Las mujeres estamos rompiendo el silencio. Llevamos ya varios años usando esa expresión –romper el silencio– para dar nombre a este momento histórico en el que las mujeres masivamente estamos poniendo palabras y contando nuestras experiencias de machismo cotidiano y, también, de acoso y violencia sexual. Estamos, al fin y al cabo, haciendo relato público de una parte importante de nuestra vida.

Por no contarlo, a veces no nos lo habíamos contado ni a nosotras mismas. Guardábamos para nuestros adentros los malestares. La vez que te encontraste con un hombre masturbándose detrás de un coche o que un compañero te manoseó o la noche en la que accediste a tener sexo de una determinada manera que no deseabas pero ante la que no viste escapatoria.

Más allá del grito necesario, este romper el silencio tiene consecuencias. Primero, porque a veces no es hasta que cuentas y compartes que no comprendes lo que has vivido. Así que andamos en un proceso de toma de conciencia colectiva, pero también de rabia conjunta. No queremos vivir más así. Queremos que la política o la justicia pase por las vidas de las mujeres, escuche, entienda y actúe en consecuencia.

Segundo, porque a medida que construimos este nuevo relato público formamos también un nuevo estándar. Ya no estamos dispuestas a aceptar lo que hasta ahora habíamos asumido como parte de la experiencia de vivir como mujeres. Ya no estamos dispuestas a pasarlo por alto, a hacer como si nada, a que el machismo no tenga consecuencias. 

Pablo Soto era concejal del ayuntamiento de Madrid hasta hace solo unos días. Más Madrid le exigió la dimisión después de investigar una queja de acoso sexual contra él. “Yo no fui consciente de ninguno de los dos episodios”, dijo Soto en un comunicado en el que también se disculpaba. Más Madrid no ha dado detalles de la conducta de Soto; sí explicó que ante la queja se contrató a una persona externa que, aplicando un protocolo, indagó los hechos y constató su gravedad.

No se hicieron esperar los comentarios que cuestionaron la pertinencia de su dimisión. ¿No hemos ido demasiado lejos?, ¿no os estáis pasando?, ¿no estáis poniendo el listón demasiado alto?, venían a decir estas voces que dudan de que, sin proceso judicial de por medio, deba un hombre dimitir por una acusación de acoso.

Si bien la justicia no ha actuado (lo hará si hay denuncia judicial de por medio, algo que hasta ahora desconocemos), lo que se activó en el caso de Soto es un protocolo interno contra el acoso sexual como el que existe en algunas empresas. Esos protocolos fijan la forma en que hay que investigar las quejas y denuncias y también las consecuencias que deben tener de comprobarse ciertas. Esto es lo que sucedió en este caso: queja, investigación, comprobación, consecuencia.

Y repito las líneas que escribía hace unos párrafos. Ya no estamos dispuestas a aceptar lo que hasta ahora habíamos asumido como parte de la experiencia de vivir como mujeres. Que es otra forma de decir que algunos comportamientos que muchos hombres habían dado por hecho ya no deben pasar el examen de la aprobación social. Nuestro relato tiene que servir para crear un nuevo estándar sobre lo que es aceptable y lo que no. Si la pregunta es si estamos subiendo el listón, sí, lo estamos haciendo. Quizá hasta hace no mucho parecía tolerable que un superior te hiciera comentarios procaces o que a un cargo público se le fuera la mano solo un momento. Ya no. Ya no porque estamos hartas de que el machismo sea el que haya marcado, hasta ahora, el estándar.

Más Madrid trata de zanjar la crisis por la dimisión de uno de sus ediles del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto, por un supuesto caso de acoso sexual. La denuncia ante el partido (de momento no judicializada) de una militante y una investigación posterior encargada por el grupo municipal que según sus dirigentes arrojó conclusiones “contundentes” ha abierto una importante brecha en la formación que está a punto de afrontar su campaña más importante: la carrera hacia las elecciones generales.

Este despegue se ha construido sobre dos pilares ideológicos: el ecologismo y, precisamente, el feminismo. El escándalo ha tocado directamente a la línea de flotación con un concejal acusado de acoso en sus filas en el arranque de la precampaña, apenas unas horas después de que se desvelasen las listas de Más País para el 10N. A este episodio se suma la marcha de Clara Serra, el mayor referente feminista de la formación, que ha abandonado el partido con fuertes críticas a la organización por la falta de contrapesos al liderazgo de Íñigo Errejón.

La denuncia interna sobre un presunto episodio de acoso de Pablo Soto llega al partido el 30 de septiembre. Según las fuentes consultadas, desde el primer momento el plan era actuar con discreción y se decidió que el asunto se abordaría desde la dirección del grupo municipal, del que hasta este miércoles Soto era concejal.

“Es horrible y estamos a las puertas de unas elecciones. Pero no se puede pensar en eso, hemos hecho una reflexión de valores”, aseguran fuentes de Más Madrid para explicar su decisión. El partido ha rechazado intervenciones en prensa, radio y televisión durante toda la jornada para abordar el escándalo pero se ha limitado a convocar unas solo unas breves declaraciones ante los medios de la portavoz, Rita Maestre. 

El informe con los resultados de la investigación, encargado a una experta externa, llegó a la Plaza de la Villa, sede de los grupos municipales, a las siete de la tarde del martes. Las portavoces Rita Maestre y Marta Higueras fueron las encargadas de analizarlo, junto a la concejala Inés Sabanés. Tanto Higueras como Sabanés están en los puestos de salida de la lista de Más País al Congreso de los Diputados. 

Las tres ediles han pilotado desde el lunes, cuando se conoció la denuncia, la gestión de la crisis con la máxima “discreción”. Algunos concejales de Más Madrid ni siquiera tuvieron conocimiento de que se había activado un protocolo anti-acoso hasta el martes por la noche, cuando Soto publicó su comunicado anunciando su marcha, según explican fuentes de la formación. Otros concejales llevaban una semana escuchando “rumores” sobre el presunto episodio de acoso. 

La decisión de forzar su dimisión “inmediata” se tomó el martes, en una reunión “de urgencia” de la dirección de grupo municipal. Pero la primera petición de renuncia a Soto la efectuó Maestre el día que se produce la denuncia, aseguran varias fuentes consultadas. Ante la resistencia del concejal acusado, la dirección del grupo municipal decidió esperar a tener el informe definitivo. 

El martes, ya con el informe rematado, hubo otro encuentro con Soto para comunicarle la resolución del grupo. La estrategia, según fuentes de la formación, era que el concejal renunciara a su acta antes de las 22 horas del martes sin hacerlo público y que la comunicación oficial estuviera controlada solamente por la portavoz del grupo, Rita Maestre, sin que Soto ofreciera su versión. 

Pero los planes se torcieron con las explicaciones inesperadas del edil que anunció su renuncia al acta de concejal en sus redes sociales y Más Madrid tuvo que improvisar una nota de prensa a rebufo de su comunicado para desautorizarlo, siempre según las mismas fuentes. “En lugar de cumplir con su palabra, hace público un comunicado con una versión de los hechos que no concuerda con la de la víctima, a la que esta dirección concede veracidad absoluta”, indicó el grupo en dicha nota de prensa. 

Nadie en Más Madrid quiere valorar los comentarios de Soto sobre lo ocurrido. Varios ediles del grupo municipal aseguran que la noticia es “un shock y un drama” por sus implicaciones pero respaldan la actuación de la dirección por que “no se haya optado por ocultar”. En la formación admiten que había “riesgo” de que el asunto estallara en el transcurso de la investigación interna. La versión de la denunciante no se ha hecho pública y el informe es “confidencial”. El partido ha priorizado “proteger” a la víctima. 

Los concejales han recibido la información sobre el proceso el miércoles por la mañana, como estaba previsto. Después, se ha reunido a los trabajadores municipales y, por último, Rita Maestre se ha puesto frente a las cámaras para explicar lo mismo que el partido había escrito en el comunicado: “El compromiso con el feminismo se tiene que demostrar con hechos, no solo con palabras”. “Es la vez que creo que se ha actuado con más contundencia en esta formación”, defiende un concejal, que considera que los valores feministas de Más Madrid quedan “demostrados” con la gestión de este caso. “Creo que la gente se quedará con eso, con que se actuó”, añade. En el partido respiran aliviados con que por primera vez no haya habido un cierre de filas a favor de un concejal. 

Más Madrid aún tiene una decisión pendiente: si expulsa o no al exedil como militante de la formación. “Entendemos que es un proceso que habrá que ir trabajando y hablando. La principal competencia como grupo municipal es la exigencia de responsabilidades políticas”, justificó Maestre ante la prensa. Más Madrid es un proyecto político que no llega a los nueve meses de vida y aún carece de estructuras organizativas esenciales como una ejecutiva u órgano similar que tenga potestad para impulsar estas decisiones. La formación además no tiene afiliados al uso que paguen una cuota mensual, sino inscritos. 

Desde Más Madrid esperan que el foco sobre este episodio se termine “cuanto antes” y poder así pasar página, después de que Soto haya presentado su renuncia al acta este miércoles. Son conscientes de que un episodio así, en una formación que ha hecho del feminismo bandera, llega en el peor momento posible, con una precampaña electoral a contra reloj y unas primeras bajas en el partido que cuestionan un discurso elaborado durante meses. Todo, a las puertas de unas elecciones claves para su líder, Íñigo Errejón.

El concejal de Más Madrid, Pablo Soto, ha renunciado a su acta en el Ayuntamiento de Madrid tras ser investigado por acoso sexual. El edil ha comunicado este miércoles a la secretaría del Pleno su renuncia confirman fuentes de Más Madrid.

Soto deja de ser concejal forzado por su grupo municipal. La dirección, formada por Rita Maestre, Marta Higueras e Inés Sabanés, encargó una investigación interna después de recibir una denuncia de acoso sexual contra él. “La contundencia de los hechos descritos” en el informe que resultó de este trabajo, según la portavoz Rita Maestre, fueron considerados por el grupo como “incompatibles con ser un cargo público” de Más Madrid y se procedió a pedirle la dimisión.

El edil ya avanzó anoche su dimisión en un comunicado público, pero no dejó el acta. Más Madrid asegura que había llegado a un pacto con Pablo Soto, asumido por este, para que abandonara el cargo público antes de las 22 horas del martes. El acuerdo, siempre según la versión de Más Madrid, era que el edil no hiciera declaraciones públicas ni anunciara su dimisión para que fuera la portavoz, Rita Maestre, quien explicara a los medios lo ocurrido. Sin embargo, Soto publicó un largo comunicado en el que narraba que había sido denunciado por acoso y justificaba que no recordaba nada por el efecto del alcohol.

En lugar de Soto, entra al grupo municipal José Luis Nieto, biólogo y coportavoz de Equo Madrid. Nieto fue vocal vecino de Ahora Madrid en 2015 y también portavoz de la formación en la Junta de Distrito de Carabanchel.

Más Madrid se reafirma en pedir al edil Pablo Soto que deje su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid tras investigar una denuncia contra él por acoso sexual. La portavoz del grupo municipal, Rita Maestre, ha explicado que la “contundencia de los hechos descritos” en el informe, encargado a una experta independiente tras activar el protocolo antiacoso, es “incompatible con ser un cargo público en una organización como Más Madrid” y ha defendido que, como grupo municipal, les “compete” pedir “responsabilidades políticas” a su edil, que aún no ha presentado su renuncia.

