La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación al considerarlo autor de un delito de prevaricación por su contratación en la Diputación en 2017 como coordinador de los conservatorios pacenses. El tribunal rechaza el tráfico de influencias, por lo que evita la pena de prisión que reclamaban las acusaciones populares.

De este modo, el tribunal descarta la petición de cárcel de hasta seis años que pedían Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. La Fiscalía pedía la absolución de David Sánchez y del resto de encausados, entre ellos, el presidente de la Diputación y ex secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que también ha sido condenado a 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por dos delitos de prevaricación. La Audiencia ha impuesto nueve años de inhabilitación a los otro nueve acusados, la mayoría cargos o excargos del PSOE en la institución provincial.

La sentencia, de 377 páginas, que puede ser recurrida, confirma de manera unánime la prevaricación en la creación de la plaza que ocupó David Sánchez, pero descarta por completo el delito de tráfico de influencias. Los magistrados consideran que no ha quedado probado “que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”.

Sin embargo, aunque el tribunal determina que no hubo presión externa, considera probado que la Diputación actuó de manera arbitraria en base a un “plan delictivo ideada por las más altas instancias” para en la creación de “una plaza de empleo público innecesaria” y su posterior adjudicación. En este sentido, el hermano de Sánchez “fue autor, por cooperación necesaria”, del delito de prevaricación administrativa porque tuvo “conocimiento previo de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios se había creado para él” y por eso “se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento”. La sentencia también recoge que el músico “consiguió que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera”.

En cuanto a la contratación de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez también condenado, como coordinador de los programas y actividades transfronterizas, una plaza en comisión de servicio, los magistrados de la Audiencia de Badajoz concluyen que se trató de un proceso plagado de irregularidades “diseñado para poner fondos públicos” al servicio de fines particulares.

El fallo considera probado que la cobertura de la plaza mediante comisión de servicios se solicitó el 16 de octubre de 2023, un mes antes de que se publicara oficialmente la aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que creaba el propio puesto. Asimismo, la Sala dictamina que los controles aplicados por la Diputación fueron “puramente cosméticos”, señalando que tanto esta plaza como la de David Sánchez se costearon con dinero público “para que ambos pudieran dedicarse a las actividades que se les antojaran, sin control alguno”.

Testimonios de la UCO

La sentencia considera “de especial relevancia” los testimonios de los agentes de la UCO, que participaron en la intervención y análisis de los correos electrónicos intervenidos a los acusados. De hecho, los magistrados aseguran que la declaración del teniente coronel Antonio Balas fue “sumamente ilustrativa” y que sostuvo con “rotundidad” que la “génesis” del puesto de coordinador de los conservatorios de Badajoz partió “de un nivel superior” al del Área de Cultura, “siendo Presidencia de la Diputación ”el origen de la idea“, recuerda el fallo.

Sin embargo, dijo en el juicio que del volcado de esos correos se podía inferir esa afirmación, pero sin pruebas y en contra del resto de testigos que sostuvieron que la plaza que ocupó David Sánchez no estaba amañada.

La denuncia, de 2024

La sentencia se conoce un mes después del juicio oral celebrado en la Audiencia Provincial para determinar si la Diputación de Badajoz 'enchufó' a David Sánchez y este, a su vez, influyó en la contratación de su amigo Luis María Carrero en la institución provincial para una plaza en comisión de servicio.

El procedimiento penal que ha desembocado en esta sentencia comenzó a fraguarse a raíz de una denuncia que el pseudosindicato Manos Limpias presentó en 2024, siete años después de la contratación del hermano del presidente del Gobierno. El epicentro de la causa se situó en la creación y el diseño, por parte de la Diputación de Badajoz, de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música del organismo provincial.

La decisión de crear ese puesto de alta dirección en 2017 se efectuó cuando Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal de 1 de octubre y el proceso de selección se activó cuando aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.

A pesar de ello, la investigación judicial se ha centrado en dilucidar si los requisitos del sistema de libre designación se configuraron de forma arbitraria para adaptarse al perfil del músico y si los canales de la administración pública se instrumentalizaron para esquivar los principios de mérito y capacidad. No obstante, en el juicio solo una testigo, Cristina de Frutos, que aspiró al puesto, sostuvo que en la entrevista personal del proceso de selección no “sintió” que hubiera igualdad de oportunidades, pero ni denunció ni presentó una queja por ello. Sin embargo, otro candidato que compitió por la plaza, Nerses Avakimyam, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó irregularidades, según su testimonio.

Los funcionarios, técnicos y peritos que testificaron en la vista oral también avalaron el proceso de la Diputación de Badajoz para la creación de la plaza y el proceso de selección que ganó Sánchez.

La Sindicatura de Comptes ha analizado los contratos efectuados por la Administración autonómica con motivo de la dana y ha hecho público un informe especial de fiscalización en el que destaca el “elevado grado de concentración del gasto en un número reducido de operadores económicos”.

Durante los ejercicios 2024 y 2025, el sector público autonómico valenciano ha adjudicado un total de 708 contratos por importe conjunto de 672.209.463 euros, para dar respuesta a las necesidades derivadas de la dana.

De los 708 contratos, 136 -por importe de 1.909.438 euros- han sido contratos menores, que no han sido objeto de la presente fiscalización.

Por tanto, los contratos no menores, objeto del presente trabajo, ascienden a 572 por un importe conjunto de 670.300.025 euros.

Estos contratos han sido tramitados fundamentalmente por la Administración de la Generalitat, a través de sus Consellerias, y por las entidades del sector público instrumental (SPI) de la Generalitat con competencias en infraestructuras, medio ambiente, vivienda, servicios sociales, sanidad y emergencias.

En su mayoría se han tramitado mediante el procedimiento de emergencia, por lo que se evidencia una tramitación caracterizada por la inmediatez en la declaración, adjudicación e inicio de ejecución.

El importe adjudicado se concentra mayoritariamente en prestaciones directamente vinculadas a la retirada y tratamiento de residuos, reparación de infraestructuras viarias y ferroviarias y restauración de infraestructuras hidráulicas y ambientales, lo que pone de manifiesto una priorización de actuaciones esenciales para la seguridad pública, la movilidad y la recuperación funcional del territorio afectado.

Se constata un elevado grado de concentración del gasto en un número reducido de operadores económicos, principalmente grandes empresas del sector de la construcción y gestión ambiental, añade el informe.

La mayor parte del gasto la ha asumido la Administración de la Generalitat a través de sus Consellerias, destacando las de Medio Ambiente, Educación y Agricultura, mientras que el sector público instrumental también han participado de forma importante en actuaciones en materia de restauración de infraestructuras y retirada de residuos, destacando AVSRE, FGV y EPSAR.

Aunque ninguno de los contratos fiscalizados incluye cláusulas de modificaciones, ocho de ellos fueron modificados para ajustar las prestaciones inicialmente previstas a las necesarias.

En 13 de los 33 contratos revisados no se han establecido penalidades por incumplimiento o incumplimiento defectuoso de las prestaciones.

El informe incluye seis recomendaciones para la mejora de la tramitación y la gestión de los expedientes de contratación de emergencia, entre las que se apunta la necesidad de solicitar varias ofertas cuando sea necesario o la asistencia de la Intervención de la Generalitat a las actuaciones de comprobación material de los contratos de emergencia.

Por otra parte, también advierte la Sindicatura de que, en general, los medios personales de las entidades no tienen estabilidad en su puesto y son insuficientes, o no tienen la formación necesaria, para llevar a cabo una gestión de la actividad contractual con criterios de economía, eficiencia y eficacia, y de cumplimiento de la normativa de contratación pública. “Es necesario disponer de personal con suficiente formación en contratación pública”.

Sobre los contratos de obras que se deben celebrar en zonas afectadas por una catástrofe medioambiental, como es el caso de la dana, se recomienda que los órganos de contratación consideren que, además de remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, será necesario que la construcción de los nuevos bienes que sustituirán a los afectados se lleve a cabo considerando las circunstancias técnicas y medioambientales actuales.

La empresa de los hijos del administrador de Radio Televisión Canaria (RTVC), César Toledo, facturó 30.000 euros a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, departamento en el que su padre fue jefe de prensa entre julio de 2023 y agosto de 2025, en dos contratos menores (a dedo) concedidos el año pasado.

Los contratos se firmaron en agosto y noviembre de 2025. La adjudicataria fue Tauler Group Ventures SL, sociedad constituida en marzo de ese mismo año y administrada por Álvaro Toledo Tauler, hijo de César Toledo. Su único socio es Lawrence Holdings Group, mercantil creada en diciembre de 2025 y gestionada por su hermano, Manuel Toledo Tauler.

El primero de los contratos se firmó con Gesplan, empresa pública adscrita a la Consejería de Política Territorial (dirigida por Manuel Miranda, de Coalición Canaria), para la elaboración de un estudio previo destinado al desarrollo de un software de gestión de licencias municipales. El importe ascendió a 14.950 euros, apenas 50 euros por debajo del límite de 15.000 euros fijado para los contratos menores.

La adjudicación se formalizó el 14 de agosto de 2025. Ese mes Toledo seguía siendo el jefe de prensa de Política Territorial (como recoge él mismo en su perfil de LinkedIn), aunque ya había presentado su candidatura para el cargo de director de Medios y Contenidos de RTVC. Fue designado el 27 de agosto, en un proceso al que concurrió como único candidato. En noviembre fue nombrado administrador general de RTVC.

Canarias Ahora ha intentado contactar en varias ocasiones con César Toledo para conocer si sabía que la empresa de sus hijos había contratado con Gesplan, pero no ha obtenido respuesta hasta la fecha de publicación de este artículo. Sus hijos tampoco han respondido a un correo electrónico enviado por esta redacción.

Gesplan, por su parte, se ha limitado a defender que “es una sociedad mercantil con personalidad jurídica diferencia de la administración y tiene autonomía en materia de contratación”.

El segundo contrato menor de Tauler Group Ventures con el departamento de Política Territorial fue adjudicado por la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico. Consistió en el diseño y la producción de contenidos audiovisuales y gráficos para difundir la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial. Su importe ascendió a 14.520 euros, apenas 480 euros por debajo del límite legal para los contratos menores.

El último contrato fue adjudicado por la empresa pública Gestiona Mogán, dependiente del Ayuntamiento gobernado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán), en noviembre de 2025. Por 11.950 euros, Tauler Group Ventures debía desarrollar un software de asistencia virtual con inteligencia artificial integrado en los canales de comunicación de la entidad para mejorar la eficiencia operativa, optimizar los recursos humanos y reforzar la atención al contribuyente.

Tauler Group Ventures fue creada el 26 de marzo de 2025 con un capital social de 3.000 euros. Su objeto social incluye la consultoría tecnológica y estratégica, el desarrollo y explotación de software, la transformación digital, la innovación y el análisis.

Su administrador es Álvaro Toledo Tauler. Desde el 19 de diciembre de 2025, su socio único es Lawrence Holdings Group, sociedad creada ese mismo día y administrada por su hermano, Manuel Toledo Tauler.

Esta última también cuenta con un capital social de 3.000 euros y un objeto social mucho más amplio, que abarca desde actividades de holding e inversión financiera hasta los sectores inmobiliario, turístico y hostelero, además de servicios de consultoría y asesoramiento.

Tauler Group Ventures dice en su página web que construye y opera “compañías AI-first (inteligencia artificial primero), con foco en impacto real en industrial reales”. También señala que se asocia con “firmas Private Equity (de capital privado) para crear valor en sus participadas con inteligencia artificial”.

En poco más de 15 meses desde su creación, ha facturado casi 42.000 a la administración pública en contratos menores (a dedo), según las plataformas Contratación Abierta y Gobierto. Todos fueron firmados en 2025.

“Diagnosticamos dónde está el valor atrapado, ejecutamos las iniciativas que lo liberan, y estructuramos la relación de forma flexible: fee por proyecto, éxito sobre métricas concretas, o carry compartido. Nos alineamos con el retorno del fondo”, explica la compañía en su web.

El padre de Álvaro y Manuel Toledo, César Toledo, es desde el 27 de noviembre administrador general de RTVC. Accedió al cargo a propuesta de Coalición Canaria tras la dimisión de María Méndez, la anterior administradora, con el respaldo del PP, ASG y AHI. Nueva Canarias y el PSOE votaron en contra. Vox se abstuvo.

Toledo es un histórico de los medios de comunicación del Archipiélago. Ha estado vinculado a la radiotelevisión pública desde el principio, pero también a otros medios como Radio Club Tenerife o Diario de Avisos, así como a gabinetes de prensa institucionales, como el del Partido Popular o de Coalición Canaria. En estos momentos cobra 70.000 euros al año. En su declaración de bienes y derechos patrimoniales dice que tiene un patrimonio de 34.000 euros.

