David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha recurrido ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que lo condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por su contratación en la Diputación de Badajoz. En el escrito, su letrado, Emilio Cortés, solicita la libre absolución y denuncia que la causa constituye una “investigación prospectiva” originada sin indicios delictivos e impulsada exclusivamente por su vínculo de parentesco con Pedro Sánchez.

La representación legal del músico enfatiza en el recurso que a lo largo de toda la instrucción y el plenario no se ha aportado prueba alguna que acredite más allá de toda duda razonable que David Sánchez participara en el impulso, preparación o tramitación del expediente administrativo que reguló su plaza en la Diputación de Badajoz.

Para la defensa, la atribuida responsabilidad penal responde a motivos extraprocesales: “Las imputaciones a David Sánchez se esconden tras la argumentación judicial, no cabe duda, por el libro de familia de los padres de nuestro mandante; esto es, por la condición de político de su hermano”.

El argumento principal de la apelación se basa en la contradicción en la que, a juicio de la defensa, incurre el propio fallo de primera instancia. La Audiencia Provincial absolvió expresamente a David Sánchez del delito de tráfico de influencias al declarar probado que “no ha quedado acreditado que esta actuación se llevara a cabo por el prevalimiento ejercido por el acusado” ni por servirse de su relación fraterna con el presidente del Gobierno o de su cercanía con el entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.

El abogado explica que, al descartarse el uso de influencias, que es el único argumento que sostenían las siete acusaciones populares, la condena por prevaricación se queda sin móvil, contraviene la presunción de inocencia y quebranta el principio acusatorio al construir un relato condenatorio ajeno a las tesis validadas en el juicio.

El “señuelo” del absentismo desmentido por 4.500 correos y la UCO

El recurso desmonta asimismo la acusación de que no fuere a trabajar, que sirvió de detonante para la apertura de las diligencias. La defensa subraya que durante los años de prestación de servicios no existió queja ni expediente disciplinario alguno contra el funcionario, que por su condición de personal de alta dirección no tenía obligación de fichar y que la totalidad de los testigos interrogados en el juicio descartaron el absentismo.

A ello suma el resultado del análisis practicado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los 4.494 correos electrónicos de la cuenta profesional del investigado. El atestado policial concluyó que todas las comunicaciones versaban estrictamente sobre proyectos de gestión cultural e institucional, sin que los agentes detectaran indicio alguno de indisciplina o abandono del puesto.

El escrito ataca con dureza la génesis de las actuaciones, iniciadas en mayo de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias sustentada en recortes de prensa y conjeturas que buscaban vincular su residencia en la localidad portuguesa de Elvas con tramas de corrupción. La defensa critica que el juzgado de instrucción asumiera esos planteamientos para abrir una causa general sobre la totalidad de la vida laboral y el patrimonio del investigado.

Por todo ello, la representación de David Sánchez suplica al TSJEx la estimación íntegra de la alzada y la anulación de la condena por vulneración de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, o, con carácter alternativo, al no concurrir los elementos objetivos ni subjetivos del delito de prevaricación.

El patrón se repite. Un contrato público llega a su fecha de vencimiento sin posibilidad de prórroga y la administración ni siquiera ha licitado el nuevo concurso. Como el servicio no se puede interrumpir, la prestación se extiende al margen de la ley y las facturas se acaban pagando a través de un procedimiento extraordinario: la declaración de nulidad. Un nuevo y severo rapapolvo del Consejo Consultivo de Canarias ha descubierto que esa fue también la fórmula que el Gobierno liderado por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) ha aplicado con el contrato para proteger con antivirus los móviles corporativos.

El modo de operar no es nuevo. Esa práctica situó al propio Clavijo en el foco de la justicia en el llamado caso Reparos. Cuando era concejal y alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, el actual presidente regional sostuvo durante años contratos vencidos, algunos de ellos millonarios, mediante decretos que levantaban de manera sistemática los reparos que planteaba el interventor municipal. La causa penal acabaría siendo archivada por la Sala Segunda del Supremo que lideraba el canario Manuel Marchena cuando Clavijo se aforó como senador. El alto tribunal entendió que eran simplemente irregularidades administrativas, no delitos, porque no apreció arbitrariedad en esas resoluciones. 

Años después, es el Consultivo quien reprocha al Gobierno de Clavijo el “uso fraudulento o abusivo” del procedimiento de revisión de oficio (de los actos propios) para pagar facturas irregulares. En esta ocasión, de los móviles corporativos del Gobierno. 

El dictamen del Consejo Consultivo aborda las facturas abonadas a la empresa prestataria durante cinco meses (del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2025), aunque el servicio se prestó en estas condiciones, sin contrato válido, al menos durante un año. 

El contrato original había sido firmado en septiembre de 2022, durante la legislatura del Gobierno progresista en las islas (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera). Su objeto era el suministro de “un sistema de protección antimalware para dispositivos móviles corporativos del Gobierno de Canarias”. Tenía una duración máxima de tres años (a contar desde el 1 de agosto) y un importe de 145.044,77 euros sin impuestos.

Por lo tanto, el contrato expiró el 31 de julio de 2025. Quince días antes de esta fecha, el jefe del área de Telecomunicaciones y Sistemas informó de que era necesario continuar con la prestación del servicio en las mismas condiciones que establecían los pliegos y hasta la adjudicación de un nuevo contrato. Ocho meses después, en marzo de 2026, el mismo funcionario eleva otro escrito para incidir en que persiste la necesidad de disponer de este suministro para garantizar la protección de los dispositivos móviles. Entonces señala que el nuevo concurso está en fase de elaboración de los pliegos. La empresa contratista presentó facturas por un importe de 21.555,25 euros (correspondiente al periodo de agosto a diciembre de 2025).

El procedimiento de revisión de oficio, previsto para que la administración pueda corregir actos propios viciados de nulidad, se inició en abril a través de una resolución firmada por el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, que es además portavoz del Ejecutivo. 

El Consultivo constata que el Gobierno de Canarias prescindió “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” para prorrogar el contrato vencido de la seguridad de los dispositivos móviles. La empresa siguió prestando el servicio una vez extinguido el contrato y, por tanto, “sin cobertura alguna”. El órgano fiscalizador de la comunidad autónoma recuerda que esta actuación “vulnera los principios básicos de la contratación administrativa”: el acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia de los procedimientos y los principios de no discriminación e igualdad de trato entre candidatos. 

Enriquecimiento injusto

Para el Consultivo no hay ninguna duda de que se trata de un supuesto de “prórroga tácita proscrita” por el artículo 29.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo, admite la causa de nulidad y, por tanto, el pago de las facturas a la empresa, porque los servicios se prestaron de forma efectiva para el Gobierno de Canarias y, en consecuencia, de no abonarse se estaría produciendo un “enriquecimiento injusto” de la administración. 

Como viene reiterando el Consultivo en numerosos dictámenes, esa infracción del ordenamiento jurídico “no puede ser imputable” a un tercero, a la empresa que presta el servicio sin cobertura contractual, sino a la administración. 

Hay que recordar que contratos como el de la seguridad de los móviles corporativos de la administración son de tracto sucesivo. No son de ejecución única o entrega puntual, como pudiera ser la compra de un equipamiento, sino que se deben ejecutar de forma continuada, ininterrumpida y periódica durante un periodo prolongado. Esto quiere decir, como advierte el propio Consultivo en su última resolución, que este tipo de irregularidades son provocadas por “graves faltas de diligencia en la gestión de los expedientes de contratación”, puesto que no se trata de un imprevisto o de una causa de fuerza mayor. 

El órgano fiscalizador sostiene que Presidencia hace un “uso fraudulento o cuando menos abusivo” del procedimiento de revisión de oficio para prorrogar un contrato vencido al margen de la ley y, con ello, incurre en “una clara desviación de poder”.

Según el Consultivo, el Gobierno de Canarias no está aplicando este procedimiento excepcional como una fórmula para “expulsar” aquellos actos propios que “adolezcan de vicios graves y determinantes”, como prevé la norma, sino que lo está “instrumentalizando” para saltarse “todas aquellas circunstancias que impiden hacer efectivo el pago de las facturas debidas”, como, por ejemplo, “el levantamiento de los posibles reparos de la intervención”. Aseveración esta última que vuelve a entroncar este caso con el que llevó a Clavijo ante el Supremo. 

En definitiva, el Consultivo avala el pago de las facturas para evitar el enriquecimiento injusto de la administración, pero reprocha “el uso abusivo del procedimiento excepcional como forma alternativa al procedimiento de contratación administrativa”.  

El Gobierno de Canarias formalizó el pasado 3 de septiembre un contrato de ciberseguridad más amplio, que incluye no sólo las terminales móviles corporativas, los servidores, el correo electrónico y las licencias corporativas. La empresa Centro Regional de Servicios Avanzados, con sede en Burgos, resultó adjudicataria por 5,8 millones de euros. 

El Tribunal de Instancia de Logroño (plaza de lo Mercantil) ha estimado íntegramente la demanda presentada por la empresa riojana Sistemas de Oficina de Rioja, S.L. (perteneciente a Grupo Pancorbo) y Jose L. Pancorbo Clemente contra Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.. La resolución condena a la multinacional por infringir los derechos de propiedad intelectual de la firma local al emplear de forma indebida su solución de virtualización de escritorios educativos (Virtualit) en la licitación pública del concurso NEOTEC del Gobierno de La Rioja.

Según se recoge en la resolución judicial, Telefónica recurrió a Grupo Pancorbo como colaborador esencial para poder optar y adjudicarse, entre otros, el lote 5 del concurso NEOTEC —licitado en un total de 36,7 millones de euros, de los cuales el sublote de virtualización educativa ascendía a 7,58 millones—. El tribunal remarca que “sin su participación Telefónica no hubiera podido realizar o dar cumplimiento a dicha parte del pliego” y considera acreditado que la operadora trasladó a su oferta, de manera casi literal e íntegra, la documentación técnica elaborada por Sistemas.

“Fuimos una pyme imprescindible para la consecución de ese lote, y así lo estima la sentencia”, ha explicado José Luis Pancorbo, propietario de la empresa. Ha recordado que en el verano de 2022 vieron cómo les “pasaban por encima, cómo los acuerdos adquiridos se veían vilipendiados y cómo se intentaba echar por tierra el trabajo de tanta gente del Grupo Pancorbo que consiguió levantar desde una empresa local, un gran proyecto de valor añadido para el Gobierno de La Rioja, dando una solución virtual a los escritorios de profesores y alumnos de La Rioja. Una solución que permitió que durante el Covid los profesores pudieran trabajar en remoto gracias a la virtualización de escritorios”.

La sentencia señala que la cesión del uso de dicha obra por parte de la empresa riojana estaba supeditada a que Telefónica subcontratara sus servicios en caso de resultar adjudicataria. Al no contratar finalmente a Sistemas ni cumplir las condiciones acordadas, la operadora perdió cualquier consentimiento o título legal para continuar explotando el desarrollo tecnológico protegido.

Por todo ello, el juzgado determina que existe un “uso indebido de su obra registrada o plagio de su contenido” y, en aplicación del artículo 139 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, condena a Telefónica al cese inmediato de la explotación o actividad infractora, le prohíbe reanudarla en el futuro y le impone el pago de las costas del procedimiento.

