcanzado por mayoría.

El pasado 3 de mayo, RTVE propuso el reparto de los espacios electorales de sus cadenas de cara al 28M siguiendo las directrices de la normativa electoral. Así, para repartir los tiempos, la Corporación aseguraba que se tuvieron en cuenta los resultados de los últimos comicios locales, así como el artículo 188 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que señala que el derecho a los tiempos de emisión gratuitos en los medios de titularidad pública, regulado en el artículo 64, “corresponde en el caso de elecciones municipales y autonómicas a aquellos partidos, federaciones o coaliciones que presentan candidaturas en municipios que comprendan al menos al 50% de la población de derecho de las circunscripciones incluidas en el ámbito de difusión o, en su caso, de programación del medio correspondiente”.

Así, en función de eso, RTVE sólo contemplaba a PSOE, PP, Ciudadanos y Vox en sus anuncios electorales: a los dos primeros les daba 45 minutos a cada uno, a la formación que se dice “liberal”, 30, y al partido de extrema derecha, 15. El reparto posteriormente fue ratificado por el Congreso.

Respecto a los tiempos en los espacios informativos de la corporación, estos también quedaban copados en su mayoría por los dos grandes partidos: PP y PSOE. Así, estas formaciones copan la mitad de los minutos que se emitan, con un 29,38% para el PSOE y un 22,77% para el PP, y el resto se distribuye entre los demás que superaron el 1% de los votos hace cuatro años. En este caso, Podemos e IU entraron en el reparto por la mínima.

Belarra denunció el “blindaje del bipartidismo”

Desde el momento en que se conoció el reparto, en Podemos mostraron su desacuerdo. La secretaria general del partido, Ione Belarra, anunció que iban a presentar un recurso y condenó que PSOE y PP “controlan la televisión pública para blindar el bipartidismo”.

La semana pasada, Podemos e IU presentaron ese recurso en el que manifestaban su “disconformidad” sobre que la corporación “haya imputado un tercio de los votos de la coalición Unidas Podemos, IU, Equo, concurrente en las elecciones municipales del año 2019, a la formación política Equo”, según expresaban. Así, completaban que hace cuatro años “Unidas Podemos-Izquierda Unida-Equo obtuvo un total de 366.594 votos, lo que supuso un 1,62% de los votos totales sobre candidaturas”.

Las formaciones pedían que esos votos se computasen al 100% para Podemos e IU: “El plan deberá, al menos, distribuir un seguimiento informativo de Podemos Izquierda Unida equivalente a 366.594 votos, es decir una 1,62% de los votos totales sobre candidaturas, debiendo retirar a Equo el tiempo atribuido al tercio de los votos de la coalición con Podemos e IU del año 2019 que en el plan de RTVE propuesto se le asignan indebidamente”. 

Cambian los políticos, los partidos, los asesores... pero las palabras de los lemas políticos suelen ser siempre las mismas, y casi nunca tiene que ver con la ideología.

Hablamos sobre cómo y para qué se eligen determinados términos y conceptos para pedir el voto con dos consultores de comunicación con experiencia en campañas electorales: Luis Arroyo y Guadalupe Morcillo, que además es doctora en Filología. También se asoma al podcast Gema Arias, de la agencia de publicidad Kitchen.

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El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha ordenado esta misma mañana, a todas sus gerencias periféricas, la retirada inmediata de la propaganda electoral con la que representantes del Partido Popular han empapelado diferentes centros de atención sanitaria de la comunidad autónoma.

Desde el Servicio de Salud denuncian “la falta de respeto y consideración” de los dirigentes del Partido Popular con los espacios públicos destinados al cuidado de la salud y “con los profesionales que prestan asistencia en estos centros y los pacientes que acuden a ellos para ser atendidos”. “La finalidad de los centros sanitarios públicos es la promoción de la salud, así como curar y cuidar de las personas que lo necesitan y no deben ser utilizados como escaparates políticos por ninguna fuerza política”.

Se ha referido con ello a los actos que han llevado a cabo en estos centros de salud varios dirigentes y candidatos del PP como el candidato a la Alcaldía de Toledo, Carlos Velázquez; la alcaldesa de Guadamur, Sagrario Gutiérrez

Esta 'pegada' de carteles forma parte de una campala del PP contra la gestión sanitaria del Gobierno regional. Precisamente, la secretaria regional del partido, Carolina Agudo, ha anunciado que estas acciones serían “propositivas”, centradas en las propuestas y en los compromisos sanitarios que Paco Núñez ha firmado ante notario y que “llegará a todos los centros de salud, consultorios y hospitales de nuestra región”.

La “neutralidad ideológica” de los centros públicos

Pero al respecto, el SESCAM avisa de no va a tolerar “este tipo de atentados contra la necesaria neutralidad ideológica de los espacios y centros públicos” y, por ello, ha requerido a todas sus gerencias que procedan de inmediato a la retirada de la cartelería con publicidad electoralista.

Asimismo, desde el servicio regional de salud lamentan el “nulo respeto de estos representantes políticos por la higiene, estética y mantenimiento óptimo de las infraestructuras al servicio del ciudadano”. “Y no solo eso, también la falta de cumplimiento de las normas por parte de algunos de los dirigentes del PP que se han dedicado a colocar esta propaganda partidista sin hacer uso de la mascarilla, tal y como es obligatorio en todos los centros sanitarios”, concluye.

Se ha referido también a esta cuestión el secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, quien ha acusado al candidato del PP a la Junta, Paco Núñez, de “usurpar un espacio público” con fines electoralistas y de “llenar de crispación política” los centros de salud:

Tras todo ello, el viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha calificado de “auténtica vergüenza” que García-Page haya ordenado hoy retirar estos carteles y ha pedido explicaciones sobre qué marco legal no se puede informar a los ciudadanos sobre los compromisos adquiridos por Paco Núñez.

De esta forma, Moreno ha censurado la actitud de Page que “en lugar de solucionar los problemas generados en la Atención Primaria y que han derivado en un colapso de la misma; o en lugar de solucionar los problemas del crecimiento de las listas de espera sanitarias y no falsear las mismas cuando las citas son superiores a tres meses; o finalmente de recuperar la carrera profesional que lleva ocho años prometiendo sin haber sido capaz de cumplir, esté más preocupado en silenciar de los centros sanitarios de la región una información de Paco Núñez”.

