El Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid ha abierto juicio oral contra la exconcejal de Ahora Madrid Rommy Arce por la presunta comisión de un delito de injurias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por unos tuits que compartió en su cuenta tras la muerte del mantero Mame Mbaye el 15 de marzo de 2018 en el madrileño barrio de Lavapiés.

Así consta en un auto fechado el 1 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la juez María Dolores Baeza acuerda sentar en el banquillo de los acusados a Arce; al portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, Malick Gueye; a Alfonso Loaiza; y a Asunción Gómez Ruiz.

La causa tiene su origen en dos querellas interpuestas por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) y la Unión de Policía Municipal. El pasado febrero, la juez dio por concluida la investigación.

La apertura de juicio oral supone el paso previo a la celebración de la vista oral, que tendrá lugar en un Juzgado de lo Penal de Madrid al solicitarse penas inferiores a los cinco años de cárcel. En este caso, el fiscal pide una multa de 5.760 euros para la exedil madrileña, mientras que las acusaciones populares elevan la cuantía de la multa hasta 12.000 euros.

En el escrito de acusación, el fiscal sostiene que tanto el informe del Samur que atendió a Mgabe ese día como el informe del levantamiento del cadáver realizado por el médico forense ese mismo día, que indicaba que la causa de la muerte era natural por parada cardiorrespiratoria, “sin que se apreciaran lesiones traumáticas”.

La edil publicó diversos mensajes en su cuenta personal de Twitter sobre esta muerte. El primero, el mismo día: “Lucrecia Pérez, Sanba Martine... hoy Mame Mbaye. Los 'nadie' víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mame ser negro pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo”.

Y otros dos el día 17 de marzo: “Ayer Lavapiés dio una lección de democracia clamando justicia. Una concentración pacífica rindió homenaje a Mame Mbaye y exigió el fin de las políticas migratorias racistas y xenófobas que priva de derechos a las migrantes. No más persecuciones policiales en nuestros barrios” y “”el portavoz de @manteroslateros @ghetto82 en L6Nvozpensionistas señala a la Ley de Extranjería que persigue, acorrala, discrimina y estigmatiza a los manteros. Es la causa de la muerte de Mame Mbaye. Exigen el fin del hostigamiento policial“.

Por su parte, Malick Gueye concedió una entrevista al diario '20minutos' en la que afirmó que llevaban tres años “denunciando la persecución, el acoso y explicándole al Ayuntamiento lo que está pasando; esto no es algo nuevo que llegan y matan a Mame”. “Estaba un amigo con él y cuando intenta ayudarle para meter los dedos en la boca para no morderse la lengua, la Policía lo empujó y lo apartó. Los mismos policías se bajaron de la moto y lo empujaron y ahí se murió”, dijo, entre otras cuestiones.

El Ministerio fiscal recalcaba que con los mensajes de los acusados, conocedores de su perfil público y de la repercusión de sus palabras, trasladaron “el mensaje inequívoco de que el fallecimiento del ciudadano senegalés era consecuencia de la actuación policial”.

Ello, según apuntó el fiscal, dio lugar a “una inmediata reacción en la red, que vio inundada de múltiples mensajes en los que se reiteraba el carácter xenófobo de la Policía Local de Madrid, con imputaciones directas de ser responsable de la muerte del ciudadano senegalés con evidente desprecio a lo realmente sucedido”.

Por todo ello, pidió al juez imponer a los dos acusados la pena de 16 meses de multa a razón de 12 euros cuota diaria con la responsabilidad personal subsidiaria caso de impago. No obstante, solicitó el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento contra tres personas anónimas por sus declaraciones al respecto en redes sociales.

La instructora concluyó el pasado febrero la investigación sobre este caso. Sobre Arce, determinó que “concurren indicios bastantes para acordar la continuación del procedimiento, y que por tanto, sea en el juicio oral, donde se debatan las consideraciones planteadas por la defensa en este trámite, sin que procede adelantar dicho juicio a este momento procesal”.

La conclusión de la causa se producía después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalase la investigación tras rechazar los recursos de la exedil madrileña y del portavoz de manteros. Ambos impugnaron el auto en el que la juez admitía las querellas interpuestas por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) y la de la Unión de Policía Municipal.

La juez narra que tras la muerte del mantero y con conocimiento de la causa natural del fallecimiento, “se divulgaron a través de Internet números comentarios que relacionaban dicho fallecimiento con una acción provocada por agentes pertenecientes al Cuerpo de Policía Municipal.

Para la magistrada, la calificación penal de los hechos como constitutivos de un delito de injurias graves “no supone una limitación del derecho a la libertad de expresión”. “En la presente investigación, y en relación a los mensajes citados, los mismos no contienen una censura o critica a la política de inmigración y a la situación en la que viven los inmigrantes que carecen de documentación, sino que el contenido de los mismos vincula una muerte natural a una actuación dolosa de unos agentes de la Policía Municipal”, reseñó.

“En algunos de los mensajes se incluyen consideraciones de censura a la política migratoria y la repercusión que tal política genera en la vida de los inmigrantes. Sin embargo, la mezcla de ambas intenciones en la divulgación de los mensajes, no excluye la atribución directa de dicha muerte a agentes de Policía Municipal, ni por tanto el grave contenido ofensivo de las mismas hacia dicho cuerpo, zanjó.

La juez de Instrucción número 12 de Madrid ha concluido la investigación que seguía contra la edil de Ahora Madrid Rommy Arce por los tuits que colgó tras la muerte el pasado marzo de un mantero senegalés, lo que supone que la concejala presidenta de Arganzuela irá a juicio por un delito de injurias graves.

Así consta en un auto fechado el 11 de febrero, en el que la magistrada María Dolores Baeza acuerda la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado contra cinco personas, entre ellas Arce y el portavoz de manteros Malick Gueye.