El propietario de la empresa ha explicado que en el momento de la adjudicación del contrato, la empresa, una de las cinco que forman el Grupo Pancorbo, contaba con 35 trabajadores de los que 15 tuvieron que ser despedidos. “Es otra de las gravísimas derivadas que sufrimos porque hubo que despedir a gente que estaba adscrita a ese servicio”, señala.

La sentencia no es todavía firme y, aunque no se ha presentado recurso hasta la fecha, el plazo permanece abierto hasta el 7 de octubre. En cualquier caso, para la representación letrada de Grupo Pancorbo (Soriano Zueco Abogados), el fallo resulta de vital relevancia, ya que en la vista oral el propio representante de Telefónica reconoció que el servicio prestado en el lote de VDI se estaba realizando conforme a su oferta adjudicada. Al haberse declarado que dicha oferta incorporaba la solución propiedad de Grupo Pancorbo, la defensa sostiene que Telefónica no puede seguir prestando el servicio sin vulnerar la propiedad intelectual de la firma riojana. Esto obligaría al Gobierno de La Rioja a exigir el cumplimiento de la resolución judicial en un servicio público esencial que da soporte informático a docentes y alumnos del sistema educativo regional.

El conflicto se remonta al contrato ARCO licitado por la administración autonómica en 2017 para la virtualización de puestos de trabajo de profesores y estudiantes de Educación Primaria y Secundaria. Tras varios proyectos piloto fallidos llevados a cabo por la multinacional en centros educativos como Entrena y Haro, el Ejecutivo riojano buscó tecnología en el mercado, sumándose Grupo Pancorbo, con tecnología de Dell Technologie, con una experiencia previa probada en Nájera y en entornos universitarios.

Posteriormente, en la licitación del concurso NEOTEC en 2021, Telefónica alcanzó un acuerdo con la empresa riojana para integrar su paquete de soluciones. Pese a resultar adjudicataria en todos los lotes a los que optó junto a Sistemas, Telefónica remitió meses después un pedido minorando de forma unilateral los compromisos alcanzados e intentó modificar el contrato con el Gobierno de La Rioja para excluir a la firma riojana. Ante la negativa del Ejecutivo regional a alterar las condiciones de la adjudicación, Telefónica optó por ejecutar la solución tecnológica de Sistemas sin contar con su autorización, desencadenando la demanda judicial que culmina ahora con esta condena.

El Gobierno de La Rioja conoce la sentencia desde el pasado 15 de septiembre y tendrá que decidir ahora si Telefónica continúa con la prestación del servicio pero contando con Grupo Pancorbo, o si se trata de un incumplimiento contractual que podría llevar a la resolución del mismo. En cualquier caso, la sentencia obliga al cese inmediato de la solución tal como se está aplicando.

Se trata de una sentencia sin precedentes, lo que los abogados atribuyen a la dificultad que implica para una pyme demandar a Telefónica. “El coste económico, procesal y reputacional de enfrentarte a una multinacional con tanto peso es muy grande”, señalan. Por su parte, el propietario de la empresa, espera que, además de que se cumpla la ley, esta sentencia sirva para que “las multinacionales que tienen el dominio de los contratos públicos respeten a las empresas locales y a la propiedad intelectual de las mismas”.

Los millonarios contratos públicos de gestión del agua de las ciudades, residuos o alcantarillado suelen estar muy competidos porque España tiene compañías muy potentes y con mucha experiencia en estos servicios. Alguna, incluso, con más de cien años de historia. Las administraciones ofrecen importantes presupuestos y adjudicaciones superiores a quince años, lo que las convierte en proyectos más que apetecibles y por los que las empresas se emplean a fondo para conseguirlos. Incluso haciendo bajadas desorbitadas sobre los precios de licitación que la Ley de Contratos del Sector Público cuestiona.

Pero ¿cuándo se considera una baja temeraria? ¿Cuándo es legítima? ¿Qué porcentaje debe superar para descabalgar a una compañía que asegura ofrecer un servicio de forma más eficiente? ¿Esas bajadas perjudican a los trabajadores y trabajadoras de la contrata? La Ley de Contratos del Sector Público prioriza la oferta económica, pero deja en manos de la mesa de contratación el estudio y la exclusión de rebajas “anormalmente bajas” cuando no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.

El artículo 149 de esa norma define qué debe acreditar la empresa que ha incurrido en estas bajadas. A saber: el ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción; las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras; la innovación y originalidad de las soluciones propuestas para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras; y el respeto de las obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, “no siendo justificables precios por debajo de mercado”.

Y son esas subjetividades que deben ser atendidas por la mesa de contratación las que tienen soliviantadas a las empresas del sector, que compiten a cara de perro por estos contratos millonarios. Porque convencer o no a los técnicos puede suponer quedarse fuera del concurso o conseguir el argumento definitivo para ganarlo. Y es que, en algunos casos, se tumban los argumentos de bajadas del 25% o del 30%, pero se aprueban otras del 50% o hasta del 60%. Y cuando no existe transparencia, a favor o en contra, es cuando las suspicacias empiezan a rodear las adjudicaciones que, incluso, pueden acabar en los juzgados.

Eso es lo que ha pasado en el Ayuntamiento de València este año, en el supercontrato del alcantarillado. El órgano de contratación municipal dejó fuera a la UTE formada por Global Omnium, Grupo Bertolín e ISG al considerar “anormal” su oferta económica, un 30% por debajo de la media de las propuestas. Esta oferta había obtenido la mejor calificación técnica, pero quedó descartada al considerar que la UTE no acreditó suficientemente la viabilidad de su oferta al precio propuesto, que suponía el 47% de la valoración del contrato. Finalmente, fue la UTE liderada por Acciona Agua, junto a Becsa y Ciclagua, la que se hizo con el contrato, valorado en 293 millones de euros para un periodo de 15 años.

Pero otras veces las mesas de contratación pueden aceptar los argumentos de las contratas, como ha pasado esta semana en el Área Metropolitana de Barcelona. La comisión informativa sí ha aceptado los argumentos de Veolia, que presentó una bajada del 60% en el precio de las inversiones que la había colocado en una “presunción de temeridad”. En este caso, el órgano de contratación sí consideró “razonada” y “suficiente” la explicación de la compañía con sede en Barcelona y, con toda seguridad, le será adjudicado el contrato el próximo 29 de septiembre.

Un aviso a navegantes. Justo en estos momentos, la Generalitat Valenciana tiene encima de la mesa el contrato del año para la limpieza de sus edificios públicos: 211 millones de euros en distintos lotes. De las 30 empresas que se han presentado, 11 están siendo requeridas por bajas temerarias. Y están todas las más fuertes del sector, que aspiran a todos los lotes y tendrán que explicar sus bajadas: Actúa, Clanser, Iman Cleaning, Limpiezas Alarcón, Limpiezas Gredos, OHL Servicios-Ingesan, Orthem Servicios, Serveo Servicios y Fusaval-Minusval. Las firmas Servicios Auxiliares de Mantenimiento e Ilunion Limpieza, que no están en todas las adjudicaciones, también están en proceso de revisión. Los competidores ya afilan sus cuchillos.

Urge a las administraciones explicar, y muy bien, los argumentos para aceptar o rechazar una baja temeraria.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado un auto aclaratorio para responder a las solicitudes de subsanación presentadas por las defensas y las acusaciones populares tras la sentencia del pasado mes de julio en el juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. La resolución judicial delimita el alcance exacto de las penas a los condenados en la causa, entre ellos el expresidente de la corporación provincial, Miguel Ángel Gallardo, y el músico David Sánchez Pérez-Castejón.

El pronunciamiento aclara los efectos prácticos del fallo, en el que la Audiencia condenó al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público y al que fuera líder del PSOE extremeño a 18 años de inhabilitación por prevaricación administrativa en la creación y adjudicación de la plaza en la Oficina de Artes Escénicas.

En el nuevo auto, la Sala precisa que la pena de inhabilitación especial acarrea la pérdida definitiva de los cargos u ocupaciones sobre los que recayeron los hechos, de carácter electivo o discrecional, así como la imposibilidad de acceder a otros de la misma naturaleza en cualquier administración pública durante el tiempo de la condena. Sin embargo, el tribunal matiza que esta pena no conlleva la pérdida de la condición de funcionarios de carrera o empleados públicos que los procesados pudieran ostentar de forma previa.

Apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 314/2017), los magistrados explican que la condena impuesta es de inhabilitación especial y no de inhabilitación absoluta. En este sentido, privar a los procesados de cualquier plaza en la administración equivaldría a aplicar los efectos de una inhabilitación absoluta, figura reservada a supuestos de mayor gravedad penal.

Por ello, la Audiencia concreta el alcance para los principales implicados. En el caso de David Sánchez, queda privado de forma definitiva de la plaza de la Diputación cuya transformación originó la condena, imposibilitado para obtener puestos electivos o de libre designación en la administración durante el periodo de pena, manteniendo igualmente su estatus previo en la función pública si lo tuviera.

Gallardo pierde definitivamente el cargo de presidente de la Diputación de Badajoz y cualquier otro puesto electo o discrecional, quedando inhabilitado para optar a ellos durante 18 años, aunque no perderá su estatus de empleado público si lo tuviera con anterioridad.

Los exdiputados delegados de Cultura y directores de área o servicio juzgados se ven despojados de sus puestos discrecionales o electivos en los mismos términos, conservando el carácter de funcionarios que tuvieran previamente.

Reparto de costas

Junto a la delimitación de las penas, el auto acordado por la Sala da luz verde a la petición planteada por la acusación popular ejercida por la Asociación HazteOir para remitir al Tribunal de Cuentas testimonio de la sentencia y de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de retribuciones de la Diputación pacense. El objetivo es que el órgano fiscalizador evalúe si existió quebranto contable en los sueldos percibidos por David Sánchez.

Asimismo, la resolución modifica el apartado de costas procesales del fallo original, atribuyendo a Miguel Ángel Gallardo dos duodécimas partes de la mitad de las costas (incluidas las devengadas por las acusaciones populares), mientras que fija una duodécima parte a cada uno del resto de los condenados. Por último, el tribunal contempla la reserva de acciones para las acusaciones respecto a la actuación de Gallardo en el denominado “Bloque C”, excluido del juicio oral.

La defensa de David Sánchez se ha adherido a una petición de Manos Limpias en el trámite abierto tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenó al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa y lo absolvió del delito de tráfico de influencias.

En un escrito presentado ante la Audiencia de Badajoz, la defensa manifiesta su “expresa e íntegra adhesión” a la petición de aclaración formulada por Manos Limpias para diferenciarse de otras acusaciones populares y pide que, en efecto, la actuación del sindicato ultra se distinga. La defensa sostiene que la referencia que hace la sentencia a una supuesta “maniobra fraudulenta” de otras acusaciones no puede hacerse extensiva a la dirección letrada de Manos Limpias. Según argumenta, el sindicato mantuvo sus conclusiones provisionales respecto a la participación de David Sánchez en la dotación de la plaza de coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz.

Además, destaca que Manos Limpias reconoció en sus conclusiones definitivas la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal. Para la defensa, esta posición demuestra una actuación “leal” y coherente con el procedimiento.