El grupo confía en que, tal y como pactaron y comunicó en una nota el propio Soto, la dimisión se haga efectiva “en las próximas horas”. En declaraciones a los medios, la portavoz ha dado cuenta de todos los pasos que dio el grupo municipal a raíz de la llegada de una denuncia interna por parte de una militante y ha defendido que Más Madrid ha actuado “de manera garantista y eficaz, poniendo en el centro la protección de la víctima”. “El compromiso con el feminismo se tiene que demostrar con hechos, no solo con palabras”, ha añadido tras explicar que la experta que se encargó del caso escuchó a las partes y a los testigos.

Lo que de momento no se ha aclarado es si, como partido, Más Madrid expulsará también a Pablo Soto como militante. “Entendemos que es un proceso que habrá que ir trabajando y hablando. La principal competencia como grupo municipal es la exigencia de responsabilidades políticas”, ha dicho.

Maestre no ha querido hacer “valoraciones” del comunicado de su excompañero, Pablo Soto, en el que pedía disculpas por el daño ocasionado a la denunciante y justificaba que no recordaba nada sobre los hechos denunciados por el efecto del alcohol. “No voy a entrar en valoraciones. Voy a creerme las conclusiones de ese informe y poner en el centro la protección de la víctima”, ha apuntado.

Más Madrid ha vuelto a incidir en su sorpresa por la reacción de Pablo Soto, que según su versión de los hechos, se saltó un pacto al que había llegado con el grupo municipal tras una reunión de urgencia después de recibir el informe sobre la investigación del caso de acoso denunciado y que consistía en hacer una renuncia sin declaraciones.

“Hemos ido informándole de todos los pasos que hemos ido dando. Accedió a renunciar y en vez de eso publicó su versión de los hechos en una red social”, ha manifestado. Como consecuencia, Más Madrid se vio forzado a “adelantar” una comunicación que estaba previsto trasladar al grupo, los concejales y los trabajadores de Más Madrid este miércoles, según Maestre.

El grupo municipal no tiene “constancia” de que la denunciante haya trasladado los hechos a la Policía aunque “es una decisión que compete a la víctima”.

La dirección del grupo municipal Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha forzado la dimisión de su concejal Pablo Soto después de recibir hace una semana una acusación de acoso contra él y comprobar los hechos. El partido encomendó una investigación a una profesional externa que ha emitido este martes un informe que la formación ha considerado “concluyente” porque “confirma los hechos y su gravedad”.

“Fruto de este proceso, hoy por la tarde se ha recibido un informe que confirma los hechos y su gravedad”, asegura Más Madrid en un comunicado. “Reunida la dirección del grupo municipal con carácter de urgencia esta misma tarde se toma la decisión de pedir la dimisión inmediata del concejal implicado”, explica la formación.

“Desde que tuvo conocimiento de los hechos esta dirección ha estado en contacto con la víctima y los testigos, y ha buscado preservar su intimidad y garantizar la protección de sus derechos mientras se sustanciaba el proceso de asunción de responsabilidades políticas”, explica el partido que tras el informe de la experta otorga plena credibilidad a víctima.

Más Madrid explica en su comunicado que había solicitado la dimisión a Pablo Soto este mismo martes y habían acordado su salida sin que el concejal hiciese declaraciones. Soto sin embargo, se habría adelantado, según esa misma versión, a la comunicación del grupo y ha difundido una carta para dar su versión de los hechos. Según relata el edil, la persona en cuestión se sintió acosada en un baño y posteriormente en una reunión: “Hace justo una semana me dijeron que una persona se había sentido acosada por mí hacía unos días”, ha comenzado su carta de renuncia.

Soto se refugia en el alcohol y en su discapacidad para justificarse y asegura que no recuerda los hechos que relata la víctima. “Un día en el que estaba tomando una cerveza tras el trabajo, le pedí a una persona del entorno de los grupos de trabajo, pero que no sé quién es, que me ayudase a ir al cuarto de baño. Tengo una discapacidad importante, voy en silla de ruedas, y en algunas ocasiones no puedo ir al baño sin ayuda”, explica Soto.

“Yo no fui consciente de ninguno de los dos episodios; no recuerdo ni haber ido al baño aquel día, ni tampoco sabía nada cuando estuve en aquella reunión, pero eso no quita que hay una persona que se ha visto dañada por mi actitud. Lo siento muy profundamente y quiero disculparme por lo que le haya hecho sentir”.

Desde Más Madrid aseguran que la versión de Soto “no concuerda con la de la víctima”. La formación no se ha tomado con agrado el comunicado del edil y critican que no haya cumplido con lo pactado: “El concejal accede y promete presentar la renuncia antes de las 10 de esta noche. En lugar de cumplir con su palabra, hace público un comunicado con su versión de los hechos que no concuerda con la versión de la víctima, a la que esta dirección concede absoluta veracidad”.

“Desgraciadamente, situaciones de acoso se dan constantemente en todos los ámbitos de la sociedad, públicos y privados, y ante hechos de este tipo una fuerza política progresista y feminista debe ser firme y contundente”, concluye la dirección del grupo municipal Más Madrid.

Las portavoces de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre y Marta Higueras, han reprochado los actos de su ya excompañero de partido en las redes sociales. “NO ES NO. En cualquier momento, lugar o circunstancia, caiga quien caiga. Que no haya próxima vez”, ha defendido Maestre. “No existe ninguna justificación. NO ES NO”, ha recordado Higueras.

Madrid será un lugar whistleblowers-friendly (amigo de los filtradores) en menos de dos años. El Ayuntamiento de Madrid presentó a principios de julio la figura del buzón anónimo de denuncia, un nuevo mecanismo que permitirá a todo aquel que tenga evidencias de sucesos irregulares, ponerlo en conocimiento del consistorio madrileño sin temor a represalias. La información irá cifrada con PGP y el buzón solo funcionará si se abre desde el navegador Tor.

Dependerá de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción que coordina Carlos Granados, exmagistrado del Tribunal Supremo. “La idea cobra sentido cuando al otro del lado del buzón lo que hay es una entidad que tiene capacidad de investigar y de tirar del hilo”, explica a eldiario.es Pablo Soto, delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid.

El ciudadano que desee denunciar algún caso de corrupción (o de otra índole) a su alrededor tendrá que entrar a través del navegador Tor. El primer nivel de seguridad es este: el uso de un navegador especialmente preparado para garantizar el anonimato en Internet. El “router de la cebolla” (como se le conoce popularmente), basado en las redes distribuidas de comunicación, enmascara la dirección IP del que lo usa a través de otros routers, creando capas de seguridad (por eso lo de llamarse 'cebolla'). Además, también cifra la información que el usuario lee y obtiene de Internet haciendo muy difícil su identificación, al menos, a través de la IP.

Tres capas de cifrado para proteger al mensajero

Una vez en Tor, el alertante podrá enviar la información que considere a través del buzón anónimo. Aunque no será “una denuncia formal” según Soto, “a efectos prácticos el resultado será el mismo: poner en conocimiento de las autoridades vicios o pruebas que puedan servir precisamente para iniciar un procedimiento de investigación”.

Cuando la Oficina reciba la información, iniciará también “una investigación de oficio para que se tomen las medidas legales oportunas”, continúa Soto. Promete que se estudiará “cada denuncia con detenimiento” y que “se abrirá una investigación formal” con cada nueva pista que llegue al buzón.

La información viajará cifrada con llave pública o PGP. Aquí, tanto el emisor como el receptor tienen dos claves: una pública conocida por ambos y otra privada. Para cifrar el mensaje, el emisor usa su llave privada y después la pública; un proceso que repetirá, a la inversa, el receptor. Es el tipo de cifrado más común en Internet y uno de los más seguros.

Giovanni Pellerano, uno de los miembros de Hermes (la ONG italiana que ha desarrollado el software que usa el buzón anónimo) explica a eldiario.es que “Tor y el protocolo Https cifran los datos, AES [otro tipo de cifrado] protege esos datos mientras son procesados por el sistema y PGP cifra los archivos en reposo, protegiendo por ejemplo los emails y otros archivos enviados por la plataforma”.

Código abierto: indispensable para la sociedad

Para desarrollar el buzón anónimo, el Ayuntamiento ha contado con Fíltrala. La plataforma independiente, creada hace años por la Associated Whistleblowing Press belga es la misma que gestiona el buzón de denuncia de algunos medios de comunicación y organizaciones como Civio, la Revista Mongolia, Greenpeace o eldiario.es, entre otros.

El buzón del Ayuntamiento usará la tecnología GlobaLeaks. El software está desarrollado por la ONG italiana Hermes y es código abierto. Soto asegura que se han fijado en “lo que la sociedad civil lleva ya haciendo mucho tiempo” para implementarlo “en las instituciones públicas”. Se refiere a usar programas de código abierto: un software con código cerrado nunca podremos estar seguros de que hace lo que realmente dice hacer ni que sea como dice que es.

Pellerano explica por qué es tan importante este punto: “El código abierto es fundamental cuando se trata de Derechos Humanos. Los usuarios, las comunidades y los consumidores; todos necesitan poder saber qué usan”. También hace hincapié en una de las grandes ventajas del código abierto, y es que puede ser “auditado y validado por una gran comunidad y estar continuamente bajo revisión”.

Soto resume bien de lo que se trata el open source: “Básicamente es que la gente no tenga que fiarse de lo que dice la institución o quien pone los medios técnicos para que se produzca ese buzón”. El del Ayuntamiento también reconoce que el buzón se crea porque “prácticamente, tras cada caso de corrupción, de fraude o de violación de los Derechos Humanos, hay también un denunciante que está sufriendo gravísimas repercusiones por haber levantado la voz contra esa injusticia”.

“Se trata de proteger a la fuente original de la denuncia para que no sufra esas consecuencias negativas que muchas veces se traducen en acoso laboral, acoso judicial, acoso mediático...”, dice Soto, que sentencia: “Si no se puede proteger la identidad de los denunciantes, quien paga las consecuencias es quien alza la voz. Este buzón, lo único que hace es poner medios técnicos e idóneos para que se produzca una mayor protección del denunciante”.

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este jueves las cifras de participación de la tercera edición de los Presupuestos Participativos, proyecto en el que los ciudadanos pueden decidir directamente cómo y dónde se invierten 100 millones de euros de las arcas de la corporación municipal. Ha vuelto a batir el récord: 91.032 personas han participado en el proceso, enviando 3.323 propuestas, de las que han sido elegidas 328. Son casi 25.000 participantes más que los que se registraron en 2017. En este ámbito, solo París y Nueva York superan ya a la capital a nivel cuantitativo.

La participación en esta iniciativa, que se lleva a cabo a través de la herramienta digital Decide Madrid, ha ido en aumento desde la primera edición, celebrada en 2016. Ese año se involucraron 45.533 ciudadanos, que animados por la curiosidad y expectación inicial, enviaron 5.184 propuestas para emplear esos 100 millones de euros. Un año después los participantes aumentaron un 50%, llegando a los 67.132, que dieron su opinión sobre 3.215 proposiciones.

A través de Decide Madrid la participación es inmediata. En una tarde un ciudadano puede informarse de todos los proyectos presentados para su distrito (cientos, en la mayoría de ellos), valorarlos y votarlos. Puede ponerse en contacto con usuarios que han propuesto ideas similares a la que él quiere plantear o hacer un llamamiento a todos los que han apoyado la suya para abrir un debate entre los interesados en mejorarla. El software que sustenta la herramienta se diseñó desde el propio Ayuntamiento y no tiene un propósito espía ni puertas traseras, su código es libre y abierto. Cualquier administración puede tomarlo y adaptarlo a su propio contexto.

