El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves la liberación de “un número importante de personas”, que incluye a venezolanos y extranjeros —sin precisar la cifra, que se detallará “en las próximas horas”—, como un gesto unilateral para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en el país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha confirmado en un comunicado que cinco españoles, una de ellas con doble nacionalidad, han sido liberados. José Manuel Albares ha confirmado a elDiario.es que la hispanovenezolana es Rocía San Miguel y en una entrevista en RNE ha aclarado la identidad del resto: Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona.

“Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela”, ha asegurado Pedro Sánchez. En una publicación en X, en la que ha compartido el comunicado de Exteriores, el presidente del Gobierno ha escrito que la liberación “es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconcialiación entre los venezolanos”.

El lendahakari Imanol Pradales ha confirmado también las liberaciones de Martínez Adasme y Basoa “tras más de un año y medio detenidos injustamente”. “Ambos se encuentran bien y han sido liberados, una noticia que devuelve la tranquilidad a sus familias”, ha asegurado en una publicación en X. “Desde Euskadi seguiremos reclamando siempre el respeto a la legalidad internacional”.

Martínez Adasne y Basoa habían sido detenidos en octubre de 2024 acusados de estar implicados en un plan para llevar a cabo actos “terroristas” contra Nicolás Maduro. venzuela aseguró entonces que ambos tenían “vínculos” con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una información el Gobierno español negó.

En la operación en la que se detuvo a los dos ciudadanos vascos también fueron arrestados dos estaodunidenses, otro ciudadano checo y una venezolana. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó entonces que ambos se encontraban cerca del aeropuerto de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas (al sur del país, en la frontera con Colombia y Brasil), “en situación irregular” y “tomando fotos”, así como que portaban armas que iban a ser utilizadas para “acometer acciones fascistas”.

Antes de conocerse la detención, en septiembre de 2024, familiares de los dos españoles presentaron una denuncia ante la Ertzaintza para denunciar su desaparación el pasado 9 de septiembre.

En su comunicado, Exteriores ha asegurado que los liberados se preparan ya para viajar a España asistidos por la Embajada española en Caracas. Según recoge la agencia Europa Press, se estima que hay en torno a una veintena de españoles encarcelados en el país caribeño, si bien la inmensa mayoría de ellos tienen doble nacionalidad.

“España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”, ha asegurado Exteriores. Albares, según el Ministerio, ha podido hablar con los ciudadanos liberados.

Horas antes del comunicado, el ministro había confirmado la liberación de los presos en Venezuela y había anunciado ya que había españoles entre ellos. “Espero que en muy poco tiempo podamos emitir un comunicado oficial con toda la información y el número exacto”, había dicho en una entrevista en Malas Lenguas (TVE).

Mediación de Zapatero, Lula da Silva y Qatar

Rodríguez ha agradecido la mediación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al reino de Qatar y “especialmente” a las instituciones del Estado. Todos, ellos, asegura, “siempre han estado al lado del pueblo de Venezuela para defender el derecho” a la “vida plena, a la autodeterminación, a la independencia y a la paz”.

El presidente del Parlamento venezolano y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez ha asegurado que la liberación no distingue “entre tinte político, religioso, económico y social”: “Todas y todos somos venezolanos y nos amparamos bajo el mismo cielo, abrazamos la misma bandera, entonamos las notas del mismo himno”. Además, ha precisado, el proceso de excarcelación “está ocurriendo desde este mismo momento”.

Esta decisión se produce cinco días después del ataque ilegal de Estados Unidos a Venezuela, en el que murieron al menos 100 personas, según el ministro de Interior y número dos del Gobierno venezolano, Diosdado Cabello, quien ha señalalado que fallecieron “personas que nada tenían que ver con el conflicto”, entre ellas “mujeres y niños”.

La injerencia de Estados Unidos en Venezuela tras la caída de Maduro tiene una doble vertiente: tanto política como económica. La Casa Blanca admitió el miércoles que, “obviamente”, mantiene “la máxima influencia” sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. Asimismo, a través del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, avisó de que controlará la venta del petróleo venezolano por un tiempo “indefinido” y depositará el dinero obtenido en estas transacciones en cuentas controladas por Washington.

Presos venezolanos

Además de los cinco presos españoles, hay también opositores venezolanos que han dejado la prisión con esta liberación. Por el momento se conoce la identidad del excandidato presidencial Enrique Márquez y el político y colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri. Ambos se encontraban recluidos en El Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Márquez fue detenido el 7 de enero de 2025, tras participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo, que no publicó los resultados detallados de la contienda, como exigía su propio cronograma.

Tras el arresto, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que el excandidato habría propuesto celebrar un acto de investidura del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, en una embajada venezolana en el exterior.

Activistas y dirigentes políticos habían exigido la liberación de Márquez, entre ellos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se ha referido al opositor como su amigo.

Por su parte, Pilieri fue perseguido y arrestado el 28 de agosto de 2024, luego de participar en una manifestación en rechazo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que convalidó la cuestionada reelección de Maduro.

El coordinador del partido opositor Convergencia y exdiputado, quien fue también alcalde del municipio Bruzual del estado Yaracuy (norte), fue señalado, junto al dirigente Freddy Superlano y el colaborador de Machado Perkins Rocha, de divulgar las actas electorales que hizo la oposición mayoritaria con el objetivo de probar la victoria que reivindican para su candidato, González Urrutia.

El bolsonarismo, el huracán que irrumpió en la política brasileña en 2018, está tocado y hundido. La familia Bolsonaro, el clan que colocó a la extrema derecha latinoamericana en el epicentro ultra global, está siendo arrollada. La prisión de Jair Bolsonaro, decretada el martes tras un presunto intento de fuga del expresidente, representa la guinda de un intenso proceso de decadencia política cocinado a cámara rápida.

Desde que el diputado Eduardo Bolsonaro, el miembro más internacionalista del clan familiar, huyera a Estados Unidos en marzo, la extrema derecha brasileña entró en una incomprensible espiral autodestructiva. El apoyo del bolsonarismo al tarifazo de Donald Trump a los productos brasileños produjo un verdadero cortocircuito en su propia base. Mientras la extrema derecha ondeaba banderas estadounidenses en protestas cada vez más mermadas, la izquierda recuperaba los símbolos nacionales. Y Lula da Silva, aguerrido en su resistencia a Trump, se disparaba en todas las encuestas. La química entre Trump y Lula tras su breve encuentro en la sede de la ONU acabó de sellar el ocaso del clan Bolsonaro.

El presunto intento de fuga de Jair Bolsonaro de su prisión domiciliar, que provocó su detención en la superintendencia de la Policía Federal en Brasilia (PF) el pasado sábado, produjo dos poderosas imágenes que sirven de metáfora para el momento político brasileño. La primera: el expresidente intentando derretir la tobillera electrónica, fuente de un alud de memes. La segunda: una vigilia religiosa en la puerta de la casa de Jair Bolsonaro, convocada por su hijo Flavio, otrora influyente senador, que apenas congregó a un centenar de personas.

La vigilia acabó con una escena difícil de imaginar hace apenas un año: militantes bolsonaristas agrediendo al fiel evangélico Ismael Lopes, que se había presentado como pastor. Lopes, que soltó varias citas bíblicas cuando empuñó el micrófono, acabó acusando a Bolsonaro de ser el responsable de las 700.000 muertes durante la pandemia de COVID-19. La atrevida acción de Ismael Lopes, un joven progresista de 34 años que forma parte del Frente Evangélico por el Estado de Derecho, representa el desenlace del bolsonarismo como fuerza política violenta y aislada.

La prisión de Bolsonaro desbarata todos los planes de la derecha brasileña. Y abre la posibilidad, por primera vez desde que la expresidenta Dilma Rousseff sufrió un impeachment ilegal, de que la derecha tradicional se aleje del radicalismo antidemocrático del bolsonarismo.

“Jurisprudencia Lula”

La detención definitiva de Jair Bolsonaro ha tenido un perfil bajo. Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo, aprovechó la prisión preventiva del expresidente en la misma Superintendencia de la Policía Federal (PF) para decretar el inicio del cumplimiento de su condena de 27 años y 3 meses por intento de golpe de Estado. Su decisión fue estratégica: Bolsonaro cumplirá pena en el edificio donde ya se encontraba desde el sábado, no en la temida prisión de Papuda que pedía la izquierda. La prisión de los otros acusados, entre ellos el general Augusto Heleno, otorga fuerza a la histórica jornada de este martes.

Sin cámaras ni imágenes espectaculares, sin morbo excesivo ni resquicios legales para revertirla, la prisión de Bolsonaro ha huido de la espectacularización que tuvo la detención de Lula. El 7 de abril de 2018 miles de personas se reunieron en el edificio del Sindicato de los Metalúrgicos en São Bernardo do Campo (SP) para apoyar al actual presidente. Tras un discurso histórico y fotografías icónicas, Lula fue llevado hasta las instalaciones de la PF de Curitiba. Su detención fue retransmitida en directo por todas las televisiones. Y su encarcelamiento, que acabó siendo considerado ilegal por el Supremo, fortaleció el mito Lula y posibilitó su vuelta al poder.

La prisión light de Bolsonaro está siguiendo lo que la analista política Letícia Casado ha bautizado como jurisprudencia Lula. La celda de Bolsonaro tiene 12 metros cuadrados (la de Lula tenía 15 metros), aire condicionado y médicos a disposición 24 horas al día. Dando un trato similar al que recibió Lula en 2018, el Supremo evita desgaste y trata de desmantelar cualquier narrativa de persecución política.

El “incidente tobillera” es un mayúsculo tiro en el pie de Jair Bolsonaro. Aleja la posibilidad de prisión domiciliaria, enfría cualquier posible recurso, frena los apoyos a cualquier intento de amnistía y aísla al “capitán Bolsonaro”, que ya no podrá recibir demasiadas visitas en su celda. La extrema derecha teme que ni siquiera Flávio Bolsonaro conseguirá mantener la voz del expresidente viva e influyente hasta las elecciones de 2026.

Lula, en ascenso

El presidente Lula lidera todos los escenarios electorales de cara a 2026. La última encuesta de la CNT (Confederação Nacional do Transporte), divulgada el martes y que contabiliza el efecto de la prisión preventiva de Jair Bolsonaro, es un verdadero alivio para la izquierda.

Aunque el forajido Eduardo Bolsonaro corre el riesgo de ni siquiera conseguir ser candidato, acusado de crímenes de traición a la patria, CNT no le da ninguna posibilidad electoral: Lula obtendría un 49,9% frente a un 33,3% del hijo del presidente. Lula también derrotaría con contundencia a la ex primera dama Michelle Bolsonaro: 49,1% frente a un 35,6%.

El candidato de extrema derecha más competitivo frente a Lula es Tarcísio de Freitas, actual gobernador de São Paulo, hasta ahora fiel al bolsonarismo. Tarcísio de Freitas obtendría un 39,1% frente al 45,7% de Lula. Hace unos meses, Tarcísio llegó a estar empatado técnicamente con Lula.

Ante la actual tesitura y el claro favoritismo de Lula, existe la posibilidad de que Tarcísio decida no ser candidato presidencial, para intentar la reelección en el Estado de São Paulo, el más rico y poderoso del país.

El comentarista político Octavio Guedes, habitual de los platós de Globo News, augura una bifurcación inevitable en la derecha brasileña. En su opinión, aunque Brasil continuará teniendo una extrema derecha, se abre espacio para el surgimiento de un líder moderado, de centroderecha y democrático. “El gran desafío para la sucesión es saber el timing de esa ruptura. La cuestión central es cuando esa derecha democrática conseguirá romper la ”tobillera electrónica“ que el bolsonarismo colocó en su pierna”, escribe en un artículo de G1 (portal del grupo Globo).

Este jueves comienza en la Amazonía brasileña la Cumbre de Belém, previa a la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). He convocado a los líderes mundiales a esta reunión, unos días antes de la apertura de la COP, para que todos asuman el compromiso multilateral de actuar con la urgencia que exige la crisis climática.

Si no actuamos de manera efectiva, más allá de los discursos, nuestras sociedades dejarán de creer en las COP, en el multilateralismo y en la política internacional en general. Por eso he convocado a los líderes globales en la Amazonia y cuento con el compromiso de todos ellos para que esta sea la COP de la verdad, el momento en el que demostraremos la seriedad de nuestro compromiso con todo el planeta.

Las acciones colectivas basadas en la ciencia demuestran nuestra capacidad para hacer frente y superar grandes desafíos. Hemos sido capaces de proteger la capa de ozono. La respuesta global a la pandemia de la Covid-19 ha demostrado que el mundo dispone de los medios necesarios para actuar, siempre que haya valentía y voluntad política.

Brasil fue sede de la Cumbre de la Tierra en 1992. Durante la cumbre aprobamos las convenciones sobre el Clima, la Biodiversidad y la Desertificación, así como los principios que sentaron las bases de un nuevo paradigma y rumbo para preservar el planeta y la humanidad. En estos 33 años, las reuniones han dado lugar a importantes acuerdos y metas para la reducción de los gases de efecto invernadero (erradicar la deforestación para 2030, triplicar el uso de las energías renovables, etc.).

Más de tres décadas después, el mundo vuelve a Brasil para debatir sobre la lucha contra el cambio climático. No es casualidad que la COP30 se celebre en el corazón de la selva amazónica. Es una oportunidad para que políticos, diplomáticos, científicos, activistas y periodistas conozcan la realidad de la Amazonia. 

Queremos que el mundo vea la situación real de los bosques, de la mayor cuenca hidrográfica del planeta y de los millones de habitantes de la región. Las COP no pueden limitarse a ser una feria de buenas ideas, ni un viaje anual de los negociadores. Deben suponer un momento de contacto con la realidad y de acción efectiva para hacer frente al cambio climático.

Para combatir juntos la crisis climática necesitamos recursos. Además, debemos reconocer que el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas sigue siendo la base de cualquier pacto climático.

Por esta razón, el Sur Global exige un mayor acceso a los recursos. No por una cuestión de caridad, sino de justicia. Los países ricos han sido los mayores beneficiarios de la economía basada en el carbono. Por lo tanto, deben estar a la altura de sus responsabilidades. No solo deben asumir compromisos, sino también honrar sus deudas.

Brasil está haciendo su parte. En solo dos años, hemos reducido a la mitad la superficie deforestada en la Amazonia, lo que demuestra que es posible actuar de forma concreta en favor del clima.

En Belém lanzaremos una iniciativa innovadora para preservar los bosques: el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). Es innovador porque se trata de un fondo de inversión, no de donaciones. El TFFF remunerará a quienes mantengan sus bosques en pie, así como a quienes inviertan en él. Se trata de una lógica de beneficio mutuo en la lucha contra el cambio climático. Con el fin de liderar con el ejemplo, Brasil ha anunciado una inversión de mil millones de dólares en el TFFF y esperamos anuncios igualmente ambiciosos por parte de otros países.

También dimos ejemplo al convertirnos en el segundo país en presentar su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). Brasil se comprometió a reducir entre un 59 % y un 67 % sus emisiones, incluyendo todos los gases de efecto invernadero y todos los sectores de la economía.

En este sentido, hacemos un llamamiento a todos los países para que presenten NDC igualmente ambiciosas y las implementen de manera efectiva.

La transición energética es fundamental para cumplir la NDC de Brasil. Nuestra matriz energética es una de las más limpias del mundo, ya que el 88% de la electricidad se genera a partir de fuentes renovables. Somos líderes en biocombustibles y avanzamos en energía eólica, solar e hidrógeno verde. 