El abogado de David Sánchez contrapone esta actuación a la del resto de acusaciones populares, a las que acusa de haber pretendido sortear los efectos de la prescripción mediante una modificación de sus conclusiones. El escrito califica ese supuesto intento de “sortear arteramente” la causa de extinción de la responsabilidad criminal mediante una modificación que considera “tan infundada como improcedente”.

La posición de la defensa resulta especialmente significativa porque Manos Limpias fue precisamente quien presentó en 2024 la denuncia que dio origen al procedimiento penal contra David Sánchez, siete años después de su contratación por la Diputación de Badajoz. La investigación se centró principalmente en la creación y configuración de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música que posteriormente ocupó el hermano del presidente del Gobierno.

Ahora, tras las solicitudes de aclaración planteadas por distintas partes después de la sentencia, la defensa de David Sánchez pide a la Audiencia que tenga en cuenta la diferencia que establece entre Manos Limpias y las demás acusaciones populares.

En concreto, el abogado de Sánchez solicita que se tenga por presentado el escrito y por efectuadas sus manifestaciones, con una adhesión expresa a la petición planteada por el sindicato.

El Grupo Parlamentario Socialista ha exigido a la Junta de Extremadura “máxima transparencia” y explicaciones inmediatas ante lo que consideran un posible trato de favor en la Consejería de Educación. La denuncia surge a raíz de la información publicada en exclusiva por elDiario.es Extremadura sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que beneficia a la hermana del secretario general de ese departamento, José Pedro Catalán (PP).

Según ha denunciado la portavoz socialista de Educación, Lara Garlito, la subida de categoría y sueldo para la plaza que ocupa la familiar directa del 'número dos' de la consejería se produce, además, en un contexto marcado por los recortes de recursos en el ámbito rural.

En este sentido, Garlito ha señalado la contradicción del Ejecutivo autonómico tras las recientes declaraciones de la recién elegida presidenta del PP de Cáceres y consejera de Hacienda, Elena Manzano, quien “se jactaba públicamente de que su formación no favorece a familiares”. “Parece que no sabían lo que estaba sucediendo en la propia Consejería de Educación”, ha afeado.

Mismas competencias, distinto nivel salarial

En concreto, la denuncia se centra en los cambios aplicados sobre dos jefaturas de servicio del departamento educativo. Con la nueva RPT, una de las jefaturas —ocupada por la hermana del secretario general— pasa de un nivel 28 a un nivel 29, incrementando así su retribución. Por el contrario, otra jefatura de servicio de la misma área sufre una rebaja del nivel 29 al 28.

Desde el PSOE critican que no existe “ninguna justificación técnica ni de competencias” para este movimiento: A mismas competencias, a una jefatura se le resta nivel y a la otra se la beneficia. Queremos saber si hay trato de favor y exigimos las explicaciones pertinentes. No dudamos de la legalidad, pero exigimos transparencia sobre este proceso“, ha remarcado la portavoz socialista.

Garlito ha contrapuesto la disponibilidad presupuestaria para estos incrementos retributivos en los servicios centrales de Mérida con la política de ajustes aplicada en los municipios rurales. El mismo Diario Oficial de Extremadura (DOE) que hacía pública la modificación de la RPT recogía también la amortización de dos plazas en la Escuela Hogar de Alburquerque.

“Resulta enormemente llamativo que se hable de optimizar recursos para justificar recortes en servicios básicos del mundo rural mientras hay recursos para subir sueldos en la Consejería”, ha criticado Garlito, subrayando el impacto que la pérdida de este personal tiene sobre los niños y familias usuarias de este centro educativo.

Por otro lado, la portavoz socialista ha hecho un llamamiento a los diputados del PP de Extremadura en el Congreso para que apoyen la senda de déficit y el techo de gasto que se vota este jueves en la Cámara Baja. Recuerdan que este marco financiero contempla la condonación de más de 1.700 millones de euros para Extremadura, un “momento vital” en el que piden situar las necesidades de la región por encima de los intereses de partido.

Por su parte, el PP ha defendido la modificación de la RPT de la Consejería de Educación y ha reprochado al PSOE que hable de “trato de favor” a un familiar de un alto cargo de dicho departamento cuando “acaban de ser condenados por montar un chiringuito al hermano de Pedro Sánchez”.

El PP defiende la subida salarial

Para el portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), José Ángel Sánchez Juliá, la modificación de la RPT “se ha hecho en función de la categoría de oposición de quienes ocupan los puestos”. “Quien pasa de una categoría 29 a una categoría 28 lo hace porque su puesto de oposición lo ocupa con categoría de diplomado; y quien ha pasado de una categoría 28 a una categoría 29, lo hace porque su plaza de oposición es con categoría de licenciado. Es con total transparencia y respetando las categorías de oposición”, ha explicado Sánchez Juliá.

Asimismo, ha destacado que esta modificación permite que, “por primera vez” los maestros puedan acceder a puestos de jefatura de servicio y en las delegaciones provinciales para que “también puedan aportar su sabiduría y su conocimiento en la administración y en la gestión de la Consejería de Educación”.

Finalmente, el portavoz del GPP ha criticado que el PSOE quiera “enturbiar la política extremeña” y ha señalado que los socialistas “todavía no han dicho qué van a hacer y por qué están manteniendo a los enchufadores condenados del caso del hermano de Pedro Sánchez” porque lo único que buscan es “generar una cortina de humo”.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha exigido este miércoles a la Consejería de Educación y Formación Profesional transparencia y explicaciones documentadas tras la información publicada por elDiario.es Extremadura sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ha permitido elevar la categoría laboral y retributiva de la hermana del secretario general de Educación, José Pedro Catalán (PP), el 'número dos' del departamento.

El sindicato ha anunciado que reclamará formalmente toda la documentación que justifique la decisión adoptada en la Orden de 6 de julio de 2026 (publicada en el Diario Oficial de Extremadura el 9 de julio). Aunque señalan que no prejuzgan la legalidad del procedimiento ni la capacidad profesional del personal afectado, advierten de que la coincidencia entre la mejora de un puesto y “el parentesco directo con uno de los máximos responsables de la consejería genera dudas razonables que la Administración debe aclarar de manera inmediata”.

Desde CCOO consideran “insuficiente” la justificación trasladada hasta ahora por la Consejería de Educación, basada en la voluntad de equilibrar la importancia de los distintos servicios. Según el análisis del sindicato, el resultado de la orden sigue manteniendo dos niveles salariales diferentes, dado que la Jefatura de Servicio de Innovación asciende al mismo tiempo que la de Inclusión y Atención a la Diversidad desciende.

Asimismo, destacan la contradicción de reservar en exclusiva uno de los puestos al subgrupo A1 cuando la justificación ofrecida por la Administración era facilitar el acceso a miembros del cuerpo de maestros, pertenecientes al subgrupo A2.

“Las relaciones de puestos de trabajo deben responder exclusivamente a necesidades organizativas y a criterios objetivos. No pueden convertirse en instrumentos para adoptar decisiones singulares o aparentemente diseñadas en función de las personas que ocupan temporalmente los puestos”, remarca la organización sindical en su escrito.

Exigencia de informes y abstención

En su requerimiento formal, CCOO solicitará conocer los criterios técnicos, organizativos y económicos utilizados para adoptar la modificación, qué órgano la promovió y qué informes avalan el cambio. De igual forma, el sindicato ha puesto el foco en la actuación del propio 'número dos' de la consejería, solicitando información sobre la intervención del secretario general de Educación en la tramitación del expediente y la existencia de mecanismos de abstención, incompatibilidad o supervisión que garanticen la imparcialidad del proceso.

La Federación de Enseñanza ha avanzado que analizará el conjunto de la orden, que incluye también modificaciones y amortizaciones de personal laboral en servicios educativos, y pedirá abordar la cuestión en las mesas de negociación correspondientes, reservándose la posibilidad de emprender acciones sindicales, administrativas o jurídicas una vez examinado el expediente completo.

“Cuando una decisión puede generar una percepción de trato de favor, no basta con asegurar que existen razones organizativas: es imprescindible acreditarlas con transparencia, documentación y explicaciones públicas convincentes”, concluyen desde la organización.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la resolución del contrato con la concesionaria de la red de centros de transporte de Extremadura por “incumplimiento continuo, reiterado y muy grave” de la empresa Copergy Ibérica en la prestación del servicio. Se trata de una decisión avalada por la Comisión Jurídica, según ha informado la portavoz de la Junta, Elena Manzano.

El 21 de junio de 2019 se suscribió un contrato con Gestiones Tierras Extremeñas para la gestión de la los diez centros, con una duración de ocho años y en mayo de 2025 se autorizó la cesión de este contrato en favor de Copergy Ibérica. En este periodo, como reflejan los informes técnicos del expediente, se han incumplido numerosas cláusulas contenidas en el contrato, la mayoría relativas a obligaciones esenciales y elementales, lo que habilita para la resolución por causa imputable al contratista. El 29 de junio de 2026 se emitió informe jurídico favorable a esta resolución y el 16 de julio la Comisión Jurídica dictaminó en el mismo sentido.

La consejera ha asegurado que han explorado distintas opciones para garantizar la continuidad de la actividad y, sobre todo, para preservar para mantener los 56 empleados afectados por el impago de las nóminas, pero, al no prosperar ninguna solución, iniciaron los trámites para resolver el contrato.

Manzano ha explicado que están trabajando en la firma de un convenio para reactivar los servicios de manera inmediata mientras se estudia un nuevo modelo de gestión para que esto no vuelva a ocurrir, que se licitará próximamente. Ha recalcado que la Junta ha actuado siempre “con plena transparencia y con el máximo rigor” en defensa del interés público y los trabajadores.

Sobre los salarios pendientes, ha indicado no tienen margen de maniobra para actuar y que se han dirigido a la empresa para que pague a los trabajadores, pero no lo ha hecho. Manzano ha pedido a la oposición que deje de hacer política con esta situación.

Según la Junta, estos centros son infraestructuras estratégicas que ofrecen servicios de estacionamiento, suministro de combustible, restauración, aseos, lavadero o vigilancia a los transportistas. Están ubicados en Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Jerez de los Caballeros, Navalmoral de la Mata, Zafra y Coria.

Reparación de carreteras por las lluvias

Por otro lado, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de la contratación, por el procedimiento de emergencia, de las obras necesarias para la reparación de los daños producidos por las lluvias en siete tramos de carreteras autonómicas, por un importe global de 3.870.652 euros. La mayor cuantía es para la EX–108, de Navalmoral de la Mata a Portugal por Coria, en el punto kilométrico 93, con 938.054,76 euros.

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones para la redacción y tramitación de Planes Generales Municipales según el régimen previsto en la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS). Las ayudas también se podrán solicitar para la redacción de estudios de inundabilidad, siempre que estos sean requeridos como consecuencia de las determinaciones originadas por informes sectoriales emanados durante la tramitación del Plan General Municipal.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los ayuntamientos de municipios de hasta 20.000 habitantes que no dispongan de un plan vigente. La convocatoria está dotada con 485.000 euros de presupuesto.