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha emitido este martes un informe desfavorable a la proposición de reforma de la ley electoral planteada en el Parlamento Vasco por Elkarrekin Podemos-IU y que aboga por poner fin a la propaganda individualizada en campaña para establecer un único sistema de envíos centralizado con todas las candidaturas. Este dictamen adelanta que la iniciativa, que nunca ha sido publicitada por sus autores, no tendrá recorrido alguno ya que PNV y PSE-EE gozan de mayoría absoluta en la Cámara. 

El Ejecutivo explica que el retoque planteado en la normativa electoral autonómica “plantea establecer un sistema de envío centralizado y común de sobres, papeletas y propaganda electoral unificada” y “propone que sea la Administración electoral la que efectúe el envío centralizado”. Pero el Gobierno entiende que las juntas electorales son órganos “semijudiciales” y que no pueden asumir ese nuevo cometido. “Las juntas electorales no tienen encomendadas ni están preparadas para cuestiones de mecánica electoral y pura gestión, como sería si se ocuparan de la remisión masiva de material electoral. Esa atribución de funciones que se pretende con la modificación de ley propuesta no es acorde ni con su finalidad original ni con su composición y funcionamiento actuales”, argumenta el informe del Gobierno.

Mientras Elkarrekin Podemos-IU considera que este sistema ofrecería igualdad de oportunidades a todos los partidos, incluso a los extraparlamentarios, a la hora de comunicar sus mensajes básicos a la ciudadanía, el Ejecutivo se muestra en desacuerdo. Aprecia que acarrearía “una limitación y un constreñimiento de la libertad de los partidos, federaciones o coaliciones” en el margen que tienen para hacer propaganda. Actualmente se financian estos envíos de manera proporcional al número de votos recibidos pero solamente si se obtiene al menos un escaño. Formalmente, el Gobierno afea también algunas “incorrecciones” de tipo jurídico en el planteamiento realizado desde la oposición por la coalición de izquierdas.

El Ejecutivo, tras su reunión semanal, ha comunicado también la subida “adicional” del 1,5% de las retribuciones de los funcionarios en línea con la decisión adoptada ya por el Estado. Ello se une a la ya aprobada del 2%, de modo que “la subida total es del 3,5%” en este 2022, ya que se aplica con carácter retroactivo para combatir la inflación. Igualmente, se ha ajustado el funcionamiento del organismo conocido como Labi, la mesa de crisis que se hizo popular en la emergencia sanitaria ya que era ahí donde se decidían las restricciones para combatir la COVID-19. Se busca que, “en caso de una nueva emergencia de salud por pandemia”, el sistema está mucho más engrasado fruto de la “experiencia adquirida” en los últimos años.

La coalición Elkarrekin Podemos-IU ha registrado en el Parlamento Vasco una proposición para acometer una reforma quirúrgica de la ley electoral vasca y que tiene como principal objetivo la sustitución de los envíos de propaganda política por parte de los partidos por uno único organizado por la propia Administración, con información en igualdad de condiciones de todas las candidaturas presentadas. El texto, del que sus autores no han dado cuenta públicamente y que sigue la estela de algunas propuestas lanzadas en las Cortes Generales, ha sido visado ya por la Mesa de la Cámara este martes para que inicie su tramitación

Recuerda Elkarrekin Podemos-IU que la normativa autonómica vigente, de 1990, prevé un abono de 0,23 euros por voto a las candidaturas como ayuda para el envío de publicidad a los hogares (siempre que obtengan representación después). Entiende que el cambio por un único envío, además de beneficiar a las fuerzas extraparlamentarias o de evitar el riesgo de invertir más de lo que luego se recupera, “dotaría de mayor información a los votantes de la oferta electoral” y “garantizaría la igualdad de oportunidades de todas las candidaturas contendientes, independientemente de si ya tienen representación o no”. Ahora, se produce una “llegada masiva y desordenada de correspondencia”, se satura el servicio de Correos y Telégrafos en un período en el que ha de tramitar también el sufragio diferido y se origina “un gasto público sobredimensionado en concepto de subvención electoral”. En concreto, en 2016 se realizó un gasto de 1,53 millones y en 2020 de 1,37 millones, según datos recogidos de los informes de auditoría del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

El objetivo de la reforma legislativa, que ahora deberá recibir un informe de criterio del Gobierno de PNV y PSE-EE antes de su votación en el Parlamento, es “establecer un sistema de envío centralizado y común de sobres, papeletas y propaganda electoral unificada, delimitando un espacio o formato de iguales características para todas las candidaturas electorales que lo deseen”. Sería “tramitado por la propia Administración electoral” y tendría como destinatarios a todos aquéllos “que no hayan manifestado su deseo de no recibir este tipo de comunicaciones”. A cambio del ahorro en las ayudas a los partidos para costear los franqueos, la Administración asumirá el coste de este nuevo formato, de modo que será “gratuito” para todas las planchas. Elkarrekin Podemos-IU plantea cerrar la recepción del material de las candidaturas “el décimo día anterior al de la votación”. A partir de ahí, “tan pronto como sea posible” Correos realizaría la entrega en los domicilios.

En cuanto a la financiación de los partidos y coaliciones, el cambio solamente suprime la ayuda de 0,23 euros por voto para el franqueo, ya que mantiene 0,90 euros por voto tras el escrutinio siempre que se haya obtenido al menos un escaño, 26.761,89 euros por escaño y 44.603,13 euros por cada circunscripción (Álava, Bizkaia o Gipuzkoa) en la que se haya obtenido representación. Se mantienen intactas otras previsiones para cobrar este dinero como el necesario control del Tribunal de Cuentas o la obligación de acceder efectivamente al ejercicio del cargo (en el pasado no era infrecuente que electos de HB dejaran vacante el escaño).