Con esta resolución, contra la que cabe recurso, se inicia la fase intermedia del proceso. Por tanto, se da traslada al fiscal y a las acusaciones particulares personadas, a fin de que en el plazo común de diez días, formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral en la forma prescrita por la Ley o bien el sobreseimiento de la causa.

Sobre Arce, determina que “concurren indicios bastantes para acordar la continuación del procedimiento, y que por tanto, sea en el juicio oral, donde se debatan las consideraciones planteadas por la defensa en este trámite, sin que procede adelantar dicho juicio a este momento procesal”.

La conclusión de la causa se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalase la investigación tras rechazar los recursos de la edil madrileña y del portavoz de manteros.

Ambos impugnaron el auto en el que la juez admitía las querellas interpuestas por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) y la de la Unión de Policía Municipal.

La juez narra que tras la muerte del mantero y con conocimiento de la causa natural del fallecimiento, “se divulgaron a través de Internet números comentarios que relacionaban dicho fallecimiento con una acción provocada por agentes pertenecientes al Cuerpo de Policía Municipal.

“Lucrecia Pérez, Samba Martine... hoy Mmame Mbage. Los ”nadie“ víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mmame ser negro, pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo”, escribió Arce en uno de sus mensajes.

Para la magistrada, la calificación penal de los hechos como constitutivos de un delito de injurias graves no supone una limitación del derecho a la libertad de expresión“.

“En la presente investigación, y en relación a los mensajes citados, los mismos no contienen una censura o critica a la política de inmigración y a la situación en la que viven los inmigrantes que carecen de documentación, sino que el contenido de los mismos vincula una muerte natural a una actuación dolosa de unos agentes de la Policía Municipal”, reseña.

“En algunos de los mensajes se incluyen consideraciones de censura a la política migratoria y la repercusión que tal política genera en la vida de los inmigrantes. Sin embargo, la mezcla de ambas intenciones en la divulgación de los mensajes, no excluye la atribución directa de dicho muerte a agentes de Policía Municipal, ni el por tanto el grave contenido ofensivo de las mismas hacia dicho cuerpo, zanja.

Diputados, concejales y dirigentes de Podemos firman este jueves una carta de apoyo a Rommy Arce “contra la instrumentalización de la justicia para coartar la libertad de expresión”. Arce declara este viernes ante el juez de instrucción número 12 de Madrid tras una querella de varios sindicatos policiales por unos tuits de la edil de Ahora Madrid en protesta por la muerte del mantero senegalés Mame Mbaye en Lavapiés el pasado 15 de marzo.

“Denunciamos el reiterado uso de las vías judiciales como forma de acallar voces disidentes y críticas. En un contexto de evidente recorte de libertades y de un giro autoritario cada vez más peligroso, diferentes sectores pretenden usar las instancias judiciales para ganar posiciones políticas y tratar de amedrentar a las voces críticas”, lamentan los firmantes en la carta a la que ha tenido acceso eldiario.es y que se adjunta más adelante.

Entre los casi 500 firmantes destacan dirigentes de Anticapitalistas, formación a la que pertecece Arce, como Kichi, Teresa Rodríguez, Miguel Urbán, Beatriz Gimeno y Lorena Ruiz Huerta. También hay varios diputados de Unidos Podemos como Rita Bosaho, Francisco Javier Martín Triguero, Lucía Martín González de En Comú Podem

Rommy Arce está citada a declarar este viernes ante la titular del juzgado de instrucción número 12 de Madrid por un delito de injurias y calumnias derivado de sus críticas a la Policía por la muerte del mantero senegalés en el barrio de Lavapiés.

Con la citación de Arce en calidad de investigada, la magistrada admitió y aunó las tres querellas interpuestas por sindicatos y asociaciones policiales por los mensajes publicados y las declaraciones de varios políticos, entre ellos Arce, así como de representantes de manteros en los que se vinculaba la muerte de Mame Mbaye con una persecución policial. Por el contrario, la jueza no admitió la querella por estos mismos hechos contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ni contra el Partido Comunista de Madrid ni Izquierda Unida de Madrid.

El Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid ha citado a la edil de Ahora Madrid y concejal presidenta de los distritos de Arganzuela y Usera, Rommy Arce, a declarar el próximo 4 de mayo por un delito de injurias y calumnias contra la Policía Municipal de Madrid por los mensajes difundidos a través de una red social tras la muerte el pasado 15 de marzo del senegalés Mame Mbaye.

La citación se produce después de que este juez haya acumulado en una misma investigación las querellas interpuestas por varios sindicatos policiales sobre este tema, admitiendo a trámite las relativas a la Asociación de Policia Municipal Unificada (APMU) y la de la Unión de Policía Municipal.

En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, también se cita a declarar en calidad de investigado al portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, Malick Gueye.

La querella de la UPM se dirigía contra Rommy Arce, el cofundador de Juan Carlos Monedero y Malick Gueye por un presunto delito de incitación al odio contra la Policía. Mientras que la acusación de la APMU se basaba en un delito de injurias y calumnias contra Arce, Malick Gueye, el Partido Comunista de Madrid e Izquierda Unida de Madrid, así como otras personas no identificadas.

En cuanto al delito de incitación al odio, el juez destaca que en el presente caso no concurren los supuestos tipificados en el artículo 510 del código penal, los cuales tienen “carácter taxativo, y son de interpretación restrictiva, no pudiendo atribuirse relevancia penal a las conductas dirigidas contra otros grupos sociales”.

El juez señala que los hechos “contenidos en el relato de ambas querellas pueden ser calificados inicialmente, sin perjuicio de posterior calificación en el momento procesal oportuno, como de un delito de injurias y calumnias con publicidad contra el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid”. Por ello, indica que procede admitir la querella contra Rommy Arce Legua, Malick Gueye.

Además, señala que no procede admitir la querella contra Monedero ni contra el Partido Comunista e Izquierda Unida al no revestir carácter penal las afirmaciones por los mismos realizadas en las redes sociales.