Producciones Malinche SL está en quiebra, pero la música que produjo sigue sonando en España. La obra ideada por Nacho Cano y que desarrolló durante tres temporadas en Madrid evolucionó hacia un formato sinfónico hace año y medio y desde entonces se ha representado en hasta cuatro escenarios bajo contratos públicos, siempre en lugares donde gobierna el Partido Popular.

El nombre del espectáculo es Malinche Symphonic, definido como “un formato innovador que fusiona la fuerza de una gran orquesta sinfónica, la energía de una banda de rock y las voces de los protagonistas que dieron vida a este relato histórico”. La primera de sus actuaciones registradas fue el 8 de enero del año 2025 en el Teatro Cervantes de Málaga. El ayuntamiento de la ciudad andaluza lo contrató mediante adjudicación directa, sin competencia, por 42.350 euros, impuestos incluidos. Lo hizo a través de Málaga Procultura, la empresa municipal dedicada a la programación de espectáculos culturales. Sus boletos, además, se pusieron a la venta con precios entre los 15 y los 45 euros.

El segundo evento de este tipo llegó el 28 de junio de 2025, con el musical ya quebrado en Madrid. Lo programó la Junta de Extremadura dentro de la oferta de la Fundación Extremeña de la Cultura Extremestiza, una iniciativa que promueve “la diversidad cultural y la fusión de expresiones artísticas contemporáneas con raíces tradicionales”. El contrato público que lo cubrió fue mayor que el de Málaga, 66.550 euros por el mismo espectáculo, aunque en este caso la entrada era gratuita.

El propio Nacho Cano acudió el pasado mes de junio, un año después de este concierto, a apoyar explícitamente esta iniciativa del Gobierno de María Guardiola. La entonces recién reelegida presidenta extremeña centró el acto en reivindicar la figura de Hernán Cortés, asegurando que sobre el conquistador extremeño se han vertido “falsedades”. “Ni América ni México serían hoy lo que son sin su huella y su legado”, aseveraba Guardiola en la misma línea que la sostenida por Isabel Díaz Ayuso, que busca un revisionismo histórico sobre las matanzas perpetradas por el conquistador al otro lado del Atlántico. Fuentes del gobierno extremeño aclaran que este encuentro no fue motivado por ningún segundo contrato y solo se cubrieron las dietas del desplazamiento y alojamiento hasta Medellín, el municipio de Badajoz que acogió el acto.

El tercero de los contratos de Malinche Symphonic llegó el 11 de octubre del año pasado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, donde su ayuntamiento programó el espectáculo para la apertura del Teatro Mira, la jornada anterior al Día de la Hispanidad. En este caso dedicó 38.115 euros del presupuesto municipal a su contratación, aunque puso el precio de 30 euros para la asistencia a la sesión.

El cuarto y, hasta el momento, último contrato público de la sinfonía de Malinche tuvo lugar el pasado mes de febrero en Salamanca, donde el Patronato de su Fundación para la Ciudad de la Cultura y Saberes gastó 84.700 euros en la función. Las entradas se pusieron a la venta por un precio de entre 20 y 25 euros. El consistorio salmantino defendió esta programación asegurando que “tanto Malinche, el musical como Malinche Symphonic comparten una misma visión: preservar, celebrar y proyectar las expresiones culturales a través de la música, entendida como un lenguaje universal capaz de conectar historias, identidades y tradiciones de dos continentes. Ambos proyectos convierten la música en un puente entre culturas, un amplificador de la memoria colectiva y un espacio de encuentro entre pasado y presente”.

Una empresa aparte que también gestiona sinfonías de Mecano

Las sinfonías del musical sobre Hernán Cortés no se gestionan a través de Producciones Malinche SL, la empresa montada por Nacho Cano que fue declarada en quiebra y acumula 6,2 millones de deudas. La explotación de los derechos de esta adaptación es de Tempo Rubato SL, empresa creada a finales de 2023 y que también ofrece el espectáculo Mecano Symphonic, con el mismo concepto, pero interpretando los temas del popular grupo de música pop del que formó parte Nacho Cano.

Según información del propio espectáculo, que lleva recaudados 231.715 euros (IVA incluido) en contratos públicos, la propuesta musical y el concepto artístico están diseñados por Sasha Alexander Pantchenko, director y arreglista de Malinche, a partir de la música original de Nacho Cano, e interpretados por la Orquesta Sinfónica Malinche. Los arreglos y orquestaciones adicionales han sido realizados por Peter Hope, José Luis Colmenares y el propio Sasha Alexander Pantchenko.

Aunque en los documentos públicos de la empresa no consta el nombre de Nacho Cano, el productor promociona sus actuaciones en las propias redes sociales del espectáculo, como hizo el pasado verano para promocionar otras actuaciones en Úbeda y Estepona, esta vez sin que figuren contratos públicos asociados. El vídeo, que estaba disponible en este enlace, ha sido suprimido después de la publicación de esta información. El propio Cano ha aparecido en interpretaciones del Malinche Synphonic, como la que tuvo lugar en Zaragoza a principios de 2025, y definía como “excepcional” la orquestación en el siguiente vídeo.

El cierre de la empresa con la que Nacho Cano gestionaba Malinche en España dejó un importante agujero económico en las cuentas públicas. Entre los acreedores se encuentra Ifema, consorcio semipúblico al que debe casi un millón de euros, parte de este montante a consecuencia del desmontaje que la empresa no quiso asumir pese a los requerimientos de la entidad. También adeuda 238.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social.

El cierre de Malinche en España se produjo el 2 de marzo de 2025, a consecuencia de que Ifema necesitaba los más de 4.000 metros cuadrados que ocupaba para construir el circuito de Fórmula 1, que pasa por los terrenos que ocupaba la carpa. Esta salida se produjo en medio de una considerable caída de espectadores. La disolución efectiva de la compañía se producía el 5 de marzo de 2025, un día después del registro en Florida de la nueva empresa que miraba a abrir un negocio similar en México y con el que lleva celebradas 438 funciones.

Si tienes información sobre este y otros asuntos, puedes escribir a nuestro correo confidencial pistas@eldiario.es

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación al considerarlo autor de un delito de prevaricación por su contratación en la Diputación en 2017 como coordinador de los conservatorios pacenses. El tribunal rechaza el tráfico de influencias, por lo que evita la pena de prisión que reclamaban las acusaciones populares.

De este modo, el tribunal descarta la petición de cárcel de hasta seis años que pedían Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. La Fiscalía pedía la absolución de David Sánchez y del resto de encausados, entre ellos, el presidente de la Diputación y ex secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que también ha sido condenado a 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por dos delitos de prevaricación. La Audiencia ha impuesto nueve años de inhabilitación a los otro nueve acusados, la mayoría cargos o excargos del PSOE en la institución provincial.

La sentencia, de 377 páginas, que puede ser recurrida, confirma de manera unánime la prevaricación en la creación de la plaza que ocupó David Sánchez, pero descarta por completo el delito de tráfico de influencias. Los magistrados consideran que no ha quedado probado “que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”.

Sin embargo, aunque el tribunal determina que no hubo presión externa, considera probado que la Diputación actuó de manera arbitraria en base a un “plan delictivo ideada por las más altas instancias” para en la creación de “una plaza de empleo público innecesaria” y su posterior adjudicación. En este sentido, el hermano de Sánchez “fue autor, por cooperación necesaria”, del delito de prevaricación administrativa porque tuvo “conocimiento previo de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios se había creado para él” y por eso “se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento”. La sentencia también recoge que el músico “consiguió que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera”.

En cuanto a la contratación de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez también condenado, como coordinador de los programas y actividades transfronterizas, una plaza en comisión de servicio, los magistrados de la Audiencia de Badajoz concluyen que se trató de un proceso plagado de irregularidades “diseñado para poner fondos públicos” al servicio de fines particulares.

El fallo considera probado que la cobertura de la plaza mediante comisión de servicios se solicitó el 16 de octubre de 2023, un mes antes de que se publicara oficialmente la aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que creaba el propio puesto. Asimismo, la Sala dictamina que los controles aplicados por la Diputación fueron “puramente cosméticos”, señalando que tanto esta plaza como la de David Sánchez se costearon con dinero público “para que ambos pudieran dedicarse a las actividades que se les antojaran, sin control alguno”.

Testimonios de la UCO

La sentencia considera “de especial relevancia” los testimonios de los agentes de la UCO, que participaron en la intervención y análisis de los correos electrónicos intervenidos a los acusados. De hecho, los magistrados aseguran que la declaración del teniente coronel Antonio Balas fue “sumamente ilustrativa” y que sostuvo con “rotundidad” que la “génesis” del puesto de coordinador de los conservatorios de Badajoz partió “de un nivel superior” al del Área de Cultura, “siendo Presidencia de la Diputación ”el origen de la idea“, recuerda el fallo.

Sin embargo, dijo en el juicio que del volcado de esos correos se podía inferir esa afirmación, pero sin pruebas y en contra del resto de testigos que sostuvieron que la plaza que ocupó David Sánchez no estaba amañada.

La denuncia, de 2024

La sentencia se conoce un mes después del juicio oral celebrado en la Audiencia Provincial para determinar si la Diputación de Badajoz 'enchufó' a David Sánchez y este, a su vez, influyó en la contratación de su amigo Luis María Carrero en la institución provincial para una plaza en comisión de servicio.

El procedimiento penal que ha desembocado en esta sentencia comenzó a fraguarse a raíz de una denuncia que el pseudosindicato Manos Limpias presentó en 2024, siete años después de la contratación del hermano del presidente del Gobierno. El epicentro de la causa se situó en la creación y el diseño, por parte de la Diputación de Badajoz, de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música del organismo provincial.

La decisión de crear ese puesto de alta dirección en 2017 se efectuó cuando Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal de 1 de octubre y el proceso de selección se activó cuando aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.

A pesar de ello, la investigación judicial se ha centrado en dilucidar si los requisitos del sistema de libre designación se configuraron de forma arbitraria para adaptarse al perfil del músico y si los canales de la administración pública se instrumentalizaron para esquivar los principios de mérito y capacidad. No obstante, en el juicio solo una testigo, Cristina de Frutos, que aspiró al puesto, sostuvo que en la entrevista personal del proceso de selección no “sintió” que hubiera igualdad de oportunidades, pero ni denunció ni presentó una queja por ello. Sin embargo, otro candidato que compitió por la plaza, Nerses Avakimyam, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó irregularidades, según su testimonio.

Los funcionarios, técnicos y peritos que testificaron en la vista oral también avalaron el proceso de la Diputación de Badajoz para la creación de la plaza y el proceso de selección que ganó Sánchez.

La Sindicatura de Comptes ha analizado los contratos efectuados por la Administración autonómica con motivo de la dana y ha hecho público un informe especial de fiscalización en el que destaca el “elevado grado de concentración del gasto en un número reducido de operadores económicos”.

Durante los ejercicios 2024 y 2025, el sector público autonómico valenciano ha adjudicado un total de 708 contratos por importe conjunto de 672.209.463 euros, para dar respuesta a las necesidades derivadas de la dana.

De los 708 contratos, 136 -por importe de 1.909.438 euros- han sido contratos menores, que no han sido objeto de la presente fiscalización.

Por tanto, los contratos no menores, objeto del presente trabajo, ascienden a 572 por un importe conjunto de 670.300.025 euros.

