La Audiencia de Badajoz ha completado la fase testifical en el juicio contra el hermano del presidente del Gobierno David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la contratación del primero en el año 2017 en la institución. Las tres primeras sesiones de la vista oral, en la que han participado 42 testigos, han estado definidas por una contradicción técnica directa entre las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las declaraciones de los funcionarios, peritos, aspirantes y directores de los conservatorios provinciales.

Este jueves es el turno de los acusados. Declarará en primer lugar Gallardo y después lo hará Sánchez y el resto de encausados, 11 en total.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO y responsable del volcado de los correos intervenidos a los trabajadores de la Diputación, ha atribuido al ex secretario general del PSOE extremeño la decisión de crear la plaza de libre designación de coordinador de los conservatorios pacenses y ha considerado que la adjudicación a Sánchez estaba “predeterminada”.

Balas “entiende y considera evidente” estas afirmaciones por inferencias tras el análisis de las comunicaciones internas entre funcionarios, altos cargos socialistas de la Diputación y Gallardo, aunque no ha aportado ninguna prueba, algo que algunos letrados de la defensa han querido evidenciar.

De Gallardo a Doaremon

El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, incluso ha dejado patente que la afirmación del teniente coronel es una deducción y a la salida de la Audiencia ha señalado que “ha apuntado a Gallardo como podría haber apuntado a Doraemon, al final de lo que se trata es de probarlo”.

Cortés se ha mostrado combativo con el agente y en la Sala ha dejado en evidencia la falta de formación de la UCO, como ha admitido el teniente coronel, en materia de contratación administrativa, aunque hayan analizado y redactado un informe sobre esta cuestión.

Según el mando de la UCO, la decisión de crear el puesto en octubre de 2016 “partió de un nivel superior con capacidad política” y no de las necesidades técnicas del área de Cultura. Balas ha sostenido que, como el tema de Personal obedece a “estrategias políticas”, el impulso para crear la plaza “partió de un nivel superior con capacidad política”. Y ha concluido: “El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es a Miguel Ángel Gallardo”.

No obstante, en un primer atestado, de finales de 2024, la UCO aseguró desconocer de quién partió la idea de habilitar la plaza de libre designación. Pero tras una “visión holística” de los oficios y atestados incluidos en la investigación “concluimos lo que acabo de concluir”, ha indicado Balas.

El teniente coronel ha indicado que le “llamó la atención” la “urgencia” para la habilitación de la plaza. El Gobierno provincial dio el visto bueno el 10 de octubre de 2016 durante una reunión preparatoria para los presupuestos del año siguiente, a pesar de que unos días antes Gallardo había considerado “excesiva” la propuesta del área de Cultura para crear nuevos puestos de alta dirección. Para entonces, Pedro Sánchez no solo no era presidente del Gobierno: además había dimitido como secretario general del PSOE en el Comité Federal que se había celebrado el 1 de octubre.

El mando de la Guardia Civil también ha destacado que, a pesar de esa “urgencia” para habilitar la plaza en octubre de 2016, luego no se activó el proceso para cubrirla hasta mayo de 2017. El proceso de adjudicación se hizo efectivo en poco tiempo, por lo que “parece que estaba predeterminada” a David Sánchez, según Balas. El proceso de selección, con la publicación de las bases, no se activó hasta el 19 de mayo de 2017.

Cabe recordar que para entonces el PSOE aún no había celebrado las primarias que enfrentaron a Susana Díaz y Pedro Sánchez. En ese proceso, además, Miguel Ángel Gallardo apoyó a la política andaluza y no a Sánchez. No fue hasta un año más tarde, en 2018, que el Congreso de los Diputados aprobó la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy, tras la que Sánchez se convirtió en presidente.

“Hermanísimo”, el término de la discordia

Uno de los indicios de la UCO para afirmar que el proceso de selección estaba amañado es el correo que ese 19 de mayo envía el entonces director del Conservatorio Superior, Evaristo Valentí, a su compañera Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio Profesional, en el que le envía las bases y en el asunto pone “hermanísimo”. A juicio del teniente coronel, Valentí “no es cualquier persona, sabe que la otra persona lo va a entender. Sabe que [Sánchez] se va a presentar y se lo van a dar, como pasó”.

Sin embargo, este extremo lo desmintió Valentí en su declaración como testigo el lunes. El director del conservatorio rebajó a categoría de anécdota el uso de ese término porque era “llamativo” y había “rumores” de que se presentaría a la plaza, pero que también conocía los nombres del “80% de los candidatos”, pero no de que el puesto estuviera adjudicado de antemano. Por su parte, la directora del otro centro afirmó que ni siquiera se percató de que el asunto del correo fuera ese.

Ambos, que en un principio no eran partidarios de la creación de una nueva plaza porque “había otras necesidades”, afirmaron en su comparecencia que la ayuda del coordinador “vino muy bien” por la carga de trabajo “tremenda” que tienen los conservatorios y porque el hermano del presidente del Gobierno tenía “un buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado” y realizaba “todas” las funciones de las que era responsable. En este sentido, la UCO no ha encontrado indicios del posible absentismo laboral que señalan las acusaciones, ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox.

Sobre la afirmación de que la plaza estaba dada de antemano, sustentada en el término “hermanísimo” y en que Sánchez buscara vivienda de alquiler en Badajoz antes de la adjudicación de la plaza, su abogado ha sido muy crítico, aunque ha asegurado que se trata de una parte de la causa que el tribunal ya declaró prescrito el lunes. Uno de los participantes en el proceso de selección, Nerses Avakimyam, aseguró el lunes que no percibió irregularidades ni detectó nada extraño en los requisitos exigidos. Pero otra de las aspirantes, Cristina de Frutos, se quejó de “falta de igualdad de oportunidades”, aunque no denunció y solo envió una queja a la Fiscalía en 2025, siete años después del proceso de selección y cuando el caso estaba siendo investigado por el juzgado de instrucción.

Los técnicos de la Diputación, peritos y directores de centros musicales que han comparecido en el juicio han mantenido una postura uniforme de defensa de la legalidad de los trámites y procedimientos en la creación de la plaza, la adjudicación al músico, el posterior cambio de denominación del puesto de trabajo, que las acusaciones consideran que se hizo para satisfacer las “preferencias personales” del músico, y la contratación del funcionario Luis María Carrero, amigo del Sánchez, en comisión de servicio como jefe de sección de actividades transfronterizas.

La exdirectora de Recursos Humanos, Cristina Correa, y otros funcionarios testificaron que tanto la contratación por Carrero como el posterior cambio de nomenclatura del puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022 fueron procedimientos “ordinarios” y “habituales”. Correa aclaró además que la desaparición de la casilla de incompatibilidad ('I') en la relación de puestos de trabajo de 2023 no eximía al puesto de dicho régimen, el cual continuó vigente por ley al tratarse de un cargo de alta dirección.

Los agentes de la UCO que participaron en la investigación de la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz han insistido este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial que la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses, que fue adjudicada al músico, estaba amañada, a pesar de que varios testigos lo han desmentido.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO), que participó en el volcado de los correos electrónicos de los empleados de la Diputación, ha afirmado que de su lectura se infiere que la decisión de crear ese puesto “partió de un nivel superior con capacidad política” porque “al final el tema de Personal debe corresponder a unas estrategias políticas”. “El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es Miguel Ángel Gallardo”, el expresidente de la corporación provincial y ex secretario general del PSOE de Extremadura.

La UCO “entiende y considera evidente”, a raíz de los correos, que la decisión de crear la plaza a finales de 2016 no nació en el área de Cultura, sino en Recursos Humanos, que se relaciona con Cultura de forma directa. Pero en el juicio han indicado que Recursos Humanos “es transversal a toda la Diputación y gestiona las necesidades de Personal”. De ahí que los agentes hayan deducido que se trata de una decisión política “de un nivel superior” y hayan señalado directamente a Gallardo.

La decisión de crear la plaza se tomó en octubre de 2016. El 10 de ese mes se reunió el Gobierno provincial en la localidad de Valdivia para preparar los presupuestos del año siguiente en el que se justificaba la creación del puesto. Para entonces, Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el Comité Federal que se celebró el 1 de octubre.

Sin embargo, al teniente coronel Balas le “llamó la atención” la “urgencia” en la creación de la plaza de coordinador de los conservatorios, que no estaba “alineada” con las necesidades del área de Cultura, y el tiempo que se tardó en “dotarla”, por lo que “parece que estaba predeterminada”. Los funcionarios y peritos que han declarado el lunes y martes en el juicio han subrayado la legalidad de los procesos que se enjuician: la contratación de David Sánchez, el cambio de nomenclatura del puesto (de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas), un procedimiento que han considerado “normal” y “habitual”, y la contratación del funcionario Luis María Carrero, amigo del músico, en comisión de servicio como jefe de sección de actividades transfronterizas.

La plaza de libre designación que finalmente ocupó David Sánchez se incorporó en los presupuestos de 2017, pero el proceso de selección no se activó hasta el 19 de mayo, con la publicación de las bases. El PSOE aún no había celebrado las primarias que enfrentaron a Susana Díaz y Pedro Sánchez, y que finalizó con la victoria de este. En ese proceso, Miguel Ángel Gallardo apoyó a la política andaluza.

Una vez concluida la prueba testifical, el jueves se iniciará la declaración de los 11 acusados. El primero será Miguel Ángel Gallardo y a continuación será el turno de David Sánchez. Después lo harán Elisa Moriano, Cristina Núñez, Juana Cintas, Manuel Candalija, Francisco Martos, Emilia Parejo, Félix González, Ricardo Cabezas y Luis Carrero.

Una de las testigos clave de la acusación en el juicio que se celebra por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, Cristina de Frutos, que aspiró en 2017 a la plaza que finalmente se adjudicó a David Sánchez, ha afirmado que, en su opinión, no hubo “igualdad de oportunidades” en el proceso de selección. A pesar de ello, no presentó denuncia ni queja formal.

De Frutos ha explicado a través de videoconferencia que, tras conocer la resolución de la comisión de valoración para la selección de la plaza de coordinación de los conservatorios pacenses, comprobó que Sánchez pasó la criba por “su buena trayectoria, experiencia” y por haber contestado “muy bien” a las preguntas. Pero a ella no se le formularon preguntas y se limitó a presentar su proyecto, que consistió en un “esquema a dos caras”. La entrevista duró unos 15 minutos, al igual que la de un candidato anterior y que la de Nerses Avakimyam, otro de los aspirantes que en la jornada del lunes aseguró que no vio atisbos de irregularidad.

La testigo ha afirmado que se enteró de la oferta de empleo por un mensaje de teléfono que le envió el director del conservatorio de Plasencia, Antonio Luis Suárez, quien pocos días antes de la entrevista en la Diputación le dijo que el puesto estaba dado de antemano al hermano del presidente del Gobierno. Este extremo ha sido desmentido por Suárez en los medios de comunicación, pero la música ha insistido en su versión.

La defensa de David Sánchez ha preguntado por qué no denunció si sintió que no hubo igualdad de oportunidades o se unió a los otros candidatos para hacerlo. “En primer lugar, porque no los conocía. En segundo decidí no hacerlo porque pensé que era algo demasiado elevado y, en tercer lugar, porque no me iba la vida en ello, yo tenía mi trabajo”, ha respondido.

La fiscal también ha cuestionado a De Frutos sobre ello, ya que la testigo envió una carta al Ministerio Público en febrero de 2025, siete años después del proceso de selección al que se presentó. En este escrito describió sentirse discriminada y no obtuvo respuesta, pero la fiscal le ha recordado que lo que remitió no fue una denuncia.

'Ópera Joven' estaba “en expansión, fue creciendo”

Este martes también ha declarado Ángel Seco López, técnico de formación del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, encargado de gestionar los expedientes de los programas de cultura y deporte, como el de Ópera Joven, que lideraba David Sánchez. El músico afirmó en la instrucción que trabajaba “todos los días” con Seco y aunque este ha desmentido esa expresión literal, el técnico ha explicado que se veían “a demanda” y en función de las necesidades, como pasa con “todos los directos y coordinadores de programas de cultura”.