Por otra parte, sobre los mensajes supuestamente injuriosos de individuos anónimos, al no estar determinadas las personas contra las que se dirige la querella, el juez acuerda la práctica de las diligencias necesarias para la comprobación de la identidad de los autores de tales mensajes en redes sociales.

Para ello, librara oficio a la unidad de policía judicial adscrita a los juzgados a fin de que identifiquen a los autores de los mensajes en los anteriores perfiles de twitter y Facebook.

La concejal presidenta de los distritos de Arganzuela y Usera del Ayuntamiento de Madrid, Rommy Arce, ha presentado un recurso en contra de la admisión a trámite de la querella de un sindicato policial que le atribuye un delito de odio por unos tuits acerca de la muerte de Mame Myabe, el mantero senegalés que falleció en Lavapiés tras 14 años viviendo en España sin papeles.

Rommy Arce tendrá que declarar ante la juez como querellada el próximo 25 de abril. Ante esta resolución de la magistrada de instrucción número 9 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la defensa de Arce ha interpuesto un recurso de reforma y subsidiario de apelación frente al auto de fecha 23 de marzo de 2018, en el que la juez admitióa trámite la querella interpuesta por la representación procesal del sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal. Entre otras cosas, la defensa considera que la querella “no tienen encaje en el delito de incitación al odio”.

El sindicato policial interpuso la querella por unos tuits de Arce tras la muerte de Mame Myabe. La concejal hacía referencia a la persecución policial anterior a su fallecimiento y la atribuía como motivo del santero, algo que el sindicato considera que incita al odio.

“En el escrito de querella no tienen encaje en el art. 510 CP, delito de incitación al odio”, asegura la defenda. “Tales hechos no son constitutivos de infracción penal alguna por lo que lo procedente resulta acordar el libre sobreseimiento y archivo de las actuaciones, indamitiendo la querella de acuerdo con las normas transcritas”, recoge el recurso al que ha tenido acceso eldiario.es.

El art. 510 CP, se refiere sólo a comunidades consideradas vulnerables o en situación de subordinación o exclusión por parte de otras, comunidades, instituciones, etc. “Evidentemente la policía municipal no es uno de esos colectivos, sino muy al contrario,, tienen una posición de privilegio y poder, así como gozan de una gran protección jurídica y política, tal y como se desprende los artículos segundo y séptimo de la Ley orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, explica la defensa de Arce. Por eso, el abogado de la concejal considera que “careciendo de tipificad los hechos objetos de la querella, no debería haberse admitido”.

La defensa recuerda que la concejal se basó en las informaciones de medios de comunicación y en las propias palabras del delegado de Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, en las que especificó que antes el senegalés falleció y antes había estado en una operación policial contra el 'top manta' en la puerta del Sol. La defensa adjunta la comparecencia de Barbero del día siguiente.

El recurso de Arce también alude a la legitimidad de quién presenta la querella. Según detalla la defensa de la concejal de Ahora Madrid quien interpone la querella no ha presentado el correspondiente poder para representar al sindicato policial que interpone la querella.

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha citado a la concejala de Ahora Madrid Rommy Arce para que declare como querellada por un posible delito de incitación al odio, según informa el diario El País. La jueza ha admitido a trámite la querella presentada por el sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) por los tuits que publicó la concejala sobre la muerte del mantero senegalés Mame Mbaye tras una persecución policial.

En la denuncia, el sindicato acusa a Arce de incitar al odio en sus publicaciones en Twitter. El primer tuit que se incluye en la querella, según la información de El País, es el siguiente:

La concejala deberá declarar el próximo 25 de abril en calidad de querellada, junto con su abogado. El secretario general del CPPM, Francisco Torres, está citado para declarar como querellante el 12 de abril.

En declaraciones a los medios tras anunciarse la querella unos días después de la muerte de Mbaye, la alcaldesa, Manuela Carmena, respaldó a su equipo de gobierno. “¿Dimisión por qué? No. ¿Por qué va a haberla? Me sorprende. Nadie ha tenido una actitud que genere algún tipo de reproche”, manifestó cuando le preguntaron por la denuncia.

La edil de Ahora Madrid Rommy Arce (1977) ha vuelto a ser protagonista esta semana. La oposición al completo votó en el Pleno municipal del miércoles por su cese de competencias como concejala-presidenta de los distritos de Usera y Arganzuela. 

Arce afirma que seguirá al frente de estas responsabilidades, porque es una decisión que depende del Gobierno. Acusa al PSOE de “deslealtad” como promotor de esta proposición de dimisión, aunque asegura que tiende la mano a seguir trabajando conjuntamente. En cuanto a Manuela Carmena, la edil considera que es “la mejor alcaldesa que ha tenido Madrid” y celebrará si decide volver a presentarse, aunque defiende unas primarias “abiertas” frente a los “acuerdos de despachos”. 

¿Ha cambiado algo de estos días desde que saliera adelante la petición de su cese en el Pleno del Ayuntamiento?

No ha cambiado absolutamente nada porque esa solicitud de cese de competencias no ha tenido ningún efecto. Creo que está bastante claro cuáles son las competencias que tiene el Pleno y cuáles son las que tiene el equipo de Gobierno. La semana pasada mi compañera Inés Sabanés lo explicó claramente y el pasado miércoles ya se manifestó el voto en contra. No va a haber ningún cambio.

¿Temió en algún momento que le pudieran destituir?

En absoluto. Estoy bastante satisfecha con el trabajo que estamos haciendo el conjunto de Gobierno pese a las dificultades que nos hemos encontrado en una ciudad como Madrid, después de 26 años de Gobierno de PP, con una estructura completamente esclerótica en muchos sentidos. Se han ido debilitando los servicios públicos y hay una falta de personal enorme, pero con todo estamos sacando muchos trabajos adelante.

Además, quiero añadir que estoy muy agradecida al trabajo de nuestros funcionarios porque también se pone en duda su labor cuando se hacen este tipo de afirmaciones de gestión ineficaz como las que plantea el PSOE. Nuestros funcionarios están haciendo un gran esfuerzo y estoy bastante contenta con los dos equipos que tenemos en las Juntas de distrito.