Estos contratos han sido tramitados fundamentalmente por la Administración de la Generalitat, a través de sus Consellerias, y por las entidades del sector público instrumental (SPI) de la Generalitat con competencias en infraestructuras, medio ambiente, vivienda, servicios sociales, sanidad y emergencias.

En su mayoría se han tramitado mediante el procedimiento de emergencia, por lo que se evidencia una tramitación caracterizada por la inmediatez en la declaración, adjudicación e inicio de ejecución.

El importe adjudicado se concentra mayoritariamente en prestaciones directamente vinculadas a la retirada y tratamiento de residuos, reparación de infraestructuras viarias y ferroviarias y restauración de infraestructuras hidráulicas y ambientales, lo que pone de manifiesto una priorización de actuaciones esenciales para la seguridad pública, la movilidad y la recuperación funcional del territorio afectado.

Se constata un elevado grado de concentración del gasto en un número reducido de operadores económicos, principalmente grandes empresas del sector de la construcción y gestión ambiental, añade el informe.

La mayor parte del gasto la ha asumido la Administración de la Generalitat a través de sus Consellerias, destacando las de Medio Ambiente, Educación y Agricultura, mientras que el sector público instrumental también han participado de forma importante en actuaciones en materia de restauración de infraestructuras y retirada de residuos, destacando AVSRE, FGV y EPSAR.

Aunque ninguno de los contratos fiscalizados incluye cláusulas de modificaciones, ocho de ellos fueron modificados para ajustar las prestaciones inicialmente previstas a las necesarias.

En 13 de los 33 contratos revisados no se han establecido penalidades por incumplimiento o incumplimiento defectuoso de las prestaciones.

El informe incluye seis recomendaciones para la mejora de la tramitación y la gestión de los expedientes de contratación de emergencia, entre las que se apunta la necesidad de solicitar varias ofertas cuando sea necesario o la asistencia de la Intervención de la Generalitat a las actuaciones de comprobación material de los contratos de emergencia.

Por otra parte, también advierte la Sindicatura de que, en general, los medios personales de las entidades no tienen estabilidad en su puesto y son insuficientes, o no tienen la formación necesaria, para llevar a cabo una gestión de la actividad contractual con criterios de economía, eficiencia y eficacia, y de cumplimiento de la normativa de contratación pública. “Es necesario disponer de personal con suficiente formación en contratación pública”.

Sobre los contratos de obras que se deben celebrar en zonas afectadas por una catástrofe medioambiental, como es el caso de la dana, se recomienda que los órganos de contratación consideren que, además de remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, será necesario que la construcción de los nuevos bienes que sustituirán a los afectados se lleve a cabo considerando las circunstancias técnicas y medioambientales actuales.

La empresa de los hijos del administrador de Radio Televisión Canaria (RTVC), César Toledo, facturó 30.000 euros a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, departamento en el que su padre fue jefe de prensa entre julio de 2023 y agosto de 2025, en dos contratos menores (a dedo) concedidos el año pasado.

Los contratos se firmaron en agosto y noviembre de 2025. La adjudicataria fue Tauler Group Ventures SL, sociedad constituida en marzo de ese mismo año y administrada por Álvaro Toledo Tauler, hijo de César Toledo. Su único socio es Lawrence Holdings Group, mercantil creada en diciembre de 2025 y gestionada por su hermano, Manuel Toledo Tauler.

El primero de los contratos se firmó con Gesplan, empresa pública adscrita a la Consejería de Política Territorial (dirigida por Manuel Miranda, de Coalición Canaria), para la elaboración de un estudio previo destinado al desarrollo de un software de gestión de licencias municipales. El importe ascendió a 14.950 euros, apenas 50 euros por debajo del límite de 15.000 euros fijado para los contratos menores.

La adjudicación se formalizó el 14 de agosto de 2025. Ese mes Toledo seguía siendo el jefe de prensa de Política Territorial (como recoge él mismo en su perfil de LinkedIn), aunque ya había presentado su candidatura para el cargo de director de Medios y Contenidos de RTVC. Fue designado el 27 de agosto, en un proceso al que concurrió como único candidato. En noviembre fue nombrado administrador general de RTVC.

Canarias Ahora ha intentado contactar en varias ocasiones con César Toledo para conocer si sabía que la empresa de sus hijos había contratado con Gesplan, pero no ha obtenido respuesta hasta la fecha de publicación de este artículo. Sus hijos tampoco han respondido a un correo electrónico enviado por esta redacción.

Gesplan, por su parte, se ha limitado a defender que “es una sociedad mercantil con personalidad jurídica diferencia de la administración y tiene autonomía en materia de contratación”.

El segundo contrato menor de Tauler Group Ventures con el departamento de Política Territorial fue adjudicado por la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico. Consistió en el diseño y la producción de contenidos audiovisuales y gráficos para difundir la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial. Su importe ascendió a 14.520 euros, apenas 480 euros por debajo del límite legal para los contratos menores.

El último contrato fue adjudicado por la empresa pública Gestiona Mogán, dependiente del Ayuntamiento gobernado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán), en noviembre de 2025. Por 11.950 euros, Tauler Group Ventures debía desarrollar un software de asistencia virtual con inteligencia artificial integrado en los canales de comunicación de la entidad para mejorar la eficiencia operativa, optimizar los recursos humanos y reforzar la atención al contribuyente.

Tauler Group Ventures fue creada el 26 de marzo de 2025 con un capital social de 3.000 euros. Su objeto social incluye la consultoría tecnológica y estratégica, el desarrollo y explotación de software, la transformación digital, la innovación y el análisis.

Su administrador es Álvaro Toledo Tauler. Desde el 19 de diciembre de 2025, su socio único es Lawrence Holdings Group, sociedad creada ese mismo día y administrada por su hermano, Manuel Toledo Tauler.

Esta última también cuenta con un capital social de 3.000 euros y un objeto social mucho más amplio, que abarca desde actividades de holding e inversión financiera hasta los sectores inmobiliario, turístico y hostelero, además de servicios de consultoría y asesoramiento.

Tauler Group Ventures dice en su página web que construye y opera “compañías AI-first (inteligencia artificial primero), con foco en impacto real en industrial reales”. También señala que se asocia con “firmas Private Equity (de capital privado) para crear valor en sus participadas con inteligencia artificial”.

En poco más de 15 meses desde su creación, ha facturado casi 42.000 a la administración pública en contratos menores (a dedo), según las plataformas Contratación Abierta y Gobierto. Todos fueron firmados en 2025.

“Diagnosticamos dónde está el valor atrapado, ejecutamos las iniciativas que lo liberan, y estructuramos la relación de forma flexible: fee por proyecto, éxito sobre métricas concretas, o carry compartido. Nos alineamos con el retorno del fondo”, explica la compañía en su web.

El padre de Álvaro y Manuel Toledo, César Toledo, es desde el 27 de noviembre administrador general de RTVC. Accedió al cargo a propuesta de Coalición Canaria tras la dimisión de María Méndez, la anterior administradora, con el respaldo del PP, ASG y AHI. Nueva Canarias y el PSOE votaron en contra. Vox se abstuvo.

Toledo es un histórico de los medios de comunicación del Archipiélago. Ha estado vinculado a la radiotelevisión pública desde el principio, pero también a otros medios como Radio Club Tenerife o Diario de Avisos, así como a gabinetes de prensa institucionales, como el del Partido Popular o de Coalición Canaria. En estos momentos cobra 70.000 euros al año. En su declaración de bienes y derechos patrimoniales dice que tiene un patrimonio de 34.000 euros.

La gestión de Toledo al frente del ente público ha estado marcada por la polémica desde el principio. Los trabajadores de RTVC llegaron a registrar un preaviso de huelga el pasado mes de mayo, coincidiendo con la visita del Papa, por la falta de interlocución con la dirección, el incumplimiento del convenio y la amenaza que se cierne sobre los informativos por la Ley Audiovisual, actualmente en tramitación.

A ello se suma una sucesión de bajas médicas, excedencias, una jubilación en el departamento de Administración y la dimisión de Paco Luis Quintana como director de Informativos en septiembre de 2025, cuando Toledo aún era director de Medios y Contenidos.

Quintana, que ocupaba el cargo desde julio de 2024, justificó su marcha porque la “nueva estructura y organigrama” de RTVC diluía el área de Informativos. “Pasa a ser un departamento más dentro de un cajón donde caben programas externos, retransmisiones, producciones, magazines o entretenimiento”, afirmó.

En dos respuestas por escrito a preguntas formuladas por la diputada socialista Nayra Alemán, Toledo aseguró que entre julio de 2025 y mayo de este año no se había producido ningún cese en RTVC y que la única dimisión había sido la de la anterior administradora general, María Méndez, el 17 de noviembre del año pasado.

Lo que comenzó siendo una concesión administrativa muy problemática, el centro termal y spa de Ranillas, en el recinto de la Expo de Zaragoza, amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para Jorge Azcón y Natalia Chueca de dimensiones aún por determinar. La jueza de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado a ambos dirigentes, entre varios otros –también a la actual presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro–, para dirimir un conflicto por la resolución anticipada de este contrato por parte del Ayuntamiento de la capital aragonesa, una decisión política consumada a finales de 2023 por la que los dos dirigentes populares se arriesgan a una inhabilitación para administrar bienes ajenos y, lo que es peor, que expone al Consistorio a una sanción millonaria.

El proceso es complejo y largo, y mezcla la vía mercantil con la contenciosa. Un punto de partida se puede situar en 2017, cuando la firma Cublan Inversiones asumió la explotación del recinto tras la liquidación de la anterior concesionaria, endeudada con el Ayuntamiento.

Cuatro años después, y en el plazo de cuatro meses entre octubre de 2021 y febrero de 2022, todo saltó por los aires. Cublan, que tenía dificultades financieras, pactó un crédito de 3,5 millones de euros con Audentia Capital para saldar la deuda con sus acreedores –entre ellos, el propio Consistorio– y poder mantener la actividad. Pero, para ello, la empresa necesitaba hipotecar la concesión como garantía y así se lo solicitó al Gobierno municipal, entonces con Jorge Azcón como alcalde en coalición con Ciudadanos.

Casi al mismo tiempo, la Gerencia de Urbanismo denegó la licencia de funcionamiento al complejo termal, lo que basó en que la instalación supuestamente no cumplía las condiciones en materia de incendios. Cublan interpuso un recurso de reposición, pero entre tanto el Gobierno del PP-Cs en Zaragoza aprovechó para tumbar la petición del aval, lo que justificó en la deuda contraída –algo más de 200.000 euros– y en la propia licencia denegada.

Desde febrero de 2022, el centro termal y spa permanece cerrado. El auto de declaración de concurso voluntario de Cublan Inversiones data de julio de ese año.

Hasta ahí, la primera parte. Pero la historia ha continuado. Porque la concesionaria recurrió la denegación de la licencia y los tribunales le han dado la razón. En noviembre de 2022, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Zaragoza anuló esta denegación, aunque por un vicio de tramitación: el Ayuntamiento no trasladó en su momento la documentación proporcionada por Cublan ante las supuestas deficiencias de Bomberos. La propia Cublan apeló y el 16 de febrero de 2024 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Aragón, con el juez Albar como ponente, le dio íntegramente la razón: determinó que cumplía con todas las exigencias, apuntó que de hecho la instalación contaba ya una licencia tácita desde 2011 y zanjó que Cublan contaba con “un indiscutible derecho a la licencia expresa” desde diciembre de 2021.