Más de 90 gobiernos de 18 países de Europa, Latinoamérica y Asia ya lo han hecho. Uno de las últimos en adoptarlo ha sido el de la ciudad argentina Bahía Blanca. El éxito de Decide Madrid ha sido tan rotundo que ha valido a la capital el primer puesto en los Premios al Servicio Público de Naciones Unidas, en la categoría de “Instituciones inclusivas y participación en la toma de decisiones”. Es el más alto reconocimiento que puede recibir una institución oficial. Sin embargo, hay una cosa que este software no puede hacer: hackear unos lentos trámites burocráticos que no han cambiado demasiado en los últimos 100 años. 

De las 206 propuestas elegidas para llevarse a cabo en 2016 a través de Decide Madrid solo se han completado 63, ocho están en ejecución, 120 en proceso de tramitación y nueve en fase de estudio, según las cifras oficiales proporcionadas por el Ayuntamiento el 15 de junio (que destaca que varios de los proyectos en ejecución se encontraban casi listos a falta de algunos detalles y a día de hoy la cifra de terminados supera los 70). De los proyectos aprobados en 2017 se han terminado ocho, otro está en marcha, 17 han llegado a la fase de tramitación y 285 están en estudio. 

“Si la gente supiese lo pesados que son los trámites de la administración seguramente habría un debate público de más calado sobre cómo podríamos mejorarla”, expone Pablo Soto, concejal delegado del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto de Madrid. Soto, programador informático y pionero en el diseño de herramientas P2P en España, reconoce el desfase entre la inmediatez de lo digital y el trámite burocrático, aunque señala que esto también tiene un punto útil.

“Uno de los efectos positivos que tienen los Presupuestos Participativos es que incorporan un elemento de transparencia muy importante, porque permiten a la ciudadanía observar cómo son los procesos en la administración. Entender todos los pasos necesarios para sacar adelante un proyecto, que están tasados y organizados”, opina el concejal de Ahora Madrid.

En la gala de presentación de las propuestas escogidas en 2018 ha estado presente la portavoz del grupo socialista en el cosistorio, Purificación Causapié, que ha reconocido que los ciudadanos preguntan habitualmente por las proyectos surgidos de su deliberación. “La gente los pide más intensamente, por eso hemos propuesto que se priorice su ejecución. Es un proceso de cambio en la participación que vale la pena: Las ideas que se plantean son excelentes y están cambiando y mejorando la ciudad de Madrid”, ha expuesto.

“Tardamos más de lo que queremos”, ha admitido Manuela Carmena, que ha tomado la palabra a continuación y ha recogido el guante de la socialista. La alcaldesa ha sugerido la posibilidad de aprovechar el concenso entre ciudadanía y clase política que existe en Madrid en este ámbito para desarrollar una “Ley de ejecución de los presupuestos particiativos fuera del cinturón de la Ley de contratos”. “Este proceso de participación es una nueva manera de hacer democracia y nos tiene que servir para ver cómo podemos reformar las instuciones tradicionales”, ha manifestado.

El lunes empezó una semana grande para la ciudad de Madrid. Del 13 al 19 de febrero, todos los empadronados mayores de 16 podemos votar sobre varios asuntos urbanos: los dos proyectos finalistas para la reforma de Plaza de España, detalles sobre la ampliación de aceras de Gran Vía, las dos propuestas ciudadanas salidas de la web de participación (Madrid 100% sostenible y billete único para el transporte público) y, en algunos distritos, temas locales varios. Se puede votar online en Decide.Madrid.es y presencialmente en urnas en la calle (Atocha, Sol, Plaza de España o Callao), centros culturales, juntas municipales, oficinas de Línea Madrid y Foros Locales. También se puede votar por correo, gracias al envío que papeletas que hizo el Ayuntamiento y por el que ya se han recibido en torno a 100.000 votos. Qué bien.

Muy bien porque Madrid vive así una experiencia única en España y bastante excepcional en todo el mundo, un estupendo ejercicio de democracia directa que acerca a la gente a los asuntos del lugar en que vive y le permite, primero, ser consciente, informarse y reflexionar sobre ellos y, luego, elegir al respecto.

Hay quien sostiene, sin embargo, que no estamos preparados para participar, que no podemos decidir sobre asuntos técnicos, que eso tiene que ser cosa de expertos. Al habla con Pablo Soto, delegado del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, responde: “Es un argumento habitual que olvida que los representantes políticos y los técnicos tampoco tienen superpoderes para saber lo necesario en todas las materias ni, mucho menos, lo conveniente para toda la ciudadanía. Además, allí donde estos procesos llevan tiempo sucediendo se sabe que las decisiones son mejores cuando las puede asumir un numero muy grande de personas que cuando las toma un grupo reducido”.

Pone Soto el ejemplo de Suiza, donde esta forma de hacer las cosas lleva existiendo más de un siglo. Hay algunos más: estados alemanes y norteamericanos, Islandia, Bolonia. En general, la democracia directa es un camino que se está empezando a plantear en muchos lugares —al tiempo, y creo que no es casualidad, que pega fuerte la tendencia al despotismo—; un camino que Madrid quiere recorrer con un proyecto ambicioso que puede servir de ejemplo a otros y que esta semana empieza a ser grande de verdad. De hecho, la apuesta por la participación es la gran oportunidad para el gobierno de Ahora Madrid y para toda la ciudadanía de ponerse en cabeza en cuanto a formas (positivas) de hacer ciudad.

Evaluaciones y mejoras

Por supuesto, como en cualquier asunto que arranca, no todo ha sido redondo. Lo de Plaza de España, por ejemplo, podría haberse hecho mejor: más comunicación con los agentes implicados (colectivos, asociaciones, comerciantes), más y mejor participación inicial y menos proyectos a votar (leerse 70 planteamientos técnicos fue cosa de héroes). Las cuatro preguntas sobre Gran Vía, además, parecen como de compromiso. Y, en general, uno diría que Madrid necesita que se potencie seriamente la participación ciudadana mucho más allá del voto y el debate online; que, como explica muy bien este texto de Daniel Bernabé en La Marea, sólo a partir del encuentro llega la conciencia colectiva y la activación común.

Pero, según cuenta Pablo Soto, es una dinámica viva en constante estado de mejora. “Hay un trabajo de evaluación al finalizar cada uno de los procesos. Así lo hemos hecho en los presupuestos participativos: convocamos a todas las personas que quisieron y pudieron a unas jornadas en las que se plantearon mejoras que ya se han implementado en la segunda convocatoria que empieza ahora”.

Otra cosa que puede chirriar es que, en el caso de la propuesta de billete único, las competencias son del Consorcio Regional de Transportes, en el que está el Ayuntamiento pero también la Comunidad. Puede darse el caso, por eso, de que salga que sí, que queremos billete único, pero luego sea que no, que la cosa se quede encajonada en algún despacho. Algo muy posible sabiendo cómo funciona el ping pong de la política de partidos; algo que, sospecho, podría generar frustración en los votantes.

“Es verdad —contesta Pablo Soto—, pero, como no hay vías de participación directa ni en la Comunidad ni en el Estado, tiene sentido que desde el Ayuntamiento demos voz al máximo posible de iniciativas. Lo que vamos a decidir es qué postura tiene la ciudad de Madrid. En esto, como en tantas cosas, dependemos de otras partes, pero la votación puede servir como maquinaria de presión para la toma de decisiones. No podemos cambiar los límites y la organización de las instituciones pero sí quién toma las decisiones, si lo hacen como hasta ahora los alcaldes o concejales o lo hace toda la ciudad”.

Ahí está la clave. Como dice la publicidad que está lanzando el Ayuntamiento, estamos ante un momento histórico. Una semana en la que Madrid vota cómo quiere Madrid. Una oportunidad para creernos capaces de hacer juntos una ciudad mejor.

"La Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid y el registro de

lobbies

ponen definitivamente a Madrid en el mapa de la transparencia ocupando un lugar predominante", afirma la autora

El 58% de los ciudadanos europeos creen que el gobierno de su país está en gran parte o totalmente controlado por unos pocos actores con grandes intereses (Transparency International, Barómetro Global 2013). Esta percepción se ve para muchos corroborada con noticias que señalan que “casi 30.000 lobbistas presionan en Bruselas para influir en la legislación comunitaria”, en las que vemos cómo documentos redactados por entidades privadas acaban plasmados íntegramente en textos normativos que debieran perseguir el interés general.

El problema, sin embargo, no reside en que desde el mundo de lo privado se quiera influenciar en las políticas públicas. Esto es normal y conveniente puesto que las instituciones públicas deben estar abiertas –para conseguir tener una perspectiva general– a recibir distintos puntos de vista sobre cualquier cuestión. Ahora bien, dado que el objetivo de cada decisión que se toma desde lo público debe ser siempre perseguir el interés general, las instituciones deben ser transparentes en los procesos de toma de decisiones –para que este interés general pueda ser comprobado y verificado–.

La ciudad de Madrid votará este miércoles la creación de un registro de lobbies obligatorio. En este registro deberán estar inscritas aquellas entidades que quieran hacer valer sus intereses ante el Ayuntamiento de Madrid, tendrán que declarar quiénes son o a quién representan –en los casos en los que se trate de una persona que represente los intereses de un tercero–. Esta medida, acompañada por la ya vigente obligación de publicar las agendas de los concejales asegurará la transparencia de la toma de decisiones en Madrid y arrojará por lo tanto luz sobre un ámbito que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dejaba sin cubrir.

A pesar de las muchas recomendaciones de sociedad civil e instituciones internacionales (como la OCDE o el Consejo de Europa), todavía son pocos los países que han planteado una regulación del lobby adecuada. Según Transparencia Internacional, Europa –en este asunto– está más atrasada que Canadá o Estados Unidos, ya que solo siete países tienen leyes o normas específicamente diseñadas para regular las actividades de lobby (Austria, Eslovenia, Irlanda, Francia, Lituania, Polonia y Reino Unido). Esta organización también sugiere que las leyes y regulaciones que existen en Europa, así como su implementación, son –en mayor o menor medida– imperfectas o no aptas para cumplir su propósito.

Madrid se pone a la vanguardia en materia de transparencia y apuesta por un sistema que cumpla con las recomendaciones de los estándares internacionales: la creación de un registro obligatorio que afecte a todas las entidades (empresas, ONGs, asociaciones...) que quieren ejercer una influencia sobre un asunto público.

El Registro del Lobby del Ayuntamiento de Madrid implicará ventajas para las entidades que se inscriban, ya que será un mecanismo para mejorar las relaciones y la comunicación del Ayuntamiento con éstas. Se crearán listados temáticos a través de los cuales se enviará información sobre procesos de participación abiertos o por abrir (plazos de alegaciones, consultas públicas, eventos…), para que todo el que esté interesado pueda conocerlos y participar en los mismos.

Además, a través del propio registro, las entidades inscritas podrán convenir fácilmente reuniones con el Ayuntamiento de Madrid. Al igual que con el resto de medidas a favor de la transparencia, el conjunto de grupos políticos que forman la corporación municipal han mostrado un gran apoyo aportando mejoras sustanciales al Proyecto de Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid. Esto es, sin duda, una gran noticia para afrontar los desafíos que puedan acompañar a su implementación.

Como señalaba Louis Brandeis, “la luz del sol es el mejor de los desinfectantes”, con ese espíritu la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid y el registro de lobbies ponen definitivamente a Madrid en el mapa de la transparencia ocupando un lugar predominante.

** Victoria Anderica es directora del Proyecto de Transparencia del área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid cierra sus primeros Presupuestos Participativos. Acaba la fase de votación y las propuestas con más apoyo se convertirán en compromisos vinculantes para el Ayuntamiento. El responsable de este novedoso proceso, el concejal de Participación Ciudadana y Transparencia, Pablo Soto, confía en aumentar el montante para el próximo año, plantea nuevos proyectos para la web Decide Madrid y no descarta que las diferencias sobre la Operación Chamartín se sometan a una consulta popular.

