Un insólito e injustificado requisito ha hecho saltar por los aires un concurso público de más de 100.000 euros en San Sebastián de La Gomera, municipio de unos 9.500 habitantes. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha anulado la licitación de la capital de la isla colombina para contratar un servicio de asesoramiento laboral y gestión de nóminas. ¿El motivo? Los pliegos otorgaban 20 de los 100 puntos en juego a la gestoría capaz de presentarse en el Ayuntamiento en menos de cuatro horas tras recibir un aviso. 

Según el tribunal de contratos, esa exigencia adolece de una “absoluta falta de motivación” en el expediente y no sólo vulnera los principios de “igualdad, transparencia y proporcionalidad”, sino que, además, constituye “una cláusula de arraigo territorial” prohibida, puesto que genera “discriminación” entre las licitadoras.  

El Ayuntamiento capitalino sacó a concurso el servicio el pasado mes de febrero. El gobierno municipal, formado por la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y por Coalición Canaria (CC), justificó la externalización del servicio de asesoramiento laboral y gestión de nóminas en la falta de personal del departamento de recursos humanos. Esta área se sostiene en la actualidad tan sólo con dos auxiliares administrativos y una técnico general, por lo que destinar a uno de ellos en exclusiva a esas tareas mermaría “gravemente” la actividad administrativa diaria del Ayuntamiento, expone la memoria justificativa.

Ese documento incide, además, en que el Consistorio carece de personal con la formación técnica específica para utilizar sistemas telemáticos de gestión laboral y que contratar a un especialista para estas tareas supondría un gasto anual que ronda los 60.000 euros, una cantidad superior a la prevista en la externalización (103.500 euros por tres años).

Una empresa radicada en Sevilla (Gaesa Asesores) recurrió los pliegos ante el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias. Esta gestoría sostiene que premiar con 20 de los 100 puntos (los 80 restantes corresponden al precio) a las empresas que tengan la capacidad de llegar a una reunión presencial en el Ayuntamiento en menos de cuatro horas introduce un elemento de “arraigo territorial indirecto no justificado”. Es decir, en su opinión ese criterio favorece “indebidamente” a las asesorías ya instaladas en la isla, “penaliza” a competidores con experiencia equivalente y produce una “restricción artificial” de la competencia. 

Esta empresa remarca que ese requisito no responde a ninguna necesidad técnica y no tiene nada que ver con el objeto del contrato. 

La secretaria municipal tampoco lo entiende

Lo curioso de este caso es que, al verse obligado a responder al recurso de la empresa, el propio Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera acabó entonando el mea culpa. La secretaria general no acertó a encontrar “la justificación, coherencia y necesidad” que fundamentaba ese requisito que exigía la “ineludible presencia” de la adjudicataria en las oficinas municipales en un plazo máximo de cuatro horas. La propia funcionaria calificó la exigencia redactada por su administración de “desproporcionada y no justificada”. 

La secretaria municipal recalca en su informe que toda la gestión de nóminas y los trámites ante la Seguridad Social se realizan mediante plataformas telemáticas. Por lo tanto, el intercambio de expedientes y documentos “no exige la presencia de la adjudicataria” en el Ayuntamiento, sino simplemente garantizar el acceso informático a los archivos. 

Con este contexto de una empresa que recurre y una administración que se allana, el tribunal de contratos anula el requisito de las cuatro horas y, en consecuencia, los pliegos. Sostiene este organismo que no hay ni un solo motivo en el expediente para justificar esa exigencia y que, por tanto, es discriminatoria. El tribunal recuerda en su resolución, dictada el pasado lunes 6 de abril, que los objetivos de comunicación pueden lograrse mediante medios virtuales, por lo que imponer la presencia física de un asesor laboral externo “pierde justificación objetiva y se convierte en un obstáculo injustificado para la libre concurrencia”. 

Esa resolución obligaba al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera a retrotraer las actuaciones al momento anterior a la aprobación de las bases para formular un nuevo concurso. Tan sólo un día después, el 7 de abril, la alcaldesa, Angélica Padilla (ASG), firmaba un decreto por el que anulaba el concurso y ordenaba abrir un nuevo expediente de contratación con las “modificaciones oportunas”. 

El grupo municipal de EH Bildu ha solicitado realizar una auditoría externa independiente de los contratos de los últimos cinco años en el Ayuntamiento de Amurrio (Álava), tras la elaboración de varios informes de reparo por parte de la interventora respecto a la contratación del año 2025. La coalición abertzale lo demandará a través de una moción que se debatirá en el próximo pleno municipal, con el objetivo de que “estas contrataciones sean analizadas y aclaradas”, así como para solicitar que se creen instrumentos para “mejorar la contratación municipal”.

EH Bildu ha reclamado que dicha auditoría esté finalizada antes de finales de junio para poder poner en marcha cuanto antes medidas de mejora de la gestión pública. Según ha trasladado, los informes de contratación de la Intervención, tanto informativos como suspensivos, se han repetido a lo largo de toda la legislatura, pero este último informe con reparos a la contratación de 2025 supera los 200.000 euros, lo que “rebasa lo que puede considerarse como un error puntual”, recoge Europa Press.

En este sentido, ha señalado que por un único contrato, que se adjudicó directamente en mayo de 2024, se han pagado mediante facturas 117.490 euros en año y medio, cuando según “la ley no se pueden superar los 15.000 euros en el plazo de un año para este tipo de contratos”. Un caso, ha añadido, que “no es aislado”, ya que el informe menciona que durante los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 la Intervención ha avisado de que los contratos adjudicados directamente a la misma empresa por el mismo servicio han superado la barrera legal de 15.000 euros para la adjudicación directa durante al menos estos cinco años y “exige la adopción de medidas para el año 2026”.

El portavoz de EH Bildu Amurrio, Jon Berganza, ha reclamado elaborar una “fotografía en profundidad de la situación de la contratación municipal, para dar solución a los errores detectados por los trabajadores municipales” y que “las conclusiones de ese estudio nos den herramientas para una buena actuación”.

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias escenificó este miércoles la firma de un contrato de 16,8 millones de euros para la prestación del servicio de ayuda a domicilio a unas 1.500 personas en situación de dependencia en las islas de Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura. “Vamos a garantizar que a toda persona usuaria que lo necesite, con independencia del lugar donde viva, se le preste el servicio”, dijo la consejera del ramo, Candelaria Delgado, en un acto en el que también estuvo presente Franciso Cruz, representante de BCM Gestión de Servicios S.L., la empresa adjudicataria. 

Lo que la foto oficial no muestra -ni tampoco la consejera explicó- es el rocambolesco proceso de adjudicación de ese contrato. Antes de llegar a ese apretón de manos con el que Delgado y Cruz sellaron el acuerdo, el caso pasó por el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias, que forzó a la administración a rectificar tras haber dejado fuera a esa empresa por un retraso burocrático provocado por la propia Consejería. 

El concurso fue convocado en julio de 2025. El presupuesto base de licitación es de 16,8 millones de euros (un año de contrato), aunque el valor estimado del concurso asciende a 36,5 millones, incluyendo esta cantidad no sólo una posible prórroga (de un año), sino otro lote destinado a la supervisión y control de calidad de estos servicios.

Tras evaluar las ofertas, la Consejería de Bienestar Social otorgó la máxima puntuación a BCM Gestión de Servicios, una empresa constituida en 1997 y que tiene su sede social en Málaga. Esta licitadora fue propuesta como adjudicataria en octubre del año pasado. La administración le concedió entonces un plazo de diez días para presentar la documentación final requerida. Es en ese momento cuando se evidencia el conflicto. La ganadora no cumplía uno de los requisitos fijados en el pliego, el de contar con acreditación empresarial para prestar servicio a personas dependientes, según un decreto de 2012. 

La Mesa de Contratación dio la oferta por retirada y excluyó a BCM Gestión de Servicios del concurso. En diciembre de 2025, adjudicó el contrato a la segunda clasificada en el concurso, Formas Nivaria S.L., una pequeña empresa radicada en La Laguna.  

La empresa excluida, BCM Gestión de Servicios, recurrió al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. Esta licitadora contó que, entre la documentación presentada, figuraba una declaración responsable en la que indicaba que había solicitado la acreditación para prestar servicios a personas dependientes el 23 de junio de 2025 y que, al no haber recibido respuesta, la había obtenido “por silencio administrativo” tres meses después. 

En su resolución, el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias explica que la ley establece con claridad que las empresas deben contar con la habilitación empresarial exigida en la fecha límite de presentación de ofertas. En el caso del concurso de ayuda a domicilio, el 11 de septiembre de 2025. La empresa que recurrió la habría obtenido, por silencio positivo, el día 23 de ese mismo mes. Es decir, doce días después. 

Sin embargo, en este caso concurre una circunstancia excepcional. Y es que la administración competente para otorgar esa habilitación empresarial es la propia Consejería de Bienestar Social, el órgano que contrata el servicio de Ayuda a Domicilio. 

Por lo tanto, el tribunal de contratos concluye que si la empresa no disponía de la habilitación requerida se debía, única y exclusivamente, a la “inacción” de la propia administración que la había excluido. Dejar fuera a una licitadora por un error propio hubiera sido “completamente contrario” al principio de proporcionalidad que rige la contratación pública y, por tanto, contrario a derecho, recoge la resolución fechada el 17 de marzo. 

En consecuencia, el tribunal de contratos estimó el recurso presentado por BCM Gestión de Servicios, declaró la nulidad del acuerdo que la excluyó del proceso y de la orden de adjudicación a Formas Nivaria y ordenó retrotraer el procedimiento al momento anterior a la revisión de la documentación de la licitadora que había obtenido la máxima puntuación. 

La resolución obligaba a la mesa de contratación a volver a calificar las propuestas teniendo por presentada la habilitación empresarial de BCM Gestión de Servicios, que volvió a ser de esta manera la adjudicataria del contrato del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes en las islas de Tenerife, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. 

El caso de las ambulancias

El caso del contrato de ayuda a domicilio tiene ciertas similitudes con el de otro servicio público esencial en Canarias, el de ambulancias, aunque con un matiz y un resultado distinto. En aquella ocasión, el órgano contratante (la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (GSC) en Canarias, vinculado con la Consejería de Sanidad) adjudicó uno de los lotes, por importe de 44,5 millones de euros, a una empresa (la UTE Acciona-Icot) que, a la fecha de presentación de la oferta, no disponía de la habilitación empresarial exigida para prestar el servicio, al igual que BCM Gestión de Servicios. 

Esa autorización debía darla el Servicio Canario de Salud (SCS), también dependiente de la Consejería de Sanidad. Sin embargo, la administración entendía que esa habilitación empresarial para operar en el sector de las ambulancias no era necesaria y que era suficiente con que cada vehículo dispusiera del permiso, algo que sí cumplía la empresa que obtuvo la mayor puntuación. Sin embargo, la segunda clasificada (Tasisa) recurrió a la justicia y el Supremo, en una reciente sentencia, le dio la razón, anulando esa adjudicación y obligando a Sanidad a indemnizar a la perjudica por el lucro cesante, en un expediente que, entre adjudicación y prórrogas, ya rozaba los 53,7 millones de euros. 

El Ayuntamiento de Burgos ha adjudicado, entre 2023 y 2025, 12 contratos a Eventos El Espino SL, una mercantil de la que el concejal, presidente del PP provincial, y presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, tenía el 22%, tal y como reconoció en su declaración de bienes registrada en el propio Consistorio en junio de 2023. Desde diciembre de 2025, y tras la salida de dos accionistas, Suárez ostenta el 33%, un tercio de la propiedad de la empresa, tal y como ha reconocido a elDiario.es.

Eventos El Espino, constituida en 2009, se dedica fundamentalmente a servicios de catering y los contratos que ha conseguido en el Ayuntamiento son precisamente para eso. En noviembre de 2023, la sociedad pública municipal Proburgos contrató el servicio de catering con Eventos El Espino para la jornada 'Mujer e Industria', por valor de 792 euros, IVA incluido. En abril de 2024, Proburgos vuelve a contratar a esta empresa para la jornada 'Burgos e Hidrógeno, una apuesta de futuro', por valor de 1644,5 euros, IVA incluido. En septiembre de 2024, Proburgos encargar el catering con la misma mercantil para la jornada 'Mujer e Industria' por 858 euros, IVA incluido. Y lo mismo ocurre en octubre, con el evento 'Tardeo in game on tour' cuyo catering es a cargo de El Espino, por 1.650 euros. En diciembre, la misma sociedad pública cuenta de nuevo con la mercantil en la que participa Borja Suárez para el evento FamTrip con profesionales de los medios de comunicación. Junto a El Espino, que cobra 462 euros, hay otros seis adjudicatarios.

En 2025, se suceden otros contratos: uno en febrero, de Proburgos para un 'coffee break' en la 'Jornada Burgalesa para un futuro más amable, inclusivo y sostenible' en el marco de la candidatura a Burgos como capital europea de 2031, por 327,25 euros, otro para el catering de Alianza RUN en abril, por 1.257,5 euros, y otro para servir el café en una reunión de constitución del grupo Mujer e Industria, por 154 euros. Posteriormente, Proburgos le adjudicó también los servicios de catering durante el desarrollo de la jornada por 1.001 euros.

Las contrataciones no sólo son de Proburgos, desde la Concejalía Delegada de Personal, Régimen Interior, Relaciones Institucionales y Calidad Total del Ayuntamiento de Burgos, en junio de 2025 se contrata a Eventos El Espino para un desayuno/almuerzo en el Monasterio de San Juan tras una misa mayor en la Catedral por 2.887,5 euros. En octubre, el Ayuntamiento contó con Eventos El Espino para el servicio de catering del II Congreso Internacional de Salud desde un abordaje interdisciplinar, por 825 euros.

De los últimos contratos que se conocen son los que Proburgos le adjudica en noviembre de 2025, y los de mayor cuantía, para la celebración del I Encuentro Europeo de Economía Colaborativa: 1.540 euros para un servicio de catering, formato Café, , 6.600 para un servicio de coctel para 200 personas en el mismo evento y otro cóctel más al día siguiente para 65 personas por 2.145 euros.