Isabel Díaz Ayuso ha comenzado su campaña en Facebook e Instagram con una batería de anuncios que la red social ha tenido que desactivar al detectar que eran propaganda opaca. La página de Facebook de la presidenta publicó este lunes una oleada de anuncios que incumplían las políticas de transparencia de la compañía para la publicidad electoral, ya que no estaban identificados como tal y no permitían comprobar su alcance, a qué usuarios estaban dirigidos o cuál fue el desembolso por difundirlos. Cuatro de esos anuncios seguían activos en la mañana de este martes aunque Facebook los ha desactivado tras ser preguntado acerca de ellos por elDiario.es.

Al cierre de esta información, la Biblioteca de anuncios de Facebook mostraba 14 anuncios desactivados, aunque la cifra ha ido variando a lo largo del día y ha llegado a ser de 17, ha podido comprobar este medio. Cada uno de ellos cuenta con varias versiones diferentes, lo que pone el número de contenidos promocionales que la campaña de Ayuso puso en marcha este lunes cerca del centenar. “Este anuncio se puso en circulación sin un descargo de responsabilidad. Una vez publicado, hemos determinado que está relacionado con temas sociales, elecciones o política y que requería la información, así que lo hemos retirado”, reza el aviso que Facebook ha incluido en todos ellos.

En menos de 24 horas los anuncios acumularon entre 120.000 y 150.000 impactos, cifra “puede incluir varias visualizaciones de las mismas personas”, avisa Facebook. A estos resultados hay que sumar los de los anuncios que han desaparecido de la Biblioteca de la red social a lo largo del día. Casi todos estaban segmentados a los rangos de edad de 18 a 24 años o de 25 a 34. Casi la mitad de esas impresiones (entre 50.000 y 60.000) las acumula un solo anuncio, que repite la idea fuerza del argumentario de Ayuso sobre lo “acogedora” que ha sido Madrid “incluso en los momentos más duros de la pandemia”. Estaba dirigido principalmente a mujeres de entre 18 y 24 años.

El diseño de la propaganda de Ayuso ha sido el mismo en todos los anuncios desactivados. Un vídeo corto pensado para ser reproducido en el formato vertical de los móviles, de entre 6 y 8 segundos y sin audio, que mostraba una sucesión de tres imágenes estáticas. La primera muestra un eslogan, diferente en cada anuncio, seguida por otra de la cara de la candidata del PP bajo la palabra “libertad”, y por último una tercera con el hashtag #YoConAyuso y el logo del PP. La temática de los anuncios tocaba cuestiones como la vivienda y la “okupación”, la rebaja de impuestos, la ausencia de cierres de la hostelería como medida de control ante la COVID-19 o sobre la educación concertada. Estos últimos son los que ya no están visibles en la Biblioteca.

elDiario.es también ha notificado a Facebook la desaparición de algunos de los anuncios de Ayuso, pero la multinacional no ha enviado una explicación concreta. Expone que su sistema de revisión de anuncios políticos funciona de forma automática, aunque en ocasiones incluye intervención humana.

El desembolso de Ayuso en estos anuncios ha sido de menos de 100 euros por cada uno de los 17 que ha puesto en circulación, recoge Facebook. Estas cifra de gasto en propaganda electoral suelen ir aumentando a medida que transcurren los días en los que los anuncios permanecen activos, pero los de Ayuso han sido visibles menos de 24 horas. No obstante, una de las ventajas de la propaganda a través de Facebook es que “es muy asequible”, explica Raúl Magallón, profesor de la Universidad Carlos III y autor de Desinformación y pandemia. La nueva realidad (Pirámide).

Los filtros que tiene Facebook se han demostrado insuficientes

El experto, que ha denunciado este martes los anuncios irregulares de Ayuso en un hilo de Twitter donde recoge este tipo de casos, recuerda la inversión en propaganda política a través de Facebook se ha multiplicado en los últimos años. Del medio millón de dólares que Barack Obama gastó en 2008 se ha pasado a los 90 millones que invirtieron Joe Biden y Donald Trump en 2020.

Pese a ello “los filtros que tiene Facebook se han demostrado insuficientes”, recalca, después de que la red no detectara todos los anuncios irregulares que Ayuso puso en circulación, ya que cuatro permanecían activos este martes. “También ocurrió en la jornada de reflexión de las elecciones catalanas de este año. Es necesario dar a la Junta Electoral los recursos humanos y técnicos para que pueda reaccionar de forma rápida ante este tipo de incumplimientos”, recuerda, aludiendo a otro caso de propaganda opaca en la plataforma que se dio en la campaña del 14F. Entonces fue un antiguo colaborador de Puigdemont el que se saltó los controles de Facebook para difundir propaganda desde Estonia.

Pero tampoco es la primera vez que el PP se la cuela a Facebook. En las elecciones generales de 2019 el partido desencadenó una campaña de propaganda tóxica en la que trabajadores pagados por uno de los asesores de Pablo Casado y miembros de Nuevas Generaciones se hicieron pasar por simpatizantes de otras formaciones para tratar de desincentivar el voto. Pusieron en marcha páginas afines a esos partidos pero críticas con sus líderes e intentaron convencer a sus votantes de que la abstención era la mejor solución, una táctica que el PP también puso en práctica en las elecciones andaluzas. La Junta Electoral dictaminó que la práctica entraba dentro de la “libertad de expresión” de los trabajadores del PP.

“La mayoría de países no tienen una legislación adaptada al contexto digital. En España, por ejemplo, durante las elecciones de 2019 la mayoría de anuncios políticos pagados en Facebook respetó la jornada de reflexión, si bien algún candidato/partido político, como Arturo Aliaga del PAR, Héctor Illueca de Unidas Podemos o Joan Josep Nuet de ERC, mantuvieron la publicidad a pesar de que la ley es clara y no lo permite”, recuerda Magallón.

El equipo de la presidenta no ha contestado a las preguntas formuladas por este medio acerca de su propaganda opaca. Durante la noche de este martes la campaña de Ayuso ha publicado otra veintena de anuncios que, esta vez sí, respetan las normas de transparencia de Facebook y han permanecido activos.

