El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ha detallado en un informe la “falta de reconocimiento” que han sufrido una treintena de víctimas de abusos sexuales por parte del religioso Patxi Exkiaga Lasa entre los años 1976 y 2012 en el colegio La Salle de Donostia por parte del centro. Tras un proceso de acompañamiento, escucha e interlocución, el Ararteko explica que las víctimas solicitaban apoyo institucional para que el Ararteko, dentro de sus competencias, “les acompañara e impulsara un proceso para conseguir un reconocimiento público del daño causado, el compromiso de investigación de los hechos y la reparación, tanto personal como moral y colectiva”. Algo que no ha sido posible por la negativa del centro que “limitaba cualquier forma de reparación a la vía individual PRIVA [Plan de Reparación Integral a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica en España] y, en su caso, a las ayudas terapéuticas subvencionadas, sin plantear medidas adicionales ni mostrarse dispuesta a debatir sobre las propuestas de reparación colectiva presentadas por las víctimas”.

El caso de las víctimas de Patxi Ezkiaga Lasa se hace público tras una investigación de El País en la que se relatan casos de abusos sexuales cometidos entre los años 1976 y 1996, si bien señalan que Patxi Ezkiaga Lasa permaneció en La Salle Donostia hasta 2012, por lo que las víctimas se muestran convencidas de que los abusos continuaron hasta dicha fecha. Se trata de niñas vinculadas a la actividad del colegio La Salle Donostia, alumnas en su mayoría, pero también participantes en el grupo de gimnasia rítmica y las excursiones al monte y campamentos organizados por el colegio. El Ararteko ha podido comprobar y así lo refleja en su informe, que “algunas de las víctimas sufrieron abusos sexuales graves durante años, cuyas consecuencias físicas y psicológicas y secuelas hoy en día, personales y familiares, son evidentes y precisan de atención inmediata especializada”.

Patxi Ezkiaga Lasa, quien además de docente tuvo responsabilidades directivas, “violentaba a las chicas delante de la clase, traspasando su espacio íntimo y personal”. “Sentaba a alumnas en su regazo frente al resto de alumnos. Durante la clase iba tocando desde la cintura hacia el pecho de las alumnas. Paseaba con una varita durante las clases entre los pupitres y cuando podía abría el escote de las alumnas con la misma. Aprovechaba las exposiciones de las alumnas en la pizarra para apoyar la mano en el hombro y acariciar la cara mientras tanto”, recoge el informe que sostiene que “todas las víctimas coinciden en señalar que cada año escolar tenía unas alumnas favoritas”.

Las víctimas relatan varios espacios donde se producían los abusos y tocamientos públicos y donde elegía a esas “alumnas favoritas: el club de escritura, donde ”los sábados Patxi Ezkiaga reunía a alumnas con interés en la literatura en euskera y sobre las que tenía mucha ascendencia como mentor y realizaba tocamientos frente a las otras alumnas sentadas todas en una gran mesa redonda“; las salidas al monte los fines de semana y especialmente los campamentos en Belagua (Izaba, Navarra), donde relatan que ”subía a dormir a alumnas a la parte superior de la borda con la excusa de protegerlas de los monitores chicos“ y también relatan varias víctimas que conocen que se daban abusos en las tiendas de campaña de las chicas. Además, los abusos se producían en las clases de gimnasia rítmica, a las que acudía con frecuencia, a pesar de no ser el profesor, ”para mirar y, en ocasiones, acercarse a las alumnas con la excusa de corregir sus posiciones y así poder realizar tocamientos“. ”En los casos más graves, se cita el despacho e, incluso su habitación en la parte superior del colegio. En este caso, la víctima relata que en el camino se cruzaba en los ascensores con otros religiosos y docentes que nunca impidieron que subiese a su habitación a una niña de entre 13 y 17 años“, indica el documento del Ararteko.

Las alumnas tenían códigos de protección entre ellas, como nunca acudir solas a su despacho o hacer siempre gimnasia con sudadera. Sin embargo, el religioso se intentaba ganar a los padres, siendo “muy afable en el trato y precedido del prestigio conferido a su figura conseguía que las familias le abrieran las puertas de sus casas”. Por último, algunas víctimas señalan que, cuando reunieron el valor para detener sus tocamientos, las sancionaba socialmente con su invisibilización, pero cesaba en sus intentos de abuso.

El 20 de noviembre de 2025, tras el proceso de interlocución con las víctimas, las personas interlocutoras del Ararteko presentaron a representantes de La Salle el acuerdo de propuestas elaborado por el grupo de víctimas. Este documento se planteaba como un primer paso para abrir un diálogo, ya fuera en torno a las medidas de reparación colectiva acordadas por las víctimas o a cualquier otra iniciativa que la congregación quisiera incorporar al proceso. Una semana más tarde, La Salle envió su respuesta. En ella, limitaba cualquier forma de reparación a la vía individual PRIVA [Plan de Reparación Integral a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica en España] y, en su caso, a las ayudas terapéuticas subvencionadas, “sin plantear medidas adicionales ni mostrarse dispuesta a debatir sobre las propuestas de reparación colectiva presentadas por las víctimas”, sostiene el informe.

“Esta respuesta suponía, en la práctica, la negativa de la institución a iniciar este proceso de diálogo con las víctimas, facilitado por el Ararteko, para trabajar de manera colaborativa el conjunto de demandas de reparación colectiva planteadas por las víctimas o cualquiera de las que decidieran abordar y la negativa a asumir este proceso restaurativo facilitado por el Ararteko con participación de las víctimas como colectivo, más allá de encuentros individuales, a los que sí se mostraban dispuestos”, aseveran. A juicio del Ararteko, estos encuentros individuales “no cumplían las condiciones avanzadas en el proceso colectivo de facilitación”, además, con su negativa, el centro se negaba a “abrir un debate público y compartido sobre las responsabilidades institucionales por las omisiones del pasado y sobre las garantías de no repetición en clave comunitaria”, detalla.

Para las víctimas, la negativa a las medidas de reparación colectiva supuso un “nuevo impacto doloroso”, al percibir que la reparación quedaba relegaba a una “lógica individual, sin abordar el daño colectivo ni la dimensión ética y social de lo sucedido”. “En opinión de las víctimas que han acudido al Ararteko, que se definen como 'víctimas incómodas' al no haberse conformado con los contactos que ha tenido la congregación con ellas ni con la petición de disculpas privadas que en algunos casos les han trasladado, la respuesta ha sido insuficiente. Esta actitud esquiva, esta inactividad les resulta especialmente dolorosa. Algunas víctimas, además, se han sentido especialmente dolidas tras su denuncia al ponerse en contacto el colegio o personas vinculadas al mismo con sus progenitores, generando un nuevo daño a los familiares y a ellas mismas y no tratando directamente con ellas como personas adultas”, sostienen desde el Ararteko.

El Ararteko ha lamentado en su escrito la imposibilidad de articular mecanismos de respuesta desde la justicia penal por el tiempo transcurrido, la falta de datos, la culpabilización de las víctimas, el miedo o la vergüenza a la hora de relatar lo sucedido. “Fruto de la escucha a estas víctimas, así como a otros testigos y acompañantes de las mismas, el Ararteko ha podido percibir la gravedad de los abusos sexuales cometidos por Patxi Ezkiaga Lasa contra una gran cantidad de víctimas durante, al menos, tres décadas y la gravedad de los daños individuales y colectivos que las mismas y, en ocasiones, sus familias, han sufrido solas y en silencio durante décadas como resultado de un ecosistema de impunidad en el Colegio La Salle Donostia y el conjunto de la sociedad vasca, cuyas consecuencias han llegado hasta nuestros días. Impunidad colectiva que sigue generando un daño enorme a las víctimas”, recoge el documento.

En este sentido, el Ararteko comparte “el profundo sentimiento de injusticia de las víctimas, familiares, acompañantes y amigos, agravado por el hecho de que, hasta el reportaje de El País, durante décadas nadie se interesó por las víctimas ni les preguntó cómo estaban. No obstante, al Ararteko le consta que actualmente algunos docentes del colegio La Salle Donostia están acompañando personalmente a las víctimas en este proceso de denuncia”. Por último, el Ararteko ha podido comprobar que los abusos sexuales sufridos y la impunidad de estos “siguen teniendo consecuencias muy graves en las víctimas, con manifestaciones en el ámbito laboral (largas bajas laborales desde que salen los reportajes en El País y se revive el trauma), tratamientos psicológicos y psiquiátricos, intentos de suicidio e incluso una vida de exilio fuera de Euskadi en el caso de algunas víctimas”, concluye el informe.

Tras la publicación del informe del Ararteko, La Salle ha difundido un comunicado para “reiterar con absoluta claridad” su “condena de los hechos ocurridos”. “Se trata de conductas inaceptables que provocaron un daño profundo y un sufrimiento injusto en las víctimas. Como institución educativa y como comunidad, nos sentimos profundamente consternados por lo sucedido y expresamos nuevamente nuestra cercanía, respeto y solidaridad con todas las personas que lo padecieron”, sostienen en el comunicado.

