Las víctimas de pederastia a las que indemnizó la Iglesia podrán pedir más dinero tras el pacto con el Gobierno

Las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia han visto con satisfacción el acuerdo suscrito el pasado jueves entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, que abre una puerta a la participación de los supervivientes de la pederastia clerical en todos los puntos del proceso, del que hasta la fecha estaban apartados.

Un “hito histórico”, como lo ha definido el portavoz de ANIR y padre de la víctima del ‘caso Gaztelueta’ Juan Cuatrecasas, y que, a falta de desarrollar todos sus detalles, permitirá, entre otras cosas, que víctimas que ya han pasado por el plan PRIVA –incluso aquellas que llegaron a aceptar la indemnización propuesta unilateralmente por la Iglesia– puedan solicitar una nueva baremación. También, que los familiares de víctimas que iniciaron el proceso de reparación y murieron durante el mismo puedan continuar con la voluntad del fallecido.

A falta de concreciones, que se espera puedan empezar a conocerse cuando, a partir de esta semana, empiecen los contactos con el Defensor del Pueblo, que debe recibir la encomienda oficial antes de establecer los baremos definitivos, estos son algunos de los puntos clave del histórico acuerdo de reparación para las víctimas de la pederastia clerical.

En primer lugar, y por encima de todas las cosas, que las víctimas (y las asociaciones que las representan) podrán elegir cuándo y dónde presentar sus demandas. Ya sea ante el Ministerio de Justicia, ante la Oficina de Víctimas del Defensor del Pueblo o en las oficinas de las diócesis o congregaciones religiosas. No solo será el PRIVA el único canal, como hasta ahora.

En segundo término, también sumamente relevante, las víctimas podrán hacer algo más que aceptar la reparación ofrecida por los expertos de la Conferencia Episcopal, o negarse a hacerlo. Con el nuevo modelo, desde el principio, los denunciantes podrán hacer una petición razonada y, en caso de desacuerdo, ellos y sus representantes formarán parte de una Comisión Mixta que intentará tomar una decisión unánime. En caso contrario, será el Defensor del Pueblo, y no la Iglesia (el Estado, y no la representante de los victimarios), quien decida el importe final.

Hasta 300.000 euros

¿Cuál será ese importe? Otro de los puntos esenciales, por más que las víctimas no se mueven, ni mucho menos, por dinero. Tal y como adelantó Pedro Sánchez a las asociaciones el pasado viernes, el Defensor del Pueblo tendrá que establecer unos baremos, que serán “muy superiores” a los establecidos por la Iglesia (hasta ahora, entre 3.000 y cien mil euros), y que seguramente se basen en el modelo irlandés, donde las indemnizaciones podrían alcanzar los 300.000 euros. Esto es: tres veces más que en la actualidad. Y, como hasta ahora, tal y como anunció el ministro Félix Bolaños, “todas las compensaciones serán abonadas por la Iglesia católica, el Estado no abonará un céntimo. Las indemnizaciones las decide el Estado, la Iglesia católica las paga”.

¿Quiénes podrán beneficiarse del nuevo acuerdo? Todas las víctimas cuyos casos hayan prescrito civilmente, que tendrán un año (ampliable a otro) para denunciar. ¿Por qué este plazo? Por el deseo del Gobierno de que los casos no prescritos sigan el cauce judicial pertinente, más allá de que algunas víctimas continúan abogando por la imprescriptibilidad de estos casos.

¿Qué ocurre con las víctimas que ya lo recibieron en 2025 y que, por tanto, están obligados a tributar, en algunos casos, con más de 30.000 euros? El Senado aprobó el pasado 4 de diciembre una propuesta para que se aprobara esta exención retroactiva con carácter urgente, que todavía no se ha implementado

¿Todas las víctimas? Todas. Incluso, las que en su día acudieron al PRIVA y aceptaron la indemnización propuesta. Hay al menos tres casos (uno de ellos, de las reparaciones más altas hasta la fecha) que ya han planteado su intención de acogerse al nuevo modelo. En este caso, habrán de presentar una reclamación ante el nuevo organismo, que evaluará si reabre la causa. Si se hace, y recibe una cantidad superior, se descontaría lo ya recibido. Otra novedad relevante es que los familiares de aquellas víctimas que hubieran fallecido una vez iniciado el proceso, podrán seguir adelante, algo que no sucedía con el plan PRIVA.

En lo económico, las nuevas indemnizaciones estarán exentas de impuestos. ¿Y qué ocurre con las víctimas que ya lo recibieron en 2025 y que, por tanto, están obligados a tributar? En algunos casos, estamos hablando de pagos de más de 30.000 euros. En este sentido, cabe recordar que el Senado aprobó el pasado 4 de diciembre una propuesta para que se aprobara esta exención retroactiva con carácter urgente, que todavía no se ha implementado. Algo que afecta a las 61 víctimas que ya han recibido indemnización a través del PRIVA, por un montante de 1.858.420 euros (854.000 corresponden a indemnizaciones de caso diocesanos y 1.004.420 a indemnizaciones de casos de instituciones religiosas, según los últimos datos hechos públicos por el Plan PRIVA).

Toda la información en www.religiondigital.org