En este caso concreto, Seco ha añadido que Sánchez “estaba muy pendiente [del programa Ópera Joven] y muy identificado” y ha asegurado que la iniciativa de acercar la lírica y la ópera al público en general “estaba en expansión y fue creciendo” hasta el punto de que se decidió que había que estructurar “mejor” el programa para darle “más empaque estratégico” y consolidarlo. “De una ópera se pasó a realizar actos paralelos, didácticos, de difusión... y evolucionó a una ópera general al año y otra infantil y familiar” e incluso se realizaron actos en Portugal.

Sin embargo, Seco ha explicado que la Oficina de Artes Escénicas se adscribe al área de Cultura y que está encargada de llevar actuaciones musicales paralelas a los conservatorios, entre ellas, el programa Ópera Joven, pero ha asegurado que no ha tenido “ni contacto no relación” con esa oficina. Paradójicamente, el técnico de la institución provincial continuó llevando la gestión de expedientes y tramitaciones, como es el caso de 'Carmen', la última representación que se licitó con David Sánchez al frente.

La segunda sesión de declaraciones en la Audiencia de Badajoz ha estado protagonizada por funcionarios de la Diputación y políticos que participaron en la contratación del músico, el cambio de denominación del puesto y el fichaje en comisión de servicio de Luis María Carrero, amigo de Sánchez. Todos, a igual que los funcionarios y peritos que testificaron en la jornada del lunes, han defendido la legalidad de los procedimientos que se llevaron a cabo y que son “ordinarios” y “habituales” en la institución.

Los funcionarios han explicado también que el nuevo nombre del puesto no supuso que desapareciera la incompatibilidad del cargo, a pesar de que en la ficha desapareció la 'I' para ese y otros dos puestos de alta dirección que se tramitaron en la relación de puestos de trabajo (RPT) de 2023. La que fuera directora de Recursos Humanos en la Diputación hasta el año pasado, Cristina Correa, ha explicado que más allá de que figurara marcada o no la “I” en la ficha, el régimen de incompatibilidad se mantuvo al tratarse puestos de alta dirección y atendiendo a la legislación.

Declaración de la UCO

Este miércoles concluirán las declaraciones de los testigos (hay 42 en la causa) con los nueve agentes de la UCO de la Guardia Civil que participaron en el procedimiento de instrucción. El jueves y el viernes será el turno de los acusados. El tribunal ha fijado para el lunes y martes los informes finales, con lo que juicio quedaría visto para sentencia.

La Audiencia Provincial de Badajoz juzga desde el jueves el presunto amaño en la contratación del hermano de Pedro Sánchez, una tesis que sufrió un evidente frenazo en la jornada del lunes con la declaración de los directores de los conservatorios pacenses, así como la acusación de que no acudía a su puesto de trabajo. Más bien al contrario, los testigos de las dos primeras jornadas han asegurado que era un profesional “preparado y muy implicado” en su desempeño profesional. También se juzga la presunta contratación fraudulenta de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, para ocupar en comisión de servicio la Jefatura de Sección Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Además, del músico, se sientan en el banquillo el expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y nueve altos cargos de la corporación provincial vinculados a los socialistas. Las acusaciones, ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox, piden tres años de prisión para Sánchez y Gallardo por prevaricación y tráfico de influencias

La primera jornada de testigos en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz ha estado marcada por la matización de las declaraciones de la fase de instrucción, hasta el punto de que la estrategia de las acusaciones populares (ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox) ha sufrido un evidente frenazo.

Los tres primeros testigos de la causa —los directores de los conservatorios pacenses en diferentes etapas que trabajaron con el hermano del presidente del Gobierno— han enmarcado en el terreno de los “rumores” y las “conversaciones informales” el supuesto conocimiento previo de que la plaza estaba asignada de antemano a David Sánchez, por lo que han desactivado el supuesto amaño o enchufe por el que la Audiencia de Badajoz juzga al músico y al expresidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, por prevaricación y tráfico de influencias.

En el caso hay otros nueve acusados, todos altos cargos del PSOE, que participaron en la creación, selección y adjudicación del puesto, que a partir de 2022 pasó a denominarse “jefe de la Oficina de Artes Escénicas”.

La declaración de Evaristo Valentí, Yolanda Sánchez y Rosario Mayoral ha demolido la que hasta ahora era la joya de la corona de la acusación: el famoso correo electrónico con el asunto “hermanísimo”, que se envió el 19 de mayo de 2017, el mismo día en que se publicaron las bases de la plaza. Su autor, Evaristo Valentí, entonces director del Conservatorio Superior, no lo ha negado; pero lo que se presentaba como una prueba irrefutable de que la plaza estaba adjudicada antes de convocarse, Valentí lo ha rebajado a la categoría de anécdota.

El profesor de guitarra ha insistido en que usó ese término porque era “llamativo” y había “rumores” de que se presentaría a la plaza, pero que también conocía los nombres del “80% de los candidatos”, por lo que ha negado que existieran especulaciones sobre que la adjudicación estaba amañada y que estas eran sobre su concurrencia al proceso de selección. A las preguntas de las acusaciones sobre de dónde salía esa información, el testigo ha asegurado no recordarlos: “Sería en una conversación informal, en la secretaría del centro, en los pasillos... no sé quién lo dijo”.

En la primera jornada del juicio se ha hablado tanto de rumores y especulaciones que el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Patrocinio, ha llegado a advertir que a la sala no le interesan “ni los rumores ni las elucubraciones ni los corrillos”.

“La ayuda del coordinador vino muy bien”

En esta primera jornada de declaración de testigos también ha quedado descafeinada la acusación de supuesto absentismo laboral de David Sánchez (absentismo que, de haberse dado, tampoco sería un delito ni penal ni de ninguna clase). Las tres personas que han dirigido los centros musicales de Badajoz en la última década han coincidido en lo mismo: no era un trabajador fantasma.

Yolanda Sánchez, destinataria del correo de Valentí, ha admitido que la carga de trabajo de los dos conservatorios es “tremenda” y que la ayuda de un coordinador “vino muy bien”. Además, ha admitido que tenía “un buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”. Ello a pesar de que tanto Valentí como ella no consideraron necesaria la creación de la plaza de coordinador porque había “otras necesidades”.

Por su parte, María Rosario Mayoral (directora entre 2020 y 2025) ha apuntado que el programa Ópera Joven conllevaba “muchísimo trabajo” y que el músico siempre estuvo “disponible” para reuniones, matizando que las ausencias o la menor periodicidad de los encuentros presenciales coincidieron con la pandemia, una excedencia y su baja de paternidad.

Las acusaciones han dirigido muchas de sus preguntas a tratar de inferir el supuesto absentismo laboral de Sánchez, que ha quedado desmontado, y conocer si cumplía con las funciones del cargo con cuestiones muy concretas sobre, por ejemplo, si dirigió las orquestas de los conservatorios, asuntos que nada tienen que ver con el proceso penal que se sigue en la Audiencia Provincial por el que el hermano de Pedro Sánchez se enfrenta a una pena de tres años de prisión.

Ante las preguntas insistentes de la acusación, la directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez' ha asegurado que David Sánchez desempeñaba “todas” las funciones propias de su puesto como coordinador y se reunían con “asiduidad”, a veces de forma presencial y otras a través del correo electrónico o por teléfono.

Incluso el testimonio de Nerses Avakimyam, uno de los opositores que compitió por la plaza frente al investigado, ha transitado por la misma vía de normalidad. Se enteró del puesto por un portal de empleo, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó quejas de opacidad entre el resto de los aspirantes.

Este martes y miércoles continuarán las declaraciones de los testigos dentro de una lista que incluye a 42 personas. El turno de los acusados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, está fijado para los días 4 y 5 de junio, mientras que los informes finales se expondrán los días 8 y 9. No obstante, el tribunal ya ha advertido de que, si las sesiones se prolongaran, el juicio no podrá superar el límite del 19 de junio.

El exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha negado en el juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017 que existieran rumores de que la plaza era para este y ha aclarado que el rumor era que el “hermanísimo” era uno de los candidatos a la coordinación de los conservatorios pacenses. “También conocía al 80% de los aspirantes”, ha explicado ante las preguntas de la acusación de Manos Limpias.

Valentí remitió un correo en mayo de 2017 a la directora del Conservatorio Profesional de Badajoz, Yolanda Sánchez, con el asunto de “hermanísimo” en el que hablaba de varios candidatos a la plaza, entre ellos David Sánchez, pero que usó ese calificativo porque era “llamativo”. En su declaración durante la fase de instrucción llegó a decir que su uso era “jocoso”. No obstante, ha reiterado que no había rumores sobre el posible amaño de la plaza para que se adjudicara al hermano del presidente, sino que la especulación era que se iba a presentar.

De esta forma, el exdirector del Conservatorio Superior ha tumbado una de las dos pruebas de cargo, el correo electrónico con el asunto 'hermanísimo', que han llevado al banquillo a David Sánchez, al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve acusados por la creación de la plaza, la adjudicación y la posterior conversión de la plaza a Jefe de Artes Escénicas en 2022.

Valentí ha reconocido que no era partidario de la creación de la plaza de coordinador porque iba a recaer en una “figura ajena” a la estructura de los conservatorios, que podría tener criterios “pedagógicos muy distintos”. Pero ha enmarcado dentro de la normalidad que tanto él como la otra directora, Yolanda Sánchez, tuvieran que diseñar las funciones de esa plaza que se iba a crear. “Es normal que se nos pida asesoramiento técnico para la memoria justificativa”, ha subrayado.

El testigo también ha reconocido que durante su etapa como director del conservatorio se reunió con regularidad con David Sánchez, una vez nombrado coordinador. “Reuniones diarias”, ha dicho a las preguntas del abogado de Manos Limpias, e incluso algún fin de semana, y también ha admitido que considera que el músico era una persona preparada para el puesto que ocupó hasta 2022.

“Muchísimo trabajo” en la Ópera Joven

La segunda testigo de la jornada ha sido, Rosario Mayoral Núñez, que fue directora del Conservatorio Superior entre 2020 y 2025, sustituyendo a Evaristo Valentí. Mayoral también ha asegurado que no le constaban las afirmaciones sobre que el nuevo puesto creado por la Diputación fuera para asignarlo a dedo a Sánchez y que antes de la llegada del músico a la institución provincial no había escuchado que se le conociera como “hermanísimo”.

Sobre su relación profesional con el coordinador de los conservatorios, ha explicado que mantuvieron reuniones con “periodicidad” y ante la insistencia de la acusación ha especificado que podrían ser “tres o cuatro veces al año”, pero también ha matizado que asumió el puesto de directora durante la pandemia y, además, coincidió con una excedencia y la baja de paternidad de David Sánchez.

Mayoral ha asegurado desconocer de quién partió la idea de crear una plaza de coordinador de los conservatorios pacenses y que esta “en principio no era una necesidad”. Pero la Diputación de Badajoz volvió a convocarla tras la dimisión del hermano de Pedro Sánchez hace un año. De hecho, ha admitido que los equipos directivos de los centros “estamos a veces colapsados por la cantidad de actividades académicas, que acaban convirtiéndose en culturales porque se abren a la ciudad, a la provincia, a la región y a Portugal”.

El puesto que ocupó David Sánchez pasó a denominarse Jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022 y la acusación tendrá que demostrar si ese cambio se produjo para satisfacer las “preferencias personales del músico”. Sobre ello, la testigo ha asegurado “desconocer” las atribuciones de esa oficina, pero, al mismo tiempo, ha afirmado que el programa Ópera Joven, ideado por Sánchez, conlleva “muchísimo trabajo” y que ha llevado a cabo una labor de difusión de la música y de los conservatorios por toda la provincia. También ha indicado que la oficina dirigida por el hermano del presidente del Gobierno ha sido una vía de oportunidades laborales para los alumnos y exalumnos.