Una de las razones que esgrimió el PSOE para hacer esta petición es la baja ejecución de los proyectos. Usted habló de hasta un 70% de proyectos ejecutados. ¿De dónde salen estas diferencias? ¿El PSOE no tiene acceso a esos datos?

El PSOE y el resto de grupos de la oposición tienen acceso a mucha información, al igual que el resto de los ciudadanos porque hemos llevado a cabo políticas de transparencia en la gestión para que se pueda, por ejemplo, tener acceso a los presupuestos públicos. Además de eso, la oposición en su labor de fiscalización hace peticiones de información, preguntas en los Plenos, solicitan comparecencias, pueden llamar al concejal, en definitiva, tienen acceso a toda la información. Los datos que di en el Pleno son ciertos. La ejecución en Arganzuela está en torno al 70% y en Usera, en un 60%, solamente hablando del crédito imputable a la Junta de distrito. También se tiene que hablar de que se ha pasado de una inversión social en Usera de 20 millones en 2014, a 26 millones en 2017, y en Arganzuela, de 17 millones a 19 millones.

Otro de los motivos de esa petición de cese tiene que ver, según los socialistas, con una mala relación con los vecinos.

Nosotros mantenemos relaciones con todo el mundo. Cualquier persona sea miembro o no de una entidad, si solicita una reunión se le concede. Luego, en función de la agenda, vamos recibiendo a la gente. Por lo tanto, mantenemos reuniones con las entidades y un contacto fluido escuchando sus demandas e intentando articularlas dentro del plan de Gobierno, porque eso es lo importante: recogerlas y que se lleven a cabo. Puede haber tensiones, sí. Siempre las hay. Nosotros respetamos las reivindicaciones vecinales y también entendemos que las entidades juegan un papel en la sociedad, de ahí el total respeto hacia ellas.

Respetamos también que se hagan valer y que defiendan esas reclamaciones. Que se haga incluso de forma airada. Lo entendemos porque entra dentro de nuestra obligación escucharles. Y bueno, a veces también explicarles que los tiempos de las administraciones son lentos, y que hemos heredado una institución pública muy mermada por las políticas del Partido Popular, con una tasa de reposición cero durante años. Todo eso tiene sus efectos sobre la administración municipal. Es verdad que a las asociaciones les gustaría que los proyectos se hicieran más rápido, pero se está haciendo lo que se puede en ese sentido.

Fue muy dura con el PSOE en el Pleno y les ha acusado de “deslealtad”. Si usted dice que no tienen razón en cuanto a la ejecución de proyectos y que también se equivocan en su trato con los vecinos. ¿A qué cree que se debe esta proposición?

En muchos del distritos del sur hay una mayoría progresista en cuanto a su electorado, creo que eso es una oportunidad para que podamos colaborar en cuestiones concretas. Además estos dos años hemos votado muchas cosas juntas en los distritos y tenemos un elevado consenso en los distritos. Nuestra mano siempre está tendida con el Partido Socialista para trabajar para los vecinos.

Pero la cuestión de la destitución tendrán ellos que explicarla. Como ya dije me pareció una deslealtad, que un día se hagan la foto con nosotros como si fueran Gobierno y al día siguiente estén pidiendo el cese. Me parece también una irresponsabilidad porque están atacando un proyecto de cambio para Madrid que, ala vez, están apoyando.

¿Por qué cree entonces que han pedido su cese?

Pues no lo sé. En estos dos años se han pedido ceses y reprobaciones de una gran parte de mis compañeros. Eso sí, promovido en esas ocasiones por la derecha de PP y Ciudadanos, aunque a veces apoyados también por el PSOE. E insisto, es una irresponsabilidad porque el Partido Socialista no debería prestarse a la estrategia de la derecha en ningún caso y menos en una coyuntura como la actual porque estamos sufriendo un acoso y derribo por parte de la Administración Central y ahora más que nunca debemos trabajar juntos para hacer un proyecto para Madrid. La paralización de obras por el TSJM a petición del Gobierno de Rajoy nos va a hacer también mucho daño. Que los socialistas se presten para ser costaleros del PP y Ciudadanos y entren en esa estrategia de acoso y derribo es preocupante.

Además, creo que es una mala señal, en cualquier caso, que el PSOE, que ha estado durante años en la oposición, no haya pedido un cese de ningún concejal del PP cuando había motivos de sobra: La venta de pisos a fondos buitre, la huelga histórica de limpieza, Madrid Arena, en fin, un suma y sigue... Nunca jamás pidieron el cese de un concejal del PP y, sin embargo, piden el nuestro. Creo que eso responde a otras lógicas.

¿A qué lógicas?

Por un lado, se prestan a la estrategia del PP de debilitar el Gobierno. Luego hay unos intereses de partido claros en señalar a determinados sectores dentro del Gobierno y tiene que ver con ese papel complicado de apoyar al Gobierno y ser a la vez oposición, ese doble juego tan controvertido. Estas posiciones desde luego son un ataque al equipo de Gobierno y, sobre todo, a la alcaldesa. 

¿Ha hablado sobre este asunto con la alcaldesa?

No nos ha dado tiempo porque cuando se presentó la proposición la alcaldesa no estaba en Madrid. Pero la posición del grupo es clara.

¿Y cree que tiene su apoyo?

Creo que la alcaldesa respalda a todo su equipo de Gobierno porque es respaldar el proyecto de cambio para Madrid.

El PSOE llegó a decir que si la alcaldesa no le cesaba retirarían su apoyo. ¿Podría llegar a ocurrir?

No creo que esto se llegue a producir porque no podrían justificar la falta de apoyo al Gobierno de Ahora Madrid que defiende políticas de cambio para la ciudad. Además estamos trabajando con los socialistas en otros niveles: Un ejemplo es el último acuerdo con Unidos Podemos para flexibilizar la regla de gasto en los municipios.