En conversación con eldiario.es, Soto apuesta por “construir espacios vecinales” que impulsen la participación, que canalicen los procesos y les den publicidad. Este es, es su opinión, el camino para atraer a más madrileños a procesos de participación. Porque en la actualidad los valoran muy positivamente, pero se implican poco.

Ya se ha acabado la fase de votaciones de los presupuestos. ¿Cuál es el siguiente paso?

Hubo una primera fase de apoyos, para seleccionar qué propuestas tenían más apoyos para llegar a la votación final. Eso fue del 1 al 15 de abril, porque había en total más de 5.100 proyectos, era imposible hacer informes de viabilidad y tasar cada uno de esos proyectos, además hubiesen sumado miles de millones de euros.

Entonces se hizo esa fase de 15 días de apoyos y ahora estamos en la votación final. Todos los proyectos para cada distrito y para toda la ciudad están tasados, han sido declarados viables por el Ayuntamiento y ya es vinculante la votación. Las propuestas que tengan más apoyos, el Ayuntamiento las va a llevar a cabo.

Si la iniciativa funciona, ¿hay planes de ampliar los 60 millones de euros para el año que viene?

De hecho iniciamos el proceso con una cantidad que es bastante ambiciosa, pero podríamos haberlo hecho con una cantidad mayor. Ten en cuenta que están las cuentas del Ayuntamiento bastante saneadas. Estamos reduciendo la deuda, estamos en superávit, así que hay margen de mejora. Hemos empezado este año, en función del éxito iremos aumentando progresivamente la cantidad.

¿Hay posibilidad de que los grupos veten propuestas durante la negociación de los presupuestos?

Se han comprometido, ese fue uno de los trabajos políticos antes de iniciar este procedimiento, porque somos un Gobierno en minoría. Hay un acuerdo con el PSOE de Madrid de hacer vinculante el resultado en el pleno cuando debatamos los presupuestos municipales. Recientemente se ha sumado Ciudadanos, se han comprometido con el proceso cuando ya estaba en marcha porque ha visto que no es un proceso que ponga en riesgo nada, sino lo contrario, se van a construir en muchos distritos dotaciones que llevan años siendo un consenso vecinal.

¿Qué nuevas iniciativas plantea el Ayuntamiento lanzar a través de Decide Madrid?Decide Madrid?

Hay muchas iniciativas que están en marcha ahora mismo, hay un proceso participativo sobre Plaza de España en el que todavía quedan varias fases de votación, y que culminará con una votación final entre varios proyectos antes de final de año. Luego hay otro proceso de participación al respecto de un plan de discapacidad, donde las propias asociaciones están haciendo propuestas. Hay un montón de procesos, los llamamos sectoriales porque son como procesos participativos para resolver una temática concreta.

En cuanto a procesos abiertos de cualquier temática, como el mecanismo de las propuestas ciudadanas, vamos a lanzar en los próximos meses ese mismo mecanismo para los distritos. El 2% de los vecinos de un distrito podrán proponer cualquier actuación por parte del distrito, y que lo voten todos los vecinos. Si están de acuerdo, la Junta Municipal lo lleva a cabo.

Carmena sugirió que la nueva operación Chamartín, Madrid Puerta Norte, podría someterse a un proceso de participación ciudadana. ¿Se ha avanzado algo en este aspecto?

Está en marcha, pero es un proceso de participación de mesas de debate. En esas mesas de Desarrollo Urbano Sostenible se está convocando a instituciones implicadas en el asunto, como pueda ser ADIF o los promotores, como las asociaciones de vecinos o incluso los bancos. Son procesos de participación más tradicionales, que casi son más procesos de concertación, de juntar a lo que se viene denominando con un término inglés los stakeholders, las partes implicadas, y tratar de hacer eso para que las soluciones técnicas que se den resuelvan todos los conflictos.

¿Pero no se plantea una votación al estilo de la de Plaza de España?

No, pero de ese proceso que se está llevando a cabo podría derivarse una consulta. Si los participantes deciden que hay una cosa en la que no se ponen de acuerdo y deciden someterla a votación, esa herramienta siempre está disponible.

Los madrileños tienen una buena percepción de las iniciativas de participación, pero participan poco. ¿Por qué cree que ocurre esto?

El motivo principal que dan los madrileños es que no tienen tiempo suficiente, que no tienen tiempo libre. Fíjate que las elecciones se hacen siempre un día en el que la gente por lo general no trabaja, un domingo, para que la gente pueda participar. El voto por correo viene a solucionar el problema de la gente que le pilla fuera. Nosotros hemos habilitado la participación digital para permitir que, aunque no se vote en domingo, sean lo más accesibles posible. Sí que es verdad que hay que arrancar, ya hay 170.000 personas registradas en Decide Madrid que lleva menos de un año, pero es un proyecto de varios años. Los primeros meses estaba claro que no iba a estar participando la mayoría de las ciudad, pero sí que es una cosa que si seguimos trabajando como lo estamos haciendo, y siguen los resultados, al terminar el mandato tendremos una ciudad donde ciento de miles o millones de personas participan en votaciones varias veces al año sobre temas importantes.

Es muy difícil que antes gobernasen para nosotros si nunca nos preguntaban nada, partir de eso a un sitio en el que se consultan varias decisiones importantes es un cambio de modelo muy importante.

¿Hay previstas actuaciones para publicitar los mecanismos de participación?

En la dirección general de participación ciudadana la inmensa mayoría del presupuesto es para hacer difusión. La plataforma Decide Madrid la hemos hechos con recursos propios, la ha hecho personal del Ayuntamiento de Madrid, no hemos hecho un contrato con una gran empresa que lo desarrolle. Hemos puesto a la gente del Ayuntamiento a desarrollar, y es software libre en colaboración con otros ayuntamientos que se han sumado a la iniciativa.

Más allá de eso, el dinero que tenemos en nuestra área es para difundir. En las elecciones generales, se gastan muchísimos millones, la mayoría en propaganda. Nosotros estamos gastando infinitamente menos. Por cada euro que nos gastamos nosotros en un proceso electoral se gastan 100. Sin embargo, la participación digital nos posibilita que una vez que una persona participa en un proceso, ya podemos mandarle un aviso para decirle “oye, ahora puede votar esto otro también”. Eso está funcionando muy bien, la gente cuando participa en un proceso luego se suma a lo siguientes.

En el caso de las propuestas ciudadanas, la que más apoyo suscita no supera el 60% de apoyos nueve meses después. ¿Hay algún plazo? ¿Esperaban más participación?

Tienen un año, va con un tiempo muy justo y es posible que no llegue. Nosotros lo que podemos hacer es abrir los mecanismos, que es muy parecido a un mecanismo de iniciativa legislativa popular. Lo que tiene que hacer la institución es abrir la puerta y esperar a que alguna plataforma tenga alguna reivindicación clara y asuma ese mecanismo como una vía útil, que crea que eso es útil porque va a ser vinculante. Esto todavía no ha ocurrido, puede que tenga que ver con que el nuevo Gobierno más o menos está tratando de llevar a cabo muchas de las propuestas que han defendido las plataformas ciudadanas durante los últimos años.

También tiene que ver con que estos mecanismos suelen ser útiles para la oposición. Esa es la clave. Hemos intercambiado bastante información con municipios de Suiza que llevan con mecanismos de estos toda la vida, y ellos nos cuentan que lo que cambia todo es que la oposición gane un referéndum al Gobierno. Ahí es cuando todo el mundo se da cuenta de que esto es de verdad, que no es un proceso para que el Gobierno se legitime, que si a través de este mecanismo hay una propuesta con la que no estamos muy de acuerdo, pero la mayoría de la ciudad está de acuerdo, pues la sociedad la asume como propia y eso tiene mucha potencia. Cuando eso ocurre, la gente lo ve y cambia mucho.

En Barcelona, donde han puesto en marcha iniciativas parecidas, el Ayuntamiento comentaba que sus mecanismos de participación a través de nuevas tecnologías servían para canalizar la importante implicación vecinal en multitud de asociaciones. ¿Le falta a Madrid ese paso previo?

Nosotros hemos arrancado este proceso cuando se están justo fundando los foros locales, que son los nuevos órganos de participación en los distritos. En el ámbito del Ayuntamiento y de las Juntas de Distrito existían unos órganos de participación que era los Consejos Territoriales, que eran unos órganos de participación en los que se supone que tenían presencia las asociaciones, pero están bloqueados desde hace muchísimo tiempo. En los últimos 25 años de gobierno del PP, eso órganos han sido completamente inservibles. Poner en marcha unos desde cero es algo que se está haciendo desde el área de Nacho Murgui. Son 21 distritos muy heterogéneos, hay algunos donde hay muchísima movilización, hay otros donde no tanto, y se trata de construir espacios vecinales que puedan no sólo sumarse a los procesos de participación, sino impulsarlos, ser el motor que los arranque. En este primer año no hemos llegado a hacer eso, pero para el año siguiente seguramente lo hagamos, sobre todo en los distritos donde esos espacios de participación tienen mucha fuerza. Van a poder coger las riendas de los procesos y autorregularlos desde esos propios espacios.

Sobre transparencia, ¿qué queda por cerrar de la nueva ordenanza?

Quedan cuestiones técnicas, sobre si algunas de las cosas que se quieren incluir en la ordenanza son legales, porque hemos ido muy a los máximos, y hay muchas cosas sobre las que hay dudas. En concreto, hay una enmienda transaccional entre el PP y el PSOE sobre la publicación de las inspecciones que tienen los locales. La idea que hay detrás es muy buena, es para evitar la arbitrariedad que no haya negocios que el Ayuntamiento inspecciona 30 veces, y al de al lado una o ninguna. Pero hay problemas jurídicos porque es muy fácil generarle una inspección a otro local llamando a la Policía, cualquier persona llama al Ayuntamiento y eso desemboca en un procedimiento que acaba en una inspección, por lo tanto podría uno generarle a su competencia muchas inspecciones, y si eso es público puede dañarle.

El problema jurídico es que la inspección es una prueba, no es una resolución. Publicarlo atenta contra la seguridad jurídica. Y luego sobre publicar las sanciones también nos han dicho que no hay un texto legal al que poder acogernos para publicarlas. Eso hay que pulirlo, hay que ver la manera de darle solución, porque en principio es buena la idea.

El otro tema que queda por negociar es el registro de lobbies. Para nosotros es una de las patas principales. Algunas de las organización más importantes de transparencia a nivel mundial han valorado muy positivamente el proyecto de transparencia del Ayuntamiento de Madrid, entre otras cosas por las transparencia de los lobbies. Se sabe que un registro de lobbies voluntario no sirve de nada, porque las asociaciones que van a ser proclives a inscribirse van a ser las asociaciones de vecinos, aquellos lobbies menos poderosos y menos influyentes, que menos inciden en la toma de decisiones.

Ya se conoce también por otro lado que un registro obligatorio no desincentiva la relación entre la asociación y la sociedad civil, sino que lo que hace es ponerla con transparencia. Lo que proponemos es que se defina muy bien el lobby, que son aquellas personas jurídicas o físicas que en representación propia o ajena vienen a tratar de incidir en el desarrollo de una normativa pública. De ahí quedarían excluidas todas las personas que vienen a tratar sus asuntos particulares con el Ayuntamiento y las entidades ciudadanas. Lo que nos queda son aquellos lobbies que, de manera legítima, quieren incidir en las ordenanzas. PSOE está en contra y PP no se posiciona, pero aún tenemos un mes para negociar.