Será fundamental destinar los recursos obtenidos de la explotación petrolera a financiar una transición energética justa, ordenada y equitativa. Con el tiempo, las empresas petroleras, como la brasileña Petrobras, se transformarán en empresas energéticas, ya que es imposible mantener indefinidamente un modelo de crecimiento basado en los combustibles fósiles.

Las personas deben estar en el centro de las decisiones políticas relativas al clima y a la transición energética. Debemos reconocer que los sectores más vulnerables de nuestra sociedad son los más afectados por los efectos del cambio climático, por lo que los planes de transición justa y adaptación deben tener como objetivo la lucha contra las desigualdades.

No podemos olvidar que dos mil millones de personas no tienen acceso a tecnologías y combustibles limpios para cocinar, y que 673 millones de personas siguen pasando hambre en el mundo. En respuesta a esta situación, en Belém lanzaremos una Declaración sobre el Hambre, la Pobreza y el Clima. Es esencial que el compromiso de luchar contra el calentamiento global esté directamente relacionado con la lucha contra el hambre.

También es fundamental avanzar en la reforma de la gobernanza global. Hoy en día, el multilateralismo se ve obstaculizado por la parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU. Creado para preservar la paz, no logra impedir las guerras. Por lo tanto, es nuestra obligación luchar por la reforma de esta institución. 

En la COP30, defenderemos la creación de un Consejo de Cambio Climático de la ONU, vinculado a la Asamblea General. Una nueva estructura de gobernanza que contará con la fuerza y la legitimidad necesarias para garantizar que los países cumplan lo que han prometido. Un paso efectivo para revertir la actual parálisis del sistema multilateral.

En cada Conferencia sobre el Clima se hacen muchas promesas, pero se adoptan pocos compromisos efectivos. La época de las cartas de buenas intenciones ha llegado a su fin; es hora de elaborar planes de acción. Por eso, hoy comenzamos la “COP de la verdad”.

Glauber Braga (Nova Friburgo, 1982) se ha convertido en uno de los diputados de izquierda más populares de Brasil. Desde que comenzó su primer mandato como diputado en 2009, Braga ha sido una de las voces más contundentes contra las privatizaciones, contra la extrema derecha y contra cualquier intento de injerencia extranjera en el país.

Diputado por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), principal fuerza política a la izquierda del presidente Lula da Silva, Braga se ha convertido en uno de los principales enemigos del bolsonarismo y de la élite política conservadora. En abril, hizo una huelga de hambre para denunciar un proceso que pretendía quitarle el cargo de diputado por haber expulsado del Congreso a un militante de extrema derecha.

El diputado argumenta que al Gobierno Lula “le falta ser más osado contra el sector privado” y que la defensa de la izquierda del establishment “es una táctica” para proteger la democracia frente a los ataques de la extrema derecha. En una entrevista telefónica, repasa la vertiginosa política de Brasil, la condena a Jair Bolsonaro y al núcleo duro del intento de golpe de Estado, las gigantescas manifestaciones de izquierda de septiembre, la injerencia estadounidense en Brasil y las elecciones presidenciales de 2026, que en su opinión serán “durísimas”.

Las principales capitales de Brasil vivieron en septiembre manifestaciones masivas contra la amnistía a Jair Bolsonaro y los condenados por golpismo. No estaban lideradas por partidos políticos. Partieron de la ciudadanía ¿Cómo interpreta ese día histórico?

Fue una prueba de que las calles tienen fuerza para darle la vuelta a la tortilla. Es muy significativo que unos días después el Senado archivara por unanimidad un proyecto para blindar a los diputados de procesos judiciales [se tramitaba paralelamente y como paquete al proyecto de ley de amnistía]. Lo paró la fuerza de la calle. Tenemos que continuar movilizándonos para otros asuntos.

La extrema derecha pierde simbólicamente la bandera de Brasil en el imaginario del ciudadano común

Se esperaban manifestaciones de extrema derecha e incluso disturbios tras la condena a Bolsonaro. No hubo. La condena representa también el fin de la impunidad de los militares y, por lo que parece, está sirviendo de herramienta de pacificación. Los medios conservadores argumentaban lo contrario: que Brasil solo se pacificará con amnistía para los golpistas.

Cualquier pacificación pasa por la responsabilización de los golpistas. Porque la extrema derecha, cuando no se siente responsabilizada, dobla la apuesta. [La condena] hace que ellos retrocedan y demuestra que no existe espacio para lo que están intentando hacer. La condena de Bolsonaro fue un momento muy importante para la historia del país.

¿El movimiento a favor de la amnistía perdió fuerza tras las protestas masivas? ¿Se aprobará algún tipo de amnistía light con reducción de penas?

Perdió fuerza, sin duda. Pero tenemos que estar atentos, porque la amnistía aglutina la base de la extrema derecha. Ellos van a continuar movilizándose hasta que encuentren su próximo gran asunto, la próxima cloroquina [el medicamento ineficaz contra el virus de la COVID-19 defendido por Jair Bolsonaro] o su próxima urna electrónica [el bolsonarismo difundió falsamente que se podía manipular el voto]. Hasta que configuren su nueva agenda van a continuar presionando por la amnistía.

El bolsonarismo había encontrado ya su próximo gran asunto: el tarifazo de Donald Trump y la supuesta culpa de Lula y el Tribunal Supremo de Brasil. Pero el tiro les está saliendo por la culata. Las maniobras de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, en EEUU le están saliendo caras. Puede ser procesado como traidor a la patria y no será candidato presidencial, su gran sueño.

Son dos tiros de bazuca en el pie. ¿Cuáles fueron las principales banderas de Bolsonaro y la extrema derecha en su primera campaña presidencial [de 2018]? Un discurso de falso patriota y un discurso de falso moralista de combate a la corrupción. Cuando Eduardo Bolsonaro va a Estados Unidos, conspira contra Brasil, ayuda a un ataque imperialista, con aranceles que representan un verdadero embargo... La extrema derecha pierde simbólicamente la bandera de Brasil en el imaginario del ciudadano común. También perdió el discurso de combate a la corrupción con el intento del proyecto de ley del blindaje de diputados. 

Hablando de banderas. Unos días antes del juicio a Bolsonaro, una manifestación de extrema derecha en São Paulo usó una bandera gigante de EEUU. En las manifestaciones de izquierda, se vieron también grandes banderas brasileñas. ¿La izquierda ha recuperado por fin los símbolos patrios, secuestrados hace años por la extrema derecha?

Simbólicamente, recuperó la bandera. Pero esa recuperación tiene que tener un carácter práctico. Tiene que defender elementos que protejan la soberanía, como por ejemplo, las tierras raras. Estoy recogiendo firmas para garantizar que el monopolio de la explotación de tierras raras sea público.

La interferencia de Estados Unidos en la política y justicia de Brasil tiene un motivo visible: defender a su aliado extrema derechista Jair Bolsonaro y crear inestabilidad política. ¿Existen otros motivos?

Los principales motivos son económicos. Además, de los intereses de las grandes empresas tecnológicas, yo añadiría otros, como el control del agua y lo que representa la Amazonia, el papel de Brasil en América del Sur y ante un posible ataque a Venezuela, que cuenta con la mayor reserva de petróleo del mundo. Trump sabe que la familia Bolsonaro entregaría todo eso a EEUU sin pestañear... Saben que tendrían a un presidente muy afable y sumiso.

El papel protagonista que Brasil está teniendo en los BRICS y en una nueva articulación geopolítica del sur global también parece haber irritado a Trump.

El papel de Bolsonaro como presidente fue lamentable, vergonzoso. Que tengamos ahora una posición soberana y de diálogo con el mundo es muy importante. Pero deberíamos ir más allá. Por ejemplo, ante el genocidio contra el pueblo palestino, Brasil debería romper relaciones y garantizar que no llega nada de nuestro petróleo al Estado de Israel.

Usted está en medio de un proceso que le puede costar el cargo de diputado. Después de ser agredido, expulsó del congreso a un militante del movimiento extrema derechista Movimento Brasil Libre (MBL). Abrieron un expediente disciplinario contra usted. Tuvo que comenzar una huelga de hambre para llamar la atención. ¿Qué hay detrás de ese intento de quitarle el cargo de diputado?

El MBL es un movimiento muy golpista, peligroso. Tiene un discurso megarreaccionario, incluso con elementos de supremacismo blanco. Yo fui atacado siete veces en locales públicos por un provocador profesional del MBL. En el caso específico de mi proceso, el altercado es un pretexto. El motivo real es que yo denuncié constantemente la existencia en el Congreso del presupuesto secreto, soy incluso testigo en la Policía Federal (PF).

A este Gobierno le falta ser más osado y comprometerse a luchar contra el sector privado

¿Cómo explicaría didácticamente en qué consiste el “presupuesto secreto”?

Es la entrega de un presupuesto a una determinada región (a través de diputados concretos), sin decir que es dinero público del Gobierno. A veces se entrega ese dinero al diputado, sin que se sepa para qué va a ser usado. Cuando Jair Bolsonaro se enfrentaba a un crecimiento exponencial de su impopularidad como presidente, cerró un acuerdo con los diputados del centrão [diferentes partidos de centro y derecha necesarios para aprobar cualquier proyecto legislativo en el Congreso] y les entregó buena parte de la administración del presupuesto. Así nació ese mecanismo que hoy se conoce como presupuesto secreto.

Usted es diputado por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), a la izquierda de Lula. La izquierda todavía no critica al Gobierno, a pesar de que está pegado al centro. Parece que la izquierda sacrifica su programa e ideas para defender la democracia y para no dar alas a la extrema derecha. ¿No es también un riesgo no criticar nada y normalizar las alianzas de Lula con la derecha en aras de la gobernabilidad?

Yo formo parte de un grupo de militantes de izquierda que tiene radicalidad política y prioriza la movilización, más allá del espacio institucional. Por eso nos alegra tanto lo que ocurrió [en las marchas de septiembre]. Las manifestaciones presionan para que se aprueben medidas para la clase trabajadora. A este Gobierno le falta ser más osado y comprometerse a luchar contra el sector privado. Lo que es cierto es que nos unimos para defender a Brasil cuando sufre un ataque como el de EEUU.

El bolsonarismo, sobre todo al principio, usó una narrativa antisistema y la izquierda acaba pareciendo como la gran defensora del establishment. ¿No es un error dejarle a la extrema derecha el discurso sistema? ¿Llegó el momento de retomar cierta radicalidad de la izquierda contra el sistema capitalista?

Nunca fue tan fácil explicar y mostrar qué es el imperialismo, qué es soberanía, qué es la clase trabajadora. Se puede defender el establishment para que la extrema derecha sea responsabilizada, como lo prueba el juicio contra Bolsonaro, sin olvidar que el papel de la izquierda es la movilización. No podemos olvidarnos de nuestras banderas. Nuestro papel es exactamente demostrar que no somos un apéndice del establishment. Tenemos que organizarnos mucho más allá de la institucionalidad para superar el capitalismo. En determinados momentos, tácticamente tenemos unidad de acción con otros campos políticos para afrontar a la extrema derecha, pero eso no puede confundirse con una estrategia de defensa del establishment. 

Lula ha confirmado que será candidato presidencial en 2026. De momento, lidera las encuestas. Aun así, no parece que vaya a haber ningún control de la desinformación por parte de las grandes empresas tecnológicas, más bien lo contrario. La interferencia de Trump en las elecciones se da por hecha. ¿Cómo ve el escenario para las elecciones de 2026?

Durísimo, preocupante. Aun así, creo que la extrema derecha va a ser derrotada, y tenemos que trabajar para que eso ocurra. Ahora bien, lo que consolida una mayoría social para derrotar a la extrema derecha es la agenda económica.

Es fundamental priorizar medidas que mejoren la vida de la gente, como la exención del impuesto de renta a los que ganan menos, la estatalización de empresas como Eletrobras, la reducción de la semana laboral por debajo de seis días... La noticia positiva es que las últimas encuestas demuestran que una parte significativa del electorado que fluctúa de un espectro político al otro, que representa un 40% del total, se mueve hacia la izquierda cuando se le pregunta si los golpistas tienen que ser responsabilizados.

Los aliados del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han acusado a Donald Trump de lanzar “un ataque directo contra la democracia brasileña” después de que el Tesoro de Estados Unidos impusiera sanciones a Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema al que se le atribuye haber ayudado a salvar la democracia brasileña de un golpe de Estado de la derecha en 2022.

La controvertida medida estadounidense fue anunciada el miércoles por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, poco antes de que Trump cumpliera su amenaza de imponer aranceles del 50% a las importaciones brasileñas mediante la firma de una orden ejecutiva “para hacer frente a las recientes políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Brasil”.

Trump ha atribuido en parte esos aranceles a su indignación por la supuesta “caza de brujas” política contra su aliado ultraderechista, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que está siendo juzgado por intentar supuestamente hacerse con el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula.

Moraes preside el juicio, que se espera que dé lugar a la condena de Bolsonaro a hasta 43 años de cárcel, así como a varias otras investigaciones penales sobre Bolsonaro y su familia.

Al encuadrar las sanciones bajo la Ley Magnitsky, Bessent acusó a Moraes de ser “responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y enjuiciamientos politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro”. “Alexandre de Moraes se ha erigido en juez y parte en una caza de brujas ilegal contra Estados Unidos y Brasil”, dijo.

Además, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, tuiteó: “Que esto sirva de advertencia a aquellos que pisotean los derechos fundamentales de sus compatriotas: las togas judiciales no pueden protegerlos”.

Una declaración de la Casa Blanca que confirmó los aranceles del 50% sobre Brasil —aunque con numerosas exenciones importantes, como el petróleo, el zumo de naranja, la madera y los aviones— afirma que son el resultado de “la persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento por motivos políticos del Gobierno de Brasil contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y miles de sus seguidores”.

Cientos de seguidores acérrimos de Bolsonaro han sido juzgados y encarcelados por participar en los disturbios de extrema derecha del 8 de enero de 2023 en la capital, Brasilia, durante los cuales se asaltaron y saquearon la Corte Suprema, el Congreso y el Palacio Presidencial.

Las sanciones fueron celebradas por los familiares y seguidores de Bolsonaro, que ven la presión de Estados Unidos como la única forma de ayudar al expresidente a escapar de una dura pena de cárcel y, tal vez, salvar su futuro político. “Los brasileños nunca olvidaremos esta acción vuestra [Rubio y Trump]”, tuiteó el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. El congresista ha pasado las últimas semanas en Estados Unidos presionando a la Administración Trump para que luche por la causa de su padre imponiendo sanciones.

“Hoy tengo la sensación de misión cumplida, pero nuestro viaje no terminará aquí”, prometió Eduardo Bolsonaro en un vídeo en las redes sociales.

Los miembros del Gobierno de Lula denunciaron la medida como una escalada drástica de lo que consideran la cruzada de Trump para socavar la democracia brasileña.

José Guimarães, congresista del Partido de los Trabajadores (PT), de izquierda, al que pertenece Lula, calificó las sanciones como “no solo una afrenta a un ministro de la Corte Suprema, sino también un ataque directo a la democracia y la soberanía brasileñas”.

“No aceptaremos la injerencia extranjera en... nuestro sistema judicial”, escribió Guimarães en X, calificando las sanciones como “el fruto de una conspiración de la familia Bolsonaro contra Brasil”.