La gestión de Toledo al frente del ente público ha estado marcada por la polémica desde el principio. Los trabajadores de RTVC llegaron a registrar un preaviso de huelga el pasado mes de mayo, coincidiendo con la visita del Papa, por la falta de interlocución con la dirección, el incumplimiento del convenio y la amenaza que se cierne sobre los informativos por la Ley Audiovisual, actualmente en tramitación.

A ello se suma una sucesión de bajas médicas, excedencias, una jubilación en el departamento de Administración y la dimisión de Paco Luis Quintana como director de Informativos en septiembre de 2025, cuando Toledo aún era director de Medios y Contenidos.

Quintana, que ocupaba el cargo desde julio de 2024, justificó su marcha porque la “nueva estructura y organigrama” de RTVC diluía el área de Informativos. “Pasa a ser un departamento más dentro de un cajón donde caben programas externos, retransmisiones, producciones, magazines o entretenimiento”, afirmó.

En dos respuestas por escrito a preguntas formuladas por la diputada socialista Nayra Alemán, Toledo aseguró que entre julio de 2025 y mayo de este año no se había producido ningún cese en RTVC y que la única dimisión había sido la de la anterior administradora general, María Méndez, el 17 de noviembre del año pasado.

Lo que comenzó siendo una concesión administrativa muy problemática, el centro termal y spa de Ranillas, en el recinto de la Expo de Zaragoza, amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para Jorge Azcón y Natalia Chueca de dimensiones aún por determinar. La jueza de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado a ambos dirigentes, entre varios otros –también a la actual presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro–, para dirimir un conflicto por la resolución anticipada de este contrato por parte del Ayuntamiento de la capital aragonesa, una decisión política consumada a finales de 2023 por la que los dos dirigentes populares se arriesgan a una inhabilitación para administrar bienes ajenos y, lo que es peor, que expone al Consistorio a una sanción millonaria.

El proceso es complejo y largo, y mezcla la vía mercantil con la contenciosa. Un punto de partida se puede situar en 2017, cuando la firma Cublan Inversiones asumió la explotación del recinto tras la liquidación de la anterior concesionaria, endeudada con el Ayuntamiento.

Cuatro años después, y en el plazo de cuatro meses entre octubre de 2021 y febrero de 2022, todo saltó por los aires. Cublan, que tenía dificultades financieras, pactó un crédito de 3,5 millones de euros con Audentia Capital para saldar la deuda con sus acreedores –entre ellos, el propio Consistorio– y poder mantener la actividad. Pero, para ello, la empresa necesitaba hipotecar la concesión como garantía y así se lo solicitó al Gobierno municipal, entonces con Jorge Azcón como alcalde en coalición con Ciudadanos.

Casi al mismo tiempo, la Gerencia de Urbanismo denegó la licencia de funcionamiento al complejo termal, lo que basó en que la instalación supuestamente no cumplía las condiciones en materia de incendios. Cublan interpuso un recurso de reposición, pero entre tanto el Gobierno del PP-Cs en Zaragoza aprovechó para tumbar la petición del aval, lo que justificó en la deuda contraída –algo más de 200.000 euros– y en la propia licencia denegada.

Desde febrero de 2022, el centro termal y spa permanece cerrado. El auto de declaración de concurso voluntario de Cublan Inversiones data de julio de ese año.

Hasta ahí, la primera parte. Pero la historia ha continuado. Porque la concesionaria recurrió la denegación de la licencia y los tribunales le han dado la razón. En noviembre de 2022, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Zaragoza anuló esta denegación, aunque por un vicio de tramitación: el Ayuntamiento no trasladó en su momento la documentación proporcionada por Cublan ante las supuestas deficiencias de Bomberos. La propia Cublan apeló y el 16 de febrero de 2024 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Aragón, con el juez Albar como ponente, le dio íntegramente la razón: determinó que cumplía con todas las exigencias, apuntó que de hecho la instalación contaba ya una licencia tácita desde 2011 y zanjó que Cublan contaba con “un indiscutible derecho a la licencia expresa” desde diciembre de 2021.

Esta última fecha es relevante ya que supone que cuando el Gobierno del PP-Cs en Zaragoza denegó el aval a la concesionaria esta ya contaba con licencia a todos los efectos.

Interés de un constructor

Y hay un factor añadido que recoge la sentencia del TSJA y que apuntala las pretensiones de la concesionaria: en octubre de 2023 –la alcaldesa era ya Natalia Chueca–, el Ayuntamiento concedió de forma expresa la licencia de funcionamiento y lo hizo con los documentos que obraban en el expediente original, los mismos con los que tumbó la de Cublan Inversiones.

Solo unos meses antes había trascendido el interés del constructor Juan Forcén, amigo íntimo de Jorge Azcón, por quedarse la concesión a cambio del pago de unos cuatro millones de euros, un precio muy por debajo del valor del mercado que tenía entonces la instalación. Finalmente, la opción no fructificó. Esa época coincide, por otro lado, con el denominado 'kioskogate', por el que Forcén resultó adjudicatario de la mayoría de terrazas de concesión municipal que sacó a concurso el Gobierno local de Azcón.

El Ayuntamiento recurrió la sentencia del TSJA en casación, pero el Tribunal Supremo lo inadmitió e impuso unas costas de 2.500 euros al Consistorio, como dio cuenta el Consejo de Gerencia de Urbanismo el 3 de junio de 2025.

En este contexto, Cublan Inversiones y 14 de sus acreedores reclamaron hace tres años, en la que ya es la pieza sexta del concurso, la declaración de culpabilidad del Ayuntamiento en la quiebra de la compañía, con una deuda reconocida de 14,6 millones de euros y más de un centenar de acreedores en total.

Y ese es el motivo por el que ahora la titular del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado a nueve responsables del Gobierno municipal PP-Cs en condición de afectados, tal y como adelantó este fin de semana 'El Periódico de Aragón': Jorge Azcón, Natalia Chueca, Ángel Lorén, María Navarro, Patricia Cavero –todos ellos, del PP–, Víctor Serrano, Sara Fernández, Carmen Herrarte y Javier Rodrigo –de Ciudadanos entonces, ahora en las filas populares–. ¿Qué supone la condición de 'afectado'? Que los nueve podrían tener una responsabilidad directa en la insolvencia de la empresa, lo que en último término les acarrearía una inhabilitación de entre 2 y 15 años para administrar bienes de terceros, públicos o privados. Y, a su vez, las arcas municipales se arriesgan a tener que asumir una multa que fuentes conocedoras del caso sitúan por encima de los 30 millones de euros.

Los nueve dirigentes políticos niegan haber recibido la providencia, que elDiario.es ha podido confirmar que existe y que está fechada el pasado 30 de junio. Este mismo martes, la alcaldesa ha esgrimido el mismo argumento, aunque fuentes municipales evitan valorar si la notificación ha llegado al Ayuntamiento de Zaragoza como institución.

Este periódico también se ha puesto en contacto con fuentes de Cublan Inversiones, que han rehusado hacer declaraciones.

“Un proceso mercantil”

Natalia Chueca ha pedido “tranquilidad” ante “un proceso mercantil, no penal”. “Hablamos de equipamiento conocido desde su inauguración con el alcalde Belloch, que ha sufrido múltiples concursos de acreedores. Un negocio ruinoso, que operó sin licencia desde el primero momento. Es una deuda de la mala gestión de la empresa, pretenden que paguemos todos los zaragozanos y yo voy a defender el interés de Zaragoza”, ha manifestado la regidora, pese a que el TSJA ya determinó que el establecimiento contaba con licencia de funcionamiento.

El PSOE, tanto a nivel regional como desde el grupo en el Ayuntamiento, ha pedido “explicaciones” al PP: “”Exigimos responsabilidad, transparencia e información“, expresó el domingo el diputado Jesús Morales. El lunes, la portavoz municipal, Lola Ranera, exigió una junta de portavoces extraordinaria para abordar este asunto, algo que Chueca ha rechazado: ”No procede“, ha afirmado este martes.

El Tribunal de Cuentas del Estado tiene abiertas diligencias desde el pasado 16 de junio para investigar un presunto “menoscabo de fondos públicos” tras la denuncia de la asociación Corrupción Cero, quien apunta presuntas irregularidades en la empresa pública Balsas de Tenerife (Balten). El Tribunal de Cuentas ha dado traslado inmediato de las actuaciones al Ministerio Fiscal. 

La denuncia también ha sido enviada a la Fiscalía Anticorrupción de la delegación de Tenerife, y señala un reguero de presuntas irregularidades: desde el mantenimiento del precio del agua de riego respecto al que se pagaba durante la emergencia hídrica de 2024, aunque ya no haya sequía, hasta una cadena de contrataciones presuntamente llenas de puertas giratorias y conflictos de intereses.

En 1983 se empezaron a construir 10 embalses para 17 municipios del norte de Tenerife con una capacidad total de 3,25 hectómetros cúbicos, fue el Plan de Balsas del Norte de Tenerife. El Cabildo Insular, con la participación del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda), el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y el Gobierno de Canarias, construyó una infraestructura que aprovecha el agua de las galerías que los agricultores desperdician en invierno, para disponer en verano de 300 litros por segundo en el norte de la isla.

Esta es la historia de cómo se creó la empresa pública Balsas de Tenerife. En la actualidad, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción tienen sobre la mesa una denuncia firmada por Juan Manuel Pérez, presidente de la Asociación Corrupción 0, que pone el foco en Ana María Sánchez, quien ejerció como gerente de BALTEN entre el 9 de septiembre de 2021, hasta su cese el 28 de febrero de 2025, según el informe Jurídico interno de BALTEN. 

“Puertas Giratorias” 

Según expone el documento de denuncia, tras su cese de la empresa insular Balten, Ana Sánchez pasó a desempeñar funciones directivas como directora adjunta en Servicios de Aguas del Valle, S.A. (Savasa). Esta incorporación resulta especialmente controvertida porque SAVASA fue una de las entidades directamente beneficiadas por las modificaciones económicas al alza aprobadas por Balten durante su mandato y con su participación directa como gerente. 

Según la denuncia, a este hecho se suma el nombramiento de su marido, Braulio Domínguez, como gerente de Teidagua en diciembre de 2024. Y hay que tener en cuenta que esta empresa está participada al 50% por Canaragua. Porque fue precisamente bajo la gerencia de su mujer Ana Sánchez, cuando Balten adjudicó a CANARAGUA un contrato de operación y mantenimiento de redes por un valor estimado de más de 5,8 millones de euros. No era la oferta más económica de las tres que se presentaban. En la denuncia se solicita que se investigue si estos hechos constituyen un “conflicto de interés estructural” y una situación de “puerta giratoria”. 

Las acusaciones de favoritismo en las licitaciones se sustentan en los propios registros oficiales. Según la resolución de la Plataforma de Contratación del Sector Público aportada a la causa, el contrato de mantenimiento otorgado a CANARAGUA se cerró por un importe fijo de 695.500 euros y se formalizó el 30 de octubre de 2024. El propio documento oficial confirma que la entidad pública desechó otras ofertas más económicas a favor de la empresa con la que la gerencia tenía aparentes vínculos.

Precios de sequía en tiempo de lluvias 

Al igual que la gasolina cuando hay escasez de petróleo, con el agua ocurre lo mismo. Durante la emergencia hídrica de 2023 y 2024, con los embalses casi vacíos, en niveles críticos del 12,8%, BALTEN justificó modificar excepcionalmente y de manera urgente el precio del agua de riego, encareciendo el suministro a proveedores como SAVASA. La empresa Balsas de Tenerife argumentaba que había “riesgo de desabastecimiento agrícola” y que esta empresa suministradora amenazaba con cortar el suministro del agua si no se cubrían sus costes.

Según el denunciante, todo esto provocaría un grave perjuicio económico a las arcas insulares. La documentación aportada en las denuncias detalla que el agua extraída del Pozo Patronato (gestionado por SAVASA) pasó de costar un 46,43% más caro, de un 0,420 €/m³, a 0,615 €/m³, el Pozo La Calderona se encareció un 66,75%, ya que pasó de 0,412 €/m³ a 0,687 €/m³, y el Pozo Chivana se encareció un 60,19%, de 0,520 €/m³ a 0,833 €/m³.

Sin embargo, el escenario meteorológico cambió radicalmente a principios de 2026. Las intensas lluvias de la borrasca Therese dejaron los embalses prácticamente llenos, alcanzando casi un 90% de su capacidad. Esto motivó que el Cabildo de Tenerife levantara oficialmente la declaración de emergencia hídrica el 1 de marzo de 2026. Pero aunque desapareció totalmente esta situación excepcional de sequía, la denuncia señala que BALTEN no ha revertido estos precios. Según la asociación denunciante Corrupción Cero, pagar el agua a precio de sequía extrema en época de abundancia podría constituir el “menoscabo a los fondos públicos”, que ahora deben dirimir el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía. 

