Los padres de Diego Bello han llegado ya a a Manila (Filipinas) para declarar en el juicio contra tres policías acusados de su muerte. Lo harán el próximo 16 de enero aunque, según ha explicado la propia madre, Pilar Lafuente, a Europa Press se encuentran ya allí porque tienen primero que hacer una declaración jurada y estar con los abogados “para ver cómo va a ser todo”. La declaración está previsto que se inicie a las 08.30 horas del viernes --a las 01.00 horas de España--.

Por este crimen se juzga a tres policías, que se enfrentan acusaciones de asesinato y suplantación de pruebas en relación con la muerte del joven, en enero de 2020, en la isla filipina de Siargao.

En junio de 2025, el Tribunal de Primera Instancia Regional de la República de Filipinas negó la libertad bajo fianza de los tres policías acusados de matar al coruñés Diego Bello.

De acuerdo con la investigación, no hubo un enfrentamiento armado con el joven, como sostuvieron inicialmente los agentes. Además, el informe forense indica que Bello fue alcanzado por disparos mientras ya se encontraba en el suelo.

De hecho, la propia Comisión de Derechos Humanos de Filipinas rechazó los argumentos esgrimidos por los policías en relación a la muerte en el contexto de una operación antidroga. Todo ello en el marco de un trabajo en colaboración con la Oficina Nacional de Investigación (NBI) filipina.

“No hay ningún informe nuevo”, ha aseverado la madre respecto a los ya emitidos, entre ellos el del NBI que descartó que la muerte de Diego Bello estuviese vinculado al tráfico de drogas y a un operativo relacionado con esta cuestión, como sostuvieron inicialmente los acusados.

De hecho en el informe de la Comisión, de 2020, se descartaba esta cuestión en base a un análisis detallado de los hechos y de testimonios, considerando, entre otras cuestiones, que hubo una “violación” de los protocolos operativos y rechazando los argumentos de los agentes en relación a la forma en que se produjo la muerte del joven coruñés.

Patricia Evangelista (Manila, Filipinas, 1985) se define así misma como una “periodista de traumas”. Colaboradora habitual de medios como el New York Times y el New Yorker, centra su trabajo en las consecuencias de los conflictos armados, catástrofes naturales y la lucha por los derechos humanos.

La carrera de Evangelista, también la ha llevado a seguir de cerca la actividad del presidente Rodrigo Duterte, sobre el cual acaba de publicar en catalán y castellano Que alguien los mate: Crónica de la violencia de mi país (Comanegra/Reservoir Books, 2025), una investigación sobre los asesinatos extrajudiciales que se produjeron bajo el mandato de Duterte y que fue incluido en la lista de mejores libros de no ficción del año del Time, New York Times y New Yorker.

“En Filipinas, mientras un político está siendo juzgado, gana elecciones”, afirma refiriéndose a Rodrigo Duterte quien, a pesar de haber sido detenido por crímenes contra la humanidad, ha ganado recientemente las elecciones a la alcaldía de su bastión, Davao. Así se ha expresado durante una conversación con la prensa en el CCCB de Barcelona, centro en el cual inicia ahora una residencia de dos meses.

Evangelista insiste en que Duterte está pasando por un proceso judicial “gracias a las personas que han decidido contar su historia, sino no existiría ni tan siquiera el libro”. Su ensayo centra el foco en estas voces y sus testimonios durante la “guerra contra las drogas” de Filipinas, uno de los capítulos más oscuros de la nación.

“Mi trabajo consiste en dejar un registro de lo que hago e intento honrar las historias de las personas”, añade. La periodista, investigadora y documentalista filipina suma así otro proyecto donde saca a relucir las vivencias traumáticas de la población en contextos de conflictos armados y la ardua lucha por los derechos humanos.

Además, destaca que no es fácil construir una crónica de este calibre en Filipinas porque no es el país más seguro para un periodista. “Más de cien periodistas murieron el año pasado y, si haces este tipo de periodismo, siempre tienes ese miedo”, relata.

“El futuro de autócratas como Duterte es brillante, porque nadie recuerda el pasado”, remarca. Para la reportera, el objetivo de su libro y de su carrera en general no es dar una solución a un problema, pero si hay alguna, es mediante contar historias. “No tengo las expectativas pero sí la esperanza de que lo que haces pueda cambiar algo”, concluye.

El programa de residencias internacionales

Patricia Evangelista es la cuarta participante del programa de residencias internacionales “Resident CCCB”. La autora comenzará un comisariado lleno de actividades que dará comienzo el próximo 22 de mayo y finalizará el 25 de julio. En su estancia, reflexionará sobre el trauma, la violencia, el autoritarismo, o el auge de la extrema derecha, entre otros temas.

El programa de residencias internacionales gestado por el CCCB en colaboración con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Fundación Privada Mir-Puig, consiste en la invitación de personalidades del mundo artístico, del pensamiento o del periodismo a vivir en Barcelona durante dos o tres meses, para realizar una variedad de proyectos culturales.

Para el centro, este proyecto tiene el objetivo de promover el debate de excelencia y la relación creativa entre Catalunya y el mundo. Además, pretende promover espacios de trabajos pausados, para así favorecer la creación de vínculos en profundidad entre invitados y el contexto cultural local.

Después de Evangelista, la escritora, lingüista e investigadora mexicana, Yásnaya Elena Aguilar Gil, será la residente que coja el relevo del programa. En este caso, su carrera se centra en el estudio y la promoción de la diversidad lingüística y los derechos de las poblaciones indígenas de México, que están en riesgo de desaparición.

El expresidente filipinio Rodrigo Duterte, que se encuentra detenido en La Haya, lidera con un amplio margen de votos la carrera por la alcaldía de su bastión sureño, según los resultados provisionales de las elecciones a mitad de mandato celebradas este lunes, unos comicios marcados por la disputa entre el presidente, Ferdinand Marcos Jr., y la familia del exmandatario.

Duterte se hizo con 618.398 votos en la ciudad de Davao, que gobernó durante más de tres décadas antes de dar el salto a la presidencia entre 2016 y 2022, lo que representa más del 85% de los votos en su bastión sureño.

El expresidente fue detenido el pasado marzo en Filipinas tras ser acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) de crímenes contra la humanidad, en el marco de su cruenta guerra contra las drogas. Según datos de la Policía, unas 6.000 personas murieron en asesinatos extrajudiciales y operativos antinarcóticos, aunque ONG locales elevan la cifra a 30.000.

Su arresto se ha convertido en un tema central de estos comicios, en los que además de 18.000 puestos de la administración local también estaba en liza la totalidad de la Cámara de Representantes y la mitad del Senado.

Por ello, las elecciones se han convertido tanto como un referéndum a las políticas de Marcos Jr. como en un baremo a la popularidad del clan Duterte.

Según los resultados provisionales los candidatos impulsados por Marcos Jr. al influyente Senado y los avalados por el clan Duterte quedaron empatados.

“El abogado ante la CPI dijo que, una vez recibamos los documentos (en caso de ganar), podremos intentar que el expresidente Rodrigo Duterte preste juramento”, afirmó el lunes su hija Sara, vicepresidenta del país asiático, después de votar.

No obstante, con Duterte en La Haya a la espera de que comience su juicio el próximo septiembre ante la CPI, no está claro quién asumirá las funciones de alcalde.

Además de la victoria provisional del patriarca del clan Duterte, a la espera de que la Comisión Electoral de Filipinas (COMELEC) publique los resultados definitivos la semana próxima, el recuento no oficial indicó el dominio de la dinastía en Davao.

Su hijo Sebastian Duterte lideraba con un 83% de los votos la carrera por la vicealcaldía de la urbe sureña, mientras que otro de sus vástagos, Paolo, se encontraba a la cabeza del recuento como aspirante a la cámara baja del Congreso en uno de los distritos de Davao. Igual que dos nietos del expresidente, en liza para puestos de la administración local.

Aunque la vicepresidencia no está en juego, las elecciones determinarán la composición del influyente Senado y por tanto el futuro de Sara Duterte.

La vicepresidenta se enfrenta a un reguero de acusaciones de corrupción en el marco de un juicio político ante la cámara alta del Congreso que podrían desembocar en su destitución, eliminando sus opciones de optar a dirigir el país en 2028. 

La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, fue recibida por representantes del Ministerio de Exteriores neerlandés a su llegada este jueves a Países Bajos para tratar de reunirse con su padre, el expresidente Rodrigo Duterte, detenido tras ser acusado por crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI).

“A su llega (a Ámsterdam), la vicepresidenta Duterte fue recibida con asistencia del Ministerio de Exteriores neerlandés y la Policía Nacional”, dijo la oficina de Sara Duterte en un comunicado. Según la nota, la vicepresidenta tiene previsto mantener “varias reuniones” en Países Bajos mientras espera poder reunirse con su padre.

El expresidente ingresó ayer en el centro de detención de la CPI en La Haya tras ser detenido en Filipinas el martes, después de que el tribunal emitiera una orden de arresto acusándole de crímenes contra la humanidad.

La Corte lo acusa de crímenes contra la humanidad relacionados con la guerra contra las drogas entre 2011 y 2019. Según la Policía filipina, en los cinco años de mandato de Duterte como presidente, alrededor de 6.000 personas murieron en operativos antidroga y operaciones extrajudiciales, unas estimaciones que ONG locales elevan a más de 30.000 fallecidos.

Por temor a rendir cuentas ante la CPI, Duterte retiró en marzo de 2019 a Filipinas del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, pero la corte estimó que esa decisión no afecta a su jurisdicción sobre crímenes cometidos antes de esa fecha.

La vicepresidenta ha denunciado que su padre fue llevado “a la fuerza” a La Haya en un intento del Gobierno de debilitar a su clan familiar antes de unas elecciones a mitad de mandato que tendrán lugar el 12 de mayo. El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., hijo del fallecido dictador filipino, afirmó sin embargo haberse limitado a cumplir con las obligaciones del país asiático ante Interpol.

El actual presidente y la hija del exmandatario forjaron una exitosa alianza de cara a las elecciones presidenciales de 2022, pero su relación se deterioró rápidamente y Sara Duterte se enfrenta ahora a un juicio político ante el Senado por corrupción. 

Rodrigo Duterte ha enviado un mensaje a sus seguidores justo antes de aterrizar detenido en Países Bajos. “A mis compatriotas”, dijo Duterte, cuyo avión aterrizó ayer por la tarde en el aeropuerto neerlandés, “estoy bien, no se preocupen”. “Por todo lo sucedido en el pasado, soy yo quien se puso al frente de nuestras fuerzas del orden y del Ejército. Les dije que les protegería y que asumiría la responsabilidad de todo”, concluyó el exmandatario.

El expresidente no ha pedido perdón y defiende sus políticas. “Mi mandato como presidente de la república era proteger al país y a los filipinos. No cuestionéis mis políticas porque no ofrezco ni perdón ni excusas, hice lo que tenía que hacer”, dijo Duterte el pasado noviembre ante el Senado filipino, al ser cuestionado sobre los asesinatos extrajudiciales.

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte ha sido detenido este martes por la Policía del país asiático después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto, acusándolo de crímenes contra la humanidad durante su sangrienta campaña contra las drogas.

Duterte fue detenido en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila a su llegada de Hong Kong, donde participó el pasado fin de semana en un acto electoral previo a los comicios del próximo 12 de mayo entre rumores sobre su orden de arresto.

La detención tuvo lugar después de que la oficina de Interpol de Manila recibiera esta mañana la copia oficial de la orden de arresto de la CPI, según ha señalado la oficina presidencial en un comunicado.

Varios medios locales han informado por la tarde de que un avión con el expresidente ha partido hacia La Haya. Sara Duterte, vicepresidenta de Filipinas e hija del expresidente, ha denunciado que su padre está siendo “trasladado por la fuerza”. “Esto no es justicia, es opresión y persecución”, ha señalado la vicepresidenta, que acusa al Ejecutivo del presidente y antiguo aliado en las elecciones de 2022, Ferdinand Marcos Jr., de entregar a un ciudadano filipino “a potencias extranjeras”. “Es una flagrante afrenta a nuestra soberanía”, ha dicho.

6.000 muertos en operativos antidroga y asesinatos extrajudiciales

Duterte y sus acompañantes llegaron al aeropuerto a las 9:20 hora local (1:20 GMT), momento en que el Fiscal General del país asiático presentó la notificación de la CPI por crímenes de lesa humanidad, y el expresidente fue escoltado por las fuerzas de seguridad fuera del aeropuerto. Según el comunicado de la oficina presidencial, el político de 79 años de edad goza de buena salud y fue examinado por un equipo médico tras ser detenido.

El exmandatario llevó a cabo una guerra contra las drogas durante su mandato, entre 2016 y 2022, en la que murieron unas 6.000 personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esta cifra a más de 30.000.

La Corte Penal Internacional inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado, y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos.

En 2021 Jun Santiago, miembro de la congregación religiosa redentorista, montó un pequeño café en Cubao, Manila, con la ayuda de un grupo de artistas y profesionales de los medios. Fue para darles trabajo a las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante la pandemia y ofrecerles una vía para compartir sus historias.

Santiago estableció el Silingan Coffee en el complejo Cubao Expo con la ayuda de la alianza Dar Respuesta y Romper el Silencio Contra los Asesinatos (RESBAK, por sus siglas en inglés), que facilitó el espacio para el café. RESBAK une a artistas y a profesionales de los medios de comunicación que se han unido para oponerse a la guerra contra las drogas y los abusos de derechos humanos del expresidente filipino Rodrigo Duterte. 