Gleisi Hoffmann, una de las principales ministras y una de las aliadas más cercanas de Lula, calificó la medida de Trump como un “acto violento y arrogante” y expresó el “repudio absoluto” del Gobierno a la “absurda” medida.

También hubo críticas por parte de políticos conservadores. João Amoêdo, uno de los fundadores del partido de derecha Partido Novo, calificó las sanciones como “un intento inaceptable de injerencia extranjera en el sistema judicial brasileño”.

Eduardo Leite, candidato presidencial conservador que gobierna el estado de Rio Grande do Sul, dijo que no puede aceptar “que otro país intente interferir” en las “instituciones” de Brasil.

Una ley para abusos de derechos humanos

Las sanciones Magnitsky reciben su nombre de Sergei Magnitsky, un abogado ruso especializado en derecho tributario que murió en una prisión de Moscú en 2009 tras ser encarcelado por denunciar casos de corrupción de alto nivel.

Se han utilizado desde 2017 para sancionar a personas acusadas de participar en graves abusos contra los derechos humanos. Entre los objetivos anteriores se encuentran representantes saudíes implicados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, representantes nicaragüenses vinculados a una represión mortal destinada a mantener en el poder al dictador Daniel Ortega, líderes del Partido Comunista implicados en la represión de miembros de la etnia uigur en el oeste de China y jefes militares de Myanmar implicados en presuntos actos de limpieza étnica.

Amparo señaló que Trump parecía pensar que el hecho de que uno de sus aliados ideológicos fuera sometido a un juicio justo por su presunta participación en un intento de golpe de Estado equivalía a «tortura, genocidio u otras violaciones graves... a las que se aplican leyes como la Magnitsky».

Expertos jurídicos y activistas de derechos humanos expresaron su asombro y consternación por el hecho de que se hubieran utilizado tales sanciones contra un juez de la mayor democracia de América Latina.

Thiago Amparo, profesor de derecho internacional y derechos humanos de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, dice que las sanciones ponen de manifiesto “la visión distorsionada de Trump sobre lo que es una violación de los derechos humanos”.

Amparo señala que Trump parece pensar que el hecho de que uno de sus aliados ideológicos sea sometido a un juicio justo por su presunta participación en un intento de golpe de Estado equivalía a “tortura, genocidio u otras violaciones graves... a las que se aplican leyes como la Magnitsky”.

Pasado el mediodía en Argentina, tras un breve y seco encuentro con Javier Milei, Luiz Inácio Lula da Silva cruzó la puerta de la residencia en Buenos Aires de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto domiciliario. Las cámaras registraron el gesto solidario con la expresidenta argentina del mandatario de Brasil, quien estuvo 580 días preso entre 2018 y 2019 tras una condena que el tribunal supremo de su país acabó tachando de “error histórico”. Tras el encuentro, Fernández publicó un mensaje en su cuenta de la red X en la que acusa al Gobierno de Milei de practicar “terrorismo de baja intensidad”, e insistió en el que el poder judicial argentino “es un partido político al servicio del poder económico”.

La esquina de la calle donde está el inmueble se ha convertido en un punto de congregación ineludible desde que la Corte Suprema de Argentina ratificó el 10 de junio la condena a seis años de prisión a la líder del peronismo en una causa por corrupción.

Un grupo de simpatizantes coreó hoy a la llegada del dirigente brasileño, tímidamente: “Olé, olé, olé, Lula, Lula”. El comedimiento se debió a que la Justicia autorizó la visita con la advertencia de que la expresidenta debía dar “estricto cumplimiento a la regla de conducta”, que consiste en “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

Según fuentes cercanas al líder brasileño, el encuentro, que duró casi una hora, fue muy personal, de una solidaridad muy fuerte de Lula con Fernández, pues el dirigente considera que existe una judicialización de la política en América latina. Ambos líderes evitaron salir al balcón.

Los abogados defensores de la expresidenta argentina señalan que Cristina Fernández es víctima de un caso de lawfare y que en ese uso político de la Justicia se buscó su proscripción, ya que con la condena firme no podrá ejercer cargos públicos de por vida.

Luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema contra la líder peronista, Lula habló por teléfono con ella para manifestarle su apoyo. “Observé con satisfacción la serenidad y determinación con la que Cristina enfrenta esta situación adversa y su determinación a seguir luchando [...] Le hablé de la importancia de que se mantenga fuerte en estos momentos difíciles”, declaró posteriormente.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil había contado detalles de su comunicación con Cristina Kirchner en una entrevista para el podcast “Mano a Mano”, conducido por el rapero brasileño Mano Brown. “El otro día llamé a Cristina Kirchner, que estaba condenada. La llamé para expresarle mi solidaridad, e incluso lloró. Le dije: ‘Cristina, te llamo porque quiero que sepas que mi amistad contigo no se debe a que tú y yo fuéramos presidentes. Mi amistad contigo se debe a que yo soy una persona y tú eres una persona’”.

El propio Lula tiene una historia de perseverancia. Durante su encarcelamiento, recibió la visita de personalidades como Noam Chomsky, el intelectual estadounidense que lo definió como “el preso político más importante del mundo”, así como el Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel. El Nobel también ha estado hoy en la reunión en el apartamento de Fernández.

El Supremo Tribunal de Brasil consideró que las pruebas de la causa Lava Jato, a cargo del entonces juez Sergio Moro, fueron obtenidas “bajo presión y bajo tortura psicológica” y anuló las sentencias en su contra. Además, afirmó que la prisión de Lula da Silva fue un “error histórico”. Un error que consistió en pasar un año y medio en la cárcel, y en no haber podido participar de las elecciones de 2018, en las que salió elegido el ultraderechista Jair Bolsonaro, hoy encausado por intentona golpista.

El encuentro entre el líder brasileño y Cristina Fernández tiene un plus político, ya que Lula da Silva no ha mantenido una reunión bilateral con Javier Milei en el marco de la cumbre del Mercosur que ha finalizado este jueves en la capital argentina. El saludo entre ambos ha sido parco.

Las diferencias entre Lula y Milei han quedado evidenciadas en sus discursos de traspaso de la presidencia del bloque regional. “Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos”, dijo el ultraderechista argentino luego de advertir que espera que, cuando Argentina recupere el liderazgo temporal de la organización, se hayan concretado las reformas liberales que busca imponer.

Milei habló de una “cortina de hierro” en el bloque y pidió un sistema “en el que cada país pueda gozar de mayor autonomía para aprovechar sus ventajas comparativas y su potencial exportador”.

En contraste, Lula da Silva dijo que Mercosur es un “lugar seguro”, con cimientos fuertes ante las amenazas de guerras comerciales. Anticipó que durante su turno al mando, Brasil buscará encarará el desafío del cambio climático. “La región sufre sequías e inundaciones, con sus consecuencias para los pueblos. La realidad expone la falacia del negacionismo climático”, afirmó. En su cierre, recordó que él provenía del misma región terrestre que dos referentes para el mundo recientemente desaparecidos: José Mujica y el papa Francisco.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del hospital Sirio Libanés de Brasilia tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica para drenar una hemorragia intracraneal que se produjo en un accidente doméstico, según ha informado el centro médico.

La cirugía se desarrolló sin problemas y Lula se encuentra bien en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Sírio-Libanés, en São Paulo, según el boletín divulgado en las redes sociales del mandatario.

El líder progresista brasileño, de 79 años, acudió la noche del lunes a un centro médico en Brasilia por “un dolor de cabeza” y, tras realizarle una resonancia magnética, le fue detectada “una hemorragia intracraneal”.

El jefe de Estado fue entonces trasladado de urgencia a la ciudad de São Paulo, donde pasó por el quirófano para drenarle el hematoma detectado en la cabeza.

“La cirugía transcurrió sin problemas y en este momento el presidente se encuentra bien, bajo monitoreo, en una cama de cuidados intensivos”, ha señalado el centro médico.

El hospital informó que en la mañana de este martes que realizará una rueda de prensa con los médicos responsables para actualizar el cuadro de salud de Lula.

El boletín especifica que la hemorragia es reflejo de la caída que sufrió el pasado 19 de octubre en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia brasileña, en Brasilia, y por la que hubo que darle cinco puntos de sutura en la nuca.

Durante las siguientes semanas pasó por diversas revisiones sin mayores problemas, aunque los médicos le impidieron viajar en avión durante un tiempo por precaución.

De hecho, tuvo que cancelar su viaje a Rusia, a finales de octubre, para participar en la cumbre del grupo de los BRICS.

Una vez recibió el alta, retomó sus viajes con normalidad.

Lula, en el poder desde el 1 de enero de 2023, viene de una intensa agenda de trabajo en noviembre y los primeros días de diciembre, después de ser el anfitrión en Río de Janeiro de la cumbre de líderes del G20 y viajar a Montevideo para la reunión semestral de presidentes del Mercosur.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha confirmado este martes el compromiso inversor de la compañía energética con Brasi ante el presidente del país suramericano, Luiz Inácio Lula da Silva, en un encuentro en Brasilia.

Neoenergia, la filial de Iberdrola en el país, planea invertir más de 7.000 millones de euros (45.000 millones de reales) entre 2024 y 2028 en Brasil gracias al marco regulatorio para las redes eléctricas.

La renovación de las concesiones de distribución culminará en la primera mitad del próximo año, reafirmando la estabilidad y la predictibilidad del sector eléctrico brasileño. La renovación se producirá por un plazo de 30 años sin coste adicional.

El presidente de Iberdrola transmitió también a Lula su compromiso con la COP30, que se celebrará en Brasil en 2025. Al encuentro asistieron también los ministros de Minas y Energía, Alexandre Silveira, y de la Casa Civil, Rui Costa, así como el consejero delegado de Neoenergia, Eduardo Capelastegui.

Iberdrola en Brasil

Iberdrola es, a través de Neoenergia, la primera distribuidora de Brasil, suministrando electricidad a más de 40 millones de brasileños. La eléctrica cuenta en el país con casi 730.000 kilómetros de líneas eléctricas, está presente en 18 estados y en el distrito federal del país. La filial brasileña de Iberdrola tiene cinco distribuidoras de electricidad: Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MS) y Neoenergia Brasília (DF).

Iberdrola cuenta además con una capacidad instalada en Brasil de unos 4.500 MW, de los que 3.900 MW son renovables. Su base de activos regulados de redes en el país se situaba a cierre del tercer trimestre en 10.300 millones de euros, lo que supone el 27% del total, solo por detrás del Reino Unido y los Estados Unidos (13.700 millones).

La filial de Iberdrola cuenta con un activo total de más de 16.000 millones de euros, tiene casi 16.000 empleados y ha incorporado a más de 7.000 trabajadores en los últimos cuatro años.

A las 19.30 horas del miércoles 13 de noviembre, mientras 20.000 agentes de seguridad blindaban Río de Janeiro para la cúpula de presidentes del G20, un hombre se autoinmoló a las puertas del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasilia. Francisco Wanderley Luiz, de 59 años, militante del Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro, se convirtió en el primer “hombre bomba” de la extrema derecha brasileña.

Caracterizado como el Joker, protagonista de película hollywoodiense de Todd Philips, Wanderley murió al explotar la bomba que cargaba en su propio cuerpo. Unos minutos antes, intentó invadir la sede del Supremo, detonó su coche estacionado en el Congreso de los diputados y arrojó un trapo mojado con gasolina sobre la estatua llamada La Justicia, que pensaba incendiar con un extintor lleno de combustible.

Una hora después de la muerte del “Joker Wanderley”, un hombre intentó entrar en la Granja do Torto, una de las residencias oficiales del presidente de Brasil. Un miembro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) tuvo que disparar un tiro para disuadir la invasión.

La euforia que el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses trajo al bolsonarismo se esfumó en apenas dos horas. Los incidentes de Brasilia del día 13 provocaron un punto de inflexión político. Y aceleraron la divulgación de inquérito do golpe, la investigación que la Policía Federal (PF) realiza desde hace dos años sobre el intento de golpe de Estado que desembocó en la jornada antidemocrática del 8 de enero de 2023 de Brasilia.

Tras la victoria de Trump, Jair Bolsonaro confiaba plenamente en la aprobación del proyecto de ley 2.858 del Congreso, un paquete de leyes de amnistía que, entre otras cosas, revertirían la inhabilitación política que le impide ser candidato. “Lo que ocurre en Estados Unidos acaba pasando aquí”, afirmó Jair Bolsonaro en una entrevista Folha de São Paulo un día después de las elecciones estadounidenses.

El intento de atentado del “Joker de Brasilia”, un hombre de extrema derecha que había amenazado en redes sociales a Lula y Alexandre de Moraes (ministro del Supremo), adepto de ideas conspiratorias de QAnon y anticomunista convicto, congeló el optimismo bolsonarista. La verdadera bomba llegó la mañana del martes 19 de noviembre. Mientras los presidentes del G20 se preparaban para la sesión de clausura, la Policía Federal (PF) hizo pública la “operación Contragolpe”, que reveló un plan para asesinar a Lula, Geraldo Alckmin (actual vicepresidente de Brasil) y Alexandre de Moraes a finales de 2022. Cuatro militares y un policía federal fueron detenidos.

Según se iba desgranando el contenido del plan para asesinar a Lula con veneno, el pánico se apoderaba del clan Bolsonaro. La investigación policial colocaba en el epicentro de la trama criminal a Walter Braga Netto, ministro de Defensa durante el gobierno Bolsonaro y candidato a vicepresidente en 2022.

Generales y kids pretos

La “operación Contragolpe” recoge indicios de la participación directa de Jair Bolsonaro en el intento de golpe de Estado y el asesinato de Lula. El general Mário Fernandes, entonces número dos de la Secretaría General de la Presidencia, confirmó, según el informe, que Jair Bolsonaro autorizó todo. El denominado plan Puñal Verde y Amarillo fue impreso en el palacio do Planalto (sede de la presidencia) y llevado a una reunión al Palacio da Alvorada (residencia oficial del presidente), en la que estaba presente Bolsonaro.

El golpe de Estado e intento de asesinato de Lula empezaron a tramarse, según la policía, en una reunión en la casa de Walter Braga Netto. El general habría asumido en ella la coordinación de los kids pretos (miembros de los cuerpos de operaciones especiales) que intentarían liquidar a Lula, Alckmin y Moraes. Además, Netto habría sugerido que los gastos de la operación podrían provenir de la caja del Partido Liberal. La investigación revela que los kids preto poseían “armamentos de guerra utilizados por grupos de combate” y detalles privilegiados sobre la agenda de sus objetivos.

Alexandre de Moraes fue el objetivo que estuvo más cerca de morir: llegó a estar en la mira de un francotirador que decidió abortar la operación por un cambio de planes de última hora. ¿Qué falta para que detengan a Jair Bolsonaro y el general Braga Netto?, escribía el martes Ricardo Noblat uno de los analistas políticos más prestigiosos de Brasil. 

Prisión de Bolsonaro

Tras dos días de desconcierto de la extrema derecha, la Policía Federal lanzó la tarde del jueves la traca final: entregó al Supremo el inquêrito do golpe, responsabilizando a Jair Bolsonaro y a otras 36 personas de “intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal”. En la lista de acusados están los generales Braga Netto y Augusto Heleno (exministro del Gabinete de Seguridad Institucional), así como Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileira de Inteligencia (Abin). El Supremo entregará el informe a la Fiscalía, responsable de ejecutar la denuncia, previsiblemente a inicios de 2025. Jair Bolsonaro podría enfrentarse a una pena de 30 años de prisión e inhabilitación política.