Esta última fecha es relevante ya que supone que cuando el Gobierno del PP-Cs en Zaragoza denegó el aval a la concesionaria esta ya contaba con licencia a todos los efectos.

Interés de un constructor

Y hay un factor añadido que recoge la sentencia del TSJA y que apuntala las pretensiones de la concesionaria: en octubre de 2023 –la alcaldesa era ya Natalia Chueca–, el Ayuntamiento concedió de forma expresa la licencia de funcionamiento y lo hizo con los documentos que obraban en el expediente original, los mismos con los que tumbó la de Cublan Inversiones.

Solo unos meses antes había trascendido el interés del constructor Juan Forcén, amigo íntimo de Jorge Azcón, por quedarse la concesión a cambio del pago de unos cuatro millones de euros, un precio muy por debajo del valor del mercado que tenía entonces la instalación. Finalmente, la opción no fructificó. Esa época coincide, por otro lado, con el denominado 'kioskogate', por el que Forcén resultó adjudicatario de la mayoría de terrazas de concesión municipal que sacó a concurso el Gobierno local de Azcón.

El Ayuntamiento recurrió la sentencia del TSJA en casación, pero el Tribunal Supremo lo inadmitió e impuso unas costas de 2.500 euros al Consistorio, como dio cuenta el Consejo de Gerencia de Urbanismo el 3 de junio de 2025.

En este contexto, Cublan Inversiones y 14 de sus acreedores reclamaron hace tres años, en la que ya es la pieza sexta del concurso, la declaración de culpabilidad del Ayuntamiento en la quiebra de la compañía, con una deuda reconocida de 14,6 millones de euros y más de un centenar de acreedores en total.

Y ese es el motivo por el que ahora la titular del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado a nueve responsables del Gobierno municipal PP-Cs en condición de afectados, tal y como adelantó este fin de semana 'El Periódico de Aragón': Jorge Azcón, Natalia Chueca, Ángel Lorén, María Navarro, Patricia Cavero –todos ellos, del PP–, Víctor Serrano, Sara Fernández, Carmen Herrarte y Javier Rodrigo –de Ciudadanos entonces, ahora en las filas populares–. ¿Qué supone la condición de 'afectado'? Que los nueve podrían tener una responsabilidad directa en la insolvencia de la empresa, lo que en último término les acarrearía una inhabilitación de entre 2 y 15 años para administrar bienes de terceros, públicos o privados. Y, a su vez, las arcas municipales se arriesgan a tener que asumir una multa que fuentes conocedoras del caso sitúan por encima de los 30 millones de euros.

Los nueve dirigentes políticos niegan haber recibido la providencia, que elDiario.es ha podido confirmar que existe y que está fechada el pasado 30 de junio. Este mismo martes, la alcaldesa ha esgrimido el mismo argumento, aunque fuentes municipales evitan valorar si la notificación ha llegado al Ayuntamiento de Zaragoza como institución.

Este periódico también se ha puesto en contacto con fuentes de Cublan Inversiones, que han rehusado hacer declaraciones.

“Un proceso mercantil”

Natalia Chueca ha pedido “tranquilidad” ante “un proceso mercantil, no penal”. “Hablamos de equipamiento conocido desde su inauguración con el alcalde Belloch, que ha sufrido múltiples concursos de acreedores. Un negocio ruinoso, que operó sin licencia desde el primero momento. Es una deuda de la mala gestión de la empresa, pretenden que paguemos todos los zaragozanos y yo voy a defender el interés de Zaragoza”, ha manifestado la regidora, pese a que el TSJA ya determinó que el establecimiento contaba con licencia de funcionamiento.

El PSOE, tanto a nivel regional como desde el grupo en el Ayuntamiento, ha pedido “explicaciones” al PP: “”Exigimos responsabilidad, transparencia e información“, expresó el domingo el diputado Jesús Morales. El lunes, la portavoz municipal, Lola Ranera, exigió una junta de portavoces extraordinaria para abordar este asunto, algo que Chueca ha rechazado: ”No procede“, ha afirmado este martes.

El Tribunal de Cuentas del Estado tiene abiertas diligencias desde el pasado 16 de junio para investigar un presunto “menoscabo de fondos públicos” tras la denuncia de la asociación Corrupción Cero, quien apunta presuntas irregularidades en la empresa pública Balsas de Tenerife (Balten). El Tribunal de Cuentas ha dado traslado inmediato de las actuaciones al Ministerio Fiscal. 

La denuncia también ha sido enviada a la Fiscalía Anticorrupción de la delegación de Tenerife, y señala un reguero de presuntas irregularidades: desde el mantenimiento del precio del agua de riego respecto al que se pagaba durante la emergencia hídrica de 2024, aunque ya no haya sequía, hasta una cadena de contrataciones presuntamente llenas de puertas giratorias y conflictos de intereses.

En 1983 se empezaron a construir 10 embalses para 17 municipios del norte de Tenerife con una capacidad total de 3,25 hectómetros cúbicos, fue el Plan de Balsas del Norte de Tenerife. El Cabildo Insular, con la participación del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda), el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y el Gobierno de Canarias, construyó una infraestructura que aprovecha el agua de las galerías que los agricultores desperdician en invierno, para disponer en verano de 300 litros por segundo en el norte de la isla.

Esta es la historia de cómo se creó la empresa pública Balsas de Tenerife. En la actualidad, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción tienen sobre la mesa una denuncia firmada por Juan Manuel Pérez, presidente de la Asociación Corrupción 0, que pone el foco en Ana María Sánchez, quien ejerció como gerente de BALTEN entre el 9 de septiembre de 2021, hasta su cese el 28 de febrero de 2025, según el informe Jurídico interno de BALTEN. 

“Puertas Giratorias” 

Según expone el documento de denuncia, tras su cese de la empresa insular Balten, Ana Sánchez pasó a desempeñar funciones directivas como directora adjunta en Servicios de Aguas del Valle, S.A. (Savasa). Esta incorporación resulta especialmente controvertida porque SAVASA fue una de las entidades directamente beneficiadas por las modificaciones económicas al alza aprobadas por Balten durante su mandato y con su participación directa como gerente. 

Según la denuncia, a este hecho se suma el nombramiento de su marido, Braulio Domínguez, como gerente de Teidagua en diciembre de 2024. Y hay que tener en cuenta que esta empresa está participada al 50% por Canaragua. Porque fue precisamente bajo la gerencia de su mujer Ana Sánchez, cuando Balten adjudicó a CANARAGUA un contrato de operación y mantenimiento de redes por un valor estimado de más de 5,8 millones de euros. No era la oferta más económica de las tres que se presentaban. En la denuncia se solicita que se investigue si estos hechos constituyen un “conflicto de interés estructural” y una situación de “puerta giratoria”. 

Las acusaciones de favoritismo en las licitaciones se sustentan en los propios registros oficiales. Según la resolución de la Plataforma de Contratación del Sector Público aportada a la causa, el contrato de mantenimiento otorgado a CANARAGUA se cerró por un importe fijo de 695.500 euros y se formalizó el 30 de octubre de 2024. El propio documento oficial confirma que la entidad pública desechó otras ofertas más económicas a favor de la empresa con la que la gerencia tenía aparentes vínculos.

Precios de sequía en tiempo de lluvias 

Al igual que la gasolina cuando hay escasez de petróleo, con el agua ocurre lo mismo. Durante la emergencia hídrica de 2023 y 2024, con los embalses casi vacíos, en niveles críticos del 12,8%, BALTEN justificó modificar excepcionalmente y de manera urgente el precio del agua de riego, encareciendo el suministro a proveedores como SAVASA. La empresa Balsas de Tenerife argumentaba que había “riesgo de desabastecimiento agrícola” y que esta empresa suministradora amenazaba con cortar el suministro del agua si no se cubrían sus costes.

Según el denunciante, todo esto provocaría un grave perjuicio económico a las arcas insulares. La documentación aportada en las denuncias detalla que el agua extraída del Pozo Patronato (gestionado por SAVASA) pasó de costar un 46,43% más caro, de un 0,420 €/m³, a 0,615 €/m³, el Pozo La Calderona se encareció un 66,75%, ya que pasó de 0,412 €/m³ a 0,687 €/m³, y el Pozo Chivana se encareció un 60,19%, de 0,520 €/m³ a 0,833 €/m³.

Sin embargo, el escenario meteorológico cambió radicalmente a principios de 2026. Las intensas lluvias de la borrasca Therese dejaron los embalses prácticamente llenos, alcanzando casi un 90% de su capacidad. Esto motivó que el Cabildo de Tenerife levantara oficialmente la declaración de emergencia hídrica el 1 de marzo de 2026. Pero aunque desapareció totalmente esta situación excepcional de sequía, la denuncia señala que BALTEN no ha revertido estos precios. Según la asociación denunciante Corrupción Cero, pagar el agua a precio de sequía extrema en época de abundancia podría constituir el “menoscabo a los fondos públicos”, que ahora deben dirimir el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía. 

El caso no solo salpica presuntamente a la anterior gerencia de la empresa pública, sino que apunta directamente a la actual cúpula política de la isla. El escrito, dirigido expresamente a la atención de la Presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, acusa a la corporación insular de una flagrante “inactividad”.

El denunciante advierte de que el gobierno insular podría estar “consintiendo” estas presuntas irregularidades al no ordenar la reversión de los precios del agua pese a tener los embalses al máximo de su capacidad, lo que supondría un quebranto patrimonial continuado.

Este periódico ha contactado con Ana María Sánchez, exgerente de BLATEN y actual directora adjunta de la gerencia de SAVASA, que asegura que no ha sido notificada por ninguna instancia judicial. Niega las acusaciones de puertas giratorias, y sin querer hacer más declaraciones, recuerda que dejó la gerencia de Balsas de Tenerife en enero de 2025.

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 13,5 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a la multinacional española Indra por formar parte de un cártel empresarial que dominó las licitaciones de contratos públicos de informática y tratamiento de datos entre 2005 y 2015. La investigación desveló correos internos de Indra donde se jactaban del poder que ejercían sobre la Administración: “Hemos elaborado los perfiles junto con el cliente y en el pliego han puesto exactamente los modelos que nosotros les enviamos”. Hacienda y la Seguridad Social fueron algunos de los organismos señalados en ese momento por la investigación de Competencia.

La CNMC firmó esta sanción contra Indra y otras 10 empresas –entre ellas SAG, Atos, IBM o Accenture– en 2018. Todas estaban acusadas de tener “contactos” en las Administraciones Públicas y saber con antelación que iban a salir licitaciones públicas para poder repartir esos contratos siempre entre las mismas empresas del sector. Desde el desarrollo de aplicaciones en la AEAT hasta servicios “de carácter informático” en la Seguridad Social pasando por la administración electrónica del SEPE y el Instituto Cervantes. Solo Indra, destaca el Supremo, participó de forma ilegal en contratos que sumaron más de 324 millones de euros.