¿Cree que le ayuda calificar la Operación Chamartín de “pelotazo” cuando es una bandera del concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo y de la alcaldesa?

Creo que lo que tenemos que hacer es defender el programa político con el cual nos presentamos a las elecciones. Si a algo le debemos lealtad es a ese programa electoral, que además fue refrendado por los ciudadanos de nuestra ciudad y tiene total vigencia y validez. Para cualquier persona electa, su programa electoral es un mandato colectivo. Por eso mi lealtad es al programa electoral en el que hemos trabajado muchos y muchas y que, además ha tenido el apoyo desde el principio de muchas organizaciones políticas de esta ciudad.

Lamentablemente, el acuerdo que se ha firmado entre Adif, el ministerio de Fomento y Distrito Castellana Norte (DCN) no convence a muchos sectores sociales y a algunas personas de Gobierno. Es legítimo que lo digamos públicamente porque siempre hemos defendido que los debates deben de ser públicos. En 2016 se presentó un proyecto, Madrid Puerta Norte, que era un buen punto de partida y que tenía un trabajo detrás importante. Debemos retomarlo, trabajar sobre él y sentarnos con todos las partes. Primero, con los vecinos afectados y con gente con la que hemos trabajado siempre.

Entonces, ¿su lealtad está más con el programa electoral que con la alcaldesa Manuela Carmena?

Las lealtades se construyen mediante compromisos políticos. El compromiso de una persona electa es con el programa electoral que defendió y con los movimientos sociales con los que trabaja.

¿No ha habido diálogo entonces con las asociaciones vecinales?

Hubo un momento en el que esas conversaciones dejaron de mantenerse todo lo fluidas que se deberían haber dado. Con la federación de vecinos, con Ecologistas en Acción, con las asociaciones y con los vecinos de la zona. Se puede y se debe retomar ese diálogo. La operación tal como está es muy similar al convenio de 2015 del PP y eso creo que se debe corregir.

¿Y no cree que estas posturas, como la de votar diferente en algunas cuestiones de los plenos, pueden debilitar al Gobierno?

Creo que no, porque la pluralidad siempre es una riqueza y un valor para un grupo político como el nuestro. Ya lo hemos explicado en diversas ocasiones, Ahora Madrid es una confluencia con diferentes organizaciones políticas y esa pluralidad hay que respetarla. Es lo que también nos hizo ganar las elecciones en 2015.

¿Manuela Carmena cree en esa pluralidad en el Gobierno?

No solo la respeta sino que la ha puesto en valor en muchas ocasiones. Ella misma es una ciudadana de a pie que no formaba parte de ninguna formación política. Es y ha sido la mejor alcaldesa de nuestra historia reciente en la ciudad, sin lugar a dudas. Una ciudadana cualquiera que se prestó a encabezar la candidatura de Ahora Madrid. La alcaldesa entiende perfectamente esa pluralidad en la composición del Gobierno y por eso la ha defendido.

Respecto a las primarias de Podemos en la ciudad de Madrid, ¿qué piensa de lo que ha dicho Julio Rodríguez o Jesús Montero respecto a que hay personas de Anticapitalistas o Ganemos que deben dar un paso a un lado para las próximas elecciones?

Nosotros evidentemente tenemos diferencias con el proyecto de Julio Rodríguez, desde el respeto a su persona, a su trabajo y a su trayecto. Pero defendemos para Podemos Madrid una mayor democracia interna, la pluralidad que ha caracterizado el proyecto y un desarrollo más territorial que nos ha faltado estos dos años. En cuanto a los servicios públicos a nivel municipal creo que hay que poner en primer plano la remunicipalización de los servicios y oponernos a operaciones urbanísticas dudosas como la Operación Chamartín. Proyectos así presentan una ciudad marca que rechazamos completamente. 

Ahora tenemos un proceso de primarias abierto. Por supuesto, defiendo la lista de Podemos en Movimiento porque es plural, con una composición que refleja perfectamente los diferentes movimientos sociales que hay en nuestra ciudad y que también incorpora perfiles interesantes como algunos diputados regionales con la idea de coordinar mejor el trabajo a nivel regional y municipal, eso es sin duda un valor. Isa Serra, como persona que encabeza esa lista de Podemos en Movimiento, ha tenido un enorme apoyo en los procesos de primarias anteriores, es la portavoz del consejo autonómico y está haciendo un papel estupendo en la Asamblea. Serra puede hacer un papel muy bueno como secretaria general de la ciudad de Madrid.

En cuanto a Ahora Madrid, vamos a defender lo que hemos defendido siempre. Que se mantengan los acuerdos que suscribimos con Podemos en 2015, que nos obligaba a desarrollar unas primarias con un sistema proporcional, un sistema Dowdall, que se ha demostrado ser inclusivo y que defiende esa pluralidad de las listas. Rechazamos las listas planchas. Para un proyecto de cambio es totalmente perjudicial un acuerdo de despacho en el que se decidan las listas a las municipales de 2019, sin la participación ciudadana.

¿Es de las que cree que para revalidar el mandato es necesario que la candidata sea Manuela Carmena?

Como decía antes, Manuela [Carmena] ha sido, es y será la mejor alcaldesa que ha tenido esta ciudad. Desde luego, la decisión de volver a presentarse es personal y tiene que tomarla ella, la respetaremos todos y aplaudiremos si vuelve a presentarse. Pero lo que debemos garantizar ante todo es que se lleve a cabo un proceso de primarias totalmente democrático y abierto a todo el mundo. Por otro lado, nosotros siempre hemos defendido la rotación en los cargos públicos, en que no debemos convertirnos en profesionales de la política, ni tampoco fiar y hacer caer todo el peso de los proyectos en una sola persona. Siempre hay gente capacitada para ponerse al frente de esos proyectos.