La “operación Contragolpe” coloca a Jair Bolsonaro contra las cuerdas. El expresidente ya estaba fuertemente comprometido por sus múltiples lazos con los acontecimientos antidemocráticos del 8 de enero de 2023 y la aparición de la minuta del golpe, un borrador de decreto que autorizaba un golpe de Estado.

Sin embargo, la Policía Federal ha escalado en los últimos días la implicación de Bolsonaro, al revelar la existencia de una organización criminal que actuó para intentar dar un golpe de Estado, atacar instituciones, vender ilegalmente joyas del Estado, defraudar certificación de vacunación, espiar a adversarios políticos y asesinar a sus oponentes.

“Los hechos dejan muy tocado a Bolsonaro. Prácticamente acaba con la posibilidad de ser amnistiado y de volver a disputar las elecciones presenciales de 2026 y de que haya un cambio en la decisión jurídica en ese sentido”, asegura Sérgio Praça, profesor de la Escola de Ciencias Sociales de la Fundación Getúlio Vargas, en entrevista con elDiario.es.

El proyecto de ley de la amnistía está casi enterrado. “No tiene sentido hablar de amnistía para los condenados por el ataque golpista del 8 de enero de 2023 ante la actual conyuntura”, aseguró el jueves Gilmar Mendes, ministro del STF. El Partido de los Trabajadores (PT) ha aprovechado la tesitura para pedir a Artur Lira, presidente de la mesa del Congreso, que aparque indefinidamente el proyecto de ley de amnistía.

Liderazgo político en baja

Tras el breve paréntesis del efecto Trump, el liderazgo político de Bolsonaro está seriamente comprometido. La trepidante semana brasileña ha reforzado la soledad del expresidente. Los caciques conservadores de Brasil están empezando a abandonarlo a su suerte.

“Su ápice fue en 2018, cuando fue electo. De ahí para adelante solo menguó, porque no supo liderar el país”, afirmó un líder conservador a la periodista Raquel Landim. Por si fuera poco, la inclusión en la lista de acusados de Valdemar de Costa Netro, presidente del Partido Liberal (PL), acierta de lleno en la línea de flotación del principal partido de la oposición.

La elecciones municipales de octubre, muy por debajo de las expectativas del PL, ya habían supuesto la irrupción de nuevas alternativas ultras. Por un lado, el coach radical Pablo Marçal aparece muy bien posicionado en las encuestas presidenciales. Por otro, União Brasil, poderoso partido conservador, ya ha anunciado que tendrá candidato propio. Los desdoblamientos del inquêrito do golpe podrían provocar, en palabras de Sérgio Praça, un alejamiento del partido de Bolsonaro de la extrema derecha: “En el PL no solo hay extremistas. Hay gente más sensata, menos proclive a dictaduras y golpes de Estado. Con la acusación a Valdemar Costa Neto, que debilita al PL, el partido va acabar migrando hacia el centro”.

Para el presidente Lula, que ha perdido popularidad en lo que va de año, la trama golpista es una tabla de salvación. “Tengo que agradecer ahora porque estoy vivo. El intento de envenenarnos a mí y a Alckmin no funcionó. Aquí estamos”, afirmó este jueves desde el palacio do Planalto. El victimismo ha cambiado de lado. Si hasta ahora era Jair Bolsonaro quien usaba el atentado sufrido durante la campaña electoral de 2002 como comodín para reforzar su imagen, Lula está ya surfeando la ola del intento de asesinato. “Yo no quiero envenenar a nadie. La única cosa que quiero es que cuando termine mi mandato desmoralicemos, con números, aquellos que gobiernan antes de nosotros”, matizó Lula. 

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) ya ha pedido al Supremo la prisión preventiva de Jair Bolsonaro, algo poco probable según la mayoría de los analistas. “Bolsonaro no va dejar de ser un líder popular. Muchos de sus seguidores van a ver estos acontecimientos como un complot del Supremo, el PT, los medios, en fin, teorías de la conspiración”, afirma Sérgio Praça. El Supremo difícilmente ordenará la prisión preventiva del expresidente, ya que podría provocar que una multitud enfurecida se levante y tome el mismo rumbo radical que el “Joker de Brasilia”, el hombre-bomba que aceleró el cerco a Jair Bolsonaro.

Multilateralismo internacional e inclusión social. Paz mundial, protección del medio ambiente y una sociedad civil empoderada. A las puertas de la reunión de los jefes de estado del G20 que arranca el lunes, Lula da Silva, presidente de Brasil, realizó un encendido discurso en la clausura del G20 Social, la cúpula de la sociedad civil habilitada por primera vez en la historia del G20. “El G20 tiene que ocurrir todos los santos días, porque hay 733 millones de habitantes pasando hambre. En los últimos años, el mundo gastó dos billones y 400.000 millones de dólares en armamento y no gastó casi nada en la comida para gente que la necesita”, aseveró el presidente brasileño. Lula, recibido como un verdadero rock star en el G20 Social, fue especialmente crítico contra el neoliberalismo económico: “Para llegar al corazón del ciudadano común, los gobiernos necesitan romper con la disonancia cada vez mayor entre la voz de los mercados y la voz de las calles. El neoliberalismo agravó la desigualdad económica y política que hoy asola las democracias”. Para superar el impasse, Lula considera que el G20 necesita urgentemente discutir una serie de medidas para “reducir el coste de vida y promover jornadas de trabajo más equilibradas”. 

Dos horas después de haberse reunido con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en el fuerte militar de Copacabana, Lula incidió en la reforma de las instituciones globales. Rodeado de movimientos sociales y representantes de la sociedad civil internacional, Lula pidió democratizar el Consejo de Seguridad: “Cuando la ONU fue creada tenía 56 países participando, hoy tiene 196 países. ¿Dónde está el continente africano en el Consejo de Seguridad?, ¿dónde está el continente latinoamericano?, ¿dónde está la India?”. La yemení Tawakkol Karman, premio Nobel de la Paz de 2011, que agradeció a Lula su defensa del pueblo palestino frente “al genocidio de Israel”, afirmó unos minutos antes que solo reformando las instituciones internacionales se conseguirá la paz global. 

Por su parte, Ronald Ramola, ministro de Asuntos Externos y Cooperación de África del Sur, se comprometió a replicar el G20 Social el año que viene, cuando el país asume la presidencia del G20. Ramola, que también asoció la voz de la sociedad civil global al proceso de multilateralismo, criticó con dureza a Israel y comparó el apartheid histórico sudafricano con la ocupación de Israel en Palestina: “Continuaremos exigiendo la responsabilización del gobierno de Israel. Estamos con el pueblo de Palestina. Vamos a liberar a Palestina. Palestina libre”, concluyó Ramola. “El G20 necesita comprometerse con la paz”, sentenció el presidente Lula.

El presidente brasileño también hizo una alusión a la emergencia climática. Citando diversas catástrofes ambientales recientes, entre ellas, la DANA de València, Lula apremió a tomar medidas urgentes en la cuestión climática: “Somos responsables de la única casa que tenemos, que es el planeta tierra”

Lula se comprometió a entregar al resto de presidentes del G20 la declaración de la Cúpula Social, con propuestas de la sociedad civil trabajadas a lo largo del año y discutidas en los últimos tres días. 

G20, cara B

Brasil ha puesto mucho énfasis en la programación paralela del G20. Desde el pasado miércoles, los galpones del puerto de Río de Janeiro, recuperados para la ciudad para las Olimpiadas de 2016, han sido en un hervidero de actividades. Apoyándose en la herencia del Fórum Social Mundial (referencia de la participación de la sociedad civil en la década de los dos mil) y el legado participativo de los gobiernos petistas (2003-2016), el G20 Social ha sido una de las apuestas brasileñas para revolucionar las dinámicas verticales del G20. “Nunca más esos esnobs van a hacer el G20 sin la participación del pueblo”, aseguró Márcio Macêdo, ministro de la Secretaría General de la Presidencia da República, en la abertura del G20 Social. 

Aparte de las reuniones, debates, plenarias y cientos de actividades autogestionadas, el Píer Mauá del puerto de Río de Janeiro ha acogido la Urban 20 (U20, reunión de los principales alcaldes del mundo), el Cria Rede (espacio con charlas y talleres de influenciadores digitales) y el festival musical Aliança Global Contra el Hambre y la Pobreza, coordinado por Janja da Silva, primera dama de Brasil. La cara B del G20, a parte de servir para el debate de la sociedad civil, es un trampolín estratégico para el gobierno brasileño. “No podría haber una discusión efectiva sobre esos temas si no hubiera diálogo con la sociedad”, afirmó Mauro Vieira, ministro de Asuntos Exteriores de Brasil. Margareth Menezes, ministra de Cultura de Brasil, sostiene que el G20 Social quiere dejar para “el mundo una propuesta de gobernanza global que reconozca la participación de la sociedad civil”.

De la soberanía alimentaria a la IA

Tiago Ribeiro, de la cooperativa Coleta de Sementes, del Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ha vendido semillas autóctonas en la feria solidaria del G20 Social. “Este espacio es una oportunidad para mostrar que existen alternativas al sistema agrícola internacional basado en patentes y pesticidas”, asegura a elDiario.es. Frente al monocultivo, Tiago defiende sistemas de explotación agroflorestal que combinan protección de bosques nativos y agricultura. A unos metros, dentro de uno de los galpones, un panel sobre seguridad alimentaria destacaba la importancia de las cocinas solidarias, restaurantes populares, cestas de alimentos y de la agricultura familiar. Iniciativas que Brasil incorporará a la Alianza Global contra el Hambre, la iniciativa estrella de Brasil para el G20, que se lanzará el próximo lunes y ya cuenta con la participación de 41 países. 

El G20 Social es una extensión de la marca Lula. En él, no sólo reverberan sus banderas históricas, sino los ecos de tiempos pasados más gloriosos. Dentro del galpón World Forum of Favelas, destinado a diálogos de las periferias globales, el legendario futbolista Cafú, entregó el viernes a Ángela, una adolescente negra del público, la copa del mundo de fútbol de la FIFA de 2002, última conquistada por Brasil. “La favela es una potencia mundial”, aseguró Cafú, capitán de la selección de 2002. La importancia de los gobiernos locales del U20 también dialoga con la oleada municipalista progresista que precedió a la llegada de Lula al poder en 2002. “Haga lo que haga el gobierno nacional de Trump, trabajaremos localmente contra el cambio climático”, afirmaba el jueves Neicy Shutley, del ayuntamiento de Los Ángeles, en un panel del U20. 

A pesar de que el G20 Social es un intento de rescatar el legado de los trece años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), algunas banderas históricas han estado ausentes. Los cambios sufridos por el mundo han modificado algunos debates. Las centrales sindicales han incluido en sus propuestas la renta básica universal y medidas contra precarización del trabajo provocado por plataformas digitales como Uber. La soberanía tecnológica, bandera histórica de los gobiernos de Lula, ha desaparecido tanto del G20 como del G20 Social. En el evento Cria Río, el mundo de los influencers ha sustituido el debate histórico del uso de software libre y licencias como Creative Commons. “Hemos apostado por la participación colaborativa, por dar voz a una red de colaboradores que ya tienen una actuación en los territorios. Las tecnologías libres deberían incluirse en próximos encuentros”, asegura a este medio Marcelo Branco, activista histórico del software libre y uno de los articuladores de la coordinación de comunicación del G20 Social. 

Como contrapunto, personas clave en la lucha contra las fake news cerraron el Cria Río con el panel G20 Talks Combate à Desinformação. Después de tres días de talleres sobre algoritmos, filtros de TikTok y claves para monetizar cuentas de Instagram, Felipe Neto reforzó la importancia de luchar contra el discurso de odio, Humberto Ribeiro (fundador de Sleeping Giants Brasil) y compartió cómo la organización lucha contra empresas cuya publicidad financia a la extrema derecha y la activista filipina Mitzi Jonelle arremetió contra el negacionismo climático.   

La gran apuesta tecnológica de Brasil para el G20 tiene que ver con la Inteligencia Artificial. La declaración de São Luiz, elaborada en encuentros celebrados a lo largo del año, lanza recomendaciones para una Inteligencia Artificial sin racismo algorítmico, desigualdad digital y violación de derechos humanos. Aisha Sayuri da Rocha, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), aseguró que las tecnologías de inteligencia artificial que no respeten los derechos humanos deben ser prohibidas.

Críticas

A pesar del esfuerzo del gobierno de Brasil, no todas las organizaciones de la sociedad civil participaron G20 Social. La Asociación Brasileña de Prensa acogió la Cúpula dos Povos, una contra cúpula protagonizada por movimientos sociales y sindicales que critican la “ley del silencio” impuesta por el gobierno a los participantes en el G20 Social. “En la Cúpula se ha criticado el modelo de control de gastos públicos que solo beneficia el mercado financiero y la contradicción medioambiental del gobierno Lula, que intenta conciliar el desarrollo económico con el discurso de la preservación y transición energética”, afirma a eldiario.es André Lobão, del Sindicato de los Petroleros de Río de Janeiro (Sindipetro). 

Mientras Lula recibía a Antonio Guterres en el fuerte de Copacabana, la Marcha dos Povos, organizada por trescientas organizaciones sociales, mandaba un mensaje claro en sus pancartas principales: “Lula, rompe con Israel, contra el genocidio”, “Fuera G20 y genocidas globales”.

La música brasileña de las últimas cuatro décadas, y posiblemente la poesía, no se entendería sin la sombra transversal y alargada de Arnaldo Antunes (São Paulo,1960). Primero como miembro de Titãs, banda de referencia del rock brasileño de los 80 y después con el éxito planetario de la banda Tribalistas, que formó con Marisa Monte y Carlinhos Brown. Pero también con una prolífica carrera en solitario y una relevante trayectoria como poeta, reconocida con premios literarios como el Jabuti, uno de los más prestigiosos de Brasil.

Antunes conversó con elDiario.es desde Brasil, pocos días antes de llegar a Galicia. Desde su viaje artístico hasta alcanzar “la palabra desnuda”, de los vasos comunicantes entre poesía y música que le influyeron desde Vinicius de Moraes, pasando por el Tropicalismo o su admiración por la lírica medieval de Martín Códax. Antunes es músico, poeta o performer, pero ante todo un artista comprometido sin dobleces contra el auge de la extrema derecha y la debacle cultural provocada por Bolsonaro, que supuso “una usurpación del espacio vital por parte del poder”.

El pasado año se embarcó en una gira de conmemoración con Titãs y no descarta un nuevo reencuentro con Tribalistas: “Nunca hacemos planes, pero puede ocurrir”. Mientras tanto sigue con su carrera y sus conciertos en solitario. Los próximos días llegará a Galicia con dos actuaciones programadas. Una con su banda, en la Sala Capitol de Santiago el sábado 19 de octubre y otra en A Coruña el jueves 31 de octubre, con el virtuoso Víctor Araújo acompañándole al piano.

Llega a Galicia con dos formatos diferentes, uno con banda y otro con voz y piano. ¿Qué tiene cada uno de diferente?

El primero, con una banda que toca conmigo hace años, es un repertorio de varias épocas diferentes, desde mi época con Titãs, pasando por algo de Tribalistas y mi época de solista. El segundo es una novedad porque yo nunca había hecho nada con voz y piano.

Trazó su camino desde el rock de Titás o después en formaciones como Tribalistas. ¿Por qué decidió grabar el disco Lágrimas do mar solo con piano y girar con este formato inusual? 