Soplos de información privilegiada y acuerdos privados entre las empresas del cártel que, según dijo la CNMC y confirma ahora el Tribunal Supremo, no solo se tradujo en un reparto de contratos públicos sino en su encarecimiento. El caso no se conoció hasta octubre de 2017, cuando el entramado llevaba más de una década en funcionamiento. La CNMC recibió una denuncia anónima que destapó los vínculos entre personas que trabajaban en estas empresas y otras que formaban parte de los organismos públicos que adjudicaban los contratos.

La multa impuesta a Indra que ahora confirma la sala tercera del Tribunal Supremo es la más alta de todo ese expediente: 13,5 millones de euros. Los jueces rechazan la que ha sido la principal queja de Indra desde que arrancó el procedimiento y pudo presentar su primer recurso, también fallido, ante la Audiencia Nacional: que hubo Administraciones Públicas involucradas y eso hace imposible sancionar a la empresa adjudicataria. “Las Administraciones contratantes no son una de las empresas del cártel, y su papel queda fuera de esa comparación”, contesta el Supremo.

“Esa facilitación afectaría a la responsabilidad de las propias Administraciones, no al liderazgo que la recurrente ejerció sobre las demás empresas”, dicen los magistrados sobre el papel que Indra jugó en el cártel ahora sentenciado en firme. En total se impusieron multas que sumaron 29,9 millones de euros. Y el Supremo considera justificado que a Indra se le impusiera la condena más alta: “Su conducta afectó a cuatro Administraciones, intervino en diecinueve licitaciones, le fueron adjudicados veinticinco lotes y el importe de los adjudicados a las uniones temporales en que participó ascendió a 324.736.332 euros. Su liderazgo se apreció, así, en comparación con las demás empresas sancionadas”.

El Ayuntamiento de Santander suma un nuevo conflicto con la adjudicación de contratos, unos días después de anularse el contrato de la feria taurina. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha suspendido cautelarmente el contrato para redactar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento adjudicó a la segunda empresa mejor valorada, tras el recurso de otra firma que fue excluida a última hora del proceso.

Desde el consistorio dicen que “se trata de una circunstancia completamente ajena a la voluntad del Ayuntamiento que responde a los tiempos propios de la tramitación administrativa y de las garantías legales que rigen los procedimientos de contratación pública”. La redacción del plan de urbanismo es una asignatura pendiente en la ciudad y sucesivos equipos de gobierno municipales han sido incapaces de sacarlo adelante.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento adjudicó el contrato hace unos días, el 1 de junio, a la empresa Ezquiaga que presentó una oferta junto a otras empresas -lo que se conoce como UTE, unión temporal de empresas- junto a Sociedad y Territorio, Jornet Llop Pastor, Ineco y Junquera Arquitectos.

El propio equipo de gobierno de la alcaldesa Gema Igual (PP) ha informado en una nota de prensa que la empresa Omicron-Amepro, S.A. recurrió su exclusión del proceso y solicitó, al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, la suspensión cautelar de la tramitación hasta que se resuelva el recurso.

Omicron-Amepro obtuvo la mejor puntuación en el proceso de licitación pero finalmente ganó la segunda mejor valorada: Ezquiaga. La explicación es que el Ayuntamiento de Santander decidió excluir a la primera argumentando que faltaba documentación.

La nota del Ayuntamiento dice que durante el proceso de licitación del contrato, la mesa de contratación fue descartando progresivamente las ofertas presentadas. En una primera fase quedó excluida la propuesta de Territorio y Ciudad “y en la última sesión de la mesa, se acordó la exclusión de la UTE Omicron-Amepro”. Sin explicar las razones.

Por su parte, el Tribunal ha estimado la solicitud porque considera que si el contrato sigue adelante podría ocasionar perjuicios en caso de que el recurso fuese finalmente estimado, por ello ha decidido suspenderlo hasta que se resuelva definitivamente el asunto.

Diez años después de su anulación por el Supremo

Por lo demás, la reacción municipal ha sido lamentar el retraso en la tramitación de la revisión del PGOU, un documento que se aprobó en 2012 y que fue anulado por el Tribunal Supremo en 2016. Los magistrados consideraron que no garantizaba “la suficiencia de los recursos hídricos necesarios para abastecer a la población”. Diez años después la ciudad se rige provisionalmente por el planeamiento de 1997, tras un intento en la pasada legislatura de avanzar sin éxito en un documento gracias al empeño del concejal de Ciudadanos, Javier Ceruti, que gobernaba en coalición con el entonces equipo de gobierno en minoría del PP.

Anulación del contrato de la feria taurina

El mismo Tribunal Administrativo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que ha paralizado este contrato del PGOU hace unos días declaró nulo el acuerdo adoptado por la Empresa Municipal Plaza de Toros de Santander para adjudicar la organización de la feria taurina de Santiago a la empresa Lances de Futuro, tras estimar el recurso presentado por otra empresa, Cántabra de Toros, que también participó en el proceso.

El PSOE de Santander ha denunciado que el Tribunal tuvo que requerir el expediente al equipo de gobierno del Partido Popular hasta en cinco ocasiones. “Esa forma de actuar refleja una preocupante falta de diligencia y de respeto hacia los órganos de control administrativo”, ha denunciado Daniel Fernández, portavoz del Grupo Municipal Socialista.

La Diputación de Ciudad Real ha anunciado este martes que “aplaza” el programa de conciertos solidarios 2026 y “sin fecha” a la espera de poder (o no) retomarlos.

El programa incluía las actuaciones de Marta Sánchez, junto al grupo local Pantalikes en Argamasilla de Calatrava, Loquillo en Membrilla, Duncan Dhu en Socuéllamos, Pastora Soler en Villanueva de la Fuente, Ana Torroja en Campo de Criptana además de Omar Montes y Chambao en Malagón.

El área de Cultura y Turismo que dirige la diputada de Vox María Jesús Pelayo, lo achaca a un “recurso especial en materia de contratación” que, dice, ha obligado a tomar esta decisión, siguiendo “el criterio” de los servicios técnicos y jurídicos de la propia Diputación de Ciudad Real.

Se suspende así todo el procedimiento administrativo vinculado a la organización de los citados eventos musicales. Ahora deberá ser el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales el que dictamine sobre esta cuestión.

Mientras tanto, “a la espera de la resolución, se habilitarán mecanismos para la devolución de las entradas de los eventos que no puedan celebrarse”, anticipa la institución provincial.

Se ha habilitado un mecanismo para la devolución del importe de las entradas de los conciertos que no se puedan celebrar, tanto a través de la Plataforma Global Entradas como de los propios ayuntamientos.

Según el decreto de la Diputación de Ciudad Real, con fecha 1 de junio, consultado por elDiario.es Castilla-La Mancha, en la tramitación del expediente de la Mesa de Contratación decidió excluir a varios de los licitadores por no cumplir con los requisitos mínimos de los pliegos de condiciones y se propuso la adjudicación del contrato dividida en dos lotes específicos: uno para la producción audiovisual y otro para el montaje de escenarios.

Una de las empresas presentó un recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación del servicio de equipos de iluminación y sonido que lo ha paralizado todo ya que resulta inviable celebrar así los conciertos.

Además, la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) dice que la interposición de este tipo de recurso especial suspende automáticamente la tramitación.

Fragmentación de contratos y tiempos ajustados de licitación

La Diputación Provincial asegura que los ayuntamientos afectados “han sido informados de inmediato” y que “todos” han “mostrado su comprensión con una situación que es ajena al Área de Cultura y Turismo de la Diputación de Ciudad Real”.

También dice confiar en que “una vez quede resuelto el procedimiento, pueda retomarse la tramitación y desarrollar el calendario inicialmente previsto o, al menos, reprogramar aquellas actuaciones que resulten compatibles con los plazos disponibles y con los calendarios de las giras de los artistas”.

Sin embargo, el perjuicio está servido, tanto para los ayuntamientos afectados, las entidades beneficiarias de la recaudación solidaria, como para el sector hostelero de los municipios y casi sin tiempo material de reacción.

La fragmentación de los contratos entre la parte técnica y el montaje y los tiempos ajustados en la licitación y adjudicación han jugado también en contra del proceso.

El alcalde de Argamasilla de Calatrava Jesús Ruiz, el primer municipio afectado con concierto previsto (y cancelado) este fin de semana ha criticado la gestión por parte de la Diputación Provincial.

Por un lado, se verán perjudicadas las dos asociaciones que iban a beneficiarse del concierto solidario a través de la recaudación, AMASOL y AYSAR. El alcalde hace especial hincapié también en el perjuicio que esta suspensión supone para ellas.

Para que este tipo de situaciones no se repitan, la Diputación debe sacar los procedimientos con mucha más antelación

Jesús Ruiz — Alcalde de Argamasilla de Calatrava

“Espero que la Diputación sepa solucionar todos estos problemas administrativos cuanto antes para retomar los fines benéficos del concierto”, ha dicho el alcalde quien recuerda “su labor contra la soledad no deseada y de ayuda solidaria es fundamental para nuestros vecinos, y este revés administrativo ajeno al Ayuntamiento las deja, de momento, sin un apoyo económico muy necesario”.

También ha dejado un recado a PP y Vox. “Para que este tipo de situaciones no se repitan, la Diputación debe sacar los procedimientos con mucha más antelación”. Según Ruiz, “recursos puede haber siempre, pero la previsión administrativa es clave para no perjudicar a los municipios que, como el nuestro, ya lo teníamos todo dispuesto”.

Paliar daños a los hosteleros en Argamasilla de Calatrava

El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha anunciado su intención de mantener una gran noche festiva este viernes 12 de junio “a pesar de la notificación oficial de la Diputación Provincial de Ciudad Real sobre la suspensión de la actuación de Marta Sánchez, y Patalikes, por problemas en la licitación de los Conciertos Solidarios”.

El alcalde, Jesús Ruiz, ha expresado su “decepción” no solo por la cancelación, sino por la gestión realizada. “La Diputación no nos ha ofrecido ninguna alternativa para poder desarrollar el concierto u otro tipo de evento, a pesar de que teníamos la fecha reservada y todo el despliegue logístico preparado”.

Ruiz ha destacado que esta falta de respuesta por parte de la Corporación provincial afecta directamente al tejido económico de la población, al que también se busca favorecer con los conciertos ahora cancelados en las fechas anunciadas.

El edil subraya que el ayuntamiento ha optado ante esta situación por ofrecer una alternativa. “Sabiendo de sus dificultades en el día a día de sus negocios, hemos decidido desde nuestro Ayuntamiento no dejarlos desamparados”.

El alcalde ha anunciado que habrá, el mismo día 12, un evento gratuito bajo el lema ‘Crazy Fuck Circus Show’, que comenzará a las 23.30 horas, también el parque ‘Huerta Asaura’. Se trata, ha dicho, de “apoyar a los hosteleros que ya se habían aprovisionado” para dar servicio durante el concierto de Marta Sánchez.

En este aspecto incide en criticar “la ausencia de alternativas por parte la institución provincial cuando ya todo estaba prácticamente listo y los hosteleros aprovisionados para atender a tanto público como se esperaba”.