El director general de Proburgos, Alejandro Sarmiento, confirmó a elDiario.es que ha contratado en varias ocasiones a Eventos El Espino, y que la decisión se toma con la unanimidad del Consejo tras solicitar varios presupuestos. Sarmiento aseguró desconocer que detrás de esa empresa estuviese el concejal del Ayuntamiento y presidente de la Diputación de Burgos. El Ayuntamiento no ha querido pronunciarse.

La Junta de Castilla y León también contrata a la empresa del presidente del PP de Burgos

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta también ha adjudicado varios contratos a la empresa de Suárez: en noviembre de 2023, para un café para los invitados de la entrega de Medallas al Mérito Policial, por 3.300 euros. También en ese mes y por otros 3.300 adjudicó a Eventos El Espino el servicio de hostelería para el encuentro de mujeres policías locales, así como otro de 600 euros por el alquiler mobiliario y material adicional para el desarrollo del servicio de café a asistentes de la gala de medallas de Policía Local 2023.

Otra Consejería que apostó por Eventos El Espino fue la de Economía, que en febrero de 2025 le pagó 2.200 euros por el vino español y el café que se sirvió en el Comité de Seguimiento del Programa Feder 2021-2027 que se celebró en Burgos.

Borja Suárez atendió a las preguntas de elDiario.es y confirmó su vinculación con Eventos El Espino, aunque en un primer momento confirmó tener sólo el 22% de las acciones de la mercantil, más tarde, y a requerimiento de este medio, reconoció que, tal y como figura en la auditoría de la empresa, tras la salida de dos socios que acabaron en un juzgado mercantil, había recomprado acciones y ahora tiene el 33%. Suárez precisó que desconoce cómo se cruzan datos en el Ayuntamiento. “A mí nadie me ha dicho nada sobre los contratos y yo he reflejado esa circunstancia en mi declaración de bienes”, afirmó. El concejal añadió además que no consideraba que se diese una situación de conflicto de intereses, puesto que es un concejal sin cartera, no toma decisiones y no participa en mesas de contratación. “Otra cosa es en la Diputación de Burgos, donde soy presidente, y tomo decisiones. No hay ningún contrato con la empresa”, aseguró.

Borja Suárez apoyó desde la Diputación la 'guerra del txacoli' que beneficiaba a su socio

Pero, aunque la Diputación de Burgos no ha contratado a Eventos El Espino, sí se ha posicionado de manera cuestionable sobre un asunto que atañe a uno de los administradores de la empresa, Koldo Madariaga Rica, que también es accionista. En 2010, el pleno de la Diputación de Burgos, en la que Suárez ostentaba la vicepresidencia, aprobó por unanimidad de PP, PSE y Solución Independiente una propuesta para “la defensa del chacolí de Burgos” que permitía a la Diputación personarse en todas las instancias en las que se intentase blindar término txakoli. Suárez fue la cara política de esa iniciativa. Al frente de los productores del 'txacoli de Burgos' estaba Madariaga, propietario de una bodega en Miranda de Ebro. En esa aventura que no cristalizó en nada, puesto que la denominación de origen sigue perteneciendo a Euskadi y más en concreto a los consejos reguladores de Álava, Vizcaya y Getaria, estaba la entonces diputada del PP y hoy alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien anunció una proposición en las Cortes de Castilla y León para instar al Gobierno de Madrid ofrecer igualdad de trato a todos los productores y que se bloquease el blindaje del nombre. Lo que se llamó 'Guerra del Txacoli' tuvo un breve recorrido: los de Burgos tuvieron que conformarse en 2015 con una certificación de Vino de la Tierra de Castilla y León, una IGP (una Indicación Geográfica Protegida, IGP) para el vino que produce Madariaga en su bodega y que comercializa como 'Ch',

Lo que contempla la normativa: o el cargo o las acciones

Las consecuencias pasarían, según los expertos consultados por elDiario.es, por una incompatibilidad en el cargo, en virtud del artículo 12 de la Ley 53/1984, que obliga legalmente a optar entre mantener el cargo público o desprenderse de la participación societaria y que puede dar lugar a un procedimiento formal de declaración de incompatibilidad. Pero, además, existiría una prohibición de contratar de esa empresa, ya que según el artículo 71.1.g de la LCSP, la empresa no podría contratar con el Ayuntamiento mientras existiera esa participación. Esta prohibición es automática y se aplica aunque se trate de pedidos, contratos menores o pagos por caja fija.

En cuanto a los contratos realizados en esa situación, pueden declararse nulos por haberse celebrado estando la empresa incursa en la prohibición de contratar, y derivarse una responsabilidad disciplinaria o de control por parte de los órganos competentes, como son la secretaría, la intervención o los órganos de fiscalización.

El Tribunal Supremo (TS) ha fijado doctrina mediante una sentencia por la que obliga al Ayuntamiento de Cáceres a devolver la fianza depositada por la empresa adjudicataria de las obras del Edificio Embarcadero, al declarar que la liquidación de contratos administrativos también está sujeta a prescripción y no puede practicarse fuera del plazo legal.

Se trata de un inmueble inaugurado en 2011 y concebido como un centro de innovación y emprendimiento municipal. La liquidación definitiva fijó el saldo económico en 318.512 euros, que fue la cantidad sobre la que se había ordenado inicialmente la incautación de la garantía de la UTE PRINSA-Casado. En la fase judicial inicial, la liquidación ascendía a 342.516 euros antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) corrigiera aspectos procesales vinculados al procedimiento.

El litigio se originó en 2009, cuando se paralizaron las obras de adecuación de la bóveda y exteriores del edificio, adjudicadas a la mencionada UTE. En 2017, el Ayuntamiento intentó resolver el contrato por incumplimiento y procedió a la incautación de la fianza depositada por la empresa.

El TS ha determinado que la acción administrativa para practicar la liquidación estaba prescrita, ya que había transcurrido el plazo legal desde que el contrato quedó paralizado y extinguido de hecho.

El fallo aclara que, aunque la liquidación es un “acto autónomo respecto de la resolución contractual, no puede realizarse fuera del plazo legal previsto por la normativa”. Así, el TS aclara en su sentencia, recogida por EFE, que la prescripción también se aplica a la liquidación de contratos administrativos y que la “inactividad de la Administración no suspende este plazo”. Como consecuencia, el Ayuntamiento debe devolver la fianza íntegra a la empresa adjudicataria.

El litigio se ha prolongado durante años, con varias resoluciones judiciales previas. En 2018, el Juzgado Número 1 de Cáceres fijó en 342.516 euros la indemnización que debía pagar la UTE adjudicataria por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de las obras.

Posteriormente, el TSJEx estimó el recurso de la empresa y corrigió aspectos procesales, reduciendo la liquidación definitiva a 318.512 euros y señalando la necesidad de que el contratista fuera citado para las comprobaciones previas a la liquidación.

Finalmente, el Supremo ha resuelto el caso y el Ayuntamiento de Cáceres deberá ahora proceder a la devolución de la fianza a la UTE PRINSA-Casado, cumpliendo así lo dispuesto por la sentencia del Alto Tribunal. 

El PSOE andaluz y Podemos recurrirán ante la Audiencia Provincial de Sevilla el sobreseimiento provisional y archivo de las querellas que presentaron contra la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega. Un movimiento ante la decisión del juez José Antonio Gómez en el proceso abierto contra el Gobierno de Juanma Moreno por un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas entre 2021 y 2024.

María Márquez, vicesecretaria general del PSOE andaluz, manifestó este lunes, en unas declaraciones concedidas a los medios, que “hay indicios sólidos y pruebas claras, eso nadie lo pone en duda, ni el juez” y, por tanto, seguirán adelante con el recurso. “Moreno Bonilla contrató mal y se dañaron las arcas públicas. No fueron fallos técnicos, sino decisiones políticas, ya que se abrió la puerta a contratar sin control cuando ya no había emergencia en Andalucía”, reiteró. En todo caso, recomendó “prudencia” al Partido Popular, ya que, aseguró que son “plenamente consciente del enfado de los andaluces en materia sanitaria, así que vamos a llegar al final: sigue habiendo caso”.

A través de un comunicado, los socialistas indicaron que se “requiere de una investigación completa que está lejos de haber concluido”, ya que, indican, hay “un posible delito de prevaricación que debe de ser investigado hasta el final”. En alusión a lo derimido por la Intervención General de la Junta de Andalucía, sostuvieron que hay una “falta de fiscalización” previa a los contratos sanitarios concedidos. Pese a que no ponen en entredicho la urgencia inicial de la pandemia, “el Gobierno de la Junta prolongó la contratación a dedo de forma arbitraria y sin cobertura legal mucho después de que decayera dicha emergencia”, criticaron.

Disculpas

Por ello, pidieron que “se llegue hasta el final” en las causas abiertas tanto en Sevilla como en las provincias de Cádiz y Córdoba, donde mantienen que los contratos con las empresas sanitarias se realizaron a precios superiores que los estimados en contratos ordinarios. A tenor de lo sucedido, advirtieron que el Gobierno de Juanma Moreno diseña una “estrategia política de privatización de la sanidad pública” a través de “un uso abusivo y arbitrario de la contratación de emergencia”, en donde se quitaron los controles previos, apuntaron.

Por su parte, Antonio Sanz, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, exigió a la vicepresidenta y candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, unas “disculpas” a la ciudadanía “por mentir y por dañar la imagen de la sanidad pública andaluza y de los profesionales sanitarios, a quienes han querido atacar directamente”. En este cruce de acusaciones tras conocerse la decisión del magistrado, la mano derecha de Juanma Moreno reiteró que “ni ha existido, ni existe, ni existirá corrupción sanitaria en Andalucía”.

Archivo

El archivo de las querellas, adelantado por ABC, se debe a que el magistrado considera que “no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito”. Además, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla dictó el pasado jueves 22 de enero que “prolongar más la instrucción vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades que impide, no solo una investigación prospectiva, sino también que cualquier ciudadano pueda verse sometido a una investigación sin verdadero fundamento”.

La causa se abrió tras una denuncia interpuesta en septiembre de 2024 por una treintena de parlamentarios del PSOE andaluz contra los dos exgerentes del SAS “por posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias en los años 2021-2023”. La denuncia del PSOE-A, a la que posteriormente se sumó Podemos en septiembre de 2025, cifraba en 243 millones de euros el valor de los contratos cuestionados. Sin embargo, el auto sostiene que “no puede concluirse que la finalidad de las prórrogas fuera la elusión de las normas de Orden Público de la contratación, sino que respondían a necesidades perentorias derivadas de la necesidad de la continuidad de la prestación, sin modificación de lo contratado, dado el grave retraso generado por la crisis sanitaria”.

“Mayor agilidad y eficacia”

Los gerentes del SAS han justificado durante el proceso el uso de los contratos de emergencia con el fin de atender las urgencias asistenciales derivadas de la pandemia, restando importancia al cambio de la fiscalización previa al control financiero permanente acordado por el Consejo de Gobierno.

En este sentido, el magistrado menciona la Ley de Contratos del Sector Público y a las resoluciones del Consejo de Ministros para hacer frente a la amenaza del virus global, a la vez que cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 2010, donde se establece que “lo que ampara una normativa de emergencia es una situación administrativa inmediata, absolutamente necesaria para evitar, o remediar en lo posible, las consecuencias del suceso en cuestión”.

De esta forma, el magistrado también resuelve uno de los elementos más críticos de la investigación: la retirada del control previo de la Intervención de la Junta a los contratos del SAS —por acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020— y su sustitución por auditorías a posteriori, que fueron las que finalmente sacaron a la luz las irregularidades que dieron pie a la apertura de diligencias.

El auto reconoce que el uso de la contratación de emergencia por parte del SAS con clínicas privadas disfrutó de “mayor discrecionalidad”, pero los gerentes “no tomaron decisiones que conculcaron directamente el Orden Jurídico”, añade. “Resulta cuanto menos jurídicamente discutible que la modificación del control previo al control financiero permanente supusiera una minoración de garantías, además de que posibilitó una mayor agilidad y eficacia en la gestión de los recursos públicos en semejante situación de emergencia”, finaliza el auto.

El juzgado de Sevilla que investiga al Gobierno de Juan Manuel Moreno por un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas entre 2021 y 2024 ha decidido decretar el sobreseimiento provisional y archivo de las querellas presentadas por el PSOE andaluz y por Podemos contra la actual gerente del SAS, Valle García, y sus antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega, por considerar que “no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito”.

El juez da carpetazo a la primera de las tres causas abiertas en los juzgados por posibles irregularidades en la contratación a dedo del SAS con la sanidad privada, tras algo más de un año de instrucción (hay otras dos en juzgados de Cádiz y Córdoba), al no detectar ni delito de prevaricación ni desvío de fondos públicos.

Ésta también era la investigación más avanzada, que recabó ingente documentación de la Junta y citó a declarar como imputados a los tres últimos gerentes del SAS y, como testigos, a la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez (exinterventora general de la Junta), a la consejera de Medio Ambiente (exconsejera de Salud), Catalina García, al exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa, y al exresponsable de Contabilidad del SAS, José Antonio Miranda, entre otros.

El archivo de la causa contra el SAS, que figura en un auto del juez José Antonio Gómez dictado el pasado jueves 22 de enero, concluye que “prolongar más la instrucción vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades que impide, no solo una investigación prospectiva, sino también que cualquier ciudadano pueda verse sometido a una investigación sin verdadero fundamento”, según ha adelantado Abc y ha confirmado Europa Press.

El juez Gómez considera que los contratos de emergencia del SAS con la sanidad privada estaban amparados en la Ley de Contratos del Sector Público y en las resoluciones del Consejo de Gobierno dictadas a resultas de la pandemia de coronavirus. La normativa estatal permite a las administraciones contratar de urgencia, sin publicidad ni concurrencia competitiva, cuando se producen acontecimientos “catastróficos” e imprevisibles.