Lo grabamos durante la pandemia y apenas pudimos estrenarlo hasta 2022. Es algo muy diferente. Me gusta este tipo de formato con Víctor Araújo al piano porque no tiene una marcación rítmica como con la banda. Son tiempos flexibles, puedo extender y jugar con las sílabas y las palabras como yo quiero.

¿Siente que su carrera va evolucionando más hacia la palabra desprovista de artificios, próximo a un formato spoken word?

Hacer un concierto solo de piano y voz nace con la intención de llegar a la semilla y al corazón de la canción, a la canción en su estado más primario, completamente desnuda. Quise experimentar algo que no había hecho antes y me gusta mucho hacerlo. A veces hay poemas hablados, unidos de alguna manera al lenguaje de la canción porque siempre hice performances de poesía.

Brasil tiene una gran tradición de la conjunción entre poesía y música, con referentes como Vinicius de Moraes. Usted también es poeta, ¿se considera un continuador de esa tradición?

La tradición de la canción en Brasil tiene detrás un trabajo poético muy sofisticado. Hai compositores anteriores que tienen un un trato íntimo con la palabra como Noel Rosa, Lamartine Babo o Ismael Silva. En mi caso, en mi período de formación, cuando era adolescente en los 70, tuve una aproximación muy grande a la poesía, en ese momento en el que se encontraron el Tropicalismo y la poesía concreta.

Supongo que ese encuentro le deja su impronta en ese momento como poeta y músico…

Es que además de Vinicius, Caetano Veloso musica los poemas de Augusto de Campos y hay muchos poetas de ese momento que trabajaron la poesía escrita y la poesía cantada. Textos de poetas como Paulo Leminski, Antonio Cicero, Waly Salomao o Torquato Neto son cantados por Caetano, Maria Bethania, Gilberto Gil o Gal Costa.

¿Se podría decir que esa poesía era minoritaria y la canción de la Música Popular Brasileira (MPB) la acercó a la cultura de masas?

Creo que fue muy fecundo ese encuentro. La poesía era más minoritaria pero era considerada en un status superior a la canción popular. Sin embargo la canción popular llegaba más a la cultura de masas y en ese momento se produce una ruptura de ese paradigma.

Volvió a hacer una gira con el histórico grupo de rock Titãs y regresó en 2017 con Tribalistas. ¿Habrá nuevos episodios de estos encuentros o es un capítulo de su vida artística ya cerrado?

Con Titãs fue una celebración especial de los 40 años de la banda. Estuve en la banda del 82 al 92, y fue muy emocionante a nivel personal, además de tener un éxito enorme. No creo que sea algo para seguir haciendo periódicamente.

¿Y con Tribalistas? ¿Piensa en un posible regreso con Marisa Monte y Carlinhos Brown?

El encuentro con Marisa y Carlinhos es siempre muy fértil. Nos produce mucho entusiasmo mutuo y componemos muchas cosas juntos, es un ejercicio de composición permanente. Hicimos en estos años muchas canciones juntos, que grabamos como solistas o grabaron otros artistas, pero no sabemos si habrá un nuevo Tribalistas. No tenemos un plan marcado, pero puede ocurrir. El futuro es muy largo.

Con Marisa Monte, usted ganó hace poco un juicio contra el alcalde de São Paulo, el magnate conservador João Doria, por el uso de su música sin consentimiento en su campaña política. Él les llamó “izquierdópatas y parásitos”. ¿Qué supuso para ustedes que les diesen la razón? 

Ha cambiado mucho lo legislado sobre los derechos de autor. Con las redes, la gente pasa a usarlo de la forma que un autor no desearía, y lo hacen sin nuestra autorización. No nos ha gustado este uso político de nuestras canciones, por eso tomamos medidas y ganamos el juicio. La indemnización (sobre 16.000 euros, al cambio), la donamos a la escuela de samba Mirim da Portela de Rio de Janeiro.

Con su palabra y su actitud, usted se convirtió en una cara visible del activismo cultural contra Bolsonaro. El auge de la extrema derecha se ha expandido también a Europa y España, ¿qué postura puede tener un creador comprometido ante este avance de recorte de libertades? 

Vivimos una situación en el mundo preocupante con esta amenaza que supone el auge de la extrema derecha en el mundo. Por eso tenemos que levantar nuestra voz, sea como ciudadanos manifestándonos y como artistas con las canciones. Compuse un tema, O real resiste, para hablar sobre el impacto de la elección de Bolsonaro en Brasil.

¿Quiere decir que el artista debe combatir con sus canciones determinadas actitudes políticas?

No creo que la canción deba nacer con la obligación de manifestarse siempre politicamente, pero a veces esto es inevitable. Sobre todo como en la época de Bolsonaro, cuando el poder usurpa nuestro espacio vital y eso no se puede obviar. Cuando me salió lo hice con una emoción muy genuina, muy verdadera.

¿En qué fase está ahora Brasil con esta etapa de Lula respecto a la anterior con Bolsonaro?

Estamos más optimistas con Lula, pero la extrema derecha continúa siendo una amenaza y eso es preocupante. Tuvimos elecciones municipales ahora y vimos un crecimiento muy grande de esa derecha intolerante y autoritaria. Creo que debemos posicionarnos siempre que sea preciso. La polarización prosigue y hay mucho trabajo por delante para concienciar a las personas de que puedan frenar este impulso autoritario que amenaza la democracia.

¿Tiene algún vínculo a través de la lengua con la música de Galicia o con artistas de aquí?

Conozco cosas de música medieval. En concreto la obra de Martín Códax me encanta, pero la música y la canción contemporánea de Galicia desafortunadamente no la conozco. Me gustaría mucho saber más y aceptaré recibir indicaciones en estos días que esté por ahí.

El pasado miércoles 18 de septiembre, la red social X volvió a estar operativa en Brasil, a pesar del bloqueo ordenado por el Supremo Tribunal Federal (STF). Un cambio de servidores de la red X, que pasó a usar las direcciones de IP dinámicas de la empresa Cloudflare, burló el bloqueo. “Cualquier magia suficientemente avanzada es indistinguible de la tecnología”, escribió Elon Musk en su perfil de X, alterando ligeramente una frase del escritor de ciencia ficción Kim Stanley Robinson. Alexandre de Moraes, ministro del STF, aplicó una nueva multa de 5 millones de reales (unos 820.000 euros) a X, al considerar que la plataforma pretende “faltar el respeto al Poder Judicial brasileño” por medio de una “fraudulenta, ilícita y recalcitrante persistencia”. 

Cuando parecía que el enfrentamiento entre Musk y Moraes iba a escalar a una nueva fase, X emitió un comunicado reconociendo que la restauración del servicio fue involuntaria y mostrando voluntad de colaboración: “Continuamos con los esfuerzos para trabajar con el gobierno brasileño para que ella (X) vuelva de la forma más breve posible al pueblo brasileño”.

Dos días después, X nombró a su nuevo representante legal en Brasil: Rachel de Oliveira Villa Nova, antigua abogada de la empresa antes del cierre de su oficina en el país en agosto. Después de que el STF saldara las multas de 18 millones de reales de la plataforma usando las cuentas de X y de Starlink (empresa de Internet vía satélite propiedad de Elon Musk), el nombramiento de un representante legal abre el camino a la restauración del servicio de X en el país sudamericano. “La decisión que tomó Alexandre de Moraes exigía tres condiciones para que X vuelva. Esas condiciones están prácticamente cumplidas”, asegura João Brant, secretario nacional de Políticas Digitales.

Con el actual bloqueo de X y el carácter sigiloso del proceso no es posible verificar si la tercera condición (el cierre de perfiles con contenido golpista), se cumple totalmente. Ya han sido bloqueados algunos de los perfiles más polémicos, como de los influenciadores digitales Allan dos Santos (fugitivo de la justicia) y Paulo Figueiredo.

Presión de los inversores

Alexandre de Moraes solicitó el pasado sábado más documentación a X, alegando que el nombramiento de representante legal en el país “no fue debidamente presentado”. Además, autorizó a la Policía Federal (PF) a investigar a perfiles que burlaron el bloqueo de X usando servicios de la tecnología Virtual Private Network (VPN), como los diputados Eduardo Bolsonaro (hijo del ex presidente), Níkolas Ferreira o Carla Zambelli. El retorno del funcionamiento de X en Brasil depende a su vez, según la BBC, del pago de una nueva multa que está siendo calculada por diversos órganos públicos de Brasil. 

El principal motivo para el cambio de estrategia de X reside, según la mayoría de analistas y especialistas, en la presión de los inversores de la plataforma. Bruna Santos, de la organización global Digital Action, considera que la plataforma depende de los inversores y de su imagen pública. “Todo lo que está ocurriendo no ha beneficiado a la imagen de la plataforma, que ha sufrido un éxodo considerable de anunciantes”, aseguró Bruna dos Santos a la BBC. 

Un estudio de la consultora Kantar, basado en entrevistas con 18.000 consumidores de 27 mercados y mil inversores en publicidad, revela que el 26% de los anunciantes planea recortar su inversión en X. De hecho, el 14% de los encuestados retirará sus presupuestos de esta red social antes de que concluya el año. La falta de control de contenido de extrema derecha en X, algo que viola leyes en la mayoría de países, es uno de los motivos alegados por algunos anunciantes. “X ha cambiado mucho en los últimos años y puede ser impredecible de un día para otro. Es difícil confiar en la seguridad de tu marca en un entorno como ese”, afirmó Gonca Bubani, directora de Kantar, en declaraciones a The Guardian. 

Por otro lado, el cambio de estrategia de Elon Musk en Brasil se produce tras la migración de millones de usuarios a aplicaciones como Threads de Instagram o a plataformas como Bluesky. Y justo en el momento en el que la empresa E-Space, empresa de Internet por satélite que disputa mercado a Starlink, haya recibido autorización para operar en Brasil.   

Brasil contra las 'big tech'

El presidente brasileño Lula da Silva hizo una alusión velada a Elon Musk en su intervención en la ONU del pasado martes. “El futuro de nuestra región pasa por la construcción de un Estado sostenible, eficiente, inclusivo, que enfrente todas las formas de discriminación, que no se intimide frente a individuos, corporaciones o plataformas digitales que se creen por encima de la ley”, afirmó el mandatario brasileño. Da Silva recogía así el guante de la carta Contra el ataque de las Big Tech a las soberanías digitales , firmada por intelectuales y activistas de todo el mundo, entre ellos, Thomas Piketty, Yanis Varoufakis, Renata Ávila o Cory Doctorow. 

La carta considera el caso brasileño como “el eje pivotal del conflicto entre las corporaciones big tech y aquellos que buscan construir una democracia y un paisaje digital centrado en las personas”. La carta solicitaba apoyo internacional a Brasil, un país que durante los gobiernos izquierdistas entre 2003 y 2016 fue una referencia en soberanía tecnológica. El sector público apostó entonces por el software libre (en detrimento de los sistemas operativos de Microsoft o Apple), y aprobó el Marco Civil de Internet, que protege la neutralidad de la red frente a las prácticas monopolísticas de las multinacionales. Entre las prioridades del actual gobierno de Lula se encuentran el lanzamiento de un sistema de Internet vía satélite de titularidad pública e impulsar nuevas formas de Inteligencia Artificial desde el sur global, discusión que está ganando peso durante la presidencia brasileña del G20.

El escritor Kim Stanley Robinson, a pesar de no haber firmado la carta de apoyo a Brasil, parece estar al lado de Lula frente a Elon Musk. “No tengo fé en los millonarios, no deberían existir”, confesó tras el lanzamiento de su última novela, El ministerio del futuro. 

Pedir los detalles del recuento antes de reconocer el triunfo del chavismo. Es la estrategia por la que han optado actores de peso de la izquierda de América Latina como Colombia y Brasil después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamara a Nicolas Maduro vencedor de las elecciones presidenciales del pasado domingo entre denuncias de “fraude” por parte de la oposición. Aunque hay división en las posturas de los líderes políticos de la región, una sucesión de gobiernos y voces destacadas del espectro progresista han evitado, de momento, alinearse con el presidente venezolano. Algunos arrojan sus dudas sobre el recuento, otros prefieren la cautela, pero el mensaje es prácticamente unánime: exigir “transparencia” para disipar dudas a medida que la situación se vuelve más tensa en la nación caribeña.

Muchas miradas se han posado sobre Gustavo Petro, que llegó a la presidencia de Colombia en 2022 tras unas históricas elecciones que llevaron a la izquierda al poder por primera vez en décadas. Este miércoles, Petro ha roto un silencio de tres días con un cuidadoso comunicado en el que se ofrece como mediador para resolver la crisis política y en el que llama al Gobierno de Maduro “a permitir que las elecciones terminen en paz permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional”.

Las actas electorales muestran el resultado por partido y por mesa y se cree que su publicación arrojará luz sobre los comicios. El órgano electoral venezolano todavía no las ha hecho públicas y su sitio web oficial lleva desde el lunes sin estar operativo. Las autoridades han denunciado un ataque informático al sistema electoral. Entretanto, el Centro Carter, que formaba parte de los observadores internacionales que habían sido invitados por el Gobierno de Maduro para fiscalizar las elecciones, considera que estas no se adecuaron “a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no pueden ser consideradas como democráticas”. 

Petro ha dicho que Maduro “tiene hoy una gran responsabilidad, recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido”. “Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia”, señala. En el texto, en el que también solicita a EEUU poner fin a las sanciones, el mandatario colombiano propone un acuerdo entre Gobierno y oposición secundado por el Consejo de Seguridad de la ONU. “El escrutinio es el final de todo proceso electoral, debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia”, concluye.

Brasil tardó unas horas en pronunciarse tras el anuncio del órgano electoral venezolano y, cuando lo hizo, fue a través de un escueto comunicado oficial del Ministerio de Exteriores la mañana del lunes. Tras celebrar el “carácter pacífico de la jornada electoral”, la nota subrayaba que el Gobierno está a la espera de la publicación de los datos “detallados por mesa de votación”, un requisito que calificó como “un paso indispensable para la transparencia, credibilidad y legitimidad del resultado del proceso” electoral.

El martes, en una llamada de media hora con su homólogo estadounidense, Joe Biden, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula reiteró la posición de su país de “seguir trabajando por la normalización del proceso político” en Venezuela, y afirmó que es “fundamental” la publicación de las actas, según el Gobierno brasileño. El mandatario también aseguró en una entrevista televisiva que no ve “nada grave” en la situación. “No hay nada grave, no hay nada que asuste. Hay unas elecciones, hay alguien que dice que ha obtenido el 41%, hay otro que dice que ha obtenido el 50%”, dijo. “Es normal pelearse. ¿Cómo se resuelve la disputa? Presentando las actas. Si hay dudas sobre las actas, la oposición debe presentar un recurso y esperar la decisión, que tendremos que acatar”.

Antes de los comicios, Lula, un peso pesado regional que se ha posicionado como mediador y ha seguido el proceso a través de su asesor Celso Amorim en Caracas, manifestó su preocupación por las declaraciones del presidente venezolano, que dijo que si perdía las elecciones iba a haber “un baño de sangre”. “Maduro tiene que aprender que cuando uno gana se queda, y cuando pierde se va y se prepara para otras elecciones”, respondió el líder brasileño.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha abogado por “esperar” antes de reconocer el triunfo de Maduro, si bien ha asegurado que “no hay pruebas” sobre el supuesto fraude electoral en Venezuela. “Vamos a esperarnos. Yo creo que se tienen que presentar pruebas, las actas”, ha dicho este miércoles el mandatario durante su rueda de prensa matutina. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha calcado sus comentarios, pidiendo “transparencia”. “Lo primero es transparencia en el resultado, que se termine de contar, y lo segundo, también decir, que no estamos de acuerdo con el intervencionismo”, ha señalado la presidenta electa. 