En su escrito, piden “perdón” a las víctimas, pero también hacen referencia a las víctimas que “han expresado su decepción o malestar” tras la negativa del centro a participar en el proceso guiado por el Ararteko, sin embargo, no hacen referencia clara a las medidas que tomarán de ahora en adelante. “Sabemos que ninguna palabra puede reparar plenamente el dolor causado, pero creemos que reconocer el daño y pedir perdón es un paso imprescindible de responsabilidad moral e institucional. Por ello, La Salle quiere reiterar su petición de perdón a todas las víctimas por el sufrimiento vivido y por no haber sabido, en aquel momento, prevenir o detectar lo ocurrido. Somos conscientes de que algunas víctimas han expresado decepción o malestar ante determinadas decisiones o procesos. Escuchamos esas reacciones con respeto y con atención. Precisamente por ello, La Salle está reflexionando con responsabilidad sobre cómo seguir avanzando para encontrar el mejor camino de encuentro con las víctimas, reforzando los espacios de diálogo y explorando las fórmulas que puedan contribuir de manera más adecuada al reconocimiento y a la reparación. Nuestra voluntad es clara: tender puentes, no cerrarlos; escuchar, no ignorar; y seguir buscando caminos de encuentro que permitan avanzar en el reconocimiento del dolor causado”, concluyen.

La Policía Nacional ha informado de la detención a finales de enero del enfermero de un centro de Educación Secundaria de la localidad madrileña de Leganés acusado de los presuntos delitos de agresión sexual y corrupción de menores.

Las pesquisas se iniciaron después de que la familia de un menor alumno del centro denunciara al enfermero por mantener conversaciones de carácter sexual con los adolescentes. Las investigaciones determinaron que también había tocamientos y agresiones sexuales.

A lo largo de los siguientes días otras cinco familias de alumnos presentaron denuncias contra el enfermero, un español de 28 años que finalmente fue detenido el 27 de enero como presunto autor de agresión sexual y corrupción de menores.

Por el momento se han contabilizado un total de seis denuncias contra el enfermero, si bien fuentes policiales consultadas por Europa Press no descartan que puedan producirse nuevas denuncias a lo largo de los próximos días.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un hombre a un total de 11 años de prisión por los delitos de agresión sexual a una menor, corrupción de menores, facilitar la difusión de material pornográfico y tenencia de material pornográfico infantil. Por contra, el tribunal ha absuelto al procesado de otros delitos imputados inicialmente, entre ellos elaboración de material pornográfico, acoso telemático y otras dos agresiones sexuales.

La Audiencia Provincial subraya que la sentencia se dicta tras juicio oral celebrado a puerta cerrada, con pruebas preconstituidas y declaraciones grabadas, garantizando los derechos de defensa del acusado y la protección de la víctima durante todo el proceso.

Se ha establecido la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros de su domicilio, centro educativo o cualquier otro lugar frecuentado durante un periodo de hasta 14 años, así como la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio durante el mismo tiempo.

Además, el condenado afronta inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que implique contacto con menores durante 18 años, y libertad vigilada por nueve años tras cumplir las penas de prisión. También se le impone inhabilitación para ejercer derechos de patria potestad, tutela o acogimiento durante ocho años.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la víctima con 30.000 euros por daños morales, más los intereses legales correspondientes. La sentencia, recogida por Efe, también decreta el decomiso de todos los efectos intervenidos utilizados para cometer los delitos.

Según el fallo, los hechos probados ocurrieron entre 2020 y 2022, cuando el acusado contactó con la víctima y otros menores mediante plataformas de mensajería y webs de citas, llegando incluso a mantener encuentros físicos con fines sexuales.

La sentencia destaca que la víctima “sufrió ansiedad, sentimientos de culpa y alteraciones en su rendimiento escolar, lo que requirió tratamiento psicológico para normalizar su estado emocional”. La resolución recuerda que el condenado puede interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Sigue dando misa en la iglesia de San Jorge, frente al estadio Santiago Bernabéu, mientras se recupera de una intervención del anunciado cáncer de riñón que padece. Porque el exobispo Rafael Zornoza, expulsado por León XIV de la diócesis de Cádiz y Ceuta después de que, en octubre pasado, El País revelara una denuncia de abusos contra él cuando ejercía como rector del seminario de Getafe, en los años 90, reside en la actualidad en la capital de España, refugiado en torno a la comunidad que lo vio surgir como sacerdote, al amparo de quien fuera primer obispo de Getafe, monseñor Golfín.

Zornoza vive en Madrid, en un apartamento en la calle Eduardo Dato que está siendo sufragado por la Conferencia Episcopal. Fuentes episcopales consultadas por elDiario.es aseguran que “es una práctica habitual cuando un obispo se retira, y decide irse a vivir fuera de su diócesis de origen”.

Y es que los obispos eméritos siguen manteniendo sueldo y, en algunos casos (depende de la diócesis) chófer y servicio. En el caso de Zornoza, se argumenta, “todavía no hay un proceso formal en marcha, apenas sabemos de una investigación preliminar cuyos resultados no se han hecho oficiales”. Un proceso que, como adelantó Religión Digital en primicia, sugiere al arzobispo de Sevilla (de la que depende Cádiz) la apertura de un proceso penal en contra del prelado.

“La Iglesia me ha abandonado, me ha traicionado”, cuentan que clamó Zornoza a los fieles de San Jorge al ser informado de los resultados de la investigación preliminar de La Rota, calificando de “un calvario” su declaración, pese a que se respetó, en todo momento, el procedimiento procesal. Él mismo fue informado, al igual que la víctima, de la decisión del tribunal, quien percibió “indicios sólidos de delito” y así lo comunicó al arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.

Una vez que este reenvíe su propuesta a Roma, será el dicasterio de Doctrina de la Fe quien anuncie la apertura de un proceso, que a buen seguro se llevaría a cabo, también, en La Rota de Madrid.

La acusación contra él: “Me acariciaba y besaba”

En la carta que motivó la investigación, la víctima acusa a Zornoza de haber abusado sexualmente de él desde los 14 hasta los 21 años: “Escribo esta carta solo con la intención de evitar que lo que me pasó a mí le pueda seguir pasando a otro niño”, recoge la misiva. Zornoza, que entonces tenía 45 años, habría tocado, besado y acariciado a la víctima durante convivencias y campamentos.

“Desde los 14 hasta los 18 años iba casi todos los fines de semana al Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles. Durante este tiempo abusó de mí. Era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo. En esos momentos nunca le dije nada, la parálisis me controlaba”, añade la carta.

En la misiva, la víctima señala que confesó su homosexualidad a Zornoza, que le llevó a una terapia de conversión de las que prometen “curar la homosexualidad”. Al mismo tiempo, y mientras estaba en el seminario, Zornoza se metía “casi todas las noches y mañanas” en la cama de la víctima para tocarle y besarle. Frente a las quejas de la víctima, el prelado se defendía diciendo que eso era “una amistad íntima” y que “malinterpretaba su amistad”.

¿A qué penas puede enfrentarse Zornoza?

En virtud del canon 1342, el obispo emérito de Cádiz y Ceuta podría ser sancionado, en caso de ser declarado culpable, a penas que van desde la secularización perpetua a la limitación del ejercicio del ministerio sacerdotal (podría prohibírsele, por ejemplo, el trato con menores, o la celebración pública de los sacramentos), pasando por la reparación económica de la víctima. O las víctimas, pues en los últimos días podrían haber surgido nuevos testimonios que, en caso de abrirse juicio canónico, podrían añadirse a la trama.

Toda la información en www.religiondigital.org

El exentrenador del Varea, acusado de abusos a menores y por los que el Fiscal en sus conclusiones definitivas solicita un total de 40 años y 9 meses de cárcel, ha declarado ante el juez que “nunca” ha buscado “ningún contacto físico o sexual” con sus jugadores, niega “tocamientos” y “abusos” y enmarca las conversaciones que mantenía con ellos con “un simple vacile de cualquier vestuario de fútbol”. En su intervención ha desmentido también que prometiera a cualquiera de ellos jugar en el Osasuna y sobre las conversaciones de Whastapp con ellos ha dicho que todas han sido “en tono de broma, reconozco que pueden haber sido inapropiadas, pero nunca con ninguna intención”.

Ha querido dejar claro que “nunca” ha hecho promesas a los jugadores con el Osasuna; “Yo solo presentaba informes, jamás podría haber tomado esas decisiones”. Además ha reiterado varias veces en su discurso que “jamás” ha pedido fotos a nadie“ de índole sexual a la vez que ha dicho: ”Detesto ese tipo de conductas“. El procesado niega también el encuentro en el domicilio con la principal víctima del caso -un menor de 15 años en el momento de los hechos- afirmando que ese día no estaba en Logroño. Y rechaza, por último, cualquier ”tocamiento a menores“.