El nombre de la cafetería es el término en lengua bisaya para “vecino”, y refleja el lema del local, que se ha hecho popular entre estudiantes y defensores de los derechos humanos. “No solo vendemos cafés, también contamos historias”, dice Santiago al medio filipino Rappler.

Desde su fundación en 2021, el café no solo ha mejorado sus servicios ―ahora cuenta con una cocina móvil en la Iglesia Redentorista de Parañaque―, sino que algunos de sus empleados se animaron a compartir sus experiencias como familiares de víctimas de ejecuciones con cualquier cliente que deseara escuchar sus historias.

Nanette Castillo, de 54 años, ha trabajado como camarera en la cocina móvil de Silingan. En 2017 su hijo Aldrin fue asesinado a tiros por cinco hombres no identificados cerca de su casa. Las autoridades calificaron el caso de Aldrin como “muerte bajo investigación”, similar a otros incidentes de tiroteo de los que participaron sospechosos no identificados. 

“Estamos contentos en Silingan porque somos como una familia. El personal ha pasado por lo mismo, todos somos víctimas. Todos perdimos a nuestros seres queridos y la mayoría somos el sostén de la familia”, dice Castillo en tagalo, la lengua hablada mayoritariamente en Filipinas.

Ann, que perdió a su hijo y a su marido en la llamada guerra contra las drogas, también trabaja como camarera en Silingan. La mujer de 49 años se las arregla para hacerlo mientras combina sus estudios con otros trabajos a tiempo parcial. Dice que pudo recuperar la esperanza gracias al apoyo del café y que ve su trabajo como una escapatoria temporal de los horrores provocados por la política de Duterte: “Cuando trabajo soy feliz porque estoy con mis compañeros. Es nuestra oportunidad de ponernos al día, de pasar tiempo juntos y de asegurarnos de que ellos también están bien”.

Los familiares siguen enfrentándose a dificultades a la hora de buscar justicia para sus seres queridos. A través del espacio que les ha brindado Silingan, Castillo espera derribar estereotipos sobre las víctimas. “La cafetería Silingan no es solo para las familias de los mal llamados ‘drogadictos’; la cafetería Silingan es para quienes respetan los derechos humanos, se preocupan por la gente y disfrutan ayudando a las personas”, dice.

Las promesas de Marcos

Mientras esperan a que prospere la investigación sobre la muerte de sus familiares, los empleados de Silingan le piden al actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., que demuestre verdadera “unidad” resolviendo los casos. En la entrevista se les pregunta qué mensaje quieren transmitirle al presidente tras su primer aniversario en su residencia y lugar de trabajo, el Palacio de Malacañán.

Castillo se dirige a él y le pide “que actúe como un presidente”.  “Como siempre dice usted, para que haya unidad en el país, demuéstrenos que está haciendo lo correcto: que se investigue a las personas que cometieron estos asesinatos”, dice dirigiéndose a Marcos. 

El presidente actual asegura que continuará la guerra contra las drogas de Duterte pero de una manera “ligeramente” diferente, haciendo de la prevención y la rehabilitación sus principales prioridades en lugar de centrarse en la mera aplicación de la ley. Unos meses después de su toma de posesión en 2022, dijo que no tiene intención de permitir que Filipinas vuelva a formar parte del Tribunal Penal Internacional.

Castillo añade que entonces deberían investigar todos los casos de muertes por la guerra contra las drogas sin excepción. Ann comenta: “Mi llamamiento al presidente es que preste atención a las víctimas. Todos conocemos la historia de los Marcos, pero esta es una forma de que demuestre que es diferente”.

Esta historia fue publicada originalmente en Rappler (Filipinas), y es republicada dentro del Programa de la Red de Periodismo Humano, apoyado por el ICFJ, International Center for Journalists.

La familia Marcos ha pasado años renovando su imagen, presentando el Gobierno autoritario de Marcos padre –durante el cual saquearon miles de millones– como una época dorada y restando importancia a las atrocidades del pasado. Los investigadores lo han descrito como una ofensiva de desinformación diseñada para revisar la historia, mejorar la reputación de los Marcos y debilitar a sus oponentes.

Muchos votantes no tienen edad suficiente para recordar el Gobierno de Marcos, que finalizó en 1986, y los académicos advierten que ese período no se enseña a fondo en las escuelas, lo que crea una vulnerabilidad que los Marcos y sus seguidores han aprovechado. Muchos partidarios dicen que no creen que la familia haya saqueado los fondos del Estado, a pesar de las numerosas sentencias judiciales que así lo determinan.

Algunos analistas dicen que la victoria de Marcos es la continuación de una ola populista que comenzó con el presidente Rodrigo Duterte y, a la vez, un reflejo de la frustración social ante la incapacidad de los gobiernos anteriores de ofrecer reformas suficientes y tangibles tras la Revolución del Poder del Pueblo que derrocó a Marcos padre.

¿Es Marcos un aliado de Duterte?

Duterte no apoyó oficialmente a Marcos como candidato presidencial, ni se ha mostrado siempre elogioso hacia su persona. El año pasado, Duterte calificó a Marcos Jr de “niño mimado” y “líder débil”. Y ello a pesar de que Marcos se presentó en una candidatura conjunta con la hija de Duterte. En otro discurso afirmó que un candidato presidencial que tenía un padre prominente, en una referencia apenas encubierta a Marcos, era consumidor de cocaína.

Sin embargo, durante su presidencia Duterte permitió la rehabilitación del apellido Marcos e incluso recomendó que Marcos padre recibiera un entierro de héroe con honores militares en 2016. “La propagación del mito de una edad de oro durante la dictadura de Marcos jugó a su favor mientras fue presidente”, señala Sol Iglesias, profesora asistente de Ciencias Políticas en la Universidad de Filipinas. Asimismo, Iglesias dice que aquella narrativa estaba alineada con el propio liderazgo de Duterte como hombre fuerte, “pero ahora, hacia el fin de su mandato, su principal interés parece ser evitar la rendición de cuentas”, añade.

Las recientes burlas de Duterte a Marcos pueden deberse a la irritación ante el hecho de que su hija se haya presentado como candidata a la vicepresidencia y no para el cargo principal. Quien sea presidente tendrá que decidir si coopera o no con la Corte Penal Internacional (CPI), que ha iniciado una investigación sobre la llamada “guerra contra las drogas” de Duterte.

¿Quién es Sara Duterte?

Sara Duterte, de 43 años, atrajo por primera vez la atención del país entero una década atrás, cuando dio cuatro puñetazos en la cabeza a un sheriff local ante una multitud de periodistas. En aquel entonces era alcaldesa de la ciudad de Davao, en la isla sureña de Mindanao, donde su familia es muy poderosa. Su padre había sido su predecesor inmediato en la alcaldía. Sara se mantuvo en el cargo hasta principios de este año.

Amante de las motocicletas, tiene el mismo estilo duro que su padre. Sin embargo, su retórica es menos cruda y extrema (Rodrigo Duterte ha llamado “hijo de puta” al Papa, ha bromeado sobre las violaciones y una vez pareció compararse con Hitler).

Muchos habían anticipado que Sara se presentaría a la presidencia. El año pasado aparecieron carteles por todo el país con la frase “Corre, Sara, corre” (juego de palabras con 'run', que en inglés puede significar tanto “correr” como “postularse”).

Su candidatura en tándem junto a Marcos Jr ha reunido a dos de las familias políticas más poderosas de Filipinas y ha unido a las bases de apoyo de ambos clanes, tanto en el norte como en el sur del país.

Esta asociación no solo refleja la preservación mutua de las dos familias, sino también el sistema de dinastías que domina la política en Filipinas, dice Iglesias, quien cree que son ciertas las informaciones que sugieren que el acuerdo fue promovido por la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo. “Si ella no hubiera acordado este tándem, podrían haberse enfrentado entre sí, y eso habría pulverizado a sus bases de votantes, que se refuerzan mutuamente”, dice Iglesias. En ese escenario, la victoria podría haber estado al alcance de alguien como la vicepresidenta Leni Robredo, una candidata que había prometido reformas, incluida una ley antidinástica.

¿Qué podemos esperar de la presidencia de Marcos Jr?

Si se confirman los resultados del recuento inicial de votos, Marcos Jr gozará de un amplio mandato. Sin embargo, su campaña fue escasa en detalles políticos, por lo que los analistas dicen que no está claro cómo utilizará esta ventaja. Puede que Marcos intente modificar la constitución de 1987, dice Iglesias. Por ejemplo, puede intentar cambiar la norma que impide a los presidentes presentarse a la reelección al final de un mandato de seis años. 

Marcos heredará una complicada situación económica, dice Sonny Africa, director ejecutivo de la Fundación IBON. “Los datos más recientes del Banco Central sobre el último trimestre de 2021 muestran que siete de cada diez familias no tienen ningún tipo de ahorro, ya sea en el banco o bajo el colchón”, dice, mientras que un gran número de empresas pequeñas se ha hundido. Sin embargo, añade Africa, ni Marcos ni su equipo ofrecieron una visión general sobre cómo abordar estos problemas.

Marcos sí se pronunció sobre qué haría con la investigación del Tribunal Penal Internacional. El hijo del dictador dijo que a los visitantes del tribunal solo les permitiría entrar al país como turistas, lo que impediría que los fiscales investiguen la “guerra contra las drogas” de Duterte en el país.

También se espera que busque estrechar lazos con China, continuando así las políticas del Gobierno de Duterte.

Traducción de Julián Cnochaert.

El caso de Cristina Palabay ayuda a entender el actual clima de miedo y represión en Filipinas bajo el actual Gobierno de Rodrigo Duterte. La secretaria general de Karapatan, una ONG local en defensa de los derechos humanos, ha sido atacada y amenazada en numerosas ocasiones. Además de los secuestros y las torturas a miembros de la ONG, se han producido asesinatos, los dos últimos a tiros, después de que las víctimas hubieran sido calificadas de “comunistas”. Sus nombres eran Zara Álvarez y Ka Randy.

Mary Lawlor, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, se posicionó al respecto defendiendo su pertenencia a Karapatan y argumentando que “en Filipinas, ser 'etiquetado' como 'rojo', o comunista, es una amenaza persistente y poderosa para la sociedad civil y la libertad de expresión”. Este año, el Nobel de la Paz ha recaído precisamente en una de las personas que defiende con la libertad de expresión el país contra el “abuso de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo”: la periodista Maria Ressa.

Palabay –también integrante del Consejo Regional del Foro de Asia y el Pacífico sobre la Mujer, el Derecho y el Desarrollo– denuncia que su organización ha sufrido ciberataques durante los últimos meses y sospecha que el Gobierno de Duterte está detrás.

Habrá elecciones presidenciales en mayo de 2022, pero Palabay no es muy optimista. La activista critica los “fallos estructurales” del sistema político del país, por lo que cree que es necesaria una “revisión”.

Recientemente han denunciado nuevos ciberataques y sospechan del Gobierno de Duterte, con 30.000 bots, tras haber impulsado el hashtag #StopTheKillingsPH. ¿En qué consisten exactamente estos ataques?

Según la ONG especializada en derechos digitales Qurium, los ataques que hemos sufrido se conocen como ataques de denegación de servicio (DDoS). Pasan cuando una cantidad considerable de sistemas atacan a un objetivo único, provocando la denegación del servicio que ofrece el sistema afectado. Los ataques empezaron en el mismo momento en el que publicamos información contra el Gobierno ligada al hashtag #StopTheKillingPH durante los días de la acción y, sobre todo, desde Israel. Por suerte, gracias al hosting de Qurium, nuestra web sigue en pie y no se ha caído totalmente. Sin embargo, estamos muy alarmados porque este tipo de ataques pueden sucederse contra nosotros o contra otras organizaciones de defensa de los derechos humanos.

No es la primera vez que denuncian ataques. ¿Temen que sigan ocurriendo?

Es la tercera vez que atacan nuestra web de Karapatan y pienso que, desgraciadamente, no será la última.

Miles de personas, muchas pobres, han sido asesinadas bajo el pretexto de la “guerra contra las drogas” del Gobierno, mientras muchos activistas afrontan amenazas y hostigamiento tras ser vinculados con grupos armados comunistas. El propio Duterte ha dicho que matará comunistas.

La “guerra contra las drogas” de Duterte y sus campañas contra la “insurgencia” han resultado ser una violación total de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, arrestos y detenciones ilegales o arbitrarias, torturas, amenazas… Estas campañas se están llevando a cabo para instaurar un clima de miedo e impunidad en Filipinas, para que aquellos que están en el poder permanezcan con medidas contra el propio pueblo.

¿Es la “guerra contra las drogas” un método de represión de Duterte?

Duterte está siguiendo campañas similares y los ejemplos de América Latina, donde miles de vidas fueron también arrebatadas a costa de la “guerra contra las drogas”.

Han denunciado la muerte de nueve activistas en una operación policial en marzo. ¿Cómo actuaron las fuerzas de seguridad?

Las fuerzas de seguridad fueron quienes solicitaron las órdenes de registro, citando informantes dudosos y altamente cuestionables, utilizaron las órdenes de registro para justificar las redadas, efectuaron operaciones en las primeras horas de la mañana y dispararon contra los activistas a sangre fría, tal y como lo atestiguaron familiares, amigos y vecinos. En Karapatan lanzamos un informe donde se explica su metodología al detalle.