“Los tres principales gobiernos de izquierdas que pueden tener más peso en sus pronunciamientos son Brasil, que tuvo mucho empeño para que se celebraran elecciones y que presionó para que se pudiera presentar la oposición; Colombia, que intentó hacer de mediador con una serie de cumbres y que ha buscado una salida política al conflicto, y México, que no ha estado tan implicado, pero que es un país de peso en la región”, dice a elDiario.es Anna Ayuso, investigadora para América Latina del think tank CIDOB. “Los tres buscan ese espacio de mediación y una salida política. 

Chile, un paso más allá

La experta analiza que estos países “no han hablado de fraude, sino que han pedido transparencia”. “El único que ha hablado directamente de fraude ha sido el presidente de Chile, Gabriel Boric”, agrega.

Boric fue uno de los primeros en dar un paso al frente para exigir transparencia en el recuento, cuestionando abiertamente los datos aportados por las autoridades venezolanas. El presidente chileno –que durante su mandato ha intentado mantener por lo general un tono crítico con las violaciones de derechos humanos por parte de los gobiernos de otros países, sean del color político que sean– dijo en una publicación en X que los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral “son difíciles de creer” y que su país no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable”, exigiendo la total “transparencia de las actas y el proceso”. “Estamos a la espera de que los resultados sean completamente transparentes y verificables”, suscribió Camila Vallejo, portavoz del Gobierno chileno y uno de los rostros más visibles del Partido Comunista, el ala izquierda del Ejecutivo de Boric. 

El Gobierno venezolano exigió a Chile, así como a otros países como Argentina o Perú, la retirada “inmediata” de sus delegaciones diplomáticas en rechazo a lo que denominó “injerencistas acciones y declaraciones” sobre las presidenciales. Boric reaccionó a la expulsión del personal diplomático chileno asegurando que “demuestra una intolerancia impropia de las democracias” y se reafirmó en X: “Es justamente el respeto a la soberanía del pueblo venezolano, y los efectos que la diáspora forzada de parte importante de ese pueblo ha provocado, lo que nos lleva a exigir transparencia. Ni subordinaciones, ni cálculos. Principios”. 

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunció de manera similar a Boric en la red social, vertiendo sus “muchas dudas” sobre los resultados publicados por el organismo electoral venezolano. “Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo”, dijo el dirigente del partido progresista Movimiento Semilla, que acaba de cumplir seis meses en el cargo. “Son imprescindibles los informes de las misiones de observación electoral, que hoy más que nunca,  deben defender el voto de los venezolanos”.

“Hay un cansancio con el efecto negativo que tiene en la cooperación regional por una parte. Pero en algunos casos también es un cambio generacional”, sostiene Ayuso sobre el distanciamiento de gobiernos progresistas latinoamericanos con el Ejecutivo venezolano. “Tiene más que ver con la defensa de la democracia que con un alineamiento ideológico”.

De José Mujica a Alberto Fernández

Una voz tradicionalmente respetada en la izquierda latinoamericana es la del expresidente de Uruguay, José Mujica, quien también ha apostado por pronunciarse más adelante sobre Venezuela ya que, según dijo en una entrevista, de momento “no hay información creíble de lo que pasó en las elecciones en ningún lado, ni de uno, ni del otro”. La coalición de izquierdas en la que se ubica Mujica, Frente Amplio, repitió el guion de Brasil y aseguró que espera que se publiquen la totalidad de las actas con los datos desglosados por mesa electoral, algo “fundamental para la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados de la elección”.

Al otro lado del Río de la Plata, el expresidente argentino, Alberto Fernández, se ha mostrado crítico con la “dilatación” a la hora de dar a conocer las actas electorales en un país con “uno de los sistemas electorales más seguros del mundo”. “¿Por qué no muestra las evidencias de ese triunfo? ¿Por qué no las hace públicas? Esa es la parte que no entiendo. ¿Por qué cuando todos estamos pidiendo que muestre la actas, se hace proclamar en 24 horas presidente de Venezuela sin dar respuesta?”, dijo este martes en una entrevista. “Ahora dicen que van a publicar las actas. Y va a haber una nueva discusión sobre si son las reales, si fueron adulteradas. Yo creo que cometió un error el gobierno de Venezuela, y quiero creer que de buena fe”, añadió, afirmando que trata de mantener “la prudencia”.

En X, Fernández sostuvo que Venezuela, que “se ha visto sometida a un bloqueo”, debe “recuperar su convivencia democrática”, para lo que es “esencial” disipar “cualquier duda sobre el resultado” de las elecciones. “Sin esa certeza, las disputas permanecerán y todo justificará el sostener ‘sanciones’ que solo seguirá dañando al pueblo venezolano”, agregó. Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner aún no ha roto su silenció sobre la situación en Venezuela.

Los que felicitan a Maduro

No todos los líderes de la región se han posicionado de la misma manera. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue uno de los primeros en felicitar a Maduro: “Hermano, tu victoria, que es la del pueblo bolivariano y chavista, venció limpiamente a la oposición proimperialista de forma inequívoca. Así derrotaron también a la derecha regional, injerencista y monroísta [referencia a EEUU]. El pueblo habló y la Revolución ganó”. El Gobierno cubano sostiene que las críticas al proceso electoral forman parte de “una manipulación mediática y política” dirigida a “intentar un golpe” contra Maduro.

Daniel Ortega, mandatario nicaragüense que ganó su quinto mandato consecutivo tras una farsa electoral en 2021 en la que detuvo a siete candidatos opositores, también felicitó al presidente venezolano casi de manera inmediata y argumenta que las dudas sobre la victoria de Maduro son parte de un “nuevo intento de golpe de Estado” de los “imperialistas”. “Una gran cantidad de gobiernos latinoamericanos” forman parte de un “plan” que “estaba muy bien organizado”, junto a opositores venezolanos, “de lanzarse todos en contra de los resultados electorales”, ha dicho Ortega.

“Cuba y Nicaragua no tienen gobiernos democráticos y no están para dar lecciones. Son aliados permanentes”, dice Ayuso, que sí destaca la posición de Bolivia, “el único con más peso democrático que mantiene esta posición de apoyo a Maduro junto a Xiomara Castro en Honduras”.

El presidente Boliviano, Luis Arce, dijo que el lunes que la victoria de Maduro es una “gran manera de recordar al comandante Hugo Chávez”. “Hemos seguido de cerca esta fiesta democrática y saludamos que se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas”, añadió el presidente, que el mes pasado sufrió un intento de golpe de Estado. Un día después, el Gobierno matizó ligeramente su posición, argumentando que la felicitación fue “un tema de protocolo” tras recibir “información oficial”, sin entrar a valorar la veracidad de esa información. “Nosotros como Bolivia, en el marco de la diplomacia, no hacemos injerencia. El pronunciamiento ha sido en el marco de un saludo protocolar que corresponde al recibir información oficial”, dijo la portavoz.

“Bolivia ha recibido mucha ayuda de Venezuela, tiene muchas relaciones bilaterales y se posiciona más en ese discurso antimperialista y antinjerencia porque precisamente ha sido objeto de esas injerencias”, señala la investigadora.

El expresidente Evo Morales, que en 2019 sufrió un golpe de Estado tras las dudas sembradas en un recuento que le daba la victoria y al que se sumaron las fuerzas armadas, no ha tardado en trazar la comparativa con Venezuela. “Es deber de todos respetar las decisiones del árbitro de las elecciones venezolanas, en este caso, el Consejo Nacional Electoral. Es esa institución, sin injerencias, la que ya publicó el resultado electoral. La derecha internacional intenta poner eso en duda para generar violencia. Es el mismo guion del golpe de Estado en Bolivia. ¡Venezuela vencerá!”, señaló el martes. “Pretender solicitar actas o someter a auditorías es abrir la puerta a la intromisión que derivará en desestabilización política”, afirmó un día después.

A lo largo de la semana, después de que el presidente del Gobierno publicase su carta a la ciudadanía en la que explicaba que iba a tomarse un periodo de reflexión, diversos presidentes latinoamericanos han mostrado su apoyo tanto de forma pública como en privado a Pedro Sánchez. Confían en que su solidaridad decante la balanza en favor de la continuidad del presidente al frente del Ejecutivo y en evitar la grave crisis institucional que consideran que quiere provocar la derecha.

Seguramente el apoyo internacional de mayor importancia en estos días para el presidente español ha sido el del líder brasileño, Lula da Silva. Como él mismo detalló en una publicación en Twitter, llamó a Sánchez el pasado jueves por la mañana para mostrarle su solidaridad y la importancia de su liderazgo y su papel no solo para España y Europa sino para el resto del mundo.

El apoyo latinoamericano a Pedro Sánchez no se ha quedado ahí. Otros presidentes de izquierdas como el colombiano Gustavo Petro o el boliviano Luis Arce han salido también en defensa de su homólogo español y de su familia ante lo que han definido como “máquina del fango” o el uso de noticias falsas o mentiras para desacreditar y destruir personas y gobiernos.

Esta “máquina del fango”, término del escritor italiano Umberto Eco que el propio Sánchez utilizó en su carta y reproducido por el presidente colombiano, también ha estado activa en Latinoamérica en las últimas dos décadas y preocupa especialmente a los líderes latinoamericanos. El mismo Lula da Silva desveló el martes que tiene la intención de organizar una reunión de líderes progresistas mundiales, entre los que quiere incluir tanto a Pedro Sánchez como al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de la próxima Asamblea General de la ONU para discutir cómo enfrentar el crecimiento de la extrema derecha.

Lo expresaba así también uno de los principales socios internacionales del presidente Sánchez en los últimos años, el expresidente argentino Alberto Fernández, que quiso acercarse este sábado a la concentración de la calle Ferraz en apoyo al líder socialista. Tras ello, publicó un tuit en el que, tras afirmar que en España “la derecha se ha confabulado con los medios y la justicia tratando de horadar la honorabilidad de un presidente progresista y democrático”, se preguntaba: “Cualquier parecido con Argentina, con Brasil, con Ecuador o con Chile… ¿Es pura coincidencia?”

El apoyo latinoamericano a Sánchez quedó cristalizado el mismo miércoles en la declaración que hizo el Grupo de Puebla menos de tres horas después de que el presidente hiciera pública su carta. Este grupo, fundado por numerosos expresidentes y políticos iberoamericanos y entre los que hay tres españoles: el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la diputada socialista Adriana Lastra o la exministra Irene Montero, da por sentado que existe una estrategia de “acoso mediático y judicial” de la derecha para atacar a sus adversarios y desestabilizar gobiernos progresistas.

El Grupo de Puebla, que condenó “enérgicamente” estas prácticas que, defienden, “socavan la democracia y el Estado de Derecho”, exigió en su comunicado que se respeten los principios democráticos en España, hizo hincapié en la importancia de que se respete el debido proceso judicial y avisó que estará atento para que se garantice un proceso justo y transparente en este caso.

Además, el grupo mostró su respeto a la decisión del presidente del Gobierno de reflexionar sobre su continuidad, pero manifestó que su renuncia no sería “la salida a la grave crisis institucional que pretenden crear sus enemigos” y advirtió que incluso podría profundizarla.

Según fuentes conocedoras de las conversaciones en el seno del Grupo de Puebla, el presidente del Gobierno español ha recibido el apoyo del presidente de Brasil como un importante aval a su figura política y a las políticas progresistas del Ejecutivo, pero también desde la empatía de un líder político que ha sufrido en sus carnes los ataques mediáticos y judiciales de la derecha.

El de Lula es un caso paradigmático de lo que hoy en día conocemos como 'lawfare', ya que pasó casi dos años (580 días) en prisión bajo acusaciones de desvío de dinero público que le supusieron su inhabilitación o le impidieron enfrentarse al ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones de 2020.

Lula da Silva tuvo que esperar hasta 2021, cuando el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las condenas y dictaminó que no se había juzgado al expresidente con imparcialidad, para librarse de todas las acusaciones.

Sin embargo, según una encuesta publicada por el instituto Quaest en Brasil en marzo, diez años después del inicio de la operación judicial contra Lula, el país sigue dividido: mientras el 43% considera que el presidente brasileño es inocente, otro 43% cree que es culpable y debería estar en prisión; una percepción esta última que ha caído un 5% en los dos últimos años.

Sites específicos para desmentir noticias falsas. Resoluciones judiciales. Un comité contra la desinformación en materias de salud. Aumento de la financiación a los medios de comunicación públicos. Una ambiciosa ley contra las fake news. Y una intensa articulación internacional. Los tres poderes de Brasil están poniendo en marcha una inédita y contundente batería de medidas contra la desinformación. La reciente resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre propaganda en las elecciones, que establece que las plataformas digitales puedan llegar a ser civil y administrativamente responsables por el contenido de terceros, ha caído como un jarro de agua fría en el entramado de las empresas tecnológicas, las big techs. Además, la resolución ha tenido un efecto colateral: la resurrección del Proyecto de Ley 2.630, más conocido como PL de las fake news, retirado de votación en el Congreso en mayo de 2023, tras la fuerte presión del lobby tecnológico y de la oposición bolsonarista. 

Tras el susto de las big techs, el gobierno de Lula retomó en marzo las negociaciones con el Congreso, para aprobar lo antes posible el PL de las fake news. Por otro lado, la amenaza de Elon Musk de restaurar los perfiles de la plataforma X bloqueados por la justicia brasileña por la diseminación de fake news ha provocado que el Supremo Tribunal Federal (STF) mueva ficha. Alexandre de Moraes, ministro del STF, incluyó el pasado domingo a Musk en la investigación de las “milicias digitales”, que acorrala a la red bolsonarista que difunde premeditadamente desinformación. 

Responsabilidad

La gran patata caliente del proyecto es la responsabilidad civil de las plataformas sobre contenidos de terceros. João Brant, secretario de Políticas Digitales del Gobierno Lula, defiende que el proyecto es necesario para poder imponer más obligaciones a las plataformas. “El gobierno busca un equilibrio entre la libertad de expresión y la desinformación, pero necesitamos que el contenido ilegal offline sea también considerado como ilegal en el ambiente online”, asegura João Brant en entrevista a El Diario. Aunque está inspirado en leyes internacionales como la NetzDG de Alemania o en la DSA de la Unión Europa, el PL de las fake news de Brasil va más allá. A diferencia de las leyes europeas, el proyecto pretende legislar plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram. El proyecto responsabiliza civilmente a las plataformas digitales por circulación de contenidos ya tipificados en Brasil, como crímenes contra el Estado de Derecho, incitación al terrorismo, racismo o violencia contra la mujer, entre otros. Además, restringe la creación de cuentas falsas y el uso de bots, reforzando el cumplimiento de decisiones judiciales que determinan la retirada de contenidos ilícitos. 

La gran apuesta del PL de las fake news es regular con firmeza el contenido promocionado. La identificación del anunciante es obligatoria, así como presentar el historial de contenido promocionado en los últimos seis meses. Por otro lado, la responsabilidad subsidiaria recogida en el proyecto posibilita que las plataformas puedan ser procesadas simultáneamente a los usuarios infractores.“Es importante priorizar las medidas contra los contenidos promocionados, para saber quién está incentivando el contenido. A su vez, el dinero público no puede financiar contenido ilegal y fake news”, afirma João Brant. 