Es importante que la gente pueda ver quien ha participado en una toma de decisiones. Cuando un concejal vota que sí o que no, con quién se ha reunido.

¿Hay fecha para la puesta en marcha del Portal de Transparencia que recoja toda esa información?

Hay un año para la entrada en vigor de la ordenanza de transparencia, porque hay un tema que es muy importante que es la publicidad activa. No se conoce ningún texto legal de una Administración local en el que se sea tan ambicioso con lo que se va a publicar activamente. Toda la información urbanística, económica, desde la primera reunión hasta el último euro. Eso implica un cambio muy profundo en la manera en la que se gestiona la información del Ayuntamiento de Madrid.

Hay asuntos por cerrar. Por ejemplo, la publicación del inventario de suelo y patrimonio del Ayuntamiento de Madrid. Lo primero que ocurre cuando se toman decisiones es que saltan alarmas porque ese inventario no está bien. El problema no es que se publique así, el problema es que el Ayuntamiento esté trabajando con información así como si estuviera bien, y está mal. La transparencia sirve para incorporar cambios muy grandes en cómo se gestiona la información, y en que se pongan controles para que el inventario de patrimonio municipal sea correcto. Eso requiere un año, lo de menos es el portal.

La plaza de España será remodelada. Así se ha decidido a través de un proceso de participación abierto a la ciudadanía durante 40 días y en el que han participado 28.249 personas.

La mayoría ha optado por un proyecto “principalmente verde, de acceso abierto, diáfano, con zonas de sombra y de permanencia y ocio. El 75,45% quiere que se reduzca al máximo el impacto ambiental  de las obras y un 69,78% de las personas participantes optan por mantener el conjunto monumental de Cervantes en su ubicación actual”, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid.

El consistorio también ha explicado que “la ciudadanía opta por reducir el aparcamiento en superficie y ampliar el parking subterráneo, favoreciendo su uso mixto. Quieren que la Plaza de España sea parte de una red verde.  La ciudadanía será la que decida qué proyecto se lleva finalmente a cabo, votando entre las propuestas finalistas del concurso internacional”.

En la presentación de los resultados, el concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, ha informado de que se recibieron un total de 28.249 cuestionarios entre el 28 de enero y el 8 de marzo, de los cuales 26.961 resultaron válidos. De todas esas personas, 19.124 lo hicieron a través de la web, 7.605 por medio de las llamadas de Línea Madrid y 232 por escrito.

“Todos los cuestionarios fueron sistematizados y unificados para el análisis de las respuestas”, ha explicado el Ayuntamiento: “En todo el proceso de recuento y análisis ha participado un equipo técnico que ha garantizado la transparencia y la confidencialidad en el uso de los datos”.

“El Ayuntamiento de Madrid lanzará ahora las bases de concurso internacional de ideas que se convocará en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid”, tal y como explicó el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo: “Esas bases atenderán a las respuestas mayoritarias, de manera que los aspirantes al concurso deberán diseñar sus propuestas atendiendo a las condiciones ciudadanas”.

Una vez eliminadas por el jurado aquellas propuestas no viables o que incumplan las bases, se pasará a una primera votación ciudadana, cuyos resultados tendrán el valor de un voto dentro del jurado. A partir de este momento ese jurado seleccionará las cinco propuestas que desarrollarán un proyecto más definido de su idea inicial. Posteriormente el jurado decidirá a los finalistas, cuyos proyectos serán de nuevo presentados a la ciudadanía para la votación definitiva, con el compromiso de llevar a cabo la propuesta seleccionada.

“La ciudadanía será llamada a participar a partir de agosto para decidir qué propuesta finalista debe hacerse finalmente realidad. La elección del proyecto ganador se producirá previsiblemente en el mes de septiembre. Culminará así el primer proceso urbanístico participativo vinculante llevado a cabo por el Ayuntamiento de Madrid”, explica el Consistorio.

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto, ha respondido en Twitter:

Madrid intenta atascar las puertas giratorias. El Ayuntamiento ha aprobado un borrador de ordenanza de transparencia que hace más difícil saltar del sector público al privado. ¿Cómo? Obligando a publicar las decisiones que se tomen sobre las solicitudes de compatibilidad.

“Cuando un director general deja su puesto de trabajo, por la ley de compatibilidades tiene que solicitar una compatibilidad. Si se la dan o no y por qué se va a publicar. Lo mismo con las actividades que se desarrollan en paralelo al puesto de trabajo. Si eres concejal o director general, has de redactar una solicitud para trabajar en algo, y se publicará”, explican fuentes municipales.

El área de Participación Ciudadana y Transparencia, cuyo delegado es Pablo Soto, también quiere hacer un registro de regalos, y poner límites económicos. “Únicamente serán consideradas muestras de cortesía habitual o atención protocolaria los regalos comprendidos dentro de los usos y costumbres sociales. Estos regalos no podrán sobrepasar el importe de 50 euros, fijando en 150 euros el límite del valor de los regalos que pueden ser aceptados durante el periodo de un año procedentes de la misma persona física o jurídica”, especifica el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento también quiere acabar con las reuniones secretas con lobbies. “Cualquiera que quiera influir, ya sean empresas o personas, entrará en el registro. Y sus reuniones se producirán sin opacidad”, afirman fuentes municipales.

Además, también será obligatorio, no sólo para el Ayuntamiento, sino también para las empresas en las que participa mayoritariamente y las empresas adjudicatarias de contratos o subvenciones, la publicación de los contratos y los datos de las empresas en formatos abiertos. Si la información es parcial o falsa, serán sancionados, hasta el punto de ver rescindidos los contratos.

En el caso de un funcionario, pueden llegar a enfrentarse a la inhabilitación en el peor de los casos. Los no funcionarios pueden afrontar multas de hasta 3.000 euros.

En el plazo previsto, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto este martes en marcha la segunda pata de su proyecto de Gobierno abierto. Después de habilitar un espacio de debate, hoy la alcaldesa Manuela Carmena y el concejal de Participación, Pablo Soto, han presentado el sistema de consultas vinculantes, una de las principales propuestas de Ahora Madrid durante la campaña. Aquí te explicamos cómo funciona.

¿Quién puede participar en las propuestas?

Cualquier persona que se registre en la web decide.madrid.es, que también alberga los debates. El sistema distingue dos niveles de registro, según si la persona está empadronada o no en Madrid. En el primer caso, solo se podrá acceder al apartado de debates. En el segundo, también se podrán apoyar las propuestas, siempre que se cumplan los requisitos.

¿Cuántos votos hacen falta para validar una propuesta?

Una propuesta necesita 53.726 apoyos de personas empadronadas en Madrid mayores de 16 años. Es decir, el 2% del actual Padrón Municipal. Esto incluye no solo a menores de 18 años, sino también a inmigrantes en situación irregular pero que sí figuran en el Padrón Municipal.

¿Qué pasa con una propuesta que alcanza 53.726 apoyos?

La medida se someterá a una consulta vinculante a la que estarán llamados todos los madrileños mayores de 16 años empadronados. Las propuestas que ganen la votación tendrán que ser implementadas por el Ayuntamiento.

¿Todos los referéndum serán iguales?

No. Tal y como explicó Pablo Soto a eldiario.es, hay medidas que la ley exige, por sus implicaciones, que se someta a un referéndum clásico. Con urnas, colegios electorales y papeletas. El reglamento que apruebe el Pleno municipal, en el que Ahora Madrid no tiene mayoría absoluta, dirimirá cuándo se someterá a una consulta por internet y cuándo a un referéndum clásico.

¿Cómo se delimitan los temas que se pueden proponer?

No habrá ninguna limitación. Las propuestas podrán escapar de las competencias municipales. Eso sí, la respuesta que se de a estas peticiones será más política que real. Habrá una restricción a los temas: el Código Penal.

¿Ya se pueden presentar propuestas?

Sí, el sistema ya está habilitado en https://decide.madrid.es/proposals.

La segunda fase del proyecto de Gobierno abierto del Ayuntamiento de Madrid ya tiene fecha. El próximo martes 15 de septiembre se pondrá en marcha el sistema de consultas vinculates, según han anunciado este jueves la portavoz municipal, Rita Maestre, y el concejal Pablo Soto tras la reunión del Ejecutivo municipal.

La iniciativa permitirá que cualquier ciudadano madrileño mayor de 16 años pueda proponer medidas concretas, que estas sean debatidas y, si alcanza un 2% de apoyos (unos 54.000), sean sometidan a refrendo. Si en la votación sale aprobada la medida, el compromiso adquirido por Ahora Madrid es poner en marcha los resortes al alcance del Ayuntamiento para hacer realidad la propuesta.

El reglamento concreto de cómo llevar a cabo el proyecto depende del Pleno, donde Ahora Madrid no tiene mayoría. Por lo tanto, tendrá que pactar, al menos con el PSOE, los pormenores del sistema. Hasta que esto ocurra, el Consistorio lanza la web que servirá de plataforma de debate y votación para que los ciudadanos comiencen a registrar sus propuestas.

La página a través de la que se lanzarán las iniciativas es la misma que el Consistorio puso en marcha el pasado lunes: decide.madrid.es. En ella, según ha informado el Ayuntamiento, se han abierto más de 3.000 debates y se han contabilizado más de 150.000 votos sobre los mismos.

En una entrevista con eldiario.es, Pablo Soto explicaba que “la gente sabe lo que necesita Madrid” y se lamentaba de que “no han sido ello quienes han decidido qué se hacía con el dinero en su barrio”. Soto zanjaba: “No encuentro ninguna razón para mantener una situación así ni un minuto más”.

Pablo Soto (1979) está a punto de poner en marcha un proyecto que le ronda la cabeza desde hace al menos cuatro años. Antes de que termine septiembre, el Ayuntamiento de Madrid lanzará el sistema de consultas ciudadanas vinculantes que convertirá a la ciudad en la experiencia de democracia directa más grande llevada a cabo en España. Ya lo intentó en Podemos aunque, como explica él mismo, no quedó satisfecho con el resultado final.

El concejal de Participación del Gobierno de Manuela Carmena recibe a eldiario.es en el despacho que comparte con sus dos más estrechos colaboradores: Miguel Arana y Victoria Anderica. Los tres trabajan contrarreloj para cumplir los plazos de un sistema que Soto desgrana en esta entrevista, en la que además expone sus planes sobre transparencia.

En septiembre ponen en marcha el proyecto de participación, ¿en qué va a consistir?

En torno al 7 de septiembre abrimos al público el portal de gobierno abierto. Inicialmente será un espacio de debate, que sería el equivalente a abrir las puertas de Cibeles [la sede del Ayuntamiento] y que la gente pueda allí hacer sus corrillos y hablen de lo que tengan que hablar de la ciudad, de la vida en la ciudad, de lo que ellos quieran.

¿Qué lo diferenciará del resto de foros que hay en Internet?

Cualquiera puede proponer un tema, pero no solo se le contesta sino que se podrá expresar ahí el consenso o el disenso. Además, vamos a tener usuario la alcaldesa, los concejales, los directores generales, los funcionarios. No para hablar desde su autoridad, sino para participar de tú a tú.

¿Cómo les va a obligar a usar el sistema?

Queremos que sea una cosa natural. No se trata de que Manuela Carmena o yo lleguemos allí a establecer una posición fuerte sino a participar en el proceso de deliberación, que es el paso previo a que se tomen las decisiones. No se trata de plantear reclamaciones al poder, sino de generar la deliberación.

Esa es la primera fase. La segunda serían las consultas vinculantes. ¿Qué método van a plantear?