Así ha respondido el acusado, G.S.L., en su turno de palabra en la segunda y última sesión del juicio en la Audiencia Provincial de La Rioja contra este hombre por haber cometido presuntamente delitos contra la libertad sexual de ocho menores de edad en el ámbito deportivo.

En concreto se sienta en el banquillo por presuntos delitos continuados de abuso sexual a menores de 16 años; presuntos delitos de acoso sexual a menores de 16 años; presuntos delitos de revelación de secretos; presuntos delitos de pornografía infantil y presunto delito de tenencia de material pornográfico.

El Fiscal en sus conclusiones provisionales solicitaba 47 años de prisión aunque, finalmente, tras la celebración del juicio, pide 40 años y 9 meses al eliminar uno de los delitos de abusos. En cuestión de multas propone cifras por importe de 14.600 euros y 49.000 euros de indemnización por daños morales a los menores en concepto de responsabilidad civil, una cantidad de la que responderá de manera subsidiaria el Club Atlético Osasuna, para el que el acusado trabajaba como oteador.

En este punto, y por parte de la letrada del Osasuna, ésta ha indicado en sus conclusiones finales que “una vez demostrada toda la práctica” en este juicio, queda patente que las conversaciones y los hechos se hicieron “fuera del horario laboral del acusado o de su labor profesional con el club” y excluye la responsabilidad civil subsidiaria que le imponen porque sus actividades “fueron hechas al margen de su trabajo”. “Utilizó el Osasuna como anzuelo” y “nosotros también somos perjudicados del caso”. Además ha solicitado la devolución de la fianza ya presentada por el club.

Volviendo a la declaración del acusado, éste ha reconocido que conoce “a todos los implicados en el caso”.

Con respecto a la relación que mantenía con los jóvenes indica que “siempre ha habido encuentros en casas, restaurantes, en el mismo club, con padres, jugadores, técnicos... había una relación por Whastapp pero me ratifico en mis palabras yo nunca he llevado ninguna intención de nada, ha sido todo en broma”.

Preguntado por el episodio que relató la principal víctima -por el que comenzó el caso- en el interior de un domicilio donde el menor indicó que le hizo un masaje con el que se sintió “incómodo”, el acusado afirma que ese día, el 12 de marzo de 2022, él “estaba en el pueblo riojano de Jubera cambiando unos candados y hay unas cámaras de vigilancia y personas que lo demuestran”.

“Sintomatología traumática” de la víctima

Precisamente, antes de su declaración han tomado la palabra las dos profesionales encargadas del estudio de dicha víctima. El informe psicológico presentado confirma “la sintomatología traumática” que presenta el joven -que era menor en el momento de los hechos- así como “estrés postraumático y ansiedad”. Las profesionales que atendieron al menor han confirmado ante el juez que “si hubiera sido por el menor, nunca hubiera revelado” este acontecimiento “por vergüenza -recordamos que fue la madre quien desveló la situación ante la Policía-.

“Mostró mucha resistencia a contar los hechos, aún en el contexto familiar, sentía culpabilidad”, han afirmado. Aseguran también que el relato del menor “por su estructura, la forma de narración, por la aportación de datos... es creíble” y aún con el paso del tiempo es coherente. “No se ve en el joven -subrayan- ni odio, ni rencor, ni posibilidad de venganza”.

En concreto, la principal víctima del exentrenador declaró ayer que el propio acusado le llevó el 12 de marzo de 2022 a su domicilio de Logroño. “Me llevó a su casa en coche, entramos, me llevó a su cuarto, me dijo que me desnudase y me tumbó en una camilla, tapándome con una toalla, para darme un masaje”. Un masaje, indica, que se centró en la zona genital. Afirma que “estaba nervioso, tenía miedo y solo quería llamar a mi madre pero no tenía el móvil cerca. Quería pedir ayuda e irme de allí. Era imposible que me fuera de esa casa”.

En su testimonio destaca que el procesado “me dijo que me inventara una excusa para ese día para decirle a mis padres”. Ha recordado también que el acusado le ofreció llevarle al Centro de Tecnificación del Osasuna “sin que lo supieran mis padres” y “me ofreció regalos”. Por último, en sus conclusiones definitivas, el abogado del acusado ha criticado “la presión mediática a la que ha estado sometido su cliente en todo el proceso” y ha pedido que se juzgue “por pruebas, no sospechas ni conjeturas. No hay pruebas directas”.

Finalmente, en el turno de su última palabra, el acusado ha querido ratificar que “en ningún momento ha habido ni una intencionalidad de ocasionar o causar un daño. Creo que las conversaciones han podido ser inapropiadas”. “Yo esas fotos ni las he visto ni tengo constancia de que estuvieran en mi dispositivo. Me ratifico en que estos hechos son totalmente reprochables a cualquier persona que las haga. Yo jamás he hecho nada, me considero inocente”, ha finalizado.

Los abusos sexuales que un padre ejercía sobre su hija de siete años para retransmitirlos en directo a cambio dinero virtual no han terminado con su detención. La Policía Nacional continúa buscando a los hombres que habían pagado a este individuo, ahora en prisión provisional, por emitir el contenido a sabiendas de que se sometía a una menor de edad. La niña permanece ahora junto a su madre, con la que el protegenitor compartía puntualmente la custodia tal y como señalan fuentes policiales. Por las retransmisiones recibía monedas generadas por una aplicación móvil, que luego intercambiaba por ganancias y regalos o popularidad en la red.

La investigación comenzó a finales de noviembre a raíz de una denuncia anónima que llegó a las autoridades. “Alguien había recopilado datos del detenido y nos había enviado la información. Tirando del hilo descubrimos que todo ocurría a través de una aplicación de streaming que está legalizada en España y tiene controles de contenido o sistemas de software especializados”, revela Óscar, el subinspector de la unidad policial de delitos informáticos que ha investigado el caso, con una advertencia: “Al final, es casi imposible vigilar todas las retransmisiones privadas en directo”.

Para captar clientes, el padre primero difundía imágenes con su hija y trataba de localizar así a gente interesada en este tipo de material delictivo. Como pago, los clientes abonaban unos 20 o 30 euros por la emisión, aproximadamente; en general cantidades “poco elevadas” según reseña la Policía. El detenido tenía antecedentes penales aunque ninguno vinculado a la naturaleza de estos hechos, desvela el subinspector del caso. De momento, continúan buscando a otros implicados que hayan infringido la prohibición legal que pesa sobre la pornografía infantil en España.

Una denuncia anónima y salas privadas para las retransmisiones

Al registrar el domicilio del padre encontraron, además, dos teléfonos móviles en los que se encontraron grandes cantidades de material pornográfico. El correo anónimo que motivó la investigación se recibió a través de denuncias.pornografia.infantil@policia.es, un canal de colaboración ciudadana habilitado por la Policía Nacional para estos casos de abuso a menores. Permite a los ciudadanos poner en conocimiento de los agentes algún indicio de delitos con esta categoría, y entre 2024 y 2025 recibió más de 5.000 mensajes que luego fueron analizados por la Brigada Central de Investigación Tecnológica.

Después de varias gestiones, los agentes constataron que el arrestado utilizaba salas privadas de livestreaming para captar previamente a usuarios interesados en este tipo de material, atrayendoles con fotos tumbado con su hija sobre la cama. El detenido establecía estos contactos a través de una aplicación de mensajería externa y difundía en directo los abusos que él mismo cometía sobre su hija menor de edad, a cambio de obtener monedas virtuales canjeables en la propia web por regalos o mejora de posicionamiento en materia de visibilidad.

Después de pasar a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito de corrupción de menores consistente en la producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual, se decretó el ingreso inmediato en prisión del actual detenido. A raíz de este caso, la Policía Nacional ha reiterado la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir y perseguir este tipo de delitos e invita a denunciar cualquier actividad sospechosa, asegurando anonimato y confidencialidad.

Jeffrey Epstein, líder de una red de tráfico y abuso sexual de menores para otros hombres con dinero, se suicidó hace seis años en una celda de una cárcel de Nueva York, pero no se llevó todos sus secretos a la tumba. Algunos dejaron rastro en su correo electrónico y en su agenda de contactos. Ese material, que en parte ya se había filtrado durante la investigación, se acaba de publicar casi por completo. Son tres millones de páginas. Son cientos de miles de correos electrónicos… más de 2.000 videos y 180.000 imágenes.

Mientras los periodistas intentamos revisar, contrastar, recabar información, corroborar versiones… Internet se llena de hallazgos muy relevantes, sí, pero también de titulares arriesgados y especulaciones. Así que nosotros, con la información que tenemos, tratamos de explicar lo que se sabe y lo que no se sabe hasta el momento. Lo hacemos con el colaborador de elDiario.es y con el director adjunto de Maldita.es, Carlos Hernández Echevarría. 

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La Audiencia provincial de Lugo ha cerrado este jueves el caso de un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor en complicidad con la madre de la víctima, unos hechos que tuvieron lugar entre 2017 y 2019.