El caso no solo salpica presuntamente a la anterior gerencia de la empresa pública, sino que apunta directamente a la actual cúpula política de la isla. El escrito, dirigido expresamente a la atención de la Presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, acusa a la corporación insular de una flagrante “inactividad”.

El denunciante advierte de que el gobierno insular podría estar “consintiendo” estas presuntas irregularidades al no ordenar la reversión de los precios del agua pese a tener los embalses al máximo de su capacidad, lo que supondría un quebranto patrimonial continuado.

Este periódico ha contactado con Ana María Sánchez, exgerente de BLATEN y actual directora adjunta de la gerencia de SAVASA, que asegura que no ha sido notificada por ninguna instancia judicial. Niega las acusaciones de puertas giratorias, y sin querer hacer más declaraciones, recuerda que dejó la gerencia de Balsas de Tenerife en enero de 2025.

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 13,5 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a la multinacional española Indra por formar parte de un cártel empresarial que dominó las licitaciones de contratos públicos de informática y tratamiento de datos entre 2005 y 2015. La investigación desveló correos internos de Indra donde se jactaban del poder que ejercían sobre la Administración: “Hemos elaborado los perfiles junto con el cliente y en el pliego han puesto exactamente los modelos que nosotros les enviamos”. Hacienda y la Seguridad Social fueron algunos de los organismos señalados en ese momento por la investigación de Competencia.

La CNMC firmó esta sanción contra Indra y otras 10 empresas –entre ellas SAG, Atos, IBM o Accenture– en 2018. Todas estaban acusadas de tener “contactos” en las Administraciones Públicas y saber con antelación que iban a salir licitaciones públicas para poder repartir esos contratos siempre entre las mismas empresas del sector. Desde el desarrollo de aplicaciones en la AEAT hasta servicios “de carácter informático” en la Seguridad Social pasando por la administración electrónica del SEPE y el Instituto Cervantes. Solo Indra, destaca el Supremo, participó de forma ilegal en contratos que sumaron más de 324 millones de euros.

Soplos de información privilegiada y acuerdos privados entre las empresas del cártel que, según dijo la CNMC y confirma ahora el Tribunal Supremo, no solo se tradujo en un reparto de contratos públicos sino en su encarecimiento. El caso no se conoció hasta octubre de 2017, cuando el entramado llevaba más de una década en funcionamiento. La CNMC recibió una denuncia anónima que destapó los vínculos entre personas que trabajaban en estas empresas y otras que formaban parte de los organismos públicos que adjudicaban los contratos.

La multa impuesta a Indra que ahora confirma la sala tercera del Tribunal Supremo es la más alta de todo ese expediente: 13,5 millones de euros. Los jueces rechazan la que ha sido la principal queja de Indra desde que arrancó el procedimiento y pudo presentar su primer recurso, también fallido, ante la Audiencia Nacional: que hubo Administraciones Públicas involucradas y eso hace imposible sancionar a la empresa adjudicataria. “Las Administraciones contratantes no son una de las empresas del cártel, y su papel queda fuera de esa comparación”, contesta el Supremo.

“Esa facilitación afectaría a la responsabilidad de las propias Administraciones, no al liderazgo que la recurrente ejerció sobre las demás empresas”, dicen los magistrados sobre el papel que Indra jugó en el cártel ahora sentenciado en firme. En total se impusieron multas que sumaron 29,9 millones de euros. Y el Supremo considera justificado que a Indra se le impusiera la condena más alta: “Su conducta afectó a cuatro Administraciones, intervino en diecinueve licitaciones, le fueron adjudicados veinticinco lotes y el importe de los adjudicados a las uniones temporales en que participó ascendió a 324.736.332 euros. Su liderazgo se apreció, así, en comparación con las demás empresas sancionadas”.

El Ayuntamiento de Santander suma un nuevo conflicto con la adjudicación de contratos, unos días después de anularse el contrato de la feria taurina. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha suspendido cautelarmente el contrato para redactar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento adjudicó a la segunda empresa mejor valorada, tras el recurso de otra firma que fue excluida a última hora del proceso.

Desde el consistorio dicen que “se trata de una circunstancia completamente ajena a la voluntad del Ayuntamiento que responde a los tiempos propios de la tramitación administrativa y de las garantías legales que rigen los procedimientos de contratación pública”. La redacción del plan de urbanismo es una asignatura pendiente en la ciudad y sucesivos equipos de gobierno municipales han sido incapaces de sacarlo adelante.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento adjudicó el contrato hace unos días, el 1 de junio, a la empresa Ezquiaga que presentó una oferta junto a otras empresas -lo que se conoce como UTE, unión temporal de empresas- junto a Sociedad y Territorio, Jornet Llop Pastor, Ineco y Junquera Arquitectos.

El propio equipo de gobierno de la alcaldesa Gema Igual (PP) ha informado en una nota de prensa que la empresa Omicron-Amepro, S.A. recurrió su exclusión del proceso y solicitó, al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, la suspensión cautelar de la tramitación hasta que se resuelva el recurso.

Omicron-Amepro obtuvo la mejor puntuación en el proceso de licitación pero finalmente ganó la segunda mejor valorada: Ezquiaga. La explicación es que el Ayuntamiento de Santander decidió excluir a la primera argumentando que faltaba documentación.

La nota del Ayuntamiento dice que durante el proceso de licitación del contrato, la mesa de contratación fue descartando progresivamente las ofertas presentadas. En una primera fase quedó excluida la propuesta de Territorio y Ciudad “y en la última sesión de la mesa, se acordó la exclusión de la UTE Omicron-Amepro”. Sin explicar las razones.

Por su parte, el Tribunal ha estimado la solicitud porque considera que si el contrato sigue adelante podría ocasionar perjuicios en caso de que el recurso fuese finalmente estimado, por ello ha decidido suspenderlo hasta que se resuelva definitivamente el asunto.

Diez años después de su anulación por el Supremo

Por lo demás, la reacción municipal ha sido lamentar el retraso en la tramitación de la revisión del PGOU, un documento que se aprobó en 2012 y que fue anulado por el Tribunal Supremo en 2016. Los magistrados consideraron que no garantizaba “la suficiencia de los recursos hídricos necesarios para abastecer a la población”. Diez años después la ciudad se rige provisionalmente por el planeamiento de 1997, tras un intento en la pasada legislatura de avanzar sin éxito en un documento gracias al empeño del concejal de Ciudadanos, Javier Ceruti, que gobernaba en coalición con el entonces equipo de gobierno en minoría del PP.

Anulación del contrato de la feria taurina

El mismo Tribunal Administrativo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que ha paralizado este contrato del PGOU hace unos días declaró nulo el acuerdo adoptado por la Empresa Municipal Plaza de Toros de Santander para adjudicar la organización de la feria taurina de Santiago a la empresa Lances de Futuro, tras estimar el recurso presentado por otra empresa, Cántabra de Toros, que también participó en el proceso.

El PSOE de Santander ha denunciado que el Tribunal tuvo que requerir el expediente al equipo de gobierno del Partido Popular hasta en cinco ocasiones. “Esa forma de actuar refleja una preocupante falta de diligencia y de respeto hacia los órganos de control administrativo”, ha denunciado Daniel Fernández, portavoz del Grupo Municipal Socialista.

La Diputación de Ciudad Real ha anunciado este martes que “aplaza” el programa de conciertos solidarios 2026 y “sin fecha” a la espera de poder (o no) retomarlos.

El programa incluía las actuaciones de Marta Sánchez, junto al grupo local Pantalikes en Argamasilla de Calatrava, Loquillo en Membrilla, Duncan Dhu en Socuéllamos, Pastora Soler en Villanueva de la Fuente, Ana Torroja en Campo de Criptana además de Omar Montes y Chambao en Malagón.

El área de Cultura y Turismo que dirige la diputada de Vox María Jesús Pelayo, lo achaca a un “recurso especial en materia de contratación” que, dice, ha obligado a tomar esta decisión, siguiendo “el criterio” de los servicios técnicos y jurídicos de la propia Diputación de Ciudad Real.

Se suspende así todo el procedimiento administrativo vinculado a la organización de los citados eventos musicales. Ahora deberá ser el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales el que dictamine sobre esta cuestión.

Mientras tanto, “a la espera de la resolución, se habilitarán mecanismos para la devolución de las entradas de los eventos que no puedan celebrarse”, anticipa la institución provincial.

Se ha habilitado un mecanismo para la devolución del importe de las entradas de los conciertos que no se puedan celebrar, tanto a través de la Plataforma Global Entradas como de los propios ayuntamientos.

Según el decreto de la Diputación de Ciudad Real, con fecha 1 de junio, consultado por elDiario.es Castilla-La Mancha, en la tramitación del expediente de la Mesa de Contratación decidió excluir a varios de los licitadores por no cumplir con los requisitos mínimos de los pliegos de condiciones y se propuso la adjudicación del contrato dividida en dos lotes específicos: uno para la producción audiovisual y otro para el montaje de escenarios.

Una de las empresas presentó un recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación del servicio de equipos de iluminación y sonido que lo ha paralizado todo ya que resulta inviable celebrar así los conciertos.

Además, la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) dice que la interposición de este tipo de recurso especial suspende automáticamente la tramitación.

Fragmentación de contratos y tiempos ajustados de licitación

La Diputación Provincial asegura que los ayuntamientos afectados “han sido informados de inmediato” y que “todos” han “mostrado su comprensión con una situación que es ajena al Área de Cultura y Turismo de la Diputación de Ciudad Real”.

También dice confiar en que “una vez quede resuelto el procedimiento, pueda retomarse la tramitación y desarrollar el calendario inicialmente previsto o, al menos, reprogramar aquellas actuaciones que resulten compatibles con los plazos disponibles y con los calendarios de las giras de los artistas”.

Sin embargo, el perjuicio está servido, tanto para los ayuntamientos afectados, las entidades beneficiarias de la recaudación solidaria, como para el sector hostelero de los municipios y casi sin tiempo material de reacción.

La fragmentación de los contratos entre la parte técnica y el montaje y los tiempos ajustados en la licitación y adjudicación han jugado también en contra del proceso.

El alcalde de Argamasilla de Calatrava Jesús Ruiz, el primer municipio afectado con concierto previsto (y cancelado) este fin de semana ha criticado la gestión por parte de la Diputación Provincial.

Por un lado, se verán perjudicadas las dos asociaciones que iban a beneficiarse del concierto solidario a través de la recaudación, AMASOL y AYSAR. El alcalde hace especial hincapié también en el perjuicio que esta suspensión supone para ellas.

Para que este tipo de situaciones no se repitan, la Diputación debe sacar los procedimientos con mucha más antelación

Jesús Ruiz — Alcalde de Argamasilla de Calatrava

“Espero que la Diputación sepa solucionar todos estos problemas administrativos cuanto antes para retomar los fines benéficos del concierto”, ha dicho el alcalde quien recuerda “su labor contra la soledad no deseada y de ayuda solidaria es fundamental para nuestros vecinos, y este revés administrativo ajeno al Ayuntamiento las deja, de momento, sin un apoyo económico muy necesario”.

También ha dejado un recado a PP y Vox. “Para que este tipo de situaciones no se repitan, la Diputación debe sacar los procedimientos con mucha más antelación”. Según Ruiz, “recursos puede haber siempre, pero la previsión administrativa es clave para no perjudicar a los municipios que, como el nuestro, ya lo teníamos todo dispuesto”.

Paliar daños a los hosteleros en Argamasilla de Calatrava

El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha anunciado su intención de mantener una gran noche festiva este viernes 12 de junio “a pesar de la notificación oficial de la Diputación Provincial de Ciudad Real sobre la suspensión de la actuación de Marta Sánchez, y Patalikes, por problemas en la licitación de los Conciertos Solidarios”.

El alcalde, Jesús Ruiz, ha expresado su “decepción” no solo por la cancelación, sino por la gestión realizada. “La Diputación no nos ha ofrecido ninguna alternativa para poder desarrollar el concierto u otro tipo de evento, a pesar de que teníamos la fecha reservada y todo el despliegue logístico preparado”.

Ruiz ha destacado que esta falta de respuesta por parte de la Corporación provincial afecta directamente al tejido económico de la población, al que también se busca favorecer con los conciertos ahora cancelados en las fechas anunciadas.

El edil subraya que el ayuntamiento ha optado ante esta situación por ofrecer una alternativa. “Sabiendo de sus dificultades en el día a día de sus negocios, hemos decidido desde nuestro Ayuntamiento no dejarlos desamparados”.

El alcalde ha anunciado que habrá, el mismo día 12, un evento gratuito bajo el lema ‘Crazy Fuck Circus Show’, que comenzará a las 23.30 horas, también el parque ‘Huerta Asaura’. Se trata, ha dicho, de “apoyar a los hosteleros que ya se habían aprovisionado” para dar servicio durante el concierto de Marta Sánchez.