Los querellantes denunciaron que esa situación, generada por la pandemia de coronavirus a principios de 2020, no justificaba estirar ese sistema de contratación a dedo hasta 2024, pero el magistrado avala la postura de la Junta, que siempre ha defendido que la presión asistencial en la sanidad andaluza por el impacto de la pandemia hacía necesaria esa contratación a dedo dos años después. “No puede concluirse que la finalidad de las prórrogas fuera la elusión de las normas de Orden Público de la contratación, sino que respondían a necesidades perentorias derivadas de la necesidad de la continuidad de la prestación, sin modificación de lo contratado, dado el grave retraso generado por la crisis sanitaria”, advierte el auto.

El archivo de la instrucción es recurrible ante la Audiencia Provincial de Sevilla y Podemos ya ha anunciado que lo hará.

Carpetazo 48 horas después de declarar la exconsejera de Salud

La causa se abrió tras una denuncia interpuesta en septiembre de 2024 por una treintena de parlamentarios del PSOE andaluz contra los dos citados exgerentes del SAS “por posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias en los años 2021-2023”. La denuncia del PSOE-A, a la que posteriormente se sumó Podemos, cifraba en 243 millones de euros el valor de los contratos cuestionados.

La oposición ha cargado duramente contra el Gobierno de Moreno por su gestión de la sanidad pública, por el aumento de las listas de espera quirúrgicas, y la derivación sistemática de miles de pacientes a la sanidad privada, usando contratos de emergencia que se amparaban en un marco legal habilitado en pandemia después de que hubiera sido derogado. El archivo de la causa, a pocos meses de las elecciones andaluzas, refuerza a Moreno frente a sus rivales socialistas, que hasta la semana pasada exigían la dimisión de la gerente del SAS imputada por prevaricación.

El juzgado de instrucción número 13 de Sevilla acordó, el 1 de octubre de 2024, incoar diligencias previas “por la existencia de un posible delito de prevaricación administrativa”. Posteriormente, en noviembre de 2025, los diputados del PSOE-A presentaron una “ampliación de querella” por “posibles irregularidades en la contratación a través de procedimiento de urgencias por el SAS en el año 2024” contra su actual directora gerente del SAS, Valle García.

Además de Valle García y sus dos antecesores en calidad de investigados, en la causa también han comparecido como testigos el exdirector económico del SAS José Antonio Miranda y el exdirector de asistencia sanitaria y resultados en Salud Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás el pasado mes de noviembre.

El auto del juez se produce apenas 48 horas de que el pasado martes 20 de enero comparecieran en calidad de testigos la actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente y ex consejera y ex viconsejera de Salud, Catalina García, y el exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa.

Ni delito ni desvío de fondos

Los gerentes del SAS han justificado en todo momento el mantenimiento de los contratos de emergencia en la necesidad de seguir atendiendo las urgencias asistenciales derivadas de la pandemia y han restado relevancia al cambio de la fiscalización previa al control financiero permanente acordado por el Consejo de Gobierno.

El juez echa mano de jurisprudencia anterior y cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 2010, que establece que “lo que ampara una normativa de emergencia es una situación administrativa inmediata, absolutamente necesaria para evitar, o remediar en lo posible, las consecuencias del suceso en cuestión”.

El auto reconoce que el uso de la contratación de emergencia por parte del SAS con clínicas privadas disfrutó de “mayor discrecionalidad”, pero los gerentes “no tomaron decisiones que conculcaron directamente el Orden Jurídico”, añade. El magistrado también resuelve uno de los elementos más críticos de la investigación: la retirada del control previo de la Intervención de la Junta a los contratos del SAS -por acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020- y su sustitución por auditorías a posteriori, que fueron las que finalmente sacaron a la luz las irregularidades que dieron pie a la apertura de diligencias.

“Resulta cuanto menos jurídicamente discutible que la modificación del control previo al control financiero permanente supusiera una minoración de garantías, además de que posibilitó una mayor agilidad y eficacia en la gestión de los recursos públicos en semejante situación de emergencia”, concluye el auto.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y el exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa, han declarado ante el juez que ellos no tuvieron un papel relevante en la reunión que preparó el camino para que el Gobierno de Juan Manuel Moreno retirara el mecanismo de fiscalización previa para los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de coronavirus.

El Tribunal de Instancia 13 de Sevilla investiga las irregularidades en los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas de 2021 a 2024. La declaración de García y Ochoa, ambos como testigos, había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, y se esperaba con interés después de que García fuera señalada por la exinterventora general de la Junta de Andalucía, Amelia Martínez (que hoy es viceconsejera de Hacienda), como la persona que decidió retirar el control previo. Martínez le dijo al juez que la retirada de los controles previos no formaba parte de la propuesta que ella misma había elevado por escrito a la Consejería de Hacienda, ni venía avalado por un informe preceptivo.

Sin embargo, García y Ochoa han coincidido en señalar que los equipos técnicos de ambas viceconsejerías negociaron la propuesta de nuevo mecanismo y que ambos se limitaron a ratificar la sustitución del modelo de fiscalización propuesto por la Intervención de la Junta de Andalucía, según fuentes presentes en la declaración de este martes citadas por Europa Press.

El exviceconsejero defiende que el nuevo sistema es más completo

Ochoa ha comparecido en primer lugar ante el titular del Juzgado, José Antonio Gómez, durante una hora y treinta minutos, mientras que la declaración de la hoy consejera de Sostenibilidad ha oscilado entre el cuarto de hora y los veinte minutos.

La declaración de Catalina García ha apuntado a que las directrices sobre los contratos, cuando ejerció de viceconsejera de Salud, las marcaba quien fuera director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda, quien también declaró el 18 de noviembre en la primera de las testificales celebradas en estas diligencias previas, al tiempo que ha indicado que su rol se centraba en salvar vidas.

El exviceconsejero de Hacienda, que ejerció este cargo entre el 8 de septiembre de 2020 y el 9 de agosto de 2022, ha defendido en su declaración que el control financiero permanente, adoptado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020, es más completo frente al muestreo de los contratos en que se fundamenta la fiscalización previa, según han indicado fuentes presenciales.

Ese acuerdo no está sustentado por un informe de la Intervención ni se desprende de la memoria que redactó una semana antes la propia Martínez, con una lista de los gastos y servicios de la Junta que podían prescindir del control previo, donde no aparecían los contratos del SAS.

Fuentes en el procedimiento, citadas por Europa Press, han remarcado que ese acuerdo del Consejo de Gobierno de octubre de 2020 para sustituir la fiscalización previa por el control financiero para los contratos del SAS vino precedido de un informe de la Intervención de la Junta de agosto de 2020 que comportó la suspensión de un contrato del SAS cercano a los 30 millones de euros.

El origen del cambio de sistema, según la exinterventora

La comparecencia de ambos en estas diligencias previas sobre los contratos de emergencia del SAS venía precedido del protagonismo que les atribuyó la hoy viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Amelia Martínez, durante su testifical de 18 de noviembre de 2025, quien sostuvo que la inclusión de los contratos del SAS para otra modalidad de fiscalización fue fruto de una conversación entre ambos y que venía sin el respaldo de una memoria preceptiva de la propia Intervención.

Martínez declaró en noviembre por su pasado como interventora general de la Junta de Andalucía, cargo que desempeñaba cuando el Consejo de Gobierno acordó el 6 de octubre de 2020 modificar el modelo de fiscalización para los contratos del SAS durante la pandemia del Covid y a posteriori.

La hoy viceconsejera de Economía y Hacienda rubricó como interventora general el 29 de septiembre de 2020 un informe anexo al expediente del Consejo de Gobierno donde hacía un repaso de la implantación de la fiscalización previa.

En el caso del SAS recordaba que en septiembre de 2003 se amplió el control financiero permanente a nuevos centros periféricos, así como abogaba por “un régimen mixto de fiscalización” para los gastos de personal sanitario y educativo.

Investigados los tres últimos gerentes del SAS

En estas diligencias previas que se siguen en un Juzgado de Sevilla están siendo formalmente investigados la actual gerente del SAS, Valle García, así como sus antecesores en el cargo Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, quienes comparecieron en el juzgado dentro de una testifical que se celebró el 25 de noviembre.

La declaración de los sucesivos responsables del SAS tuvo como hilo conductor el argumento de que su gestión se encaminó a afrontar las necesidades sanitarias del momento y la convicción de que su trabajo como gestores tenía el respaldo de informes jurídicos.

Las diligencias previas ponen el foco en la adjudicación de 242 millones de euros en contratos. El SAS aprobó un marco excepcional para la adjudicación de contratos sanitarios en plena pandemia. Para facilitar su agilidad, el sistema canalizaba los contratos por la vía de emergencia, sin publicidad ni concurrencia competitiva, amparándose en la normativa de excepción aprobada para la pandemia. Sin embargo, el SAS prorrogó este mecanismo hasta bien entrado 2024, pasando de los 70 millones adjudicados inicialmente a 242,3, ignorando las advertencias de Hacienda y una decena de informes de los interventores que advertían de que no había cobertura legal para ello, pues el marco excepcional ya estaba derogado. El juez trata de esclarecer por qué y si la extensión de esa prórroga puede constituir una prevaricación administrativa.

La actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán [noviembre de 2019 - julio de 2022] y Diego Vargas [que ocupó este puesto hasta diciembre de 2023], están imputados en una causa judicial que salpica de lleno al Gobierno de Juan Manuel Moreno.

Nuevo intento de Trabajo para “relajar” el veto legal de la época de Mariano Rajoy que impide repercutir las subidas salariales –como el alza del salario mínimo– a los precios de los contratos públicos ya asignados. Acabar con este impedimento genera consenso entre Yolanda Díaz, los empresarios y los sindicatos, algo cada vez menos habitual, pero hasta el momento cuenta con la oposición de Hacienda y Economía. Ahora, fuentes de Trabajo afirman que están “trabajando” con el Ministerio de María Jesús Montero para “buscar una fórmula” para repercutir los aumentos salariales, aunque en Hacienda sostienen que “no hay novedades” en su postura.

El origen del conflicto es la llamada “desindexación” de los contratos públicos, término complejo que designa una de las muchas políticas de austeridad del Gobierno del PP de Mariano Rajoy para limitar el gasto de las administraciones públicas.

A través de dos leyes –la Ley de Desindexación de la Economía del entonces ministro Luis De Guindos y la Ley de Contratos Públicos– se eliminó la referencia del IPC en varios ámbitos y se diseñaron múltiples obstáculos que impiden las revisiones de las licitaciones públicas ya concedidas. Por ejemplo, por las modificaciones en los costes de la mano de obra.

En la práctica significa que, si se concede un contrato público de limpieza a una empresa por cuatro años, por ejemplo, esta asignación presupuestaria no se modifica aunque en su transcurso se acuerde un aumento de los salarios del personal, que supone un mayor coste del servicio.

Un “círculo vicioso” que genera precariedad

Este veto a la revisión de los contratos públicos ha aliado en su contra a los empresarios, los sindicatos y al Ministerio de Trabajo. También suma a partidos como el PNV con capacidad de gestión en las comunidades autónomas. Sobre todo, a raíz del gran aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), del 61% desde 2018, que ha alcanzado a gran parte de los servicios subcontratados por el sector público, como la limpieza, jardinería, intervención social y dependencia, entre otros.

Este amplio consenso se explica por los “importantes problemas” que genera la desindexación en múltiples direcciones. Para las empresas supone asumir con el mismo presupuesto un servicio más caro, ya que la mano de obra se encarece, pero no la asignación pública para prestar esa actividad. Desde la patronal CEOE han denunciado que esto está “ahogando” a muchas compañías, que no pueden asumir el aumento de costes.

Para las personas trabajadoras que prestan estos servicios públicos externalizados –gran parte de ellas mujeres y con salarios bajos– la desindexación ha supuesto un “círculo vicioso” que las mantiene atadas a la precariedad, han denunciado en múltiples ocasiones en CCOO y UGT.

Porque en los sectores donde la subcontratación en el sector público es muy relevante, como la ayuda a domicilio, la dependencia, la limpieza y la seguridad, entre otros, las empresas se niegan a mejorar los salarios en la negociación colectiva con el argumento de que luego no pueden repercutir ese mayor coste en los contratos públicos.

Además, la subida del salario mínimo, aprobada por ley por el Gobierno y que las empresas deben respetar en todo caso, también genera en algunos casos problemas para las plantillas, cuando las empresas prescinden de horas de trabajo o de personal para cuadrar las cuentas ante el aumento salarial.

En los peores casos, se dan repetidas situaciones de impagos y de retraso en el pago de nóminas de muchas subcontratas que consiguen la licitación de servicios públicos con ofertas muy bajas, al límite, y que luego no pueden afrontar el aumento de costes.

Y, como derivada de todo lo anterior, la consecuencia de un empeoramiento en la calidad de los servicios públicos prestados, motivo alegado por el PNV el pasado marzo en una interpelación a la ministra de Hacienda para que permitiera “una regulación flexible para permitir esta revisión de precios”.

“¿Qué está pasando con esto? Que hay contratos desiertos, resolución anticipada de contratos de mutuo acuerdo para evitar males mayores, dificultades para que las Administraciones puedan mantener estos contratos y participación a la baja de las licitaciones”, advirtió la diputada del PNV Idoia Sagastizabal.

Por todas estas razones, y ante las reiteradas peticiones de la patronal, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha defendido en los últimos años que se vuelva a permitir la revisión de los contratos públicos ante los aumentos salariales, sin éxito frente a Hacienda y a Economía, que se remite en este debate al Ministerio liderado por María Jesús Montero.

La novedad: la directiva europea de salarios mínimos

En este último intento, a propósito de la subida del salario mínimo de 2026, el departamento de Yolanda Díaz está reivindicando un nuevo motivo para tratar de sacar adelante el cambio legal dentro del Gobierno. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha sostenido que la nueva directiva europea de salarios mínimos (aún pendiente de transposición) lo exige.

“En al menos dos de sus pasajes, obliga a nuestro entender a los Estados miembros a prever reglas de traslación de las subidas de los salarios mínimos a la contratación pública”, ha explicado el 'número dos' de Yolanda Díaz. El principal es el artículo 9 de la Directiva, que obliga a que los Estados miembros adopten “medidas adecuadas” para garantizar que en la adjudicación así como en la “ejecución” de los contratos públicos se cumplan las obligaciones aplicables sobre salarios.

También el artículo 5.3, que prevé que los países puedan utilizar “un mecanismo automático de ajuste de indexación de los salarios mínimos legales”.