“La amenaza no ha desaparecido”, reconoció Mark Zuckerberg, preguntado por la posibilidad de que operaciones de intoxicación manipularan las elecciones de EEUU a través de Facebook, como ocurrió en 2016. Para evitar un escándalo como el de Cambridge Analityca, su plataforma impuso una serie de controles para la propaganda política en las elecciones que terminarían sacando a Donald Trump de la Casa Blanca. De esas protecciones no quedó ni rastro el 14F: Facebook no solo no aplicó una vigilancia especial a la publicidad política de la campaña catalana sino que tampoco impidió que su plataforma se usara para contravenir la regulación electoral española.

En algunos campos el incumplimiento ha sido general. Casi todos los partidos que se presentaban a los comicios pidieron el voto a través de Facebook en algún momento de la jornada de reflexión, algo perseguido por la Junta Electoral Central (JEC) cuando el soporte son medios tradicionales. También hicieron publicidad en período irregular organizaciones de la sociedad civil como Òmnium Cultural. Facebook no puso ningún límite a esos anuncios fuera de fecha, pero tampoco estableció controles para la propaganda electoral para Catalunya que se pagaba desde el extranjero.

Esto es lo que ocurrió con “Superem el 50”, una página de Facebook que pedía el voto para los partidos independentistas. El pasado miércoles, elDiario.es reveló que un empresario investigado por la justicia española por el supuesto desvío de fondos públicos para financiar el procés había utilizado esta página para lanzar una campaña de propaganda opaca.

Según las declaraciones del empresario a este medio, los fondos llegaban desde el extranjero, en concreto de una ONG radicada en Estonia. Pese a que el procés fue, junto con el Brexit y la victoria de Trump, uno de los procesos electorales sobre los que pesó la sombra de manipulación desde el exterior entre 2016 y 2018, Facebook no intervino para atajar la situación, sino que siguió aceptando el dinero de “Superem el 50” para distribuir propaganda electoral.

La inversión total de “Superem el 50” a través de la ONG estonia fue de 7.185 euros. Con ella consiguió que sus anuncios se mostraran alrededor de 1,5 millones de veces a los usuarios que la red social tiene perfilados como residentes en Catalunya. Además, aproximadamente la mitad de los 84 anuncios que publicó en la semana previa al 14F estuvieron activos también en la jornada de reflexión, según la Biblioteca de anuncios de Facebook.

La diferencia con EEUU es notable: en su país de origen, Facebook limitó el recorrido de la propaganda electoral e impidió que se publicaran anuncios nuevos en la semana previa a las elecciones de noviembre. En Catalunya no se establecieron ese tipo de controles porque, afirman a elDiario.es fuentes de la red social, cada proceso electoral es diferente. “Facebook dice que cumple el código de buenas prácticas de la UE, pero en realidad no controla la dirección física del responsable de los anuncios, ni el teléfono... lo único que controla es que haya una tarjeta de crédito y que el anuncio no diga barbaridades”, detalla Raúl Magallón, profesor de la Universidad Carlos III.

La jornada de reflexión sin ley

Magallón, autor de Desinformación y Pandemia: la nueva realidad (Pirámide) analizó el sábado los anuncios políticos que permanecían activos en Facebook durante la jornada de reflexión. Los había a decenas. Vox, las CUP y el PDeCat pedían el voto directamente desde sus cuentas oficiales, mientras que en el caso de otros partidos, como PSC, ERC, Junts per Catalunya o En Comú Podem, fueron las páginas de sus candidaturas en poblaciones más pequeñas.

Las páginas del Partit Nacionalista de Catalunya, Òmnium Cultural, Plataforma Per la Llengua, Joventut Nacionalista de Catalunya, Partido por un Mundo más Justo, Primàries de Catalunya o la de Joan Josep Nuet, secretario General de Comunistes de Catalunya y diputado de ERC en el Congreso de los Diputados, también hicieron anuncios electorales durante la jornada de reflexión a través de Facebook.

“Ha habido anuncios que se publicaron el 12 de febrero y cuya intencionalidad era obviamente que estuvieran activos el 13”, destaca Magallón. “Facebook debería tener mecanismos para evitar esto. La Junta Electoral Central, que ni está ni se le espera, también debería tener un equipo de control del ecosistema digital para ver qué es lo que se está haciendo, supervisar si se está cumpliendo la ley y dar una respuesta rápida a ese tipo de cuestiones”, recalca.

La JEC lleva años dejando hacer a los partidos en las redes sociales. Así lo hizo cuando el PSOE y Más País denunciaron la trama de manipulación del PP en Facebook durante las elecciones de noviembre 2019, que destapó elDiario.es. Entonces, asesores y militantes del partido crearon páginas de Facebook que fingían ser simpatizantes de otros partidos pero cuyo objetivo real era desmovilizar a su electorado. Pese a ello la JEC dio un paso a un lado y aseguró que la acción entraba dentro de la “libertad de expresión”. El organismo tampoco pidió a la Fiscalía que investigara el origen de los 45.000 euros que la trama había utilizado para aumentar su impacto en Facebook.

La jurisprudencia en la que se basó la JEC data de 1982, 20 años antes de la creación de Facebook. “Necesitamos adaptar la legislación a la nueva realidad”, recuerda Magallón. “Ahora es un buen momento puesto que en principio no vamos a tener procesos electorales en el corto plazo. Si queremos evitar que siempre exista este fantasma de una mala regulación en redes sociales tenemos que dotar a la JEC de los recursos suficientes para que la ley se cumpla”.

La campaña para las elecciones vascas del 12 de julio aún no ha empezado, pero los partidos ya han abierto la veda para la caza y captura del votante en el terreno digital. Uno de los que ha puesto en marcha una batería de anuncios en redes sociales es la coalición de PP y Ciudadanos, que se presentarán juntos en estos comicios. Entre su propaganda hay un anuncio publicado en Instagram, la red social orientada al público joven propiedad de Facebook, en el que el candidato de la coalición, Carlos Iturgaiz, insiste en que el Gobierno falsea las cifras de muertos por coronavirus y “no nos dijo la verdad sobre esta pandemia” en una conversación en vídeo con la diputada del PP Ana Pastor.