Una o dos semanas después abriremos el espacio de iniciativas ciudadanas. La gente podrá apoyarlas, votarlas y que el Ayuntamiento las lleve a cabo.

¿Cómo es ese segundo proceso?

El ciudadano podrá dar su apoyo a una propuesta para que se tome una decisión pública al respecto. Luego a lo mejor votas que no, pero de lo que se trata es de decidir cuáles son los temas importantes sobre los que creemos que toda la ciudad de Madrid tiene que poder votar y expresar si está de acuerdo o en contra.

Se parece en cierta medida a un mecanismo clásico de las iniciativas legislativas populares (ILP), con la peculiaridad de que para este Gobierno será vinculante. El PSOE ha expresado en repetidas ocasiones que para ellos también. Confiamos en que lo mantengan.

¿Cómo se acotará los temas que se podrán presentar y los que no?

Cuando se plantea una ILP nadie tutela el tema. No tendría sentido que nosotros queramos tutelar qué propuestas son políticamente correctas y qué propuestas son incorrectas. A lo mejor una idea que esté totalmente fuera de las competencias municipales, como que acabe la guerra en Siria, es una propuesta política totalmente válida. Podría decir la alcaldesa, “vamos a pensar qué podríamos hacer desde el Ayuntamiento para que pare la guerra en Siria”. Y si estamos de acuerdo y esa decisión está tomada, lo que hacemos es pensar cómo lo hacemos. Pero son dos procesos distintos: la decisión política tiene que estar en manos de la gente. Y la gente puede decidir cosas que pueden ser muy complicadas de llevar a cabo, pero eso es otra cuestión. En el ejemplo, se puede hacer una propuesta de texto para una declaración institucional, que la alcaldesa se reúna con el embajador de Siria o que se desarrollen unas jornadas por la paz en Siria en Madrid.

Y como eso, con todo. Y hemos cogido una decisión que está lejísimos pero la hemos puesto a andar. Cuando hay gente con hepatitis C que está muriéndose a pesar de que hay una medicina no es por un problema técnico, es porque esa decisión la está tomando alguien que decide que se puede continuar en esa situación. Pero en una democracia real se pone ese problema encima de la mesa y se decide que se resuelva inmediatamente, que no puede ser que la gente se muera con la solución a la vuelta de dos cerraduras, en un armarito de un hospital.

Pero la idea principal será que los madrileños puedan proponer medidas concretas sobre la ciudad y el Ayuntamiento tome una decisión

Claro. En los sitios donde esto ya funciona la gente hace propuestas muy oportunas y que encajan perfectamente en el marco económico y competencial. Hay estudios que dicen que donde existen estos mecanismos se genera menos deuda y se producen menos normativas y leyes que atentan contra los derechos de las minorías. Siempre se ponen ejemplos de cosas malas que ocurren en sitios con democracia directa, como la votación en Suiza sobre la construcción de mezquitas, pero por cada uno de estos ejemplos yo te pongo siete o 20 en España de leyes con efectos mucho peores en términos económicos o de derechos humanos. Siempre esos ejemplos se usan para alertar sobre un supuesto caos que no es tal, porque en los sitios donde funcionan la seguridad jurídica es altísima. En fin, que estamos hablando de Suiza y nadie va a decir allí que es caos.

Siguiendo con la mecánica. ¿Cuántas firmas tendrá que tener una iniciativa?

De momento estamos planteando que un 2% del padrón de mayores de 16 años. En torno a 50.000.

¿Cómo asegurarán que realmente esa persona forma parte del padrón, que al otro lado del cable hay un madrileño de verdad?

El sistema es muy sencillo. Te registras con un formulario. Nosotros podemos verificar que esa persona realmente existe y no te la has inventado. Además, tenemos en torno a un millón de números de teléfonos móviles y cientos de miles de emails de madrileños a través del servicio de atención al ciudadano. Ahí se enviará un código de verificación para cerrar el registro. Si no tenemos tu teléfono o tu email sí tendremos tu dirección física y entonces lo enviamos por correo postal.

¿Cómo se impide el fraude?

¿Puede haber fraude? Sí claro, puede haberlo igual que en el sistema electoral actual, que hay. La cuestión está en el coste que supondría, que para hacer un fraude masivo sería muy alto. Además, habría que cometer un delito muy grave, que es interceptar el correo de alguien. Hacer eso en grandes números es costosísimo.

Hablando de dinero ¿Qué coste tendrá el proyecto de participación?

Tradicionalmente se ha esgrimido el dinero como un factor bloqueante del proceso, pero se hacen cosas muchísimo más caras todos los días en el Ayuntamiento. La cuestión del registro físico, por ejemplo, lo es.

No hay dotación adicional, así que estamos usando el presupuesto del área, que es bajísimo porque antes no existía y la hemos creado con una pequeña dirección general que había de Participación más la Oficina de Innovación Social, que tenía rango de subdirección. Con pequeños retales y el presupuesto ínfimo que había aprobado el anterior gobierno del PP. Y lo estamos poniendo en marcha sin ningún problema. Se está haciendo todo con recursos propios en lugar de licitar grandes contratos.

Otro riesgo es que se modifique el resultado con un ataque informático.

En el sistema electoral estándar, que no permite voto electrónico, al final todos esos datos van a un sistema informático que también es susceptible de ser atacado para modificar los datos. Es igual.

¿Habrá algún tipo de umbrales intermedios que las propuestas deberían alcanzar para que el proceso avance?

Así se hace Podemos. Había buenas intenciones pero que en la práctica no ha resultado funcional. Yo hice el diseño del sistema, pero luego hubo que transaccionar con el equipo de Pablo iglesias. Y es ahí donde se crearon umbrales intermedios, distintos pasos.

¿Son negativos esos umbrales?

En ningún sitio del mundo donde funciona está hecho así. Es tan sencillo como dos fases: recogida de avales y luego articulación de la propuesta. Lo que cambia de unos sitios a otros es si se agrupan las iniciativas y se vota una vez al año o varias.

¿Cómo se hará en Madrid?

En paralelo se está trabajando en el reglamento orgánico de participación ciudadana, que se deberá aprobar en Pleno. En él se fijarán estas prácticas para que dentro de cuatro años esto no sea un maravilloso oasis y perdure. Nuestra propuesta es que cuando una iniciativa alcance el número de apoyos necesarios, se convoque a la gente seis semanas después. Si durante las primeras cuatro otra propuesta también alcanza el umbral, se votarán a la vez. Durante las dos últimas semanas, se pedirá el voto. El periodo de votación será de una semana.

¿Todas las iniciativas seguirán el mismo camino?

No. Hay algunas cuestiones que se harán por consulta electrónica y otras que por ley se tienen que votar en un referéndum estándar, con colegios electorales, urnas y papeletas. Serán las que se requieran de un gran desarrollo, que sean muy elaboradas y en la que tenga que intervenir mucho el Ayuntamiento. Habrá que verlo caso por caso. No hay en la ley un punto donde diga qué es cada cosa.

¿Habrá un tiempo determinado para alcanzar las 50.000 firmas?

En el fondo el proceso es igual que cuando se recogen firmas. La única diferencia es que el Ayuntamiento se cree esto de la participación y pone a disposición de la gente estos mecanismos. De momento planteamos un plazo entre cuatro y seis meses.

¿Las propuestas pasará por los servicios jurídicos para buscar el encaje legal? ¿Qué pasa si es preciso hacer correcciones?

Claro. No tenemos que inventar la rueda. En muchos sitios del mundo cuando se hacen consultas ciudadanas se hacen preguntas genéricas. Y luego es responsabilidad del Gobierno llevarlo a cabo de manera satisfactoria para la ciudadanía. La experiencia nos dice que los gobiernos que no hacen eso bien, duran poco. No va a haber un policía detrás de la alcaldesa o de los concejales. Lo que habrá será un mecanismo de control del representante muy fuerte porque el ciudadano le estará dado un mandato muy concreto sobre un tema muy concreto. Y la práctica nos dice que no se escapa nadie.

¿Habrá un mínimo de participación para que tengan validez las votaciones?

No, a no ser que el reglamento que tiene que aprobar el Pleno diga otra cosa. El quórum se viene utilizando históricamente como mecanismo de bloqueo. Allí donde existe, las personas que optan por el 'no' les sale más rentable no ir a votar. Además, ya existe un mecanismo de iniciativas ciudadanas en el Ayuntamiento de Madrid, pero exige un 10% del censo para llevar temas a consulta que no serán vinculantes. En cualquier caso, si hay que introducir elementos correctores se hará a posteriori.

¿No teme un aluvión de propuestas locas, irrealizables o absurdas?

Las propuestas más locas salen cuando las decisiones las toman pequeños grupos. En Madrid solo somos 57 concejales. Es relativamente sencillo que más de la mitad estén de a cuerdo con una locura; mucho más que la mitad de tres millones y medio de madrileño.

Pero es una crítica que se hace al sistema, una opción que está ahí.

En Suiza les gusta autodenominarse el país de las minorías satisfechas. Pequeños grupos de locos hay en todas partes, pero si les tienes satisfecho porque pueden plantear una propuesta y la inmensa mayoría les dice que no, ya está. Ellos han podido plantear su tema encima de la mesa y la sociedad se hace consciente de ella, aunque la rechace.

¿Está preparado políticamente el Gobierno de Carmena para poner en marcha este proyecto?

Sí, sin duda.

El Gobierno municipal ha tomado posesión hace apenas dos meses. ¿Es necesario que este proyecto vaya tan rápido?

Es una cuestión de voluntad política. Hay otras cuestiones que tienen complejidades técnicas. La limpieza de las calles, por ejemplo. Pero hay otras que se trata de decidir hacerlo y lo haces. Y si antes no había una Oficina de Intermediación hipotecaria es porque no había voluntad. Y si no había un sistema de participación directa vinculante, no era por la complejidad técnica, sino por una visión de la política, de la institución y de la sociedad. Si tú crees que vives en un mundo en el que la gente no puede tomar decisiones por sí misma y necesita que una minoría más preparada les tutele, no vas a poner esto en marcha; si no lo crees, lo pones en marcha ya, porque lo otro no tiene sentido: no tiene sentido tratar a la gente como menores de edad. En todos los barrios la gente sabe lo que necesita Madrid. Y en muchos sitios son cosas que llevan reclamando 30 años, pero como no han sido ello quienes han decidido qué se hacía con el dinero y con ese barrio, pues no lo tienen. No encuentro ninguna razón para mantener una situación así ni un minuto más.

Pero esto se podría reclamar ante las juntas de distrito o los vocales vecinos. Mecanismos que ya existen.

La participación directa desata la capacidad de que los representantes tengan que obedecer. Mandar obedeciendo. Porque no está al albur de las buenas intenciones o de lo abierto que sea el representante, sino de la ciudadanía. Queremos que la gente tome las riendas y decida qué quiere hacer con su ciudad.

¿Ha visto reticencias en sus compañeros al hecho de tener que aceptar medidas que le vienen dadas?

Todos los candidatos y candidatas de Ahora Madrid nos hemos sometido a un programa que se ha hecho de forma participada por miles de personas. Y todo el equipo de Gobierno se somete a ello. Por encima de nuestras ideas, sabemos que esto es un camino colectivo no solo de una candidatura, sino de una ciudad entera que se quiere hacer cargo de sí misma por cauces democráticos. Y esto lo tenemos totalmente asimilado.

¿Podría aprobarse una medida que vaya en contra del programa de Ahora Madrid?

No puede ir en contra del programa de Ahora Madrid si se hace por estas vías. El programa de Ahora Madrid tiene varios ejes, y la democracia es uno de ellos.