En este aspecto incide en criticar “la ausencia de alternativas por parte la institución provincial cuando ya todo estaba prácticamente listo y los hosteleros aprovisionados para atender a tanto público como se esperaba”.

Será un espectáculo con las actuaciones de Danny Valen y DJ Ismael y una puesta en escena que incluye animación ‘crazy’, performances de contorsionismo, espectáculos de fuego, ‘crazy girls’ y ‘lluvia’ de regalos

Por eso, el regidor alienta en tono positivo a quienes ya tenían planes para visitar la localidad a que mantengan su cita con Argamasilla de Calatrava. “Hemos trabajado a contrarreloj para ofrecer una alternativa a la altura de las expectativas”.  

Este martes ha quedado visto para sentencia el juicio del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación como coordinador de las actividades de los conservatorios en la Diputación de Badajoz. La Audiencia Provincial ha acogido ocho sesiones en las que han declarado 11 acusados, entre ellos también el expresidente de la institución pacense, Miguel Ángel Gallardo, y más de 40 testigos.

En esta jornada solo quedaba por escuchar las conclusiones definitivas de dos abogados de los acusados, que defienden a Ricardo Cabezas y Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, que han coincidido en señalar la “ausencia” de pruebas de cargo en este procedimiento y en cuestionar la participación de la UCO en el juicio.

El letrado de Carrero, acusado de haber accedido a su puesto en comisión de servicio en 2023 gracias a su amistad con el hermano del presidente, ha recordado ante la Audiencia de Badajoz que todos los actos de desarrollo de la plaza pasaron los filtros administrativos correspondientes, como han avalado los peritos y testigos: “Han sido fiscalizados por la intervención y por los técnicos intervinientes. Nadie jamás ha puesto nota de reparo alguna. ¿Por qué se tacha de prevaricador ese acto?”.

Para el abogado, Salvador Morillas, la acusación carece de armazón jurídico y responde puramente a una estrategia mediática y de desgaste. “Se afirma que se creó la plaza para el señor Carrero porque era un enchufado del señor David. Bueno, si se dice eso, hay que probarlo. Queda muy bien, sobre todo de cara a la prensa y de cara al mundo de la política, decir que este es el típico enchufado que viene de Madrid porque se le ha fabricado un puesto. Pero eso es una leyenda”.

Por su parte, Raúl Montaño, abogado de Cabezas, ha asegurado desconocer aún de qué defiende a su cliente: “Se dice tráfico de influencias, pero no sé quién lo influye o a quién influye él”. Montaño ha subrayado la ausencia de pruebas de cargo, de pruebas periféricas que apoyen el testimonio del teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, o testigos de directos y, sin embargo, ha afirmado que durante el juicio ha oído “discursos a veces políticos, a veces imaginativos, he oído novelas policiacas, cloacas… Pero el derecho de defensa es lo más sagrado en el procedimiento penal. Se pueden celebrar juicio sin acusaciones populares, pero nunca sin abogados de defensa”.

“La acusación ha ganado el juicio social”

El músico ha rehusado hacer uso de la última palabra, que sí ha aprovechado Miguel Ángel Gallardo para reiterar su inocencia y la del resto de personas que se han sentado en el banquillo de los acusados, aunque ha lamentado que ya “han sido condenados socialmente”. El exlíder del PSOE extremeño también ha querido resaltar el trasfondo político del proceso asegurando ante el tribunal que la única culpabilidad que se les puede atribuir es “no tener las mismas ideas que la acusación popular”. 

Gallardo también ha denunciado lo que ha denominado un “juicio mediático paralelo” que su entorno ha sufrido durante más de dos años.

También han querido aprovechar ejercer su derecho a la última palabra el que fue diputado provincial de Cultura entre 2019 y 2023, Francisco Martos, que ha asegurado que lleva “7 u 8 días sometido a un escrutinio que no acabo de entender” y ha destacado que en toda su carrera política (fue 24 años alcalde de Castuera) “jamás he ido a una comisión sin saber a qué iba, he ido a un pleno sin saber qué se iba a votar y jamás he tenido un reparto de Secretaría ni Intervención en actividad municipal o provincial”.

El actual diputado de Cultura, Ricardo Cabezas; el director del área de Cultura, Manuel Candalija; y el ex jefe de servicio de gestión de Recursos Humanos de la Diputación, Félix González, también ha hecho un alegato final.

El tribunal presidido por el magistrado José Antonio Patrocinio deberá resolver tres claves fundamentales: si la institución pacense creó una plaza a medida de libre designación para adjudicársela al músico en 2017, si el puesto cambió posteriormente de denominación para ajustarse a sus intereses personales y si David Sánchez influyó en la contratación en comisión de servicio de su amigo, Luis María Carrero, en 2023.

Por todo ello, los magistrados tendrán que valorar si los acusados cometieron los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, como consideran las acusaciones populares, formadas por Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. Este bloque ha elevado sus peticiones hasta los seis años de prisión para David Sánchez, cuatro años para Gallardo y dos para Carrero como principales acusados, mientras que la Fiscalía y las defensas han pedido la libre absolución para todos los procesados.

El abismo entre las tesis plasmadas en el papel y los testimonios escuchados en la Audiencia de Badajoz ha marcado el desarrollo del juicio contra David Sánchez, acusado de prevaricación y tráfico de influencias por su contratación en la Diputación en 2017. El procedimiento ha entrado en su recta final y ha evidenciado las distancias entre el relato de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que insiste en que la plaza de libre designación estaba amañada, y las declaraciones de los funcionarios, técnicos y peritos que han testificado en la vista oral, que han desmentido las deducciones, sin pruebas, del teniente coronel Antonio Balas.

Tan solo una testigo, Cristina de Frutos, que aspiró al puesto de coordinación de las actividades de los conservatorios pacenses, ha sostenido que en la entrevista personal del proceso de selección no “sintió” que hubiera igualdad de oportunidades, pero ni denunció ni presentó una queja por ello. El director de Cultura, Manuel Candalija, también en el banquillo, dijo en el juicio que presentó “un proyecto que era hoja y media, tenía un poco de desconocimiento sobre la administración local”. Sin embargo, otro candidato que compitió por la plaza, Nerses Avakimyam, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó irregularidades, según su testimonio.

El jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO ha señalado al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, que también se sienta en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias, como la persona que decidió en 2016 crear la plaza de coordinador de los conservatorios e iniciar un proceso que estaba “predeterminado” para que fuera el hermano del presidente del Gobierno el que ocupara el puesto. Pero no ha ofrecido pruebas para esa acusación. Se trata de inferencias y deducciones tras analizar los correos electrónicos de Sánchez, Gallardo y los empleados del área de Cultura, que el exlíder regional del PSOE calificó como “novela de ciencia ficción”.

De hecho, en un atestado, la UCO aseguraba desconocer de quién fue la decisión de crear la plaza y, sin embargo, en el juicio señaló directamente a Miguel Ángel Gallardo. “¿Por qué?”, se interesó la fiscal. Por una “visión holística” de los oficios y atestados incluidos en la investigación.

Pero hay dos hechos a tener en cuenta: en el momento de crear la plaza (octubre de 2016), Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal del 1 de octubre y cuando se activó el proceso de selección aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.

El mando de la UCO insistió en que la plaza de alta dirección y de libre designación se creó a pesar de que las necesidades expresadas por los responsables de los conservatorios eran “otras”, pero estos explicaron que su reticencia obedecía a que se trataba de una “figura ajena” a la estructura de los conservatorios, que podría tener criterios “pedagógicos muy distintos”. Sin embargo, todos valoraron la ayuda que supuso la creación de la plaza porque la carga de trabajo era “tremenda” y el desempeño de David Sánchez, por su “buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado” y realizaba “todas” las funciones de las que era responsable. Con ello, neutralizaron la acusación de absentismo laboral.

Todos los testigos, con la excepción de la citada contrincante de Sánchez en el proceso de selección, han ofrecido una versión muy distinta al relato esbozado por la UCO. Entre ellos, el exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí. Su declaración estrenó las testificales del juicio y supuso un jarro de agua fría para las acusaciones (ejercidas por Manos Limpias, PP, Vox, Abogados Cristianos, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum) y para la interpretación que el teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, hizo de un correo electrónico, que ha sido una de las principales pruebas de cargo contra el músico.

El 19 de mayo de 2017, Valentí envió a la entonces directora del Conservatorio Profesional, Yolanda Sánchez, las bases del proceso de selección, que se hicieron públicas ese mismo día. En el asunto del correo puso “hermanísimo” y, a juicio de la UCO, Valentí “no es cualquier persona, sabe que la otra persona lo va a entender”. Es más, según declaró el mando de la Guardia Civil, el uso de ese término significa que el director del conservatorio “sabe que [Sánchez] se va a presentar y se lo van a dar, como pasó”.

Esa deducción no tiene nada que ver con lo testificado en la vista oral por el autor del mensaje, que indicó que escribió “hermanísimo” como una “anécdota”, porque era un término “llamativo” y había “rumores” de que David Sánchez iba a concurrir a la plaza, aunque no supo decir de dónde partieron (“en los pasillos, en la Secretaría, en alguna conversación, no sé quién lo dijo”) y también conocía los nombres “del 80% de los candidatos”. En ningún momento quiso decir, según su testimonio, que supiera que el puesto estaba dado de antemano.

Aval a los contratos administrativos

No ha sido el único revés a las tesis planteadas por la UCO. El teniente coronel Antonio Balas ha tenido que reconocer en el juicio su falta de formación en materia de contratación administrativa, a pesar de haber analizado y redactado un informe sobre esta cuestión.

El mando también indicó que le “llamó la atención” la urgencia para activar el proceso de adjudicación de la plaza, que se hizo “en el tiempo mínimo”. Sin embargo, los funcionarios y peritos que declararon en las primeras jornadas del juicio han subrayado la legalidad de los procesos que se enjuician: la contratación de David Sánchez, el cambio de nomenclatura del puesto (de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas), un procedimiento que han considerado “normal”, “habitual” y que no supuso un aumento salarial, y la contratación del funcionario Luis María Carrero, amigo del músico, en comisión de servicio como jefe de sección de actividades transfronterizas.

Los acusados, cargos y exresponsables de la Diputación de Badajoz, también han avalado la transparencia y la legalidad en los procesos de creación y adjudicación tanto de la plaza que finalmente fue otorgada al hermano del presidente del Gobierno como la de Luis Carrero.

La UCO también interpreta que la plaza tenía el nombre de David Sánchez de antemano en el interés del músico por el alquiler de un piso en Badajoz el mismo día que estaban programadas las entrevistas personales para cubrir el puesto. Sánchez explicó en la fase de instrucción que su intención era testar el mercado. En el juicio solo respondió a las preguntas de su abogado y no abordó este tema porque el delito de aceptación de nombramiento ilegal se dio por prescrito al inicio la vista.

El juicio se reanudará este lunes con la presentación de los informes finales, con lo que quedará visto para sentencia, aunque el tribunal contempla la posibilidad de tener que extenderlo hasta el martes a mediodía. La Audiencia Provincial retomará la sesión después del sorpresivo cambio en la petición de penas formulada por PP, Vox y el resto de acusaciones ultras, con excepción de Manos Limpias. Han doblado de tres a seis años la solicitud de cárcel para David Sánchez. Argumentan que, aunque el delito de aceptación de nombramiento ilegal esté prescrito, no lo están los hechos, por lo que ahora lo califican como prevaricación.

Para el expresidente de la Diputación de Badajoz reclaman ahora cuatro años de cárcel, en lugar de tres, y hasta 40 años de inhabilitación.

PP, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum, todas las acusaciones populares a excepción de Manos Limpias, han elevado a seis años la pena de cárcel solicitada para el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de tráfico de influencias. Se trata del doble de la pena de prisión que habían reclamado por la contratación del músico en la Diputación de Badajoz. El pseudosindicato ultra mantiene la petición de tres años de cárcel para el músico.

El PP ha presentado una calificación independiente a la que se ha adherido la letrada de Vox y la asociación Liberum. Esta acusación sostiene que, aunque el delito específico de aceptación de nombramiento ilegal haya prescrito, como estableció la Audiencia al inicio de la vista oral, los hechos no, por lo que lo han calificado ahora como prevaricación. Además de prisión, reclaman una multa por el doble del beneficio obtenido e inhabilitación de 20 años. La solicitud de pena de Hazte Oír ha sido respaldada por Iustitia Europa y Abogados Cristianos.