El anuncio, que ha estado activo desde el 14 de junio hasta este jueves, violaba las normas de Facebook para la propaganda política. Fue etiquetado como si fuera una publicidad corriente, en vez de como un anuncio “sobre temas sociales, elecciones o política”, la categoría en la que la red social obliga a encuadrar este tipo de contenido para mejorar su transparencia. Esto hacía imposible consultar quién pagó por el anuncio, cuánto dinero invirtió o los datos de alcance que consiguió. Facebook ha corregido la situación tras el aviso de eldiario.es y ha desactivado el anuncio.

Según los datos que ha incluido hoy la plataforma tras recalificar el anuncio, el mensaje de Iturgaiz y Ana Pastor se ha distribuido entre 10.000 y 15.000 veces entre los usuarios de Instagram. El objetivo era el público joven: un 40% de esos impactos fue en personas de entre 18 y 24 años. Otro 27%, en la franja de 25 a 34 años. La coalición desembolsó menos de 100 euros para ello, aunque la herramienta de transparencia de la publicidad política de Facebook no ofrece detalles de la cifra exacta.

Fuentes del PP vasco han asegurado a eldiario.es que todo se ha tratado de “un error” al etiquetar el anuncio. La coalición PP+Cs ha publicado doce anuncios en Facebook e Instagram este junio. El único que no ha sido etiquetado correctamente es este, que también es el único que intenta aprovechar las muertes de la pandemia para cargar contra el Gobierno. Una portavoz de Facebook ha explicado a este medio que “el anuncio ha sido desactivado porque no contenía un descargo de responsabilidad. Cualquier persona que quiera publicar anuncios sobre temas sociales, elecciones o política en España primero debe ser autorizada a ello y luego incluir un descargo de responsabilidad que incluya quién los paga”.

“Un gobierno que no nos dice los muertos es una verdadera tragedia”

El anuncio eliminado hoy por Facebook se basaba en un vídeo de un minuto que mostraba una conversación entre los populares Carlos Iturgaiz, candidato en las próximas elecciones vascas en coalición con Ciudadanos, y Ana Pastor. “¿Cómo podemos fiarnos de un Gobierno, Ana, que desde el primer momento no nos dijo la verdad sobre esta pandemia sanitaria?”, comienza preguntando Iturgaiz, acompañado con una música de tintes épicos.

“Me siento abochornada de que no sepamos cuántos fallecidos ha habido en España”, contesta Pastor. “Un gobierno que no nos dice los muertos es una verdadera tragedia”, insiste Iturgaiz. No es la primera vez que el PP paga en Facebook por difundir que “mueren por coronavirus muchas más personas de las que dice el Gobierno” (ya lo hizo el líder del partido en Extremadura, José Antonio Monago), a pesar de que el Ejecutivo utiliza la metodología del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDE, por sus siglas en inglés) para dar la cifra oficial de fallecidos por COVID-19, que en este momento se sitúa en 28.313 personas.

No obstante, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los informes MoMo elaborados por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (todos ellos organismos dependientes del Gobierno) han ofrecido otros cálculos sobre la mortalidad durante la pandemia. Estos incluyen variables que no contempla el ECDE para asociar una víctima al coronavirus. Así, el INE publicó que desde el 9 de marzo hasta el 10 de mayo de 2020 hubo 48.032 muertes más que las que se registraron en 2019 durante las mismas semanas. Los informes MoMo cifran ese exceso de muertes en 43.065 durante el mismo período.

Tanto el INE como el MoMo hablan de “estimaciones” de exceso mortalidad, y se refieren a todas las causas de muerte, no solo a las de COVID-19 confirmado como hace el Ministerio de Sanidad. Como detalló eldiario.es, las tres cifras, Sanidad, MoMo e INE, salen de organismos oficiales y del propio Gobierno. Las de Sanidad las recopila el Ministerio a través de los datos que les proporcionan las consejerías de las comunidades autónomas. El Instituto de Salud Carlos III es una institución de investigación científica con doble dependencia, del Ministerio de Ciencia y del propio Ministerio de Sanidad. Y el INE es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Pese a ello el PP demuestra que va a seguir utilizando la estrategia basada en denunciar que el Gobierno “no dijo la verdad” para intentar sacar un rédito político de las muertes que ha dejado la pandemia de COVID-19 en España. El bombardeo a través de las redes ya ha empezado.

Vox llegará al buzón de miles de electores que solicitaron no recibir propaganda electoral en los comicios del próximo 10 de noviembre, y podrán sortear esa petición gracias a su decisión de no personalizar los envíos y de remitir un 'mailing' genérico a cada vivienda.

Sin embargo, muchas de estas personas se han encontrado con sobres de esta formación en sus domicilios. Esto se debe a que este partido no hace uso de los datos del censo para sus envíos, sino que remite la propaganda de forma genérica a cada domicilio.

En este sentido, la formación enviará propaganda personalizada utilizando el censo en algunas provincias, pero lo hará de forma genérica en otras circunscripciones. Por su parte, el partido ha decidido recurrir a esta fórmula para todo el territorio y envía un único sobre -adornado con los colores de la bandera de España- a cada domicilio independientemente de sus ocupantes. “Electores residentes en...”, se puede leer en las cartas electorales de la formación de extrema derecha.

Según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 810.367 personas son las que pidieron no recibir propaganda electoral para estas elecciones, que suponen la repetición de las generales del pasado 28 de abril por la imposibilidad que ha habido de formar gobierno.

La Junta Electoral no lo impide

Esta práctica es aceptada por la Junta Electoral, que en una reciente resolución subraya que la difusión de propaganda electoral por las formaciones políticas mediante el sistema de 'buzoneo' no incurre en contradicción con la petición de los electores para que sus datos no sean cedidos a los partidos.

“Esta Junta considera que la previsión establecida en el apartado 3 del artículo 39 de la LOREG, en el sentido de que los electores pueden oponerse a su inclusión en las copias del censo electoral que se faciliten a los representantes de las candidaturas para realizar envíos postales de propaganda electoral, no resulta aplicable a la difusión de propaganda electoral por las formaciones políticas mediante el sistema de 'buzoneo', puesto que en este caso se deposita propaganda electoral sin ningún tipo de identificación del destinatario”, justifica la Junta Electoral.