Sin ir más lejos, usted ha sido amenazada de muerte, además de haber sufrido una campaña de acoso. ¿De dónde proceden estas amenazas?

He sido blanco de amenazas tanto del Gobierno y las fuerzas militares como de individuos desconocidos. El Gobierno y los militares lo hacen a través de sus declaraciones en los medios y sus publicaciones en las redes sociales. Mientras, individuos desconocidos me han llamado y me han escrito a mi móvil y mis cuentas de redes sociales.

También me enfrento a acoso judicial, con un caso contra mí y otros seis representantes de Karapatan, por parte del asesor de Seguridad Nacional, que presentó una demanda con la intención de reprimirnos por nuestras acciones en defensa de los derechos humanos.

¿Qué persiguen?

Personalmente, pienso que estas formas de atacarme a mí y a Karapatan tienen como objetivo intimidarnos y silenciarnos para parar nuestro trabajo de documentación. Nosotros controlamos y registramos las violaciones de derechos humanos de las fuerzas estatales bajo el Gobierno de Duterte. 

La ONU ha documentado 248 asesinatos de defensores entre 2015 y 2019. También miembros de Karapatan, como Zara Álvarez, han sido asesinados hace solo un año. ¿Por qué les atacan?

Karapatan ha sido —y es— blanco de todos estos ataques y asesinatos porque, presumiblemente, no quieren que la verdad salga adelante. De una forma similar, los ataques contra los periodistas y las voces de la oposición en Filipinas siguen sucediendo. Seas parte de un partido político o no, parece que la administración de Duterte se empeña en silenciar todas y cada una de las formas de disidencia política.

¿Es Karapatan un chivo expiatorio para el Gobierno?

De alguna manera sí, somos usados como chivo expiatorio por el Gobierno, en vez de abordar los problemas de derechos humanos que hay actualmente. Tal y como hemos dicho, somos simples mensajeros. No deberían disparar a los mensajeros, sino poner orden internamente poniendo fin a los ataques y haciendo justicia.

En otras ocasiones, ha dicho que estos asesinatos se cometen de forma anónima y con métodos espurios.

Hay dos patrones en los asesinatos cometidos en la “guerra contra las drogas” y las campañas contra la “insurgencia”: aquellos cometidos por el personal uniformado y aquellos que se cometen bajo cierto velo de anonimato a través de operaciones tándem o vigilantes. Sin embargo, en los asesinatos cometidos por “individuos anónimos”, se ven similitudes en las conductas, maneras y circunstancias con los que cometen las fuerzas de seguridad del Estado. 

¿Hasta qué punto llega el miedo a la represión a la hora de que la gente intente cambiar las cosas?

El clima de miedo es real porque ha habido muchas víctimas y los testigos están aterrados de presentar denuncias por temor a las represalias. El clima de impunidad, en el que nadie rinde cuentas y continúan los asesinatos, se ha visto fortificado. 

A ello hay que sumar los altos índices de pobreza que padece la población filipina.

Sí, totalmente. Tras un año de pandemia hay 18,6 millones de familias pobres y con pocos ingresos con dificultades en el país, según el informe de la Fundación IBON. Teniendo en cuenta la actual media de la familia en Filipinas de 4,4 miembros, esto afecta a unos 81,8 millones de filipinos. 

Organismos políticos internacionales, como el Parlamento Europeo en 2020, han condenado los abusos en Filipinas. ¿Hace falta ayuda internacional en el país? ¿De qué tipo?

Los mecanismos internacionales están obligados a llevar investigaciones independientes sobre la grave situación de derechos humanos en Filipinas, ya sea la Corte Penal Internacional o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Parlamento Europeo u otros parlamentos y órganos intergubernamentales. Estos organismos cobran especial importancia dado el fracaso de los mecanismos internos del país para hacer justicia y rendición de cuentas. Deben presionar al Gobierno filipino para que cesen los ataques.

¿Le preocupa que las acciones internacionales sobre la situación en Filipinas se muevan por intereses económicos?

El Gobierno filipino es parte de los tratados, pactos y acuerdos internacionales de los derechos humanos. Por lo tanto, tiene la obligación de cumplir las normas e instrumentos internacionales de los derechos humanos.

En cuanto a lo que pregunta, por supuesto. Hay intereses económicos y políticos que entran en acción, pero esperamos que se superpongan los intereses de justicia, la rendición de cuentas y las luchas por las democracias a largo plazo. 

Jose Maria Sison, presidente fundador del Partido Comunista de Filipinas, ha dicho que “servir a dos potencias imperialistas como China y EEUU” puede traer problemas a Duterte. ¿Está de acuerdo? ¿Podrían estas potencias intervenir de alguna manera?

Estados Unidos y China están compitiendo y tienen un gran control sobre las diversas facetas de la vida en Filipinas, especialmente en las esferas políticas y económicas. Ellos pueden hacer muchas cosas con sus herramientas diplomáticas, pero, al mismo tiempo, quiero alertar de que no deben hacer esto para establecer aún más su control e intervención en el país. 

En mayo de 2022 habrá elecciones en Filipinas. Duterte ha anunciado que se retirará para entonces. ¿Las elecciones pueden cambiar la situación actual del país?

Todo lo que hace Duterte tiene que ver con sus trucos, que no se nos olvide. Según la ley, puede haber sustituciones de candidatos hasta el 15 de noviembre, así que aún puede haber sorpresas. Las elecciones de 2022 serán determinantes también en el sentido de si la administración policial continúa o no. Está claro que la gente está en contra de Duterte y sus aliados en las elecciones. Y, aún más importante, es vital que estas políticas sangrientas sean repudiadas y castigadas por el próximo gobierno, gane quien gane.

Hay quien equipara a Duterte con el dictador Marcos. ¿Es Duterte un exponente de la extrema derecha?

Duterte es un claro ejemplo de un presidente autoritario y promotor de las políticas de la extrema derecha.

Algunas voces cuestionan que el sistema de Filipinas tiene demasiados fallos estructurales como para que se solucione en las elecciones. ¿Está de acuerdo?

El sistema político de Filipinas requiere una revisión o reinicio, teniendo en cuenta los fallos innatos y estructurales del sistema que tenemos ahora. 

¿Hay alguna posibilidad de cambio real en el país? ¿Qué hace falta?

El cambio real es posible siempre y cuando la gente de Filipinas se organice y luche por ello. Debería ir dirigida hacia una democracia popular donde los derechos sean reservados y defendidos. 

El Nuevo Ejército del Pueblo (NPE, en inglés), brazo armado del Partido Comunista en Filipinas, se establece, sobre todo, en zonas rurales, donde tiene una mayor influencia y apoyos. ¿Es su “guerra popular prolongada” una amenaza real para el Gobierno de Duterte?

El Nuevo Ejército del Pueblo representa una amenaza para el Gobierno de Duterte, considerando su agenda de la guerra popular prolongada a través de la lucha democrática nacional con perspectiva socialista. Sin embargo, si debemos creernos la premisa de que el Partido Comunista y el Nuevo Ejército del Pueblo son una fuerza desgastada, ¿por qué el Gobierno aún los considera una amenaza?

Filipinas lleva años en el punto de mira de las asociaciones de defensa de los Derechos Humanos. Su presidente, Rodrigo Duterte, quien llegó al poder en 2016, carga a sus espaldas con años de aumento del temor social, de pobreza, de represión e incluso de asesinatos. Organismos y activistas sociales lo comparan con el antiguo dictador Ferdinand Marcos. Él mismo ha asegurado idolatrarlo. 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó en junio de 2020 una investigación sobre Filipinas en la que denunció la campaña de terror e impunidad de la guerra contra las drogas, así como el hostigamiento a líderes sociales y grupos de izquierda, con 248 activistas asesinados desde el inicio del mandato de Duterte, según el informe.

La población filipina vive bajo umbrales de pobreza muy elevados. En el 2018, un 52% de las familias filipinas se consideraban pobres. En islas como Mindanao, que se caracteriza por ser rica en recursos minerales y agrícolas, 7 de cada 10 familias viven por debajo del umbral de la pobreza, según Oxfam.

Chaco Molina es un profesor filipino de Psicología Social que también trabaja en desarrollo humanitario en las comunidades rurales de las provincias de Batangas, Cavite y Negros Occidental, así como junto a colectivos urbanos en Manila. Molina denuncia el problema de la desigualdad: “Es casi mortal”, dice. “Los que tienen más poder, quieren mantenerlo así y quienes deberían decir ‘basta’, lo dan como una ley natural”, dice en declaraciones a elDiario.es. 

En la actualidad, el 26,3% de las personas filipinas vive con menos de 174 euros al mes, no muy lejos del 28,8% del año 2006. UNICEF, afirmó que cada año la desnutrición infantil mata a más de 29.000 niños filipinos menores de 5 años. 

“No tenemos dinero suficiente para abastecernos de recursos”, cuenta Lustrio Zaldy a este diario, un habitante de Balicasag, una pequeña isla en Filipinas. “El problema en Balicasag es que no tenemos agua potable, tenemos que cruzar a la isla más cercana para comprar agua”, detalla Zaldy, contactado a través del proyecto MAKTUB de Lucía Quimey. Sin embargo, “no tenemos barca ni dinero para comprar una ahora mismo”. Antes, este filipino trabajaba en un pequeño hotel de cocinero. Con la COVID-19, el hotel cerró. “Ahora no tengo trabajo ni recursos, ya que muchas veces me llevaba las sobras del hotel para casa”. Relata también que antes el Gobierno iba a la isla y racionalizaba el arroz, pero ha parado de hacerlo.

“Vemos la pobreza en las calles, hay más vagabundos y las despensas de los supermercados cada vez están más vacías”, alerta una artista en Manila, que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias. Todo ello causa “violencia callejera y más inestabilidad económica”, señala un ingeniero químico de la isla de Makati, quien tampoco se siente cómodo dando su nombre. 

En cuanto a la educación, solo 5 de cada 10 filipinos acaban la educación básica en el país. Para la artista residente en Manila, “el paupérrimo nivel de educación en la sociedad causa que tengamos a líderes como Duterte en el poder”. Alejandro Ernesto, fotoperiodista freelance en Filipinas, insiste en que “en Filipinas hay poquísimo nivel educativo, pero el gran problema es la pobreza”. En 2020 el PIB per cápita fue de 3.298 dólares, encontrándose en la parte baja del ranking mundial. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano, Filipinas se sitúa en el puesto 107 de 189.

La guerra contra las drogas

Buena parte de los asesinatos que sufre el país vienen de “la guerra contra las drogas” lanzada por el presidente. Duterte, en un afán de populismo, prometió acabar con el tráfico de drogas. Un filipino residente en Manila y profesional de la publicidad que prefiere mantenerse en el anonimato señala: “Asesinaron a los pequeños traficantes y dejaron en libertad a los grandes capos”. La policía filipina calcula que 6.600 personas han fallecido en operaciones antidroga. Sin embargo, Amnistía Internacional calcula que la cifra llega a los 27.000 fallecidos solo en los tres primeros años de Gobierno. 

“Miles de niños en Filipinas han sufrido daños físicos, emocionales y económicos duraderos por la abusiva guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte”, dijo Human Rights Watch en el informe 'Our Happy Family Is Gone’: Impact of the ‘War on Drugs’ on Children in the Philippines (Nuestra familia feliz ya no existe: impacto en los menores de la guerra contra las drogas). La misma ONG pidió a los gobiernos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2020 que apoyasen una investigación internacional independiente sobre los asesinatos de la 'guerra contra las drogas' en el país.

“Si que es cierto que nos acercábamos a un problema de 'narcoestado', no tanto de salud pública, sino como comercio ilegal. Tampoco es que hayan detenido a nadie importante, van a por los de la calle”, dice Chaco Molina, que estudió en la Universidad de Salamanca. “La gente pensaba: ‘con tal de que mi hijo no se drogue, que maten a quien lo vende”. “Los seis primeros meses fueron devastadores”, asegura. 

“Olvidaos de los derechos humanos”

Hace algo más de un año, el gobierno de Duterte promulgó la “Ley Antiterrorista 2020”. Esta ordenanza permite a la policía y al ejército detener sin orden judicial a las personas sospechosas de tener relación de cualquier tipo con el terrorismo; así como mantenerlas recluidas durante 14 días, prorrogables a 10 más, y someterlas a vigilancia durante 60 días, prorrogables otros 30. Organizaciones como Amnistía Internacional se han posicionado en contra. 

El pasado 6 de marzo, Duterte instó a la policía a matar a los “rebeldes comunistas” y “asegurarse de matarlos de verdad y acabar con ellos si están vivos [...]”. “Olvidaos de los derechos humanos. Esa es mi orden. Estoy dispuesto a ir a la cárcel, eso no es problema. No tengo ningún reparo en hacer las cosas que tengo que hacer”.

Desde hace más de 50 años, en Filipinas opera el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA, sus siglas en inglés). Se trata de una guerrilla comunista revolucionaria instaurada en las zonas más rurales del país. Si bien Filipinas tiene más de 7.000 islas, entre un 10% y un 20% de ellas están habitadas por indígenas. Además, es un país con una fuerte tradición campesina. En ambas zonas es donde los rebeldes marxistas de corte maoísta tienen mayor influencia y apoyo. 