Fuentes del Ministerio de Trabajo sostienen que están “trabajando” con el de Hacienda para ver alguna forma de “relajación” de la desindexación para poder repercutir los salarios. “Estamos intentando buscar una fórmula”, indican en el departamento de Yolanda Díaz. Sin embargo, el mensaje desde el Ministerio de María Jesús Montero en otro. “Sin novedades”, responden sobre su postura al cambio legal que reclama Trabajo.

En sus múltiples negativas, la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda ha argumentado que son las empresas las que deben prever posibles aumentos de costes a la hora de presentarse a las licitaciones públicas, así como que las arcas públicas no tienen que ser las que sufraguen el aumento del salario mínimo interprofesional.

También, el pasado marzo, por considerar que la revisión al alza de los contratos “puede producir o impulsar una espiral inflacionista y generar también efectos de segunda vuelta” en la escalada de precios, sostuvo Montero.

Los sindicatos CCOO y UGT rechazan estos motivos y defienden que las administraciones públicas deberían ser responsables de los servicios públicos que licitan, proporcionando un presupuesto suficiente para garantizar unos salarios dignos de sus trabajadores. En la patronal denuncian por su parte que el Gobierno pida a los empresarios que suban los sueldos, o que les obligue a hacerlo a través del SMI, sin asumir su parte del coste en los contratos del sector público.

Tres contratos menores en todo 2025. Dos de enero y uno de febrero que suman poco más de 1.700 euros, IVA incluido. Es todo lo que recogía el portal de Transparencia del Senado hasta este viernes, a diez días de finalizar el año. De 2024 hay 544 registrados. La Cámara que preside Pedro Rollán, del PP, ha incumplido así la legislación sobre publicidad institucional de índole económica, lo que impedía la fiscalización de su actividad y sus gastos.

Fuentes del Senado achacan a un “problema técnico” la ausencia de los contratos hasta este viernes. Un error que ha sido resuelto tras las llamadas de elDiario.es. Los servicios de la Cámara Alta han publicado en formato texto el listado de los contratos de los tres primeros trimestres del año. Al cierre de esta información, en la Plataforma de Contratación del Estado que gestiona el Ministerio de Hacienda, y donde se publican en paralelo a la web del Senado, solo aparecían los tres contratos antes mencionados.

El incumplimiento no es de ahora ni se ciñe al final del ejercicio. La ley señala que las instituciones regidas por las normas de contratación pública deben ofrecer este tipo de información cada trimestre. Así lo hacen otros organismos similares, como el Congreso o el Ayuntamiento de Madrid, por poner dos ejemplos. Es decir, el Senado faltó a la norma desde la pasada primavera.

La gestión administrativa del Senado depende de la Secretaría General que comanda la letrada mayor, Sara Sieira. elDiario.es se puso este viernes en contacto con la Cámara Alta para preguntar por el motivo de la ausencia de los contratos, y desde la recién creada Dirección de Comunicación explicaron que se debía a un “problema técnico” que ya estaba en vías de solución después de “semanas” trabajando de forma “intensa”.

Las mismas fuentes aseguraron que el “volcado” de la información estaría reactivado de forma inminente, y que la no publicación en tiempo y forma de los contratos no implica que no se hayan seguido los trámites administrativos internos precisos. Los contratos, señalan, han sido aprobados por la Mesa de la Cámara. Horas después de estas explicaciones, la documentación sobre los contratos estaba colgada en la web.

Publicación trimestral y de oficio

Los contratos menores, según la legislación, son aquellos con un “valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios”. La característica principal de estos contratos es que pueden adjudicarse de forma directa y sin un proceso de licitación como tal. Se pueden pedir diferentes ofertas para cada uno de ellos, y así lo establecen las normas internas de muchos organismos públicos. Pero no es obligatorio. El órgano contratante puede decidir directamente.

Lo que sí exigen las leyes españolas sobre contratación pública y transparencia es que se les dé publicidad posteriormente. La normativa es muy clara al respecto: el artículo 63 de la ley de Contratos del Sector Público exige la publicidad de licitaciones, adjudicaciones y modificados de estos acuerdos. “Los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de Internet su perfil de contratante, como elemento que agrupa la información y documentos relativos a su actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos”, afirma en su apartado primero.

Esta información deberá estar disponible “durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años”. La norma establece que el portal deberá incluir “cualesquiera datos y documentos referentes a la actividad contractual de los órganos de contratación” y, en concreto, “la información particular relativa a los contratos que celebre”.

La misma ley establece que los contratos menores deberán publicarse “al menos trimestralmente” y, expresamente, reclama que se informe de “su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el IVA, y la identidad del adjudicatario”.

Pero no solo la ley de contratos exige su publicidad activa. También la de Transparencia, que en su artículo 8 indica que “deberán hacer pública” de forma automática, sin que nadie lo solicite, “todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de la licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato”.

Y marca un plazo muy concreto para los acuerdos de menor cuantía y que, por tanto, están sujetos a menor control previo: “La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente”.

Los contratos de 2024

La página web del Senado sí recoge la relación de contratos menores adjudicados durante el año 2024, que ascienden a 544. Durante ese ejercicio, la Cámara Alta destinó un millón de euros a la contratación menor, de acuerdo a la información publicada. Estas adjudicaciones se distribuyen en tres grandes categorías: obras, que incluye la conservación y reparación de los edificios del Palacio del Senado y sus ampliaciones; servicios, que abarca desde las suscripciones a medios a la reparación de los vehículos oficiales; y suministros, que engloba la compra de libros para la biblioteca de la Cámara o la adquisición de ordenadores.

Los importes varían significativamente según la naturaleza del contrato. La relación de adjudicaciones del año pasado muestra que hay gastos muy reducidos, como la reparación de un pinchazo de una motocicleta oficial, que tuvo un coste de 72 euros (IVA incluido) o las suscripciones a medios digitales por un importe de entre 40 y 60 euros.

Entre los contratos de mayor cuantía —que son los que se aproximan al límite legal— figura el suministro de combustible para los vehículos oficiales (14.999 euros) o un servicio de asesoría para un proceso de selección a un puesto de trabajo que fue adjudicado a la ONG Plena Inclusión Madrid por el mismo importe. También una cuantía muy cercana al límite legal tuvo el contrato de adquisición de 89 monitores de ordenador a la empresa Solitium SL.

El Senado también destinó el año pasado partidas específicas a suministros comerciales, como los 10.490 euros que invirtió en comprar 356 corbatas de seda para la tienda del Senado o los 13.490 que gastó en comprar “300 pañuelos en twill de seda 100% natural, con motivos del artesonado del Antiguo Salón de Sesiones del Senado”. La Cámara Alta también gastó 2.000 euros en el montaje y alquiler de un belén navideño, un trabajo adjudicado a la Asociación de Belenistas de Madrid.

Gürtel, donde una trama de empresas amañaba contratos públicos a cambio de sobornos a políticos del PP y la financiación ilegal del partido. El Caso Palau, con su desvío sistemático de comisiones ilegales hacia Convergència Democràtica de Catalunya. Púnica y su red de adjudicaciones amañadas en contratos de energía, servicios municipales y obras en Madrid, Murcia y Castilla y León. El caso Nóos de Iñaki Urdangarin y Diego Torres, el Caso Taula del PP de Valencia, el Caso Lezo y su saqueo del Canal de Isabel II de Madrid con adjudicaciones con sobreprecios y desvíos a paraísos fiscales.

Y ahora, el Caso Koldo, en el que se investiga el supuesto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia y la presunta corrupción en las licitaciones del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos, en prisión preventiva desde hace unos días. La contratación pública, que supone una parte muy relevante del PIB español, es uno de los focos de corrupción en el país, pero es una escena del crimen a la que los investigadores llegan cuando el mal ya está hecho.

El sistema actual es reactivo: se investiga cuando el delito ya se ha consumado, el dinero ha desaparecido y alguien ha decidido denunciar. Hay controles formales, pero no consiguen detectar los indicios que se dan en casi todos los casos antes de que estos se consumen, como el troceo sistemático de contratos para evitar controles, las sociedades pantalla para inflar precios o desviar fondos, las comisiones ilegales o el foco en los contratos de servicios esenciales y obra pública.

Pero, ¿y si en lugar de un forense que llega a la escena del crimen, hubiera un sistema de alarma que se disparara al detectar esos patrones? Esa es la premisa sobre la que trabaja la startup española Tendios. En un momento en el que la inteligencia artificial suele acaparar titulares por su capacidad para generar desinformación o alimentar burbujas financieras, esta compañía propone utilizar las capacidades de estos algoritmos para analizar los cajones donde se guardan los desfalcos contra la administración pública.

El algoritmo que no duerme

“Nuestra propuesta es pasar a la prevención”, explica Xavi Creus, fundador de la compañía. Tendios, con sede central en Barcelona y unos 40 trabajadores, ya trabaja con un centenar de instituciones públicas, incluido el Gobierno de Asturias. Actualmente, su negocio se centra en agilizar el proceso de contratación pública con inteligencia artificial. Tanto para las instituciones, ayudando con el proceso de creación de licitaciones desde cero evitando irregularidades; como para las empresas, gestionando la burocracia necesaria, automatizando tareas repetitivas al presentarse a los concursos y haciéndolos más accesibles para empresas pequeñas.

Sin embargo, la startup quiere dar una vuelta de tuerca más este enero con “Vera” (de veracidad): una herramienta que se basará en el análisis de datos con inteligencia artificial para escanear los procesos de licitación en busca de señales sospechosas.

Esos indicios serán los tipificados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su Guía a los Órganos de Contratación para la remisión de indicios, publicada en 2024, cuando este organismo pidió “colaboración” a los funcionarios para detectar estas prácticas. El objetivo de Vera es desplegar un “perro guardián” digital que no se cansa, no tiene amigos políticos y no acepta sobres.

La mecánica detrás de esta vigilancia se divide en dos fases críticas: la validación previa y la comparación posterior. En una primera instancia, los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural analizan la redacción de los pliegos administrativos para detectar barreras de entrada artificiales, como requisitos técnicos tan específicos que solo una empresa podría cumplirlos (los conocidos trajes a medida). Posteriormente, una vez recibidas las propuestas, el sistema cruza la información de todos los licitadores buscando anomalías estadísticas muy difíciles de detectar para un humano, como patrones de precios coordinados o errores idénticos en la documentación de compañías supuestamente rivales.

“Será una IA que estará 24/7 comprobando todo lo que se publica”, detalla Creus: “Se trata de utilizar la potencia de la IA para identificar patrones de forma automática que nos puedan indicar si ha habido prácticas anómalas en el proceso de licitación”. Donde un ojo humano puede tardar días en revisar expedientes, esta tecnología puede detectar patrones anómalos en segundos: un número sospechosamente bajo de licitadores, ofertas que no tienen coherencia económica o similitudes estructurales entre propuestas de empresas supuestamente rivales.

Vigilancia automática frente al retroceso institucional

Según el último Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, la puntuación de España ha descendido hasta los 56 puntos sobre 100, lo que representa una caída de cuatro puntos respecto al año anterior. Este retroceso ha tenido un impacto directo en la posición de España en el ranking global, donde ha perdido diez plazas hasta situarse en el puesto 46 de 180, por detrás de la mayoría de países europeos y otros como Ruanda o Cabo Verde.

“La contratación pública continúa siendo un punto crítico debido a lagunas en la legislación, escasa aplicación de las normativas y falta de recursos”, destaca el informe. Transparencia Internacional atribuye este descenso a una combinación de estancamiento en las reformas a nivel nacional y a un preocupante desmantelamiento de las estructuras de control en ciertas administraciones autonómicas.

No obstante, “Vera” no operará en el vacío. Las administraciones también han puesto en marcha sus propios proyectos piloto para detectar la corrupción de manera automatizada. La propia CNMC está desarrollando el Proyecto BRAVA (Bid Rigging Algorithm for Vigilance in Antitrust), una herramienta que emplea ciencia de datos para cribar las bases de licitaciones y detectar indicios de colusión o formación de cárteles con IA.

En una línea similar opera el sistema MINERVA, impulsado por la Agencia Tributaria. Integrado en la gestión de los Fondos Europeos del Plan de Recuperación, se enfoca específicamente en el cruce de datos para identificar conflictos de interés, analizando las relaciones societarias o familiares entre los decisores públicos y los titulares reales de las empresas adjudicatarias. A nivel autonómico también existen precedentes, como el sistema de alertas tempranas SALER de la Generalitat Valenciana, diseñado para prevenir riesgos administrativos y patrimoniales.

La principal diferencia que plantea la propuesta de la empresa privada respecto a estas herramientas institucionales radica en la accesibilidad de los datos. Mientras que sistemas como BRAVA o MINERVA funcionan como mecanismos de control interno al servicio de la propia administración, herramientas como la de Tendios busca abrir esa capacidad de fiscalización a terceros. El planteamiento es que la vigilancia no se limite a los organismos reguladores, sino que actores externos, desde medios de comunicación hasta la sociedad civil, puedan contar con alertas tecnológicas que señalen posibles irregularidades en tiempo real.

“Yo me imagino que de aquí a cinco años cualquier institución pública, ojalá que por ley, deba comprobar todo con IA sí o sí, para tener ese perro guardián, algo que ahora es imposible con personas”, pide Xavi Creus.

La promesa de la eficiencia frente al caos de los datos

Organismos como el Banco Mundial ya han pilotado sistemas similares a nivel internacional, como la plataforma GRAS en Brasil, que demostró ser capaz de cruzar bases de datos de contratación con registros electorales y de nóminas para detectar fraudes complejos.

No obstante, estas experiencias también han elevado dudas sobre el potencial de estos sistemas: sin el compromiso adecuado, no es demasiado difícil cegar a la IA. La Open Contracting Partnership, organización referente en la estandarización de datos abiertos, advierte de que la principal barrera para estas IA no es el código, sino la información que ingieren. Si las administraciones publican sus concursos con datos incompletos, erróneos o en formatos no reutilizables (un problema crónico hasta ahora en la administración española), se multiplica la posibilidad de que los algoritmos tengan falsos positivos o incluso pasen por alto el fraude real.