Tanto la resolución del TSE (que pune contenido “antidemocrático, hechos notoriamente falsos, discursos de odio y contenido manipulado”) como la ley de las fake news obligarían a las plataformas a un mayor auto control del contenido. Este punto ha provocado críticas. “Tenemos miedo de que si existe un artículo sobre responsabilidad, las plataformas retiren más contenido del debido cuando tengan dudas, y eso cohíbe la circulación libre del contenido”, afirma a este medio Iná Jost, coordinadora de libertad de expresión del InternetLab. Para evitar que el control del contenido se convierta en una “caza de brujas”, Iná ve necesaria una legislación sistémica sobre el funcionamiento de las plataformas, incidiendo en la transparencia de sus algoritmos, del contenido promocionado y de sus términos de uso. Por su parte, Sergio Amadeu, profesor de la Universidad del ABC (UFABC) y uno de los mayores especialistas de Internet de Brasil, considera apropiado legislar sobre la “desinformación”, con la cautela necesaria para evitar el punitivismo: “El combate a la desinformación necesita hacerse con mecanismos de promoción de la diversidad y la pluralidad y con una discusión sobre el funcionamiento de las plataformas. Necesitamos legislar para que estas empresas no tengan tanto poder”.

La reacción del lobby de las plataformas digitales al proyecto de ley brasileño, así como las amenazas de Elon Musk, sintetizan el poder excesivo denunciado por Amadeu. La campaña orquestada por las big techs, apoyada en contenido patrocinado y en publicidad, consiguió que el PL de las fake news empezara a ser conocido como PL de la censura“. La Policía Federal (PF) concluyó que la actuación de Google y Telegram configuró ”abuso de poder económico, manipulación de información“ y una posible ”violación contra el orden de consumo“.

Medidas gubernamentales

A la espera de la aprobación de la ley de las fake news, el gobierno Lula ya ha puesto en marcha diversas medidas contra la desinformación. La web Brasil Contra Fake desmiente información falsa relacionada a medidas del ejecutivo y ComunicaBR recopila todas las políticas públicas de municipios, gobiernos regionales y el propio gobierno. “Es necesario identificar las fake news, sabiendo combinar silencio estratégico y reacciones rápidas cuando el contenido falso se expanda con impacto”, matiza João Brant. Para reforzar la agilidad del combate contra las fake news, el gobierno lanzará en los próximos meses un concurso público para contratar a agencias de comunicación especializadas en desinformación. Por otro lado, el gobierno ha puesto en marcha el Comité de Enfrentamiento de la Desinformación para monitorear el Programa Nacional de Inmunizaciones y las Políticas de Salud Pública y evitar, entre otras cosas, los bulos antivacunas que proliferaron durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Paralelamente, el gobierno está reforzando la comunicación popular (con apoyo de la UNESCO) y la expansión de la Red Nacional de Comunicación Pública (RNCP), en colaboración 44 universidades y 16 institutos de investigación. El executivo aspira a inaugurar este año 155 nuevos canales locales de televisión y radio FM. 

La esfera internacional es otra de las grandes apuestas de Lula para la lucha contra la desinformación. En la última reunión del MERCOSUR en Río de Janeiro a finales de 2023, Brasil forzó la Declaración Especial de los Presidentes sobre Democracia e Integridad de la Información en Ambientes Digitales. Simultáneamente, Brasil ha incluido la desinformación como uno de los asuntos a ser tratados este año el G20 y se ha involucrado en el Pacto Digital Global de la ONU, del que puede nacer un código de conducta para las plataformas digitales. Por si fuera poco, el gobierno de Lula ha firmado acuerdos de cooperación con países como Alemania, Reino Unido Finlandia, Dinamarca, Países Bajos o Francia. “Todo lo que se hace y dice en estas declaraciones y acuerdos internacionales nunca son palabras que se lleva el viento. Queremos que este año, ya sea en el ámbito del G20 o en la ONU, ocurra algo importante a nivel global en el combate a la desinformación”, concluye João Brant.  

La guerra en Ucrania dominó por completo la agenda en la Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado, lo que conllevó quejas de los países no alineados, que ven en este tipo de cumbres una oportunidad para alzar su voz. Y aunque este año la organización se ha propuesto dar más espacio a la emergencia climática y los desafíos del llamado sur global, los titulares de las grandes cabeceras internacionales se los sigue llevando Volodímir Zelenski, quien este martes llevó por primera vez su vestimenta verde militar al debate celebrado anualmente en Nueva York.

En paralelo al debate general, que se alargará hasta el próximo martes, los líderes mundiales han participado esta semana en dos encuentros de calado para el futuro del planeta: la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde se han revisado durante dos días la situación de los 17 objetivos que se marcaron hace ocho años para cumplir en 2030; y la Cumbre sobre Ambición Climática, que ha tenido lugar este miércoles, donde se ha tomado la temperatura a la lucha contra el cambio climático en el mundo. En este evento, donde solo se ha permitido turno de palabra a 41 países elegidos por la ONU como “pioneros” por sus planes para alcanzar emisiones neutras, no han podido intervenir los representantes de China, EEUU ni India, los tres países más contaminantes.

Las conclusiones de ambas cumbres son preocupantes. “La consecución de los ODS está en peligro”, reza la declaración consensuada en el primer encuentro. “Nos alarma que la mayoría de los ODS avancen demasiado despacio o hayan retrocedido por debajo de la línea de base de 2015”. De todos los objetivos propuestos –como la erradicación de la pobreza extrema, el hambre cero, la igualdad de género o la reducción de las desigualdades económicas–, el mundo solo va camino de cumplir el 15%, y en muchas de las metas no solo no se está avanzando, sino que se retrocede.

Las consecuencias de este incumplimiento son especialmente palpables en los llamados “países en vías de desarrollo”. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que ha vuelto a la tribuna de las Naciones Unidas por primera vez desde 2009 –antes de abandonar la presidencia–, se erigió en líder del sur global durante su discurso, escenificando el retorno de su país a la escena internacional después de los años de mandato aislacionista de Jair Bolsonaro. “¡Brasil ha vuelto! Nuestro país está de vuelta para hacer su debida contribución para afrontar los principales desafíos del mundo”, dijo el martes ante los cientos de mandatarios congregados en Nueva York.

“El hambre, el tema central de mi discurso en este Parlamento del Mundo hace 20 años, afecta hoy a 735 millones de seres humanos, que irán a dormir esta noche sin saber si tendrán algo para comer mañana”, sostuvo, marcando sus prioridades, Lula al inicio de su intervención, que abrió el debate general este martes, como es tradición. “El mundo se está volviendo cada vez más desigual. Los diez milmillonarios más ricos tienen más riqueza que el 40% más pobre de la humanidad. El destino de cada niño nacido en este planeta parece estar decidido mientras está en la barriga de su madre. La parte del mundo en la que vivan sus padres y la clase social a la que pertenezca su familia determinarán sus oportunidades a lo largo de su vida”, recordó el mandatario.

A la luz de estos datos, reconocidos por la ONU, “corremos el riesgo de dejar atrás los ODS... necesitan un plan de rescate”, aseguró el secretario general de la organización, António Guterres. Y cada año que el mundo se aleja de los objetivos marcados en 2015, se encarece el precio de lograrlos: según un informe de Force for Good Iniciative, aumentó un 25% hasta los 176 billones de dólares el año pasado, mientras que el déficit de financiación para los ODS aumentó aún más durante el mismo periodo, un 35% hasta los 135 billones.

“Debemos superar la resignación, que nos hace aceptar esta injusticia como un fenómeno natural. Hay una falta de voluntad política de parte de quienes gobiernan el mundo para superar la desigualdad”, resaltó Lula en su discurso.

“Poner fin a la guerra y ganar tiempo para salvarnos”

Los países del sur global encuentran en la Asamblea General de la ONU un espacio mediático, del que habitualmente carecen, para expresar sus demandas y marcar su agenda. A pesar del protagonismo de la guerra en Ucrania, que opaca todo lo demás, en esta edición están logrando más atención, tanto en el debate general como en las cumbres paralelas. 

Desde el principio de la invasión rusa, el sur global ha mantenido generalmente una posición ambigua, sin la necesidad de decantarse por uno de los dos bandos, y enfatizando únicamente en la paz, algo que ha sido visto por Occidente con recelo. Mientras los países ricos ven la guerra como un conflicto de interés geopolítico, los pobres sufren sus consecuencias de manera más directa, como el aumento del precio de los alimentos y la energía, y siguen más preocupados por los efectos del cambio climático y la desigualdad.

“Propongo poner fin a la guerra para que tengamos tiempo de salvarnos”, dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su intervención el lunes: “Propongo que las Naciones Unidas patrocinen lo antes posible dos conferencias de paz. Una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina, no porque no haya otras guerras en el mundo, como en mi país, sino porque mostraría cómo hacer la paz en todas las regiones del mundo”. Por su parte, Lula reiteró su ofrecimiento de moderar dichas negociaciones: “Hay que trabajar para crear un espacio de negociación. Ninguna solución será duradera si no se basa en el diálogo”.

En un discurso cargado de críticas al orden mundial capitalista, a “los ricos de Davos” y a “los blancos que se creen superiores”, Petro lamentó que este año “los gobiernos y la humanidad han salido perdiendo” en asuntos como la migración, la lucha contra las drogas o la emergencia climática, y “sin dudarlo ha adelantado los tiempos de la extinción”. Con tono apocalíptico, el presidente colombiano alertó de que “la crisis de la vida” ya ha comenzado, como indica el aumento de migrantes medioambientales, y advirtió que en el próximo medio siglo su número alcanzará los 3.000 millones.

“La humanidad se ha dedicado a la guerra”, sostuvo Petro, desviando la atención y los recursos de los ODS y del cambio climático, que calificó como “la madre de todas las crisis”. Empezando por su país, hoy cubierto de frondosos bosques, que “se transformará en desierto” y sus gentes “huirán en masa, ya no atraídas por las lentejuelas de la riqueza, sino por algo más simple y vital: el agua”.

Para mitigar la crisis climática, propone una receta corte izquierdista: el aumento de inversión pública, que hoy en día, consideró, se está destinando a “pagar las guerras”, en políticas contra el calentamiento global. Para ello, ve necesario un cambio en el sistema financiero mundial para “financiar la vida y el capitalismo descarbonizado”, una inversión que requiere, según sus cálculos, tres billones de dólares. “Con una emisión del FMI habrá un descenso de la deuda pública mundial y un incremento de los presupuestos para mitigar la crisis climática. Hay que liberar lo público para salvar la vida”, concluyó el presidente de Colombia.

El discurso elocuente de Petro sucedió al de Joe Biden, presidente de EEUU, el país que históricamente ha emitido más gases de efecto invernadero, alrededor del 20%. Si bien el año pasado inició su intervención hablando de la guerra en Ucrania, que monopolizó el discurso, en esta ocasión tardó 22 minutos (de los 27 que duró) en mencionar el conflicto. Habló antes de la Unión Africana, de Palestina, del “liderazgo” de EEUU en la lucha contra el cambio climático y de su contribución a la erradicación del hambre y la pobreza extrema en el mundo. 

“Comprendo el deber que tiene mi país en este momento crítico”, dijo el mandatario, que reiteró su promesa de aumentar la inversión en bancos de desarrollo y su deseo en reformar el Banco Mundial para ello. Una propuesta que ya lanzó durante el encuentro del G20 en Nueva Deli, donde se incorporó a la Unión Africana como nuevo miembro permanente. “EEUU busca un mundo más seguro, más próspero y equitativo para todos, porque sabemos que nuestro futuro está ligado al vuestro, y ninguna nación puede afrontar sola los retos de la actualidad”, aseguró, lanzando el guante a un grupo de países que se ve atrapado entre dos bloques que compiten por su influencia.

La incapacidad de la ONU para dar respuestas: “Reforma o ruptura”

“Aumentan las tensiones geopolíticas, se multiplican los desafíos globales, y nosotros parecemos incapaces de unirnos para dar respuesta”, dijo, contundente, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, reconociendo que la institución no está consiguiendo adaptarse a la nueva realidad geopolítica. Especialmente el Consejo de Seguridad, donde conviven cinco potencias con poder de veto y agendas contrapuestas, entre otros, en cuanto a la guerra de Ucrania, a la sucesión de golpes de estado en África y al conflicto del Nagorno Karabaj.

“Avanzamos rápidamente hacia un mundo multipolar”, destacó, pero “la gobernanza mundial sigue parada en el tiempo. Solo hay que ver el Consejo de Seguridad y el sistema de Bretton Woods: reflejan la realidad política y económica del 1945, cuando muchos de los países aquí presentes estaban todavía bajo dominación colonial”. En este sentido, hizo un llamamiento a la reforma de las Naciones Unidas: “Si las instituciones no reflejan el mundo tal como es, en lugar de resolver los conflictos, se convierten en parte del problema”.

“No me hago ilusiones. Las reformas son una cuestión de poder. Y sé que hay muchos intereses contrapuestos. Pero la alternativa a la reforma no es el statu quo, sino una mayor fragmentación. Es reforma o ruptura”, concluyó Guterres. 

Esta visión fue ratificada también por Lula, que criticó la “parálisis del multilateralismo”, y defendió la expansión de los BRICS (el grupo de “potencias emergentes” donde están presentes, también, China y Rusia, que ha incorporado recientemente a Argentina y Arabia Saudí) para equilibrar la balanza y crear un “comercio global más justo”. Concretamente, lamentó que el FMI solo puso a disposición de los países africanos 34.000 millones de dólares, mientras que los europeos se llevaron 160.000 millones. “La representación desigual de la dirección del FMI y el Banco Mundial es inaceptable”, dijo.

Este miércoles, muchas miradas han estado puestas en la mesa con forma de herradura de la sala del Consejo de Seguridad, que ha celebrado una reunión sobre la guerra en Ucrania con la presencia de Zelenski, quien ha vuelto a abogar por una reforma de la composición del órgano clave de la ONU, argumentando que considera “injusto” que miles de millones de personas no tengan un representante permanente. También ha pedido que Rusia sea despojada de su derecho a veto, a la vez que ha cuestionado el rol de Naciones Unidas para hacer frente a los conflictos: “La humanidad ya no mira a Naciones Unidas con esperanza en cuanto a la defensa de la frontera soberanas de las naciones. Los líderes mundiales están buscando nuevas plataformas y alianzas que puedan reducir el desastroso alcance de los problemas, los problemas que se afrontan aquí dentro de estas paredes con retórica en lugar de soluciones reales”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado este lunes que revisará la posición de su país sobre el estatuto de la Corte Penal Internacional, de la que su país es firmante, después de asegurar que no permitirá el arresto del presidente de Rusia en territorio brasileño.

“El papel de la Corte Penal Internacional (CPI) (que impuso la orden de arresto contra Vladímir Putin) tiene que ser revisado (...) Voy a estudiar esta materia”, ha dicho en una rueda de prensa en Nueva Delhi, al ser consultado sobre si el presidente ruso podría ser arrestado si decide asistir a la cumbre del G20 que se celebrará el próximo año en Brasil.

La CPI emitió el pasado marzo una orden de arresto contra el presidente ruso por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, tras lo que Putin se ha ausentado de varias reuniones de alto nivel, como la cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) organizada recientemente en el país africano.