Para el expresidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, las mismas acusaciones también han aumentado de tres a cuatro años la petición de cárcel por los mismos delitos, como han trasladado al tribunal en sus conclusiones definitivas. Para el exlíder del PSOE extremeño reclaman, además, 40 años de inhabilitación. En el caso de Manos Limpias, ha reducido de tres a un año y medio la pena de prisión al retirar el delito de prevaricación en relación con la contratación del amigo de David Sánchez, Luis María Carrero, aunque ha advertido que no descarta volver a solicitar cargos.

Para Carrero piden entre un año y medio y dos años de prisión e inhabilitación de entre nueve y 10 años por considerarlo autor de tráfico de influencias en concurso medial a título de inductor. En el caso de los acusados Elisa Moriano, Cristina Núñez y Félix González, hasta un año de prisión para cada uno de ellos, y para Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas, Manuel Candalijas y Juana Cintas un año y medio, tal como exige Hazte Oír.

Desde Vox, que no pide prisión para este grupo de cargos y exresponsables de diversas áreas de la Diputación, han propuesto inhabilitaciones que van de cinco a diez años.

La Fiscalía y las defensas han solicitado al tribunal que inadmita las nuevas peticiones al considerar que las acusaciones han modificado calificación jurídica de los hechos. Los letrados de los acusados sostienen que no es admisible modificar el relato fáctico del juicio a estas alturas del proceso, calificando la maniobra de “subversión absoluta” y de “anormalidad intolerable”.

De hecho, la Fiscalía ha vuelto a reclamar la absolución de David Sánchez y del resto de los acusados al considerar que no existen elementos suficientes para sustentar una condena. El Ministerio Público ya se opuso al auto de procedimiento al considerar que se basaba en “hipótesis” y “conjeturas”.

El tribunal ha aceptado las conclusiones definitivas de las acusaciones populares al apreciar que no suponen una modificación sustancial de los hechos y la sesión se ha suspendido hasta el lunes a las 9.30 horas.

La declaración de Sánchez en fase de instrucción

No ha sido la única petición de las acusaciones tenida en cuenta por los magistrados. El tribunal ha aceptado visionar en la sala la declaración de David Sánchez en la fase de instrucción tras percibir el letrado de Manos Limpias “contradicciones” y por entender que su defensa no ha preguntado por varias cuestiones al haber respondido solo a las cuestiones planteadas por su letrado. A la petición del pseudosindicato se han unido el resto de acusaciones.

El abogado de David Sánchez se ha opuesto por entender que la prueba podría ser nula y vulneraría el derecho de defensa porque los hechos relativos relacionados con su contratación están sobreseídos (por la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal), y que la “analogía” entre las declaraciones en fase de instrucción y en la vista oral nunca puede perjudicar al reo, según el Derecho Penal.

Las contradicciones han estado relacionadas con el carácter de posible compatibilidad de su cargo, aunque los funcionarios que han testificado como testigos han asegurado que no gozaba de ella, y la ubicación y los compañeros de trabajo de la Oficina de Artes Escénicas, pues en instrucción dijo al inicio que no sabía dónde se ubicaba y tanto en su segunda declaración en esa misma fase como en esta jornada matinal ha expuesto que era una denominación y no un espacio físico.

En su declaración de este jueves en la Audiencia Provincial, Sánchez ha defendido que la Oficina de Artes Escénicas es una categoría administrativa y que no hay un edificio público ni una ventanilla.

“Una novela de ciencia ficción”. Así ha calificado el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, el señalamiento sin pruebas del mando de la UCO Antonio Balas, quien en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial le atribuyó la decisión de crear la plaza de trabajo para adjudicársela al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Gallardo, que se enfrenta a una pena de 18 meses de prisión por prevaricación y tráfico de influencias por la contratación del músico, ha asegurado que “absolutamente nunca” ha participado en “cuestiones de personal” y ha negado que diese la orden de crear el puesto o decidiese quién debía ocuparlo. El también exlíder del PSOE extremeño ha recordado que en las primarias del PSOE que enfrentaron a Susana Díaz y Pedro Sánchez, que coincidió durante el proceso de selección de la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses, él apoyó a la política andaluza, que no mantenía una “relación fluida” con Pedro Sánchez y que desconocía entonces que tuviera hermanos.

Gallardo ha explicado que su gabinete le comunicó que el hermano del ex secretario general (Pedro Sánchez dimitió en el comité federal del 1 de octubre de 2016 y aún no se habían celebrado las primarias) era uno de los candidatos a la plaza y sus palabras fueron: “Que gane el mejor”.

La decisión, en octubre de 2016

La decisión de crear la plaza en la Diputación de Badajoz se tomó en octubre de 2016 en una reunión del Gobierno provincial en la localidad de Valdivia para preparar los presupuestos del año siguiente, ha explicado Miguel Ángel Gallardo, una afirmación que los testigos de días anteriores han confirmado. Según el expresidente, la propuesta de ese puesto y de otros partió del área de Cultura, pero recibió el visto bueno en esa reunión, por lo que fue una decisión “política” de la que él ha asumido toda la responsabilidad. En esa reunión de Valdivia también se aprobó la creación de otros puestos directivos.

Sobre su primera impresión de que las demandas de personal de Cultura eran demasiadas, como aparece en uno de los correos intervenidos por la UCO, Gallardo ha explicado que valoró de la misma forma las peticiones de otras áreas de la institución provincial, pero que esos correos no han sido objeto de investigación por parte de la Guardia Civil.

En cuanto al cambio de la denominación de la plaza de David Sánchez, que en 2022 pasó de coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, Gallardo ha asegurado que tampoco tuvo participación alguna ni la conoció previamente, pues no tuvo repercusión económica. “Entiendo que las acusaciones políticas, perdón populares, saquen sus deducciones, pero era una cuestión eminentemente técnica”. El presidente del tribunal, José Antonio Patrocinio, le ha llamado la atención por el uso de ese término.

Además, ha subrayado que la Diputación decidió crear la plaza como alta dirección y libre designación, en lugar de funcionario, porque es una demanda histórica que la Junta de Extremadura se haga cargo de los conservatorios y si eso llegara a suceder, será más fácil amortizarla. “Si mañana no se cuenta con esta competencia, no habrá que reubicar a nadie, pues la plaza tiene carácter directivo”, ha añadido.

El expresidente de la Diputación de Badajoz ha respondido solo a las preguntas de su defensa, como ha hecho David Sánchez, que ha negado haber influido en la contratación de su amigo, Luis Carrero, y ha afirmado que no intervino en el cambio de nombre de su propio puesto en 2022, que pasó a denominarse Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, aunque eso no supuso cambio en las funciones ni en la retribución.

La Audiencia de Badajoz ha completado la fase testifical en el juicio contra el hermano del presidente del Gobierno David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la contratación del primero en el año 2017 en la institución. Las tres primeras sesiones de la vista oral, en la que han participado 42 testigos, han estado definidas por una contradicción técnica directa entre las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las declaraciones de los funcionarios, peritos, aspirantes y directores de los conservatorios provinciales.

Este jueves es el turno de los acusados. Declarará en primer lugar Gallardo y después lo hará Sánchez y el resto de encausados, 11 en total.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO y responsable del volcado de los correos intervenidos a los trabajadores de la Diputación, ha atribuido al ex secretario general del PSOE extremeño la decisión de crear la plaza de libre designación de coordinador de los conservatorios pacenses y ha considerado que la adjudicación a Sánchez estaba “predeterminada”.

Balas “entiende y considera evidente” estas afirmaciones por inferencias tras el análisis de las comunicaciones internas entre funcionarios, altos cargos socialistas de la Diputación y Gallardo, aunque no ha aportado ninguna prueba, algo que algunos letrados de la defensa han querido evidenciar.

De Gallardo a Doraemon

El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, incluso ha dejado patente que la afirmación del teniente coronel es una deducción y a la salida de la Audiencia ha señalado que “ha apuntado a Gallardo como podría haber apuntado a Doraemon, al final de lo que se trata es de probarlo”.

Cortés se ha mostrado combativo con el agente y en la Sala ha dejado en evidencia la falta de formación de la UCO, como ha admitido el teniente coronel, en materia de contratación administrativa, aunque hayan analizado y redactado un informe sobre esta cuestión.

Según el mando de la UCO, la decisión de crear el puesto en octubre de 2016 “partió de un nivel superior con capacidad política” y no de las necesidades técnicas del área de Cultura. Balas ha sostenido que, como el tema de Personal obedece a “estrategias políticas”, el impulso para crear la plaza “partió de un nivel superior con capacidad política”. Y ha concluido: “El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es a Miguel Ángel Gallardo”.

No obstante, en un primer atestado, de finales de 2024, la UCO aseguró desconocer de quién partió la idea de habilitar la plaza de libre designación. Pero tras una “visión holística” de los oficios y atestados incluidos en la investigación “concluimos lo que acabo de concluir”, ha indicado Balas.

El teniente coronel ha indicado que le “llamó la atención” la “urgencia” para la habilitación de la plaza. El Gobierno provincial dio el visto bueno el 10 de octubre de 2016 durante una reunión preparatoria para los presupuestos del año siguiente, a pesar de que unos días antes Gallardo había considerado “excesiva” la propuesta del área de Cultura para crear nuevos puestos de alta dirección. Para entonces, Pedro Sánchez no solo no era presidente del Gobierno: además había dimitido como secretario general del PSOE en el Comité Federal que se había celebrado el 1 de octubre.

El mando de la Guardia Civil también ha destacado que, a pesar de esa “urgencia” para habilitar la plaza en octubre de 2016, luego no se activó el proceso para cubrirla hasta mayo de 2017. El proceso de adjudicación se hizo efectivo en poco tiempo, por lo que “parece que estaba predeterminada” a David Sánchez, según Balas. El proceso de selección, con la publicación de las bases, no se activó hasta el 19 de mayo de 2017.

Cabe recordar que para entonces el PSOE aún no había celebrado las primarias que enfrentaron a Susana Díaz y Pedro Sánchez. En ese proceso, además, Miguel Ángel Gallardo apoyó a la política andaluza y no a Sánchez. No fue hasta un año más tarde, en 2018, que el Congreso de los Diputados aprobó la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy, tras la que Sánchez se convirtió en presidente.

“Hermanísimo”, el término de la discordia

Uno de los indicios de la UCO para afirmar que el proceso de selección estaba amañado es el correo que ese 19 de mayo envía el entonces director del Conservatorio Superior, Evaristo Valentí, a su compañera Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio Profesional, en el que le envía las bases y en el asunto pone “hermanísimo”. A juicio del teniente coronel, Valentí “no es cualquier persona, sabe que la otra persona lo va a entender. Sabe que [Sánchez] se va a presentar y se lo van a dar, como pasó”.

Sin embargo, este extremo lo desmintió Valentí en su declaración como testigo el lunes. El director del conservatorio rebajó a categoría de anécdota el uso de ese término porque era “llamativo” y había “rumores” de que se presentaría a la plaza, pero que también conocía los nombres del “80% de los candidatos”, pero no de que el puesto estuviera adjudicado de antemano. Por su parte, la directora del otro centro afirmó que ni siquiera se percató de que el asunto del correo fuera ese.

Ambos, que en un principio no eran partidarios de la creación de una nueva plaza porque “había otras necesidades”, afirmaron en su comparecencia que la ayuda del coordinador “vino muy bien” por la carga de trabajo “tremenda” que tienen los conservatorios y porque el hermano del presidente del Gobierno tenía “un buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado” y realizaba “todas” las funciones de las que era responsable. En este sentido, la UCO no ha encontrado indicios del posible absentismo laboral que señalan las acusaciones, ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox.

Sobre la afirmación de que la plaza estaba dada de antemano, sustentada en el término “hermanísimo” y en que Sánchez buscara vivienda de alquiler en Badajoz antes de la adjudicación de la plaza, su abogado ha sido muy crítico, aunque ha asegurado que se trata de una parte de la causa que el tribunal ya declaró prescrito el lunes. Uno de los participantes en el proceso de selección, Nerses Avakimyam, aseguró el lunes que no percibió irregularidades ni detectó nada extraño en los requisitos exigidos. Pero otra de las aspirantes, Cristina de Frutos, se quejó de “falta de igualdad de oportunidades”, aunque no denunció y solo envió una queja a la Fiscalía en 2025, siete años después del proceso de selección y cuando el caso estaba siendo investigado por el juzgado de instrucción.

Los técnicos de la Diputación, peritos y directores de centros musicales que han comparecido en el juicio han mantenido una postura uniforme de defensa de la legalidad de los trámites y procedimientos en la creación de la plaza, la adjudicación al músico, el posterior cambio de denominación del puesto de trabajo, que las acusaciones consideran que se hizo para satisfacer las “preferencias personales” del músico, y la contratación del funcionario Luis María Carrero, amigo del Sánchez, en comisión de servicio como jefe de sección de actividades transfronterizas.