Según informa Europa Press, Fiscalía y acusación particular han llegado a un acuerdo con ambos abogados defensores, por lo que los acusados han reconocido los hechos consiguiendo una rebaja de la pena desde los 27 años que se pedían inicialmente hasta los tres años y siete meses, a cambio han asegurado una indemnización para la víctima de 150.000 euros, muy por encima de los 20.000 que solicitaba la Fiscalía.

Los hechos se remontan a 2017, cuando la víctima, que tenía en aquel momento 12 años de edad, fue obligada por su madre a mantener relaciones sexuales con el hombre en varias ocasiones. Los hechos se repitieron durante dos años hasta el día su décimo cuarto cumpleaños.

Además, la madre fue acusada de malos tratos, ya que, como reconoció, golpeó a la menor porque lloraba durante las agresiones, algo de lo que se quejaba el hombre. Por cada encuentro la menor recibía 50 euros, pero tenía que entregar la mitad a su madre.

Al final, aceptaron los dos acusados una pena de 3 años, 7 meses y 4 días de prisión, que se cumplirá íntegramente con ingreso en los próximos días, en ambos casos por agresión sexual e inducción a la prostitución.

Además, él deberá mantenerse alejado de la víctima durante 6 años y después tendrá un periodo de libertad vigilada de 5 años, además de la prohibición de trabajar cerca de menores por otros 8.

Ella contará con la misma pena, a la que se le suman 40 días de trabajo comunitario por el maltrato, además de alejamiento por 6 años e inhabilitación de la patria potestad por 1 año. Tampoco podrá trabajar en contacto con menores por un periodo de 8 años.

Esta cuantiosa rebaja de la pena fue en común acuerdo por la víctima, que a día de hoy ya es mayor de edad y “busca únicamente una reparación económica a la altura de los hechos”, tal y como explicó el abogado de la acusación particular, Jacobo Vázquez.

Como detalló al término de la sesión, la Fiscalía solicitaba 20.000 euros, aunque la acusación particular pidió desde el inicio 300.000. Al final se acordó una reparación de 150.000 euros, de los que ya se abonaron 100.000 y el resto se pagarán a razón de 10.000 euros cada año.

“Los dos acusados ya iban a recibir una importante rebaja en las penas por dilaciones indebidas en el proceso, que se retrasó más de cinco años, y también por la reparación del daño, debido a que ya ingresaron en la cuenta de la víctima 100.000 euros. Pero, lo importante es que ella con este dinero pueda rehacer su vida”, concluyó el abogado.

L'acusat de violar la seva filla de tres anys i contagiar-li una malaltia venèria ha negat els fets i ha manifestat que la transmissió va poder produir-se de manera accidental mentre es dutxaven junts i fins i tot després, en eixugar-se amb la mateixa tovallola.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Palma jutja des d'aquest dilluns l'home, qui, a preguntes del fiscal, ha assegurat que no sabia que tenia gonorrea, encara que sí que tenia una picor, admetent que es ficava a la banyera plena d'aigua després d'orinar i que després es banyava la nena. Ha reconegut que va poder haver-hi un contacte físic accidental amb la nena, encara que mai de caràcter sexual.

L'home s'ha definit com “un desastre i molt deixat” en qüestions d'higiene personal. “Em rento la cara al matí i ja no em rento més”, ha reconegut.

La Fiscalia reclama 15 anys de presó per al processat i el pagament d'una indemnització de 20.000 euros com a suposat autor d'un delicte d'agressió sexual.

En el seu escrit de qualificació provisional, el fiscal detalla que els fets van ocórrer al llarg d'octubre de 2022 al domicili de Palma en què convivien. L'home, aprofitant els moments en què es quedava a soles amb la menor i de la seva ascendència com a progenitor, presumptament la va violar i la va sotmetre a tocaments de caràcter sexual.

Com a conseqüència d'això, li va contagiar una malaltia venèria que ja era conscient que patia. La víctima va haver de rebre tractament mèdic durant prop d'un any.

Al novembre de 2022, un jutjat li va imposar una ordre d'allunyament i li va prohibir comunicar-se amb les seves filles, la custòdia de les quals va recaure de forma exclusiva en la mare.

El acusado de violar a su hija de tres años y contagiarle una enfermedad venérea ha negado los hechos y ha manifestado que la transmisión pudo haberse producido de manera accidental mientras se duchaban juntos e incluso después, al secarse con la misma toalla.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzga desde este lunes al hombre, quien, a preguntas del fiscal, ha asegurado que no sabía que tenía gonorrea, aunque sí que tenía un escozor, admitiendo que se metía en la bañera llena de agua después de orinar y que después se bañaba la niña. Ha reconocido que pudo haber un contacto físico accidental con la niña, aunque nunca de carácter sexual.

El hombre se ha definido como “un desastre y muy dejado” en cuestiones de higiene personal. “Me lavo la cara por la mañana y ya no me lavo más”, ha reconocido.

La Fiscalía reclama 15 años de prisión para el procesado y el pago de una indemnización de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal detalla que los hechos ocurrieron a lo largo de octubre de 2022 en el domicilio de Palma en el que convivían. El hombre, aprovechando los momentos en los que se quedaba a solas con la menor y de su ascendencia como progenitor, presuntamente la violó y la sometió a tocamientos de carácter sexual.

Como consecuencia de ello, le contagió de una enfermedad venérea que ya era consciente que sufría. La víctima tuvo que recibir tratamiento médico durante cerca de un año.

En noviembre de 2022, un juzgado le impuso una orden de alejamiento y le prohibió comunicarse con sus hijas, cuya custodia recayó de forma exclusiva en la madre.

“Está siendo un goteo constante, pero hemos notado un repunte en víctimas que, ahora sí, quieren denunciar”. Desde que el pasado 8 de enero Gobierno e Iglesia firmaran el histórico acuerdo para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, las peticiones de información por parte de nuevos supervivientes se han multiplicado, tal y como ha podido comprobar elDiario.es de manera directa (varias de ellas se han puesto en contacto con nosotros para saber adónde acudir), y han confirmado a este portal varias asociaciones de víctimas. “Me gustaría saber cómo poder informarme”, “Quisiera ponerme en contacto con algunas asociaciones de víctimas”, son algunos de los mensajes recibidos.

“Hemos recibido al menos una docena de nuevos testimonios en estos días”, proclaman desde Infancia Robada. Algo similar sucede en el caso de Lulacris o en las asociaciones de víctimas de Navarra. Algunos de estos casos llegan directamente, a través de los mecanismos de información de las asociaciones. Otras, directamente vía Defensor del Pueblo, que todavía no ha comenzado su trabajo, pues el mandato aún no ha sido firmado, ni los baremos establecidos.

Fuentes del Ministerio de Presidencia, por su parte, constatan esta realidad, y esperan que, una vez establecido el procedimiento y puesto en marcha el plazo propuesto por el acuerdo (un año, prorrogable uno más), sean “cientos” las víctimas que puedan apoyarse en este instrumento de reparación, que supera (aunque no anula) en plan PRIVA.

"La Iglesia no va a caer en bancarrota", apuntan fuentes episcopales, que cifran en 150-200 los nuevos casos que puedan surgir con el nuevo modelo

Entre las razones, se encuentra la mayor confianza que desprende el aval del Estado frente a las suspicacias que muchas víctimas mantienen en el modelo propuesto por la Iglesia. A la vez, la convicción (planteada por el presidente del Gobierno a las asociaciones) de que los baremos de indemnización serán superiores a los planteados actualmente por el plan PRIVA, la apertura de compensaciones para familiares de víctimas que murieron mientras el proceso estaba en marcha y, también, que las víctimas que ya recibieron una indemnización de la Iglesia puedan pedir al Defensor del Pueblo que vuelva a evaluarse su caso.

Desde la Conferencia Episcopal, por su parte, dan por “superada” la primera fase, y estiman que el nuevo modelo no llegará a las “150-200” peticiones, bastantes más, por cierto, de las que se han decidido a acudir al PRIVA en el último año y medio. Después de años de suspicacias, los obispos “no tienen miedo” de asumir sus responsabilidades. “La Iglesia no va a caer en bancarrota”, apuntan fuentes episcopales consultadas, que sugieren que, en un año de funcionamiento, la institución, la Comisión del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (PRIVA) ha recibido ya 114 casos para su estudio y ha dictaminado una reparación económica de más de 1,9 millones de euros.

Con todo, el proceso es especial, toda vez que las víctimas cuyos casos hayan prescrito solo tendrán un año (prorrogable a dos) para solicitar su reparación. “Después, esa puerta estará cerrada. La del Gobierno, no la de la Iglesia”, recalcan desde la CEE. Las víctimas, por su parte, seguirán trabajando para “informar y asesorar” a los supervivientes, que cada vez más buscan acogerse al modelo de atención acordado entre la Iglesia y el Gobierno y que tiene a los supervivientes en el centro.

Toda la información en www.religiondigital.org

El Ministerio Fiscal solicita 4 años de prisión y 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil para el monitor de un campamento, J.A.V.C., acusado de un delito de abusos sexuales a un menor de 16 años en un juicio que comenzará el 26 de enero en la Audiencia.