Lula, que recibió este domingo la presidencia del G20 de manos de India, espera, dice, que los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia asistan a la próxima cumbre del G20 que se celebrará en Brasilia en noviembre de 2024. “No sé por qué el presidente Xi y el presidente Putin no vinieron. Los invitaremos, esperamos que participen. Espero que cuando celebremos la cumbre haya terminado”, ha dicho este lunes en una rueda de prensa en Nueva Delhi el mandatario.

Putin no participó en la cumbre de Nueva Delhi el fin de semana pasado, si bien no se han explicado sus razones precisas, ya que India no ha reafirmado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del CPI. “No sé por qué el presidente Xi y el presidente Putin no vinieron. Los invitaremos (a la cumbre del G20 en Brasilia), esperamos que participen. Espero que cuando celebremos la cumbre la guerra haya terminado”, ha indicado.

Durante una entrevista con el medio indio Firstpost, el presidente brasileño dijo su homólogo ruso puede acudir sin temor a ser arrestado a su país. “Creo que Putin puede ir fácilmente a Brasil. (...) Lo que puedo decir es que si yo soy presidente de Brasil y él viene a Brasil, no hay razones para que lo arresten”, dijo.

En una aparente marcha atrás, Lula ha dicho a la prensa este lunes que si “Putin decide ir a Brasil, será la justicia la que decida si debe ser detenido, no el Gobierno ni el Congreso”.

“¿Por qué hemos firmado el tratado?”

Hasta 123 países, entre ellos Brasil, han firmado el Estatuto de Roma y otra treintena lo han suscrito, pero no lo han ratificado. “Estados Unidos no es firmante (del estatuto de la) CPI, Rusia no ha firmado la CPI, India no es signataria de la CPI (...) ¿por qué hemos firmado el tratado?”, ha cuestionado el mandatario brasileño.

Esta es la primera vez en la historia que la CPI dicta una orden de arresto contra el presidente de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.

Las declaraciones de Lula se producen tras la cumbre de líderes del G20 que concluye en India de forma satisfactoria, después de que los países alcanzasen un acuerdo conjunto.

De no haber logrado el consenso, la cumbre de Nueva Delhi habría sido la primera sin un acuerdo conjunto desde la primera reunión de líderes organizada por Estados Unidos en 2008.

Lula da Silva vive su nueva etapa al frente de Brasil de forma distinta a como fue la primera. No en vano, pasó por la cárcel, de la cual salió después de que se demostrara que el proceso había sido injusto. Ahora, siete meses después de asumir el cargo en medio de un intento de golpe en Brasilia por parte de los seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro, ha acudido a la cumbre en la UE y América Latina (Celac) en Bruselas, y atiende a la prensa antes de viajar de vuelta a su país.

El presidente recuerda en su intervención su primera cumbre del G7, hace dos décadas: “En mi primer año de mandato, iba a una reunión del G7 a la que me invitaron y quería que las cosas estuvieran definidas. Pero no todo tenía que estar decidido porque Brasil lo necesitara, no se trataba sólo el interés de Brasil. En esta cumbre de la UE y Celac estábamos discutiendo la visión de 60 países. Y, por lo tanto, tenemos que entender que no todos están de acuerdo con nosotros. No todo el mundo tiene la misma prisa, tiene la misma visión sobre cualquier cosa. La reunión fue muy importante”.

Lula expresa así una opinión diferente a otros líderes latinoamericanos, más críticos con el desarrollo de la cumbre, como el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, o el chileno, Gabriel Boric, molesto por el tiempo dedicado a Ucrania en los debates: “Creo que la reunión sobre Ucrania fue en el momento adecuado. No había nada que no supiéramos ya”.

El líder del PT también ha hablado de la próxima cita electoral en España, este domingo, y de la ola de gobiernos conservadores en Europa: “Hay un giro conservador en varios países del mundo. No estábamos acostumbrados al giro hacia la derecha fascista que ha vivido Brasil en los últimos cuatro años. Estábamos acostumbrados a tener una derecha, a tener conservadores, socialdemócratas, a tener gente más a la izquierda. Pero era una política que se hacía de forma civilizada. Discrepabas, debatías ideas, pero no se convertían las elecciones en una fábrica de mentiras, en una fábrica de distribuir odio, no se acentuaba la división como ahora. Y podemos tomar como ejemplo dos grandes países: Estados Unidos y Brasil. En la Unión Europea sabemos que hay varias corrientes de derechas, pero también hay varios partidos importantes, partidos tradicionales, que son partidos conservadores y que hacen política de la manera más civilizada posible”.

“Es el caso de España”, ha afirmado Lula: “Es decir, la disputa no será entre PSOE y Vox, será entre PSOE y el PP, lo que demuestra que todavía hay civismo en la discusión política”.

Discurso de la paz

El presidente brasileño, desde que ganó las elecciones, ha desarrollado una diplomacia activa para abrir un proceso de paz en Ucrania, invadida por Rusia hace ya año y medio.

“Hay mucha gente que estaba muy nerviosa, muy ansiosa hace seis meses, que ahora necesita encontrar a alguien que signifique la posibilidad de encontrar el camino hacia la paz”, ha afirmado Lula: “Brasil ha estado haciendo eso desde el principio. Hemos estado hablando con China, con Indonesia, con nuestros socios en América Latina. Necesitamos construir un grupo de países que puedan, en el momento adecuado, convencer a Rusia y Ucrania de que la paz es el mejor camino. Por supuesto, no puedo dejar de entender el nerviosismo de la Unión Europea, al fin y al cabo, tiene países fronterizos con Ucrania”.

Lula prosigue: “Es normal que la gente que está allí tenga más preocupación que yo, que estoy a 14.000 kilómetros. Pero precisamente porque estamos lejos podemos estar lo suficientemente tranquilos como para no entrar en el estado de ánimo en el que están los europeos e intentar crear un estado de ánimo de construir la paz. Por el momento, ni siquiera se quiere hablar de paz, cada uno piensa que va a ganar”.

“Pero hay una fatiga”, diagnostica el presidente brasileño: “El mundo está empezando a cansarse, los países están empezando a cansarse, así que llegará el momento en que habrá paz y entonces tendrá que haber un grupo de países capaces de hablar con Rusia y hablar con Ucrania”.

El acuerdo UE-Mercosur, ¿más cerca?

El presidente brasileño reconoce que “durante mucho tiempo, la Unión Europea, estuvo un poco alejada de América Latina. Hemos estado 22 años para concluir el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, y no hemos podido concluirlo porque no había mucho interés en el caso del Mercosur”.

“La gente tiene que entender que hay que competir”, ha afirmado Lula: “Y América Latina es un mercado muy importante para la Unión Europea. Al fin y al cabo, todos tenemos orígenes europeos. El pueblo brasileño es el resultado de este mestizaje, una mezcla de indios, negros y europeos. Por primera vez, soy optimista en cuanto a que concluiremos este acuerdo este mismo año. Y sería muy bueno que pudiéramos concluir este acuerdo bajo la presidencia de España del Consejo de la UE, lo que no fue posible en 2010, y hacerlo ahora en 2023, también bajo mi presidencia rotatoria del Mercosur”.

El Grupo Socialdemócrata del Parlamento Europeo ha celebrado este miércoles la segunda edición del 'Día de América Latina’, en una jornada denominada Hacia una nueva agenda progresista UE-América Latina. El encuentro contó con el apoyo de la fundación Friedrich Ebert —socialdemócratas alemanes— y el Grupo de Puebla, que agrupa a las izquierdas de varios países latinoamericanos. 

Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo, destacó la capacidad de Brasil, Chile o Argentina para construir democracias estables después de “dejar atrás dictaduras fascistas”. Por su parte, Iratxe García Pérez, presidenta de los socialdemócratas europeos en la Eurocámara, planteó un horizonte común y cercano en el tiempo, poco antes de empezar la mesa redonda: “Debemos aprovechar la presidencia española [España presidirá el Consejo de la UE a partir de julio] para avanzar hacia la firma de instrumentos fundamentales como son los acuerdos de la UE y Chile, México y nuestros hermanos de Mercosur”.

La primera mesa redonda contó con ponentes como el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, su homólogo colombiano, Ernesto Samper, la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, y el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. Los cuatro coincidieron en la denuncia del rol nocivo que las oligarquías han jugado en el desarrollo económico de los países latinoamericanos, pero mostraron ciertas diferencias a la hora de encarar cómo abordar las relaciones entre ambos bloques. Los líderes latinoamericanos, en la mayoría de sus intervenciones, fueron críticos con la distancia que, según consideran, existe entre la teoría y la práctica de la política exterior europea. 

El cambio climático es “la peor amenaza para la humanidad”

Zapatero, citando al articulista del Financial Times Martin Wolf, destacó que Occidente ya no es el centro económico del mundo, y conminó a los asistentes a adaptarse al reequilibrio del mundo escuchando a América Latina: “Hay una decadencia progresiva de lo que llamamos Occidente y de la hegemonía extraordinaria de los Estados Unidos después de la II Guerra Mundial. ¿Queremos entenderlo? Es así, todo lo demás son retóricas”, concluyó. 

La expresidenta chilena Bachelet destacó que el cambio climático es “la peor amenaza para la humanidad”, y, como el resto de sus compañeros latinoamericanos, destacó el rol que la deuda externa está teniendo en los países del continente: “La deuda limita su habilidad para proteger a su gente, de proveer servicios básicos y desarrollo social”, comentó. Bachelet, la primera mujer en presidir Chile, destacó que el fondo de descontento es común más allá de Europa y América Latina, y señaló dos razones: la percepción de que la democracia no resuelve los problemas de los ciudadanos; y los sistemas económicos que aumentan la brecha entre los ricos y los pobres. 

Unidad ante el auge de la extrema derecha

La segunda mesa redonda contó con la participación de jóvenes políticos socialdemócratas. El eurodiputado barcelonés Javier López enfatizó la importancia de la democracia y la equidad social como elementos fundamentales para cohesionar nuestras sociedades. “La desigualdad infinita no puede coexistir dentro de la democracia”, afirmó, resaltando el aprendizaje adquirido durante la última década. López abogó por la construcción de una nueva fiscalidad global que aborde tanto la desigualdad social como la crisis climática. 

Camila Bazachi Jara Marzochi, miembro del Congreso brasileño, señaló la persistente desigualdad económica en América Latina, una herencia de la época esclavista. Además, destacó la retórica peligrosa de la extrema derecha, que promovió la violencia contra sus adversarios, un punto en común con Cecilia Nicolini, la secretaria de Estado de Argentina, quien destacó la amenaza ultraderechista a los servicios públicos de su país. Cicolini destacó los desafíos adicionales que enfrentan países como los de América Latina debido a la vulnerabilidad de sus infraestructuras frente al aumento de los precios y las sequías causadas por la crisis climática. 

La intervención que despertó más aplausos fue la de la política peruana Veronika Mendoza. Excandidata a la presidencia, Mendoza criticó la situación actual del Perú, donde un gobierno no electo ha reprimido las protestas ciudadanas, que piden elecciones. Mendoza invitó a abordar los desafíos de manera conjunta y no de forma aislada, e hizo hincapié en las riquezas de América Latina: “Proveemos al mundo de aquello que no se valora, pero sin lo cual no hay vida: agua y oxígeno.” 

Cumbre entre ambas regiones en julio

El italiano Giuseppe Provenzano resaltó que el ascenso de las derechas en el mundo ha generado una ilusión de protección social a expensas de la restricción de libertades individuales, y señaló los casos de Meloni en su país o de Bukele en El Salvador. Provenzano destacó la importancia de priorizar lo político por encima de lo comercial con una frase: “Tras 1989 pensamos que los McDonalds podrían reemplazar la política, sustituir la política por las relaciones comerciales, pero esa idea es la que ha fracasado.” 

Las conclusiones contaron con el mensaje de un presidente en activo, el argentino Alberto Fernández, quien emplazó a los asistentes a preguntarse si la extrema derecha, presentándose como una fuerza crítica con los sistemas de gobierno, no es realmente la mejor manera de apuntalar a los poderosos. Y añadió una cifra que muestra las consecuencias del cambio climático: Argentina, altamente endeudada, vive una sequía que le ha hecho perder 20.000 millones de dólares en exportaciones (unos 18.000 millones de euros). Fernández, que no se presentará a la reelección, citó al Papa Francisco para resumir el gran reto de la crisis climática: “De esta, nadie se salva solo”, zanjó. En julio, con la cumbre de la UE y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), ambas regiones tendrán la oportunidad de apuntalar el acercamiento escenificado por los socialdemócratas. 

Mensaje desde Japón. El presidente brasileño, Lula da Silva, ha querido salir en defensa del delantero del Real Madrid Vinicius Jr, víctima constante de insultos racistas. El club ha anunciado que va a denunciar ante la Fiscalía como un presunto “delito de odio” los gritos que recibió este domingo en el partido contra el Valencia CF en el estadio de Mestalla. 

“Me gustaría empezar con un gesto de solidaridad con un jugador brasileño, ese chico que se está convirtiendo, posiblemente, en uno de los mejores jugadores del mundo, sin duda el mejor del Real Madrid”, arrancaba Lula su comparecencia ante la prensa al final de la cumbre del G7 en Hiroshima, este domingo.

“Es el mejor”, ha afirmado Lula: “Le insultan en todos los estadios a los que acude. Creo que es importante que la FIFA, la Liga española, las ligas de otros países tomen medidas, porque no podemos permitir que el fascismo y el racismo se instalen dentro de los estadios de fútbol”.

“Fue llamado 'mono'”, ha proseguido Lula: “No es posible, en pleno siglo XXI, tener un prejuicio racial tan fuerte en tantos estadios de fútbol. Es injusto que un pobre chico a quien le ha ido tan bien en la vida sea insultado en cada estadio en el que juega”.

“En Brasil España es conocida como un país de racistas”

El delantero del Madrid ha criticado con dureza este domingo a LaLiga por el racismo en la competición después de los incidentes con aficionados en el partido contra el Valencia. “No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan”, ha escrito el futbolista en Twitter: “Un país hermoso, que me acogió y que amo, pero que ha aceptado exportar al resto del mundo la imagen de país racista. Hoy en Brasil España es conocida como un país de racistas”.

El partido contra el Valencia tuvo que ser interrumpido por un incidente racista. Cuando el jugador del Real Madrid fue a sacar de fondo, escuchó un insulto racista, ante lo que se negó a continuar jugando y señaló al aficionado que le había insultado para comunicárselo al colegiado, De Burgos Bengoetxea. Desde la megafonía del estadio se indicó que “no se iban a tolerar insultos racistas”.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, contestó al futbolista: “Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”.

El futbolista ha lamentado que, “una vez más”, en lugar de criticar a los racistas Tebas decida “atacarle”. “Ignorarlo solo hace que se iguale a los racistas. No soy su amigo para hablar sobre racismo. Quiero acciones y castigos. Los hashtags no me conmueven”.

Tebas ha vuelto a hablar este lunes al mediodía. En un tuit en portugués y español, ha replicado que “ni España ni LaLiga son racistas” y “es muy injusto decir eso”. En su opinión, no se puede permitir que se manche “la imagen de una competición que es sobre todo símbolo de unión entre pueblos” con “más de 200 jugadores de raza negra en 42 clubes”. Tebas ha defendido que el racismo “es extremadamente puntual”, que esta temporada se han denunciado nueve veces insultos racistas (ocho, contra el propio futbolista del Real Madrid) y siempre se ha identificado a “los energúmenos responsables”: “Da igual que sean pocos, siempre somos implacables”, ha dicho. Por ahora, hay tres denuncias archivadas. Otros casos se han resuelto con retiradas de abono y propuestas de sanción.