“En estos supuestos las formaciones políticas no utilizan los datos personales de los electores, por lo que no queda afectado el derecho de oposición que éstos puedan formular”, continúa en su respuesta a una pregunta hecha al respecto por un representante de la coalición Más País-Chunta Aragonesista-Equo.

Más de ochocientas mil personas, 24.708 en Canarias, han solicitado al Instituto Nacional de Estadística (INE) que les excluya de las copias del censo electoral que se entregan a los representantes de las candidaturas de los partidos políticos para realizar envíos postales de propaganda electoral. Una vez concluido el plazo para solicitar la baja de los envíos, un total de 810.367 personas han registrado el formulario solicitando su exclusión a través de la web del INE.

Del total de solicitudes, 808.493 corresponden a inscritos en el Censo de Electores Residentes en España (CER) y 1.874 en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA). Ninguno de estos electores recibirán propaganda electoral de los partidos políticos en estas elecciones, mientras que las solicitudes posteriores a ese día tendrán efecto en las siguientes elecciones que se celebren. El elector no volverá a recibir propaganda electoral mientras no se manifieste en sentido contrario.

La repetición de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre traerá también la repetición de propaganda política: en la calle, por redes sociales, por radio y televisión y también por correo, los españoles se verán bombardeados nuevamente de carteles con las propuestas y las caras de los candidatos.

Una modificación de la Ley Electoral aprobada en diciembre de 2018 y aplicada por primera vez en las generales del pasado 28 de abril prevé la posibilidad de que los ciudadanos soliciten no recibir la propaganda electoral en sus buzones. 

En concreto, el artículo 39 de la norma indica que “serán atendidas las solicitudes de los electores que se opongan a su inclusión en las copias del censo electoral que se faciliten a los representantes de las candidaturas para realizar envíos de propaganda electoral” siempre y cuando se realicen hasta el decimotercer día posterior a la convocatoria de unas elecciones. 

Puesto que está previsto que el decreto de convocatoria de las elecciones se publique el 24 de septiembre, el plazo para darse de baja acaba el 7 de octubre. El trámite es rápido y simple y puede realizarlo cualquier persona inscrita en el censo electoral a través de la web del INE, aunque es necesario contar con un certificado electrónico o ingresar mediante el sistema Cl@ve, el mismo que se usa, por ejemplo, para hacer la declaración de la Renta.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que dicha exclusión solo se aplica al envió postal, y no al resto de propaganda que llega por redes, correo electrónico u otros medios de comunicación. De hecho, la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) da vía libre a los partidos para recopilar los datos personales de los ciudadanos a través de redes sociales y páginas web, lo que multiplica la capacidad de los partidos para hacer propaganda electoral por internet.

Cabe recordar, también, que esta campaña electoral será más breve y durará solo 8 días. La repetición de las elecciones permitirá estrenar una reforma legislativa acordada por los partidos en 2016 por la que no sólo se acortan los plazos del procedimiento electoral, bajando de 54 a 47 días, sino que, además, reduce la campaña y las subvenciones a la mitad.

¿Cómo darse de baja?

El procedimiento es rápido, una vez que se ha obtenido alguno de las formas de identificación exigidas por el INE - el sistema Cl@ve o el certificado digital–. El primer paso es, a través del siguiente enlace, elegir cuál de esos dos métodos de identificación se emplea para comenzar el procedimiento. Las opciones figuran a la derecha de la pantalla bajo la palabra 'Acceder'.

Como los datos personales ya estarán cargados, solo se debe pinchar “enviar solicitud”.

No me lo envuelvas por favor: así ahorramos papel. No me lo imprimas: mejor envíamelo por correo electrónico; así ahorramos papel. Perdona que no te coja el folleto: es que hay que ahorrar papel. En esta escalera no admitimos correo comercial: estamos ahorrando papel.

Cada vez somos más los ciudadanos involucrados a nivel personal en el cuidado del medio ambiente. Gente de todas las edades que ha decidido echarle una mano al planeta a través de gestos tan simples como éstos. Pequeños cambios de hábitos que no suponen un cambio de vida, pero que son la base de la ecología doméstica que está cambiando el mundo.

Por eso resulta tan incomprensible y tan desquiciante que, ante esa vocación de ayuda por parte de la sociedad, los partidos políticos sigan mostrando tan poca sensibilidad y tanto desprecio al medio ambiente cuando se trata de pedirnos el voto.

Carteles embadurnando las paredes, banderolas colgando de las farolas, pancartas colgando de puentes, folletos por los suelos y adhesivos pegados por todas partes. Cada campaña electoral supone un despilfarro de recursos tan bestia que anula los esfuerzos que los ciudadanos venimos realizando en nuestro día a día. Uno de los mejores ejemplos de este disparate es el buzoneo personalizado de propaganda electoral.

Los partidos políticos saben perfectamente que en la mayoría de los casos esos sobres rellenos de folletos y papeletas van a la papelera sin llegar a ser abiertos. Pero les importa un pito porque tampoco lo pagan ellos.

La ley electoral obliga a las administraciones públicas a costear con el dinero de todos nosotros ése envío masivo de propaganda. Y cuidado porque en el caso de las elecciones generales estamos hablando de una cantidad cercana a los 20 millones de euros, un dinero del que como mínimo más de la mitad va directamente a la papelera.

Pero además de denunciar un derroche de dinero público tan absurdo, en este rincón del diario toca subrayar otro no menos importante: el derroche de energía, de agua, de emisiones asociadas al reparto y de un recurso natural tan costoso de obtener como el papel. Un malgasto al que podemos poner freno ahora mismo: en apenas un par de clics.

De lo que se trata es de entrar en ésta página web del Instituto Nacional de Estadística (INE) y solicitar la exclusión de nuestros datos personales de las copias del censo electoral que se entregan a los partidos políticos para realizar sus envíos postales de propaganda.

Pueden acceder a este servicio totalmente gratuito todas las personas inscritas en el censo electoral, siempre y cuando dispongan de la necesaria clave de identificación electrónica para las relaciones con las Administraciones Públicas. Una de las maneras más ágiles y sencillas de obtener esa identificación es mediante el sistema Cl@ve al que se puede acceder siguiendo los pasos que aparecen aquí

De este modo tan simple y en apenas un par de pasos evitaremos tener que ir echando viajes durante cada campaña electoral del buzón al contenedor azul, que es donde hay que echar la propaganda de papel.