La exdirectora de Recursos Humanos, Cristina Correa, y otros funcionarios testificaron que tanto la contratación por Carrero como el posterior cambio de nomenclatura del puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022 fueron procedimientos “ordinarios” y “habituales”. Correa aclaró además que la desaparición de la casilla de incompatibilidad ('I') en la relación de puestos de trabajo de 2023 no eximía al puesto de dicho régimen, el cual continuó vigente por ley al tratarse de un cargo de alta dirección.

Los agentes de la UCO que participaron en la investigación de la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz han insistido este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial que la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses, que fue adjudicada al músico, estaba amañada, a pesar de que varios testigos lo han desmentido.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO), que participó en el volcado de los correos electrónicos de los empleados de la Diputación, ha afirmado que de su lectura se infiere que la decisión de crear ese puesto “partió de un nivel superior con capacidad política” porque “al final el tema de Personal debe corresponder a unas estrategias políticas”. “El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es Miguel Ángel Gallardo”, el expresidente de la corporación provincial y ex secretario general del PSOE de Extremadura.

La UCO “entiende y considera evidente”, a raíz de los correos, que la decisión de crear la plaza a finales de 2016 no nació en el área de Cultura, sino en Recursos Humanos, que se relaciona con Cultura de forma directa. Pero en el juicio han indicado que Recursos Humanos “es transversal a toda la Diputación y gestiona las necesidades de Personal”. De ahí que los agentes hayan deducido que se trata de una decisión política “de un nivel superior” y hayan señalado directamente a Gallardo.

La decisión de crear la plaza se tomó en octubre de 2016. El 10 de ese mes se reunió el Gobierno provincial en la localidad de Valdivia para preparar los presupuestos del año siguiente en el que se justificaba la creación del puesto. Para entonces, Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el Comité Federal que se celebró el 1 de octubre.

Sin embargo, al teniente coronel Balas le “llamó la atención” la “urgencia” en la creación de la plaza de coordinador de los conservatorios, que no estaba “alineada” con las necesidades del área de Cultura, y el tiempo que se tardó en “dotarla”, por lo que “parece que estaba predeterminada”. Los funcionarios y peritos que han declarado el lunes y martes en el juicio han subrayado la legalidad de los procesos que se enjuician: la contratación de David Sánchez, el cambio de nomenclatura del puesto (de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas), un procedimiento que han considerado “normal” y “habitual”, y la contratación del funcionario Luis María Carrero, amigo del músico, en comisión de servicio como jefe de sección de actividades transfronterizas.

La plaza de libre designación que finalmente ocupó David Sánchez se incorporó en los presupuestos de 2017, pero el proceso de selección no se activó hasta el 19 de mayo, con la publicación de las bases. El PSOE aún no había celebrado las primarias que enfrentaron a Susana Díaz y Pedro Sánchez, y que finalizó con la victoria de este. En ese proceso, Miguel Ángel Gallardo apoyó a la política andaluza.

Una vez concluida la prueba testifical, el jueves se iniciará la declaración de los 11 acusados. El primero será Miguel Ángel Gallardo y a continuación será el turno de David Sánchez. Después lo harán Elisa Moriano, Cristina Núñez, Juana Cintas, Manuel Candalija, Francisco Martos, Emilia Parejo, Félix González, Ricardo Cabezas y Luis Carrero.

Una de las testigos clave de la acusación en el juicio que se celebra por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, Cristina de Frutos, que aspiró en 2017 a la plaza que finalmente se adjudicó a David Sánchez, ha afirmado que, en su opinión, no hubo “igualdad de oportunidades” en el proceso de selección. A pesar de ello, no presentó denuncia ni queja formal.

De Frutos ha explicado a través de videoconferencia que, tras conocer la resolución de la comisión de valoración para la selección de la plaza de coordinación de los conservatorios pacenses, comprobó que Sánchez pasó la criba por “su buena trayectoria, experiencia” y por haber contestado “muy bien” a las preguntas. Pero a ella no se le formularon preguntas y se limitó a presentar su proyecto, que consistió en un “esquema a dos caras”. La entrevista duró unos 15 minutos, al igual que la de un candidato anterior y que la de Nerses Avakimyam, otro de los aspirantes que en la jornada del lunes aseguró que no vio atisbos de irregularidad.

La testigo ha afirmado que se enteró de la oferta de empleo por un mensaje de teléfono que le envió el director del conservatorio de Plasencia, Antonio Luis Suárez, quien pocos días antes de la entrevista en la Diputación le dijo que el puesto estaba dado de antemano al hermano del presidente del Gobierno. Este extremo ha sido desmentido por Suárez en los medios de comunicación, pero la música ha insistido en su versión.

La defensa de David Sánchez ha preguntado por qué no denunció si sintió que no hubo igualdad de oportunidades o se unió a los otros candidatos para hacerlo. “En primer lugar, porque no los conocía. En segundo decidí no hacerlo porque pensé que era algo demasiado elevado y, en tercer lugar, porque no me iba la vida en ello, yo tenía mi trabajo”, ha respondido.

La fiscal también ha cuestionado a De Frutos sobre ello, ya que la testigo envió una carta al Ministerio Público en febrero de 2025, siete años después del proceso de selección al que se presentó. En este escrito describió sentirse discriminada y no obtuvo respuesta, pero la fiscal le ha recordado que lo que remitió no fue una denuncia.

'Ópera Joven' estaba “en expansión, fue creciendo”

Este martes también ha declarado Ángel Seco López, técnico de formación del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, encargado de gestionar los expedientes de los programas de cultura y deporte, como el de Ópera Joven, que lideraba David Sánchez. El músico afirmó en la instrucción que trabajaba “todos los días” con Seco y aunque este ha desmentido esa expresión literal, el técnico ha explicado que se veían “a demanda” y en función de las necesidades, como pasa con “todos los directos y coordinadores de programas de cultura”.

En este caso concreto, Seco ha añadido que Sánchez “estaba muy pendiente [del programa Ópera Joven] y muy identificado” y ha asegurado que la iniciativa de acercar la lírica y la ópera al público en general “estaba en expansión y fue creciendo” hasta el punto de que se decidió que había que estructurar “mejor” el programa para darle “más empaque estratégico” y consolidarlo. “De una ópera se pasó a realizar actos paralelos, didácticos, de difusión... y evolucionó a una ópera general al año y otra infantil y familiar” e incluso se realizaron actos en Portugal.

Sin embargo, Seco ha explicado que la Oficina de Artes Escénicas se adscribe al área de Cultura y que está encargada de llevar actuaciones musicales paralelas a los conservatorios, entre ellas, el programa Ópera Joven, pero ha asegurado que no ha tenido “ni contacto no relación” con esa oficina. Paradójicamente, el técnico de la institución provincial continuó llevando la gestión de expedientes y tramitaciones, como es el caso de 'Carmen', la última representación que se licitó con David Sánchez al frente.

La segunda sesión de declaraciones en la Audiencia de Badajoz ha estado protagonizada por funcionarios de la Diputación y políticos que participaron en la contratación del músico, el cambio de denominación del puesto y el fichaje en comisión de servicio de Luis María Carrero, amigo de Sánchez. Todos, a igual que los funcionarios y peritos que testificaron en la jornada del lunes, han defendido la legalidad de los procedimientos que se llevaron a cabo y que son “ordinarios” y “habituales” en la institución.

Los funcionarios han explicado también que el nuevo nombre del puesto no supuso que desapareciera la incompatibilidad del cargo, a pesar de que en la ficha desapareció la 'I' para ese y otros dos puestos de alta dirección que se tramitaron en la relación de puestos de trabajo (RPT) de 2023. La que fuera directora de Recursos Humanos en la Diputación hasta el año pasado, Cristina Correa, ha explicado que más allá de que figurara marcada o no la “I” en la ficha, el régimen de incompatibilidad se mantuvo al tratarse puestos de alta dirección y atendiendo a la legislación.

Declaración de la UCO

Este miércoles concluirán las declaraciones de los testigos (hay 42 en la causa) con los nueve agentes de la UCO de la Guardia Civil que participaron en el procedimiento de instrucción. El jueves y el viernes será el turno de los acusados. El tribunal ha fijado para el lunes y martes los informes finales, con lo que juicio quedaría visto para sentencia.

La Audiencia Provincial de Badajoz juzga desde el jueves el presunto amaño en la contratación del hermano de Pedro Sánchez, una tesis que sufrió un evidente frenazo en la jornada del lunes con la declaración de los directores de los conservatorios pacenses, así como la acusación de que no acudía a su puesto de trabajo. Más bien al contrario, los testigos de las dos primeras jornadas han asegurado que era un profesional “preparado y muy implicado” en su desempeño profesional. También se juzga la presunta contratación fraudulenta de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, para ocupar en comisión de servicio la Jefatura de Sección Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Además, del músico, se sientan en el banquillo el expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y nueve altos cargos de la corporación provincial vinculados a los socialistas. Las acusaciones, ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox, piden tres años de prisión para Sánchez y Gallardo por prevaricación y tráfico de influencias

La primera jornada de testigos en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz ha estado marcada por la matización de las declaraciones de la fase de instrucción, hasta el punto de que la estrategia de las acusaciones populares (ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox) ha sufrido un evidente frenazo.

Los tres primeros testigos de la causa —los directores de los conservatorios pacenses en diferentes etapas que trabajaron con el hermano del presidente del Gobierno— han enmarcado en el terreno de los “rumores” y las “conversaciones informales” el supuesto conocimiento previo de que la plaza estaba asignada de antemano a David Sánchez, por lo que han desactivado el supuesto amaño o enchufe por el que la Audiencia de Badajoz juzga al músico y al expresidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, por prevaricación y tráfico de influencias.

En el caso hay otros nueve acusados, todos altos cargos del PSOE, que participaron en la creación, selección y adjudicación del puesto, que a partir de 2022 pasó a denominarse “jefe de la Oficina de Artes Escénicas”.

La declaración de Evaristo Valentí, Yolanda Sánchez y Rosario Mayoral ha demolido la que hasta ahora era la joya de la corona de la acusación: el famoso correo electrónico con el asunto “hermanísimo”, que se envió el 19 de mayo de 2017, el mismo día en que se publicaron las bases de la plaza. Su autor, Evaristo Valentí, entonces director del Conservatorio Superior, no lo ha negado; pero lo que se presentaba como una prueba irrefutable de que la plaza estaba adjudicada antes de convocarse, Valentí lo ha rebajado a la categoría de anécdota.

El profesor de guitarra ha insistido en que usó ese término porque era “llamativo” y había “rumores” de que se presentaría a la plaza, pero que también conocía los nombres del “80% de los candidatos”, por lo que ha negado que existieran especulaciones sobre que la adjudicación estaba amañada y que estas eran sobre su concurrencia al proceso de selección. A las preguntas de las acusaciones sobre de dónde salía esa información, el testigo ha asegurado no recordarlos: “Sería en una conversación informal, en la secretaría del centro, en los pasillos... no sé quién lo dijo”.

En la primera jornada del juicio se ha hablado tanto de rumores y especulaciones que el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Patrocinio, ha llegado a advertir que a la sala no le interesan “ni los rumores ni las elucubraciones ni los corrillos”.

“La ayuda del coordinador vino muy bien”

En esta primera jornada de declaración de testigos también ha quedado descafeinada la acusación de supuesto absentismo laboral de David Sánchez (absentismo que, de haberse dado, tampoco sería un delito ni penal ni de ninguna clase). Las tres personas que han dirigido los centros musicales de Badajoz en la última década han coincidido en lo mismo: no era un trabajador fantasma.

Yolanda Sánchez, destinataria del correo de Valentí, ha admitido que la carga de trabajo de los dos conservatorios es “tremenda” y que la ayuda de un coordinador “vino muy bien”. Además, ha admitido que tenía “un buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”. Ello a pesar de que tanto Valentí como ella no consideraron necesaria la creación de la plaza de coordinador porque había “otras necesidades”.

Por su parte, María Rosario Mayoral (directora entre 2020 y 2025) ha apuntado que el programa Ópera Joven conllevaba “muchísimo trabajo” y que el músico siempre estuvo “disponible” para reuniones, matizando que las ausencias o la menor periodicidad de los encuentros presenciales coincidieron con la pandemia, una excedencia y su baja de paternidad.

Las acusaciones han dirigido muchas de sus preguntas a tratar de inferir el supuesto absentismo laboral de Sánchez, que ha quedado desmontado, y conocer si cumplía con las funciones del cargo con cuestiones muy concretas sobre, por ejemplo, si dirigió las orquestas de los conservatorios, asuntos que nada tienen que ver con el proceso penal que se sigue en la Audiencia Provincial por el que el hermano de Pedro Sánchez se enfrenta a una pena de tres años de prisión.