Además, existe el riesgo de la fatiga judicial. El centro de recursos anticorrupción U4 ha documentado casos donde, tras el éxito inicial de bots de fiscalización que detectaban miles de irregularidades, el impacto real se diluyó porque la fiscalía y los juzgados carecían de capacidad humana para procesar el torrente de alertas automáticas. La IA puede señalar elementos sospechosos a velocidad sobrehumana, pero investigarlos sigue requiriendo de los mismos recursos judiciales y administrativos.

El grupo municipal Valladolid Toma la Palabra ha reclamado este miércoles “transparencia total” en la gestión de los contratos que el equipo de gobierno del Ayuntamiento mantiene con distintos medios de comunicación. La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha alertado sobre “adjudicaciones directas a medios supuestamente franquiciados a nivel nacional y gestionados a través de un excargo del PP en la provincia”.

Anguita ha explicado que el grupo municipal ha tenido conocimiento por la prensa -lo publicó elDiario.es- de pagos municipales a “medios ficticios que están difundiendo noticias falsas” y sobre los que “no existe claridad alguna acerca del trabajo de difusión que realmente están realizando para el Ayuntamiento”. “No puede ser que estemos pagando con dinero público a medios cuya existencia, difusión y actividad son más que dudosas. Y menos aún cuando aparecen vinculados a un excargo del Partido Popular en Valladolid”.

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra ha insistido en que todos los contratos menores relacionados con comunicación institucional deben someterse a control y supervisión para garantizar que cumplen el objeto para el que se adjudican: “Estos contratos deben ser absolutamente transparentes. No podemos consentir que el Partido Popular adjudique contratos a dedo a miembros de su propio partido y a medios que no tienen actividad acreditada”.

VTLP informa de que solicitará formalmente información detallada sobre estas adjudicaciones y reclamará al equipo de gobierno mecanismos de control que aseguren el correcto uso de los recursos públicos.

Una sola empresa ha recibido desde hace casi una década un total de 4,7 millones de euros en 1.641 contratos menores para pintar y llevar a cabo pequeñas reparaciones en el Hospital Ramón y Cajal. Se trata de Pinturas Rosell SL, propiedad de Miguel González, un pintor vallecano de 71 años.

Miguel ha saltado a la fama este fin de semana a través de un tuit viral de Óscar Hernández, un experto en datos que investiga en su tiempo libre la sanidad madrileña. En la publicación informaba de que una empresa de pinturas registrada en Puente de Vallecas había ganado 1.182 contratos con el Ramón y Cajal. Lo cierto es que la cifra asciende a 1.641 contratos menores adjudicados a dedo desde 2016, tal y como ha podido confirmar El País.

Los encargos incluyen trabajos como repaso de goteras, pintado de aseos por averías de agua o pintura de laboratorios, consultas y habitaciones de planta. Solo en diez días de julio de 2021, Miguel González recibió a dedo 59 contratos menores para “pintura y entelado varias zonas del hospital” por un valor conjunto de 62.668 euros. Esta misma práctica lleva repitiéndose a lo largo del tiempo desde hace nueve años.

Según la información publicada por El País, la empresa fue fundada hace 50 años como Pinturas Miguel González y desde ese momento empezó a trabajar para grandes clientes como el Museo del Prado, la Expo 92 o el padre del Rey Emérito. De la misma forma, González confirma que su relación con el hospital comenzó hace más de treinta años, aunque solo es posible conocer los datos desde 2016. Por tanto, el número de contratos con el hospital es mucho mayor. También la cifra monetaria, que hasta donde se puede saber asciende a 4,7 millones de euros.

En declaraciones a El País, González considera que no hay nada malo. Sin embargo, expertos en contratación advierten de que se trata de un problema sistémico. Los contratos menores deberían ser la excepción, pero el fraccionamiento de trabajos para eludir la obligación de sacar concursos públicos podría constituir un fraude de ley. Organizaciones como Transparencia Internacional y Audita Sanidad alertan de la falta de supervisión y de la magnitud del problema. Según Audita Sanidad, los contratos menores suponen el 99,4% de los adjudicados por la Consejería de Sanidad de Madrid, unos 400.000 contratos que suman entre 800 y 900 millones de euros.

Aunque se traten de acciones menores, otros hospitales madrileños sí sacan a concurso la conservación de la pintura. Por ejemplo, el Hospital Clínico San Carlos lo licita durante dos años a cambio de 452.797 euros. De hecho, de esta forma se produjo el primer contacto de González con el Ramón y Cajal. Consiguió una licitación pública en los años noventa. Posteriormente, durante la pandemia, también ganó otro concurso público de más de un millón de euros.

Las anomalías e irregularidades se acumulan en la Junta Municipal de Hortaleza, presidida por David Pérez, controvertido concejal del Ayuntamiento de Madrid. El auditorio al aire libre Pilar García Peña, sede de varios conciertos y actividades municipales que incluyen dos actuaciones con decenas de menores en un coro infantil, nunca cerró la contratación para la cobertura técnica o de seguridad en varios de los actos que ha acogido a lo largo del último año y medio con la fórmula originalmente diseñada para ello. Esto es, a través de una licitación pública en la cual el lote que incluía estas tareas quedó desierto por falta de concurrencia. Tampoco consta que el organismo distrital lanzara luego contratos menores para cubrir la asistencia de eventos específicos.

Las labores de sonorización de la orquesta sinfónica y servicios auxiliares, algunos tan básicos como la seguridad o el control de aforo, “no disponían de respaldo contractual” según fuentes cercanas a la Junta de Hortaleza. El lote que incluía esas tareas quedó desierto cuando el exalcalde de Alcorcón y su equipo lanzaron la licitación. Da cuenta de ello el acta de la mesa de contratación del 10 de octubre de 2023 del acuerdo para las labores de programación, ejecución y asistencia técnica de las actividades culturales de Hortaleza, al que ha tenido acceso Somos Madrid.

En él se detalla cómo sí hay tres empresas concurrentes (una de ellas finalmente adjudicataria) del lote 1, correspondiente a las actividades culturales en el distrito que se desarrollan en los centros culturales Hortaleza, Federico Chueca, Carril del Conde y Silo de Hortaleza. Por contra, el lote 2 resultó desierto al no presentarse ofertas para la “asistencia técnica en el auditorio Pilar García Peña y otros espacios del distrito sin dotación técnica adecuada”.

Las particularidades del lote no asignado deja dudas sobre la contratación del personal de asistencia y seguridad

Este escrito admite así la incapacidad del personal de la Junta y de sus equipamientos para afrontar la celebración de acontecimientos sobre este escenario con capacidad para 1.500 personas. Al menos en los casos donde el equipo de Pérez asume la propia organización de las actividades. “El lote 1 habilita para contratar a un técnico de sonido, pero el resto del personal que controla el aforo o los equipos técnicos son ya parte de los centros culturales. El auditorio no tiene esa dotación ténica ni humana. ¿Cómo han contratado y pagado entonces al personal de seguridad de esos eventos?”, exponen a este medio fuentes próximas a la Junta de Hortaleza.

Profundiza en esta cuestión el pliego de prescripciones técnicas, documento que insiste de nuevo en cómo el lote desierto se dirigía específicamente a un pequeño grupo de eventos a celebrar en el auditorio: “Con carácter orientativo, se estima que las prestaciones objeto del contrato se destinarán a un total aproximado de 616 actividades culturales, de las que aproximadamente 613 se celebrarán en los espacios relacionados en el lote 1 y 3 corresponderán a actividades en el auditorio Pilar García Peña y otros espacios del Distrito del lote 2”. Todos ellos, recoge el documento, “requerirán la provisión por parte de la adjudicataria de grandes equipamientos, tales como escenarios tipo layher [andamios], grandes instalaciones de sonido e iluminación o camerinos”.

El Gobierno de Almeida obvia que el auditorio se desgajó en un lote no asignado y afirma que el contrato “cubre la prestación integral”

La redacción evidencia la diferencia que la propia Junta de Hortaleza establece entre ambos lotes y cómo el segundo (nunca adjudicado) se dirige específicamente al auditorio y a la cobertura técnica especializada que precisa. Sin embargo, desde el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida argumentan en respuesta a las consultas de este periódico que la concesión del otro lote permite atender los eventos del gran recinto al aire libre: “El lote 1 del contrato de servicios para la Programación, Ejecución y Asistencia Técnica de las Actividades Culturales del Distrito de Hortaleza cubre la prestación integral de los servicios de programación, organización, desarrollo y asistencia técnica de las actividades culturales del distrito, incluyendo el manejo de equipos de iluminación, sonido y audiovisuales, así como el montaje y desmontaje de los medios necesarios y servicios auxiliares”.

“Este contrato contempla expresamente la realización de actividades como espectáculos infantiles, musicales o teatrales en diversos espacios del distrito, incluido el auditorio Pilar García Peña. Asimismo, incluye un seguro de responsabilidad civil que da cobertura a todos los eventos celebrados en el marco del mismo, garantizando así las condiciones exigibles desde el punto de vista de seguridad jurídica y operativa”, aseguran. El contrato recoge todo esto, sí, pero separa al auditorio de otros centros del distrito y lo circunscribe a un lote específico que no asumió empresa alguna.

Un matiz que no consideran en el Ejecutivo de Almeida cuando sostienen que “todos los eventos celebrados en el auditorio han estado correctamente amparados por el contrato en vigor, cuyo plazo de ejecución finaliza el 9 de enero de 2026 y su prórroga está en proceso de tramitación”. Apostillan después que “el lote 2 venía a reforzar el 1, pero al no salir se mantienen las bolsas de horas y actividades del 1 para poder seguir con la actividad también en ese espacio”. No obstante, es el propio pliego de prescripciones técnicas el que especifica cómo actividades culturales del auditorio se ejecutarán a través del lote 2. Las bases cifran en tres el número de actividades, la misma cantidad de eventos de cuya organización era responsable directa la Junta de Hortaleza que se han celebrado en el recinto desde la fracasada licitación. En cuanto a las necesidades de personal que cubría el segundo lote y no el primero, sostienen que “la Junta Municipal dispone de un contrato de seguridad que abarca todos los espacios bajo su gestión”.

Así, Pérez y su personal de confianza consideraron que la fórmula más adecuada era un concurso que englobase en un solo contrato la cobertura técnica y de seguridad en todos los eventos del auditorio Pilar García Peña impulsados desde el órgano distrital. También que lo harían a través de un lote específico, con una adjudicación paralela e independiente a la de otros centros culturales del distrito. Fuentes cercanas a la Junta Municipal sostienen que “no han utilizado tampoco la figura del contrato menor, aunque podían haberlo hecho [pertinente en este contexto por la baja cifra de actos]”. La respuesta municipal descarta implícitamente esta opción al dar por buena la cobertura de las actividades en el auditorio solo con el lote 1.

Una licitación fracasada, un empeño por evitar los contratos menores y acusaciones de “violencia administrativa”

Una de estas fuentes, ex empleada del ente distrital presidido por Pérez que prefiere no dar su nombre por temor a represalias, corrobora que se trata de un espacio sin dotación técnica de iluminación y sonido, ni personal especializado para los eventos que allí se celebran. Por ello es necesaria la contratación de ese servicio de asistencia técnica para poder llevarlos a cabo, encargándose de proveer tanto los equipos técnicos como el personal necesario.

Afirma además que esa contratación nunca sucedió, tampoco después del fracaso de la licitación: “Hortaleza no contaba en ese momento (ni consta que cuente actualmente) con contrato para la cobertura técnica en ese espacio. La única excepción está en las Fiestas de la Primavera [festejos tradicionales del distrito], que son un evento aparte”, traslada. El propio Consistorio reconoce la particularidad de esa cita, donde la regularización de la cobertura sí está fuera de toda duda, al indicar que “parte de las actividades desarrolladas en el auditorio han sido realizadas en el marco de las Fiestas de la Primavera a través del contrato 300/2025/01319 que incluye cachés, asistencia técnica y seguro”.

Otra persona cercana a la Junta de Hortaleza va más allá acerca de las anomalías contractuales: “Desde la Junta nos han venido a decir que han pagado actividades correspondientes al lote 2 a través del 1, algo manifiestamente irregular. Es algo que no puede ser, tenías otro lote para ello con características distintas (los eventos del lote 1 no requieren que vaya un técnico externo). Hemos requerido la factura y nunca nos ha llegado”. Remarca además que “una máxima del distrito de Hortaleza desde la llegada de Pérez es no hacer contratos menores”. Dice que “se han propuesto acabar la legislatura sin ellos al considerarlo una herramienta chunga”.

Ni se ha vuelto a licitar, ni hay otro contrato menor, ni expediente de convalidación de gasto, ni encontramos la factura que debería haberse generado. Es una irregularidad más de las que Almeida alienta en el distrito de Hortaleza, donde se ha instalado la arbitrariedad frente a toda disidencia

Miguel Montejo, concejal de Más Madrid de Hortaleza y portavoz de la formación en la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación, arremete contra el exregidor de Alcorcón ante esta nueva revelación: “En el cortijo de David Pérez todo parece posible. El auditorio ha acogido eventos sin que exista un contrato en vigor para la cobertura técnica y de seguridad, porque su licitación quedó desierta. Ni se ha vuelto a licitar, ni hay otro contrato menor, ni expediente de convalidación de gasto, ni encontramos en el expediente la factura que tendría que haberse generado. Pero no es magia, es una irregularidad más de las que Almeida está alentando en el distrito de Hortaleza, donde se ha instalado la arbitrariedad de la ley del embudo frente a toda disidencia”.

Montejo habla de “sectarismo ideológico e institucional que excluye de su acción de gobierno a la mitad de la población, con particular saña sobre el tejido vecinal y asociativo al que somete a una violencia administrativa refinada a lo largo de los muchísimos años que lleva Pérez en política”. Reprocha también el “autoritarismo que demuestra en el día a día de la Junta, con los funcionarios o en los plenos con la oposición”. Todo ello son, dice, “ejemplos de una gestión opaca que cada vez huele peor”.