Aunque ojo: no será fácil librarnos definitivamente de ella, pues lo que pretenden ahora los partidos, todos sin excepción (el interés les une), es enviarnos su propaganda por Whatsapp, correo electrónico o directamente al móvil sin necesidad de pedirnos permiso.

Eran los últimos días de la pasada campaña electoral del 20 de diciembre cuando la Navidad y las elecciones se juntaron. De un lado, grupos de escolares de centros concertados de la capital cordobesa iban con sus profesores a visitar uno de los belenes instalados en el centro de la ciudad, en el Bulevar de Gran Capitán. De otro lado, justo en el mismo lugar, el PP había instalado una carpa para repartir propaganda electoral, incluidos globos y los mantecados propios de esas fechas. Y el resultado fue que, a poco de las elecciones, por ese céntrico lugar pasaban con sus profesores niños uniformados en cola llevando globos azules con el logotipo del Partido Popular.

Con esa situación se toparon el último día de campaña, el 18 de diciembre, Virginia Molina y Manuel Juan, dos cordobeses que se encontraban en el mismo Bulevar de Gran Capitán participando en un acto de los Yayoflautas de Córdoba y que protestaron ante la Policía Nacional por esos hechos, protesta por la que ahora han sido sancionados con una multa de 600 euros cada uno “por negarse a identificarse”, algo que ellos niegan.

“Vimos a los niños con sus profesores hacer cola en la carpa del PP y allí les dieron los globos”, explica Virginia eldiario.es/andalucia. “Cuando pasaron a nuestro lado, les dijimos a los profesores si los padres sabían que les estaban llevando a darles propaganda electoral, si tenían autorización de sus padres, que eso era horrible, utilizar a los niños”.

“¿Yo que he hecho para tener que identificarme?”

Virginia y Manuel no recibieron respuesta de los profesores, “cuando de pronto vi a un policía nacional aproximarse y yo fui a pedirle ayuda, a ver si podía hacer algo, si podía averiguar si los profesores tenían autorización de los padres de los niños”, relata ella. “El policía me contestó que sólo eran niños con globos y que no sabían lo que estaban llevando ni entendían de política. Y ahí le contesté al policía que si a mi hijo lo sacan del colegio para llevarlo a una carpa donde le dan propaganda electoral, ¡en el colegio monto la de Dios!”.

En ese momento, y ante la “sorpresa” que recuerda Virginia, “el policía me pidió el DNI. ¿Yo qué he hecho para tener que dárselo?, le pregunté pero a la vez lo estaba sacando para que lo viera”, cuenta. “Mostré torpeza, pero es que no me esperaba esa situación”, dice mientras reitera que ambos le dieron sus documentos de identidad al agente y fueron identificados. Tanto, que hace sólo unas semanas, a sus casas llegó la notificación de una multa para cada uno de ellos: 600 euros “por negarse a identificarse”.

Ahora, ambos presentarán en esta semana un recurso ante tal sanción: este lunes lo ha hecho Manuel y en los próximos días hará lo mismo Virginia. “Sí nos identificamos”, argumentan quienes precisamente a su nombre y en su domicilio han recibido la notificación de la multa.

Con ellos, en una concentración de apoyo a estos dos cordobeses y contra la Ley Mordaza, varias decenas de personas les han acompañado ante la Subdelegación del Gobierno para protestar por la sanción impuesta. “Les multan cuando los que tenían que haber sido multados son los profesores de esos colegios, los colegios y el PP por hacer algo tan vergonzoso”, señalan.

El Tribunal de Cuentas ha detectado que tres empresas proveedoras del Partido Popular en materia electoral han incumplido la obligación de remitir a dicho tribunal información detallada de los importes facturados por cuantías individuales superiores a 10.000 euros, ascendiendo en total la cantidad no informada a un total de 311.929,62 euros. Así se desprende de los resultados de fiscalización de las contabilidades electorales presentadas por las formaciones políticas con motivo de las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo.

Concretamente, las tres empresas aludidas son Dayli Post (Unipost), compañía de correo postal y marketing directo que no ha detallado un gasto de 176.954 euros; Comunicación y Prensa Castilla-La Mancha S.L., que no ha hecho lo propio con un gasto de 37.086 euros, y Logística de Sonido y Luces S.L., que facturó al Partido Popular un total de 97.887 euros. Entre las deficiencias observadas por órgano fiscalizador respecto al cumplimiento de las restricciones legales en materia de ingresos y gastos electorales, se encuentran también los gastos realizados fuera del periodo electoral contemplado en la formación política Podemos por importe de 369,07 euros.

Pese a estos apuntes, el Tribunal de Cuentas concluye que todas las formaciones han presentado contabilidad adecuada y que el gasto por operaciones ordinarias declarado por la totalidad de formaciones ha ascendido a 1.003.798,66 euros, pues ninguna formación política ha superado los límites de gastos específicos previstos para las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha.

En el caso del PSOE, declaró un total de 720.181 euros de recursos de los que 282.294 procedían de operaciones de endeudamiento, 237.886 de adelantos de la Administración y 200.000 euros de aportaciones del partido. Mientras, el PP declaró un total de 695.506 euros de recursos, de los que 247.798 euros procedían de adelantos de la Administración, y 447.707 euros de las aportaciones del partido. De su lado, Podemos declaró un total de 65.000 euros, procedentes en su totalidad de operaciones de endeudamiento procedente de microcréditos y que no generan gastos financieros al estipular un tipo de interés cero.

Entre las recomendaciones, el Tribunal de Cuentas considera oportuno evaluar la conveniencia de adecuar los límites de gastos en publicidad exterior y de publicidad en la prensa periódica y en las emisoras de radio de titularidad privada previstos, a los nuevos soportes de publicidad existentes como consecuencia de la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Del mismo modo, pide a los partidos que valoren la posibilidad de regular las nuevas fórmulas de obtención de financiación privada a través de operaciones de endeudamiento por concesión de microcréditos y mediante figuras de naturaleza análoga como las que se llevan a cabo a través de plataformas de financiación colectiva (crowdfounding).