¿Qué organizaciones o asociaciones de la sociedad se han interesado ya por este sistema?

Estoy convencido de que habrá propuestas muy potentes desde el primer momento. En los últimos cuatro años hemos visto una gran generación de tejido asociativo, con la sociedad civil organizada en enjambres que están esperando a que estos mecanismos se pongan en marcha para hacer propuestas muchísimo mejores que las que podemos hacer en el Ayuntamiento con los expertos de cada área. Por cada asesor que podamos tener aquí que sepa mucho del tema hay 500 fuera.

Este es uno de los proyectos estrella de su concejalía, pero tiene otros proyectos en marcha en lo referente a transparencia. ¿En qué consisten?

Vamos a coger todas las experiencias de transparencia que funcionan y las vamos a poner en práctica. Es tan sencillo como eso. Tenemos dos proyectos: un portal de datos abiertos y otro de transparencia.

¿Qué información podremos encontrar en el portal de datos?

Vamos a convocar a toda la sociedad civil, y en particular a los periodistas de datos, para exponer el censo de 'datasets' (conjuntos de datos) que se pueden liberar. Nuestro objetivo es liberar toda la información del Ayuntamiento, pero eso tiene un coste y unos plazos, así que queremos que nos digan qué priorizar. Y vamos a poner toda la maquinaria a hacerlo.

¿Y si no encuentro la información que quiero entre lo que se haya liberado?

También vamos a poner en marcha un mecanismo de solicitud de información que no exigirá identificación. Actualmente la Ley de Transparencia exige que la administración verifique la identidad de quien solicita información, y eso no se hace en ningún sitio del mundo con estos mecanismos. Se manda un e-mail pidiendo la información y un funcionario responde. Punto.

¿Qué información habrá en el portal de transparencia?

En primer lugar, todas las solicitudes de acceso a la información se van a colgar ahí para que estén disponibles para todo el mundo. Y además, la información relacionada con dicha solicitud para que se pueda ver la correlación completa.

¿E información que no dependa de la solicitud?

Nuestro objetivo pasa fundamentalmente por la información sobre contratación y sobre licencias. No solo el estado de los contratos o las licencias, sino todo el procedimiento que permita una trazabilidad de la decisión que se ha tomado. Y digo toda la información que se produce, incluidas las reuniones.

¿Todas la reuniones que se mantienen?

Para conseguir una trazabilidad completa de por qué se ha alcanzado una decisión hacen falta muchos factores. Los hemos identificado y vamos a ir a por ellos. La publicación de todo el expediente interno con todas las reuniones no solo de los concejales sino de otros cargos del Ayuntamiento. También un registro de lobbies, para que aquellas personas que defienden unos intereses y se quieran reunir con los concejales se tengan que inscribir. Así, el ciudadano no solo ve que tal día hay una reunión, el orden del día y quién participa, sino también saber qué intereses tienen esas personas. Además se incluirá si se ha hecho entrega de documentación y qué documentación.

La llegada en silla de ruedas de Pablo Echenique (Podemos) y Pablo Soto (Ahora Madrid) a la primera línea del escenario político ha avivado el debate sobre la necesidad de asistencia funcional que tienen las personas con dependencia dentro de las instituciones. La Ley de Dependencia no especifica quién debe financiar a los acompañantes de los representantes políticos ni tampoco cuál debe ser el perfil de esa persona. Ante las lagunas de la norma, cada institución estudia los casos por separado y lleva a cabo actuaciones como acomodar con rampas los espacios públicos o autorizar el trabajo de asistentes para políticos sordos.

El líder de Podemos en Aragón Pablo Echenique, que ha recibido asistencia - sin remunerar - de su pareja mientras fue eurodiputado, cree que la financiación debe proceder del lugar de trabajo. Por otro lado, el concejal en Madrid Pablo Soto se conforma con que sea su partido, Ahora Madrid, quien pueda contratar a su esposa para que ejerza como su asistente para poder moverse, tal y como ha venido haciendo sin cobrar en los últimos años.

“La asistencia funcional es algo muy personal”, asegura Pablo Echenique. “Se trata de alguien que en cualquier momento te tiene que llevar al baño o que te ducha y por eso la última palabra la tiene que tener el discapacitado”, dice sobre la manera de seleccionar a las personas encargadas de ayudar a los políticos para que puedan hacer su trabajo como uno más. Echenique no cree que este puesto de trabajo tenga necesariamente que salir a concurso público aunque sí que ve posible hacer una selección abierta en la que al final sea el discapacitado el que elija al que “mejor encaja”. En ese sentido, recuerda que la propia Ley de Dependencia contempla la posibilidad de que sea un familiar quien asista y acompañe a las personas con dependencia al reconocer la figura del cuidador familiar o no profesional.

El artículo 14.4 de la Ley de Dependencia recoge la opción de que un cuidador no profesional perciba una prestación económica siempre que den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda. El artículo 18 de la misma norma aprobada por el PSOE describe algunas de las obligaciones que deben cumplirse para que “el entorno familiar” reciba apoyo económico. Sin embargo, por otro lado, la figura del cuidador familiar también es criticada por algunos economistas que consideran que puede retroalimentar el hecho de que esta labor siempre recaiga sobre las mujeres.

Durante el período que Echenique fue eurodiputado, la persona que se encargó de llevar a cabo las labores de asistencia fue su esposa, aunque nunca recibió dinero por ese trabajo. “En el caso de Bruselas era más complicado porque al estar fuera de casa alguien me tenía que levantar, duchar, vestir… de ser terceras personas hubiera requerido contratar a tres personas”, explica el político. “Me parecía una tontería que el parlamento tuviera que contratar a tres personas por un trabajo que mi mujer hacía y fue en ese momento en el que exploramos la posibilidad de que fuese mi mujer la que hiciese de asistente personal”, apunta Echenique. Finalmente, no encontraron la fórmula que evitara los titulares de que el eurodiputado contrataba a su mujer.

Ahora Pablo Echenique no tiene asistencia personal. Hasta las Cortes de Aragón se desplaza en taxi adaptado porque en Zaragoza existe una subvención para personas con discapacidad y en el Palacio de la Aljafería ya se habían modificado diferentes estructuras para la diputada aragonesa Teresa Perales, que también necesita silla de ruedas. “A diferentes niveles de discapacidad, diferentes niveles de asistencia. Hay personas que necesitan apoyo permanente y hay personas que no”, explica.

¿Quién financia la asistencia funcional?

Para Echenique, la financiación de la asistencia de movilidad tiene que partir del lugar en el que se trabaja y no solo en el ámbito de la política, aunque también denuncia que “todo esto es un parche porque el Estado no lo paga” a través de la Ley de Dependencia. “Pablo [Soto] y yo tenemos más visibilidad y podemos ser un altavoz pero hay muchos ciudadanos que también lo necesitan”, destaca.

El concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital Pablo Soto cree que debe ser su propio partido el que se haga cargo de los gastos de su asistente funcional. Su mujer es la que se encarga de llevar a cabo todas las labores necesarias para que Soto ejerza normalmente su cargo. “Para que yo pueda seguir, alguien me tiene que ayudar y la mejor persona para hacerlo es ella”, explica Soto. “Ninguno de los puestos de los grupos ni de los partidos es de concurso público, todos los puestos se nombran por libre designación. Si eso ocurre para los puestos de cada área pues imagínate para una persona que te tiene que acompañar al cuarto de baño”, dice el concejal.

El edil madrileño ha explicado que todos los concejales de Ahora Madrid se limitaron los salarios a “unos 2.000 euros” pero que cuando se hizo se dijo también que se atendería a cuestiones concretas “como a personas con diversidad funcional o familia numerosa”. Una de las opciones era que, de su sueldo, Soto derivara una parte para su pareja, pero el concejal cree que lo correcto sería que Irene González [su esposa] tuviera un contrato con todos los derechos laborales correspondientes y que quien puede hacer eso es Ahora Madrid y no necesariamente el Ayuntamiento.

Una de las soluciones que se plantean desde el Consejo General del Trabajo Social es la posibilidad de crear un sistema mixto que combinase la asistencia personal, proporcionada por profesionales, con la asistencia familiar, pero con un reconocimiento real de este trabajo. “Habría que evaluar cada caso pero ¿por qué las mujeres de Echenique o de Soto tienen que estar 24 horas dedicadas a sus maridos?”, plantea la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima. “A veces ponerlo tan fácil para las familias hace que algún miembro de la misma tenga que hacer un sacrificio enorme”, explica Lima que también ha recordado que los colectivos feministas encabezaron muchas críticas en contra de que se diera la prestación a cuidadores no profesionales. “Se criticó porque el 93% de estos cuidadores no profesionales eran mujeres”, ha apuntado.

Las instituciones improvisan

Las carencias en la Ley de Dependencia hacen que cada institución decida cómo solucionar cada caso. En el caso del Senado, por ejemplo, no hay un reglamento interno específico pero hace poco más de una semana se autorizó que la senadora sorda Pilar Lima González pueda elegir a dos asistentes de confianza para llevar a cabo sus funciones y se van a hacer algunas adaptaciones técnicas en el hemiciclo.

Cuando Francisco Vañó llegó por primera vez al Congreso de los Diputados en silla de ruedas allá por el año 2000 “fue llamativo y escandaloso” según cuenta él mismo. Nunca antes había habido un discapacitado en la cámara y poco a poco se fueron modificando las estructuras para que el diputado conservador pudiera ejercer con normalidad su actividad parlamentaria.

“El Congreso siempre ha estado dispuesto a facilitar las cosas”, cuenta Vañó que explica con alegría cómo se instaló un elevador especial para que pudiera llegar a su escaño como el resto de los diputados. “Para subir a mi escaño tuvieron que poner el ‘Montapacos’ que ahora también utilizan otros diputados que tienen problemas de movilidad temporales”, recuerda.

Francisco Vañó nunca ha necesitado asistencia funcional, sin embargo, cree firmemente que si un diputado lo necesita “la cámara lo tiene que resolver”. “La Ley de Dependencia se creó con una intención buenísima, pero no se dotó lo suficiente económicamente”, concluye el diputado popular.

En eso está de acuerdo con Ana Lima, del Consejo General del Trabajo Social, para el que la Ley de Dependencia está bien planteada pero carece del dinero suficiente para su desarrollo. La presidenta de los trabajadores sociales cree que una buena forma de financiación sería a través de sistemas como el copago, de este modo, las ayudas dependerían de los ingresos de las personas dependientes. “En casos de diputados o concejales sería absurdo que el Gobierno lo pagase absolutamente todo porque va a tener un sueldo. El servicio social y las prestaciones nunca han sido completamente gratuitos”, dice Lima.

Otro de los puntos que también mejoraría Lima es la definición de los asistentes personales dentro de la Ley de Dependencia y la existencia de un convenio específico para ellos puesto que este colectivo “se queja de que tienen unos contratos muy precarios con jornadas laborales excesivas”.

El otro día nos dimos de bruces con una noticia como venida del futuro. El coche sin conductor de Google ya circula a su bola. Chúpate esa, Michael J. Fox. O no tanto, que resulta que el vehículo en cuestión se comporta como uno cualquiera si nos fijamos en ese amago de choque que tuvo la semana pasada con otro carro sin humano, éste de la empresa Delphi. Dicen los expertos que en seis años el invento de Google ha tenido doce accidentes. No parecen muchos, la verdad, pero si en su programación está lo de pelearse en los ceda el paso, igual hay que poner en duda algo que me decía Carlton Reid, historiador inglés de la bici, sobre seguridad vial y mañana: “Los coches sin conductor son el futuro y éstos estarán programados para evitar automáticamente a los ciclistas. Será entonces realmente cuando haya un boom de la bicicleta, cuando se haya extirpado la parte más peligrosa de un automóvil: el chalado al volante”.