Los eventos del auditorio: dos homenajes al mejor alumnado de Hortaleza, coro infantil y Día Europeo de la Música

Los actos celebrados en el auditorio después de que no se cerrara la cobertura técnica y de seguridad recogida en la licitación original han sido ampliamente difundidos y anunciados por la Junta Municipal de Hortaleza y por todo el Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida. Es el caso de la jornada de reconocimiento de la excelencia escolar en el distrito, que en su 11ª y su 12ª edición se llevó a cabo en el citado recinto, el 17 de junio de 2024 y en la misma fecha de 2025.

Al estrado del auditorio subieron en ambas ocasiones 70 menores, estudiantes de 6º de primaria procedentes de 35 centros de Hortaleza, a quienes el concejal presidente de Hortaleza y exconsejero (primero de Vivienda y luego de Transportes) en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso deseó “una trayectoria académica brillante y repleta de éxitos”. También 17 y 9 profesores, respectivamente en cada una de las ediciones, que terminaban su carrera docente. A ellos hay que sumar decenas de niños y niñas del Coro Escolar de Hortaleza, cuya actuación sobre las tablas del auditorio coronó la cita tanto este año como el pasado.

En las fotografías de esas jornadas se observa cómo se han instalado elementos y equipos de los que no dispone el distrito: una lona trasera para el evento, instalada en el escenario detrás el coro; amplificadores; micrófonos; altavoces y carpa para técnico de sonido, así como canaletas protectoras de cableado en el suelo. Todo ello requeriría la preceptiva adjudicación de la Junta Municipal a una empresa encargada de colocar y comprobar estos elementos, una de las funciones comprendidas en ese contrato cuya licitación quedó desierta.

El auditorio Pilar García Peña ha albergado igualmente la gran cita musical organizada por la Junta Municipal de Hortaleza con motivo del Día Europea de la Música, el 21 de junio de 2024. En la página 20 del folleto correspondiente a la programación del distrito ese mes se detalla lo siguiente: “Coincidiendo con el solsticio de verano, Europa celebra el Día Europeo de la Música, una jornada dedicada a la reivindicación y promoción de la música como lenguaje universal de la humanidad. En Hortaleza lo celebramos con el concierto de la ATLÁNTIDA CHAMBER ORCHESTRA a las 22.00 en el Auditorio PILAR GARCÍA PEÑA”. Imágenes como la siguiente acreditan su ejecución.

No todos los eventos celebrados en el auditorio tienen un respaldo contractual cuestionado. Además de las mencionadas Fiestas de la Primavera, se han producido actuaciones impulsadas desde otros departamentos del Ayuntamiento de Madrid. Entre ellas está el espectáculo homenaje a Celia Cruz Celia Vive, incluido en el programa de los Veranos de la Villa 2025 (una iniciativa del área de Cultura). También otras con promotores privados que se hacen cargo de las labores técnicas o de control de foro. Así lo expresan desde el propio Gobierno municipal: “El auditorio se utiliza ocasionalmente mediante cesiones a particulares o entidades sin coste para el Ayuntamiento, siendo en esos casos el cesionario el responsable de asumir el seguro y demás requerimientos, según lo establecido en la normativa vigente”.

Las polémicas contrataciones de David Pérez: la cabalgata de Reyes y la ayuda a una asociación que incumplía las bases

El caso del auditorio se suma a otras controversias de un edil calificado como aguafiestas por parte de asociaciones críticas que hablan de “boicot” a su actividad. Diversas entidades vecinales del distrito han denunciado en los medios o a través de protestas públicas la “asfixia económica y burocrática” a la que dicen estar sometidas desde que Almeida colocó a Pérez al frente de la Junta Municipal, después de las elecciones municipales de mayo de 2023. Todo ello, unido a la cancelación de eventos con raigambre en el barrio a pocos días de su celebración por supuestos incumplimientos de los permisos (algo que no ha pesado en contrataciones de la Junta), le ha valido ese sobrenombre.

En las últimas jornadas han trascendido dos nuevas polémicas. De un lado, la Junta de Hortaleza concedió una ayuda de 3.100 euros a una entidad, la Asociación de Vecinos Cárcavas San Antonio, incumpliendo las bases del procedimiento. La convocatoria pública de Subvenciones de Fomento del Asociacionismo para la anualidad 2024, lanzada desde la propia Junta distrital y publicada el 20 de mayo de 2024 en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), establece en su artículo 5.2 que “el importe total de cada proyecto presentado, impuestos incluidos, no podrá ser superior a 6.000 euros, por lo que serán desestimados aquellos proyectos cuyo presupuesto supere dicho importe”.

En una solicitud a esas ayudas elevada el 18 de junio de 2024, Cárcavas San Antonio presentó un proyecto con un presupuesto de 12.000 euros. Apenas unas horas más tarde, dirigió una segunda solicitud en la que reducía la cantidad a 8.000 euros. En ambos casos, a tenor de las bases y de que no hubo más intentos de subsanación antes de que el plazo expirara, la propuesta debió ser rechazada al superar el límite de 6.000 euros.

Mientras tanto, gran parte del tejido vecinal alerta de modificaciones en las bases de ayudas o adjudicaciones de casetas en las fiestas distritales, para entorpecer las fuentes de financiación de entidades críticas con la labor del concejal presidente. Es el caso de La Expansión de San Lorenzo (que apena recibió 636 euros en la convocatoria de ayudas donde se cerró esta subvención irregular) o Radio Enlace (que se quedó sin retribución alguna “por haberse agotado el crédito presupuestario” según la resolución), dos organizaciones que han hablado de “boicot” por parte de Pérez.

Por otro lado, el organismo que preside Pérez incumplió los requisitos de su propia convocatoria contra el criterio de la interventora delegada para adjudicar un contrato por valor de 10.500 euros. El objeto de este era la celebración de la última cabalgata de Reyes de Sanchinarro, zona residencial del barrio de Valdefuentes. El pliego que establecía las bases recogía en su cláusula 14 que las empresas beneficiarias debían cumplir un requisito indispensable. Se trata de la inscripción o solicitud en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolece). Una condición que debían satisfacer ya antes del inicio del proceso. Sin embargo, la agraciada con el lote 1 fue la compañía Eventos Innovate Altea, que no figuraba en dicho registro en el momento de presentar su candidatura, pese a señalar que sí en la presentación de su oferta.

Nueva irregularidad en adjudicaciones de la Junta Municipal de Hortaleza, liderada por el controvertido concejal David Pérez. Este organismo concedió una ayuda de 3.100 euros a una entidad, la Asociación de Vecinos Cárcavas San Antonio, incumpliendo las bases del procedimiento.

La convocatoria pública de Subvenciones de Fomento del Asociacionismo para la anualidad 2024, lanzada desde la propia Junta distrital y publicada el 20 de mayo de 2024 en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), establece en su artículo 5.2 que “el importe total de cada proyecto presentado, impuestos incluidos, no podrá ser superior a 6.000 euros, por lo que serán desestimados aquellos proyectos cuyo presupuesto supere dicho importe”.

En una solicitud a esas ayudas de la Junta Municipal de Hortaleza elevada el 18 de junio de 2024, Cárcavas San Antonio presentó un proyecto con un presupuesto de 12.000 euros. Apenas unas horas más tarde, dirigió una segunda solicitud en la que reducía la cantidad a 8.000 euros. En ambos casos, a tenor de las bases y de que no hubo más intentos de subsanación antes de que el plazo expirara, la propuesta debió ser rechazada al superar el límite de 6.000 euros. Sin embargo, esto no sucedió y la agrupación recibió una subvención de 3.100 euros, la cifra a la que aspiraba y que es además la máxima financiación por entidad que las bases permitían.

Así queda recogido en el decreto de concesión de ayudas y desestimación de solicitudes para el Fomento del Asociacionismo, rubricado por David Pérez y publicado en el BOAM el 20 de diciembre de 2024. El documento, al que ha tenido acceso Somos Madrid, indica que el proyecto presentado por la asociación vecinal y agraciado con los 3.100 euros es la “celebración de Fiestas Patronales del Barrio Cárcavas San Antonio”. Además, manifiesta cómo otra entidad sí fue descartada por presentar un proyecto presupuestado en más de 6.000 euros, la Asociación Cultural Legado Arturo Soria.

Fuentes cercanas a la Junta Municipal de Hortaleza confirman que el error de la entidad beneficiada al presentar un proyecto con presupuesto mayor a 6.000 euros “no era subsanable y no cabía reformulación”. Explican que “la resolución de concesión de estas subvenciones, así como el procedimiento que se ha seguido hasta ella, es contraria a lo establecido en sus bases”. Apuntan cómo “esto afectaría directamente a los miembros efectivos de Comisión de Valoración, al Coordinador del Distrito y al Concejal Presidente del Distrito”.

El Ayuntamiento argumenta que se están “tergiversando datos”

En respuesta a las consultas de este diario, desde el Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida argumentan que “la entidad presentó su solicitud en el modelo oficial, solicitando una subvención por importe de 3.100 euros para un proyecto cuantificado en la memoria en ese mismo importe”. Sin embargo, la documentación consultada por este periódico acredita que esa cifra solo se ajusta a la ayuda que pidió la Asociación de Vecinos Cárcavas San Antonio. Su proyecto no fue presupuesto en 3.100 euros, sino en 12.000 euros (primero) y luego en 8.000 euros (horas más tarde).

“Lo preocupante es que alguien está difundiendo la información de forma malintencionada y, además, tergiversando los datos. En el anexo, el solicitante detalló los costes de la organización de las fiestas del año anterior (2023) por valor de 8.000 euros a modo informativo, no como parte de la memoria del proyecto de 2024”, insisten desde el Consistorio. De nuevo, la documentación consultada por este diario desmiente esta versión: las cifras de 12.000 y 8.000 euros aparecen en el apartado “datos del proyecto para el que se solicita subvención” de las respectivas y consecutivas solicitudes de estas ayudas presentadas por Cárcavas San Antonio.

Fuentes cercanas a la Junta Municipal de Hortaleza cuestionan además los datos proporcionados en la justificación de gastos de la asociación, esto es, la información aportada para acreditar el cumplimiento de las condiciones de la concesión: “Los documentos entran en registro el 24 de marzo, pero están firmados electrónicamente el 1 de abril. Eso quiere decir que claramente los han cambiado por otros. Pero es que incluso así, recogen una cuantía subvencionada de 3.100 euros y otra de 4.900 como propia, con un coste total de 8000 euros”. Desde la Asociación de Vecinos Cárcavas San Antonio no atienden a las preguntas trasladadas por este periódico.

Miguel Montejo, concejal de Más Madrid de Hortaleza, afirma que “el reparto arbitrario de dinero público en contra de lo que establecían las bases de estas subvenciones no hace más que confirmar la concepción clientelar que tiene David Pérez del distrito y las relaciones con el tejido asociativo”. “No gobierna para todos, y censura a quienes le critican. El mismo concejal que persigue cualquier iniciativa vecinal si no le rinde pleitesía no tiene empacho en conceder ayudas en otros casos como este”, añade.

El reparto arbitrario de dinero público en contra de las bases de estas subvenciones confirma la concepción clientelar que tiene David Pérez del distrito y la relación con el tejido asociativo. No gobierna para todos y censura a quienes le critican

Miguel Montejo — Concejal de Más Madrid y portavoz del partido en la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación

“Nos preocupa además la opacidad por la que, en el expediente al que solicitamos acceso, faltan los informes de intervención de las solicitudes de subvenciones. Hemos insistido en verlos y seguimos a la espera, porque hay precedentes de decisiones del concejal contrarias al criterio de la intervención y es de suma gravedad. Y cuando los podamos consultar, valoraremos tomar todas las acciones que estén a nuestro alcance. Hortaleza no es el cortijo de ningún cacique de medio pelo”, concluye Montejo.

Contrataciones cuestionadas y agravio comparativo entre entidades

Antiguos empleados del organismo distrital apuntan que varios de los cargos responsables de este procedimiento, y, por tanto, del error, han sido colocados en sus responsabilidades “después de una purga que ha dejado puestos claves de la Junta de Hortaleza a la medida de David Pérez”. Las destituciones y “una estampida de abandonos por un ambiente insoportable” han dejado una plantilla “sin la cualificación correspondiente”, según estos testimonios. Esto -aseguran dos fuentes diferentes que prefieren preservar su anonimato por temor a represalias- “ha mermado todos los servicios, sobre todo algunos tan básicos como contratación, el económico o el de vías públicas”.

Algunos de los nuevos responsables de estos servicios coinciden con integrantes de la mesa de contratación que validaron la resolución para organizar la última cabalgata de Reyes en Sanchinarro, contra el criterio de la interventora delegada y de nuevo saltándose las bases del proceso, que recogían la obligatoriedad de que la compañía adjudicataria estuviese inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Una primera controversia ante la cual el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, salió al paso para defender el “gran trabajo” en Hortaleza del exconsejero de Vivienda y Transportes en el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso: “Cuando a uno le critican determinadas personas o asociaciones significa que lo está haciendo bien. Hay asociaciones y personas que le han puesto en el punto de mira y que le van a criticar haga lo que haga”. El regidor cree que “se ha debido proceder bien porque el trámite ha pasado los procesos administrativos, la tramitación administrativa y los controles que hay en el Ayuntamiento de Madrid”. “Animo a cualquiera que se sienta perjudicado o a quien tenga dudas que lo recurra. Quien aprecie cualquier irregularidad, que no se limite a una denuncia periodística, sino que lo recurra [judicial o administrativamente]. Para eso estamos en un Estado de derecho”, apostillaba el pasado martes.

Entre ellos se encuentra el coordinador del distrito y mano derecha de Pérez, Miguel Ángel López del Pozo, figura con un papel clave en otra importante controversia en Hortaleza también relacionada con el asociacionismo de la zona. Diversas entidades vecinales del distrito han denunciado en los medios o a través de protestas públicas la “asfixia económica y burocrática” a la que dicen estar sometidas desde que Almeida colocó a Pérez al frente de la Junta Municipal, después de las elecciones municipales de mayo de 2023. Todo ello, unido a la cancelación de eventos con raigambre en el barrio a pocos días de su celebración por supuestos incumplimientos de los permisos (algo que no ha pesado en contrataciones de la Junta), ha valido al edil el sobrenombre de concejal aguafiestas.