Ante las preguntas insistentes de la acusación, la directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez' ha asegurado que David Sánchez desempeñaba “todas” las funciones propias de su puesto como coordinador y se reunían con “asiduidad”, a veces de forma presencial y otras a través del correo electrónico o por teléfono.

Incluso el testimonio de Nerses Avakimyam, uno de los opositores que compitió por la plaza frente al investigado, ha transitado por la misma vía de normalidad. Se enteró del puesto por un portal de empleo, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó quejas de opacidad entre el resto de los aspirantes.

Este martes y miércoles continuarán las declaraciones de los testigos dentro de una lista que incluye a 42 personas. El turno de los acusados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, está fijado para los días 4 y 5 de junio, mientras que los informes finales se expondrán los días 8 y 9. No obstante, el tribunal ya ha advertido de que, si las sesiones se prolongaran, el juicio no podrá superar el límite del 19 de junio.

El exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha negado en el juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017 que existieran rumores de que la plaza era para este y ha aclarado que el rumor era que el “hermanísimo” era uno de los candidatos a la coordinación de los conservatorios pacenses. “También conocía al 80% de los aspirantes”, ha explicado ante las preguntas de la acusación de Manos Limpias.

Valentí remitió un correo en mayo de 2017 a la directora del Conservatorio Profesional de Badajoz, Yolanda Sánchez, con el asunto de “hermanísimo” en el que hablaba de varios candidatos a la plaza, entre ellos David Sánchez, pero que usó ese calificativo porque era “llamativo”. En su declaración durante la fase de instrucción llegó a decir que su uso era “jocoso”. No obstante, ha reiterado que no había rumores sobre el posible amaño de la plaza para que se adjudicara al hermano del presidente, sino que la especulación era que se iba a presentar.

De esta forma, el exdirector del Conservatorio Superior ha tumbado una de las dos pruebas de cargo, el correo electrónico con el asunto 'hermanísimo', que han llevado al banquillo a David Sánchez, al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve acusados por la creación de la plaza, la adjudicación y la posterior conversión de la plaza a Jefe de Artes Escénicas en 2022.

Valentí ha reconocido que no era partidario de la creación de la plaza de coordinador porque iba a recaer en una “figura ajena” a la estructura de los conservatorios, que podría tener criterios “pedagógicos muy distintos”. Pero ha enmarcado dentro de la normalidad que tanto él como la otra directora, Yolanda Sánchez, tuvieran que diseñar las funciones de esa plaza que se iba a crear. “Es normal que se nos pida asesoramiento técnico para la memoria justificativa”, ha subrayado.

El testigo también ha reconocido que durante su etapa como director del conservatorio se reunió con regularidad con David Sánchez, una vez nombrado coordinador. “Reuniones diarias”, ha dicho a las preguntas del abogado de Manos Limpias, e incluso algún fin de semana, y también ha admitido que considera que el músico era una persona preparada para el puesto que ocupó hasta 2022.

“Muchísimo trabajo” en la Ópera Joven

La segunda testigo de la jornada ha sido, Rosario Mayoral Núñez, que fue directora del Conservatorio Superior entre 2020 y 2025, sustituyendo a Evaristo Valentí. Mayoral también ha asegurado que no le constaban las afirmaciones sobre que el nuevo puesto creado por la Diputación fuera para asignarlo a dedo a Sánchez y que antes de la llegada del músico a la institución provincial no había escuchado que se le conociera como “hermanísimo”.

Sobre su relación profesional con el coordinador de los conservatorios, ha explicado que mantuvieron reuniones con “periodicidad” y ante la insistencia de la acusación ha especificado que podrían ser “tres o cuatro veces al año”, pero también ha matizado que asumió el puesto de directora durante la pandemia y, además, coincidió con una excedencia y la baja de paternidad de David Sánchez.

Mayoral ha asegurado desconocer de quién partió la idea de crear una plaza de coordinador de los conservatorios pacenses y que esta “en principio no era una necesidad”. Pero la Diputación de Badajoz volvió a convocarla tras la dimisión del hermano de Pedro Sánchez hace un año. De hecho, ha admitido que los equipos directivos de los centros “estamos a veces colapsados por la cantidad de actividades académicas, que acaban convirtiéndose en culturales porque se abren a la ciudad, a la provincia, a la región y a Portugal”.

El puesto que ocupó David Sánchez pasó a denominarse Jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022 y la acusación tendrá que demostrar si ese cambio se produjo para satisfacer las “preferencias personales del músico”. Sobre ello, la testigo ha asegurado “desconocer” las atribuciones de esa oficina, pero, al mismo tiempo, ha afirmado que el programa Ópera Joven, ideado por Sánchez, conlleva “muchísimo trabajo” y que ha llevado a cabo una labor de difusión de la música y de los conservatorios por toda la provincia. También ha indicado que la oficina dirigida por el hermano del presidente del Gobierno ha sido una vía de oportunidades laborales para los alumnos y exalumnos.

Tampoco fue conocedora de los rumores sobre el presunto amaño de la plaza a favor de David Sánchez la directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez', Yolanda Sánchez, que ha asegurado que el término 'hermanísimo' lo conoció por el correo de Evaristo Valentí en mayo de 2017, pero, según ha dicho, no recuerda si le dijo que Sánchez iba a optar al puesto o que era para él, algo que el exdirector del Conservatorio Superior ha negado.

Sánchez tampoco sabe de quién partió la idea de crear la plaza de coordinador de los conservatorios, un puesto que existió hasta 2010, cuando se jubiló Emilio González Barroso. No obstante, aunque “nunca” consideró la posibilidad de que se volviera a ocupar ese puesto, cuyas tareas recayeron en “compañeros”, ha reconocido que la “ayudas nos vino muy bien” porque la actividad de los dos conservatorios de la Diputación es “tremenda”. “Fue positivo, todo suma”, ha añadido.

La directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez' ha explicado que David Sánchez “desempeñaba” todas las funciones de su puesto y que se reunían con “asiduidad”, a veces de forma presencial y otras por correo o por teléfono. Por último, ha considerado que el hermano de Pedro Sánchez tenía buen curriculum y estaba formado y capacitado para el puesto, aunque no había escuchado hablar de él en el sector, posiblemente por su trayectoria fuera de España.

Un aspirante a la plaza niega irregularidades

En esta primera jornada de testificales en la Audiencia de Badajoz también ha prestado declaración Nerses Avakimyam, uno de los aspirantes que se presentó al proceso de selección para ocupar la plaza de coordinador de los conservatorios municipales. Según ha dicho, “oyó” que unas de las personas que se presentaban al puesto era David Sánchez, pero “siempre se comentan cosas y se dicen cosas”.

Avakimyam ha manifestado que se enteró de la convocatoria por la suscripción a un portal de empleo y que no le llamaron la atención los requisitos incluidos en las bases. También ha afirmado que no vio irregularidades en el proceso ni escuchó de otro opositor que hubiera irregularidades.

Este lunes se ha retomado el juicio en la Audiencia de Badajoz y comenzarán a prestar declaración los primeros de los 42 testigos previstos. Si se cumplen las previsiones del tribunal, el turno de los acusados será a partir del jueves. Tanto para Sánchez como para Gallardo, las acusaciones solicitan tres años de prisión.

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha solicitado la nulidad de la causa que desde este jueves se sigue contra él por prevaricación y tráfico de influencias y otros diez acusados en la Audiencia de Badajoz por la contratación del músico en 2017 en la Diputación Provincial. Su abogado, Emilio Cortés, ha atacado la denuncia que en 2024, siete años después de que Sánchez se incorporara a la institución pacense como coordinador de los conservatorios, presentó Manos Limpias en base a en “recortes de prensa” por delitos contra Hacienda, la Seguridad Social, fraude y exacciones ilegales. “Sin embargo, ninguno de esos delitos aparecen en el escrito de acusación, no se juzgan, lo que formalmente es llamativo”.

Cortés ha defendido que se ha llevado a cabo en una investigación prospectiva porque cuando los delitos de la denuncia no se sustentaron, hubo un “enganche popular” para relacionar a David Sánchez con la “trama” Víctor de Aldama después de que así lo señalara un medio de comunicación digital, lo que ha demostrado que era una “pura mentira, una invención” porque en el juicio del caso Koldo en el Tribunal Supremo no se ha abordado. Por eso ha sostenido que la denuncia del pseudosindicato ultra tuvo una “inspiración de signo político, solo hay que ver el sesgo de las acusaciones populares”. Estas están conformadas también por Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum.

Según la defensa de Sánchez, el procedimiento “tiene la raíz podrida” debido al inicio del caso y porque algunas de las actuaciones ordenadas por la instructora han lesionado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del hermano del presidente. También ha elevado objeciones al proceso de incautación de los correos electrónicos, pues estaban referidos a la denuncia inicial y, a partir de ahí, surgen “hallazgos casuales” que tampoco sustentan indicio alguno.

El letrado ha advertido que el presunto delito de aceptación de nombramiento ilegal del que se acusa a David Sánchez está prescrito, puesto que la denuncia se presentó siete años después de su incorporación de la Diputación de Badajoz. También ha presentado dos certificados del Ministerio de Educación que homologan la titulación académica obtenida por el músico en Rusia, ya que las acusaciones pusieron en duda la formación de Sánchez.

El abogado del expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, también ha solicitado la nulidad parcial del procedimiento porque en el auto de apertura de juicio oral aparecen hechos delictivos sobre a los que Gallardo no se interrogó durante la instrucción. En concreto, se refiere a la contratación en la institución provincial de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, como jefe de sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas, una plaza en comisión de servicio.

La defensa de Gallardo también ha presentado una nota de prensa de la Diputación de 2016 cuando se empezaron a preparar los presupuestos del siguiente ejercicio, la convocatoria del comité federal del PSOE que en 2016 acabó con la dimisión de Pedro Sánchez, la celebración de las primarias socialistas en mayo de 2017, que ganó y la celebración en junio de ese año del Congreso Federal. Todo ello para demostrar que en el momento de la creación de la plaza de coordinador de los conservatorios, durante la oferta de empleo público y la contratación del David Sánchez, su hermano no tenía poder orgánico en el PSOE.

La Fiscalía, que pidió el archivo de la causa, no ha presentado cuestiones previas, pero se han adherido a algunas de las planteadas por las defensas. En concreto, el Ministerio Público apoya la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal, que, en todo, caso, se trata de un delito leve, como ha planteado la defensa de David Sánchez.

También se ha adherido la cuestión planteada por el abogado de Gallardo sobre la nulidad parcial del procedimiento porque la instructora no lo llamó a declarar sobre la contratación de Luis María Carrero, un hecho sobre el que se le acusa en el auto de apertura de juicio oral. Según la Fiscalía, se trata de una “acusación sorpresiva”, que podría haber vulnerado el derecho fundamental del expresidente de la Diputación a la defensa.

Las acusaciones de Vox y Manos Limpias chocan por el papel de Pedro Sánchez

Como era previsible, todas las acusaciones han rechazado las cuestiones previas planteadas por las defensas, sobre todo en lo relativo a que se haya producido una investigación prospectiva durante la fase de instrucción. Pero ha habido un tema en el que los letrados que representan a Manos Limpias y Vox han chocado por la supuesta influencia del presidente del Gobierno para que su hermano fuera contratado en la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios pacenses.

El abogado de Manos Limpias, José María Bueno, ha rechazado las pruebas documentales presentadas por la defensa de Miguel Ángel Gallardo para demostrar que durante la creación de la plaza que ocupó el músico (octubre 2016), el proceso de selección y su posterior contratación (mayo 2017) Pedro Sánchez no tenía ningún poder orgánico en el PSOE. Según Bueno, se trata de un “delito local” y en las pruebas y en la documentación posterior “no se cuenta por ningún sitio si intervino”.

Pero esa postura ha sido criticada por la letrada de Vox, Marta Castro: “¿Cómo que no tiene nada que ver? Si aquí lo que estamos viendo es la influencia de Pedro Sánchez”, ha afirmado.

La Audiencia Provincial de Badajoz se convierte a partir de este jueves en el epicentro de la atención política y judicial por el juicio al que se enfrenta el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz. Además de David Sánchez, en el banquillo se sientan diez personas, entre ellos el expresidente de la institución y ex secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, y diversos cargos socialistas en la administración provincial.

La incorporación del músico en la corporación provincial se remonta a julio de 2017, cuando accedió al puesto de coordinador de actividades musicales de los conservatorios mediante un contrato de alta dirección. Aunque superó un proceso de selección frente a otros diez aspirantes, la controversia judicial no estalló hasta siete años después. El pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó una denuncia contra Sánchez, basada en recortes de prensa, por absentismo laboral y fraude fiscal por residir en la localidad portuguesa de Elvas (a unos 20 kilómetros de Badajoz).