Será un espectáculo con las actuaciones de Danny Valen y DJ Ismael y una puesta en escena que incluye animación ‘crazy’, performances de contorsionismo, espectáculos de fuego, ‘crazy girls’ y ‘lluvia’ de regalos

Por eso, el regidor alienta en tono positivo a quienes ya tenían planes para visitar la localidad a que mantengan su cita con Argamasilla de Calatrava. “Hemos trabajado a contrarreloj para ofrecer una alternativa a la altura de las expectativas”.  

Este martes ha quedado visto para sentencia el juicio del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación como coordinador de las actividades de los conservatorios en la Diputación de Badajoz. La Audiencia Provincial ha acogido ocho sesiones en las que han declarado 11 acusados, entre ellos también el expresidente de la institución pacense, Miguel Ángel Gallardo, y más de 40 testigos.

En esta jornada solo quedaba por escuchar las conclusiones definitivas de dos abogados de los acusados, que defienden a Ricardo Cabezas y Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, que han coincidido en señalar la “ausencia” de pruebas de cargo en este procedimiento y en cuestionar la participación de la UCO en el juicio.

El letrado de Carrero, acusado de haber accedido a su puesto en comisión de servicio en 2023 gracias a su amistad con el hermano del presidente, ha recordado ante la Audiencia de Badajoz que todos los actos de desarrollo de la plaza pasaron los filtros administrativos correspondientes, como han avalado los peritos y testigos: “Han sido fiscalizados por la intervención y por los técnicos intervinientes. Nadie jamás ha puesto nota de reparo alguna. ¿Por qué se tacha de prevaricador ese acto?”.

Para el abogado, Salvador Morillas, la acusación carece de armazón jurídico y responde puramente a una estrategia mediática y de desgaste. “Se afirma que se creó la plaza para el señor Carrero porque era un enchufado del señor David. Bueno, si se dice eso, hay que probarlo. Queda muy bien, sobre todo de cara a la prensa y de cara al mundo de la política, decir que este es el típico enchufado que viene de Madrid porque se le ha fabricado un puesto. Pero eso es una leyenda”.

Por su parte, Raúl Montaño, abogado de Cabezas, ha asegurado desconocer aún de qué defiende a su cliente: “Se dice tráfico de influencias, pero no sé quién lo influye o a quién influye él”. Montaño ha subrayado la ausencia de pruebas de cargo, de pruebas periféricas que apoyen el testimonio del teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, o testigos de directos y, sin embargo, ha afirmado que durante el juicio ha oído “discursos a veces políticos, a veces imaginativos, he oído novelas policiacas, cloacas… Pero el derecho de defensa es lo más sagrado en el procedimiento penal. Se pueden celebrar juicio sin acusaciones populares, pero nunca sin abogados de defensa”.

“La acusación ha ganado el juicio social”

El músico ha rehusado hacer uso de la última palabra, que sí ha aprovechado Miguel Ángel Gallardo para reiterar su inocencia y la del resto de personas que se han sentado en el banquillo de los acusados, aunque ha lamentado que ya “han sido condenados socialmente”. El exlíder del PSOE extremeño también ha querido resaltar el trasfondo político del proceso asegurando ante el tribunal que la única culpabilidad que se les puede atribuir es “no tener las mismas ideas que la acusación popular”. 

Gallardo también ha denunciado lo que ha denominado un “juicio mediático paralelo” que su entorno ha sufrido durante más de dos años.

También han querido aprovechar ejercer su derecho a la última palabra el que fue diputado provincial de Cultura entre 2019 y 2023, Francisco Martos, que ha asegurado que lleva “7 u 8 días sometido a un escrutinio que no acabo de entender” y ha destacado que en toda su carrera política (fue 24 años alcalde de Castuera) “jamás he ido a una comisión sin saber a qué iba, he ido a un pleno sin saber qué se iba a votar y jamás he tenido un reparto de Secretaría ni Intervención en actividad municipal o provincial”.

El actual diputado de Cultura, Ricardo Cabezas; el director del área de Cultura, Manuel Candalija; y el ex jefe de servicio de gestión de Recursos Humanos de la Diputación, Félix González, también ha hecho un alegato final.

El tribunal presidido por el magistrado José Antonio Patrocinio deberá resolver tres claves fundamentales: si la institución pacense creó una plaza a medida de libre designación para adjudicársela al músico en 2017, si el puesto cambió posteriormente de denominación para ajustarse a sus intereses personales y si David Sánchez influyó en la contratación en comisión de servicio de su amigo, Luis María Carrero, en 2023.

Por todo ello, los magistrados tendrán que valorar si los acusados cometieron los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, como consideran las acusaciones populares, formadas por Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. Este bloque ha elevado sus peticiones hasta los seis años de prisión para David Sánchez, cuatro años para Gallardo y dos para Carrero como principales acusados, mientras que la Fiscalía y las defensas han pedido la libre absolución para todos los procesados.

El abismo entre las tesis plasmadas en el papel y los testimonios escuchados en la Audiencia de Badajoz ha marcado el desarrollo del juicio contra David Sánchez, acusado de prevaricación y tráfico de influencias por su contratación en la Diputación en 2017. El procedimiento ha entrado en su recta final y ha evidenciado las distancias entre el relato de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que insiste en que la plaza de libre designación estaba amañada, y las declaraciones de los funcionarios, técnicos y peritos que han testificado en la vista oral, que han desmentido las deducciones, sin pruebas, del teniente coronel Antonio Balas.

Tan solo una testigo, Cristina de Frutos, que aspiró al puesto de coordinación de las actividades de los conservatorios pacenses, ha sostenido que en la entrevista personal del proceso de selección no “sintió” que hubiera igualdad de oportunidades, pero ni denunció ni presentó una queja por ello. El director de Cultura, Manuel Candalija, también en el banquillo, dijo en el juicio que presentó “un proyecto que era hoja y media, tenía un poco de desconocimiento sobre la administración local”. Sin embargo, otro candidato que compitió por la plaza, Nerses Avakimyam, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó irregularidades, según su testimonio.

El jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO ha señalado al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, que también se sienta en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias, como la persona que decidió en 2016 crear la plaza de coordinador de los conservatorios e iniciar un proceso que estaba “predeterminado” para que fuera el hermano del presidente del Gobierno el que ocupara el puesto. Pero no ha ofrecido pruebas para esa acusación. Se trata de inferencias y deducciones tras analizar los correos electrónicos de Sánchez, Gallardo y los empleados del área de Cultura, que el exlíder regional del PSOE calificó como “novela de ciencia ficción”.

De hecho, en un atestado, la UCO aseguraba desconocer de quién fue la decisión de crear la plaza y, sin embargo, en el juicio señaló directamente a Miguel Ángel Gallardo. “¿Por qué?”, se interesó la fiscal. Por una “visión holística” de los oficios y atestados incluidos en la investigación.

Pero hay dos hechos a tener en cuenta: en el momento de crear la plaza (octubre de 2016), Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal del 1 de octubre y cuando se activó el proceso de selección aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.

El mando de la UCO insistió en que la plaza de alta dirección y de libre designación se creó a pesar de que las necesidades expresadas por los responsables de los conservatorios eran “otras”, pero estos explicaron que su reticencia obedecía a que se trataba de una “figura ajena” a la estructura de los conservatorios, que podría tener criterios “pedagógicos muy distintos”. Sin embargo, todos valoraron la ayuda que supuso la creación de la plaza porque la carga de trabajo era “tremenda” y el desempeño de David Sánchez, por su “buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado” y realizaba “todas” las funciones de las que era responsable. Con ello, neutralizaron la acusación de absentismo laboral.

Todos los testigos, con la excepción de la citada contrincante de Sánchez en el proceso de selección, han ofrecido una versión muy distinta al relato esbozado por la UCO. Entre ellos, el exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí. Su declaración estrenó las testificales del juicio y supuso un jarro de agua fría para las acusaciones (ejercidas por Manos Limpias, PP, Vox, Abogados Cristianos, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum) y para la interpretación que el teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, hizo de un correo electrónico, que ha sido una de las principales pruebas de cargo contra el músico.

El 19 de mayo de 2017, Valentí envió a la entonces directora del Conservatorio Profesional, Yolanda Sánchez, las bases del proceso de selección, que se hicieron públicas ese mismo día. En el asunto del correo puso “hermanísimo” y, a juicio de la UCO, Valentí “no es cualquier persona, sabe que la otra persona lo va a entender”. Es más, según declaró el mando de la Guardia Civil, el uso de ese término significa que el director del conservatorio “sabe que [Sánchez] se va a presentar y se lo van a dar, como pasó”.

Esa deducción no tiene nada que ver con lo testificado en la vista oral por el autor del mensaje, que indicó que escribió “hermanísimo” como una “anécdota”, porque era un término “llamativo” y había “rumores” de que David Sánchez iba a concurrir a la plaza, aunque no supo decir de dónde partieron (“en los pasillos, en la Secretaría, en alguna conversación, no sé quién lo dijo”) y también conocía los nombres “del 80% de los candidatos”. En ningún momento quiso decir, según su testimonio, que supiera que el puesto estaba dado de antemano.

Aval a los contratos administrativos

No ha sido el único revés a las tesis planteadas por la UCO. El teniente coronel Antonio Balas ha tenido que reconocer en el juicio su falta de formación en materia de contratación administrativa, a pesar de haber analizado y redactado un informe sobre esta cuestión.

El mando también indicó que le “llamó la atención” la urgencia para activar el proceso de adjudicación de la plaza, que se hizo “en el tiempo mínimo”. Sin embargo, los funcionarios y peritos que declararon en las primeras jornadas del juicio han subrayado la legalidad de los procesos que se enjuician: la contratación de David Sánchez, el cambio de nomenclatura del puesto (de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas), un procedimiento que han considerado “normal”, “habitual” y que no supuso un aumento salarial, y la contratación del funcionario Luis María Carrero, amigo del músico, en comisión de servicio como jefe de sección de actividades transfronterizas.

Los acusados, cargos y exresponsables de la Diputación de Badajoz, también han avalado la transparencia y la legalidad en los procesos de creación y adjudicación tanto de la plaza que finalmente fue otorgada al hermano del presidente del Gobierno como la de Luis Carrero.

La UCO también interpreta que la plaza tenía el nombre de David Sánchez de antemano en el interés del músico por el alquiler de un piso en Badajoz el mismo día que estaban programadas las entrevistas personales para cubrir el puesto. Sánchez explicó en la fase de instrucción que su intención era testar el mercado. En el juicio solo respondió a las preguntas de su abogado y no abordó este tema porque el delito de aceptación de nombramiento ilegal se dio por prescrito al inicio la vista.

El juicio se reanudará este lunes con la presentación de los informes finales, con lo que quedará visto para sentencia, aunque el tribunal contempla la posibilidad de tener que extenderlo hasta el martes a mediodía. La Audiencia Provincial retomará la sesión después del sorpresivo cambio en la petición de penas formulada por PP, Vox y el resto de acusaciones ultras, con excepción de Manos Limpias. Han doblado de tres a seis años la solicitud de cárcel para David Sánchez. Argumentan que, aunque el delito de aceptación de nombramiento ilegal esté prescrito, no lo están los hechos, por lo que ahora lo califican como prevaricación.

Para el expresidente de la Diputación de Badajoz reclaman ahora cuatro años de cárcel, en lugar de tres, y hasta 40 años de inhabilitación.