Sin ayudas a otras asociaciones “por haberse agotado el crédito”

Gran parte del tejido vecinal alerta de modificaciones en las bases de ayudas o adjudicaciones de casetas en las fiestas distritales, para entorpecer las fuentes de financiación de entidades críticas con la labor del concejal presidente. Es el caso de La Expansión de San Lorenzo (que apena recibió 636 euros en la convocatoria de ayudas donde se cerró esta subvención irregular) o Radio Enlace (que se quedó sin retribución alguna “por haberse agotado el crédito presupuestario” según la resolución), dos organizaciones que han hablado de “boicot” por parte de Pérez.

Cuando varias de estas agrupaciones lograron reunirse con López del Pozo, este impidió a los asistentes grabar el encuentro. Esta situación dio pie a un nuevo cuestionamiento de la forma en la que la Junta Municipal aplica la normativa. Las agrupaciones argumentaron que la legislación contempla que esas conversaciones pueden ser registradas, pero el coordinador acabó por levantarse de la mesa y marcharse. Según las entidades presentes el secretario de la Junta, Francisco Javier Velázquez, “se negó a aplicar el reglamento y ciñó su papel a defender que la interpretación de la norma al respecto era ambigua”.

Velázquez es otra de las cabezas visibles de la Junta de Hortaleza aupadas por David Pérez. Es la tercera persona que ocupa ese puesto desde que el exalcalde Alcorcón llegó al distrito en el verano de 2023, después de que destituyera a sus dos predecesores. La posición anterior de Velázquez era la de Jefe del Servicio Jurídico, donde fue uno de los vocales de la mesa de contratación que adjudicó el lote de la cabalgata de Sanchinarro el pasado diciembre.

La Junta Municipal del Distrito de Hortaleza que preside el polémico concejal del Ayuntamiento de Madrid David Pérez incumplió los requisitos de su propia convocatoria para adjudicar un contrato por valor de 10.500 euros. El objeto de este era la celebración de la última cabalgata de Reyes de Sanchinarro, zona residencial del barrio de Valdefuentes.

El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), documento que establecía las bases de la convocatoria que adjudicó el contrato para organizar tanto este evento el 3 de enero como la cabalgata participativa del 6 de enero (otorgada a otra entidad sin que medien presuntas irregularidades), recoge en su cláusula 14 que las empresas beneficiarias debían cumplir un requisito indispensable. Se trata de la inscripción o solicitud en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolece). Una condición que debían satisfacer ya antes del inicio del proceso. Sin embargo, la agraciada con el lote 1 fue la compañía Eventos Innovate Altea, que no figuraba en dicho registro en el momento de presentar su candidatura, pese a señalar que sí en la presentación de su oferta.

“Todos los licitadores que se presenten a licitaciones a través del procedimiento simplificado sumario deberán estar inscritos en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas”, recoge el PCAP. El pliego abre así la puerta a que concurran empresas que hubiesen solicitado el registro sin todavía completarlo, pero siempre antes de presentarse. Además, la adjudicataria indicó que contaba ya con él cuando se inscribió a la licitación.

Esta anomalía debió resultar en dejar el concurso desierto al ser la única compañía concurrente, según fuentes internas de la Junta Municipal de Hortaleza consultadas por este diario. Pero desde el Ayuntamiento optaron por exigir a la compañía la documentación que no presentó de inicio. “Se acuerda requerir al licitador del Lote 1 Eventos Innovate Altea SLU para que aporte la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores o, en caso de no encontrarse inscrito en el correspondiente Registro, haga uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de inscripción”, recoge el acta de la mesa de contratación celebrada el 17 de diciembre de 2024, al que ha tenido acceso Somos Madrid.

Dos días más tarde, un nuevo encuentro de la mesa de contratación validó la documentación enviada por la compañía para cumplir con el requerimiento. Este organismo estaba compuesto por cinco vocales, todos ellos con puestos de responsabilidad en la Junta, junto a la presidencia (que ostentó la por entonces secretaria del distrito) y la secretaria (ejercida por la Jefa de Unidad de Contratación).

De acuerdo a la documentación consultada por este periódico, la situación dio pie a un voto discrepante de una de las cinco vocales que integraban la mesa. Fue el de la interventora del distrito, Aránzazu Ruiz Muguruza, al considerar que la información aportada no eximía a la empresa de incumplir las condiciones recogidas en los pliegos: “Se aprueba la justificación aportada por el licitador respecto al requerimiento efectuado por la mayoría de votos, a excepción del voto de la interventora por considerar que no se cumple la cláusula 14 del PCAP”, recoge el acta.

El acuerdo de la mesa argumenta que “en el procedimiento abierto simplificado sumario la inscripción en el Rolece no es requisito esencial”, exponiendo así que este trámite no es obligatorio en este caso según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. En cambio, la resolución obvia que lo que obliga a cumplir con dicha inscripción es que figura como requisito indispensable en unos pliegos previamente aprobados por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.

La mesa toma en consideración otras justificaciones de Eventos Innovate Altea SLU, como el certificado de solicitud de inscripción en el Rolece (sin aclarar si dicha solicitud es anterior al inicio del proceso de adjudicación) o una relación de trabajos efectuados en 2024 vinculados con el objeto del contrato (otras cabalgatas y actividades similares). Según detalla su web, esta empresa con sede en Paracuellos del Jarama está especializada en el alquiler de carrozas o la celebración de pasacalles y eventos de entretenimiento en diversos festejos tanto populares como familiares, sobre todo de carácter infantil.

Es este punto del acta en el que desde la Junta de Hortaleza valoran la acreditada experiencia de la compañía en organizar actos de este tipo, donde se reconoce la falta cometida por la empresa a la hora de elevar su licitación: “Alega la comisión de un error material al señalar en el sobre único de presentación de la oferta la casilla correspondiente a encontrarse inscrito en el Rolece en lugar de la casilla relativa a la presentación de la solicitud de inscripción”.

El Ayuntamiento de Madrid niega irregularidades y Almeida defiende el “gran trabajo” de Pérez

Fuentes municipales sostienen por contra que “no existe ninguna irregularidad por parte de la Junta Municipal de Hortaleza”, ya que “la empresa adjudicataria presentó su oferta dentro del plazo establecido, y la mesa de contratación realizó una propuesta de adjudicación que, en todo caso, no es definitiva”. Apuntan, eso sí, que “se ha requerido a la empresa documentación adicional para continuar con la tramitación del expediente”. Puntualizan que la empresa no figura inscrita en el Rolece “por ser de reciente creación”. “Según el criterio de la mesa, y conforme a lo establecido en los pliegos, la inscripción en el Rolece no es obligatoria”, aseguran, aunque precisamente esos pliegos apuntan que ese registro si era mandatorio.

Desde el Consistorio matizan que la falta de acreditación en el Rolece “no exime de la obligación de acreditar la solvencia económica y financiera”. Indican que “en este caso, al no estar inscrita (lo que habría supuesto una vía para acreditar dicha solvencia), debe justificar específicamente el cumplimiento del requisito económico exigido para el Lote 3: un volumen anual de negocio de 510.357,66 euros en cada uno de los tres últimos ejercicios concluidos, que es la documentación que ha sido requerida”. Insisten en que “todo lo actuado hasta el momento se ajusta estrictamente a lo previsto en los pliegos de la licitación, en el Informe sobre solvencia, clasificación y condiciones especiales de ejecución (pág. 1), y en la Ley de Contratos del Sector Público”, aunque en lo relativo a los pliegos la lectura de la documentación indica lo contrario.

El alcalde de Madrid también ha defendido al edil en declaraciones a los medios durante un acto este martes: “Cuando a uno le critican determinadas personas o asociaciones significa que lo está haciendo bien y no es que lo esté haciendo mal”, ha aseverado Almeida. “Hay asociaciones y personas que le han puesto en el punto de mira y que le van a criticar haga lo que haga”, opina. Almeida destaca el “gran trabajo” de Pérez en Hortaleza y cree que el exalcalde de Alcorcón y exconsejero (primero de Vivienda y luego de Transportes) en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “ha impulsado Hortaleza y sus nuevos desarrollos, Sanchinarro y la parte de Valdebebas que corresponde al distrito”.

Almeida cree que “se ha debido proceder bien porque el trámite ha pasado los procesos administrativos, la tramitación administrativa y los controles que hay en el Ayuntamiento de Madrid”. “Animo a cualquiera que se sienta perjudicado o a quien tenga dudas que lo recurra. Quien aprecie cualquier irregularidad, que se no se limite a una denuncia periodística, sino que lo recurra [judicial o administrativamente]. Para eso estamos en un Estado de derecho”, apostilla.

Las explicaciones no convencen al concejal de Más Madrid Miguel Montejo, que cuestiona la figura del edil presidente del distrito: “David Pérez tiene un comportamiento de caciquillo sectario. Al mismo tiempo que ejerce tanta violencia administrativa como puede contra todo aquello que le resulta incómodo, especialmente contra el tejido asociativo, le da facilidades a quién le rinden pleitesía o colaboran con sus chiringuitos. Empezamos a ver el alcance de su trato déspota a los empleados públicos o sus malas artes en materia de contratación. Adjudicar un contrato en contra del criterio técnico de la funcionaria que rige la pulcritud del procedimiento, la Interventora Delegada, no es una simple bravuconada más: es de una gravedad extrema y vamos a redoblar toda nuestra observancia y vigilancia sobre cada cacicada”.

Una Junta de Hortaleza “a la medida” de David Pérez

Fuentes de la Junta Municipal consultadas por este periódico afirman que la mayoría de integrantes de la mesa de contratación que llevó a cabo este proceso han sido colocados en sus puestos “después de una purga que ha dejado puestos claves de la Junta de Hortaleza a la medida de David Pérez”. Estaba presidida por María del Rosario Teijeiro Trigo, secretaria del distrito nombrada por Pérez a su llegada al cargo, aunque poco tiempo después destituida porque el edil quería “una persona todavía más leal” de acuerdo a lo que traslada un antiguo empleado.

Miembros de la plantilla de la administración distrital y personas que la han abandonado en los últimos tiempos describían hace meses a este periódico una “campaña de acoso y derribo a los funcionarios incómodos para llevar a cabo una acción pública ideologizada” por parte del exalcalde de Alcorcón. Las destituciones y “una estampida de abandonos por un ambiente insoportable” han dejado una plantilla “sin la cualificación correspondiente”, según estos testimonios. Esto -aseguran dos fuentes diferentes que prefieren preservar su anonimato por temor a represalias- “ha mermado todos los servicios, sobre todo algunos tan básicos como contratación, el económico o el de vías públicas”.

Los problemas con la legislación de estos nuevos funcionarios afines al concejal de Almeida ya se hicieron patentes en una polémica previa, a cuenta de otro gran conflicto de Pérez desde que aterrizó en Hortaleza al comienzo de la legislatura, derivado de su anterior cargo como consejero de Transportes en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: la “asfixia económica y burocrática” que dicen sufrir las asociaciones vecinales críticas. Cuando el tejido social consiguió reunirse con el coordinador del distrito y mano derecha de Pérez, Miguel Ángel López del Pozo, este impidió a los asistentes grabar el encuentro. Las agrupaciones argumentaron que la normativa contempla que esas conversaciones pueden ser registradas, pero López del Pozo acabó por levantarse de la mesa y marcharse.

Según las entidades presentes el secretario de la Junta, Francisco Javier Velázquez, “se negó a aplicar el reglamento y ciñó su papel a defender que la interpretación de la legislación al respecto era ambigua”. Se trata de la tercera persona que ocupa ese puesto desde que Pérez llegó a Hortaleza en el verano de 2023, después de que el exconsejero autonómico destituyera a sus dos predecesores. El puesto anterior de Velázquez era el de Jefe del Servicio Jurídico, posición que le permitió ser uno de los vocales de la mesa de contratación que adjudicó el lote de la cabalgata de Sanchinarro el pasado diciembre.

Además de al Ayuntamiento de Madrid, este periódico ha consultado a Eventos Innovate Altea para conocer sus explicaciones sobre el procedimiento de adjudicación, sin recibir por el momento ninguna respuesta al respecto.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este viernes en las sedes de la empresa Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla con un requerimiento judicial dictado en el marco del caso Ábalos, han informado a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. La orden judicial se ha dictado bajo el secreto de las actuaciones, en el marco de una pieza separada, e incluye la autorización de registrar las sedes. Los registros de este viernes están precedidos de la presentación de un nuevo informe al juez por parte de la UCO dentro de la investigación de irregularidades en la adjudciación de obra pública.

El nombre de la constructora aparece mencionado en seis ocasiones en el auto del juez Leopoldo Puente que envió a la cárcel a Santos Cerdán el pasado julio. El magistrado decía que la obtención de contratos por la constructora de la familia Entrecanales, “actuando en UTE con otras de menor envergadura”, representa el “elocuente denominador común” de la trama.

El hilo conductor del magistrado se completaba en el hecho de que en los casos bajo investigación, Acciona y la otras empresas con las que concurrió formando una UTE nunca presentaron “la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva”, escribió el juez del Tribunal Supremo.

El registro de la compañía en Madrid incluye la búsqueda de información relacionada con Justo Vicente Pelegrini, el responsable de Construcción en España que fue despedido tras aparecer su nombre en la causa judicial. La compañía informó el pasado 16 de junio que despedía a Pelegrini ante “una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección”. Se trataba del directivo del que dependía Fernando Merino, antiguo responsable de la compañía para proyectos en Navarra y La Rioja y que fue despedido en 2021.

A diferencia de Pellegrini, Fernando Merino está imputado en el Tribunal Supremo por canalizar presuntamente mordidas para la trama por varlor de 620.000 euros. Un audio grabado por Koldo García en noviembre de 2023 recoge, según la UCO, una “posible referencia” a Pelegrini cuando el actual ministro de Transportes estaba conformando su equipo: “Santos [Cerdán] ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Justo” (...), “en posible referencia a Justo Vicente Pelegrini, CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África”.