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Orotava, a propuesta del alcalde Francisco Linares, aprobó el pasado 29 de octubre prohibir la propaganda electoral en todo el centro urbano, no sólo en la zona que de gran Afluencia Turística que engloba las principales vías comerciales, sino que abarca mayor ámbito.

Así no se puede colocar carteles ni pancartas durante la próxima campaña política para las Elecciones Generales desde San Francisco, casco histórico hasta la entrada al municipio por la Plaza de la Paz.

El grupo de gobierno entiende que “se debe respetar el recinto histórico y comercial, especialmente en estas fechas festivas por Navidad donde debe lucir sobre todo la ornamentación e iluminación navideña”. La propuesta fue trasladada al resto de grupos políticos y la consideran acertada.

Las calles en las que se aplica la restricción de propaganda electoral son: Miguel de Cervantes, La Milagrosa, La Torrita, Salazar, San Isidro, Juan Bosco, Alfonso Trujillo, Juan Cullen, El Tejar, Obispo Benítez de Lugo, Emilio Luque Moreno, Avenida de Canarias, Sor Soledad Cobián, Tomás Calamita, Cantos Canarios, García Beltrán, Nicandro González Borges, Juan Padrón, Araujo, Rosales, San Sebastián y Calvario.

Tampoco se podrá colocar propaganda electoral en San Agustín, León, Altavista, San Juan, Inocencio García, Tomás Zerolo, Balcón, Quinta, Magistrado Barreda, Viera, Sabino Berthelot, Viera, Cólogan: Casañas; Patricio García, Los Alfombristas, La Duquesa, Colegio, Carrera Escultor Estévez, Tomás Pérez, Nicolás de Ponte, Rodapalla, Hermano Apolinar, San Francisco, Torreón, Felipe Casanova Machado, Hermanas de la Caridad, Educadora Lucía Mesa, Linares Rivas, La Silla, Plaza San Francisco y Plaza La Paz.

Izquierda Unida ha decidido, además, recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión de la Junta Electoral Central

Cayo Lara asegura que detrás de la decisión de la Junta Electoral Central hay una intencionalidad política

El organismo, en cambio, insiste en que la coalición no cumple el requisito de presentar candidaturas en municipios que comprendan, al menos, el 50% de la población

La delegación de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo ha remitido este jueves una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea denunciando la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) y de la Corporación RTVE, de excluir a esta organización del reparto de los espacios de información electoral gratuita que le correspondería y que deberían emitir TVE y RNE durante la campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas del 24-M que arranca esta noche.

Los cuatro eurodiputados de IU, Marina Albiol, Paloma López, Ángela Vallina y Javier Couso, firman la pregunta que denuncia cómo “la Junta Electoral Central, al estimar que Izquierda Unida no concurre a las elecciones en un número de municipios, en los que en realidad sí que concurre con diferentes formas jurídicas” ha sido excluida de dichos espacios pese a haber sido la tercera fuerza del Estado en los comicios anteriores, “obteniendo 1.424.119 votos, traducidos en 2.230 concejalas y concejales en el conjunto del territorio”.

Los eurodiputados consideran que tanto de la JEC como la Corporación RTVE han tomado “una decisión de carácter partidista de las autoridades que dirigen la Radiotelevión Pública en el Estado español” con el objetivo de “quitar la visibilidad a una fuerza política que se la ha ganado en las urnas”.

Finalizan su escrito preguntando a la Comisión si comparte que “este veto obedece a intereses políticos” y si no cree “que la imposición de un veto por parte del Estado a una fuerza política con representación en las instituciones supone un ataque a la pluralidad política”.

IU recurrirá también ante el Tribunal Supremo

Izquierda Unida ha decidido recurrir también ante el Tribunal Supremo la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de dejarles fuera del reparto entre los principales partidos de los anuncios de propaganda electoral que deben emitir TVE y RNE durante la campaña electoral para las municipales del próximo día 24, al dar a la federación un trato similar al de los partidos extraparlamentarios.

En rueda de prensa, Cayo Lara ha anunciado que IU recurrirá esta decisión después de que la Junta Electoral haya rechazado sus primeras alegaciones insistiendo en que IU no cumpliría el requisito de presentar candidaturas en municipios que comprendan al menos al 50% de la población de derecho de las circunscripciones incluidas en el ámbito de difusión nacional.

Sin embargo, el partido de Cayo Lara defiende que sus candidaturas abarcan a, al menos, el 80 por ciento de la población, aunque en muchas de ellas lo hacen bajo la fórmula de coalición electoral. Además, alega que en las elecciones municipales de 2011 IU logró el 6,36% de los sufragios (1.437.061 papeletas y 2.249 concejales electos), con lo que le corresponderían los 30 minutos de anuncios que fija la Ley Electoral para las formaciones que hubieran obtenido entre el 5 y el 20% de los votos en los anteriores comicios equivalentes.

Detrás hay una intención política

El líder de IU ha arremetido contra esta decisión, que considera que tiene detrás una intencionalidad política. “Nos quieren ocultar, detrás hay una decisión política”, ha acusado sobre una resolución que ve como “un atentado a la democracia”. “No pensábamos que a estas alturas pudieran atreverse a un despropósito de esta naturaleza”, ha reconocido.

A su juicio, es “incomprensible” que IU pueda quedar fuera de este reparto de espacios públicos cuando se trata de “la tercera fuerza del país”, con más de 2.000 concejales en toda España, más de 300 alcaldías, varias decenas de diputados autonómicos y grupo parlamentario propio tanto en el Congreso como en el Parlamento Europeo.

Corporación RTVE ha reservado 120 minutos para espacios gratuitos de propaganda en la próxima campaña electoral. Según la interpretación de la JEC, en difusión nacional deberán reservarse 45 minutos de anuncios para PSOE y PP, respectivamente, y 15 minutos cada uno para UPyD y Ciudadanos (en su caso por su representación municipal en Cataluña en 2011). También se reserva otro cuarto de hora en las desconexiones territoriales de RTVE en sus respectivas comunidades autónomas para CiU, , Candidatura de Progrés, PNV, Bildu, Foro Asturias, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.