El último atentado que se atribuye al NPA fue en el 2015, según el Center for International Security and Cooperation de la Universidad de Stanford. Entonces los combatientes destruyeron un camión con un artefacto explosivo improvisado y atacaron a un miembro de las fuerzas auxiliares de las Fuerzas Armadas de Filipinas.

“La adhesión social y el apoyo al NPA surge ante la gran pobreza y contradicciones que vivimos los filipinos, no son una secta”, explica Molina sobre el ejército popular. Chaco asegura no coincidir “al cien por cien” ni apoyar “la lucha armada” del NPA, pero lo ve “una resistencia necesaria con todo lo que está pasando”. “¿Acaso los conservadores no tienen su grupo armado? Con sus agencias de seguridad e investigación y los guardias de los diputados, los escoltas armados, etc.”, se cuestiona. “Existen a partir de una serie de injusticias estructurales y cuando el Estado no te da soluciones, tienes que tomártelas”, opina Molina.

La ley antiterrorista constituye una herramienta para cultivar la represión social. En los últimos años se han sucedido diversos asesinatos en operaciones supuestamente contra los rebeldes comunistas. El último, el pasado mes de junio, con tres víctimas y donde murió un niño a manos del ejército filipino. Estas operaciones las han sufrido desde miembros del NPA hasta organizaciones en Defensa de los Derechos Humanos, como Karapatan —que significa “derecho” en tagalog—. Desde 2016, 13 miembros de esta asociación han sido asesinados, sumados a los detenidos. “Siendo una ONG que tampoco plantea ningún sistema alternativo, tienen fama de rojos organizados y eso les ha creado problemas”, explica Chaco Molina.

En materia de terrorismo cabe mencionar también la amenaza del grupo yihadistsa Abu Sayyaf. El grupo ha realizado multitud de extorsiones, secuestros, bombardeos, violaciones... Fueron responsables del que se considera el peor ataque terrorista de Filipinas: el ataque bomba contra el Superferry 14 en 2004 en Manila, donde asesinaron a 116 personas. El último atentado que se les atribuye es en 2019, cuando dos terroristas suicidas provenientes de Indonesia que habían viajado a las Filipinas a luchar en nombre de la Abu Sayyaf atentaron contra la Catedral de Nuestra Señora del Carmen en Sulú y asesinaron a más de una veintena de personas.

El periodismo no se salva

Filipinas se encuentra en el puesto 138 de 180 de la libertad de prensa mundial, según el último informe de Reporteros sin fronteras. El mismo organismo coloca al país en una “situación difícil”. Siguiendo un estudio realizado por el Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas (NUJP) y el Centro para la Libertad de Prensa y Responsabilidad en 2020, desde que Duterte llegó al poder, se han registrado, por lo menos, 172 ataques a la prensa: 16 asesinatos, 33 actos de intimidación, 10 arrestos, 12 asaltos con violencia y 17 acusaciones por difamación.

“Podemos hablar contra el Gobierno, sí, pero hay un fuerte miedo a la represión. Muchos de los que lo han hecho están arrestados, censurados o incluso asesinados”, comenta el publicista freelance de Manila. “Poco a poco nos hemos acobardado y acostumbrado; esa es la gran victoria de Duterte”, reflexiona Molina.

Desde que Duterte llegó al poder, se han registrado, por lo menos, 172 ataques a la prensa: 16 asesinatos, 33 actos de intimidación, 10 arrestos, 12 asaltos con violencia y 17 acusaciones por difamación

“Sólo por ser periodista no te libras de asesinato si eres un hijo de puta”, llegó a afirmar el propio Duterte, según Reporteros sin Fronteras. “Se han perdido medios de comunicación y eso es perder pluralidad. Hay una gran autocensura para no perder su espacio”, puntualiza Chaco Molina.

Un caso que destaca frente al resto es el de María A. Ressa, directora del medio digital Rappler. El diario contaba con unas 12 millones visitas mensuales y tuvo un gran compromiso social denunciando los asesinatos, la propaganda y la corrupción dentro del Gobierno de Duterte. Su portal Rappler ha sido objeto de múltiples investigaciones, cargos de fraude fiscal y la revocación de su licencia por parte de las autoridades filipinas. 

La propia María A. Ressa se enfrenta ahora a 6 años de prisión por “ciberdifamación” contra el Gobierno. Organizaciones en defensa de la libertad de prensa han denunciado que Ressa es víctima de “acoso judicial orquestado desde el Gobierno de Duterte”.

En Filipinas, un presidente no puede ser reelegido –aunque este sí que puede ocupar el cargo de la vicepresidencia–. En el partido de Duterte hay dos favoritos para las próximas elecciones en 2022: la alcaldesa de Davao e hija del presidente, y el boxeador Manny Pacquiao. Para Chaco Molina, Pacquiao se postularía como favorito. “Hay que ver cómo avanza, pero en Filipinas triunfa mucho la idea del hombre fuerte”. De todos modos, “su hija también tiene muchas posibilidades”, asegura Molina. “Si ganase Sara Duterte, 6 de los 16 presidentes de Filipinas tendrían parentesco biológico entre ellos. Es la clara representación de la oligarquía estructural en el país”.

“Aunque en Filipinas sí haya mujeres con cargos de poder, hay poca conciencia de género. Se ve más capacitado al populista y conservador de Duterte que a una mujer solo por el hecho de ser un hombre”. El propio Duterte ha llegado a afirmar que “la presidencia no es un trabajo para las mujeres”.

Nuevo varapalo para la familia de Diego Bello, un empresario español asesinado a tiros en enero por la policía de Filipinas presuntamente durante una de las operaciones promovidas por el Gobierno de Rodrigo Duterte en su guerra contra las drogas. La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de apelación impulsado por su familia para que la justicia española investigue las causas de su muerte en el país asiático. Desde su fallecimiento, sus seres queridos han tratado de limpiar su nombre, asegurando que la versión de la policía filipina es “totalmente falsa” y que este joven de 32 años no tenía ninguna relación con el tráfico de estupefacientes. 

En la madrugada del 8 de enero Bello fue asesinado a tiros por la policía filipina cuando volvía a su casa situada en la isla de Siargao, una zona turística del sureste del país, muy popular entre los amantes del surf. Para las autoridades filipinas esta actuación fue una “operación exitosa en la lucha contra las drogas”. En ese momento los agentes aseguraron que este gallego, nacido en A Coruña, era un “traficante de drogas de alto valor” que llevaba encima diez gramos de cocaína y 30.000 pesos filipinos en billetes marcados (600 dólares), según recogió la agencia Efe. 

En un auto fechado el 9 de septiembre, al que ha accedido elDiario.es, los magistrados de la Audiencia Nacional han rechazado la investigación de la “supuesta operación de tráfico de drogas” que terminó con la vida de Bello. Para la familia, esta decisión supone el final de la batalla judicial en España, según asegura su letrado Guillermo Mosquera. La defensa del gallego solicitó amparo ante la “ausencia de acción penal en los tribunales filipinos”, sin embargo la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal desestima el recurso alegando que “los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional”.

La justicia asegura que Filipinas está investigando los hechos

En su argumentación, los jueces aseguran que “las autoridades filipinas se encuentran investigando los hechos, que acaecieron exclusivamente en territorio filipino”, asimismo añaden que “los investigados no tienen nacionalidad española”. La defensa de la víctima asegura que desconoce a qué investigación se refieren los jueces, desde el Ministerio de Exteriores tampoco aclaran a elDiario.es qué gestiones —en caso de que se estén produciendo— está realizando la administración de Duterte para esclarecer los hechos. Por su parte, la Embajada de Filipinas en España no ha respondido a la petición de información realizada por esta redacción.

Ante las acusaciones de la policía filipina, el entorno de Bello “niega rotundamente que Diego tuviese ningún tipo de participación en un asunto relacionado con el tráfico de drogas”, incide Mosquera, que también aseguran que desconocen por qué los agentes iniciaron una operación contra este empresario español, asentado en la zona desde hace dos años y que gestionaba tres negocios (un restaurante, un hostal y una tienda de artículos de surf) en los que trabajaban 25 personas.

“Violación de Derechos Humanos”

Tras meses pidiendo explicaciones, la defensa de Bello recibió en julio un refuerzo importante. La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas emitió un informe en el que desmontaba la versión policial. En este documento, adelantado por la agencia Efe y al que ha accedido esta redacción, los representantes de este organismo consideraron que en este caso se había cometido una “violación de derechos humanos” y también argumentaron que los disparos que terminaron con la vida del empresario español fueron emitidos “deliberadamente”. 

La Comisión de DDHH es un “organismo oficial creado por la Constitución de ese país, independiente de su Gobierno, y —según explicó el Ejecutivo española en una respuesta parlamentaria— con el mandato de llevar a cabo investigaciones de posibles violaciones de Derechos Humanos”. Para organizaciones como Amnistía Internacional esta institución es “una fuente fiable”, apuntan desde el departamento español de la ONG. En un exhaustivo informe fechado el 31 de julio y realizado en Siargao mediante entrevistas con los agentes policiales que participaron en el operativo y el entorno de Bello —conocidos, vecinos, trabajadores, pareja y socio— desvelaron las incongruencias de la coartada policial. 

La policía filipina asegura que Diego les disparó

Según la versión oficial, el operativo dirigido por el agente Vicente Panuelos para capturar al empresario gallego se preparó un día antes del asesinato y estaba pensado para activarse en cuanto Bello vendiese droga a un agente infiltrado que se haría pasar por un comprador. Los agentes sostienen que el español picó el cebo y sacó “de su riñonera un pequeño bote con tapa amarilla que contenía una sustancia blanca”. En el momento en el que aparecieron más policías, Panuelos aseguró que “vio a Diego sacar un arma de fuego de su riñonera y disparar de repente contra ellos”. Este agente asegura que descargó contra ellos, a pesar de que se identificaron, gritando: “Policía, somos Policía. No se mueva”, según el informe facilitado por la defensa a elDiario.es.

Para los investigadores pro Derechos Humanos la coartada de que las autoridades filipinas actuaron en defensa propia es “dudosa”, y realizan un desglose de motivos para justificar su afirmación. El primero, según las imágenes del circuito de seguridad del restaurante de Bello tomadas antes del asesinato no se percibe que la víctima lleve una “riñonera colgada de su cintura”. Segundo, ni los vecinos entrevistados ni la pareja del gallego escucharon ninguna advertencia policial durante el tiroteo. Estos hechos provocaron que la Comisión se muestre “escéptica” ante el argumento de que “Diego disparó con un arma sacada de su riñonera ante la advertencia policial”. 

Además, aportan el testimonio de una autoridad municipal que señala que Bello nunca formó parte de la lista de personas involucradas en el tráfico de drogas elaborada por el distrito de la localidad. La autopsia realizada por la Comisión concluyó que en el cuerpo de este joven se llegaron a identificar seis heridas de balas, algunas ubicadas en el abdomen y en la cabeza, ante esta actuación los investigadores concluyen que existía “intención de matar” al español. Los investigadores también recogen el testimonio de varios testigos tras los disparos, en ellas destacan que parte del operativo no iba identificado como policía. De hecho, se expone que algunos tenían la cabeza tapada con un pasamontañas. Asimismo, uno de los amigos del gallego asegura que su pareja, que es enfermera, puedo acceder al cuerpo de Diego y observó que “había una pistola plateada en la mano derecha de Diego”. 

ONG denuncian ejecuciones extrajudiciales

Varias ONG han denunciado en reiteradas ocasiones las consecuencias de la “campaña contra las drogas” impulsada por la administración de Duterte. Este viernes, Amnistía Internacional ha publicado un informe en el que vuelve a advertir de que este país “sigue instigando una oleada de ejecuciones extrajudiciales y alimenta un clima de impunidad casi total para quienes las perpetran”. Según explican los testigos de uno de los casos investigados, en el que la víctima fue disparada a quemarropa, el muerto “iba desarmado y posteriormente le pusieron una pistola en la mano y cambiaron la postura del cuerpo para justificar la alegación de defensa propia de un policía”.

Fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores aseguran que el caso de Bello “ahora mismo sigue abierto”, también apuntan que tanto la Embajada como el Consulado en Manila están haciendo un “seguimiento muy estrecho del caso y en todo momento están en contacto con la familia y los abogados”. Estas mismas fuentes no aclaran si hay una investigación abierta en Filipinas como apuntan los magistrados de la Audiencia Nacional, ni si han pedido explicaciones al Gobierno de Rodrigo Duterte por la operación en la que los agentes filipinos mataron a Bello.

PP, Ciudadanos y BNG han llevado en varias ocasiones este asunto al Congreso. Tras el informe de la Comisión de Derechos Humanos, los populares han vuelto a consultar al Gobierno central si van a tomar alguna “medida” para “que el Gobierno filipino inicie una investigación judicial a fin de que se depuren las posibles responsabilidades penales frente a los autores” del asesinato.  La familia continúa pidiendo apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que no se dé carpetazo a la investigación del caso en Filipinas.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha narrado este domingo cómo, de adolescente, agredió sexualmente a una empleada del hogar. En un discurso realizado este fin de semana el líder del país ha contado, con sorna, la confesión que realizó a un cura.