Tampoco fue conocedora de los rumores sobre el presunto amaño de la plaza a favor de David Sánchez la directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez', Yolanda Sánchez, que ha asegurado que el término 'hermanísimo' lo conoció por el correo de Evaristo Valentí en mayo de 2017, pero, según ha dicho, no recuerda si le dijo que Sánchez iba a optar al puesto o que era para él, algo que el exdirector del Conservatorio Superior ha negado.

Sánchez tampoco sabe de quién partió la idea de crear la plaza de coordinador de los conservatorios, un puesto que existió hasta 2010, cuando se jubiló Emilio González Barroso. No obstante, aunque “nunca” consideró la posibilidad de que se volviera a ocupar ese puesto, cuyas tareas recayeron en “compañeros”, ha reconocido que la “ayudas nos vino muy bien” porque la actividad de los dos conservatorios de la Diputación es “tremenda”. “Fue positivo, todo suma”, ha añadido.

La directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez' ha explicado que David Sánchez “desempeñaba” todas las funciones de su puesto y que se reunían con “asiduidad”, a veces de forma presencial y otras por correo o por teléfono. Por último, ha considerado que el hermano de Pedro Sánchez tenía buen curriculum y estaba formado y capacitado para el puesto, aunque no había escuchado hablar de él en el sector, posiblemente por su trayectoria fuera de España.

Un aspirante a la plaza niega irregularidades

En esta primera jornada de testificales en la Audiencia de Badajoz también ha prestado declaración Nerses Avakimyam, uno de los aspirantes que se presentó al proceso de selección para ocupar la plaza de coordinador de los conservatorios municipales. Según ha dicho, “oyó” que unas de las personas que se presentaban al puesto era David Sánchez, pero “siempre se comentan cosas y se dicen cosas”.

Avakimyam ha manifestado que se enteró de la convocatoria por la suscripción a un portal de empleo y que no le llamaron la atención los requisitos incluidos en las bases. También ha afirmado que no vio irregularidades en el proceso ni escuchó de otro opositor que hubiera irregularidades.

Este lunes se ha retomado el juicio en la Audiencia de Badajoz y comenzarán a prestar declaración los primeros de los 42 testigos previstos. Si se cumplen las previsiones del tribunal, el turno de los acusados será a partir del jueves. Tanto para Sánchez como para Gallardo, las acusaciones solicitan tres años de prisión.

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha solicitado la nulidad de la causa que desde este jueves se sigue contra él por prevaricación y tráfico de influencias y otros diez acusados en la Audiencia de Badajoz por la contratación del músico en 2017 en la Diputación Provincial. Su abogado, Emilio Cortés, ha atacado la denuncia que en 2024, siete años después de que Sánchez se incorporara a la institución pacense como coordinador de los conservatorios, presentó Manos Limpias en base a en “recortes de prensa” por delitos contra Hacienda, la Seguridad Social, fraude y exacciones ilegales. “Sin embargo, ninguno de esos delitos aparecen en el escrito de acusación, no se juzgan, lo que formalmente es llamativo”.

Cortés ha defendido que se ha llevado a cabo en una investigación prospectiva porque cuando los delitos de la denuncia no se sustentaron, hubo un “enganche popular” para relacionar a David Sánchez con la “trama” Víctor de Aldama después de que así lo señalara un medio de comunicación digital, lo que ha demostrado que era una “pura mentira, una invención” porque en el juicio del caso Koldo en el Tribunal Supremo no se ha abordado. Por eso ha sostenido que la denuncia del pseudosindicato ultra tuvo una “inspiración de signo político, solo hay que ver el sesgo de las acusaciones populares”. Estas están conformadas también por Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum.

Según la defensa de Sánchez, el procedimiento “tiene la raíz podrida” debido al inicio del caso y porque algunas de las actuaciones ordenadas por la instructora han lesionado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del hermano del presidente. También ha elevado objeciones al proceso de incautación de los correos electrónicos, pues estaban referidos a la denuncia inicial y, a partir de ahí, surgen “hallazgos casuales” que tampoco sustentan indicio alguno.

El letrado ha advertido que el presunto delito de aceptación de nombramiento ilegal del que se acusa a David Sánchez está prescrito, puesto que la denuncia se presentó siete años después de su incorporación de la Diputación de Badajoz. También ha presentado dos certificados del Ministerio de Educación que homologan la titulación académica obtenida por el músico en Rusia, ya que las acusaciones pusieron en duda la formación de Sánchez.

El abogado del expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, también ha solicitado la nulidad parcial del procedimiento porque en el auto de apertura de juicio oral aparecen hechos delictivos sobre a los que Gallardo no se interrogó durante la instrucción. En concreto, se refiere a la contratación en la institución provincial de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, como jefe de sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas, una plaza en comisión de servicio.

La defensa de Gallardo también ha presentado una nota de prensa de la Diputación de 2016 cuando se empezaron a preparar los presupuestos del siguiente ejercicio, la convocatoria del comité federal del PSOE que en 2016 acabó con la dimisión de Pedro Sánchez, la celebración de las primarias socialistas en mayo de 2017, que ganó y la celebración en junio de ese año del Congreso Federal. Todo ello para demostrar que en el momento de la creación de la plaza de coordinador de los conservatorios, durante la oferta de empleo público y la contratación del David Sánchez, su hermano no tenía poder orgánico en el PSOE.

La Fiscalía, que pidió el archivo de la causa, no ha presentado cuestiones previas, pero se han adherido a algunas de las planteadas por las defensas. En concreto, el Ministerio Público apoya la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal, que, en todo, caso, se trata de un delito leve, como ha planteado la defensa de David Sánchez.

También se ha adherido la cuestión planteada por el abogado de Gallardo sobre la nulidad parcial del procedimiento porque la instructora no lo llamó a declarar sobre la contratación de Luis María Carrero, un hecho sobre el que se le acusa en el auto de apertura de juicio oral. Según la Fiscalía, se trata de una “acusación sorpresiva”, que podría haber vulnerado el derecho fundamental del expresidente de la Diputación a la defensa.

Las acusaciones de Vox y Manos Limpias chocan por el papel de Pedro Sánchez

Como era previsible, todas las acusaciones han rechazado las cuestiones previas planteadas por las defensas, sobre todo en lo relativo a que se haya producido una investigación prospectiva durante la fase de instrucción. Pero ha habido un tema en el que los letrados que representan a Manos Limpias y Vox han chocado por la supuesta influencia del presidente del Gobierno para que su hermano fuera contratado en la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios pacenses.

El abogado de Manos Limpias, José María Bueno, ha rechazado las pruebas documentales presentadas por la defensa de Miguel Ángel Gallardo para demostrar que durante la creación de la plaza que ocupó el músico (octubre 2016), el proceso de selección y su posterior contratación (mayo 2017) Pedro Sánchez no tenía ningún poder orgánico en el PSOE. Según Bueno, se trata de un “delito local” y en las pruebas y en la documentación posterior “no se cuenta por ningún sitio si intervino”.

Pero esa postura ha sido criticada por la letrada de Vox, Marta Castro: “¿Cómo que no tiene nada que ver? Si aquí lo que estamos viendo es la influencia de Pedro Sánchez”, ha afirmado.

La Audiencia Provincial de Badajoz se convierte a partir de este jueves en el epicentro de la atención política y judicial por el juicio al que se enfrenta el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz. Además de David Sánchez, en el banquillo se sientan diez personas, entre ellos el expresidente de la institución y ex secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, y diversos cargos socialistas en la administración provincial.

La incorporación del músico en la corporación provincial se remonta a julio de 2017, cuando accedió al puesto de coordinador de actividades musicales de los conservatorios mediante un contrato de alta dirección. Aunque superó un proceso de selección frente a otros diez aspirantes, la controversia judicial no estalló hasta siete años después. El pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó una denuncia contra Sánchez, basada en recortes de prensa, por absentismo laboral y fraude fiscal por residir en la localidad portuguesa de Elvas (a unos 20 kilómetros de Badajoz).

Sin embargo, la vía fiscal se cerró porque tanto la Agencia Tributaria como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descartaron indicios de delito contra la Hacienda Pública, acreditando que su tributación como no residente era correcta y aclarando que su patrimonio real era muy inferior al denunciado originalmente.

Por lo tanto, el juicio trata de esclarecer si la Diputación de Badajoz creó y modificó de manera arbitraria y a medida una plaza de alta dirección para el hermano de Pedro Sánchez. Es decir, si la plaza de alta dirección fue creada específicamente para él en 2017 y si en 2022 se reconvirtió su cargo al de jefe de la Oficina de Artes Escénicas para adaptarlo a sus preferencias personales y eximirle de la gestión ordinaria. Además, se le acusa de participar en la contratación de un amigo y exasesor en Moncloa, Luis María Carrero, como jefe de sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación, una plaza en comisión de servicios. Carrero es funcionario del cuerpo de profesores de Escuelas Oficial de Idiomas, que pertenece a la Junta de Extremadura.

La Fiscalía pidió el archivo

La instructora del caso fue la jueza Beatriz Biedma, que en mayo de 2025 decidió la apertura de juicio oral y en noviembre pasado envió la causa a la Audiencia Provincial. Biedma se opuso durante la instrucción a los recursos planteados por la defensa y rechazó la postura de la Fiscalía de Badajoz a favor del archivo de la causa. El Ministerio Público sostiene que únicamente hay “conjeturas e hipótesis” y no existen “auténticos indicios racionales de criminalidad”. Para la Fiscalía, los pasos administrativos que dio la Diputación de Badajoz tanto para la contratación de David Sánchez como para la posterior incorporación de Luis Carrero cumplieron formalmente con los trámites legales.

Es una visión radicalmente opuesta a la de las acusaciones, de la que forman parte Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa, Liberum, PP y Vox, que solicitan penas que van desde la prisión a largas inhabilitaciones. Para David Sánchez piden tres años de cárcel, 12 de inhabilitación y la devolución de los 340.500 euros percibidos en salarios, para Miguel Ángel Gallardo también solicitan tres años de prisión y 27 de inhabilitación, y Luis María Carrero afronta un año y seis meses de privación de libertad, inhabilitación y la devolución de 87.077 euros de su sueldo.

El resto de acusados (diputados provinciales y directores de áreas en la institución provincial) se enfrentan a penas de un año y seis meses de prisión e inhabilitaciones que van de los seis años, para quienes participaron en la modificación de puesto de trabajo del músico en 2022, a los 15 años para quienes participaron en la contratación de Sánchez en 2017, a los que la instructora acusa de cooperar administrativamente para dar apariencia de legalidad a un proceso presuntamente pactado de antemano. Se trata de Cristina Núñez y Elisa Moriano, diputada provincial de Cultura y directora de área en esa época, y Félix González, funcionario de la Diputación que participó en la comisión de valoración de los aspirantes que se presentaron para ocupar la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses.

Quién juzga a Sánchez y Gallardo

El camino hacia el juicio ha estado marcado por el pulso sobre qué tribunal debía asumir las competencias. Una vez que la jueza acordó su procesamiento, Miguel Ángel Gallardo maniobró para tomar posesión de su acta de diputado autonómico y aforarse, aunque él argumentó que el objetivo era liderar la oposición al PP de María Guardiola desde la Asamblea de Extremadura. Gallardo fue elegido secretario regional del PSOE en sendas primarias que se celebraron en marzo de 2024 y enero de 2025. Pero no fue hasta mayo, en plena ofensiva judicial y 24 horas antes de que la jueza firmara el auto de apertura del juicio oral, cuando el presidente de la Diputación se convirtió en aforado tras forzar la dimisión de una compañera de su máxima confianza y la renuncia al acta de cuatro personas que le antecedían en la lista electoral que el expresidente Guillermo Fernández Vara elaboró en 2023.

Con este movimiento, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) tendría que haber asumido las competencias, sin embargo, tanto la jueza instructora como el propio TSJEx rechazaron la maniobra al calificarla de “fraude de ley” con la intención de eludir a la Audiencia Provincial.

En la actualidad, Gallardo no está en primera línea política, después de que presentara su dimisión en enero como líder de los socialistas extremeños tras el descalabro en las elecciones autonómicas del pasado diciembre, en las que el PSOE perdió diez diputados (consiguió 18). Tampoco recogió su acta como diputado.

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz encargado de dictar sentencia en este caso estará compuesto por los magistrados José Antonio Patrocinio Polo, que será el presidente del tribunal, Dolores Fernández Gallardo y Emilio Serrano Molera, el magistrado ponente de la sentencia. Los tres fueron ratificados por el TSJEx tras rechazar las recusaciones planteadas por las defensas por una “pérdida de imparcialidad objetiva”, ya que se habían pronunciado previamente sobre la causa al resolver los recursos de apelación respaldando siempre las decisiones de la jueza instructora.

Además, en los autos dictados por la Audiencia de Badajoz se incluían expresiones que las defensas consideraron despectivas o faltas de neutralidad hacia David Sánchez, señalando concretamente el uso del término “hermanísimo” (en referencia a su relación con el presidente del Gobierno). Entendían que este tipo de lenguaje evidenciaba prejuicios ideológicos o mediáticos hacia el caso. Sin embargo, el TSJEx consideró que algunas expresiones de los magistrados de Badajoz “no eran del todo acertadas”, pero aclaró que ello no demostraba que los magistrados tuvieran un criterio inamovible formado. El tribunal matizó que el apelativo “hermanísimo” no era una “cosecha propia” de los jueces para burlarse, sino una expresión que ya figuraba literalmente en varios de los correos electrónicos corporativos e intervenidos de la propia causa.

Este no es el primer caso mediático al que se enfrenta Emilio Serrano. El magistrado presidió el juicio que se celebró en 2024 en Badajoz por el asesinato de Manuela Chavero, la vecina de Badajoz desaparecida en 2016 y cuyo cadáver apareció en 2020 en una finca propiedad de su vecino, Eugenio Delgado. Un jurado popular lo declaró culpable y el magistrado lo condenó a prisión permanente revisable, la primera condena de este tipo dictada en Extremadura.

Cuánto durará el juicio

En principio, el juicio está señalado hasta el 4 de junio, aunque fuentes judiciales consideran “complicado” que concluya ese día“. La vista comienza el jueves y el viernes se dedicará a la exposición de las cuestiones previas por parte de las defensas, la Fiscalía y las acusaciones populares.

Entre el 1 y el 3 de junio están citados a declarar 42 testigos y, posteriormente, será el turno de los 11 acusados. Pero la Audiencia Provincial ha permitido la desunificación de las acusaciones y permitirá que cada una actúe por separado, por lo que estarán presentes 16 letrados en la causa, algo que puede prolongar las jornadas previstas inicialmente.

El Gobierno de Navarra eliminará para el próximo curso de la Escuela Oficial de Idiomas, con sedes en Pamplona y Tudela, la oferta de los llamados “idiomas no oficiales”, pese a que tanto el alumnado como el profesorado y las propias escuelas defendían mantener los cursos. El aviso llegó durante la primera semana de mayo, cuando las escuelas comunicaron por correo electrónico al alumnado de estos idiomas que, “por motivos ajenos”, en Pamplona los cursos de árabe, chino, español para extranjeros, japonés y portugués, y en Tudela de árabe e italiano, no podrán “tener continuidad”.

Desde Educación, en respuesta a este periódico, sostienen que “se han visto obligados a adoptar la decisión” porque la contratación del profesorado no seguía las reglas de la administración pública. Según explican, el Departamento pidió a los centros que “regularizaran las contrataciones” de los docentes para “adaptarlas a la normativa vigente”, creando plazas y listas oficiales de contratación para esos idiomas, pero “no lo han hecho”, afirman desde Educación, porque, al parecer, no había suficiente “demanda de alumnos”. Sin embargo, los centros niegan “tener esa competencia”.

“Por motivos ajenos a la escuela, los cursos de idiomas no oficiales no van a tener continuidad. Lamentamos mucho no haber encontrado una solución viable para poder proporcionando este servicio”, se plasma en el comunicado del centro. En este mismo mensaje, también agradecían “al profesorado la profesionalidad e ilusión que han puesto en sus clases” y a los usuarios “la confianza depositada en EOIP/IHEO durante estos años”. Los profesores de estos cinco cursos se incorporaron entre 2008 y 2018.

Una de las docentes, que enseña uno de esos idiomas, explica que hasta ahora “facturaban por horas” (al no ser una trabajadora, sino una “colaboradora”) y que tenían sus limitaciones, como “formar un grupo, el aula o los horarios”. La hora de las clases de estos cursos son las que “quedaban libres”, una queja compartida con los alumnos de este idioma (que se imparte ininterrumpidamente desde el 2008) junto con la falta de niveles, pues “un mismo profesor no puede impartir dos niveles [del mismo idioma]”. La profesora lamenta que no sea posible avalar su trabajo de más de década y media en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. “Pedí EOIP que me dieran un justificante o certificado en el que constase mi colaboración como profesora durante estos años, pero no ha sido posible”, explica.

La docente detalla que supo de la noticia porque la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona “convocó una reunión para transmitir la decisión de la Educación al profesorado de idiomas no oficiales”, aunque no se detallaron las razones. “Podemos colaborar en actividades extraescolares ocasionales como la Semana Cultural, en una conferencia o taller”, explica la profesora, “pero no puede tener una continuidad”. Según describe, “la directora y el vicedirector de la EOIP fueron muy amables y considerados” al comunicar la decisión.

“Se ha peleado mucho para que siguiera adelante”, explican desde la dirección de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, y afirman que “desde Educación comunicaron que [los cursos] no podían continuar” al no cumplir “algún criterio técnico”. Aunque intentaron recurrir al Ayuntamiento y a Plurilingüismo “para ver si se le daba la vuelta” y poder continuar, “no ha habido manera”, explican. “Se ha intentado de verdad y nos da muchísima pena”, afirman desde la dirección del centro. Por ello, no entienden la explicación del Departamento de Educación, que asegura que “la oferta de estos idiomas y la contratación del profesorado que las ha venido impartiendo a lo largo de los años ha correspondido siempre a las escuelas oficiales de idiomas de Pamplona y Tudela”. “No tenemos competencias”, afirman desde la escuela de idiomas de Pamplona. Al igual que la dirección de la escuela de idiomas de Tudela, que afirma que “la decisión de no continuar con los cursos de idiomas no oficiales es obviamente de Educación”. “No es nada que elijamos las escuelas”.

“Solo somos intermediarios. Para la oferta tenemos que informar a Educación y, desde allí, nos dicen si sí o si no”, expresan desde el centro de la capital navarra. En el Decreto Foral 245/2023, que establece las competencias del departamento dirigido por Carlos Gimeno, también se describe así. Según la ley navarra, corresponde al Departamento de Educación “la coordinación” y “la gestión de las escuelas oficiales de idiomas”, incluyendo la “planificación de la oferta” de las mismas.

Sin embargo, el Gobierno de Navarra insiste en que “el Departamento nunca ha contratado a esas profesoras/es y nunca ha intervenido en la oferta de esas lenguas. Ha correspondido al ámbito de autonomía de gestión propio de ambas escuelas”. “Las escuelas debían regularizar esas contrataciones para adaptarlas a la normativa vigente”, defienden. “Educación planteó a las escuelas que 'oficializasen' esa oferta, de modo que se crearan las correspondientes especialidades de esos idiomas, se crearan las litas de contratación y se ofertaran. Pero no lo han hecho. La información de que disponemos indica que analizaron la posibilidad, pero, al parecer, comprobaron que no existía demanda de alumnado suficiente”. Una versión que choca con la expresada por la directiva de los centros y el decreto que establece la estructura orgánica del Departamento de Educación.

“Me da mucha pena porque, aunque algunos hemos hablado para poder seguir con la profesora por nuestra cuenta, si se impartía en la escuela de idiomas hay una referencia y visibilidad para cualquiera que se anime a aprender”, explica una alumna de chino. La joven llevaba un año acudiendo a clases, en las que “había muy buen ambiente”, y ahora su curso “se queda a la mitad”. “Aparte del idioma, nuestra profesora también nos enseñaba muchas cosas de la cultura china. Era muy enriquecedor para todos”, explica. Además, declara haber comentado la situación con otros compañeros y que “pensaron en hacer una recogida de firmas o manifestación en Educación” para quejarse. Al igual que ella, todos los alumnos de chino, unos 30 en total entre los dos niveles, recibieron la noticia con “mucha pena”.

“Desde la escuela sí que hemos sentido que han hecho todo lo que han podido por mantener los idiomas no oficiales”, cuenta la hasta ahora alumna de chino de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. Junto con sus compañeros, todavía tiene esperanza de que se encuentre una solución para que estos idiomas no oficiales puedan aprenderse de forma pública en Navarra.

La empresa Burcor Producciones S.L., la promotora de los festivales Holika y Gran Reserva, es la adjudicataria del contrato de suministro en régimen de alquiler de carrozas artísticas para los distintos desfiles que el Ayuntamiento de Calahorra tiene previsto realizar a lo largo de 2027, así como el alquiler de los elementos decorativos para las actividades del 5 de enero por importe de 27.775,55 euros.

El contrato incluye las carrozas de la cabalgata de Reyes el 5 de enero, la carroza para el desfile de Carnaval y las carrozas para el día el chupinazo de las fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio de agosto y para el desfile de las fiestas de San Mateo en Logroño.

Este contrato vuelve a poner el foco sobre el peso específico y la diversificación de Burcor Producciones S.L. dentro de la contratación pública de Calahorra. La empresa, conocida principalmente por ser la gran promotora de macrofestivales musicales , suma ahora a su cartera de servicios una actividad singular y tradicionalmente alejada del sector de la promoción de conciertos como es la creación y alquiler de carrozas artísticas.

El Ayuntamiento de Calahorra ya firmó un convenio de patrocinio en 2024 con Burcor Producciones por 350.000 euros para que los festivales Holika y Gran Reserva se celebrarán en los siguientes tres años en Calahorra. Además, aquella subvención de dinero público se produjo después de que la promotora arrasara un soto inundable sin ningún permiso con el objetivo de ampliar el recinto del festival. Objetivo que van a conseguir ahora con las obras que está desarrollando el Ayuntamiento de ampliación del aparcamiento de la Catedral, donde se realizan estos festivales. Mientras, Burcor Producciones suma un nuevo contrato municipal en Calahorra con la adjudicación de las carrozas.

El Ayuntamiento de Bilbao ha sacado a licitación el nuevo contrato para prestar el servicio de Bilbobus, los autobuses urbanos, durante los próximos diez años. Suma un total de 538,84 millones de euros e incluye una cláusula que permite una revisión de precios en caso necesario a partir de los tres primeros años para intentar evitar conflictos como el ocurrido en 2024, cuando los trabajadores protagonizaron una huelga de 78 días sin que la empresa pudiera hacer frente a la subida de salarios que pedían los trabajadores por la subida del IPC con motivo de la guerra de Ucrania. El conflicto finalizó con la rescisión del contrato en vigor con la empresa concesionaria, Biobide, para poder abordar la mejora de las condiciones que se pactó con los trabajadores.

Biobide, una UTE entre Alsa y Transitia, aseguraba que no podía hacer frente a subidas salariales que reclaman los sindicatos con los 42 millones anuales de media que el Ayuntamiento pagaba según lo estipulado en el contrato anterior, y el Ayuntamiento también señalaba que tenía cerrada su capacidad de acción por el contrato. En la licitación actual se pagará una media anual de 53,8 millones, lo que supone ya un incremento importante. Además, el contrato, con una vigencia de diez años, y sin lugar a prórroga, incluye la flexibilización de que los pagos puedan elevarse en caso necesario y justificado. Una de las cláusulas un “mecanismo de actualización de los costes elegibles del servicio”, a través de una forma de actualización a partir de los tres años de vigencia, siempre que se haya ejecutado al menos el 20% del importe del contrato según presupuesto a fin de diciembre de 2028 y sólo durante el período de recuperación de la inversión del contrato. La fórmula matemática sobre la que se actualizarán los precios incluirá costes salariales, costes de carburantes, costes de energía eléctrica, o mantenimiento de los servicios de la flota o IPC, entre otros.

El valor del contrato actual, para el que las empresas tienen plazo de presentación de ofertas hasta el 20 de mayo, se ha calculado con unos gastos de personal que en el 2024 ascendieron para la actual concesionaria, Biobide, a alrededor de 44 millones de euros, incluidos los costes de Seguridad Social y cargas sociales. Además, tiene en cuenta el acuerdo entre la empresa y trabajadores el 5 de julio de 2025, que establece que entre 2025 y 2027 no estará ligada al IPC, sino al incremento que se fije para la función pública. Si el IPC es superior a esa subida se garantizará al menos el 0,7%. “Considerando el principio del acuerdo, para el periodo comprendido en el estudio desde 2028 hasta el final del contrato, se asimila el incremento salarial a la previsión del IPC”. En el presupuesto fija este coste de personal en 47,7 millones de euros.

En los pliegos de contratación se argumenta que el contrato sea a diez años porque la empresa debe realizar inversiones que se amortizan a largo plazo, como la renovación de la flota del servicio, así como de ciertos medios municipales existentes, como las cocheras de Elorrieta, que “suponen un importante esfuerzo financiero por parte de la contratista y consecuentemente una menor atractividad del contrato que implica un riesgo de concurrencia que según traslado el mercado se amortigua en la establecida ofrecida a un contratista con un mayor plazo de contrato”.

En concreto, la adjudicataria deberá asumir la compra de vehículos para garantizar que el servicio cuenta con una flota de 141 autobuses. Teniendo en cuenta que la vida útil de los autobuses es de 12 años y la de los microbuses de 14, el plan de compra de los autobuses que establece el pliego de contratación deberá ser de un total de 126 autobuses: siete en 2027, seis en 2028, cinco en 2029, seis en 2030, 34 en 2031, y 31, 25, y 12 en los tres años siguientes, hasta 2034. En los años 2035 y 2036 no será necesario hacer nuevas compras. Los vehículos deberán ser eléctricos, que tienen un coste entre 299.000 euros en el caso de un microbús, hasta más de 629.000 eros en el caso de los autobuses de 13 metros. Además, se debe implantar en los autobuses un sistema de videovigilancia con una inversión por un importe total de 605.260 euros y un sistema de conteo de pasajeros con técnicas de inteligencia artificial con una inversión de 352.500 euros.

Por otra parte, la adjudicataria asumirá la mejora y modernización de las infraestructuras existentes en las cocheras de Elorrieta, y de su ampliación con una inversión de 1,3 millones de euros. También, derivado de la ampliación de la flota de autobuses eléctricos, se prevé una ampliación de la acometida eléctrica del suministro del Metro de Bilbao, comercializado por Medusa, que actualmente cuenta con una potencia contratada de 1MW. En total, los pliegos de contratación estiman que la inversión que deberá acometer la empresa en el plazo de contrato asciende a 98,86 millones de euros.

Por su parte, los ingresos que se prevén, al margen de los pagos por parte del Ayuntamiento, provienen de la venta de títulos de transporte público, la publicidad en vehículos de la flota del servicio y la reventa de vehículos superada la vida útil. En lo que se refiere al número de viajeros, estima que el número de viajeros se mantendrá estable a lo largo del contrato, entorno a los 27,3 millones de viajeros anuales. En cuanto a la publicidad se considera una capacidad publicitaria de la marca de hasta 700.000 euros anuales mediante la explotación publicitaria de los espacios disponibles o a través del patrocinio, “práctica cada vez más habitual en el sector de los servicios de transporte y especialmente en el ámbito urbano”.

Por otra parte, recuerda que si bien la edad de vida útil de los vehículos se establece en doce años en el caso de los autobuses y en dieciséis años en el caso de los microbuses, “eso no significa que los mismos carecen de valor alguno, ya que del mercado se conoce la existencia de un mercado de recompra de autobuses con destino a chatarra, fabricantes de vehículos o servicios con edades máxima de flota superiores a pesar del mayor coste de mantenimiento, como es el caso de Europa del Este, principalmente. ”Si bien el valor de venta de cada vehículo resultará del proceso de venta del mismo que se realice en cada momento, se considera de cara al estudio económico un valor de venta medio por autobús de 15.000 euros, a razón de un 100% para la empresa contratista, reduciendo de ese modo la necesidad de aportación municipal“.

La Agencia Valenciana Antifraude concluye que existen irregularidades en varios procesos de contratación respecto al edil José Marí Olano, que presidió la Mesa de Contratación entre abril y diciembre de 2025. El organismo tumba las alegaciones del Ayuntamiento de València y del edil y apunta que su modo de proceder fue erróneo, comprometiendo cientos de miles de euros en fondos europeos.

El edil no se abstuvo correctamente en los procesos: no identificó a las empresas con las que trabaja o ha trabajado, lo que a ojos de Antifraude no permite evaluar que no se dé el conflicto de intereses. Es una advertencia similar a la que lanzó el Síndic de Greuges a finales de diciembre, tras meses reclamando al Ayuntamiento información sobre la actividad privada del concejal. El edil sigue ocultando con qué empresas trabaja en calidad de abogado -actividad para la que tiene la compatibilidad-, aduciendo el secreto profesional de la abogacía. Esta cuestión ha sido rechaza por Antifraude, que insiste en que el secreto profesional protege el contenido de la relación abogado-cliente, “pero no la existencia del vínculo profesional con el licitador”, según el informe al que ha tenido acceso elDiario.es.

La Agencia, cuyo director se ha apartado del proceso para evitar conflicto de intereses, ratifica en su informe definitivo que se dieron irregularidades en el proceder de Marí Olano. Concluye que no realizó correctamente las abstenciones al no identificar a las empresas y que en los contratos concurren “vicios que afectan a la legalidad del procedimiento”, como fallos en la constitución de las Mesas de Contratación. Estos vicios podrían comprometer la financiación europea de contratos que en total suman más de 255 millones de euros.

La coalición Compromís reclama a la alcaldesa, María José Catalá, que aparte a Marí Olano de los procedimientos. Subraya que llevan meses denunciando la opacidad del edil, que trabaja como abogado en el sector privado.

Entre las recomendaciones, Antifraude insta al Ayuntamiento a que evalúe las responsabilidades legales que derivan “de la falta de veracidad” de las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses. Marí Olano las suscribió en dos procesos y luego las rectificó, alegando “no me percaté” de los vínculos laborales presentes o pasados, incluidos como causa de incompatibilidad. El órgano apuntó que esto evidencia fallos en los sistemas de control del fraude a los que están obligadas las Administraciones que optan a fondos europeos.

Reclama también el órgano que se formalicen y motiven las abstenciones, incluyendo “incorporar la identificación de la mercantil o licitador que motiva el conflicto”, que esto “se refleje en el acta” de las mesas de contratación y que se convoquen nuevas mesas con suplentes, para “garantizar la integridad en la composición del órgano colegiado”.

Antifraude sí acepta algunas de las alegaciones del consistorio. Por ejemplo, da por buena aquella en la que indica que se comunicó el posible conflicto de intereses y el edil se “inhibió” en el proceso. En un comunicado, el equipo de gobierno de María José Catalá defiende que se exime a la corporación de responsabilidad. En concreto, apunta que como no tenía conocimiento de las actividades privadas del concejal, no se le puede responsabilizar a la institución de falta de veracidad en las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses.

Una de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento recoge que “la intervención del presidente o su abstención, no ha cambiado el sentido de los acuerdos, ya que éstos no se apartaron de lo propuesto por los informes técnicos previos de los servicios gestores, ni por el servicio de contratación, y todos se adoptaron por unanimidad”. Antifraude recoge en su informe definitivo esta alegación municipal, que no acepta pero sí refleja en el dictamen. El consistorio subraya que Antifraude no pide la revisión de oficio de las contrataciones y traslada una serie de recomendaciones de mejora que los técnicos municipales “van a estudiar”.

Los problemas de memoria, los negocios privados y la opacidad del concejal de contratación de València pueden acarrear un coste millonario al Ayuntamiento. Un informe de la Agencia Valenciana Antifraude advierte de irregularidades en procesos de contratación por una justificación incorrecta de las abstenciones del concejal José Marí Olano, que se apartó en al menos seis procesos por haber trabajado con empresas que concurren. En concreto, en las conclusiones provisionales, apunta a una “gestión deficiente del conflicto de interés”, la “incorrecta constitución de la Mesa de Contratación”, que suponen “vicios que afectan a la legalidad del procedimiento”.

Marí Olano es el único concejal del PP que no tiene dedicación exclusiva y compatibiliza su actividad municipal con el ejercicio de la abogacía. Su prolífica carrera y sus relaciones profesionales han provocado numerosas abstenciones para evitar conflictos de intereses. El edil, abogado del Estado y abogado de la Generalitat, ya tuvo que dejar la consultora KPMG por incompatibilidades. Recientemente ha sido denunciado en Anticorrupción por Compromís, tras unas grabaciones en las que ofrece unas plazas de empleo público investigadas por esta Fiscalía.

La Agencia Valenciana Antifraude ha investigado todos los procedimientos de contratación en los que se abstuvo José Marí Olano, que fue nombrado el 4 de abril del pasado año presidente de la Mesa de Contratación, en calidad de concejal delegado del ramo. En sus conclusiones provisionales, el organismo advierte de posibles irregularidades en el proceso, no por la acción en sí, sino por las abstenciones del edil, que no fue debidamente ejecutada y comprometió el proceso posterior. ¿Las razones? Que el concejal nunca ha identificado a qué empresas hacía referencia para evitar el conflicto de interés -es decir, con cuál había trabajado- y, por tanto “no reúne los requisitos mínimos de validez”. Tampoco, según Antifraude, comunicó formalmente la abstención ni se dio una resolución administrativa que la aceptara. “La inexistencia de este acto administrativo supone que la situación de conflicto de interés no ha sido jurídicamente depurada”, dice el extracto del informe al que ha tenido acceso elDiario.es.

Seis procesos millonarios

Los seis procedimientos en los que el edil de contratación se ha abstenido son de los más cuantiosos de la ciudad. Uno de ellos forma parte del proceso de adjudicación del macrocontrato del alcantarillado de la ciudad, cifrado en 232 millones de euros más IVA, que ha sido recurrido por dos de las empresas que concurrieron. En este proceso, según el informe de Antifraude, el edil no participó de la Mesa: en la documentación aportada consta que, tras la resolución que lo nombra presidente de la mesa de contratación, el 14/04/2025 informa a los miembros de la mesa de su causa de abstención. Las anteriores sesiones son previas a su nombramiento.

Otro gran contrato es el de las obras de la Avenida Pérez Galdós, al que concurrieron casi una veintena de empresas a través de distintas UTE (la fórmula de la unión temporal). En este expediente, cuenta la abstención en la sesión de 10/04/2025, y tampoco participó en las sesiones previas, pues no era su competencia.

Entre las abstenciones y los contratos investigados también hay procesos como el del servicio de salvamento marítimo, a cargo de Cruz Roja o los huertos urbanos de Orriols, las licitadoras son Construcciones y Canalizaciones Cyca y Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), que ha concurrido a otros dos procedimientos en los que Marí Olano se ha abstenido. El PSPV le preguntó específicamente por esta mercantil, pero el concejal negó la respuesta.

Se incluyen además los expedientes de las obras de las calles Rodríguez de Cepeda – Dr. Manuel Candela, las obras de remodelación del jardín de la plaza Portadores de la Virgen de Pinedo para la ejecución de una zona de juegos y el Acuerdo Marco para la ejecución de las obras en general y construcción de unidades de enterramiento en los cementerios municipales de la ciudad de València. Estos puntos fueron tratados en sesiones extraordinarias de la Mesa de Contratación, sin el concejal.

En total, a estas licitaciones, mayores o menores, han concurrido más de 50 empresas diferentes, ya sea en solitario o en UTE. Se trata de seis procesos entre abril y junio, los primeros tres meses en los que Marí Olano ha estado a cargo de los procesos de contratación, antes en manos de Júlia Climent, también del PP. El edil de contratación ha negado sistemáticamente a la oposición información sobre sus vínculos profesionales directos o indirectos con las firmas por las que se le ha preguntado.

Para la coalición Compromís, que ha denunciado el informe, estas cuestiones implican un riesgo para las arcas públicas, al comprometer financiación europea. Las empresas que participaron en los procesos y no resultaron beneficiarias podrían recurrir.

El concejal 'olvidó' abstenerse en un proceso

El análisis de Antifraude se detiene en un proceso concreto, en el que ve mayores conflictos: los huertos urbanos de Orrios. Evalúa las sesiones de la Mesa de contratación de los días 10 de abril, 8 de mayo, 15 de mayo y 5 de junio de 2025; sesiones en las que se abre la oferta de criterios de valor -donde los miembros de la mesa deben declarar los conflictos de intereses-, después se realiza la valoración técnica, la apertura económica -“declaración de ausencia de conflicto de intereses al inicio de la reunión”, señala el informe- y, por último, una cita en la que el presidente “no puede suscribir una declaración de ausencia de conflicto para este punto y manifiesta su abstención formal”.

¿Qué cambió entonces? Que el edil se percató de un error. Como ya informó elDiario.es, en junio del pasado año el concejal remitió un correo electrónico a los servicios jurídicos del Ayuntamiento en el que reconocía haber participado en tres sesiones de la mesa -que coinciden con las fechas señaladas en el informe- hasta haber sido consciente de que había trabajado con una de las empresas. 'Olvidó' abstenerse.

El concejal explica que en la sesión del 5 de junio de 2025 se comprueba la documentación del licitador que había presentado la mejor oferta: “En ese momento me percaté de que uno de los licitadores en el referido procedimiento es una persona jurídica a la que he prestado servicios profesionales en los dos últimos años, y por ello formulé la oportuna abstención”, dice. La abstención, explica Marí Olano, quedó reflejada en el acta.

El entonces presidente de la Mesa de Contratación reconoció que había participado sin formular abstención en las sesiones del 10 de abril, 8 de mayo, 15 de mayo y solicitó que se incorporara la cuestión al expediente administrativo. “En estas tres sesiones debí haberme abstenido, pero no me percaté de que uno de los licitadores es una persona jurídica a la que he prestado servicios profesionales en los dos últimos años”.

El procedimiento de contratación cuestionado es el contrato para los huertos urbanos de Orriols, un proceso dotado con 316.765,68 euros de fondos europeos (más 66.520,79 de IVA), como consta en la Plataforma de Contratación del Estado. Solo dos empresas concurrieron a esta licitación, como ya informó este diario: Construcciones y canalizaciones Cyca S.L. y Agricultores de la Vega de Valencia, quien finalmente obtuvo el contrato.

El edil apuntó que “no necesariamente” debería implicar una suspensión del acto administrativo. También argumentó que la adjudicación se dio por unanimidad de los miembros de la Mesa que preside. El correo, finalizó el concejal, tiene como destino “constatar la concurrencia de abstención por escrito”.

“Vicios que afectan a la legalidad”

El informe de Antifraude aprecia en sus conclusiones provisionales cinco fallos que pueden constituir irregularidades. Además de no identificar a la empresa que motiva la abstención -no se justifica y no se cumple el proceso formal-, detecta errores en el proceso. El organismo aprecia “defectos en la constitución de la Mesa de Contratación por falta de quórum”. Apunta que la retirada del presidente de la Mesa (Marí Olano) tras manifestar su abstención “no habilita al resto de miembros a continuar la sesión de forma automática”.

Al no haber una sustitución formal, dice el organismo, “la Mesa actuó sin el quórum de constitución necesario”, en referencia a una sesión del 5 de junio de 2025. Por tanto, prosigue, “los actos derivados de ellas [de la sesión cuestionada] estarían viciados de una irregularidad administrativa por infracción de las normas de constitución de los órganos colegiados”.

Asimismo, dice el órgano, “si bien la intervención del presidente no parece haber sido determinante en el resultado (...) la participación de un miembro incurso en causa de abstención, sumada a la incorrecta constitución de la Mesa de Contratación tras su retirada, prevalecen como vicios que afectan a la legalidad del procedimiento”. El edil presentó alegaciones a este informe, pero el Ayuntamiento no las ha hecho públicas.

La Federación Empresarial Cacereña (FEC) ha acusado al Servicio Extremeño de Salud de recortar los salarios previstos en el nuevo pliego del contrato de limpieza de los centros sanitarios de Plasencia, que afecta al Hospital Virgen del Puerto y al Centro de Especialidades Luis de Toro, por lo que impugnará nuevamente el procedimiento, por vía administrativa y judicial.

Según la patronal, el nuevo concurso público, publicado tras la anulación del anterior por la Comisión Jurídica de Extremadura, introduce una reducción en la partida destinada a costes salariales, a pesar de mantener las mismas condiciones de servicio en cuanto a número de trabajadores y horas de trabajo.

La FEC sostiene, además, que el pliego no contempla la actualización salarial derivada del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ni los posibles aumentos vinculados a la negociación del convenio colectivo sectorial, que se encuentra actualmente en fase de negociación.

La organización empresarial recuerda que la resolución previa de la Comisión Jurídica ya había declarado la nulidad del anterior pliego por insuficiencia presupuestaria, y advierte de que esta nueva licitación podría volver a vulnerar la normativa vigente en materia de contratación pública.

Por todo ello, ha anunciado en un comunicado su intención de impugnar nuevamente el procedimiento por la vía administrativa y judicial, al considerar que el nuevo pliego podría afectar tanto a los derechos laborales de los trabajadores como a la calidad del servicio en los centros sanitarios del área de Plasencia.

Asimismo, la FEC ha instado a los sindicatos del sector a pronunciarse y a sumarse a las acciones de defensa de los derechos laborales, advirtiendo de que la situación podría derivar en un deterioro del servicio de limpieza en los centros sanitarios afectados, con posibles consecuencias para la atención y la seguridad de los usuarios del sistema público de salud en el área de Plasencia.

El Ayuntamiento de Burgos, a través de su alcaldesa, Cristina Ayala, ha responsabilizado a los técnicos municipales por la contratación de catering a la empresa de su concejal y presidente de la Diputación y del PP, Borja Suárez, pero no les ha abierto expediente. Así lo han confirmado desde el Consistorio, desde donde tan sólo trasladan que se están “revisando” todos los contratos con Eventos El Espino SL.

 “Podíamos no haber hecho nada, podíamos no haber hecho un protocolo, pero en mi autoexigencia ética quiero que se las cosas se hagan como se tienen que hacer, nuestra ética es hacer mejor las cosas, incluso cuando nuestros servicios técnicos cometen un error como es el caso”, dijo Ayala en el último Pleno en el que se realizó una “toma de razón”, sobre la situación de Suárez. El Ayuntamiento sólo se interesó por los contratos de la empresa de su concejal cuando elDiario.es publicó la información: Borja Suárez tenía el 22% de una empresa -según su declaración de bienes, aunque luego reconoció un 33% a este medio- y aunque la ley prohíbe contratar cuando un concejal tiene más del 10%, se hizo. La normativa también contempla que Suárez debió ser obligado a elegir entre ser concejal y tener una empresa; sin embargo, eso nunca ocurrió. Los contratos son nulos de pleno de derecho, pero el dinero no se ha devuelto.

Lejos de asumir responsabilidades, Suárez culpó a los técnicos y aseguró que la ley dejaba “indefensos” a los concejales, y que se sentía “desamparado”. En los mismos términos se pronunció Ayala, y en otros muy similares el secretario municipal que aconsejó realizar un protocolo para que lo ocurrido no se repitiese. Borja Suárez aseguró en un primer momento que se desharía de las acciones “con harto dolor” y paulatinamente. La semana pasada aseguró en el Pleno que ya no tenía acciones de Eventos El Espino. ElDiario.es preguntó al Ayuntamiento si Suárez ha presentado algún documento que certifique que ya no tiene acciones, y éste ha sugerido que se remita a la periodista al Registro Mercantil. La gestión de conocer la titularidad real de cualquier empresa está vetada a todo el que no tenga interés legítimo, o lo que es lo mismo: a quien no sea socio o administrador de la mercantil en concreto. El Ayuntamiento no ha aclarado cómo ha podido constatar que la afirmación de Suárez es cierta.

La investigación de elDiario.es ha revelado hasta el momento no sólo que Suárez incumplió la ley, también que el Ayuntamiento comenzó a contratar a Eventos El Espino, una empresa creada en 2008, cuando Suárez entro en la corporación como concejal. Además, aunque desde el Ayuntamiento se niegan injerencias y afirman que a pesar de que lo reflejó en su declaración de bienes nadie sabía que esa empresa era suya, el PP de Burgos, presidido por Suárez, ha contratado a la empresa para eventos en los que acudieron cargos públicos, incluidos el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o la propia Cristina Ayala. No sólo eso, además la Junta de Castilla y León ha estado publicitando, de manera opaca, a Eventos El Espino, incluyendo el enlace de su web de organización de bodas y otros eventos en el portal de Turismo y Patrimonio del gobierno autonómico.

Los partidos de la oposición, PSOE y Vox, han solicitado la dimisión de Borja Suárez sin éxito hasta el momento.

Un insólito e injustificado requisito ha hecho saltar por los aires un concurso público de más de 100.000 euros en San Sebastián de La Gomera, municipio de unos 9.500 habitantes. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha anulado la licitación de la capital de la isla colombina para contratar un servicio de asesoramiento laboral y gestión de nóminas. ¿El motivo? Los pliegos otorgaban 20 de los 100 puntos en juego a la gestoría capaz de presentarse en el Ayuntamiento en menos de cuatro horas tras recibir un aviso. 

Según el tribunal de contratos, esa exigencia adolece de una “absoluta falta de motivación” en el expediente y no sólo vulnera los principios de “igualdad, transparencia y proporcionalidad”, sino que, además, constituye “una cláusula de arraigo territorial” prohibida, puesto que genera “discriminación” entre las licitadoras.  

El Ayuntamiento capitalino sacó a concurso el servicio el pasado mes de febrero. El gobierno municipal, formado por la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y por Coalición Canaria (CC), justificó la externalización del servicio de asesoramiento laboral y gestión de nóminas en la falta de personal del departamento de recursos humanos. Esta área se sostiene en la actualidad tan sólo con dos auxiliares administrativos y una técnico general, por lo que destinar a uno de ellos en exclusiva a esas tareas mermaría “gravemente” la actividad administrativa diaria del Ayuntamiento, expone la memoria justificativa.

Ese documento incide, además, en que el Consistorio carece de personal con la formación técnica específica para utilizar sistemas telemáticos de gestión laboral y que contratar a un especialista para estas tareas supondría un gasto anual que ronda los 60.000 euros, una cantidad superior a la prevista en la externalización (103.500 euros por tres años).

Una empresa radicada en Sevilla (Gaesa Asesores) recurrió los pliegos ante el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias. Esta gestoría sostiene que premiar con 20 de los 100 puntos (los 80 restantes corresponden al precio) a las empresas que tengan la capacidad de llegar a una reunión presencial en el Ayuntamiento en menos de cuatro horas introduce un elemento de “arraigo territorial indirecto no justificado”. Es decir, en su opinión ese criterio favorece “indebidamente” a las asesorías ya instaladas en la isla, “penaliza” a competidores con experiencia equivalente y produce una “restricción artificial” de la competencia. 

Esta empresa remarca que ese requisito no responde a ninguna necesidad técnica y no tiene nada que ver con el objeto del contrato. 

La secretaria municipal tampoco lo entiende

Lo curioso de este caso es que, al verse obligado a responder al recurso de la empresa, el propio Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera acabó entonando el mea culpa. La secretaria general no acertó a encontrar “la justificación, coherencia y necesidad” que fundamentaba ese requisito que exigía la “ineludible presencia” de la adjudicataria en las oficinas municipales en un plazo máximo de cuatro horas. La propia funcionaria calificó la exigencia redactada por su administración de “desproporcionada y no justificada”. 

La secretaria municipal recalca en su informe que toda la gestión de nóminas y los trámites ante la Seguridad Social se realizan mediante plataformas telemáticas. Por lo tanto, el intercambio de expedientes y documentos “no exige la presencia de la adjudicataria” en el Ayuntamiento, sino simplemente garantizar el acceso informático a los archivos. 

Con este contexto de una empresa que recurre y una administración que se allana, el tribunal de contratos anula el requisito de las cuatro horas y, en consecuencia, los pliegos. Sostiene este organismo que no hay ni un solo motivo en el expediente para justificar esa exigencia y que, por tanto, es discriminatoria. El tribunal recuerda en su resolución, dictada el pasado lunes 6 de abril, que los objetivos de comunicación pueden lograrse mediante medios virtuales, por lo que imponer la presencia física de un asesor laboral externo “pierde justificación objetiva y se convierte en un obstáculo injustificado para la libre concurrencia”. 

Esa resolución obligaba al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera a retrotraer las actuaciones al momento anterior a la aprobación de las bases para formular un nuevo concurso. Tan sólo un día después, el 7 de abril, la alcaldesa, Angélica Padilla (ASG), firmaba un decreto por el que anulaba el concurso y ordenaba abrir un nuevo expediente de contratación con las “modificaciones oportunas”. 

El grupo municipal de EH Bildu ha solicitado realizar una auditoría externa independiente de los contratos de los últimos cinco años en el Ayuntamiento de Amurrio (Álava), tras la elaboración de varios informes de reparo por parte de la interventora respecto a la contratación del año 2025. La coalición abertzale lo demandará a través de una moción que se debatirá en el próximo pleno municipal, con el objetivo de que “estas contrataciones sean analizadas y aclaradas”, así como para solicitar que se creen instrumentos para “mejorar la contratación municipal”.

EH Bildu ha reclamado que dicha auditoría esté finalizada antes de finales de junio para poder poner en marcha cuanto antes medidas de mejora de la gestión pública. Según ha trasladado, los informes de contratación de la Intervención, tanto informativos como suspensivos, se han repetido a lo largo de toda la legislatura, pero este último informe con reparos a la contratación de 2025 supera los 200.000 euros, lo que “rebasa lo que puede considerarse como un error puntual”, recoge Europa Press.

En este sentido, ha señalado que por un único contrato, que se adjudicó directamente en mayo de 2024, se han pagado mediante facturas 117.490 euros en año y medio, cuando según “la ley no se pueden superar los 15.000 euros en el plazo de un año para este tipo de contratos”. Un caso, ha añadido, que “no es aislado”, ya que el informe menciona que durante los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 la Intervención ha avisado de que los contratos adjudicados directamente a la misma empresa por el mismo servicio han superado la barrera legal de 15.000 euros para la adjudicación directa durante al menos estos cinco años y “exige la adopción de medidas para el año 2026”.

El portavoz de EH Bildu Amurrio, Jon Berganza, ha reclamado elaborar una “fotografía en profundidad de la situación de la contratación municipal, para dar solución a los errores detectados por los trabajadores municipales” y que “las conclusiones de ese estudio nos den herramientas para una buena actuación”.

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias escenificó este miércoles la firma de un contrato de 16,8 millones de euros para la prestación del servicio de ayuda a domicilio a unas 1.500 personas en situación de dependencia en las islas de Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura. “Vamos a garantizar que a toda persona usuaria que lo necesite, con independencia del lugar donde viva, se le preste el servicio”, dijo la consejera del ramo, Candelaria Delgado, en un acto en el que también estuvo presente Franciso Cruz, representante de BCM Gestión de Servicios S.L., la empresa adjudicataria. 

Lo que la foto oficial no muestra -ni tampoco la consejera explicó- es el rocambolesco proceso de adjudicación de ese contrato. Antes de llegar a ese apretón de manos con el que Delgado y Cruz sellaron el acuerdo, el caso pasó por el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias, que forzó a la administración a rectificar tras haber dejado fuera a esa empresa por un retraso burocrático provocado por la propia Consejería. 

El concurso fue convocado en julio de 2025. El presupuesto base de licitación es de 16,8 millones de euros (un año de contrato), aunque el valor estimado del concurso asciende a 36,5 millones, incluyendo esta cantidad no sólo una posible prórroga (de un año), sino otro lote destinado a la supervisión y control de calidad de estos servicios.

Tras evaluar las ofertas, la Consejería de Bienestar Social otorgó la máxima puntuación a BCM Gestión de Servicios, una empresa constituida en 1997 y que tiene su sede social en Málaga. Esta licitadora fue propuesta como adjudicataria en octubre del año pasado. La administración le concedió entonces un plazo de diez días para presentar la documentación final requerida. Es en ese momento cuando se evidencia el conflicto. La ganadora no cumplía uno de los requisitos fijados en el pliego, el de contar con acreditación empresarial para prestar servicio a personas dependientes, según un decreto de 2012. 

La Mesa de Contratación dio la oferta por retirada y excluyó a BCM Gestión de Servicios del concurso. En diciembre de 2025, adjudicó el contrato a la segunda clasificada en el concurso, Formas Nivaria S.L., una pequeña empresa radicada en La Laguna.  

La empresa excluida, BCM Gestión de Servicios, recurrió al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. Esta licitadora contó que, entre la documentación presentada, figuraba una declaración responsable en la que indicaba que había solicitado la acreditación para prestar servicios a personas dependientes el 23 de junio de 2025 y que, al no haber recibido respuesta, la había obtenido “por silencio administrativo” tres meses después. 

En su resolución, el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias explica que la ley establece con claridad que las empresas deben contar con la habilitación empresarial exigida en la fecha límite de presentación de ofertas. En el caso del concurso de ayuda a domicilio, el 11 de septiembre de 2025. La empresa que recurrió la habría obtenido, por silencio positivo, el día 23 de ese mismo mes. Es decir, doce días después. 

Sin embargo, en este caso concurre una circunstancia excepcional. Y es que la administración competente para otorgar esa habilitación empresarial es la propia Consejería de Bienestar Social, el órgano que contrata el servicio de Ayuda a Domicilio. 

Por lo tanto, el tribunal de contratos concluye que si la empresa no disponía de la habilitación requerida se debía, única y exclusivamente, a la “inacción” de la propia administración que la había excluido. Dejar fuera a una licitadora por un error propio hubiera sido “completamente contrario” al principio de proporcionalidad que rige la contratación pública y, por tanto, contrario a derecho, recoge la resolución fechada el 17 de marzo. 

En consecuencia, el tribunal de contratos estimó el recurso presentado por BCM Gestión de Servicios, declaró la nulidad del acuerdo que la excluyó del proceso y de la orden de adjudicación a Formas Nivaria y ordenó retrotraer el procedimiento al momento anterior a la revisión de la documentación de la licitadora que había obtenido la máxima puntuación. 

La resolución obligaba a la mesa de contratación a volver a calificar las propuestas teniendo por presentada la habilitación empresarial de BCM Gestión de Servicios, que volvió a ser de esta manera la adjudicataria del contrato del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes en las islas de Tenerife, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. 

El caso de las ambulancias

El caso del contrato de ayuda a domicilio tiene ciertas similitudes con el de otro servicio público esencial en Canarias, el de ambulancias, aunque con un matiz y un resultado distinto. En aquella ocasión, el órgano contratante (la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (GSC) en Canarias, vinculado con la Consejería de Sanidad) adjudicó uno de los lotes, por importe de 44,5 millones de euros, a una empresa (la UTE Acciona-Icot) que, a la fecha de presentación de la oferta, no disponía de la habilitación empresarial exigida para prestar el servicio, al igual que BCM Gestión de Servicios. 

Esa autorización debía darla el Servicio Canario de Salud (SCS), también dependiente de la Consejería de Sanidad. Sin embargo, la administración entendía que esa habilitación empresarial para operar en el sector de las ambulancias no era necesaria y que era suficiente con que cada vehículo dispusiera del permiso, algo que sí cumplía la empresa que obtuvo la mayor puntuación. Sin embargo, la segunda clasificada (Tasisa) recurrió a la justicia y el Supremo, en una reciente sentencia, le dio la razón, anulando esa adjudicación y obligando a Sanidad a indemnizar a la perjudica por el lucro cesante, en un expediente que, entre adjudicación y prórrogas, ya rozaba los 53,7 millones de euros. 

El Ayuntamiento de Burgos ha adjudicado, entre 2023 y 2025, 12 contratos a Eventos El Espino SL, una mercantil de la que el concejal, presidente del PP provincial, y presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, tenía el 22%, tal y como reconoció en su declaración de bienes registrada en el propio Consistorio en junio de 2023. Desde diciembre de 2025, y tras la salida de dos accionistas, Suárez ostenta el 33%, un tercio de la propiedad de la empresa, tal y como ha reconocido a elDiario.es.

Eventos El Espino, constituida en 2009, se dedica fundamentalmente a servicios de catering y los contratos que ha conseguido en el Ayuntamiento son precisamente para eso. En noviembre de 2023, la sociedad pública municipal Proburgos contrató el servicio de catering con Eventos El Espino para la jornada 'Mujer e Industria', por valor de 792 euros, IVA incluido. En abril de 2024, Proburgos vuelve a contratar a esta empresa para la jornada 'Burgos e Hidrógeno, una apuesta de futuro', por valor de 1644,5 euros, IVA incluido. En septiembre de 2024, Proburgos encargar el catering con la misma mercantil para la jornada 'Mujer e Industria' por 858 euros, IVA incluido. Y lo mismo ocurre en octubre, con el evento 'Tardeo in game on tour' cuyo catering es a cargo de El Espino, por 1.650 euros. En diciembre, la misma sociedad pública cuenta de nuevo con la mercantil en la que participa Borja Suárez para el evento FamTrip con profesionales de los medios de comunicación. Junto a El Espino, que cobra 462 euros, hay otros seis adjudicatarios.

En 2025, se suceden otros contratos: uno en febrero, de Proburgos para un 'coffee break' en la 'Jornada Burgalesa para un futuro más amable, inclusivo y sostenible' en el marco de la candidatura a Burgos como capital europea de 2031, por 327,25 euros, otro para el catering de Alianza RUN en abril, por 1.257,5 euros, y otro para servir el café en una reunión de constitución del grupo Mujer e Industria, por 154 euros. Posteriormente, Proburgos le adjudicó también los servicios de catering durante el desarrollo de la jornada por 1.001 euros.

Las contrataciones no sólo son de Proburgos, desde la Concejalía Delegada de Personal, Régimen Interior, Relaciones Institucionales y Calidad Total del Ayuntamiento de Burgos, en junio de 2025 se contrata a Eventos El Espino para un desayuno/almuerzo en el Monasterio de San Juan tras una misa mayor en la Catedral por 2.887,5 euros. En octubre, el Ayuntamiento contó con Eventos El Espino para el servicio de catering del II Congreso Internacional de Salud desde un abordaje interdisciplinar, por 825 euros.

De los últimos contratos que se conocen son los que Proburgos le adjudica en noviembre de 2025, y los de mayor cuantía, para la celebración del I Encuentro Europeo de Economía Colaborativa: 1.540 euros para un servicio de catering, formato Café, , 6.600 para un servicio de coctel para 200 personas en el mismo evento y otro cóctel más al día siguiente para 65 personas por 2.145 euros.