En nuestra ciudad hay muchas personas muy válidas con reconocidas trayectorias en los movimientos sociales y ciudadanos que también podrían hacer ese papel. Mucho más importante que una cara es que las personas se supediten al proyecto colectivo. No podemos caer en personalismos y presidencialismos porque eso está en las antípodas políticas de lo que defendemos como alternativa de cambio al bipartidismo. Pero con todo, si Manuela Carmena se vuelve a presentar, será una buena noticia.

El PP cierra filas en torno a la concejala de Ciudadanos Silvia Saavedra que dijo a la edil de Ahora Madrid Rommy Arce que “cuando vino de Perú” parecía que venía a “cargarse España”. Tras las críticas sobre la xenofobia tras las palabras de Saavedra, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado este lunes su apoyo a la “extraordinaria concejal y persona” de C's, y considera que ha sido “atacada” y “hostigada” tras sus palabras, en las que no hay “xenofobia ni racismo”.

Saavedra arremetió el pasado viernes contra la edil-presidenta de Arganzuela y Usera, Rommy Arce, espetando que “cuando vino de Perú y adquirió la nacionalidad española jurando la Constitución” parecía que estaba “prometiendo cargarse España”. Este comentario fue reprendido tanto por los miembros en comisión como por muchos usuarios de Twitter, donde comenzaron a mover el hashtag #SaavedraDimisión.

Para el PP, la edil del grupo de Ciudadanos está siendo “hostigada” y “atacada” por los “troles tuiteros”. Almeida ha manifestado que Madrid es una ciudad en la que no se pregunta “ni a dónde se viene ni a dónde se va”. Sin embargo, ha precisado que es Arce quien “insulta continuamente a España y los españoles”.

“Uno lee la frase y no sé dónde está la xenofobia o el racismo; en ningún caso discute el origen, en esta ciudad no preguntamos ni de dónde se viene ni dónde se va; Rommy Arce nunca ha negado que quiere derribar el sistema”, ha señalado el portavoz del PP, quien ha señalado que no se puede derivar de ello un “comentario racista”.

Además, ha sostenido que “no ha producido el mismo escándalo que Rommy Arce intenta acallar a la oposición en Usera, compare la violencia policial con la de ETA o acoja en Matadero la fiesta 'Nada que celebrar', contra la fiesta del 12 de Octubre”.

Por último, Martínez-Almeida ha precisado que no entra a valorar el comentario, pero que “no es racista ni xenófobo”.

La concejala de Ciudadanos Silvia Saavedra ha arremetido este viernes contra la edil-presidenta de Arganzuela y Usera, Rommy Arce (Ahora Madrid), espetando que “cuando vino de Perú y adquirió la nacionalidad española jurando la Constitución” parecía que estaba “prometiendo cargarse España”.

Este comentario ha servido para ser apercibida por el presidente de la comisión de Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Transparencia, Mauricio Valiente, mientras que el coordinador general de Coordinación Territorial, Eloy Cuéllar, le ha contestado que le consta que Rommy Arce “tiene nacionalidad española, por si no le ha quedado claro”.

Sin perder de vista los derechos humanos, Cuéllar ha llamado a tener muy presente la libertad de expresión. “Hay muchas interpretaciones y gustos, todos tienen cabida y deben ser respetados. Así lo hacemos con estas autorizaciones de uso”, ha indicado el coordinador.

Saavedra ha insistido diciendo que a Arce “parece que no le gusta España” con la cesión de la Nave de Terneras, en Matadero, para el acto 'Nada que celebrar' el pasado 12 de octubre. La edil de Ciudadanos ha defendido que no se pueden celebrar este tipo de actos “con lo que está pasando en España”. Cesión acorde a la norma y libertad de expresión han sido los argumentos que Cuéllar le ha dado para justicar la autorización por parte de la Junta de Arganzuela.

Silvia Saavedra ha opinado que Rommy Arce necesita “lecciones de historia” tras la cesión a “ese movimiento contra la colonización española” porque “Simón Bolívar no existiría sin sus abuelos colonizadores”.

Rommy Arce es la concejala del distrito madrileño de Arganzuela donde se iba a celebrar este domingo el acto a favor del derecho a decidir en Cataluña en un espacio cedido por su Junta de distrito. El acto ha sido suspendido por el juez del Juzgado número 3 de lo contencioso-administrativo José Yuste Bastarreche. Ante el auto del juez se pueden presentar alegaciones en el plazo de tres días, y el Ayuntamiento ya ha anunciado que las presentará.

¿Cómo valora la decisión del juez?

La decisión judicial supone que estamos viviendo prácticamente en una dictadura. Es muy grave que no se pueda celebrar un acto de solidaridad con aquellas personas que defienden el derecho a decidir del pueblo catalán. Presentaremos todas las alegaciones en contra de la decisión, así como los futuros recursos. Es nuestra responsabilidad llegar hasta la última instancia que ataca un derecho fundamental como es la libertad de expresión.

El juez dice que la anulación corresponde a la anterior decisión del Tribunal Constitucional que suspendió la ley del referéndum.

Para empezar no comparto la resolución del Tribunal Constitucional. Corresponde a una estrategia del PP, PSOE y Ciudadanos que defienden una posición inmovilista que prohíbe al pueblo catalán su derecho a decidir. Partiendo de ahí, la resolución del TC es otra instrumentalización política más, pues han hecho uso del mismo recurso para evitar un acto completamente pacífico en la ciudad de Madrid.

¿Qué opina del recurso del Partido Popular?

No nos había sorprendido. Es la instrumentalización de la justicia una vez más, para censurar y privar a los ciudadanos de que puedan participar en los debates públicos y expresarse con libertad. Me parece un recurso que ataca la libertad de expresión y eso es una involución democrática.

¿Qué criterios se siguen para la cesión de este espacio?