“Fui a la habitación de la empleada del hogar. Levanté la manta. Y traté de tocar lo que había dentro de las bragas. Estaba tocándola y se levantó, así que salí de la habitación”, ha narrado a modo de diálogo ficticio con el cura que le confesó.

–¿Dónde fuiste después?– pregunta Duterte, haciendo del cura.

–Fui al baño–, se responde.

–Por qué?

–Lo normal, Padre.

El presidente, que actúa de forma cómica y realiza pausas dramáticas para buscar la reacción de su público, confiesa a continuación cómo volvió a la habitación de la mujer e intentó meterle el dedo mientras ella estaba dormida.

Las declaraciones de Duterte han desatado reacciones en el partido Gabriela, que defiende los derechos de las mujeres y que ha pedido la dimisión del mandatario por sus “repulsivas” palabras y por haber reconocido un intento de violación, ha informado la agencia de noticias AFP.

“Una penetración con el pene no es la única constitutiva de violación. Si es con un dedo o un objeto, igualmente es una violación”, ha declarado Joms Salvador, secretario general de Gabriela al medio francés.

Ante las críticas, el portavoz del Gobierno ha tratado de quitar peso a las declaraciones de Duterte asegurando que había “exagerado” el relato. “Ha hecho una anécdota cómica para dramatizar el abuso sexual que sufrió”. “Inventó una anécdota para llamar la atención sobre las agresiones sexuales que él y sus camaradas sufrieron en el instituto”, declaró el portavoz del Gobierno, Salvador Panelo, según cuenta AFP.

El historial machista de Duterte

Rodrigo Duterte ha acumulado en 2018 una serie de declaraciones machistas y contrarias a los derechos humanos. En febrero, en un discurso ante militares pidió a los soldados a que dispararan “en la vagina” a las guerrilleras. “Sin vagina, serían inútiles”, afirmó.

En junio, forzó a una mujer en Corea, a la que tenía que entregar un libro, a que le diera un beso en los labios. Nerviosa, la mujer accedió a los pedidos presidenciales.

En agosto, achacó el aumento de las violaciones en una ciudad del país a “las mujeres bonitas”. “Si hay muchas mujeres bonitas, habrá muchas violaciones”, sentenció el líder filipino.

Con cada ejecutado a balazos en las calles de Manila, o a cada nueva amenaza Facebook, la periodista filipina Maria Ressa se agarra más fuerte a sus principios. Estos son, dice, los de la libertad como ciudadana para ejercer su libertad de expresión, y su obligación como periodista para denunciar las prácticas del gobierno de Rodrigo Duterte, ya sean las miles de ejecuciones extrajudiciales bajo el pretexto de la llamada guerra contra las drogas, o las mentiras institucionales propagadas a golpe de troll.

Su agenda internacional y recoger algún que otro reconocimiento por su defensa de la libertad de prensa han hecho que, un par de días antes de mantener esta entrevista, se enterase en París de que su Gobierno pretende acusarla a ella y a su medio, Rappler, de un presunto delito de evasión fiscal, por el que podría ser condenada a diez años de prisión.

La advertencia del Gobierno filipino ha puesto en guardia a los medios internacionales. Si finalmente presenta la acusación, y todo hace indicar que sí, el Gobierno completaría una serie de siete casos contra Rappler, un portal independiente de noticias especialmente crítico con Duterte.

Ressa estuvo en Málaga para recoger el premio el Premio Internacional Libertad de Prensa, concedido por la cátedra Unesco de Comunicación de la Universidad de Málaga, por su contribución a la defensa de las libertades públicas en Filipinas. “No nos intimidarán, no tenemos otro negocio que Rappler. Somos periodistas, lo llevamos en la sangre y pusimos todo lo que tenemos en Rappler, así que seguiremos peleando”, dice.

El 10 de noviembre, el Departamento de Justicia anunció que tenía motivos para acusar a Rappler y a usted misma por evasión fiscal. ¿Esperaba esta acusación?

No esperaba una acusación porque creo que nos lleva a un nivel totalmente diferente: puede emitirse una orden de detención, puedo ir a la cárcel con una pena de diez años… Creo que hacer una acusación sobre una base tan endeble… Dicen que somos evasores porque nos clasifican en “vendedores de valores” [“dealers of securities”]. Obviamente somos periodistas, no brokers. Esperan que paguemos los impuestos como si vendiéramos y compráramos valores.

El hecho de que ni siquiera hagan la definición correctamente me demuestra que han maleado el imperio de la ley a un punto que se ha roto. Viola absolutamente mis derechos constitucionales porque no deberían estar arrastrando mi nombre y el de Rappler en un procedimiento penal sin ninguna prueba. No quieren ser cuestionados sobre la guerra contra las drogas, sobre las mentiras en las redes sociales que alienta el Gobierno, y la manera en que nuestro país está dirigido por la violencia, el miedo y estas mentiras.

¿Qué espera del proceso?

Tengo… Tenía fe en que todavía hay buenos hombres y buenas mujeres dentro del gobierno filipino y el sistema judicial. En el caso que llegó a la Corte de Apelaciones, el 75% de lo que pedíamos se nos dio. Es el caso en el que se nos dice que estamos influidos por extranjeros, y se devolvió a la agencia regulatoria. Creo que es un indicador. Pero creo que es muy difícil oponerse al presidente Duterte, el más poderoso que hemos tenido en décadas. Controla el Ejecutivo, el Legislativo, y antes del final de la legislatura habrá nombrado 13 de 15 magistrados del Tribunal Supremo. Será un poder judicial de Duterte. Así que están asustados, vinculados o corrompidos. ¡Y eso me asusta!

Usted ha dicho que pretenden ejercer la mayor intimidación posible. ¿Se siente intimidada?

Sabe, sería estúpida si… El Gobierno tiene unos poderes amplísimos, pero este es el momento en que tenemos que mantenernos firmes y decir: “El Gobierno está abusando de su poder”. Y ciertamente, si miras la guerra contra la droga, la Policía admite que 5.000 personas han muerto en tiroteos policiales, que son los más pobres entre los pobres. En julio de 2016 había una media de ocho cadáveres cada noche. Sin juicio. No sabes si son culpables, pero los están matando. Y el hecho de que los filipinos se lo cuestionen me preocupa. Human Rights Watch dice que ha habido decenas de miles de muertes en la guerra contra las drogas.

Estamos viendo esto delante de nuestros ojos. Nuestro país ya estuvo bajo la Ley Marcial en los 70, este es el momento en que tenemos que decir: “Mira, esto está cambiando, y si no lo paramos solo va a empeorar”. Sé que el Gobierno tiene mucho poder, y ha abusado de ello, pero continuaremos haciendo nuestras historias. Creo que es muy importante que los filipinos sigan sabiendo, enseñar lo que está pasando, mientras podamos.

¿Ha cambiado su manera de trabajar?

Estamos intentando que no, pero por supuesto es una distracción, y está consumiendo muchos recursos. Paso mucho tiempo combatiendo las acusaciones. Rappler es una startup. Estamos tratando de juntar la disciplina del periodismo con la tecnología y la comunidad. Nuestro cartel en el ascensor dice: “Construimos comunidades”. Y alimentamos a nuestra comunidad con las noticias y la información, que construyen comunidades de acción. Lo estábamos haciendo bien hasta que nuestro propio Gobierno nos atacó. Necesitamos enfocarnos más en la tecnología, pero el dinero que dedicaría a eso lo necesitamos para defendernos.

¿Espera que se emita una orden de arresto contra usted?

Es el siguiente paso, y debes prepararte para lo peor y esperar lo mejor. Creo que si el Gobierno lo hiciera sería realmente la muerte de la Democracia. No he hecho nada mal, sólo ser periodista. Así que si soy arrestada, lo pelearé por supuesto, pero supondrá otro hito hacia una dictadura.

Dice usted que Duterte es el presidente más poderoso en décadas. ¿Por qué le preocupa tanto Rappler?

No tengo ni idea. ¡Rappler es una startup! Empezamos en 2012, pero desde que llegó al poder ha amenazado a la mayor televisión, ABS-CBN, a la que ha amenazado con no renovar su franquicia, y ha amenazado el mayor periódico, The Phillipine Daily Enquirer, presentando demandas contra los dueños y nombrándolos después en un discurso ante la nación, por lo que decidieron vender. Después fue el turno de Rappler. Creo que somos el único medio digital de noticias, y el presidente sabe de nuestro poder porque cuando cubrimos su campaña, creo que le ayudamos a alcanzar audiencias a las que quería llegar.

¿Por qué ustedes?

Quizá la diferencia es que yo aguanté el pulso, no me voy a callar. Durante un año, recibimos muchos ataques anónimos en redes sociales, antes de que el presidente nos nombrara en su discurso sobre el estado de la nación en julio de 2017. Cuando nos nombró, respondí inmediatamente en Twitter y le dije: “Presidente, está equivocado. Somos 100% filipinos”. Y después de eso, vinieron los casos judiciales. Otras empresas periodísticas tienen otros negocios. Rappler no. Cuando mire dentro de una década, quiero saber que hicimos todo lo que pudimos en este momento, como periodistas, para proteger los derechos y las responsabilidades que tenemos bajo la Constitución.

Usted suele apelar a la responsabilidad de los funcionarios independientes para el mantenimiento de la democracia.

Sí. Sé que su conciencia les quema. Y sé que saben distinguir entre lo que es justo y lo que no. Y quiero que sean una luz, como los periodistas. Podemos elegir no hacer nuestras historias. Es fácil dar un paso atrás. ¿Pero a qué estaríamos renunciando? Quiero que los hombres y mujeres en el sistema judicial, que defienden nuestros derechos constitucionales, sean conscientes de que cuando eligen estar callados o cuando eligen ponerse del lado del Gobierno cuando va contra la Constitución, están contribuyendo a acabar con la Democracia.

Duterte retiró a Filipinas de la Corte Penal Internacional el pasado mes de abril. ¿Cree que hay posibilidades de una investigación internacional? retiró a Filipinas de la Corte Penal Internacional

Creo que todavía se está intentando, y puede ayudar. Sé que nuestro gobierno estaba muy preocupado por estas investigaciones de la CPI. Ha sido condenado por todas las ONG internacionales sobre derechos humanos. No se puede admitir que has matado 5.000 personas con impunidad, y nadie ha sido perseguido por ello. Nuestros últimos reportajes sobre la guerra contra las drogas los hicimos desde la perspectiva de los asesinos, hablamos con algunos, y nos dijeron que la Policía les pidió y les pagó por matar.

La CPI necesita mucho tiempo, y el Gobierno se mueve muy rápido. El presidente Duterte fue alcalde de Davao desde 1988, y esa es una de las razones de que el sistema de controles haya saltado por los aires, porque el poder de los alcaldes viene de la acción rápida, pero cuando te mueves a nivel nacional es más difícil coordinar la acción rápida, así que esa es la fortaleza y la debilidad del presidente.

Usted ha sido periodista durante más de 30 años. ¿Cuándo y por qué decidió fundar Rappler?

Trabajé para CNN durante más de 20 años y decidí volver en 2005. Trabajé durante cinco años dirigiendo la mayor televisión en Filipinas y allí me di cuenta de que estaba empezando una revolución digital. Yo quería poner el foco en lo digital, porque sentía que podía ser revolucionario. Si podemos hacer un vídeo y ponerlo en tu teléfono, y usar las redes sociales para un bien social, el potencial es increíble. La idea fue llevar la disciplina y los estándares éticos del periodismo tradicional, combinarlo con tecnología y crear comunidad. Queremos crear comunidades de acción. Las instituciones filipinas siguen siendo muy débiles por la corrupción, así que ¿por qué no crearlas? ¿Hacerlas participativas? Creo que lo hicimos muy bien hasta 2016.

Cuando se le pregunta por la línea que separa al periodismo del activismo, Caddy Adzuba, quien ganó este premio el año pasado, dice que un periodista es un activista. ¿Está usted de acuerdo? dice que un periodista es un activista

La misión básica del periodismo es hacer que todo el poder sea responsable ante la gente. De modo que desde su misma base, sabes cuál es la meta. Y ese es el papel de un activista. No esperamos sentados a que el Gobierno lance su nota de prensa. Observamos activamente, preguntamos… Yo vengo de la era dorada de CNN, en la que volabas a un país porque cubría todo el sudeste asiático, y en ese punto no te implicas. Pero ahora vivo en Filipinas y veo el gran potencial de crear comunidades de acción. En esa idea, la meta es ayudar a construir una sociedad mejor. Y ese siempre ha sido el objetivo del periodismo. El modo en que los gobiernos autoritarios y populistas nos están presionando nos ha forzado a convertirnos en activistas en una forma diferente a nuestro pesar. Cuando el Gobierno y en redes sociales, y también el jefe supremo, sea Trump o Duterte, te pintan como el enemigo, y todo lo que tú estás haciendo es tu trabajo, estás obligada a responder. ¿Soy una activista ahora? Por supuesto. Estoy luchando por la justicia, contra la impunidad y por los principios constitucionales.

Duterte llegó al poder en 2016. ¿Qué cambió para los medios?