Más noticias llegadas desde Mountain View. La empresa que nos busca casi todo por internet tiene fondos jugosos para invertir en próximas revoluciones tecnológicas de todo tipo y la (pen)última que ha anunciado se llama Sidewalk Labs y se va a dedicar, en palabras de Larry Page, a “mejorar la vida de todos los ciudadanos a través de la incubación y desarrollo de tecnologías que se ocupen del coste de la vida, el transporte eficiente y el uso de energía”. Suena bien, aunque el lanzamiento es tan reciente que aún no se puede saber por dónde irán realmente los tiros.

La pregunta que surge ante estas dos noticias es la siguiente. ¿Es la innovación tecnológica lo único que nos va a hacer mejor la vida en las ciudades o hay otro tipo de acciones que pueden ser tan importantes o más? La respuesta la encontramos en otra noticia también reciente.

La ciudad italiana de Bolonia está de cumpleaños. Celebra el primer aniversario de, ojo que la descripción es larga, “la colaboración pública entre ciudadanos y administración para el cuidado y regeneración del espacio urbano común”. El programa, cuyo lema asequible es Collaborare é Bologna, plantea la ciudad como un ecosistema colaborativo. La alcaldía no se limita a administrar unos recursos y a chapotear en su propia burocracia sino que trabaja con y considera a los ciudadanos como fuente de ideas y recursos, de los que se convierte en facilitadora. La gente no sólo puede analizar sus necesidades, sino que puede inventar y proponer soluciones para ellas y trabajar con los gestores para sacarlas adelante. Cambia el paradigma, ya no se trata de votar para dar un mandato y luego esperar a ser legislados de arriba abajo; la cosa consiste en hacerlo entre todos, en contribuir, en aportar, en ser activos. En hacer ciudad.

Durante este primer año, se han presentado unos 100 proyectos; cosas tan majas como una guardería gestionada por padres y madres, cooperativas de huertos urbanos en espacio público, un programa de reciclaje y reutilización con el foco puesto en niños y jóvenes en exclusión, una iniciativa de “calle social” que, por ejemplo, ha convertido un espacio publicitario en desuso en un tablón de anuncios de barrio...

En la celebración, el alcalde de Bolonia, Virginio Merola, dijo algunas cosas que merece la pena leer y comprender: “Nuestra ciudad se basa en bienes comunes y relaciones sociales, pero también en derechos y deberes humanos. Todo el mundo necesita tener la capacidad para hacer algo por mejorar su vida y cuanto menos haga la administración, mejor funcionan las cosas. Ser una ciudad atractiva significa, en primer lugar, querernos unos a otros, no excluirnos. Somos una ciudad inteligente porque creemos en esos sentimientos”. Así de claro, así de simple, así de eficaz.

Y si a Bolonia le funciona, ¿por qué no nos va a funcionar a los demás? Pienso en ello mientras leo más noticias. Por ejemplo, la entrevista a Pablo Soto en Diagonal sobre las herramientas que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Madrid. O lo que le acaba de decir Jorge García Castaño, concejal de Centro de la capital, a Somos Malasaña: “Pediría a la gente que se asocie y participe para construir ciudad”.

Pienso en ello y estoy seguro de que puede funcionar porque en todas las ciudades del mundo está pasando, al menos del lado de la gente. En Madrid, por hablar de lo que tengo a mano, hay muchos ejemplos de iniciativas ciudadanas: el Campo de la Cebada, Esto es una plaza, Tabacalera y los centros sociales autogestionados, lo que hacen los vecinos de la Plataforma Maravillas…

Pienso en ello y cada vez tengo más claro que la mayor innovación de todas es la gente con ganas de hacer cosas que cambien las cosas. Eso sí que es tecnología punta.

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, ha nombrado a la activista Victoria Anderica directora del proyecto de transparencia, dependiente de la Concejalía de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, responsabilidad de Pablo Soto. Anderica, licenciada en Derecho y con un máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales, ha trabajado durante cinco años en el proyecto Access Info, donde destaca su labor de lobby para la aprobación de la ley de transparencia en España.

El objetivo de Anderica en el Ayuntamiento es, según ha informado a eldiario.es, es “implementar todos los principios vanguardistas en materia de información que hemos demandado a las administraciones públicas durante estos años”

En este sentido, tendrá prioridad el desarrollo de una normativa municipal en materia de transparencia y acceso a la información, hasta ahora inexistente.

“El 10 de diciembre entrará en vigor la ley estatal para todos los ayuntamientos pero nosotros queremos desarrollar una normativa que vaya más allá de la ley estatal”, ha explicado Anderica. “Lo que vamos a intentar es crear una ordenanza que obligue al Ayuntamiento a publicar el máximo de información posible”, ha añadido.

Según Pablo Soto, el límite y la decisión de lo que se publicará y no se publicará será “estrictamente legal, es decir, se publicará todo lo que la ley permita”. “Va a ser una selección jurídica y se facilitará todo a lo que se tenga derecho a acceder”, ha asegurado a este medio. “Hasta ahora las excepciones han servido para no publicar y, aunque se pueden encontrar excepciones concretas a problemas concretos, no las usaremos como excusa para no hacer accesible la información”, ha añadido.

La primera medida de la directora del proyecto de transparencia del Ayuntamiento será la publicación de las agendas de los concejales. “Será una publicación voluntaria sin normativa que la acompañe”, ha matizado Anderica. “En breve publicaremos una lista con las principales medidas que queremos aplicar en el Ayuntamiento”, ha aclarado.

DNI electrónico y acceso a la información

De acuerdo con la legislación nacional, para consultar cierta información los ciudadanos deben registrarse formalmente y disponer de un DNI electrónico, el cual solo lo tiene un 4 % de la población, según el INE. En este sentido, Anderica explica que estudian la creación de un modelo que “no haga necesario el registro y la identificación”.

Por su parte, Pablo Soto ha explicado que quieren “tratar de igual manera una solicitud con DNI que una solicitud por correo electrónico, así como tratar el derecho al acceso a la información como un derecho fundamental”.

Multas, contratos e información de patrimonio

El Ayuntamiento también pretende hacer accesible la información de las multas (número, recaudación, etc.), lo que el concejal ha calificado de “crucial”. El gobierno liderado por Carmena también pretende publicar la información relacionada con licencias y contrataciones públicas. En cuanto a las licencias, “la protección de datos personales es el único argumento que puede limitar este acceso”, ha afirmado Soto.

Sobre la información relacionada con el patrimonio del Ayuntamiento, Soto ha subrayado que “aunque hay un problema en la recogida y calidad de estos datos, lo cual ha servido históricamente para no dar esa información, evidentemente se trabajará en ello para luego publicarlo”.

Ya conocemos el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid si Manuela Carmena obtiene, sin tamayazo mediante, la alcaldía con el apoyo del PSOE.

1. Mucho poder para Marta Higueras. Es la persona más desconocida para la política y el activismo madrileño de la lista electoral de Ahora Madrid. Venía en el 'pack' con Manuela Carmena, que puso pocas condiciones para aceptar finalmente ser candidata; Higueras, persona de su máxima confianza y exdirectora de Justicia en el gobierno del PSOE con Patxi López en el País Vasco, era una de ellas. Además de coordinar directamente las áreas de derechos sociales (igualdad, sanidad, etc.), Higueras se perfila como la líder para el día a día del ayuntamiento ante la previsibie agenda imposible de Manuela Carmena, reclamada desde todas partes como icono político.

2. A la conquista del funcionario. Otro nombre que será vital desde la sombra para el gobierno de Madrid será Luis Cueto, futuro jefe de gabinete de Carmena. Pertenece al Cuerpo Superior de Administraciones Civiles y una de sus misiones será motivar y conquistar a los funcionarios de ayuntamiento para que tomen protagonismo. El drástico recorte de personal 'de confianza' que ha anunciado Ahora Madrid para el consistorio les hará dependientes de una revolución administrativa para sacar adelante cambios que la opinión pública apruebe como significativos.

3. De mediar con la policía, a gobernarla. Como ha pasado con el ministro de Interior griego, algunos agentes de la policía madrileña se van a ver en una situación extraña: uno de los habituales en las manifestaciones, uno de los que mediaba en primera línea para intentar evitar un desahucio o una carga policial, será ahora su jefe. Javier Barbero es miembro del centro social ocupado [actualización: y justo hoy desalojado]y justo hoy desalojado Patio Maravillas, que el Ayuntamiento y Delegación del Gobierno han querido desalojar antes varias veces. Barbero es experto en conciliación y resolución de conflictos, y estará también a cargo de las emergencias municipales.

4. Portavoz con 26 años. Rita Maestre, la aplaudida coordinadora de la campaña de Manuela Carmena se confirma como una de las personas con más proyección de este grupo de gobierno. Con 26 años, será la portavoz más joven de la historia del Ayuntamiento de Madrid. Dirigirá la política de comunicación del Ayuntamiento.

5. Peso polítco en los distritos. De los 19 concejales de Carmena, 7 tendrán cartera como delegados. La mayoría del resto formará parte de una apuesta por descentralizar el gobierno hacia los distritos y los barrios, bajo la coordinación de Nacho Murgui, coordinador territorial del Ayuntamiento. Hay nombres fuertes en la lista que se van a reservar para esta apuesta, como el de Jorge García Castaño, que será concejal del distrito Centro y no de ninguna materia temática.

6. Ayuntamiento P2P. Al frente de las concejalías de Participación y de Cultura estarán dos activistas de la cultura digital y de Internet como espacio muy importante para la construcción de lo político. Son respectivamente Pablo Soto y Guillermo Zapata. El primero tendrá que sincronizarse con la labor del coordinador territorial Nacho Murgui en los barrios para que además de la participación por distritos haya nuevas formas de involucrarse también a través de la tecnología. En el caso de Zapata, que también coordinará Deportes, tiene por delante una transformación cultural que será muy evidente si consigue sus objetivos.

7. Sabanés, acotada. Hay una persona en la lista de concejales de Ahora Madrid que aúna experiencia en las instituciones políticas y prestigio en la ola de renovación política. Inés Sabanés ya fue concejala del Ayuntamiento y luego diputada regional. En las primarias de Ahora Madrid, fue la que más puestos escaló desde la propuesta inicial, hasta ocupar el número 3. Sin embargo, tendrá la cartera de Medio Ambiente, una opción natural para la coportavoz de Equo pero que ha sonado a poco a su alrededor ya que Urbanismo podría haber sido un buen acompañamiento para las políticas de sostenibilidad. La política urbanística, expuesta a todo tipo de presiones, recae sobre José Manuel Calvo, de 30 años, cargo orgánico de Podemos en Madrid y doctor en arquitectura.

8. Las ideas de ATTAC se ponen a prueba. La organización de economía crítica ATTAC lleva dos décadas construyendo un discurso económico a contracorriente de los grandes poderes financieros y sus brazos intelectuales. Adivirtió de los riesgos de la burbuja inmobiliaria y la especulación hipotecaria antes de que nadie reconociera su fracaso; antes, se opuso a una integración europea basada solo en los flujos comerciales y los intereses de los estados. Muchos de sus miembros fueron motores de los debates más potentes de economía tras el 15M. Uno de ellos es Carlos Sánchez Mato, excoordinador de ATTAC Madrid y nuevo responsable económico del ayuntamiento gobernado por Manuela Carmena.