En cualquier equipamiento público de la ciudad de Madrid y en concreto del distrito se ceden de manera regular y gratuita espacios a organizaciones y entidades de la sociedad civil que lleven a cabo actividades sin ánimo de lucro, que pueden ser de teatro, baile, clases de autodefensa o un acto público, un debate político, talleres... En fin, hacemos una multitud de cesión de espacios a lo largo del año en un afán de que los equipamientos públicos faciliten la participación ciudadana.

¿Qué otros actos se han celebrado en ese espacio?

Se solicitó en tiempo hace al menos dos o tres meses, no es una solicitud reciente, y si vemos que es una actividad gratuita sin ánimo de lucro y si hay disponibilidad la unidad de cultura tiene una obligación de hacer una reserva del espacio mientras se tramita la autorización y así hacemos en multitud de cesiones de espacio a lo largo del año. Se ha cedido anteriormente a sindicatos, a AMPAS, a entidades sociales de diferentes ámbitos y también a partidos políticos entre los que están Ciudadanos o Ahora Madrid. Es algo habitual la cesión de los espacios públicos, tenemos un listado larguísimo de entidades que nos solicitan espacios.

¿Podrían haberse negado a ceder este espacio?

No entendemos por qué nos tendríamos que haber negado. Si el espacio está disponible y la actividad es sin ánimo de lucro y lo que hace es fomentar la participación ciudadana y el debate político, ¿cuál va a ser la razón por la que nos vamos a negar? Creo, además, que fomentar la participación entre los ciudadanos es un deber de cualquier Administración y los espacios públicos están al servicio de los ciudadanos y si se fomentan actividades de debate eso está en el marco constitucional.

¿Considera que es un acto a favor del referéndum?

Es un acto que muestra por parte de un colectivo muy amplio de personas y organizaciones muy diversas una posición favorable hacia el referéndum y también en defensa de los derechos del pueblo catalán. Convocan un acto de debate público para que la ciudadanía conozca las posiciones políticas de esas personas y entiendo que van a defender la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Anticapitalistas hizo un comunicado a favor del referéndum. Algunos podrían achacar su decisión de ceder el espacio a su integración en el partido.

Estoy segura de que si la plataforma en cuestión hubiera solicitado el espacio en cualquier otro distrito de Madrid, se hubiera hecho esa cesión de espacio, y quiero pensar que en cualquier otra ciudad de España también.

¿Considera que haber cedido el espacio perjudica al Ayuntamiento de Madrid?

Para nada, no creo que perjudique, lo que hace es señalar la estrategia del PP. Forma parte del Ayuntamiento de Madrid y de Ahora Madrid la defensa de la libertad de expresión y que los espacios públicos son para el uso ciudadano y en ese uso tienen cabida las plataformas políticas y sociales, y éstas pueden entender que un acto a favor del pueblo catalán y en defensa del referéndum es oportuno.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera y económica, el sector español de la construcción de viviendas ha ido reinventándose. Por un lado, las constructoras buscaron refugio en lo público, nutriéndose de la privatización y/o externalización de sectores económicos como limpieza, zonas verdes, mantenimiento e incluso otros muy sensibles, que les eran totalmente ajenos, como la educación o la atención social. Y por si las deficiencias en estos servicios y peores condiciones laborales para los profesionales que en ellos trabajan fuera poco, en el otro lado nos encontramos a los promotores o comercializadores, que han virado su negocio hacia la “rehabilitación” de edificios para seguir especulando con lo que debería ser un derecho, la vivienda, mientras vecinos y vecinas son expulsados de sus barrios.

La escalera de Fray Luis de León 18, Arganzuela

La historia que ahora nos ocupa: todos los afectados son legítimos inquilinos que pagan religiosamente sus alquileres en un edificio de la calle Fray Luis de León del distrito de Arganzuela. Los anteriores propietarios de esta escalera, mal que bien, sí mantuvieron sus responsabilidades con el cuidado del edificio. Hasta que vendieron el edificio y los vecinos y vecinas recibieron la primera comunicación de sus nuevos caseros. No era un saludo, ni una bienvenida; eran burofaxes invitando al desalojo de los apartamentos. Burofaxes dirigidos a personas con contratos legalmente en vigor (algo ilegal). Todos los vecinos han seguido pagando sus alquileres, pero es la empresa la que rechaza los pagos y se los devuelve. Si logra echar a los que pueden plantear pelea ya será muy fácil echar a quienes tienen más protección legal pero más debilidad física y social: 6 personas de hasta 96 años y sus familiares, con contratos de alquiler de renta antigua.

Los vecinos y vecinas están sufriendo acoso inmobiliario por parte de la empresa, Urbania, que ha adquirido el edificio en el que viven, con el objetivo de reestructurar las viviendas –dividirlas, en definitiva, para que salgan más– y venderlo o alquilarlo a precios muy superiores. La propia empresa dice en su web que “el edificio se encuentra en un estupendo estado de conservación”. Solo enmascaran una operación económica y de ingeniería social que termina con la expulsión de determinadas poblaciones más o menos vulnerables, y las sustituye por otras con un mayor poder adquisitivo.

Por suerte, muchos de estos vecinos y vecinas han decidido organizarse para resistir, para protegerse unos a otros, para plantar cara a lo que a todas luces es una injusticia. En esa lucha contarán con todo nuestro apoyo, frente a la brutal subida de los alquileres y, en algunos extremos, casos como este en el que se expulsa a vecinos probablemente para intentar cobrarles más dinero a futuros arrendatarios y generar así una segregación clasista entre aquellas personas que pueden pagar y las que no.

Vecinos y vecinas expulsados

La historia es, desgraciadamente, cada vez más repetida. Un edificio histórico en la ciudad de Madrid que tenía una estructura de propiedad vertical, con un único propietario o familia de propietarios, ve cómo, con el paso de las generaciones, la propiedad se va subdividiendo y se hace más difícil la gestión del edificio. En el edificio resisten muchas personas mayores, que en ocasiones incluso han nacido en el propio edificio, y que son titulares de contratos de “renta antigua” (aquellos que garantizaban la estabilidad en la vivienda). Posteriormente han ido llegando otras inquilinas más jóvenes, cuyos contratos ya están sujetos a las diferentes leyes precarizadoras de 1985, 1994 o 2013, en las que los inquilinos no han dejado de perder derechos frente a los propietarios de las viviendas. Se trata de un maridaje perfecto para recortar derechos: un mercado de alquiler desregulado y el parque de vivienda social más insignificante de la Unión Europa, con sólo un 1,1% frente al 32% de Holanda o el 23% de Austria.

En ocasiones se produce un abandono deliberado de estos edificios por parte de propietarios que no realizan el mantenimiento necesario para que la vida en ellos se convierta en algo insostenible. Los inquilinos que viven en su interior se enfrentan a situaciones de precariedad, desperfectos en sus viviendas, suciedad, cortes de agua y luz, etc. Las viviendas van quedando abandonadas, pero también, en ocasiones, algunas personas sin acceso a la vivienda terminan ocupando estas casas vacías y se dedican, por lo general, a hacer reformas, limpiar, pagar el agua y la luz que no pagan los legítimos propietarios, cuidar a sus vecinos y vecinas y acompañarlos en su soledad y en sus necesidades. Sin ir más lejos, lo que habían hecho hasta ahora los residentes de Casas Rojas en Majadahonda, de donde este lunes 24 de abril fueron desalojadas 140 personas, entre ellas 20 menores sin alternativa habitacional.

El objetivo general de muchos propietarios de este tipo está claro: dejar que el edificio se muera, mientras que los inquilinos más jóvenes se marchan y los mayores fallecen. De este modo, los propietarios pueden venderlo al mejor precio posible a nuevos “inversores”, o incluso mejor, derribarlo para construir uno nuevo y así generar un “aumento del flujo de renta”, como al parecer se dice en la jerga de estas empresas especuladoras. Nos cuentan en su web que “la estrategia se centra en una mejora y aumento del número total de viviendas que permita un aumento unitario de las rentas por vivienda y a su vez un aumento en el número de rentas totales. La excelente ubicación, la demanda de producto en la zona y la flexibilidad en cuanto a poder albergar diferentes proyectos de negocio, representan una oportunidad de garantizar un buen retorno a la inversión”. Jerigonza pura y dura mientras los alquileres ya han aumentado en poco tiempo un 20% en el centro de la ciudad de Madrid.

Vecinos y vecinas organizados

El panorama es, por desgracia, bien conocido en todas las ciudades del Estado, siendo Barcelona quizá el caso más paradigmático. Incluso se ha popularizado y casi desgastado un palabro, cuyo uso hasta hace poco estaba reducido a especialistas en urbanismo y activistas sociales, como el de gentrificación o “elitización residencial”, la transformación de zonas urbanas mediante operaciones de marketing urbanístico que cambian las condiciones de vida de los barrios y los “revalorizan”.

A él añadimos el de turistificación: la conversión de los centros históricos de nuestras ciudades en parques de atracciones para turistas, llenos de franquicias de tiendas, lugares de ocio calcados unos de otros y donde las plazas hoteleras y apartamentos turísticos superan a la oferta de vivienda en alquiler para residentes, cuyo mercado se ve completamente distorsionado. En definitiva: violencia inmobiliaria y expulsión de la población más vulnerable que en ocasiones puede llegar a la violencia más física como ocurre con “Desokupa”. Estas cuadrillas de “asustavecinos” de alto porte físico y ligados a la extrema derecha y a grupos violentos está creando una verdadera alarma social en Barcelona y numerosos jueces no dudan en calificar a esta empresa como una organización criminal en toda regla.

Estos fenómenos necesitan de la respuesta social y vecinal. En Barcelona y Madrid existen experiencias incipientes como la de los Sindicatos de Inquilinos, que el 12 de mayo comenzará su andadura como herramienta fundamental para la defensa del derecho a una vivienda digna para todas las personas, la cual aplaudimos y esperamos se extienda a Madrid muy pronto. Pero también, por supuesto, todas las administraciones públicas tenemos una responsabilidad con este tipo de fenómenos, operaciones económicas y urbanísticas que expulsan a la gente de sus casas. Algo que se disfraza desde algunos discursos irresponsables como la gran oportunidad que representa la atracción de inversiones (más glamour todavía si son inversiones extranjeras), y que supedita toda política a convertir Madrid en un gran escaparate que atraiga a esa inversión. Todo vale: rebajas de impuestos, cambios de leyes y ordenanzas, inversiones públicas en publicidad y campañas de marketing urbano para construir la “marca ciudad”, etc.

Es cierto que nuestras herramientas son limitadas, pues sería necesaria una reforma en profundidad de la Ley de Arrendamientos Urbanos y unos mecanismos que hagan efectivo y exigible el derecho constitucional a una vivienda digna, que limiten la acumulación, el desuso, el abandono y la especulación. Algo que, de hecho, consigna la propia Constitución española en su artículo 47, pero que nunca se ha desarrollado normativamente. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Queda claro que el único delito de estos vecinos de Fray Luis de León 18 es ser “inquilinos”, una suerte de perdedores para el mercado y las leyes.

Frente a esto es necesario imponer la máxima de que “la gente es lo primero”, las vecinas y vecinos de Madrid, y la garantía efectiva de sus derechos. A ello nos debemos y por eso hemos puesto freno a la venta de vivienda pública, hemos adoptado una nueva instrucción que impide que un bloque de viviendas de uso residencial pase a tener uso turístico dentro de la almendra central y hemos emprendido una apuesta decidida por la rehabilitación de vivienda mediante las subvenciones del Plan MAD-RE atendiendo a criterios de sostenibilidad medioambiental y recuperación de los barrios más vulnerables de nuestra ciudad. Solo apostando por la vivienda pública en alquiler y por otros modelos de tenencia de vivienda daremos respuesta a esa vulneración cotidiana de la ley y, sobre todo, el derecho humano a un techo digno.