Lo cambió todo. Fuimos unos de los pocos medios que cubrió la campaña del alcalde Duterte de forma intensiva, porque cubrimos a los cinco, sin apoyar a ninguno. La primera vez que el presidente realmente golpeó la conciencia nacional fue en un debate que organizamos en enero de 2016. Cuando asumió el poder, casi inmediatamente, su maquinaria de redes sociales, que había sido muy eficaz, se convirtió en un arma. Entonces empezó a ahondar en las fracturas sociales, como en la brecha entre ricos y pobres, entre la capital Manila y las provincias… Esperábamos que el presidente uniera y no pasó. El Gobierno dijo que continuaría con sus campañas en las redes sociales, así que empezó una utilización [weaponization] de esas redes, que empezó casi a la vez que la guerra contra las drogas, que empezó en julio de 2016. Ambas están basadas en la violencia y la impunidad.

Tanto en el mundo real como en las redes sociales empezamos a ver violencia y odio. Los objetivos eran los periodistas y cualquiera que fuese percibido como crítico con la guerra contra las drogas. Así que hay violencia, que instila miedo, y el miedo viene de las mentiras. Así ha cambiado el ambiente. Creo que nuestra democracia es más débil, la gente tiene miedo de hablar.

¿Ha tenido éxito Duterte con esta estrategia?

Absolutamente. ¡Absolutamente! Incluso si miras a su índice de popularidad: fue un presidente muy popular en algunos momentos, con un 88% de aprobación. Pero también ha logrado el éxito con su máquina de propaganda en redes sociales: cuando dices una mentira un millón de veces se convierte en verdad. ¡La gente no lo sabe! Creo que esa es una de las razones por las que seguimos en la lucha. Queremos que la gente sepa que está siendo manipulada. Facebook es increíblemente importante en Filipinas. El 97% de los filipinos con Internet tiene Facebook. El hecho de que Facebook permita que se propaguen mentiras es muy alarmante, porque no tenemos una verdadera esfera pública. No sabemos cuáles son los hechos, y no sabemos en quién confiar. Esto es muy parecido a la desinformación rusa. Alimentan la desconfianza y la confusión, y la voz con el megáfono más potente gana la narrativa pública.

Dice usted que no existe un poder como el de los gobiernos, pero las grandes empresas tecnológicas mantienen gran parte del poder de decisión sobre lo que ocurre en sus plataformas.

Sí, claro. Facebook, YouTube, Google son ahora globales, así que la desinformación rusa es global, y ese es el peligro. Estas plataformas norteamericanas no entienden nuestras culturas. Los países más vulnerables son aquellos cuyas instituciones son débiles, que son más vulnerables a estas tendencias dictatoriales. Cuando tus instituciones son débiles, pierdes la democracia. Trump o Duterte tienen tácticas y estilos similares, pero Trump en Estados Unidos está limitado por un sistema de contrapesos de las instituciones. En Filipinas, Duterte tomó todas las instituciones.

¿Cuál cree que es la influencia de líderes como Trump o Duterte en la consideración global hacia la libertad de prensa?

Se animan unos a otros. Todo esto está conectado con un nuevo ecosistema informativo, que está cambiando el poder geopolítico. Siempre dijimos que la información es poder, y creo que lo que estamos viendo es una transformación: los periodistas ya no son los guardianes. Los nuevos guardianes son las plataformas tecnológicas, y las redes sociales en particular. Así que, ¿quién toma la responsabilidad de la esfera pública? La idea detrás del algoritmo de Facebook es que tu realidad puede existir. Tu realidad, mi realidad, y la realidad de cada uno, y nadie puede discutirlo, porque estamos creando nuestro propio algoritmo personalizado. ¡Pero eso está mal! Porque todas nuestras realidades tienen que coexistir en la esfera pública. Necesitamos ponernos de acuerdo en cuáles son los hechos, de modo que si hay un cuaderno y un bolígrafo, cuando una persona diga “¡No, hay cinco bolígrafos!”, alguien diga que no es correcto. Nosotros, como guardianes, nunca permitiríamos que eso se publicara.

¿Cree que hay una vinculación entre esa pérdida del papel de guardianes y un episodio como el ocurrido entre Trump y Jim Acosta hace unos días?

Totalmente. Los presidentes Trump, Duterte, Putin… Los he visto en los encuentros del G-8 y los Asian Meetings, y realmente se gustan. Se sonríen, se ríen y cambian notas. Al final, una razón por la que los periodistas tienen poder es porque llegamos a un acuerdo con el poder: el poder dice: “Te voy a dejar comprobar lo que digo, porque sé que tú hablas por la gente”. Y el periodista dice: “A cambio de dejarnos comprobar y acceder, estas son las reglas a las que nos sometemos”. Todo eso ha desaparecido. Tenemos que encontrar un nuevo contrato. Mire a Trump en el estrado, y a Jim Acosta desafiándole. El presidente siempre ganará, porque está en un estrado y es el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo redefinimos estas relaciones? ¿Cómo hacemos responsable a alguien como Trump?

Pero el presidente de los Estados Unidos también hablaba a los periodistas desde un estrado hace ocho años. Quizá la cuestión es que al perder su posición como guardianes, su poder de negociación no es el mismo.

Sí, creo que eso es correcto, y que parte de esto ocurre por las redes sociales. Mire a Trump. Él usa Twitter como un gabinete de prensa oficial, y no debería ser tratado así porque son comunicados sin comprobación alguna. Pero tiene acceso directo a la gente, ¿para qué necesita a los periodistas?

En Twitter usted se describe como “Idealista. Cínica. Pragmática. Periodista”. No son atributos que suelan ir juntos…

Te conviertes en cínica cuando cubres guerras, corrupción y lo peor de la naturaleza humana, y llevo haciendo eso 33 años. De alguna forma, la tecnología que usamos está haciendo perder los principios que nos hace humanos. Idealista… Nunca quise no ser idealista, porque entonces, ¿para qué trabajo como periodista? La razón por la que somos periodistas es porque creemos que el mundo puede ser mejor, y trabajamos por ello. Si eres sólo un periodista cínico, quieres acabar con todo, así que creo que hay que tener esperanzas, necesitamos creer que la gente es fundamentalmente buena.

No sé si estoy en lo correcto o no. Pero estoy mucho más emocional hoy en día de lo que solía ser, porque ahora me están forzando a vivir de acuerdo con mis ideales. No puedo esconderme. Esa es la razón por la que no me voy a callar, ni voy a llegar a componendas, aunque claro que ha habido intentos de gente del Gobierno por decirme “debes callar”… Estoy en la parte final de mi carrera, y la he desarrollado y he vivido mi vida de acuerdo con mis valores. Y eso es lo más importante ahora. En este momento de destrucción creativa para el periodismo y las sociedades, es el momento de pensar: ¿qué represento?

Estamos viendo que la tecnología está reorientando el flujo de la información, hasta el punto de que podemos pensar el mundo partiendo de cómo Internet va a ser parte de él. En el fórum por la Paz de París estuve en un grupo de 25 personas, que elaboramos una declaración sobre información y democracia, firmado por 12 líderes mundiales. La idea es que seas quien seas, ya seas una empresa tecnológica, un periodista, la sociedad civil, o el gobierno, se pueda decir: estos son los principios con los que vivimos. Necesitamos hacer eso, porque la tecnología ha cambiado el mundo, tenemos que aceptarlo, y necesitamos preguntarnos: ¿cómo vamos a usar esto para mejorar?

Su reputación interna ha sobrevivido a una guerra contra las drogas brutal que se ha cobrado miles de vidas; a un ataque a Dios, al que ha calificado de “estúpido”, a bromas sobre violaciones y a una batería de comentarios misóginos.

Pero ahora, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se enfrenta a la primera grave crisis de popularidad en un contexto de una inflación desorbitada que ha doblado el precio de algunos bienes cotidianos como el del arroz, el del pan y el del combustible.

Los ataques de Duterte a sus críticos más notorios también han recibido esta semana el primer revés de los tribunales. Un juez ha rechazado la orden de detención contra el senador Antonio Trillanes IV, uno de los opositores más fieros al presidente. La decisión se ha descrito como una “gran bofetada política” al presidente.

La inflación en Filipinas, una de las economías de mayor crecimiento económico en el sureste asiático, está en un 7%, la más alta del país en nueve años y la más alta de toda la región.

“Duterte ya ha sufrido en el pasado golpes a su popularidad, pero lo que se ha vivido en los últimos meses ha sido el peor descenso sostenido de su popularidad”, señala María Ela L. Atienza, editora de Philippine Political Science Journal.

“El precio de la comida está aumentando, el transporte se está encareciendo y es un caos y el precio de comidas básicas como el pan también está aumentando. Mucha gente está enfadada y se está quejando porque realmente están notando el crecimiento del coste de vida”, afirma Atienza.

Desde que salió elegido en 2016, la popularidad de Duterte se había mantenido en torno al 80% por su seducción al mayor grupo de votantes: gente pobre de las ciudades y la clase media. Muchos de ellos alabaron su estilo descarado y en ocasiones ofensivo, el cual vieron como antídoto contra la “Manila corrupta e imperial”.

Pero su popularidad ha caído en picado y, según algunas estimaciones, ronda entre el 50% y 60%, principalmente por su polémica política fiscal. El gobierno de Duterte ha introducido una tasa con el objetivo de reducir el nivel de pobreza nacional a un 14%, pero de hecho ha aumentado el precio de los productos cotidianos con el Impuesto al Valor Añadido. Esto implica que el precio de la comida aumentó en septiembre un 10%. El pescado ha subido un 12% y las verduras un 20%. Algunos compradores descontentos denuncian que las barras de pan son más pequeñas.

En la región de Zamboanga, al sur del país, se ha declarado el estado de desastre después de que un déficit de arroz haya generado una subida de precios del 75%, según las informaciones. La situación a nivel nacional se hizo tan grave que el Gobierno levantó las restricciones a las importaciones de arroz para intentar aliviar la demanda y bajar los precios, pero muchos afirman que esas medidas han llegado tarde y no abordan el problema a largo plazo,

El aumento del precio del combustible también ha asestado un duro golpe a los pobres de las zonas urbanas. La situación probablemente empeore cuando las tarifas del transporte público suban 2 pesos (3 céntimos) en noviembre, tal y como está planeado.

Duterte se ha negado en gran medida a reconocer el papel de su administración en la crisis y, en su lugar, ha culpado a los “corruptos” acaparadores de arroz, a la guerra comercial entre EEUU y China y al aumento de los precios globales del petróleo del incremento en el coste de vida. No hay duda de que el tifón Mangkhut, que azotó las zonas más agrarias del país y echó a perder más de 250.000 toneladas de arroz, no ayudó a solucionar el problema, pero los críticos señalan al Gobierno por no haber almacenado provisiones de forma adecuada.

Sin embargo, Atienza señala que el descenso de popularidad de Duterte también está vinculado al hecho de que aunque ha estado en el poder durante más de dos años, todavía no ha cumplido algunas de sus promesas más importantes. “Duterte prometió que eliminaría las drogas en seis meses o un año, pero todavía no ha cogido a ningún gran traficante y mucha gente ha muerto, incluidos menores”, afirma.

“La mayoría de los proyectos de infraestructura prometidos no se han logrado. Mucha gente de la zona del área metropolitana de Manila tiene grandes problemas con un sistema de transporte público masificado y las condiciones de los trenes, que son muy malas –y no ha acabado con los problemas de seguridad con los insurgentes islamistas y comunistas en el sur–”, afirma.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Las autoridades de Filipinas ordenaron hoy la expulsión de la monja australiana Patricia Fox, de 71 años, por sus “actividades políticas” contra el Gobierno de Rodrigo Duterte e incluyeron su nombre en una lista que le impedirá volver.

La Oficina de Inmigración ha determinado que Fox violó las condiciones de su visa de misionera al involucrarse en actividades políticas, según la orden de expulsión publicada en la web de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas.

Inmigración cree que permitir que Fox participe en actividades políticas “abriría puertas para que otros extranjeros tengan el derecho desenfrenado de criticar al Gobierno al unirse a los mítines en detrimento de la paz y el orden públicos”.

Alega además que participar en protestas y manifestaciones políticas “no forma parte del ámbito de la visa de misionera religiosa que se le otorga”.

“Por supuesto que estoy decepcionada, pero esa es la orden y veremos qué podemos hacer al respecto”, señaló Fox al conocer la decisión, según el comunicado de la conferencia de obispos.

Fox, madre superiora de la congregación católica de Notre Dame de Sion y misionera en Filipinas durante los últimos 27 años, fue detenida el 15 de abril por participar en unas protestas contra el Gobierno. La monja ha criticado abiertamente la violencia fruto de la guerra contra las drogas lanzada por Duterte, que lleva más de 4.200 muertos en redadas policiales.

Díez días después del arresto, la Oficina de Inmigración le retiró el visado y le dio el plazo de un mes para abandonar el país. La monja apeló y el Departamento de Justicia aceptó el 18 de junio el recurso y le permitió quedarse en el país temporalmente.

El secretario de Justicia, Menardo Guevarra, señaló entonces que la confiscación de la visa de Fox por parte de Inmigración no tenía base legal, pero advirtió de que había una demanda de deportación en curso.

Filipinas expulsó este mes a tres misioneros metodistas -el zimbabuense Tawanda Chandiwana, la malauí Miracle Osman y el estadounidense Adam Thomas Shaw- por su vinculación a grupos políticos de izquierdas.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha vuelto a ser criticado por misógino: durante un acto en Corea del Sur con trabajadores expatriados, subió a una mujer al escenario y la incitó a besarle en los labios.