El director general de Proburgos, Alejandro Sarmiento, confirmó a elDiario.es que ha contratado en varias ocasiones a Eventos El Espino, y que la decisión se toma con la unanimidad del Consejo tras solicitar varios presupuestos. Sarmiento aseguró desconocer que detrás de esa empresa estuviese el concejal del Ayuntamiento y presidente de la Diputación de Burgos. El Ayuntamiento no ha querido pronunciarse.

La Junta de Castilla y León también contrata a la empresa del presidente del PP de Burgos

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta también ha adjudicado varios contratos a la empresa de Suárez: en noviembre de 2023, para un café para los invitados de la entrega de Medallas al Mérito Policial, por 3.300 euros. También en ese mes y por otros 3.300 adjudicó a Eventos El Espino el servicio de hostelería para el encuentro de mujeres policías locales, así como otro de 600 euros por el alquiler mobiliario y material adicional para el desarrollo del servicio de café a asistentes de la gala de medallas de Policía Local 2023.

Otra Consejería que apostó por Eventos El Espino fue la de Economía, que en febrero de 2025 le pagó 2.200 euros por el vino español y el café que se sirvió en el Comité de Seguimiento del Programa Feder 2021-2027 que se celebró en Burgos.

Borja Suárez atendió a las preguntas de elDiario.es y confirmó su vinculación con Eventos El Espino, aunque en un primer momento confirmó tener sólo el 22% de las acciones de la mercantil, más tarde, y a requerimiento de este medio, reconoció que, tal y como figura en la auditoría de la empresa, tras la salida de dos socios que acabaron en un juzgado mercantil, había recomprado acciones y ahora tiene el 33%. Suárez precisó que desconoce cómo se cruzan datos en el Ayuntamiento. “A mí nadie me ha dicho nada sobre los contratos y yo he reflejado esa circunstancia en mi declaración de bienes”, afirmó. El concejal añadió además que no consideraba que se diese una situación de conflicto de intereses, puesto que es un concejal sin cartera, no toma decisiones y no participa en mesas de contratación. “Otra cosa es en la Diputación de Burgos, donde soy presidente, y tomo decisiones. No hay ningún contrato con la empresa”, aseguró.

Borja Suárez apoyó desde la Diputación la 'guerra del txacoli' que beneficiaba a su socio

Pero, aunque la Diputación de Burgos no ha contratado a Eventos El Espino, sí se ha posicionado de manera cuestionable sobre un asunto que atañe a uno de los administradores de la empresa, Koldo Madariaga Rica, que también es accionista. En 2010, el pleno de la Diputación de Burgos, en la que Suárez ostentaba la vicepresidencia, aprobó por unanimidad de PP, PSE y Solución Independiente una propuesta para “la defensa del chacolí de Burgos” que permitía a la Diputación personarse en todas las instancias en las que se intentase blindar término txakoli. Suárez fue la cara política de esa iniciativa. Al frente de los productores del 'txacoli de Burgos' estaba Madariaga, propietario de una bodega en Miranda de Ebro. En esa aventura que no cristalizó en nada, puesto que la denominación de origen sigue perteneciendo a Euskadi y más en concreto a los consejos reguladores de Álava, Vizcaya y Getaria, estaba la entonces diputada del PP y hoy alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien anunció una proposición en las Cortes de Castilla y León para instar al Gobierno de Madrid ofrecer igualdad de trato a todos los productores y que se bloquease el blindaje del nombre. Lo que se llamó 'Guerra del Txacoli' tuvo un breve recorrido: los de Burgos tuvieron que conformarse en 2015 con una certificación de Vino de la Tierra de Castilla y León, una IGP (una Indicación Geográfica Protegida, IGP) para el vino que produce Madariaga en su bodega y que comercializa como 'Ch',

Lo que contempla la normativa: o el cargo o las acciones

Las consecuencias pasarían, según los expertos consultados por elDiario.es, por una incompatibilidad en el cargo, en virtud del artículo 12 de la Ley 53/1984, que obliga legalmente a optar entre mantener el cargo público o desprenderse de la participación societaria y que puede dar lugar a un procedimiento formal de declaración de incompatibilidad. Pero, además, existiría una prohibición de contratar de esa empresa, ya que según el artículo 71.1.g de la LCSP, la empresa no podría contratar con el Ayuntamiento mientras existiera esa participación. Esta prohibición es automática y se aplica aunque se trate de pedidos, contratos menores o pagos por caja fija.

En cuanto a los contratos realizados en esa situación, pueden declararse nulos por haberse celebrado estando la empresa incursa en la prohibición de contratar, y derivarse una responsabilidad disciplinaria o de control por parte de los órganos competentes, como son la secretaría, la intervención o los órganos de fiscalización.

El Tribunal Supremo (TS) ha fijado doctrina mediante una sentencia por la que obliga al Ayuntamiento de Cáceres a devolver la fianza depositada por la empresa adjudicataria de las obras del Edificio Embarcadero, al declarar que la liquidación de contratos administrativos también está sujeta a prescripción y no puede practicarse fuera del plazo legal.

Se trata de un inmueble inaugurado en 2011 y concebido como un centro de innovación y emprendimiento municipal. La liquidación definitiva fijó el saldo económico en 318.512 euros, que fue la cantidad sobre la que se había ordenado inicialmente la incautación de la garantía de la UTE PRINSA-Casado. En la fase judicial inicial, la liquidación ascendía a 342.516 euros antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) corrigiera aspectos procesales vinculados al procedimiento.

El litigio se originó en 2009, cuando se paralizaron las obras de adecuación de la bóveda y exteriores del edificio, adjudicadas a la mencionada UTE. En 2017, el Ayuntamiento intentó resolver el contrato por incumplimiento y procedió a la incautación de la fianza depositada por la empresa.

El TS ha determinado que la acción administrativa para practicar la liquidación estaba prescrita, ya que había transcurrido el plazo legal desde que el contrato quedó paralizado y extinguido de hecho.

El fallo aclara que, aunque la liquidación es un “acto autónomo respecto de la resolución contractual, no puede realizarse fuera del plazo legal previsto por la normativa”. Así, el TS aclara en su sentencia, recogida por EFE, que la prescripción también se aplica a la liquidación de contratos administrativos y que la “inactividad de la Administración no suspende este plazo”. Como consecuencia, el Ayuntamiento debe devolver la fianza íntegra a la empresa adjudicataria.

El litigio se ha prolongado durante años, con varias resoluciones judiciales previas. En 2018, el Juzgado Número 1 de Cáceres fijó en 342.516 euros la indemnización que debía pagar la UTE adjudicataria por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de las obras.

Posteriormente, el TSJEx estimó el recurso de la empresa y corrigió aspectos procesales, reduciendo la liquidación definitiva a 318.512 euros y señalando la necesidad de que el contratista fuera citado para las comprobaciones previas a la liquidación.

Finalmente, el Supremo ha resuelto el caso y el Ayuntamiento de Cáceres deberá ahora proceder a la devolución de la fianza a la UTE PRINSA-Casado, cumpliendo así lo dispuesto por la sentencia del Alto Tribunal. 

El PSOE andaluz y Podemos recurrirán ante la Audiencia Provincial de Sevilla el sobreseimiento provisional y archivo de las querellas que presentaron contra la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega. Un movimiento ante la decisión del juez José Antonio Gómez en el proceso abierto contra el Gobierno de Juanma Moreno por un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas entre 2021 y 2024.

María Márquez, vicesecretaria general del PSOE andaluz, manifestó este lunes, en unas declaraciones concedidas a los medios, que “hay indicios sólidos y pruebas claras, eso nadie lo pone en duda, ni el juez” y, por tanto, seguirán adelante con el recurso. “Moreno Bonilla contrató mal y se dañaron las arcas públicas. No fueron fallos técnicos, sino decisiones políticas, ya que se abrió la puerta a contratar sin control cuando ya no había emergencia en Andalucía”, reiteró. En todo caso, recomendó “prudencia” al Partido Popular, ya que, aseguró que son “plenamente consciente del enfado de los andaluces en materia sanitaria, así que vamos a llegar al final: sigue habiendo caso”.

A través de un comunicado, los socialistas indicaron que se “requiere de una investigación completa que está lejos de haber concluido”, ya que, indican, hay “un posible delito de prevaricación que debe de ser investigado hasta el final”. En alusión a lo derimido por la Intervención General de la Junta de Andalucía, sostuvieron que hay una “falta de fiscalización” previa a los contratos sanitarios concedidos. Pese a que no ponen en entredicho la urgencia inicial de la pandemia, “el Gobierno de la Junta prolongó la contratación a dedo de forma arbitraria y sin cobertura legal mucho después de que decayera dicha emergencia”, criticaron.

Disculpas

Por ello, pidieron que “se llegue hasta el final” en las causas abiertas tanto en Sevilla como en las provincias de Cádiz y Córdoba, donde mantienen que los contratos con las empresas sanitarias se realizaron a precios superiores que los estimados en contratos ordinarios. A tenor de lo sucedido, advirtieron que el Gobierno de Juanma Moreno diseña una “estrategia política de privatización de la sanidad pública” a través de “un uso abusivo y arbitrario de la contratación de emergencia”, en donde se quitaron los controles previos, apuntaron.

Por su parte, Antonio Sanz, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, exigió a la vicepresidenta y candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, unas “disculpas” a la ciudadanía “por mentir y por dañar la imagen de la sanidad pública andaluza y de los profesionales sanitarios, a quienes han querido atacar directamente”. En este cruce de acusaciones tras conocerse la decisión del magistrado, la mano derecha de Juanma Moreno reiteró que “ni ha existido, ni existe, ni existirá corrupción sanitaria en Andalucía”.

Archivo

El archivo de las querellas, adelantado por ABC, se debe a que el magistrado considera que “no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito”. Además, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla dictó el pasado jueves 22 de enero que “prolongar más la instrucción vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades que impide, no solo una investigación prospectiva, sino también que cualquier ciudadano pueda verse sometido a una investigación sin verdadero fundamento”.

La causa se abrió tras una denuncia interpuesta en septiembre de 2024 por una treintena de parlamentarios del PSOE andaluz contra los dos exgerentes del SAS “por posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias en los años 2021-2023”. La denuncia del PSOE-A, a la que posteriormente se sumó Podemos en septiembre de 2025, cifraba en 243 millones de euros el valor de los contratos cuestionados. Sin embargo, el auto sostiene que “no puede concluirse que la finalidad de las prórrogas fuera la elusión de las normas de Orden Público de la contratación, sino que respondían a necesidades perentorias derivadas de la necesidad de la continuidad de la prestación, sin modificación de lo contratado, dado el grave retraso generado por la crisis sanitaria”.

“Mayor agilidad y eficacia”

Los gerentes del SAS han justificado durante el proceso el uso de los contratos de emergencia con el fin de atender las urgencias asistenciales derivadas de la pandemia, restando importancia al cambio de la fiscalización previa al control financiero permanente acordado por el Consejo de Gobierno.

En este sentido, el magistrado menciona la Ley de Contratos del Sector Público y a las resoluciones del Consejo de Ministros para hacer frente a la amenaza del virus global, a la vez que cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 2010, donde se establece que “lo que ampara una normativa de emergencia es una situación administrativa inmediata, absolutamente necesaria para evitar, o remediar en lo posible, las consecuencias del suceso en cuestión”.

De esta forma, el magistrado también resuelve uno de los elementos más críticos de la investigación: la retirada del control previo de la Intervención de la Junta a los contratos del SAS —por acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020— y su sustitución por auditorías a posteriori, que fueron las que finalmente sacaron a la luz las irregularidades que dieron pie a la apertura de diligencias.

El auto reconoce que el uso de la contratación de emergencia por parte del SAS con clínicas privadas disfrutó de “mayor discrecionalidad”, pero los gerentes “no tomaron decisiones que conculcaron directamente el Orden Jurídico”, añade. “Resulta cuanto menos jurídicamente discutible que la modificación del control previo al control financiero permanente supusiera una minoración de garantías, además de que posibilitó una mayor agilidad y eficacia en la gestión de los recursos públicos en semejante situación de emergencia”, finaliza el auto.