Sin embargo, la vía fiscal se cerró porque tanto la Agencia Tributaria como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descartaron indicios de delito contra la Hacienda Pública, acreditando que su tributación como no residente era correcta y aclarando que su patrimonio real era muy inferior al denunciado originalmente.

Por lo tanto, el juicio trata de esclarecer si la Diputación de Badajoz creó y modificó de manera arbitraria y a medida una plaza de alta dirección para el hermano de Pedro Sánchez. Es decir, si la plaza de alta dirección fue creada específicamente para él en 2017 y si en 2022 se reconvirtió su cargo al de jefe de la Oficina de Artes Escénicas para adaptarlo a sus preferencias personales y eximirle de la gestión ordinaria. Además, se le acusa de participar en la contratación de un amigo y exasesor en Moncloa, Luis María Carrero, como jefe de sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación, una plaza en comisión de servicios. Carrero es funcionario del cuerpo de profesores de Escuelas Oficial de Idiomas, que pertenece a la Junta de Extremadura.

La Fiscalía pidió el archivo

La instructora del caso fue la jueza Beatriz Biedma, que en mayo de 2025 decidió la apertura de juicio oral y en noviembre pasado envió la causa a la Audiencia Provincial. Biedma se opuso durante la instrucción a los recursos planteados por la defensa y rechazó la postura de la Fiscalía de Badajoz a favor del archivo de la causa. El Ministerio Público sostiene que únicamente hay “conjeturas e hipótesis” y no existen “auténticos indicios racionales de criminalidad”. Para la Fiscalía, los pasos administrativos que dio la Diputación de Badajoz tanto para la contratación de David Sánchez como para la posterior incorporación de Luis Carrero cumplieron formalmente con los trámites legales.

Es una visión radicalmente opuesta a la de las acusaciones, de la que forman parte Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa, Liberum, PP y Vox, que solicitan penas que van desde la prisión a largas inhabilitaciones. Para David Sánchez piden tres años de cárcel, 12 de inhabilitación y la devolución de los 340.500 euros percibidos en salarios, para Miguel Ángel Gallardo también solicitan tres años de prisión y 27 de inhabilitación, y Luis María Carrero afronta un año y seis meses de privación de libertad, inhabilitación y la devolución de 87.077 euros de su sueldo.

El resto de acusados (diputados provinciales y directores de áreas en la institución provincial) se enfrentan a penas de un año y seis meses de prisión e inhabilitaciones que van de los seis años, para quienes participaron en la modificación de puesto de trabajo del músico en 2022, a los 15 años para quienes participaron en la contratación de Sánchez en 2017, a los que la instructora acusa de cooperar administrativamente para dar apariencia de legalidad a un proceso presuntamente pactado de antemano. Se trata de Cristina Núñez y Elisa Moriano, diputada provincial de Cultura y directora de área en esa época, y Félix González, funcionario de la Diputación que participó en la comisión de valoración de los aspirantes que se presentaron para ocupar la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses.

Quién juzga a Sánchez y Gallardo

El camino hacia el juicio ha estado marcado por el pulso sobre qué tribunal debía asumir las competencias. Una vez que la jueza acordó su procesamiento, Miguel Ángel Gallardo maniobró para tomar posesión de su acta de diputado autonómico y aforarse, aunque él argumentó que el objetivo era liderar la oposición al PP de María Guardiola desde la Asamblea de Extremadura. Gallardo fue elegido secretario regional del PSOE en sendas primarias que se celebraron en marzo de 2024 y enero de 2025. Pero no fue hasta mayo, en plena ofensiva judicial y 24 horas antes de que la jueza firmara el auto de apertura del juicio oral, cuando el presidente de la Diputación se convirtió en aforado tras forzar la dimisión de una compañera de su máxima confianza y la renuncia al acta de cuatro personas que le antecedían en la lista electoral que el expresidente Guillermo Fernández Vara elaboró en 2023.

Con este movimiento, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) tendría que haber asumido las competencias, sin embargo, tanto la jueza instructora como el propio TSJEx rechazaron la maniobra al calificarla de “fraude de ley” con la intención de eludir a la Audiencia Provincial.

En la actualidad, Gallardo no está en primera línea política, después de que presentara su dimisión en enero como líder de los socialistas extremeños tras el descalabro en las elecciones autonómicas del pasado diciembre, en las que el PSOE perdió diez diputados (consiguió 18). Tampoco recogió su acta como diputado.

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz encargado de dictar sentencia en este caso estará compuesto por los magistrados José Antonio Patrocinio Polo, que será el presidente del tribunal, Dolores Fernández Gallardo y Emilio Serrano Molera, el magistrado ponente de la sentencia. Los tres fueron ratificados por el TSJEx tras rechazar las recusaciones planteadas por las defensas por una “pérdida de imparcialidad objetiva”, ya que se habían pronunciado previamente sobre la causa al resolver los recursos de apelación respaldando siempre las decisiones de la jueza instructora.

Además, en los autos dictados por la Audiencia de Badajoz se incluían expresiones que las defensas consideraron despectivas o faltas de neutralidad hacia David Sánchez, señalando concretamente el uso del término “hermanísimo” (en referencia a su relación con el presidente del Gobierno). Entendían que este tipo de lenguaje evidenciaba prejuicios ideológicos o mediáticos hacia el caso. Sin embargo, el TSJEx consideró que algunas expresiones de los magistrados de Badajoz “no eran del todo acertadas”, pero aclaró que ello no demostraba que los magistrados tuvieran un criterio inamovible formado. El tribunal matizó que el apelativo “hermanísimo” no era una “cosecha propia” de los jueces para burlarse, sino una expresión que ya figuraba literalmente en varios de los correos electrónicos corporativos e intervenidos de la propia causa.

Este no es el primer caso mediático al que se enfrenta Emilio Serrano. El magistrado presidió el juicio que se celebró en 2024 en Badajoz por el asesinato de Manuela Chavero, la vecina de Badajoz desaparecida en 2016 y cuyo cadáver apareció en 2020 en una finca propiedad de su vecino, Eugenio Delgado. Un jurado popular lo declaró culpable y el magistrado lo condenó a prisión permanente revisable, la primera condena de este tipo dictada en Extremadura.

Cuánto durará el juicio

En principio, el juicio está señalado hasta el 4 de junio, aunque fuentes judiciales consideran “complicado” que concluya ese día“. La vista comienza el jueves y el viernes se dedicará a la exposición de las cuestiones previas por parte de las defensas, la Fiscalía y las acusaciones populares.

Entre el 1 y el 3 de junio están citados a declarar 42 testigos y, posteriormente, será el turno de los 11 acusados. Pero la Audiencia Provincial ha permitido la desunificación de las acusaciones y permitirá que cada una actúe por separado, por lo que estarán presentes 16 letrados en la causa, algo que puede prolongar las jornadas previstas inicialmente.

El Gobierno de Navarra eliminará para el próximo curso de la Escuela Oficial de Idiomas, con sedes en Pamplona y Tudela, la oferta de los llamados “idiomas no oficiales”, pese a que tanto el alumnado como el profesorado y las propias escuelas defendían mantener los cursos. El aviso llegó durante la primera semana de mayo, cuando las escuelas comunicaron por correo electrónico al alumnado de estos idiomas que, “por motivos ajenos”, en Pamplona los cursos de árabe, chino, español para extranjeros, japonés y portugués, y en Tudela de árabe e italiano, no podrán “tener continuidad”.

Desde Educación, en respuesta a este periódico, sostienen que “se han visto obligados a adoptar la decisión” porque la contratación del profesorado no seguía las reglas de la administración pública. Según explican, el Departamento pidió a los centros que “regularizaran las contrataciones” de los docentes para “adaptarlas a la normativa vigente”, creando plazas y listas oficiales de contratación para esos idiomas, pero “no lo han hecho”, afirman desde Educación, porque, al parecer, no había suficiente “demanda de alumnos”. Sin embargo, los centros niegan “tener esa competencia”.

“Por motivos ajenos a la escuela, los cursos de idiomas no oficiales no van a tener continuidad. Lamentamos mucho no haber encontrado una solución viable para poder proporcionando este servicio”, se plasma en el comunicado del centro. En este mismo mensaje, también agradecían “al profesorado la profesionalidad e ilusión que han puesto en sus clases” y a los usuarios “la confianza depositada en EOIP/IHEO durante estos años”. Los profesores de estos cinco cursos se incorporaron entre 2008 y 2018.

Una de las docentes, que enseña uno de esos idiomas, explica que hasta ahora “facturaban por horas” (al no ser una trabajadora, sino una “colaboradora”) y que tenían sus limitaciones, como “formar un grupo, el aula o los horarios”. La hora de las clases de estos cursos son las que “quedaban libres”, una queja compartida con los alumnos de este idioma (que se imparte ininterrumpidamente desde el 2008) junto con la falta de niveles, pues “un mismo profesor no puede impartir dos niveles [del mismo idioma]”. La profesora lamenta que no sea posible avalar su trabajo de más de década y media en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. “Pedí EOIP que me dieran un justificante o certificado en el que constase mi colaboración como profesora durante estos años, pero no ha sido posible”, explica.

La docente detalla que supo de la noticia porque la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona “convocó una reunión para transmitir la decisión de la Educación al profesorado de idiomas no oficiales”, aunque no se detallaron las razones. “Podemos colaborar en actividades extraescolares ocasionales como la Semana Cultural, en una conferencia o taller”, explica la profesora, “pero no puede tener una continuidad”. Según describe, “la directora y el vicedirector de la EOIP fueron muy amables y considerados” al comunicar la decisión.

“Se ha peleado mucho para que siguiera adelante”, explican desde la dirección de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, y afirman que “desde Educación comunicaron que [los cursos] no podían continuar” al no cumplir “algún criterio técnico”. Aunque intentaron recurrir al Ayuntamiento y a Plurilingüismo “para ver si se le daba la vuelta” y poder continuar, “no ha habido manera”, explican. “Se ha intentado de verdad y nos da muchísima pena”, afirman desde la dirección del centro. Por ello, no entienden la explicación del Departamento de Educación, que asegura que “la oferta de estos idiomas y la contratación del profesorado que las ha venido impartiendo a lo largo de los años ha correspondido siempre a las escuelas oficiales de idiomas de Pamplona y Tudela”. “No tenemos competencias”, afirman desde la escuela de idiomas de Pamplona. Al igual que la dirección de la escuela de idiomas de Tudela, que afirma que “la decisión de no continuar con los cursos de idiomas no oficiales es obviamente de Educación”. “No es nada que elijamos las escuelas”.

“Solo somos intermediarios. Para la oferta tenemos que informar a Educación y, desde allí, nos dicen si sí o si no”, expresan desde el centro de la capital navarra. En el Decreto Foral 245/2023, que establece las competencias del departamento dirigido por Carlos Gimeno, también se describe así. Según la ley navarra, corresponde al Departamento de Educación “la coordinación” y “la gestión de las escuelas oficiales de idiomas”, incluyendo la “planificación de la oferta” de las mismas.

Sin embargo, el Gobierno de Navarra insiste en que “el Departamento nunca ha contratado a esas profesoras/es y nunca ha intervenido en la oferta de esas lenguas. Ha correspondido al ámbito de autonomía de gestión propio de ambas escuelas”. “Las escuelas debían regularizar esas contrataciones para adaptarlas a la normativa vigente”, defienden. “Educación planteó a las escuelas que 'oficializasen' esa oferta, de modo que se crearan las correspondientes especialidades de esos idiomas, se crearan las litas de contratación y se ofertaran. Pero no lo han hecho. La información de que disponemos indica que analizaron la posibilidad, pero, al parecer, comprobaron que no existía demanda de alumnado suficiente”. Una versión que choca con la expresada por la directiva de los centros y el decreto que establece la estructura orgánica del Departamento de Educación.

“Me da mucha pena porque, aunque algunos hemos hablado para poder seguir con la profesora por nuestra cuenta, si se impartía en la escuela de idiomas hay una referencia y visibilidad para cualquiera que se anime a aprender”, explica una alumna de chino. La joven llevaba un año acudiendo a clases, en las que “había muy buen ambiente”, y ahora su curso “se queda a la mitad”. “Aparte del idioma, nuestra profesora también nos enseñaba muchas cosas de la cultura china. Era muy enriquecedor para todos”, explica. Además, declara haber comentado la situación con otros compañeros y que “pensaron en hacer una recogida de firmas o manifestación en Educación” para quejarse. Al igual que ella, todos los alumnos de chino, unos 30 en total entre los dos niveles, recibieron la noticia con “mucha pena”.

“Desde la escuela sí que hemos sentido que han hecho todo lo que han podido por mantener los idiomas no oficiales”, cuenta la hasta ahora alumna de chino de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. Junto con sus compañeros, todavía tiene esperanza de que se encuentre una solución para que estos idiomas no oficiales puedan aprenderse de forma pública en Navarra.