El hecho tuvo lugar en Seúl, cuando dos mujeres, visiblemente emocionadas, subieron al escenario para recibir un libro de manos del presidente. El presidente abrazó y dio un beso a la mejilla a una de ellas, mientras que a la otra le instó a darle un beso en los labios que finalmente se produjo, entre las risas nerviosas de las mujeres y la celebración de los presentes. La mujer implicada declaró luego que no había “malicia” en el acto.

La organización Gabriela, defensora de los derechos de las mujeres, ha condenado el “machismo” de Duterte, que ha convertido en “un entretenimiento para ocultar la realidad de su caída de popularidad”. Se trata, ha añadido, del “molesto teatro de un presidente misógino”, según un comunicado recogido por la cadena BBC.

Duterte se ve envuelto en polémicas de este tipo en más de una ocasión. Una de las más graves tuvo lugar en abril de 2016, cuando bromeó sobre el asesinato y la violación de una misionera australiana en 1989, durante la época en que era alcalde de Davao. “Era muy guapa, el alcalde debería haber ido antes, qué desperdicio”, dijo entones.

El mandatario también instó este año a los militares filipinos a disparar en la vagina a las rebeldes comunistas. “Sin vagina, serían inútiles”, afirmó el presidente filipino este febrero sobre  las militantes de la guerrilla comunista considerada como grupo terrorista.

Las señales de alarma eran evidentes. Sin embargo, Maria Ressa afirma que “nunca lo vio venir”.

La fundadora de la página web de noticias filipina Rappler reconoce que no esperaba que el presidente Rodrigo Duterte declarara la guerra a los periodistas del medio digital y anunciara la que representa la mayor amenaza a la libertad de prensa del país en décadas.

Rappler fue fundada en 2012 por Ressa, exjefa de la delegación de CNN en Manila. En un inicio era una start-up de noticias por Internet y contaba con una plantilla de doce periodistas. En los dos últimos meses, este medio, pequeño pero cada vez más influyente, ha estado en primera línea de fuego de una batalla contra la erosión de la libertad de prensa en Filipinas.

El portavoz de Duterte declaró, en un lenguaje que recuerda el estilo del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, que “no solo las noticias de Rappler son falsas sino que además también lo es que sea un medio filipino como afirma esta web”.

La ofensiva del Gobierno empezó en enero, cuando le retiraron la licencia para operar, y desde entonces se ha intensificado.

A los corresponsales políticos de Rappler ya no se les permite entrar en el palacio presidencial para asistir a las ruedas de prensa. La semana pasada, el gobierno anunció que está investigando a Rappler por una posible evasión de impuestos que ascendería a 2,5 millones de dólares, una acusación que según Ressa es “ridícula”.

Ressa libra ahora una batalla altamente politizada y al más puro estilo David contra Goliat para defender la supervivencia de Rappler. El Tribunal Supremo de Filipinas tiene la última palabra.

“Estamos preparados para luchar”, afirma desafiante. “El objetivo final es seguir informando mientras Filipinas siga siendo una democracia, y de momento, por lo que yo sé, seguimos siendo una democracia. De algún modo, no deja de ser gracioso y un cumplido un tanto extraño que el presidente considere que nosotros, una pequeña start-up, somos una amenaza”.

Fue en julio, durante el segundo discurso de Duterte sobre el Estado de la Unión, cuando Ressa se sorprendió al escuchar al presidente declarar que Rappler era un medio “propiedad de estadounidenses”, y por lo tanto un medio que vulneraba la Constitución del país. “Es una afirmación ridícula”, dijo Ressa, sacudiendo la cabeza. “Somos un medio 100% filipino, los documentos lo demuestran”.

El discurso venía precedido de meses de artículos críticos de Rappler sobre la cada vez más sangrienta y brutal guerra contra las drogas de Duterte y las ejecuciones extrajudiciales auspiciadas por el gobierno, que han costado la vida a unas 8.000 personas. El Tribunal Penal Internacional está estudiando las pruebas presentadas con el objetivo de determinar si Duterte cometió crímenes de lesa humanidad.

Duterte, en guerra con los medios

Indignado con la cobertura mediática, Duterte decidió boicotear y más tarde atacar a los medios de comunicación tradicionales, con la finalidad de poder imponer el discurso oficial. En primer lugar, decidió ir contra el periódico con más difusión de Filipinas, el Philippine Inquirer, que había empezado a confeccionar una “lista de muertos” con todas las víctimas de la guerra contra las drogas. Después decidió declarar la guerra a la principal cadena de televisión, la ABS-CBN, y la amenazó con no renovar sus licencias. Finalmente, le llegó el turno a Rappler.

En agosto de 2016, la Comisión de Bolsa y Valores pidió documentación exhaustiva a Rappler, primero para comprobar que sus propietarios tenían la nacionalidad filipina y más tarde, por razones desconocidas. “Era obvio que iban a por nosotros”, indica Ressa. “Éramos culpables hasta que pudiésemos probar nuestra inocencia, nunca presentaron cargos formales”.

En enero, el gobierno anunció que había retirado a Rappler la licencia para operar. A diferencia de otros medios, que libran una discreta batalla contra el gobierno, Rappler decidió que no iba a permanecer callado. Ressa convocó una rueda de prensa en la puerta de su redacción en Manila, y anunció al mundo que el gobierno estaba atacando la libertad de prensa.

“Me niego a que me intimiden”

“Confío en el hecho de que el gobierno todavía tiene personas con principios que frenarán esta ofensiva. Hace 33 años que soy periodista y en Rappler nos negamos a cambiar nuestra forma de cubrir la información. Me niego a que me intimiden”.

El caso está en manos del Tribunal de Apelaciones, que a menudo tarda más de una década en pronunciarse. Duterte tiene el poder de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo.

Rappler también libra esta batalla en el frente digital. En agosto de 2016, después de las acusaciones de Duterte, Ressa se percató de que la misma maquinaria de redes sociales que había ayudado a Duterte a ganar las elecciones, se había “transformado y se había convertido en un arma”.

“Los periodistas fueron el primer blanco de ataque”, indica Ressa. “Cualquier periodista que formulara preguntas incisivas, cualquier persona en la red que preguntara por las ejecuciones extrajudiciales, era bombardeada con insultos, amenazas de muerte por parte de trolls y bots y cuentas falsas de Facebook. Recibimos incontables amenazas de violación, amenazas de muerte, ataques muy misóginos a mujeres. El objetivo final era utilizar el odio para acabar con las preguntas que criticaran o cuestionaran al gobierno”.

Las amenazas ya no han cesado desde entonces y, como consecuencia, Ressa ha reforzado la seguridad de sus periodistas y les ha ofrecido apoyo psicológico. En un determinado momento, Ressa recibió en las redes sociales unas 90 amenazas de muerte por hora.

El papel que ha podido desempeñar Duterte es difícil de medir y de probar. Cuando en diciembre de 2016 Ressa preguntó al presidente si estaba al corriente del despiadado ejército de trolls que defendían su agenda en internet este se limitó a responderle que “ya sabes que no navego por internet”. “Y tal vez no esté al corriente, pero es la clásica táctica de negación creíble, una forma de usar tácticas terroristas”, señala Ressa.

Han pagado un precio por no quedarse callados. “Yo he sido corresponsal de guerra y puedo afirmar que es un trabajo más fácil que el que he hecho estos dos últimos años. Al menos cuando cubres un conflicto sabes quién es tu enemigo y de dónde viene, mientras que en estos momentos nunca sabemos cuándo nos atacaran en masa”, lamenta.

Para muchos activistas, la supervivencia de Rappler va unida a la libertad de prensa, y en última instancia, de la democracia en Filipinas. Si bien Ressa cree que el país está sufriendo una transformación “que debe ser seguida con atención”, también afirma que Duterte todavía no ha firmado la sentencia de muerte de la democracia del país.

“Alcancé la mayoría de edad en 1986 y vi cómo el poder del pueblo evolucionaba y cómo oscilaba el péndulo cuando todos los regímenes autoritarios del sudeste de Asia se transformaron gradualmente en democracias”, recuerda Ressa. “Ahora que mi carrera profesional llega a su fin no soportaría ver que el péndulo vuelve a decantarse hacia el otro lado”.

Traducido por Emma Reverter

Cuando Justin Trudeau se reunió con Rodrigo Duterte en Manila a finales del año pasado no dudó en criticar los abusos de derechos humanos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad del presidente filipino. “Eso es lo que la gente espera de Canadá y no es una sorpresa que saquemos el tema”, afirmó después a los periodistas con una sonrisa.

Duterte lo vio de otra forma: “Es un insulto personal y oficial. Yo solo respondo ante los filipinos y no lo haré ante cualquier otra estupidez, especialmente de extranjeros. Dejad de molestar”.

Aun así, las gélidas relaciones entre ambos no parecen tener un impacto en los negocios. Esta semana ha salido a la luz que, a pesar de las preocupaciones de Trudeau, Canadá ha llegado a un acuerdo para la venta de 16 helicópteros de combate multiuso valorados en 185 millones de dólares a la Fuerza Aérea de Filipinas.

Canadá es el 15º mayor exportador de armas en el mundo, de acuerdo con el Stockholm International Peace Research Institute. Algunos analistas sostienen que el gobierno de Trudeau lucha por anteponer sus estándares supuestamente progresistas a los intereses comerciales.

Miembros del Gobierno de Canadá confían en que los helicópteros se utilizarán para “ayuda en casos de catástrofe, misiones de búsqueda y rescate y transporte de pasajeros” en Filipinas.

Pero el comandante Restituto Padilla, jefe de planificiación militar del país, ha declarado a Reuters que los helicópteros se utilizarán para “operaciones de seguridad interna”, provocando el anuncio de Canadá de iniciar una revisión del acuerdo.

“Al mundo se vende esa imagen de una Canadá progresista que avanza por el camino correcto, pero cada vez es más difícil reconciliar la retórica del Gobierno en política exterior y la práctica”, sostiene César Jaramillo, director ejecutivo de Project Ploughshares, un grupo canadiense que aboga por el desarme. “Nuestra reacción inicial [al acuerdo sobre los helicópteros] fue de asombro. ¿Por qué Canadá está vendiendo armas a un conocido violador de derechos humanos?”.

La ministra de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, “tiene el poder de negar el permiso si supone una amenaza a los derechos humanos y está preparada para hacerlo”, ha explicado su secretario de prensa cuando anunció la revisión del acuerdo comercial.

Duterte se ha relacionado a sí mismo con Hitler, ha presumido de haber matado a puñaladas a una persona y ha afirmado haber tirado a alguien desde un helicóptero. Desde que asumió el cargo hace dos años, ha estado al mando de una “guerra contra las drogas” que Amnistía Internacional cree que ha matado al menos a 7.000 personas.

“Este no es el tipo de Gobierno que deseas apoyar si eres Trudeau”, señala Srdjan Vecetic, profesor de política pública en la Universidad de Ottawa. “Seguro que su oficina tiene asesores de derechos humanos”, añade.

La venta de los helicópteros Bell –diseñados por una empresa estadounidense, pero fabricados en Canadá– fue facilitada por la Canadian Commercial Corporation, una organización paraguas que vende armas a otros países en nombre del Gobierno de Canadá.

Esta no es la primera vez que el gobierno de Trudeau se ha enfrentado a temas de derechos humanos en sus acuerdos comerciales armamentísticos. Hace dos años, en medio de críticas internas, el Gobierno de Canadá aprobó la venta a Arabia Saudí de vehículos blindados ligeros por un valor de 12.000 millones de dólares, un movimiento que convirtió a Canadá en uno de los principales exportadores de armas en Oriente Medio.

Pronto surgieron acusaciones de violación de las condiciones del acuerdo por el uso de los vehículos. Varios vídeos publicados en la red parecían mostrar cómo se utilizaban los vehículos blindados canadienses para suprimir protestas civiles. También surgieron preocupaciones sobre el uso de los mismos en la guerra de Arabia Saudí en Yemen.

En respuesta, Canadá ha anunciado una suspensión del acuerdo con Filipinas. “Suena bien porque hace parecer a Canadá menos cómplice en lo que en la práctica es un genocidio. Pero es una suspensión del acuerdo, no una cancelación”, sostiene Vecetic.

Las encuestas muestran que tales acuerdos armamentísticos tienen muy poco apoyo público y Vecetic cree que existe la posibilidad de que Trudeau pueda perder capital político y manchar su buena imagen.

Además de su “guerra contra las drogas”, Filipinas también está luchando contra extremistas aliados de ISIS y contra rebeldes maoístas. Todas las ventas de armas de Canadá deben ser aprobadas por el Gobierno. Ottawa describe los controles de exportación de Canadá como uno de los más estrictos del mundo.

Jaramillo no está de acuerdo y cita lo que él llama “un pésimo historial de derechos humanos” del régimen de Duterte. “El hecho de que el material canadiense esté llegando al Ejército de Filipinas a pesar de las conocidas señales de alarma debería plantear cuestiones sobre la fortaleza de nuestros sistemas de control de exportaciones”, señala.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

La letanía de comentarios horribles que han catapultado al líder filipino, Rodrigo Duterte, a la notoriedad internacional es tan exhaustiva que es difícil elegir los más inauditos. No hay nada en lo que se contenga lo más mínimo.