Según el escrito de acusación de la fiscalía, J.A.V.C., presidente de la A.D.A., organizó en calidad de director un campamento infantil y juvenil, que se inició el 17 de julio de 2021 en la provincia de Ávila. Durante este campamento, en la tarde del 21 de julio, el acusado “urdió un plan y, valiéndose de su condición de director y monitor del campamento, se dirigió al campista, menor de edad, concertando con éste una cita a ciegas en su habitación privada, haciéndole creer que era con una campista, menor de edad”. El menor sufrió, según el informe forense, “trastorno de estrés postraumático de carácter agudo”, compatible con el abuso sexual denunciado.

El ministerio público solicita la prohibición de acercarse al menor a menos de 200 metros, así como a su domicilio o los lugares que frecuente, durante cinco años en los que tampoco podrá establecer comunicación con la víctima por cualquier medio.

A ello se suma la medida de libertad vigilada durante cinco años, a cumplir tras la ejecución de la pena de prisión, así como la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, durante un tiempo superior en cuatro años a la pena privativa de libertad.

Por su parte, la acusación particular solicita cuatro años de prisión por un delito de agresión sexual a menor de 16 años, así como 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil por el “daño moral” ocasionado, además de diez años de inhabilitación especial para trabajar con menores.

La defensa niega los hechos y destaca los 25 años de “intachable expediente” por parte del acusado, que venía organizando un campamento infantil y juvenil en años anteriores en una localidad de la provincia de Ávila.

Además de reconocer lo “desafortunado” del “ofrecimiento” efectuado al menor, cediéndole su habitación para la supuesta cita a ciegas con otra menor del campamento, la defensa destaca los “perjuicios irreparables en su actividad profesional” que esta situación le ha producido, “habiéndose incluso trasladado a trabajar a otra universidad”, tras hacerlo en dos madrileñas.

Tras cinco años de “silencio” con las víctimas de pederastia, la congregación religiosa de los Maristas ha cedido e indemnizará finalmente a las personas que en Navarra han denunciado ser víctimas de religiosos del colegio de Pamplona. Así lo han anunciado este jueves representantes de Asociación de Víctimas de Pederastia de Instituciones Religiosas de Navarra (AVIPIREN), que se han concentrado frente al centro educativo. Con todo, critican que las compensaciones son “indignantes, vergonzosas y ridículas”.

“No llega a un tercio de las equivalentes en abusos de otras congregaciones”, ha asegurado su presidente, Marcos Leyún, que ha lamentado que las ayudas“ no suponen ni una sexta o séptima parte” de las que han percibido otras víctimas en España.

Además, AVIPIREN denuncia falta de transparencia de la Comisión del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos (PRIVA), organismo que ha fijado la cuantía de la indemnización, porque no les ha dado traslado de la información sobre sus casos que les remitió la congregación religiosa. “Les demandé que, para poder defender nuestra posición, teníamos que saber qué es lo que había presentado el colegio de los hermanos Maristas”, reclama Leyún. Ahora, está a la espera de respuesta a un correo “exigiéndoles explicaciones de por qué hay diferencias [en cuanto a las indemnizaciones] al mismo tipo de abuso”.

La Comisión PRIVA se creó para atender las denuncias de pederastia por parte de la Iglesia en toda España. Está compuesta por expertos independientes del ámbito jurídico y médico-forense que evalúan el efecto que han tenido los abusos en la vida de las víctimas. La comisión es la que fija la indemnización que cree oportuna para cada víctima en función de lo que le ha ocurrido.

Desde el Arzobispado de Pamplona señalan, a preguntas de este periódico, que es “imposible que por el mismo caso se pague menos” y aseguran que “la cantidad no difiere entre ser diocesano o de una congregación”. “Aunque sí en la velocidad”, puntualizan, puesto que, en el caso de las órdenes religiosas, son estas las que deben indemnizar a la víctima. Añaden que “Navarra es la diócesis que más pasos ha dado en el acompañamiento y reparación del daño a las víctimas”. “El arzobispo ha tomado las riendas del tema y personalmente pidió que hubiera representantes de la Iglesia también en la comisión foral (para quién no quisiera acudir a la Iglesia a denunciar), además de reunirse personalmente con los representantes de las asociaciones de víctimas y con las personas que han denunciado los abusos”.

Las víctimas de religiosos de Maristas en Navarra señalan que todavía conservan “cierta esperanza” en ser indemnizadas con una mayor cuantía económica, aunque resaltan que “no hay dinero en el mundo” que pague “las barbaridades” y el “sufrimiento” sufrieron. Han celebrado el histórico acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia firmado el pasado 8 de enero, que se prevé que incremente las cuantías de reparación a víctimas del clero y que “va a volver a estudiar los casos”. Según el pacto, el hecho de que cobren el dinero que se les ha fijado ahora, no les excluye de poder recibir una nueva indemnización. La asociación ha puntalizado que no quieren que el Estado cubra con los gastos, pues “no tiene responsabilidad de los abusos” y “la Iglesia tiene dinero de sobra y la congregación más”.

Marcos Leyún ha explicado que creen que puede haber muchos más casos de agresiones sexuales, puesto que él mismo fue testigo de las que sufrían sus compañeros de clase por parte de los profesores del colegio de la congregación Marista, “la medalla de plata en número de casos”.

Leyún fue víctima de pederastia en 1958, cuando tenía nueve años, y su caso ha prescrito. “El hermano se bajaba del estrado y nos metía mano a cinco de la misma clase, haciendo como que nos corregía lo que nos había mandado”, rememora. Hasta hace apenas unos años no constaban denuncias de abusos por parte de la Iglesia en Navarra, hoy rondan las 80.

También ha participado en la protesta Koldo Eslava, quien ha contado que de él “abusaron tres curas” y los Maristas “negaron la existencia de dos, como si no hubieran existido”, lo que a su juicio refleja la poca voluntad de la orden en reparar a sus víctimas. José Costana, también víctima de Maristas que ya recibió la indemnización y ha querido acompañar hoy a sus compañeros, ha contado que, a raíz de su denuncia a través de un medio de comunicación navarro, los Maristas se pusieron en contacto con él para decirle que “sentían mucho no haber sabido cuidarle como se merecía. Aunque no pedían perdón”. “Mucha gente no denunció en su momento por miedo y vergüenza y algunos tampoco lo cuentan hoy en día porque les sigue avergonzando y no tienen esperanza de que se solucione nada”, explica Marcos Leyún. La primera denuncia la puso hace siete años Jose Luis Pérez, víctima él y su hermano, y que escapó del Colegio Reparadores de Puente la Reina, “reinaba el miedo”, recuerda.

Con apenas seis años Thora Birch debutó en el cine. Con 10 ya era una de las actrices infantiles más exitosas. Ella fue quien dio vida a la hija de Harrison Ford en Juego de Patriotas y protagonizó El retorno de las brujas, un clásico infantil que hace poco revivió con una secuela tardía en la que ella no apareció. Sobrevivió a la maldición de la niña actriz, y ya como adolescente siguió encadenando proyectos como Amigas para siempre. 

Sin embargo, si hay una película con la que todo el mundo identifica a Birch esa es, sin duda, American Beauty. Con 17 años protagonizó una de esas obras que quedan en el imaginario popular. La crítica al sueño americano y a la burguesía de EEUU dirigida por Sam Mendes es un título para el recuerdo, y Birch destacaba como la hija antisistema que odiaba a sus padres, a los que daban vida Kevin Spacey y Annette Bening.

Aunque los focos de una industria machista y pendiente de vender se los llevo Mena Suvari, su amiga en la ficción, fue Birch la que demostraba un talento y algo que no era habitual en Hollywood. Por eso llamó la atención de directores independientes como Terry Zwigoff en su adaptación de la novela gráfica de culto Ghost World en 2001. Desde entonces, Birch ha resistido los envites del sector, y ha ido alternando su trabajo en producciones más convencionales con películas que entroncan con ese cine autoral por el que mostró pronto su interés.

Es con esas obras con las que está vinculada La cronología del agua, el debut en la dirección de Kristen Stewart que acaba de llegar a las salas de cine y donde Thora Birch brilla como la hermana de la protagonista, Imogen Poots. Una historia sobre el trauma, los abusos y la forma de sobrevivir a ellos que la protagonista de Crepúsculo ha elegido como primera película, donde demuestra unas formas nada académicas. Fragmenta su narración y convierte la película en una serie de recuerdos, estilizados y visualmente arrebatadores. 

De alguna forma, Birch y Stewart son dos intérpretes que parecían condenadas a entenderse y conocerse. Dos actrices infantiles que quisieron dejar atrás los clichés sobre ellas y los papeles más obvios y que han acabado trabajando como directora y actriz. Se conocieron en un evento “nueve meses antes de empezar a rodar”. Se habían visto alguna vez antes, pero no se acordaban. Unos meses después, Thora Birch recibió una llamada. Era Kristen Stewart. “¿Puedes ayudarme a hacer mi película?”, le lanzó. Y Birch no se lo pensó. Le dijo que sí. No se arrepiente. “No había visto algo tan diferente en mucho tiempo”, cuenta a elDiario.es.

Kristen Stewart y yo empezamos bastante jóvenes en la industria y, de alguna manera, logramos pasar de ser una actriz joven a algo más, y eso nos dio un lenguaje común

Thora Birch — Actriz

No tiene duda de que el hecho de haber sido las dos actrices infantiles es algo que las hace tener un lenguaje común: “Kristen y yo empezamos bastante jóvenes en la industria y, de alguna manera, logramos pasar de ser una actriz joven a algo más, y eso nos dio un lenguaje común para empezar. Cuando nos comunicábamos en el set, era de una forma no verbal. Simplemente, nos mirábamos, y si había algo que necesitaba un ajuste o un recordatorio, a menudo Kristen era la que mejor me ayudaba a mantenerme al tanto”.

Aunque siempre le preguntan, no tiene miedo a volver al pasado e intentar entender por qué American Beauty se convirtió en tal éxito. Para ella, eso apela a “un malestar suburbano”. “Retrata de una manera muy cotidiana, en el sentido de que el público podía acceder a lo mundano, lo que llamábamos entonces el malestar suburbano. En aquel entonces lo hizo de una forma muy poética, el guion era muy bueno y las actuaciones geniales. Me dio a oportunidad de trabajar con gente increíble. Y un par de años después hice Ghost World. Y eso sí que realmente consolidó mi transición de actor infantil a papeles de adulto. Y pensé que tras esa película las cosas simplemente fluirían, que habría más historias sobre las Enid del mundo. Historias que ofrecieran una mirada profunda a lo mundano, algo que pensé que era bastante importante, y todavía lo creo, solo que ahora nada parece mundano”, zanja.

Esos papeles adultos que han conducido a La cronología del agua, donde le sorprendió lo claro que Stewart lo tenía todo: “Supo desde el primer día lo que hacía y cómo quería hacerlo. Ha dedicado ocho años a esto. Yo no tengo esa capacidad de atención y eso fue algo que admiré mucho. No sé si la envidio, pero sí la admiro, igual que su capacidad para impregnar cada fotograma con su propio espíritu. Ha sido algo realmente inspirador, y no me di cuenta de lo inspirador que ha sido hasta que vi la película”.

Un guion que era “visceral y emotivo”, y también, “ligeramente incoherente”. Lo era por sus continuos saltos, su fragmentación y su riesgo, pero Thora Birch sabía que Kristen Stewart llevaba tanto tiempo con el proyecto que pensó que esta vez “el guion era quizás secundario”. Y eso hacía el proyecto “todavía más intrigante”. De hecho, confiesa que cuando acabó el rodaje y le preguntaban qué tal ella decía que “ni idea”: “Luego vi la película y me quedé completamente impresionada, porque hizo algo único. Trajo el punk rock de vuelta a la experiencia cinematográfica. Abordó algunos de los temas más difíciles, temas que son casi tabú como los abusos, de una manera que no es exagerada, sino natural”. 

El actor estadounidense James Ransone, de 46 años, ha sido hallado muerto en Los Ángeles. La Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles ha informado del fallecimiento del intérprete, que se habría quitado la vida. Fuentes policiales habrían confirmado al portal TMZ que no había indicios de una agresión.

Ransone, que estaba casado y tenía dos hijos, saltó a la fama en 2003 con su papel de Ziggy Sobotka en la exitosa serie 'The Wire', situada en Baltimore, su ciudad natal. En ella interpretó durante 12 episodios a Ziggy, el problemático hijo del líder de los estibadores, Frank Sobotka. La ficción es considerada una de las más influyentes en televisión.

Desde 2001 participó tanto en series como películas. Apareció puntualmente en 'CSI', 'Ley y orden' o 'Hawai 5.0', y en siete episodios de 'Generation Kill' y en otros tantos de 'Buscarse la vida en América'. Asimismo, apareció en diez capítulos de 'Treme', en ocho de 'Bosch' y en otros diez de 'Low winter sun'.

Además, apareció en el segundo episodio de la serie 'It', donde compartió reparto con estrellas como Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader o Bill Skarsgård.

En 2021 hizo público que había sufrido abusos sexuales cuando tenía 12 años por parte de un extutor que trabajaba en escuelas públicas de Maryland. Según publicó en su cuenta de Instagram, este hecho fue el motivo de que años después lidiara con la adicción al alcohol y a la heroína. Aunque denunció formalmente los hechos, la Policía no quiso presentar cargos penales.

La publicación parcial de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia el viernes ha demostrado cómo la Administración de Trump está utilizando diversas tácticas para intentar ocultar la conexión del presidente con Jeffrey Epstein.

Pese a la llegada de la fecha límite que la ley había establecido para publicar los archivos de la investigación sobre el pederasta, el Departamento de Justicia había ofrecido pocos datos sobre sus planes para hacerlos públicos. De lo que no había dudas es de que el departamento difundiría los archivos el viernes por la tarde, recurriendo al habitual truco de Washington de ocultar noticias poco favorables dándolas a conocer justo antes del fin de semana, cuando la atención pública es menor.

En medio de esa opacidad, el viernes por la mañana, Todd Blanche, el fiscal general adjunto, declaró en Fox News que el Departamento de Justicia no publicaría todos los archivos el viernes, como exigía la ley. “La previsión es que publicaremos más documentos en las próximas semanas; hoy, varios cientos de miles, y en las próximas semanas, varios cientos de miles más”, declaró Blanche en la cadena ultraconservadora. “Hay mucha gente examinándolos y queremos asegurarnos de que, al publicar este material, protejamos a todas las víctimas”.

Cuando el Departamento de Justicia finalmente publicó miles de páginas de los archivos el viernes por la noche —no los cientos de miles que Blanche había prometido en Fox News—, muchos de los documentos habían sido censurados en gran medida o en su totalidad. Salvo algunas fotos, la documentación procedente de la investigación judicial no mencionaba a Trump, pese a que, según han publicado diferentes medios, la fiscal general Pam Bondi había advertido a Trump a principios de este año que su nombre figuraba en esos archivos.

La forma en la que se han publicado los archivos evidencia cómo la Administración Trump intenta equilibrar la exigencia de hacer públicos los documentos —algo alentado en buena parte por la base MAGA— con la ocultación, mediante su difusión gradual, de situaciones incómodas para Trump, que fue amigo de Epstein durante años. El anuncio de Blanche de que el Departamento de Justicia seguirá publicando documentos de manera constante durante las próximas semanas —es decir, durante las vacaciones de Navidad—, lleva a pensar que el gobierno apuesta a que los estadounidenses dejarán de prestar atención a la historia a medida que se alargue.

Thomas Massie, uno de los congresistas republicanos que impulsó la ley para la divulgación los archivos de Epstein, fue uno de los muchos legisladores que expresaron su indignación con la fórmula empleada por la Administración Trump. En Twitter, afirmó que la publicación “incumple flagrantemente” la ley.

“La Administración Trump es la más transparente de la historia. Al publicar miles de páginas de documentos, cooperar con la solicitud de citación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y solicitar recientemente que se investigue a los amigos demócratas de Epstein, la administración Trump ha hecho más por las víctimas que el Partido Demócrata”, ha respondido una portavoz de la Casa Blanca en un comunicado. El Departamento de Justicia ha evitado, por ahora, responder a las críticas ante la solicitud de The Guardian.

La llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que regula la divulgación de los documentos, exige a la fiscal general Pam Bondi que presente, dentro de los 15 días siguientes a la publicación del material, un informe que detalle la categoría de todos los archivos y un resumen de los borrados o ediciones realizados y su fundamento legal. No está claro si ese informe se retrasará, dado que los archivos se publicarán de forma gradual.

Si bien Trump apenas aparece en la documentación publicada el viernes –de hecho, durante el fin de semana, aparentemente han desaparecido de la web del Departamento de Justicia algunos de los documentos publicados en los que figuraba–, Bill Clinton aparece en varias imágenes. 'The Daily Wire', una web cercana a Trump, obtuvo una foto de Clinton y Epstein el jueves, un día antes de la publicación. Entre las fotos publicadas el viernes se encontraban fotos de Clinton descansando en una piscina y un jacuzzi. Portavoces del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca se apresuraron a destacar esas imágenes en Twitter.

“Estimado presidente demócrata. La caja negra se ha añadido en la imagen para proteger a una víctima”, publicó Gates McGavick, portavoz del Departamento de Justicia, junto a una foto de Clinton en lo que parece ser un jacuzzi con otra persona cuyo rostro está censurado. Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, publicó otra foto de Clinton con alguien cuyo rostro está censurado y, citando la canción Jumpman de los raperos Drake y Future, escribió: “Esos chicos traman algo”.

Ángel Ureña, portavoz de Clinton, emitió un comunicado a última hora del viernes en el que afirmaba que la Administración Trump estaba utilizando al expresidente para intentar distraer la atención de la conexión de Trump con Epstein.

“La Casa Blanca no ha estado ocultando estos archivos durante meses solo para revelarlos un viernes por la noche para proteger a Bill Clinton. Se trata de lo que llegará después, o de lo que intentarán ocultar para siempre”, afirma Ureña en el comunicado. “Así que pueden publicar tantas fotos de hace más de 20 años como quieran, pero esto no va de Bill Clinton. Nunca se ha tratado de eso”.

Otras muchas personalidades figuran en las imágenes publicadas el viernes, entre ellas, Mick Jagger, Michael Jackson, Richard Branson, Chris Tucker, David Copperfield o Kevin Spacey. Al igual que Clinton, ninguno ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein. Pero su aparición inmediata en los archivos beneficia a Trump, creando la impresión de que no era inusual que hombres famosos se relacionaran con Epstein.

Como a los republicanos más combativos, la publicación (y la estrategia empleada) tampoco ha apaciguado a los demócratas en el Capitolio. La dirección del partido criticó rotundamente la divulgación limitada de los archivos, y algunas voces han pedido ya la destitución de Bondi. “Ahora el encubrimiento ha quedado al descubierto. Esto está lejos de terminar”, escribió Alexandria Ocasio-Cortez en X. “Bondi debería dimitir esta misma noche”.

Decenas de miles de húngaros pidieron este sábado, en las calles de Budapest, la dimisión del primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, tras desatarse un escándalo por casos de abusos de menores en hogares infantiles del país.

“¡Basta ya! Manifestación en defensa de los menores”, fue el lema de la protesta convocada por el principal rival de Orbán, el conservador y opositor Péter Magyar, jefe del partido Tisza.

La marcha, en la que según estimaciones del portal 444.hu participaron decenas de miles de personas, llegó hasta la sede de la oficina del primer ministro, en el barrio 'Castillo de Buda' de la capital.

“El poder no es capaz de defender a los menores”, declaró Magyar ante los congregados.

El popular líder opositor aludió así al escándalo desatado tras la reciente publicación de varios vídeos en los que se ve cómo empleados de un centro correccional agreden físicamente a menores, así como de un informe sobre maltrato de niños en hogares infantiles.

“En una democracia, después de casos como estos, el primer ministro y también el presidente debe irse”, dijo Magyar, augurando que el gobierno del partido de Orbán, Fidesz, en el poder desde 2010, “está por terminar”.

“¿Cómo pueden permitir que en este país se golpee, se humille, se viole y se mate de hambre a los niños en lugares que deberían ser seguros para ellos? ¿Cómo pueden permitir esto?”, planteó el político.

Tras varias denuncias de abuso en el centro correccional de la calle Szolo de Budapest, Orbán reaccionó primero negando que se hubieran cometido delitos contra menores de edad.

Después de la publicación de los vídeos grabados en la citada institución, el Gobierno alegó que las víctimas eran jóvenes que habían cometido delitos y decretó la supervisión policial de estos centros.

Varios especialistas llamaron la atención de que los jóvenes albergados en esos centros son menores de edad con juicios en curso, es decir, no han sido declarados culpables y condenados, por lo que les corresponde la presunción de inocencia.

Un informe realizado en 2021 y publicado recientemente por Magyar denuncia unos 3.300 presuntos casos de abuso de diferentes niveles contra menores de edad en hogares infantiles, un número supone el 20 % de todos los menores albergados.

Los redactores del documento encuestaron a centenares de empleados de los hogares sobre los dos años anteriores, y estiman que es aún mayor la cifra oscura, pues los casos denunciados oficialmente no superarían el 25 % del total.

Según el informe, más de 300 menores sufrieron abuso sexual en los hogares.

Magyar aludió el viernes a este documento como un “informe secreto”, acusando al Gobierno de Orbán de conocerlo y haberlo ocultado, razón por la que pidió su dimisión.

Sin embargo, la prensa independiente afirma que el estudio había sido publicado al menos parcialmente.

Por su parte, el Ministerio de Interior informó de que en 2022 se envió a los jefes de los servicios especializados el citado informe, se elaboró un protocolo de investigación y se presentaron más de 3.400 denuncias por sospecha del maltrato de menores.

Hungría celebra elecciones legislativas el próximo año, previsiblemente en abril, y el sondeo más reciente, realizado por el Instituto Republikon, ha medido una intención de voto del 43 % para el partido Tisza y del 35 % para el partido de Orbán, el Fidesz.

La pareja de la madre de Lucca, el niño de cuatro años hallado muerto en la costa de Garrucha (Almería), habría violado y golpeado al menor hasta causarle la muerte, según la investigación de la Guardia Civil recogida en el auto de ingreso en prisión de la Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vera.

El auto señala que, sobre las 11:00 horas del 3 de diciembre, la madre se fue a preparar comidas al quiosco donde trabajaba, dejando en la vivienda a su pareja y al niño; en ese intervalo, Juan David R.C. habría violado al menor y lo habría golpeado “de forma reiterada” en el abdomen y otras partes del cuerpo.

El auto indica que, antes de la agresión mortal, Juan David R.C. “maltrataba y golpeaba” de forma habitual al menor y que aprovechaba los momentos en los que se quedaba al cuidado de Lucca; en una ocasión habría fracturado un hueso del brazo del niño.

Esos episodios de maltrato se habrían producido posiblemente “con conocimiento” de la madre, Bárbara Ysmar B.O., según declaraciones de testigos y lo manifestado por la propia investigada en otras ocasiones ante la policía y los jueces.

La Guardia Civil considera que la madre podría haber presenciado al menos una parte de la agresión, ya que sobre las 12:00 horas regresó al domicilio tras recibir el aviso de su compañero sentimental de que el niño se encontraba “mal”. El auto recoge que el acusado declaró ante el juez que la mujer acudió en las “horas previas al fallecimiento del menor al domicilio” y habría estado presente durante parte del episodio sin que “hubiera tenido intención presunta de evitarlo o asistir a su hijo”.

Según la investigación, una vez muerto Lucca, ambos investigados habrían trasladado el cuerpo hasta un antiguo búnker en la playa de Garrucha, en el límite con Mojácar, donde abandonaron el cadáver.

El informe preliminar de la autopsia al que ha tenido acceso EFE señala que la muerte del menor se habría producido por un shock hipovolémico, un desgarro hepático y un politraumatismo abdominal con derrame intestinal.

La madre y su pareja sentimental permanecen en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado sábado. El abuelo materno del niño se personó como acusación particular en la causa y solicitó al juzgado el inicio de un expediente de jurisdicción voluntaria para poder incinerar el cadáver del menor, al no haberse podido obtener la autorización de la madre. La personación se formalizó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera, que estaba en funciones de guardia cuando se produjo el hallazgo del cuerpo y las detenciones.

Una mujer y su actual pareja han sido detenidos en Almería por la muerte del hijo de ella, un niño de 4 años, cuyo cadáver fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha, según han informado este jueves a EFE fuentes cercanas a las investigación.

Fuentes del Ayuntamiento de Garrucha han explicado de que, sobre las 22:30 horas, se recibió aviso sobre la desaparición de un menor y se activó una búsqueda por parte de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

Las fuentes próximas a la investigación han añadido que fue la tía de la mujer quien dio aviso de la desaparición del niño porque la madre le envío un mensaje en el que le decía que lo había abandonado en una caseta de la playa de Garrucha.

La Guardia Civil localizó el cadáver del niño con evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta en una zona rocosa de la playa y poco después detuvo a la madre y a un hombre que es su actual pareja y no es el padre del menor.

Las fuentes han detallado que el hombre tiene vigente una orden de alejamiento de la mujer.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) ha revocado la condena a seis años de cárcel que le fue impuesta al exsacerdote Jesús José María Menéndez Suarez, conocido como 'el padre Chus', por tres delitos de corrupción de menores al hallar una “duda razonable” sobre la versión aportada por las víctimas.

El alto tribunal asturiano revoca así parcialmente la sentencia condenatoria dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, ya que le mantiene los cuatro años de cárcel por tráfico de drogas por inducir a los menores a consumir sustancias estupefacientes en su domicilio.

El abogado defensor, Javier Díaz Dapena, ha confirmado a elDiario.es Asturias que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo (TS) para que sea declarada la total absolución del exsacerdote al que considera “plenamente inocente”.

Dinero a cambio de sexo

La Audiencia Provincial había condenado, el 28 de junio de 2024, al exsacerdote tras declarar probado que, al menos desde el año 2015, contactaba con menores invitándoles a acudir a su domicilio ubicado en la calle Donato Argüelles de Gijón, “donde les entregaba pequeñas cantidades de dinero o les facilitaba hachís que consumían en el salón y en su presencia”.

Los menores siempre consumían la droga delante del 'padre Chus', quien facilitaba el piso como lugar habitual para el consumo. Además, les instaba a que invitaran a otros menores a fumar el hachís con ellos y entablar una amistad para, posteriormente, “ganarse la confianza del mayor número de chicos posible guiado con la finalidad de conseguir mantener relación sexuales con ellos bajo la promesa de facilitarles dinero, hachís o permitir la permanencia de éstos en su casa consumiendo libremente tal sustancia”, según consta en la sentencia.

Las propuestas a los menores

Los magistrados de la Sección Octava sostuvieron que el excura, “con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales”, propuso en 2015 a uno de los menores que tenía en aquel momento 14 años, que le practicara una felación, a lo que éste se negó, pese a lo cual le facilitó hachís en repetidas ocasiones.

'El padre Chus' ofreció dinero a otro menor, de 16 años, “a cambio de dejarse tocar el pene”, no accediendo el menor al que igualmente le entregó hachís en más de una ocasión.

En un tercer caso, el excura le puso la mano en la pierna a otro menor, también de 16 años, y le propuso darle dinero a cambio de sexo, recibiendo la misma respuesta negativa.

Hachís intervenido en el registro

La Policía realizó un registro en el domicilio de la calle Donato Argüelles, el 11 de noviembre de 2021, en el que se intervino a otra persona 5,28 gramos de hachís “que iban a ir destinados al suministro a menores”.

La Audiencia condenó al excura a una pena de cuatro años de prisión por el delito de tráfico de drogas y a tres penas de dos años de prisión por cada uno de los tres delitos de corrupción de menores, así como a su inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, fueran o no retribuidos, que conllevase contacto regular y directo con personas menores de edad y a libertad vigilada.

Desde al menos el año 2015, jóvenes, tanto mayores como menores de edad, accedían frecuentemente al domicilio de Jesús José María Menéndez Suárez, donde con pleno conocimiento de éste consumían de modo habitual hachís, sustancia que en ocasiones les era proporcionada personalmente por el propio acusado

Magistrados — Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA)

El anonimato de los testigos protegidos

El abogado defensor, Javier Díaz Dapena, recurrió la sentencia en apelación ante el TSJA. Los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal han sustituido este relato de hechos probados por uno nuevo donde se reconoce explícitamente que “desde al menos el año 2015, jóvenes, tanto mayores como menores de edad, accedían frecuentemente al domicilio de Jesús José María Menéndez Suárez, donde con pleno conocimiento de éste consumían de modo habitual hachís, sustancia que en ocasiones les era proporcionada personalmente por el propio acusado”.

El letrado había solicitado a la Audiencia conocer la identidad de los testigos protegidos, pero el tribunal mantuvo el anonimato al considerar que era la forma de defender la integridad física y psíquica de los tres menores que declararon en la causa. Ante esta tesitura, la defensa instó al TSJA a pronunciarse sobre esta delicada y compleja cuestión.

Intereses confrontados

“Nos encontramos ante una ponderación de intereses confrontados, la tutela de la integridad personal del testigo frente al derecho de defensa a través de una prueba testifical sometida a los principios de inmediación y contradicción”, reconoce el TSJA.

Ante esta disyuntiva, el alto tribunal optó por ratificar la conveniencia del anonimato de los testigos protegidos, al estimar que las pruebas de cargo no se reducían a la declaración de las víctimas y advertir que era “razonablemente ponderada la decisión de mantener reservada la identidad de los testigos en el juicio”.

El secreto de las comunicaciones

El segundo motivo de recurso presentado por la defensa hacía alusión a la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones al intervenir el teléfono del exsacerdote.

Para resolver este motivo, los magistrados se remiten a mayo de 2021 cuando una dotación policial auxilió a una menor que presentaba síntomas de intoxicación toxica que admitió que había ingerido cocaína que le había facilitado una persona que le había dicho que la sustancia se la facilitaba el 'padre Chus', a cambio de relaciones sexuales. Esa persona fue un testigo protegido.

La vigilancia del domicilio del excura

Los investigadores policiales establecieron entonces una vigilancia en torno al domicilio del excura, en junio y julio de 2021, y constataron cómo numerosos jóvenes accedían y abandonaban el inmueble e identificando cuando salía a una persona que les entregó tres trozos de hachís.

“Concurrían pues datos objetivos que indiciariamente indicaban la seria probabilidad de que al indicado domicilio los jóvenes acudían para consumir drogas, con alusión a que podían ser facilitadas a cambio de favores sexuales, y dado que los probables hechos ocurrían en el interior de una vivienda -argumenta la Sala- la dificultad de comprobación que ello comportaba presentaba como justificado el recurso a investigar las conversaciones telefónicas de su titular, aflorando necesaria y proporcional la medida de escucha y grabación de las mismas”.

La inviolabilidad de la vivienda

Javier Díaz Dapena invocó un tercer motivo al alegar que se había producido igualmente una vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio por el auto de entrada y registro en la vivienda del excura el 10 de noviembre de 2021.

En este sentido, el tribunal no tuvo duda alguna y lo desestimó con el siguiente razonamiento: “Descartada la nulidad de las escuchas, decae directamente la base de este motivo del recurso”.

La presunción de inocencia

El último motivo del recurso aducía que se había producido una violación del derecho a la presunción de inocencia por inexistencia de prueba de cargo. El tribunal tampoco lo tiene en cuenta, al sostener que la valoración que la Audiencia hizo de las pruebas practicadas “en modo alguno carece de toda base razonable, es decir, no es ni irracional ni llega a conclusiones contrarias a las más elementales reglas de la lógica”.

El TSJA reconoce que no alberga duda razonable para mantener la condena por el delito contra la salud publica ya que el conjunto probatorio muestra que el 'padre Chus' “facilitaba el consumo de drogas toxicas por jóvenes, muchos menores, quienes con asiduidad fumaban hachís en su vivienda con su pleno conocimiento y consentimiento”.

“Vamos a echar unos petas ahí”

Varios testigos protegidos -además de los menores denunciantes- corroboraron que era el exsacerdote quien suministraba la droga y además veía cómo la consumían. A estas manifestaciones se sumaba el contenido de las grabaciones telefónicas. Entre otras, cómo uno de los testigos “pide dinero al apelante para 'echar unos petas ahí' y cómo a otro testigo, el 'padre Chus' le contesta que en ese momento no tiene porros pero que más tarde podrá tener algo”.

No existe la misma convicción por parte del tribunal a la hora de constatar si hubo o no corrupción de menores. Para ello se detiene en la declaración de uno de los testigos protegidos que declaró que en varias ocasiones el acusado le propuso hacerle una felación, que “la primera vez él era menor, se negó y le dio un guantazo, que lo propuso más veces siendo ya mayor pero nunca fue obligado. Añade que no sabe si fue broma lo de la felación, les hacía gracia lo que decía Chus, que siguió yendo por su casa tras declarar en el Juzgado y que la Policía le dijo que si declaraba contra Chus lo soltarían y no le pasaría nada por traficar con droga”.

“Chus es bromista con el sexo”

En la declaración del segundo denunciante, éste manifestó que cuando tenía 16 años en su habitación Chus le dijo que le daba dinero si se dejaba tocar el pene, pero añadía el detalle de que “Chus es bromista con el sexo pero le vio serio, que tiene borrosa la etapa porque se drogaba pero recuerda lo del pene”.

Uno de los testigos llegó a declarar que no quería que se le condenara porque las cosas que se decían “no eran verdad” y sus manifestaciones, según el tribunal, presentan “fisuras en el relato, así como ambigüedad sobre el posible carácter jocoso de las expresiones del apelante, recuerdo difuso de la época de las mismas o imposibilidad de someter a contradicción en el plenario la declaración preconstituida de otro testigo”.

Las expresiones de los menores

Junto a estas declaraciones, los magistrados disponían de las testificales de dos trabajadoras del centro de asistencia a menores sobre expresiones que otros menores utilizaban aludiendo a Chus, “a la tercera felas ”o “comerle la serpiente”, en cuanto sustraídas las mismas a todo control contradictorio.

Una vez analizada toda la prueba, el tribunal de la Sala de lo Civil y Penal concluye que “el acervo probatorio no permite consolidar una convicción incriminatoria exenta de razonable duda”.

Mostramos una satisfacción parcial por el fallo por cuanto quien postula la libre absolución de todos los cargos, jamás puede encontrar consuelo cuando no alcanza su objetivo íntegro. No obstante, sí que nos encontramos ciertamente satisfechos con la supresión de los tres delitos graves que han sido objeto de condena en la instancia y, por supuesto, se anunciará recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el objeto de que sea declarada la total absolución de quien consideramos plenamente inocente

Javier Díaz Dapena — Abogado defensor del 'padre Chus'

El recurso ante el Supremo

La sentencia no es firme y contra la misma se puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), una opción a la que se va a acoger el abogado defensor.

“Mostramos una satisfacción parcial por el fallo por cuanto quien postula la libre absolución de todos los cargos, jamás puede encontrar consuelo cuando no alcanza su objetivo íntegro. No obstante -afirma el letrado- sí que nos encontramos ciertamente satisfechos con la supresión de los tres delitos graves que han sido objeto de condena en la instancia y, por supuesto, se anunciará recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el objeto de que sea declarada la total absolución de quien consideramos plenamente inocente”.