En Sevilla, la personación en Acciona de la UCO está relacionada con la adjudicación de las obras en el Puente del Centenario. El 17 de mayo de 2021, una UTE formada por Acciona, Tecade y Freissynet se hizo con la adjuciación por un importe superior a 86 millones de euros. La UCO ya mencionaba esta adjudicación al intepretar las conversaciones incautadas a Koldo García. En el informe de la Guardia Civil se recogía cómo Santos Cerdán habría intervenido en la adjudicación instando a Koldo García a “cerrar” el asunto de la renovación del puente. Luego, García le diría a Ábalos en otra conversación que Cerdán estaba “obsesionado” con resolver la adjudicación.

El requerimiento de junio

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga esta ramificación del caso Koldo –ya ha enviado al exministro Ábalos al banquillo por supuestos amaños en la compraventa de mascarillas a cambio de beneficios personales– considera que Acciona está en el centro de la trama y ha llegado a interrogar a un exdirectivo. El pasado mes de junio emitió un requerimiento de información a la compañía de la familia Entrecanales para solicitar información.

Ese auto del juez ya apuntaba a varias obras en Logroño, Sevilla, Sant Feliu de Llobregat y Murcia y cómo su supuesta “adjudicación indebida” pudo desembocar en “premios y comisiones” para Koldo García y José Luis Ábalos, aunque algunas de ellas estarían “pendientes de cobro”. Ya en ese momento el magistrado del Supremo optó por requerir la información y no enviar a la UCO a registrar Acciona porque podría ser una medida “invasiva” ya que el exdirectivo bajo sospecha ya no trabaja allí.

El instructor del caso Koldo pidió entonces a Acciona toda la documentación relacionada con ese exdirectivo y su correo corporativo, así como “toda la documentación tanto en formato físico como digital” de cinco obras públicas adjudicadas a Acciona en UTE con otras empresas: dos adjudicadas por la Dirección General de Carreteras y otras tres de ADIF, el gestor público ferroviario.

Registros en Donosti

Los agentes de la UCO también registran dos cooperativas que comparten sede en Donosti. Se trata de Noran y Erkolan. Esta última facturó a Servinabar –la empresa del empresario imputado Antxon Alonso– unos 258.000 euros, según consta en los informes de la Hacienda foral incorporados al sumario del Tribunal Supremo. Noran, la otra cooperativa que compartían Antxon Alonso y Koldo García facturó a Servinabar 2000 más de 700.000 euros. Servinabar conecta estos últimos registros con el de Acciona ya que la pequeña compañía de Antxon Alonso acudía a los concursos en UTE con Acciona. Los investigadores sospechan que la gran constructora habría utilizado a Alonso para ganarse el favor de Cerdán y que este influyera en las adjudicaciones.

En el registor de Servinabar de junio apareció un documento interno que apuntaba a que Cerdán controlaba el 45% de la empresa constructora Servinabar 2000. El ex secretario de Organización del PSOE siempre ha negado que tuviera validez y alegó en sede judicial que fue un proyecto para retirarse de la política en 2015 que nunca se puso en marcha. Servinabar 2000 ha recibido (al menos) siete adjudicaciones del Gobierno de Navarra y de áreas controladas por tres partidos diferentes, PSN, Geroa Bai (PNV y Socialverdes) y Contigo/Zurekin (Podemos, Batzarre, IU y otros). En total, según las estimaciones de este periódico, ha participado en adjudicaciones que suman 86 millones de euros (con IVA 104 millones) principalmente en UTE con Acciona, de los que un 10% corresponden a la compañía navarra, 8,6 millones.

Por otra parte, Servinabar tuvo contratada a la hermana de Cerdán y le pagó unos 22.000 euros. Belén Cerdán trabajó después para la cooperativa Erkolan, una de las dos registradas este viernes en la capital guipuzcoana.

El Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas del Ayuntamiento de València (Aumsa), la empresa pública de vivienda de València, declarará este jueves desierto el concurso para su asesoría financiera al que optó la mercantil que gestiona el hijo de un exconseller del PP. El orden del día propone declarar desierta la licitación de una de las ramas del concurso, la referente a la asistencia técnica y gestión en materia económico-financiera, presupuestaria y contable, que fue recurrida ante el tribunal de recursos contractuales.

Al conjunto de los tres lotes se presentaron una decena de empresas, entre ellas Dula Auditores, que quedó excluida y recurrió ante el tribunal. Aumsa descartó a la mercantil por “no haber aportado servicios realizados de igual o similar naturaleza al objeto del contrato que se licita, cuyos destinatarios sean del sector público, y que superen los importes indicados en los pliegos.”

El representante de la empresa, Eduardo Such, hijo del que fuera conseller de Turismo Diego Such, presentó un recurso que tuvo como medida cautelar paralizar el procedimiento del contrato de asesoría financiera, por valor de 55.000 euros para dos años. La mercantil alegó que el Gobierno valenciano le ha otorgado 24.000 euros en contratos públicos para evitar su exclusión del procedimiento, pero el Tribunal avaló su exclusión rechazando su recurso. No consideró que hubiera actuado de mala fe, por lo que no se interpuso sanción.

El tribunal de recursos contractuales acordó también levantar el procedimiento cautelar y permitir que se siguiera con el proceso. Sin embargo, la siguiente resolución del Consejo de Administración plantea dejar la licitación desierta y cambiar el proceso a un negociado sin publicidad, popularmente conocidos con el término crítico 'a dedo'. En concreto, dice la resolución, se acuerda “iniciar una nueva convocatoria mediante procedimiento negociado, sin la previa publicación de un anuncio de licitación, para la adjudicación del Lote 2 del indicado contrato de servicios”. Argumenta el consistorio que “sí podrá declararse desierta una licitación en la que no exista ninguna oferta o proposición”, como justificación de la medida.

El consell d’administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de l’Ajuntament de València (Aumsa), l’empresa pública d’habitatge de València, declararà dijous desert el concurs per a la seua assessoria financera a què va optar la mercantil que gestiona el fill d’un exconseller del PP. L’ordre del dia proposa declarar deserta la licitació d’una de les branques del concurs, la referent a l’assistència tècnica i gestió en matèria economicofinancera, pressupostària i comptable, que va ser recorreguda davant el tribunal de recursos contractuals.

Al conjunt dels tres lots es van presentar una desena d’empreses, entre les quals Dula Auditores, que va quedar exclosa i va recórrer en contra davant el tribunal. Aumsa va descartar la mercantil per “no haver aportat serveis fets de la mateixa naturalesa o similar a l’objecte del contracte que es licita, els destinataris del qual siguen del sector públic, i que superen els imports indicats en els plecs.”

El representant de l’empresa, Eduardo Such, fill de qui va ser conseller de Turisme Diego Such, va presentar un recurs que va tindre com a mesura cautelar paralitzar el procediment del contracte d’assessoria financera, per valor de 55.000 euros per a dos anys. La mercantil va al·legar que el Govern valencià li ha atorgat 24.000 euros en contractes públics per a evitar la seua exclusió del procediment, però el Tribunal va avalar la seua exclusió rebutjant el seu recurs. No va considerar que haguera actuat de mala fe, per la qual cosa no es va interposar sanció.

El tribunal de recursos contractuals va acordar també alçar el procediment cautelar i permetre que es continuara amb el procés. No obstant això, la resolució següent del consell d’administració planteja deixar la licitació deserta i canviar el procés a un de negociat sense publicitat, popularment coneguts amb el terme crític ‘a dit’. En concret, diu la resolució, s’acorda “iniciar una nova convocatòria mitjançant procediment negociat, sense la publicació prèvia d’un anunci de licitació, per a l’adjudicació del Lot 2 del contracte de serveis indicat”. Argumenta el consistori que “sí que podrà declarar-se deserta una licitació en què no hi haja cap oferta o proposició”, com a justificació de la mesura.

La Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha entregado un informe a la Fiscalía Europea en el que cuestiona dos procesos millonarios de adjudicación de la empresa pública Red.es a Juan Carlos Barrabés, imputado en el caso que el juez Juan Carlos Peinado dirige contra Begoña Gómez desde hace más de un año. Un informe en el que este organismo fiscalizador asegura que en estas adjudicaciones se cometieron irregularidades que beneficiaron a Barrabés de forma ilegal, como por ejemplo tener en cuenta positivamente las cartas que la esposa del presidente del Gobierno y otras empresas y organismos firmaron a su favor, aunque sin atribuir un papel concreto a las misivas de Gómez, motivo por el que fue imputada por Peinado en un primer momento.

Fuentes de Red.es cuestionan algunas de las conclusiones a las que llega el informe, asegurando que ninguna de las 33 auditorías a las que se han sometido desde 2011, entre otras por la propia IGAE, han informado en contra de sus normas de contratación. Los contratos analizados en este informe, destacan estas fuentes, “se ajustaron plenamente a la ley” sin que nadie presentara ningún tipo de recurso.

Juan Carlos Barrabés fue imputado por el juez Peinado por sus relaciones profesionales con Begoña Gómez. La primera denuncia de Manos Limpias, que abrió el proceso judicial, afirmaba que Gómez había usado su “estatus” de esposa de Pedro Sánchez para “recomendar o avalar por carta con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas”. En este caso a Juan Carlos Barrabés, con el que también colaboraba en el ámbito académico: en la cátedra extraordinaria que Gómez tuvo hasta 2024. El juez Peinado llegó a registrar el despacho y la casa de Barrabés mientras este estaba hospitalizado, movimiento anulado posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid.

Parte del caso terminó en manos de la Fiscalía Europea, que reclamó investigar las adjudicaciones de Red.es a Barrabés en dos contratos: la formación en empleo juvenil para la economía digital, donde consiguió dos lotes por 4,7 millones de euros, y un segundo contrato de 3,6 millones para dar cursos de ciberseguridad dentro de un servicio de formación para personas desempleadas. Una de las pocas líneas de investigación avaladas por la Audiencia Provincial y que terminó en manos de la Fiscalía Europea porque parte de esas adjudicaciones habían sido financiadas con fondos comunitarios.

El informe de la Intervención entregado a la Fiscalía Europea apunta a diversas irregularidades en estos procesos de adjudicación por parte de Red.es, empresa que depende del Ministerio para la Transformación Digital, aunque ninguna relacionada directamente con Begoña Gómez. En la línea de otro informe del mismo organismo entregado el pasado verano al juez Peinado en el que señala irregularidades puntuales en cuatro adjudicaciones a Barrabés sin relevancia penal.

La causa contra Begoña Gómez se abrió bajo la acusación de haber favorecido a Barrabés a través de cartas de recomendación o apoyo en estas adjudicaciones públicas, cartas que entregaron varios organismos, incluido el Ayuntamiento de Madrid. La IGAE explica que estas cartas, en su conjunto y no específicamente la de Begoña Gómez, fueron “tenidas en cuenta” para puntuar las ofertas, aunque no sea posible saber “cuántos puntos” significaron, aunque sí beneficiaron a la empresa de Barrabés frente a otras. “Tenerlos en cuenta para puntuar las ofertas en todo caso supone una adulteración de la valoración técnica, que ha beneficiado a algunos licitadores y ha perjudicado a otros”, dice Hacienda. Haber tenido en cuenta estas cartas cuando era algo que no aparecía en los pliegos es “arbitrario”, concluye el informe, ya que se discriminó a algunas empresas aspirantes a los contratos, aumentando de forma “injusta e ilegal” la puntuación, entre otros, de la empresa de Barrabés.

La IGAE, por tanto, considera irregular que Red.es tuviera en cuenta positivamente que las empresas vinculadas a Barrabés y otras aspirantes a los contratos presentaran estas cartas de apoyo, pero no especifica ni que marcaran la diferencia a la hora de adjudicar los contratos ni tampoco diferencia entre la carta que firmó Begoña Gómez y la que firmaron otras empresas u organismos públicos que habían contratado a Barrabés con anterioridad.

Fuentes de la compañía pública desmienten este punto y explican que esas manifestaciones de apoyo “no influyeron” en la puntuación de las diferentes ofertas, tal y como reflejan “los informes técnicos de valoración”. El propio informe, destaca, reconoce que “no es posible determinar” cuántos puntos sumaron las empresas que las presentaron.

“Podría constituir un fraude de ley”

Las críticas más duras del informe de la IGAE no tienen que ver con la relación entre Barrabés y la esposa del presidente del Gobierno, sino con el procedimiento seguido en la empresa pública Red.es para adjudicar los contratos que se llevó y cuantificar los puntos de cada empresa aspirante. El sistema elegido por esta empresa, critica Hacienda, no se correspondía con los pliegos y, además, acarreaba una consecuencia: la valoración de las ofertas tendría que haberla hecho un 'Comité de Expertos' con tres miembros no relacionados con la empresa pública.

“Sin embargo, incumpliendo la Ley, la valoración de los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula fueron valorados por la Mesa de Contratación de RED.ES, que no era competente para efectuar la valoración”, dice el informe. El resultado es un proceso de adjudicación que “podría constituir un fraude de ley mediante el que se ha eludido que la evaluación de los criterios subjetivos fuera realizado por un Comité de Expertos”.

Fuentes de la empresa pública entienden que en ninguno de sus expedientes se ha requerido la existencia de un comité de expertos y que ninguna de las más de 30 auditorías realizadas han expresado esa necesidad. Añaden que han aplicado las mismas normas de contratación a 1.610 expedientes desde 2011 y que estos pliegos y fórmulas de valoración han contado con el visto bueno de la Abogacía del Estado, al menos desde 2018 cuando cambió la normativa del sector público. Estos pliegos y fórmulas, además, no son específicos de los contratos que afectaban a Barrabés, sino que se aplican a todos.

Añade también a la lista de irregularidades que la empresa pública “no ha motivado la elección de las fórmulas elegidas para puntuar las ofertas económicas, y para ponderar las puntuaciones técnicas resultantes de la valoración efectuada por los técnicos”. Apunta igualmente a otro aspecto que benefició irregularmente a las empresas de Barrabés y su UTE: tener en cuenta positivamente que adjuntaran o no los currículos de orientadores y profesores, aunque eso no figurase en los pliegos como algo puntuable. “Dicha inclusión beneficia a determinados licitadores a los que se ha incrementado injusta e ilegalmente su puntuación, en particular” a las empresas relacionadas con Barrabés, mientras “perjudica a otros a los que se les ha reducido injusta e ilegalmente la puntuación”.