En septiembre de 2016, por ejemplo, se refirió con entusiasmo al Holocausto como una analogía de su brutal guerra contra las drogas. “Hitler masacró a tres millones de judíos”, dijo. “Ahora hay tres millones de drogadictos. Me encantaría matarlos a todos”.

Duterte también ha alardeado de los días cuando se paseaba en moto buscando gente a la que matar, así como de haber lanzado a un hombre desde un helicóptero. Incluso se lamentó en broma de haber perdido la oportunidad de violar a una guapa misionera australiana antes de que fuese asesinada en una operación contra el motín de una prisión.

La semana pasada, Duterte volvió a ser el protagonista de los titulares. “Con 16 años, yo ya había matado a alguien”, dijo. “Una persona de verdad, una reyerta, un apuñalamiento. Solo tenía 16 años. Fue solo por una mirada. ¿Cuánto más ahora que soy presidente?”.

El presidente filipino se dirigía a la comunidad filipina en la ciudad vietnamita de Da Nang, antes de la cumbre de Cooperación Económica de Asia Pacífico, a la que también acudió Donald Trump. Este martes, Donald Trump finalizó en Filipinas su gira por Asia, en la que se ha reunido con Duterte.

Por supuesto, Trump no es responsable de los crímenes de los que Duterte presume. Pero con sus afirmaciones populistas, su tendencia a la exageración y su actitud denigrante hacia las mujeres, así como con los ataques a la prensa y su desprecio total por la conducta política más convencional, no es sorprendente que se hayan trazado comparaciones entre ambos.

Duterte llamó a Barack Obama “hijo de puta”, pero la relación entre Trump y el presidente filipino parece haber tenido un inicio mucho mejor. Una transcripción filtrada de una llamada telefónica entre ambos reveló que Trump había alabado a Duterte por su “trabajo increíble” en la guerra contra las drogas.

Exfiscal y antiguo alcalde de Davao, una ciudad en la isla de Mindanao, el programa de Duterte como hombre fuerte –su logo de campaña era un puño cerrado– le hizo ganar popularidad en todo el país. Llego al poder gracias a promesas para erradicar las drogas y el crimen, prometiendo una campaña de mano dura que mataría a 100.000 personas y utilizaría los cuerpos de los consumidores de drogas para alimentar a los peces en la Bahía de Manila. La gente quedó impresionada por el líder duro que prometía impedir que el país siguiese cayendo en lo que él llamaba narcoestado. Finalmente salió elegido en mayo de 2016.

Apodado 'El castigador', este hombre de 72 años nació en Maasin. Sus inicios como persona mediomafiosa se formaron desde una edad muy temprana. Era un matón que fue expulsado del colegio y que con 15 años ya llevaba pistola.

“Fue expulsado de algunas escuelas e incluso disparó a un compañero de clase, pero nunca se le castigó por nada. Se libró”, explica a the Observer el senador Antonio Trillanes, uno de los mayores críticos de Duterte. “Creo que eso ha contribuido a su mentalidad de impunidad, porque nunca fue castigado. Ha matado a gente, pero eso simplemente se olvidó”.

Duterte estudió Derecho y se convirtió en fiscal, haciéndose camino hasta ser vicealcalde y finalmente alcalde de Davao, un cargo que ocupó durante más de 20 años.

Obsesión por el poder

“Creo que la única crisis que tuvo en su crecimiento fue cuando murió su padre y la riqueza y el poder político desaparecieron. No podía soportar ser un tipo normal. Recibió una cura de humildad y tuvo que hacerse su propio camino”, explica Trillanes. “Desde ese momento, aquel tipo que disfrutó de una vida de poder y riqueza no quería perderla. A partir de entonces, no lo dejó escapar”.

Un documento que forma parte del proceso de su divorcio con Elizabeth Zimmerman en 1998 también es revelador. En su evaluación psicológica detallada en el informe, el doctor concluyó que sufría un desorden de personalidad narcisista, con tendencias agresivas entre las que se incluye un “sentido grandilocuente de sí mismo y de los privilegios que cree merecer” y “una tendencia constante a menospreciar y humillar a los demás”.

Fue en Davao en los años 80 cuando Duterte probó por primera vez la mano dura contra las drogas y el crimen, una política que a menudo provocaba la aparición de cadáveres en las calles. Human Rights Watch detalló durante mucho tiempo las acusaciones de los “escuadrones de la muerte de Davao” cuando Duterte era alcalde, afirmando que se mató a más de 1.000 personas, incluidos sospechosos de ser consumidores de drogas y traficantes, niños callejeros, así como periodistas críticos con su actuación.

Incluso una vez Duterte lo confirmó abiertamente. “¿Soy yo el escuadrón de la muerte? Cierto. Eso es cierto”, declaró a su programa de televisión local en mayo de 2015.

Aunque los ayudantes de Rodrigo Duterte acostumbran a dar marcha atrás tras las declaraciones de su presidente, señalando que no se deben interpretar al pie de la letra sus comentarios disparatados o que los decía en broma, el presidente de Filipinas ha demostrado ser un hombre de palabra en relación a la “guerra antidroga”.

Desde que tomó posesión del cargo el 30 de junio del año pasado, al menos 7.000 filipinos han sido asesinados, casi 4.000 por la policía y muchos miles más por supuestos justicieros. Imágenes espeluznantes de los asesinatos sobrecogieron rápidamente a la prensa nacional e internacional: imágenes terribles de gente muerta en las calles en mitad de la noche, con las cabezas envueltas en cinta de embalaje, muchas veces junto a carteles en los que se les acusa de ser traficantes de drogas, drogadictos o criminales. Un periódico local, el Inquirer, empezó una “lista de asesinados” en un intento de hacer un seguimiento de todas las muertes.

Asesinatos extrajudiciales con apoyo popular

Más de un año después desde el inicio de su mandato, el número de muertes extrajudiciales ha superado el de muertos durante la dictadura del sanguinario Ferdinand Marcos, que rigió el país durante dos décadas.

En una valoración del primer año del gobierno de Duterte, Amnistía Internacional emitió un comunicado en junio señalando que miles de filipinos han sido asesinados por, o a instancias de, una fuerza policial que actúa fuera de la ley y a las órdenes del presidente.

“La violenta campaña de Duterte no ha acabado con el crimen ni ha resuelto los problemas asociados con las drogas”, dice James Gómez, director de Amnistía Internacional para el sureste asiático y el Pacífico. “Lo que ha hecho es convertir el país en un lugar aún más peligroso, debilitando aún más el Estado de derecho y otorgado notoriedad [a Duterte] como un líder responsable de la muerte de miles de sus propios ciudadanos”.

Aunque la guerra antidroga de Duterte ha suscitado una gran condena a nivel internacional, el propio presidente ha permanecido inmune. En su lugar, ha ofrecido inmunidad a los asesinatos policiales en nombre de la “guerra antidroga”, mientras que su gobierno niega las acusaciones en relación con “batallones de la muerte”.

También ha luchado por silenciar a sus críticos más directos, incluido el encarcelamiento de la senadora Leila de Lima, que como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos lideró una investigación en 2009 del batallón de la muerte de Davao. Duterte también llevó al límite a algunos filipinos este septiembre cuando, para hacer frente a una insurgencia terrorista en Marawi, declaró la ley marcial en todo Mindanao. El Congreso ha votado para mantenerla vigente hasta el 31 de diciembre.

A pesar de todas las polémicas durante su Administración, el presidente mantiene un nivel alto de popularidad, a pesar de una caída reciente en las encuestas. A nivel nacional, la satisfacción con la “guerra antidroga” está al 63%, según una encuesta en octubre por el centro de investigación Social Weather Stations, aunque muchos dicen que también creen que los sospechosos deberían ser capturados con vida.

En una decisión que Duterte esperaba que calmase los “corazones sangrantes”, el presidente ordenó el mes pasado a la policía poner fin a todas sus operaciones relacionadas con drogas y puso al cargo a la Agencia Antidrogas.

Al preguntar a la periodista filipina Solita Monsod cómo entender mejor quién es Duterte en realidad, dice que como mejor se explica al presidente es mediante la evaluación psicológica a la que fue sometido durante la anulación de su matrimonio. “No se puede juzgar a este hombre por los métodos habituales porque este hombre tiene un trastorno. Este hombre tiene problemas de salud mental”.

Al menos, añade, él no tiene acceso a un botón nuclear.

Traducido por Javier Biosca y Marina Leiva

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha afirmado en Danang (Vietnam) que mató a una persona con un puñal cuando tenía 16 años, una época en la que, según dijo, “entraba y salía de la cárcel” por sus frecuentes peleas.

“Cuando era adolescente, entraba y salía de la cárcel, una pelea aquí, otra allá. Con 16 años maté a alguien”, relató este jueves por la noche el mandatario ante un grupo de trabajadores filipinos residentes en Danang, donde participa en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Fue durante una pelea. Un apuñalamiento. Yo tenía 16 años. Fue solo porque nos miramos el uno al otro. Con más razón ahora, que soy presidente. Si jodes a mis compatriotas, no te voy a dejar escapar. No me importan los defensores de los derechos humanos”, dijo con su habitual tono desenfadado.

El presidente filipino, que este viernes ha participado en un encuentro con los líderes de las otras 20 economías del APEC, ha hecho estas declaraciones durante un encuentro con emigrantes filipinos en el que ha defendido su controvertida campaña contra las drogas.

No es la primera vez que Duterte hace declaraciones de este tipo, a menudo jaleadas por millones de compatriotas.

Una de las más llamativas ocurrió el pasado diciembre, cuando afirmó que había matado a supuestos drogadictos y traficantes de drogas mientras era alcalde de Davao, ciudad de Mindanao (sur).

Semanas antes de ser elegido, relató cómo disparó en la facultad de Derecho donde estudiaba a otro alumno que se había mofado de su característico acento sureño.

Más de 3.900 sospechosos han sido abatidos por la policía desde que empezó su campaña antinarcóticos y se estima que el número de fallecidos es superior a 7.000 si se suman las muertes de supuestos drogadictos y traficantes atribuidas a particulares y patrullas vecinales.

Duterte ha sido acusado durante años por ONG, entre ellas Human Rights Watch, de dirigir los “escuadrones de la muerte” de Davao, bandas de sicarios formadas por antiguos policías y soldados que habrían “eliminado” a más de 1.000 criminales para limpiar la ciudad.

Los parlamentarios filipinos aliados de Rodrigo Duterte han votado a favor de asignar 1.000 pesos (16 euros) del presupuesto del año que viene a la Comisión de Derechos Humanos, la agencia del Gobierno que está liderando las críticas a su sangrienta guerra contra las drogas.

Duterte, cuyos seguidores controlan la Cámara Baja del Congreso, ha arremetido contra este organismo en varias ocasiones, que ha condenado las miles de muertes a manos de las fuerzas policiales durante los últimos 15 meses en el cargo del presidente.

El presidente de la Cámara, Pantaleon Álvarez, un aliado cercano de Duterte, ha afirmado en una entrevista de televisión que la Comisión de Derechos Humanos se merece un presupuesto pequeño por ser un organismo “inútil”.

“Si quieres proteger los derechos de los criminales, que te den ellos tu presupuesto”, ha asegurado. “Es así de simple. ¿Por qué deberías recibir un presupuesto del Gobierno si no estás haciendo tu trabajo?”.

El congresista Edcel Lagman sostiene que los defensores de Duterte están “condenando prácticamente a muerte a una oficina independiente creada con mandato constitucional”.

En 2017, la Comisión de Derechos Humanos tenía un presupuesto de 749 millones de pesos (12 millones de euros) y para 2018 había solicitado prácticamente el doble. La votación presupuestaria no es final y requerirá otra votación y la aprobación del Senado.

Phelim Kine, director adjunto para Asia de Human Rights Watch, afirma que la votación “es parte del intento de la Administración de Duterte por impedir a las instituciones independientes el control sobre sus abusos, particularmente en el contexto de la brutal guerra contra las drogas que se ha cobrado la vida de miles de personas, incluidas decenas de niños”.

Agnes Callamard, enviada especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, ha calificado el nuevo presupuesto de “reprobable e inadmisible”.

Apodado como “el castigador” por sus tácticas letales, Duterte ha amenazado previamente con eliminar la Comisión de Derechos Humanos, un organismo que desprecia por sus críticas a la campaña de matanzas, aunque posteriormente dijo que su amenaza fue solo una “broma”.

Duterte ha afirmado que sería “feliz de matar” a millones de adictos y ha expresado que las muertes de menores son un “daño colateral”. La Unión Europea ha citado “informaciones creíbles” sobre la falsificación de pruebas por parte de la policía para justificar las matanzas extrajudiciales.

Desde que el exalcalde de la ciudad de Davao se convirtió en presidente el pasado julio, los datos del Gobierno muestran que la policía ha matado a cerca de 3.500 “personalidades de la droga”, aunque los activistas afirman que estos son solo supuestos consumidores de drogas y traficantes a pequeña escala. Más de 2.000 personas han muerto en crímenes relacionados con la droga y otros miles han sido asesinados en circunstancias desconocidas, de acuerdo con la información policial.

Chito Gascón, director de la Comisión de Derechos Humanos, afirma que la votación para la reducción presupuestaria es un intento de forzar su dimisión y ha asegurado que va a llevar el caso al Tribunal Supremo si es necesario. “La principal razón por la que no puedo dimitir es porque hacerlo sería debilitar la propia institución”, ha asegurado.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti